DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.077-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 90ª, en 22 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.
Discusión:
Sesión 25ª, en 12 de junio de 2019 (queda pendiente la discusión en general).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que el artículo 31 del proyecto es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 115 a 135 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta intervención había quedado suspendida hace ya varias sesiones y me alegro de que podamos iniciar la jornada de hoy finalizando el ciclo de intervenciones y llegando a la tan anhelada votación general del proyecto.
En primer lugar, quiero saludar, por su intermedio, a la Ministra de la Mujer y a la Subsecretaria, quienes han estado permanentemente en la propia Comisión aportando al debate y escuchando a los diversos invitados e invitadas.
"La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, marcadas por el abuso". Así comienza el mensaje de este proyecto de ley. Sin duda, se trata de un tipo de violencia que constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la integridad física y mental. No obstante, en pleno siglo XXI estamos todavía muy lejos de erradicar la violencia de género, que sigue afectando a una de cada tres mujeres en Chile.
Evidentemente, nuestro país ha realizado importantes avances en este campo, al ratificar instrumentos del sistema internacional de derechos humanos en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar marcos conceptuales y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin violencia. Además de los tratados internacionales, Chile cuenta con un marco jurídico legal sobre prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, pese a la existencia de los mencionados avances, la violencia contra las mujeres continúa, invisibilizada en sus diversas expresiones y sostenida en un orden patriarcal que, a través de una multiplicidad de formas y dimensiones, mantiene y recrea una institucionalidad marcada por la jerarquía masculina, que sitúa a las mujeres, de acuerdo con esa lógica, en un estatus inferior. Además, subsisten diversas formas de violencia que no son abordadas por la legislación chilena y que corresponden a la llamada "violencia estructural/institucional contra las mujeres", practicada en el marco de las instituciones del Estado, por sus órganos y por sus agentes. Estas modalidades de violencia se aplican para ejercer control social, elemento que es central, pues el control social incluye -cuando se trata de género- la mantención de estructuras y relaciones de poder, así como de prácticas sociales que se hallan "normalizadas" en el orden de género hegemónico, que no reconoce, discrimina y vulnera derechos, principalmente de las mujeres, pero también de las minorías.
La naturalización de la violencia de género -tortura sexista cotidiana- cobra central relevancia como reflejo de la persistencia del dominio patriarcal. A pesar de la norma jurídica chilena ya citada, la incapacidad de esta indica que la legitimación de la violencia continúa vigente en la formación de la subjetividad masculina y que la tradición patriarcal atraviesa también los códigos y los hace vulnerables. La ley se erige como igualitaria para dirimir conflictos entre iguales, pero lo cierto es que está atravesada por la estructura jerárquica de sexo-género, que la permea por múltiples poros.
Vivir libres de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los diversos ámbitos de la vida en sociedad. La apropiación de poder por parte de las mujeres -mediante el conocimiento, la autonomía económica, el protagonismo y el reconocimiento social y la capacidad de decidir libremente- es requisito clave para lograr aquello. También lo es la erradicación de los mitos acerca de la familia, sobre todo aquel que dice que constituye el espacio de máxima protección y seguridad para las mujeres. Las estadísticas evidencian que, por el contrario, la familia es un ámbito de exposición permanente al riesgo de violencia de género, riesgo que también aparece como un continuo en el trabajo, en la calle, en las fronteras, en los establecimientos educacionales, en los medios de comunicación y en la publicidad sexista.
A diferencia de legislaciones de otros países latinoamericanos que han registrado avances sustanciales en la materia, como Argentina y México, la ley chilena no apunta central ni ampliamente hacia lo que se establece como un nudo esencial en la violencia contra las mujeres, sino que se concentra de manera exclusiva, como su nombre lo indica, en una violencia que sucede intrafamiliarmente. La tipificación de la violencia en ese cuerpo legislativo solo recoge las distinciones de violencia física y psicológica, para quien "tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad (...)". El último cambio a la ley, del año 2005, considera la inclusión de la violencia "psíquica". Aunque ello es un avance, resulta claramente insuficiente para proteger a las mujeres de la violencia que sucede en otros ámbitos. Además, la falta de integralidad de esta legislación queda demostrada en los casos de violencia sexual y abuso sexual, ya que son otras las disposiciones legales a las cuales se debe recurrir, las que tienen un carácter general y carecen de una mirada de género.
Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480...
Le pido un minuto adicional, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ya le hemos dado dos.
Pero le concedemos un minuto más.
El señor PIZARRO.- Dele tres más.
La señora PROVOSTE.- Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480 constituyó un avance al reconocerlo como delito, modificando el Código Penal y la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.
Pero, claramente, se requiere aún más.
La ausencia de una política nacional, integral e intersectorial que permita desarrollar acciones consistentes de prevención, protección y reparación de los daños ocasionados por la violencia de género contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres, en especial lo señalado en la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 8 especifica que para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres los Estados deben adoptar programas y medidas que promuevan la educación pública, la concientización, movilizar a las comunidades, ofrecer servicios y asistencia especializada a las mujeres víctimas de violencia y fomentar una investigación en este campo.
Nos queda aún mucho por avanzar para estar dotados en nuestro país de una institucionalidad plena que proteja a las mujeres de la violencia y las incorpore en igualdad de derechos...
El señor QUINTANA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo que pasa es que estamos en la segunda discusión. Entonces, si bien se trata de la discusión general y para ella se cuenta con diez minutos, al encontrarnos en segunda discusión baja a cinco minutos el tiempo de las intervenciones.
Tiene un minuto más para redondear la idea.
Le señora PROVOSTE.- Cuando esta discusión comenzó se contaba con diez minutos para intervenir y yo estaba inscrita desde que se otorgaba ese tiempo. Entonces, me parece que...
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, pero es segunda discusión.
La señora PROVOSTE.-... si estamos hablando de estos tipos de violencia invisibilizados, no es posible permitir que aquí se restrinja el tiempo que estaba dado inicialmente para intervenir en el debate.
Señor Presidente, este proyecto de ley, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, significa un avance importante desde el punto de vista de la institucionalidad plena, que garantice una protección para las mujeres respecto de aquellos elementos presentes en la vida cotidiana y que generan claramente una barrera para su inclusión a una ciudadanía plena en nuestro desarrollo social.
Estamos convencidos de que esta iniciativa permite incorporar una lógica de igualdad de derechos a la vida cívica chilena. Y por eso votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- ¡Es bien lamentable la situación que se ha producido!
El señor QUINTANA (Presidente).- Insisto en que estamos en segunda discusión respecto de la idea de legislar. Si alguien necesita un minuto más, no hay problema, siempre lo concedemos. Pero quería dejar claro el punto.
Si bien es la discusión general, yo tengo que atenerme al Reglamento. No se trata de entrar a valorizar el tema en discusión, que es muy importante.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Como lo he dicho siempre, y lo reitero hoy aquí, en la Sala del Honorable Senado, hay que erradicar efectivamente toda forma de violencia contra las mujeres.
En eso no se pierde ni la UDI, ni el Presidente Piñera, quien lo asumió como compromiso de campaña y de Gobierno, ni la Ministra señora Isabel Plá.
Por tanto, me parece de toda lógica incorporar entre los deberes de los órganos de la Administración del Estado la prevención y represión de las conductas violentas.
En el mismo sentido, toda mejora en la administración de justicia y en la coordinación entre nuestros tribunales, Ministerio Público y policías en resguardo de las víctimas es positiva. Las resoluciones de los tribunales en favor de las víctimas, que con tanta frecuencia se vulneran, no pueden ser ilusorias. Lo mismo, respecto de la coordinación entre las policías. Espero, señor Presidente, que nunca más alguien sea víctima de violencia porque llegó tarde un oficio de una medida de protección.
Es precisamente ahí, en los objetivos del proyecto que compartimos todos, que necesitamos la ayuda de los funcionarios públicos, médicos, nuestras policías y, por cierto, de quienes nos dedicamos a la política.
Aun cuando hay que hacer cambios sustanciales en el articulado, considero que particularmente los Títulos III y IV de la iniciativa van por el camino correcto.
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el Título I en particular. Para que la discusión de este proyecto de ley sea eficaz, tiene que ser eminentemente técnica. NO puede convertirse en una discusión IDEOLÓGICA, porque si nos detenemos en conceptos como género, violencia, violencia simbólica, violencia indirecta y violencia política, detendremos también el avance de esta iniciativa, que todos queremos que siga adelante.
Se trata de conceptos en los que, además, debo reparar en su carácter eminentemente subjetivo. Porque decir que violencia es toda práctica discriminatoria que de manera activa o por omisión ponga a la mujer en desventaja con respecto de un hombre "basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados, asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica" parece peligroso. Más aún cuando esa definición pueda tener consecuencias jurídico-penales. Lo considero excesivo.
¿Acaso la galantería y la caballerosidad entran en esa definición? ¿Quien el día de mañana me invite a almorzar y quiera pagar la cuenta me estará violentando? ¿Quien me ceda el paso cuando me abre una puerta estará ejerciendo violencia en mi contra? ¿Cómo afecta este tipo abierto a la tipicidad de los delitos ya existentes o que incorpora el proyecto?
No vaya a ser, señor Presidente, que los cuidados del sacristán maten al señor cura y por querer combatir la violencia contra la mujer pretendamos legislar aun contra la realidad y el sentido común.
Espero que este proyecto, en su discusión en particular, mejore, aclare y precise los conceptos que hoy contiene y que son excesivamente subjetivos e ideológicos.
Señor Presidente, me voy a abstener en esta votación en general.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, derechamente y con mayúscula yo creo que este proyecto ES MALO.
Pero, así como yo he criticado a la Nueva Mayoría porque no quiere legislar en algunas materias que son trascendentes para el país, yo voy a legislar.
El señor MONTES.- ¡Bien! ¡Muy bien!
El señor MOREIRA.- Como se ha señalado aquí, el 50 por ciento de los habitantes de este país son mujeres. Según cifras expuestas en la Comisión, el 31 por ciento de ellas habría sufrido algún tipo de violencia. A ello se suman 40 femicidios anuales.
Si bien nuestras cifras no son superiores a las de otros países de la región, no dejan de ser preocupantes.
Pero debemos empezar por un diagnóstico correcto, para llegar a soluciones duraderas y aceptadas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, a fin de que tenga la necesaria legitimidad.
El proyecto tiene partes muy positivas en relación con el acceso a la justicia, la labor del Estado y la intervención de tribunales. Eso hay que rescatarlo.
Sin embargo, temo y lamento el claro sesgo ideológico radical -entre comillas- que trae esta iniciativa en sus conceptos base.
Ya desde la definición planteada en su artículo 2 deja clara una preconcepción muy polarizante y dañina del problema: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.".
El proyecto, señor Presidente, define violencia no solo como una acción, sino también como la omisión de conducta. La legislación nacional únicamente en contadas ocasiones sanciona la omisión de conducta y siempre ocurre en casos en que existe un deber de cuidado.
La norma parte de un diagnóstico claramente extremista y sesgado al asumir que existen relaciones de poder históricamente desiguales y que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres; una construcción social, cultural, histórica y económica.
Por lo demás, la ley no es el medio idóneo para establecer verdades históricas, y menos en este caso, donde es al menos discutible.
Pero no solo eso. El artículo determina que el efecto de esa violencia puede ser la muerte, el menoscabo físico, sexual, psicológico, económico, pero también agrega un vago y genérico "o de otra clase".
Aún más, basta la amenaza para que constituya violencia; incluso la amenaza de no realizar una conducta. ¿Cuántos casos conoce la legislación nacional de situaciones en que se sancione la amenaza de omisión de una conducta?
Suma y sigue. Al definir las formas de violencia, establece nueve, entre ellas, la violencia simbólica y la aún más preocupante violencia indirecta, definida como "toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.".
La redacción del texto es de tal vaguedad que prácticamente todo puede ser considerado "práctica discriminatoria".
Espero, sinceramente, que se hagan correcciones profundas a esta iniciativa.
¡Lamento que la propia Ministra de mi Gobierno no tome atención a lo que está señalando, a lo que está criticando un parlamentario de Gobierno!
Reitero, señor Presidente, que espero que se hagan correcciones profundas a un proyecto que, aunque nació en la Administración de la Presidenta Bachelet, es promovido por mi Gobierno y por la señora Ministra.
Por ello, y para ser consecuente con lo que he señalado en múltiples ocasiones anteriores, anuncio que aprobaré la idea de legislar. Pero queda hecha la advertencia a nuestro Gobierno en el sentido de que de no corregirse este proyecto, el cual estimo con graves errores, lo rechazaré en la votación en particular.
Por último, quiero señalar que aquí se habla mucho de la discriminación, de la defensa y de la dignidad de las personas, pero ¿cuándo se va a legislar con respecto a Twitter?
En Twitter se invoca la libertad de expresión, pero esta termina siendo, estimados colegas, una fuente para amenazar, denostar, injuriar a las personas. Y este Congreso, porque se invoca la libertad de expresión, nunca ha querido legislar al respecto.
Ojalá que las autoridades de nuestro Gobierno corrijan en este Congreso lo que haya que corregir. De lo contrario, si no se cumplen los compromisos contraídos, muchos parlamentarios vamos a votar en contra en la discusión particular.
He dicho.
El señor BIANCHI.- ¡Qué bien!
La señora MUÑOZ.- ¡Muy bien!
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, yo quiero recordar que nuestro Presidente Piñera hizo un compromiso con el tema de violencia en Chile, y principalmente con la violencia hacia las mujeres.
Esto no es una competencia de quién sufre más violencia. Lamentablemente, las mujeres ganamos.
En ese contexto, estamos en deuda con las mujeres de nuestro país.
La violencia, por lo demás, no es un problema de Chile, ni específicamente de ninguna región en particular. De acuerdo con la ONU Mujeres, el 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún minuto de su vida.
La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales que llevó a cabo el Ministerio del Interior el 2013 también arrojó una cifra cercana: 32 por ciento de las mujeres han recibido algún tipo de violencia alguna vez.
Quiero dejar instalado en esta Sala que al 31 de mayo del 2019 en Chile ya van 24 femicidios consumados y 49 femicidios frustrados. Y, especialmente, me quiero referir al año pasado, donde muchos de estos femicidios consumados afectaron a mujeres de La Araucanía, mi Región. Hoy día, por respeto, las voy a recordar a ellas y a muchas otras que ya no están: Silvia Roxelia Caro Alarcón, de Labranza; Guillermina Huenul Marín, de Perquenco; Mercedes Vera Arévalo, de Carahue; Sara Riquelme Avilés, de Nueva Imperial; Paola Alvarado Cortez, de Curacautín y, por último, Felisa González Pichipillán, de Pucón.
Efectivamente, estos homicidios o femicidios no han sido, quizá, tan divulgados como el caso de Gabriela Alcaíno, quien murió junto con su madre en manos de su pololo; ni tampoco como el último que ocurrió en Chimbarongo.
Hay un compromiso efectivo de nuestro Presidente y de la Ministra por mejorar este proyecto, en conjunto con los legisladores de la Comisión de la Mujer, y despejar algunas dudas que han manifestado nuestros colegas congresistas en relación con situaciones que no estarían tan claras a la hora de legislar y, finalmente, enjuiciar.
En mi particular opinión, creo que es muy necesario dar una señal a muchas mujeres de Chile y al país en el sentido de que efectivamente necesitamos mejorar el orden jurídico en torno a las medidas cautelares, a la función que tiene el sector público y a muchos otros aspectos que aborda este proyecto.
Más allá de legítimamente tener dudas, creo que es superior la importancia de dar una señal al país de cumplir un compromiso con tantas mujeres que esperan y que no han tenido la justicia que se requiere.
Hace pocos días la Ministra Isabel Plá señaló en una entrevista que casi el 40 por ciento de las mujeres que han muerto habían hecho todo lo que tenían que hacer, y aun así fueron asesinadas.
En ese contexto, voy a dar mi aprobación a este proyecto y a manifestar mi compromiso de hacer todo lo posible, en conjunto con las penalistas, con nuestro Ministerio de la Mujer y su Ministra y con todas las mujeres que integramos hoy día la Comisión, por sacar una ley mucho mejor que la actual para abordar un tema tan complejo, tan importante y tan doloroso para las familias de Chile como es el femicidio.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, esta iniciativa es relevante pues reconoce que la violencia ejercida contra las mujeres toma distintas formas, tales como violencia obstétrica, psicológica, sexual, laboral, simbólica, entre otras.
Establecer por medio de una ley las distintas maneras de violencia constituye un comienzo de solución a esta problemática estructural de una cultura patriarcal. Lo anterior es más necesario aún para aquellas clases de violencias que no tienen repercusiones físicas o palpables, las que no por ser invisibles dejan de existir y de ser objeto de reproche social.
Este proyecto insta a que como sociedad tomemos conciencia sobre la violencia sistemática ejercida contra mujeres, lo cual en sí mismo es una medida de prevención de formas de violencia más intensas sobre la mujer. Es una oportunidad para que el Estado de Chile exija hacerse cargo de estas conductas a quienes las ejercen y no a quienes las padecen. Así se rompe el statu quo de las políticas públicas sobre esta materia, las cuales siguen imponiendo cargas a las mujeres, como sucede con la campaña "No lo dejes pasar" que interpela a la mujer agredida y no al sujeto agresor.
Dentro de las medidas concretas que se establecen, cabe destacar las siguientes:
-El rescate de las disposiciones de la Convención de la Organización de Estados Americanos, suscrita y ratificada por Chile en 1996, que encuentran eco en los cuatro primeros artículos del proyecto.
-El establecimiento de deberes a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, los cuales tendrán que adoptar medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, a incorporar la perspectiva de género, a prevenir la violencia contra las mujeres y a otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla.
-El deber de los órganos del Estado de prevenir las violencias ejercidas contra las mujeres.
-Los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria, los cuales regirán los procesos judiciales penales y de derecho de familia en los que se ventilen casos de violencia contra las mujeres, cuestión esencial a la hora de dotar de una perspectiva de género a la persecución de tal clase de comportamientos.
-El desarraigar de la actividad judicial la aplicación de atenuantes de la sanción penal basándose en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.
-Dentro del ámbito privado, se busca erradicar la violencia que se ejerce en el contexto de las relaciones de pareja, con o sin convivencia o matrimonio.
Creemos que la iniciativa y el objetivo que persigue son imprescindibles para la construcción de una sociedad en la que no solo no exista violencia contra las mujeres, sino que además no exista sexismo. Sin perjuicio de esto, es necesario perfeccionar algunas de las disposiciones propuestas a fin de lograr efectividad en la consecución de estos objetivos.
Este proyecto ha sido apoyado por algunas organizaciones relevantes en nuestra sociedad. La Corporación Humanas dice que: "Permite superar la conceptualización restringida de violencia intrafamiliar que Chile ha mantenido vigente por demasiados años, que ha dificultado la comprensión de la violencia contra las mujeres como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y la discriminación estructural que les afecta". Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca "la disposición de que el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género será el encargado de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, así como la ampliación de sus facultades para ello".
Estamos en una ola del feminismo, ¡qué duda cabe! El año pasado y el ahora en curso el movimiento feminista ha sido de los más relevantes en la sociedad chilena y -me atrevería a decir- en el mundo occidental. Es hora de actualizar nuestra legislación y avanzar en este proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a vivir en un contexto libre de violencia.
Voto a favor.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Me ha pedido la palabra el Senador Francisco Chahuán por un tema de reglamento.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente para solicitar -hay acuerdo de los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en este sentido- que el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros pase del tercer al segundo lugar de la tabla.
Se requiere unanimidad de la Sala.
El señor MONTES.- ¡No!
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en el segundo lugar está la votación del Instituto de Derechos Humanos.
La señora ALLENDE.- Exacto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me parece que el Senador señor Chahuán se refiere al tercer lugar de la tabla, en reemplazo del proyecto sobre bienestar animal.
El señor MONTES.- Está bien entonces.
El señor QUINTANA (Presidente).- En esos términos, ¿habría acuerdo?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, hace casi veinte años, el 25 de noviembre de 1999, las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo de un hecho acontecido en 1960, cuando fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las "Mariposas dominicanas".
La dictadura de Trujillo, brutal como la que nos tocó padecer, intentó exterminar la rebeldía eliminando a tres mujeres valientes que nunca se resignaron al horror.
Algunos dirán que el extremo de la violencia política demencial de las dictaduras no tiene comparación con el espacio familiar, pero sabemos que, lamentablemente, no es así. Casos como el de Nabila Riffo, fresco en nuestra memoria; el de Juliana Andrea Acevedo y el de Magaly Carriel Garrido nos señalan lo contrario.
Desafortunadamente, son muchos otros los nombres que podríamos citar.
Son muchos, demasiados los casos en que la violencia contra la mujer ha sido un expediente fácil para someterla, dominarla, situarla en un lugar secundario; demasiados los casos -y demasiado frecuentes- en que la violencia ha sido un recurso naturalizado de subyugación.
Por demasiado tiempo no se identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos humanos, sino como un problema de convivencia de las parejas, o bien, se hizo responsables a las propias mujeres de la violencia ejercida en su contra. ¡Cuán injustas eran estas apreciaciones!
Es cierto, hemos tenido avances muy importantes en igualdad de género, algunos muy notables, como haber elegido a la primera Presidenta de Chile; a Presidentas en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Forman parte de este Senado las Senadoras señoras Adriana Muñoz, quien fue la primera Presidenta de la Cámara de Diputados, e Isabel Allende, quien fue la primera Presidenta del Senado. Tenemos una Presidenta en la Central Unitaria de Trabajadores y mujeres en lugares prominentes en distintas organizaciones estudiantiles.
También crece la participación laboral femenina, más mujeres ingresan a la política y ocupan cargos institucionales, aunque sigue habiendo mucho espacio para avanzar, sobre todo en el campo de la participación política y en el mundo empresarial. Faltan más alcaldesas y parlamentarias, faltan más generalas y almirantas, faltan más directoras en las empresas públicas y privadas.
Pero, aun así, existen hoy mayor conciencia y mayores acuerdos que nos permiten debatir, ya no solo sobre la igualdad de capacidades, la igualdad de derechos en la salud, la educación y la participación laboral y política de las mujeres. De lo que se trata ahora es de que el debate nos lleve a avanzar más rápido en la construcción de un mundo más equitativo para mujeres y hombres, con una efectiva igualdad de género.
Pero, con todos estos avances, el mayor problema que las mujeres siguen enfrentando es el de la violencia de género. Aquí hemos presentado avances legales, pero desafortunadamente muy pocos en la realidad de los hechos.
El año pasado hubo más de cuarenta femicidios, y los años anteriores las cifras fueron similares. Es decir, por más que se haya avanzado, los hechos nos indican que la violencia femicida no disminuye sino que, por el contrario, incluso aumenta.
Tenemos una legislación específica que tipifica y eleva las penas para el femicidio, hemos desarrollado una ley que crea alrededor de cincuenta casas de acogida y más de cien centros de la mujer, hemos formado monitores y monitoras y se han hecho campañas para generar conciencia, pero las cifras continúan siendo desoladoras.
¿Qué más necesitamos hacer? Por de pronto, aprobar esta iniciativa de ley, que es el mayor esfuerzo normativo hecho en la materia, de manera integral y no fragmentaria. Es un gran avance en derecho sustantivo, en lo procedimental y en lo orgánico-administrativo.
Pero nada sustituye la movilización y el protagonismo de las propias mujeres. Nadie puede reemplazar a quienes deben ser autoras de su propia historia. Por eso, vemos con orgullo los movimientos que se han potenciado este año, en que las mujeres, sin duda, han tenido un rol protagónico y en que los hombres hemos tenido que aprender a estar a su lado o detrás de ellas, como corresponde a los tiempos de la historia que estamos viviendo.
Y es sobre la base de ese liderazgo que podremos enfrentar y potenciar cambios que nos permitan construir una sociedad más igualitaria, erradicando toda forma de violencia contra la mujer.
Hace veinticinco años Benazir Bhutto, víctima ella misma de la violencia, dijo en la Conferencia de Beijing: "hoy en día, en la lucha por la liberación de la mujer, no hay cabida para los que no toman partido".
Nosotros, los socialistas, hace mucho tiempo tomamos partido, con claridad, desde lo más profundo de nuestras convicciones, para reafirmar nuevamente: "Ni una menos".
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira para un asunto de reglamento.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, es muy breve: simplemente quisiera pedirle que abra la votación.
La señora MUÑOZ.- ¡Hay una norma de quorum especial, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).- Hará uso de la palabra antes la señora Ministra.
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora PLÁ (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo a quienes están hoy presentes aquí y agradezco también que la Sala haya permitido el ingreso de Carolina Cuevas, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.
Es importante recordar que, tal como fue comprometido en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y como ha sido reiterado en el último año y medio, una de nuestras prioridades es avanzar hacia una sociedad de tolerancia cero con la violencia que afecta hoy especialmente a las mujeres.
Sabemos que es una prioridad compartida de manera transversal y por un amplio sector de la ciudadanía. Un país que reconoce la dignidad de la persona humana y la igualdad ante la ley no puede dejar pasar, no puede tolerar, no puede justificar ni naturalizar aquello que cruza la dignidad de miles de mujeres y las mantiene atrapadas en un círculo de violencia, no pocas veces con su vida permanentemente bajo amenaza.
Desde que se discutió este proyecto de ley, hace tres o cuatro sesiones, hasta hoy, han perdido la vida víctimas de femicidio Genoveva en Quinta Normal; Yaricsa en Chillán, Hellen en Chimbarongo. Y han estado al borde de ser asesinadas, entre otras, Valeria, en Peñaflor; Silvia, en Buin y Daniela, en Huenchulao, todas víctimas de femicidios frustrados.
La última víctima, señor Presidente, es Hellen, de Chimbarongo, quien, antes de ser asesinada, pasó por una verdadera posta buscando protección y justicia. Hellen denunció ante la Fiscalía que era víctima de violencia el 30 de abril de este año. Desde ahí fue derivada el 8 de mayo al Tribunal de Familia, donde le agendaron una audiencia preparatoria para el 12 de junio. Cuando llegó el 12 de junio, la audiencia que originalmente había sido fijada para esa fecha fue reprogramada para ¡el 16 de julio!
Tenemos que recordar que ella hizo una denuncia el 30 de abril, y fue asesinada el 26 de junio.
Es decir, nunca, desde el 30 de abril hasta el 26 de junio, Hellen tuvo la oportunidad siquiera de plantearle lo que estaba ocurriendo con su vida a un juez, a un tribunal, de explicar bajo qué amenaza estaba viviendo ella y su familia.
¿Y por qué este proyecto de ley tiene una especial preocupación por las mujeres? Porque en los hechos de violencia tanto al interior del hogar como en el contexto de las relaciones de pareja, y también respecto de los delitos sexuales, las mujeres son las principales víctimas. Y en eso yo creo que no hay ninguna novedad; ha sido así desde hace siglos. La noticia es que en Chile, desde hace ya varios años, estos delitos dejaron de ser tolerados, dejaron de ser naturalizados.
Durante el año 2018 ingresaron más de 130 mil denuncias por violencia intrafamiliar a la Fiscalía, de las cuales, en 99.800 casos las víctimas son niñas o mujeres. Es decir, el 77 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar afectan a mujeres.
Y en materia de delitos sexuales -es decir, abuso sexual, violación o estupro- la mayoría de las víctimas también son niñas o mujeres: 86,8 por ciento.
Respecto de los femicidios, cuya calificación corresponde a la ley N° 20.480, publicada en el año 2010 -estamos hablando del asesinato de una mujer perpetrado por el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente-, la tasa por cada 100 mil mujeres en Chile es hoy de 0,45.
Aun cuando es una de las tasas más bajas de América Latina, los femicidios corresponden en el país aproximadamente al 6 por ciento de los asesinatos que se registran al año, lo que duplica la tasa de países como Italia, Francia o España.
Y de los 24 femicidios, de acuerdo a la calificación que ya he mencionado, que se han perpetrado en el año 2019, es importante que la Sala sepa, señor Presidente, que 9 víctimas (38,7 por ciento del total) habían hecho una denuncia en algún momento respecto de la violencia de la cual eran objeto. El 38 por ciento de las personas fallecidas por esta causa ya le habían notificado al sistema, sea por la vía policial, por la vía fiscal o por la vía de un tribunal, que estaban siendo víctima de violencia.
Y una de cada cuatro de ellas era inmigrante. Se trata de mujeres que no tenían redes ni respaldo ni un entorno al cual recurrir.
Esas son consideraciones muy importantes.
El proyecto que se está discutiendo en general hoy día básicamente fija un marco jurídico para una política de prevención de la violencia contra las mujeres; perfecciona el acceso a la justicia; modifica la ley que crea los tribunales de familia, para hacer más efectiva la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar; establece deberes de prevención para el Estado y sus funcionarios, y reconoce diferentes formas y espacios de violencia: uno, el que hay al interior de la familia; otro, el que puede tener lugar en la relación de pareja, y un tercero, el que se da fuera de la familia o de la relación de pareja.
Aparte de la Ley de Violencia Intrafamiliar, la iniciativa modifica el Código Penal, la Ley de Tribunales de Familia, al Código Procesal Penal y el decreto ley Nº 3.500.
Tal como lo hemos reiterado durante el transcurso de su tramitación, el proyecto, a juicio del Gobierno, requiere enmiendas importantes para cumplir con su objetivo. En tal sentido, esperamos trabajar con la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado en un texto sólido que se haga eco de los comentarios que hicieron llegar a dicha instancia, durante seis meses de discusión, distintas instituciones que tienen que ver con la prevención, con la protección de las víctimas y, además, con la persecución de los agresores.
El Presidente Sebastián Piñera va a presentar más de ochenta indicaciones a esta iniciativa de ley, las que modificarán varios aspectos del texto actual y recogerán las observaciones planteadas.
Entre otras, se formularán indicaciones respecto de la definición de "violencia contra las mujeres", para que se plantee en un lenguaje jurídico y sea coherente con nuestra legislación y también con los estándares internacionales establecidos en los tratados que han sido ratificados por Chile.
Asimismo, se buscará precisar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, para que puedan ser identificados no solo por la ciudadanía, sino en especial por la justicia.
Igualmente, las indicaciones incorporarán elementos para contar con una ley integral, a fin de atender, investigar y fallar causas de violencia contra la mujer. Se establecerá, por ejemplo, el procedimiento que se deberá seguir en los tribunales de familia o en los tribunales penales.
Señor Presidente, agradezco a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, que preside la Senadora Adriana Muñoz e integran las Senadoras Ena von Baer, Carmen Gloria Aravena, Isabel Allende y Yasna Provoste, por la especial preocupación que han tenido durante estos meses para escuchar la opinión de fiscales, de representantes de Carabineros y de la PDI, de académicas, en fin, de una serie de personas de sectores que están vinculados de alguna u otra manera con esta causa, y por haber recogido sus experiencias y sus observaciones sobre esta materia.
Termino dando gracias por el respaldo a la idea de legislar sobre este proyecto y, desde ya, por los acuerdos a que se llegue para que las enmiendas respecto de las cuales hay un consenso puedan ser realidad. Todo ello nos permitirá seguir adelante con esta iniciativa, terminar su tramitación, para que se convierta efectivamente en ley de la república lo antes posible.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señora Ministra.
El señor BIANCHI.- Votemos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación el proyecto en general.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palaba el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hay muchas formas de violencia en la sociedad: de lenguaje, psicológica, física, económica, obstétrica. Todas ellas son contra la mujer y sabemos que existen.
La violencia es una expresión del uso del poder, lo cual es propio de una sociedad que no reconoce a todos sus integrantes con igualdad de condiciones.
Es evidente que esta ley en proyecto, por desgracia, es necesaria, porque vivimos en una sociedad donde el Estado debe asumir su responsabilidad frente a los hechos de violencia brutales que ocurren en nuestro país.
Varios Senadores han mencionado casos de femicidio. Son innumerables los actos de violencia cotidiana que acontecen.
A partir de lo que mencionaba la Ministra, quiero referirme al caso de la joven veinteañera de Chimbarongo, el de Hellen. La situación es más dramática de lo que dicha autoridad señaló -quizás fueron omitidas ciertas partes de la información que le entregaron-, porque esa muchacha fue objeto de algo que todavía no cubre la Ley de Violencia Intrafamiliar: los actos de violencia cometidos por los convivientes, los pololos...
La señora ALLENDE.- Los convivientes sí están considerados.
El señor LETELIER.- Quiero decir los pololos, las parejas. En estas relaciones hoy en día se genera una gran cantidad de actos de violencia brutales.
Siendo nada más que eso, hago un llamado a una Senadora de las bancas de enfrente a que vote a favor de la idea de legislar, por cuanto la violencia de pololos fue lo que llevó a que a Hellen la apuñalaran 52 veces, ¡52 veces!
La otra parte de la información es que ella sí tenía medidas cautelares: hasta la realización de la audiencia, había visitas de carabineros. Pero cuando le postergaron la audiencia, ¡le levantaron tales medidas! Y fue en ese lapso, en que alguien del Poder Judicial determinó esa postergación por un mes, que la asesinaron.
Pero digamos las cosas como son: ¡las medidas cautelares hoy no sirven!
A miles y miles de mujeres se las protege con medidas cautelares para que el hombre abusador no se acerque. Sin embargo, si no avanzamos hacia medidas que vayan más allá de la visita de un carabinero de vez en cuando, no lograremos brindar protección de manera efectiva.
Al respecto, creo que es tiempo de que abracemos la propuesta de la Senadora Muñoz y de otros colegas en orden a utilizar la tecnología en esta materia: a los responsables de actos de violencia, que en muchos de los casos son hombres, se les debiera poner brazaletes o aplicar medios tecnológicos para hacerles un seguimiento a través de GPS y evitar que se acerquen a las víctimas.
No puede ser que el argumento de algunos sea que ello es muy caro, que el Poder Judicial no cuenta con dinero para que las medidas cautelares tengan mayor eficacia.
Pienso que los dos puntos planteados, incluir a los pololos y establecer mejores medidas cautelares, son más que suficientes para aprobar este proyecto.
Pero esta iniciativa va más allá.
Estoy seguro de que, sin perjuicio de que se consideren ciertos aspectos declarativos o programáticos, en la discusión en particular podremos avanzar de mejor forma para defender a las mujeres del abuso de poder a manos de hombres que creen que tienen el derecho de ejercer ese poder a través de la violencia contra ellas.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley se enmarca en una decisión de política criminal en orden a erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia contra la mujer.
¡Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía y la comunidad!
En el mes de abril del presente año, los ariqueños fuimos testigos del horrendo femicidio de Joice Tello Avilés, mujer ariqueña apuñalada cobardemente por su expareja en plena vía pública.
Necesitamos legislar a fin de que nuestro sistema normativo cuente con una herramienta eficaz para prevenir y generar una cultura ciudadana de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, principalmente su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, libre de toda forma de violencia.
La definición de "violencia contra la mujer" contenida en el proyecto de ley la protege no solo en el ámbito público, sino principalmente en el privado, donde, por diversas circunstancias, se dan con mayor frecuencia situaciones de violencia que quedan en la impunidad.
Por lo tanto, es necesario asumir como legisladores nuestra responsabilidad y generar, con la mayor celeridad posible, un ámbito normativo que no solo castigue conductas que merecen unánime repudio social, sino que también sea oportuno y eficaz para prevenir la violencia, sobre la base de una cultura de respeto y construcción de dignidad.
Sin perjuicio de aquello, lamentablemente este proyecto cuenta con marcados rasgos ideológicos. Así lo refleja la propia definición de "violencia contra la mujer", contenida en su artículo 2, que dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual", etcétera.
La frase "relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" está contenida en la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero no necesariamente por figurar en un instrumento internacional significa que para el Estado chileno nazca la obligación de atenerse íntegramente a lo que dicha Convención mencione e, incluso, que deba adoptar las mismas definiciones que ella contenga y, en este caso concreto, utilizar su lenguaje con un marcado sesgo ideológico.
En este mismo sentido -finalmente nosotros debemos trabajar en este punto; es lo que la comunidad y la ciudadanía nos pide-, la norma obliga a la identificación de situaciones de vulnerabilidad en las cuales se puedan encontrar las mujeres y determina que diversas entidades del Estado se coordinen para proveer un ámbito de protección que permita enfrentar situaciones riesgosas, en especial, para mujeres que han sido víctimas de violencia anterior.
¡Cuántas mujeres, si hubiesen contado con un sistema de protección en consideración a los hechos de violencia de los que ya habían sido víctimas, hoy continuarían con su vida normal en nuestra sociedad!
Dentro de los objetivos que debemos perseguir con la nueva ley, es necesario prevenir aquellas situaciones que provocan una doble victimización. Para ello se deben regular situaciones tan básicas como el hecho de que la mujer que retira sus efectos personales desde el lugar donde sufre violencia sea acompañada, en todo momento, por Carabineros de Chile. Asimismo, cualquier medida cautelar que decreten los jueces de familia debe ser inmediatamente operativa.
Voy a votar a favor, porque así la ciudadanía lo exige.
Sin embargo, quiero notificar a mi Gobierno lo que han expresado la Senadora Ebensperger y el Senador Moreira, en torno a que en la discusión particular será necesario realizar las modificaciones pertinentes con el objeto de perfeccionar este proyecto, para que no se transforme en un texto puramente ideológico y sesgado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, nunca ha sido fácil el debate de estos temas.
La primera Ley de Violencia Intrafamiliar se promulgó el año 1994 y la segunda, el 2005, y hoy día estamos viendo una iniciativa que surgió en el gobierno anterior y respecto de la cual valoro muchísimo el papel que ha jugado la Ministra Isabel Plá al impulsarla con fuerza.
Este proyecto busca ampliar el concepto de violencia hacia las mujeres; sacarlo del ámbito privado en que ha estado establecido en esas dos leyes anteriores, y definir una serie de acciones de violencia que ellas sufren en la sociedad y que ocurren por el hecho de ser mujeres.
Eso significa la violencia de género: una mujer sufre violencia, es asesinada, es violada por su condición de tal.
Aquí se habla de sesgo ideológico. Me refiero a lo dicho por el Senador Durana y también a cierto malestar que percibí en la intervención del Senador Moreira. Pero no sé cuál es la ideología.
¡Cuál es la ideología!
La vida está hablando por sí misma, por sí sola.
Cuando un hombre asesina a una mujer y comete un femicidio, lo hace porque quiere controlar su vida, pues existe la idea de que, si la mujer lo abandona, él tiene el derecho a asesinarla.
Hasta hace muy poco, hasta el año 2010, cuando se promulgó la Ley de Femicidio, estos hechos eran parte de la crónica roja: "La mataron por arrebato"; "La mataron por celos". La única estadística de femicidio (cuando un hombre asesina a una mujer por razones de género) que teníamos en esa época eran las noticias que aparecían en La Cuarta, diario que no sé si existe todavía. De ahí sacábamos los antecedentes para poder estudiar los asesinatos a mujeres que estaban ocurriendo en nuestro país.
Entonces, señor Presidente, no sé cuál es el sesgo ideológico que aquí se percibe.
La definición de violencia de género, contenida en el artículo 2 de este proyecto, es un concepto sociológico, una idea que se extrae de la vida y la vivencia cotidiana de las mujeres.
¡Quién puede negar que existe un desequilibrio de poder entre un hombre y una mujer!
¡Basta mirar esta Sala hoy día, señor Presidente! ¡De un total de 43, somos solo 10 mujeres Senadoras!
¿No hay más mujeres capaces en este país para llegar al Senado?
¿No es violento que nuestros partidos pongan barreras para que más mujeres seamos candidatas?
¿No es violento que cuando vamos a un banco a pedir un crédito para una campaña, si no somos casadas, si no tenemos un marido, no se nos otorgue?
Entonces, señor Presidente, esto no se trata de una cuestión de teoría e ideología: ¡es una realidad!
Cuando un ginecólogo no respeta la situación ginecológica de una mujer, le provoca violencia obstétrica. ¡Es violencia y la vivimos muchas mujeres!
Por lo tanto, señor Presidente, aquí no hay un sesgo ideológico. No es ideología plantear que existe un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres: ¡es una realidad!
¡Es una realidad que vivimos todos los días: cuando se busca un empleo, cuando se busca ingresar a la política, cuando se intenta hablar!
Muchas de las mujeres que estamos acá hicimos un largo recorrido en política. Costaba pedir la palabra y que nos escucharan. Tuvieron que pasar largos períodos, largos ciclos, para que nos pusieran atención. Me acuerdo que en los primeros años como Diputada, cuando empezábamos a hablar las mujeres, los colegas se iban al baño o se ponían a fumar en la Sala, porque en esa época estaba permitido, y había un murmullo generalizado.
¡No nos escuchaban!
Entonces, señor Presidente, existen muchos tipos de violencia cotidiana.
Ayer en un programa de televisión se mostraba el acoso sexual a las mujeres en el Metro. Es violento para una mujer, para una joven, sentir cómo le hace tocaciones humillantes cualquier tipo que se instala a su lado.
¡Si eso es ideología, quisiera ver cómo se resuelve el punto desde el punto de vista conceptual!
Reitero, señor Presidente, que ha sido muy complejo instalar estos temas desde el año 90. La misoginia siempre está presente; es un elemento de la cultura.
Por eso, valoro este proyecto, aunque creo que le faltan dientes a la definición del artículo 2, con relación a lo que es "violencia" y "género". Con todo, en su texto figura un concepto sociológico, y existe la sociología jurídica como un instrumento para plasmar decisiones que el Estado debe tomar y que están vinculadas directa y asociativamente con la sociedad.
Nada de lo que ocurre aquí es baladí. Todo lo recogemos de la vida: la delincuencia en las calles, el abuso a menores. Todo es sociedad, todo es cultura. Son comportamientos que la ley trata de corregir.
Entonces, yo no hablaría despectivamente de ese elemento sociológico; al contrario, lo valoraría muchísimo.
Por último, señor Presidente, creo que existe un defecto en la iniciativa, sobre lo cual hemos conversado con la señora Ministra. Habrá que abordarlo en la discusión en particular.
En realidad, no podemos seguir haciendo leyes híbridas sin instrumentos reales y sin recursos ni presupuesto para los operadores de justicia. Lo señalo, porque las dos leyes anteriores, de las cuales soy autora -no reniego-, dada la dificultad política y cultural que hubo al aprobarlas, hoy día son desmoralizadoras para las mujeres que van a reclamar y a poner denuncias en los tribunales, ya que los operadores no cuentan con instrumentos reales para hacerlas efectivas.
Una mujer recorre un periplo humillante en los tribunales: va de una oficina a otra; se le da una respuesta y luego otra. Finalmente, se le otorga una medida de protección, una cautelar, que no se cumple porque nadie puede controlarla ni realizar el seguimiento correspondiente.
Entonces, creo que las potestades que entrega este proyecto a organismos del Estado, tanto a tribunales como a entidades vinculadas a la educación, a la salud, etcétera, tienen que reflejarse en instrumentos reales para que las mujeres puedan sentirse efectivamente acogidas cuando hacen una denuncia.
Es por eso que voy a votar a favor de esta iniciativa, por cierto con las modificaciones tendientes a mayores exigencias para el Estado.
En mi opinión, señor Presidente, cuando contamos femicidios -solamente los contamos-, no estamos actuando realmente y el Estado está cometiendo notable abandono de deberes en la defensa de la vida de las mujeres. ¡Y eso es muy grave!
No podemos seguir...
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.
La señora MUÑOZ.- Concluyo, señor Presidente.
Señalaba que no podemos seguir con una situación en que se hace la denuncia, se pone la cautelar y la mujer termina igualmente asesinada.
Hay un proyecto que hemos reclamado harto. La señora Ministra dice que vamos a ir a Argentina a probar un piloto que existe ahí, no sé si en Mendoza o en Córdoba, pero hasta ahora no hay decisión alguna tendiente a proteger a las mujeres desde el momento en que hacen la denuncia y, producto de ello, reciben medidas cautelares.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, una de las cosas más complejas que uno tiene que hacer en esta Sala es ver cómo se armonizan las ideas que están detrás de unas normas con el contenido de esas mismas normas. Y, de una manera distinta, nosotros siempre debemos generar estructuras que manden, prohíban o permitan y que sean claras para los ciudadanos, claras para los jueces, claras para los fiscales y claras para todos los que tienen el áspero ejercicio de hacer justicia en nuestro país. Y eso es parte del debate parlamentario que aquí debe darse.
En función de esa lógica, el proyecto, llamado "derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" -¡quién puede oponerse a esto!-, junto con generar ciertas normas sobre garantías y acceso a la justicia, en mi concepto bien inspiradas, establece otras disposiciones que, a mi juicio, dificultan seriamente la aplicación de aquellas otras.
Voy a leerlas, para que Sus Señorías visualicen dónde está la objeción que desde el punto de vista personal planteo respecto de los objetivos de la ley en proyecto, particularmente cuando se trata de definiciones que constituyen la base de los delitos que posteriormente se configuran.
La definición de violencia, clave en todo el proyecto, dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión," -sigamos la palabra "omisión"- "sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado," -una omisión privada- "basada en el género" -imagínense lo que significa para un fiscal interpretar dónde hay una omisión, en el ámbito privado, basada en el género- "y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales" -se alude a la sociología como parte de la fijación de una conducta que eventualmente puede ser delictual- "que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar" -o sea, una omisión que pueda causar, en el ámbito privado- "muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas". Por tanto, una omisión en el ámbito privado, donde existiera la amenaza de realizar algo, un tema psicológico, sería eventualmente causal de delito.
Entonces, señor Presidente, yo quiero ser bien responsable entre lo que uno busca, que es una vida libre de violencia, y la armonía que planteaba la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
Aquí tengo las veinte leyes que hemos aprobado, al menos con mis votos, orientadas a perfeccionar y mejorar las condiciones de acceso a lógicas de igualdad, pero no en función de eso uno va a generar figuras o eventuales tipos de la naturaleza que establece el proyecto. Por ejemplo, respecto de lo que puede ser la violencia simbólica, yo entiendo que, eventualmente, tengamos que colocarnos en situaciones futuras y generarles un texto, pero ¿qué es un ícono o significado que pueda representar o naturalizar relaciones de desigualdad?
Estas, señor Presidente, son leyes; no son declaraciones de voluntad, no son declaraciones de intenciones. Son mandatos: mandatos a los jueces; mandatos -y perdón que mire al señor Secretario- a los fiscales; mandatos a los ciudadanos. Y los mandatos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que configurar las conductas que uno estima que deben ser juzgadas, perseguidas o bien toleradas, como -y lo dijo la Senadora Ebensperger en su muy buena exposición- puede serlo la galantería. Eso lo dijo ella. Si lo hubiera dicho yo, quizás se hubiera generado algún tipo de repudio.
Por eso, señor Presidente, vayamos más allá de las intenciones.
Y le quiero agregar que la parte final del proyecto me parece bien razonable. Creo que en sí misma está bien construida respecto de una serie de accesos, pero la parte declarativa, la parte conceptual, las definiciones, las formas, que son la clave de todo, están, en mi concepto, en un lenguaje que da para cualquier cosa. ¿Y saben qué pasa? Que, cuando da para cualquier cosa, no sirve para nada. ¡Eso es lo que pasa! ¡No sirve para nada si da para cualquier cosa! Porque una conducta ocurrida en Arica, que conforme a las normas planteadas le genere a alguien una violencia psicológica, puede que en Punta Arenas o en Santiago no tenga las mismas características y los criterios utilizados por los jueces o los fiscales sean distintos.
Entonces, yo los invito -si usted, señor Presidente, me da el minuto que tradicionalmente otorga-...
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Generosamente, señor Senador...!
El señor COLOMA.- ¡Generosamente...!
Gracias, señor Presidente.
Decía que los invito a repensar esta forma de hacer las cosas.
Yo, obviamente, no voy a aprobar la idea de legislar -me voy a abstener-, porque espero -y es lo que me gustaría- que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución para una discusión más serena acerca de cómo se conforman ciertas definiciones que no son sociología. ¡Son derecho! Esto genera obligaciones, y genera también expectativas.
Entonces, no pensemos que estamos creando una institución que, finalmente, por su contenido, lo que hará, en la práctica, es desarraigar los resultados de lo esperado.
Por eso, señor Presidente, he querido hacer referencia a un par de normas que, a mi juicio, hablan por sí solas, porque se las he planteado a varios expertos jurídicos, todos los cuales entienden algo distinto de la relación que he planteado.
En conclusión, valoro la parte final del texto, pero creo que en el resto hay que ser mucho más precisos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, seré muy breve, pues creo que no hay ninguna duda de que debemos legislar en esta materia y, en ese sentido, todavía nos queda -quiero destacarlo- un largo debate particular que permitirá mejorar las normas del proyecto.
Hago presente que este año, tal como indicó la Senadora Aravena, se han registrado -el 2010 se publicó la ley- 24 femicidios. ¿Cuántos frustrados? Y quiero recordar en esta Sala cómo fue la discusión habida en la Cámara de Diputados en ese momento. Estábamos con la Senadora Adriana Muñoz -entonces también Diputada- y fueron las mujeres que llenaron las tribunas las que ejercieron la presión, porque en la Comisión muchos decían "¿Para qué? ¡No necesitamos una ley!". Ahora al menos podemos decir que hay femicidios. Y esos homicidios, que se dan en condiciones distintas, de abuso de poder, hoy se contabilizan, existen.
Estamos hablando de una sociedad que cambia respecto de cómo ve la violencia y que declara que la violencia contra la mujer resulta inaceptable.
Por eso pienso que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad, no solo para las mujeres que ese día repletaron las tribunas, sino también para aquellas que tantas veces nos dicen "Tengo que estar con la motosierra al cuello para que me crean", y para aquellas que han sido objeto de medidas cautelares y, a pesar de ello, corren el riesgo de perder la vida.
Esa es la discusión a la que tenemos que apuntar y para la cual necesitamos marcos jurídicos que respondan.
Por eso hoy día, señor Presidente, con gusto voto a favor, después de varias semanas de que este proyecto ha debido esperar su aprobación general. Y los invito -creo que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad- a dar la posibilidad de contar con una legislación que garantice un derecho a las mujeres, que coordine nuestra institucionalidad y que dé respuestas efectivas para proteger a aquellas que temen perder sus vidas frente a la violencia, y para erradicar todas las formas de violencia hacia ellas.
Por todo lo anterior, señor Presidente, reafirmo mi voto favorable a la iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora señora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, la discusión de un proyecto de ley de esta naturaleza nos convoca a mirarlo de una manera bien amplia. Y voy a hacer la inflexión solo en la década de los noventa.
La gran demanda de la lucha de las mujeres en pos de la democracia fue que existiera una institucionalidad, que se convirtió en el Servicio Nacional de la Mujer, para que el Estado se hiciera cargo de la inequidad de género y se trabajara en políticas públicas que resguardaran la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Ahí aparecen algunas legislaciones que me parece importante mencionar y que ya han nombrado varias de las Senadoras que me han antecedido.
En primer lugar, la Ley de Violencia Intrafamiliar, de 1994, que debió ser perfeccionada porque la figura de la conciliación finalmente terminaba atentando contra el objeto que ella pretendía proteger. Bastaba una mirada, en un espacio de conciliación, para que después de la denuncia generalmente no pasara nada.
Así, fuimos trabajando y perfeccionando la legislación. El año 2010 se produjo un tremendo logro, como fue haber tipificado el femicidio, y espero que prontamente avancemos en la discusión de la "Ley Gabriela", que amplía dicho concepto.
También hay que considerar las estadísticas que se han dado: a la fecha, 24 femicidios que hablan de la expresión más brutal de la violencia contra la mujer.
Pero las legislaciones no lo son todo; son un paso para permear la cultura que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Y, en ese sentido, debemos seguir dando nuevos pasos.
Valoro profundamente esta iniciativa. Y me alegro de que, en general, todas aquellas que estamos en este espacio la defendamos.
Quiero hacer un paralelo haciendo la inflexión en los años noventa. No es casual que la única mujer en el primer gabinete en democracia no tuviera rango de ministra, sino solo de directora nacional de servicio. Ahora tenemos una Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Creo que los ámbitos y las expresiones de la inequidad no se pueden eludir. Actualmente estamos en un estado distinto. Ahora ya estamos hablando de legislar sobre acoso sexual, acoso callejero, acoso en el ámbito académico, porque, sin duda, son expresiones más sutiles que, efectivamente, hoy estamos visibilizando.
Al final del día, todas tenemos la experiencia común -hablo desde lo personal- de ser mujeres. Y estoy segura de que todas han sufrido algún tipo de experiencia violenta respecto al acoso sexual. No puede ser que parte de lo que se transmita entre mujeres, de generación en generación, sean casi estrategias de cómo sortear intentos de acoso.
Eso es lo que debe terminar. Y una ley integral como esta lo que hace es ampliar el concepto de violencia, fortalecer las políticas públicas en materia de prevención. ¡Si lo que tenemos que cambiar aquí es la base cultural que permite que estas situaciones de violencia ocurran!
Por eso, y porque además creo que la iniciativa responde al compromiso del Estado de Chile con tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, ratificada por Chile en 1989, y la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), voto a favor, esperando que el proyecto cuente con el voto mayoritario de todos los presentes en la Sala.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, la verdad es que legislar para evitar la violencia contra las mujeres responde a un sentido común tremendamente fácil, diría yo, de entender. Pero también tenemos que entender que nosotros, como sociedad, vivimos en un mundo machista, lo cual se relaciona mucho con la educación.
Me encantaría que, a propósito de este proyecto de ley, que se va a trabajar y en el que todos tenemos que aportar, entendiéramos que en la educación de nuestros niños, en los colegios, debiéramos ser capaces de tener, a lo mejor, los ramos que fueran necesarios para hablar de lo que significa cuidar a nuestras mujeres.
Todos sabemos que hoy en nuestro país hay más cantidad de mujeres que de hombres; todos sabemos que hay mujeres que son jefas de hogar y que son el pilar fundamental en la crianza de los niños, de la familia, y eso debemos valorarlo, ponderarlo y protegerlo.
Sin duda, todas las mejoras que hagamos para proteger a nuestras mujeres son necesarias. Hay que entender que hoy día nuestras mujeres son las dirigentas de los colegios, son las personas que trabajan en las juntas de vecinos, son quienes hoy toman el control de cualquier actividad donde ellas representan a su comunidad. Y por eso debemos tener la responsabilidad de protegerlas, cuidarlas, quererlas, apreciarlas, y de establecer sanciones que sean realmente ejemplares, de tal manera que nadie se atreva a maltratarlas.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el viernes 26 de julio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Coloma y Galilea.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.