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FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE PAGO


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.078-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Ossandón y de los entonces Senadores señora Lily Pérez y señor Tuma):
En primer trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 9ª, en 10 de abril de 2019.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.
Economía (segundo): sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.
Economía: sesión 27ª, en 18 de junio de 2019.
Discusión:
Sesiones 48ª, en 20 de septiembre de 2017 (se aprueba en general); 79ª, en 10 de enero de 2018 (se aprueba en particular).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas.
La Sala debe pronunciarse sobre esas modificaciones.
La Comisión de Economía, con las votaciones que consigna en su informe, propone aprobarlas, con excepción de las siguientes, que propone rechazar:
-Incisos tercero y cuarto del nuevo texto propuesto para el artículo 2º, contenido en el numeral 3) del artículo 1.
-Nuevo texto propuesto para el artículo 4º, contenido en el numeral 3) del artículo 1.
-Nuevo texto propuesto para el artículo 5º, contenido en el numeral 5) del artículo 1.
-Letra f) del nuevo texto propuesto para el artículo 7º, contenido en el numeral 8) del artículo 1.
Sus Señorías tienen en sus pupitres un boletín comparado en que se transcriben las enmiendas realizadas y los acuerdos adoptados a su respecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señora Secretaria.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero solicitar, como Presidente de la Comisión de Minería, que se amplíe el plazo en treinta días para que dicho órgano técnico se pronuncie respecto del proyecto sobre protección de glaciares (boletín Nº 11.876-12), que vence el próximo 11 de julio.
La Comisión acordó realizar audiencias para escuchar a los expertos en la materia los días 10 y 17 de julio. Por tanto, se estará en condiciones de votar esta iniciativa luego de vencido el plazo que la Sala estableció a dicho efecto.
Por ello, pedimos treinta días más para pronunciarnos al respecto, si hay acuerdo de la Sala.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se acuerda.
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El señor ELIZALDE.- Bueno, sobre el proyecto de ley en análisis...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Disculpe, señor Senador.
Antes de darle la palabra para referirse a la iniciativa, me la había solicitado el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Durana. Se la otorgaré a él primero para que haga el informe respectivo.
El señor ELIZALDE.- Bien.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Gracias, señor Presidente.
En cumplimiento a lo acordado por la Sala en sesión de 10 de abril de 2019, tengo el honor de informar sobre el debate y los acuerdos adoptados por la Comisión de Economía respecto de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de la referencia aprobado por el Senado.
Es del caso recordar que la iniciativa tuvo su origen en una moción del Honorable Senador señor Ossandón y los entonces Senadores señora Pérez San Martín y señor Tuma.
El principal objetivo del proyecto es introducir diversas modificaciones a la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, con la finalidad, entre otras, de ampliar este régimen de limitación de responsabilidad a los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, y de imponer mayores exigencias a los emisores.
Previo a pronunciarse sobre las enmiendas de la Cámara Baja al proyecto, la Comisión acordó escuchar a diversos actores para conocer sus opiniones respecto de dichas modificaciones, desde sus particulares enfoques y puntos de vista.
Es así como en sesión de 15 de mayo, se invitó a representantes del Banco Central, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y del Retail Financiero, y al Profesor Miguel Ángel Nacrur.
Luego, en sesión del 5 de junio, se escuchó a Conadecus.
En reunión de 10 de junio, la Comisión recibió a Odecu, Fojucc y a Sernac.
Finalmente, en sesión de 12 de junio, fue invitada la Comisión para el Mercado Financiero.
ACUERDOS Y PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN
El órgano técnico aprobó, por unanimidad (4x0), la gran mayoría de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al texto del Senado, con excepción de las siguientes, que rechazó:
-En el numeral 3) del artículo 1, que sustituye los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la ley:
1) Los incisos tercero y cuarto del artículo 2°, que fueron rechazados por 3 votos en contra, de los Senadores señora Rincón y señores Durana y Galilea, y una abstención, del Senador señor Elizalde, en consideración a la conveniencia de adecuar la norma a las nuevas tecnologías de la comunicación.
2) El artículo 4°, que se rechazó por razones de fondo y de forma, de lo cual da cuenta el informe, por la unanimidad de los Senadores presentes.
-El numeral 5), que reemplaza el artículo 5° propuesto por el Senado, fue rechazado en consideración a que la materia requiere un análisis con mayor profundidad, por 3 votos en contra, de los Senadores señores Durana, Elizalde y Galilea, y una abstención, de la Senadora señora Rincón.
-En el numeral 8), la Comisión rechazó la letra f) del artículo 7°, para mejorar el tipo penal que consagra, y porque la Cámara suprimió el inciso final del artículo correspondiente en el texto despachado por el Senado, que consideraba una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, con la finalidad de reintegrarlo. Este rechazo fue por la unanimidad de los integrantes presentes.
La Comisión de Economía estima pertinente señalar que el rechazo de ciertas y determinadas modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto acordado por nuestra Corporación en el primer trámite constitucional solo busca mejorar, en una eventual Comisión Mixta, el estándar regulatorio de una normativa de especial importancia y urgencia.
Por lo anteriormente expuesto, la proposición de la Comisión de Economía es aprobar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja en el segundo trámite constitucional, con las excepciones referidas, respecto de las cuales propone su rechazo, para que sean consideradas en una Comisión Mixta.
Gracias, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, parto felicitando a los mocionantes, a los autores de este proyecto de ley: al Senador Ossandón y a los entonces Senadores Lily Pérez y Tuma.
Una de las primeras cosas que se me pidió como Presidenta de la Comisión de Economía el año pasado fue que apuráramos el tranco en esta iniciativa. Y me llamó, sin ir más lejos, el ex Senador Tuma.
La verdad es que hay consenso respecto no solo de la importancia y la urgencia de legislar en esta materia, sino también de lo que significa desde el punto de vista de los avances de la tecnología, que han provocado que el nivel de riesgo sufrido por estafas aumente considerablemente.
De hecho, junto con el Senador Kenneth Pugh, estamos impulsando la creación de una comisión especial que se dedique justamente al análisis de estos temas, y esperamos poder materializarla la próxima semana con el respaldo de todos los Comités.
En nuestro país, a diciembre de 2018, se encuentran vigentes 22 millones de tarjetas de débito y 17 millones de tarjetas de crédito. En ese mismo año se realizaron más de 150 millones de trasferencias electrónicas de fondos.
Todo ello, sin lugar a dudas, deja expuesta a la población, y el riesgo de fraude se presenta en la medida que los actores involucrados en el sistema de pago no sean responsables de su actuar.
Por una parte, los tarjetahabientes deben proceder con cuidado y diligencia al momento de utilizar sus medios de pago y, por otra, tanto el comercio como los emisores deben contar con las medidas de seguridad apropiadas para evitar la fuga de información y la intromisión de agentes dañinos en los sistemas informáticos.
Por ello, la iniciativa que discutimos hoy intenta generar un equilibrio en lo que respecta a la responsabilidad tanto de las instituciones que facilitan estos medios de pago como también de parte de los usuarios.
Por contraparte, si la responsabilidad recayera solo en los usuarios, las instituciones no tendrían necesidad de contar con ningún mecanismo que proteja las transacciones.
Cuando las casas comerciales, la banca o las distintas instituciones buscan a sus clientes, les ofrecen todo tipo de facilidades y garantías para acceder a esos medios de pago. Ante productos de esta naturaleza, uno esperaría que el prestador del servicio, además de facilitar el medio de pago, garantice certeza y seguridad en su uso con el objeto de resguardar sus operaciones.
A la inversa, si existe oferta de resguardo, pero el usuario del instrumento de pago no toma las medidas mínimas necesarias para su empleo eficiente y responsable, obviamente se genera un desequilibrio en la relación.
Señor Presidente, si bien hemos llegado a un vasto consenso entre ambas ramas del Parlamento (la Cámara de Diputados y el Senado) en cuanto a las responsabilidades que tienen los actores involucrados en el sistema de pago, este proyecto de ley, que se divide en tres temas fundamentales, requiere precisiones y mejorías, no en el fondo, simplemente en su forma.
Tenemos algunas dudas con respecto a la redacción de ciertas normas -lo hemos conversado largamente en la Comisión- y, para resolver esos puntos, se plantea provocar, con el rechazo de algunas enmiendas, la conformación de una Comisión Mixta.
Primero, no tenemos duda alguna en cuanto al corazón del proyecto: la obligación de los emisores de los medios de pago de restituir los dineros utilizados fraudulentamente por terceros.
Sin embargo, hay dos temas que requieren una mirada exhaustiva.
La iniciativa nos plantea que la vía por la cual se comunicará el extravío o hurto de un medio de pago deberá ser a través de una notificación por escrito, mecanismo que, en consideración a los avances de las tecnologías, claramente resulta obsoleto, además de lento y engorroso.
La segunda duda -del todo razonable, a mi juicio- es sobre el procedimiento a través del cual el usuario debe dar aviso del extravío o hurto. En el artículo 4o propuesto se establece que ha de ser "tan pronto el usuario tome conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas".
Sin embargo, dicha expresión no define la temporalidad del aviso. ¿Qué pasa con los plazos en los que se toma conocimiento?
Tenemos claramente un problema de redacción desde el punto de vista de la formalidad del articulado, además de que se establece un plazo demasiado acotado, en el cual el usuario se puede ver restringido en cuanto a sus posibilidades de dar aviso.
Señor Presidente, insisto, los problemas son más bien de forma, de redacción, y no de fondo.
Reitero mi reconocimiento a los autores de la moción y pido que podamos rápidamente constituir la Comisión Mixta para rectificar y precisar la redacción de la iniciativa con el objeto de tener una ley que resguarde a las partes, pero, sobre todo, al consumidor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Elizalde.
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ELIZALDE.- Sí. Ábrala.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo para acceder a ello?
La señora GOIC.- Sí.
El señor SANDOVAL.- Conforme.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Acordado.
La idea es votar la proposición del informe de la Comisión de Economía, ¿cierto?
El señor ELIZALDE.- Así es, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Bien.
Entiendo que el Ejecutivo no va a hacer uso de la palabra en esta ocasión.
En votación la proposición del informe de la Comisión de Economía.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, considero que este es un tema fundamental.
Cada vez son más las transacciones que se realizan a través de tarjetas de crédito u otros medios de similar naturaleza.
En primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción: al Senador Ossandón, a la ex Senadora Pérez San Martín y al ex Senador Tuma.
Sin duda, la iniciativa da cuenta de la necesaria protección que deben tener los clientes que utilizan estos medios de pago en lo que respecta a aquellos cobros que se realizan en su desconocimiento, sobre todo luego de que han sido víctimas de un hurto, un robo o un extravío del cual -valga la redundancia- no han tenido conocimiento.
Hoy día sí existe regulación para las transacciones que se efectúan después del aviso de extravío, hurto o robo, pero no en los casos anteriores.
Lamentablemente, son muchas las personas que se ven cotidianamente afectadas por este tipo de situaciones y, por tanto, debemos darles un marco de protección adecuado, toda vez que sabemos cuánto impacta a sus finanzas personales el que se realicen cobros de esta índole al margen de la ley.
Por eso se requiere establecer un sistema equilibrado en el que existan los incentivos necesarios para que todos actuemos con el mayor grado de responsabilidad, no solo los clientes, sino también las instituciones emisoras de medios de pago, particularmente los bancos, y, por cierto, las entidades comerciales que reciben pagos a través de estos mecanismos.
Todos compartimos el espíritu de esta iniciativa y, de hecho, los integrantes de la Comisión de Economía así lo expresamos públicamente.
Cuestión distinta -lo señaló la Senadora Rincón- es que, desde el punto de vista de la forma, determinadas enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados no tienen la redacción adecuada para evitar algún tipo de confusión y garantizar la debida protección que merecen los usuarios de estos medios de pago.
Eso es fundamental.
Por aspectos meramente formales, la Comisión de Economía procedió a rechazar algunas modificaciones: por ejemplo, la que establece el plazo para que la persona comunique la existencia de un cobro que desconoce, especialmente porque la norma quedó redactada de una forma tal que da lugar a una contradicción. El texto señala que ese plazo parte desde que el usuario tome conocimiento o hasta cinco días hábiles siguientes a la expedición, por ejemplo, de la cuenta de la tarjeta de crédito.
Eso nos parece vago. No se establece una fecha cierta para poder ejercer adecuadamente este derecho. Tratándose de la fecha de expedición, si se usa la vía del correo, la información podría ser recibida tardíamente -pensemos, por ejemplo, en una zona aislada- y el cliente no estaría en condiciones de contar con el tiempo necesario para realizar el aviso y quedar debidamente protegido de acuerdo a las nuevas disposiciones.
Doy solo ese ejemplo.
Pero quiero señalar que compartimos plenamente el espíritu y el sentido del proyecto. Estamos convencidos de que es necesario proteger de mejor forma a los clientes y, por cierto, de que las entidades emisoras, en especial los bancos, no pueden abusar de sus clientes, desentendiéndose de este tipo de situaciones.
Por eso estimamos necesario aprobar esta iniciativa.
Sin embargo, para proteger de mejor forma a los clientes, se requiere una redacción que no genere ningún tipo de duda en su interpretación y en su aplicación. Si la norma es vaga o, incluso, contradictoria, no estaríamos cumpliendo con el objetivo del proyecto que todos valoramos: proteger de mejor forma a los clientes.
La Comisión de Economía procedió a realizar estas observaciones -reitero: de forma- a fin de que en la Comisión Mixta podamos llegar a una redacción adecuada.
Se señaló por ahí que la historia de ley era suficiente a efectos de evitar errores de interpretación, pero la verdad es que muchas veces ese mecanismo de interpretación se utiliza de forma abusiva, y todos hemos escuchado las críticas que se han hecho al Congreso Nacional cuando una norma no queda debidamente redactada. Se señala que se legisla a la rápida, que no se legisla bien.
Por lo tanto, nos pareció responsable plantear el camino de que la Comisión Mixta corrija esos errores -reitero: de forma-, para que el sentido expresado en el proyecto de ley, conforme al propósito de sus autores, esté debidamente regulado y -repito- podamos proteger adecuadamente a los usuarios de estos medios de pago, es decir, a las personas.
En consecuencia, solicitamos que se apruebe lo propuesto en el informe de la Comisión de Economía para que en la Comisión Mixta...
El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ELIZALDE.- Solo treinta segundos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
El señor ELIZALDE.- Gracias, señor Presidente.
Decía que pedimos a la Sala que apruebe el informe del referido órgano técnico para que en la Comisión Mixta procedamos a corregir esos errores de forma.
De ese modo, tendremos una ley como merecen los usuarios, quienes quedarán debidamente protegidos. Ese es el objetivo por el cual fue presentado este proyecto.
Al concluir mi intervención, reitero mis felicitaciones a los autores de esta iniciativa, que, sin duda, nosotros compartimos plenamente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.


El señor GALILEA.- Señor Presidente, tal como han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este es un proyecto de ley muy bien intencionado, que nació del Senador Ossandón y algunos exparlamentarios.
Efectivamente, de lo que se trata acá es de resolver un problema que está sufriendo muchísima gente. Las estadísticas que se nos entregaron en la Comisión son amplias en ese sentido. De hecho, varios colegas han sufrido también el problema de que les aparezcan giros por clonaciones u otras alteraciones en sus tarjetas de crédito, en su tarjeta de débito, o a través de giros electrónicos que las personas con frecuencia ignoran cómo se hicieron, pero que finalmente significan un retiro de fondos desde sus cuentas corrientes.
Por lo tanto, creo que ese es el espíritu en el cual debe ser analizado este proyecto, que ya pasó por el Senado, fue a la Cámara de Diputados y que hoy día vuelve acá a la espera de la aprobación de un informe que permita la formación de una Comisión Mixta que lo deje bien sancionado.
Básicamente, lo que buscamos en la Comisión de Economía es aclarar algunas reglas.
En primer lugar, consideramos necesario poner un plazo más razonable para efectuar el reclamo. Tal como volvió de la Cámara de Diputados, el texto establece que desde que se tiene conocimiento de operaciones no autorizadas habrá solo cinco días para reclamar contra el supuesto fraude, plazo que parece escaso. Por tanto, se estima más razonable aplicar las normas que rigen para las cuentas corrientes, que otorgan treinta días para tal efecto.
Si el cliente defraudado reclama dentro de dicho plazo, el banco tendrá que proceder a la restitución de los fondos. De ahí en adelante el emisor podrá investigar con toda libertad, pero antes tendrá que haber repuesto los dineros del cliente defraudado.
Asimismo, suena razonable poner una fecha tope para efectuar reclamos hacia atrás. No parece apropiado que una persona reclame hoy por una transacción fraudulenta ocurrida hace cinco años. Habrá que ponerse de acuerdo en un plazo para estos efectos.
De igual modo, creemos que la prohibición de tomar seguros para estos períodos llamémoslos "sospechosos" (cuando se reclama dentro de los treinta días) parece razonable dentro de determinado margen, pero también lo es que los clientes tengan la posibilidad de contratar un seguro si no realizan el reclamo dentro de esos treinta días; reclamo que de todas maneras será válido, pero que no quedará cubierto por la norma que señala la obligatoriedad de la restitución de los dineros defraudados dentro de los siete días siguientes a aquel.
Igualmente se considera razonable imponer una norma que de alguna manera proteja a la banca frente a la posibilidad de un autofraude, criterio que ya existe en legislaciones comparadas como la inglesa y la española. En definitiva, se trata de que, si un banco posee pruebas fundadas de que se está en presencia de un autofraude, se pueda eximir de restituir los fondos, pero con una serie de obligaciones que cumplir, como demandar y asumir las consecuencias de una demanda mal efectuada.
En resumen, lo que queremos es proteger de todas maneras al conjunto de usuarios de tarjetas de crédito, de débito y de cuentas corrientes ante giros electrónicos no autorizados u otros fraudes que cada día son más habituales, pero que también haya un rayado de cancha razonable, sensato y justo para que, finalmente, el mercado financiero y la normal utilización de todos estos medios de pago no se vean afectados por una legislación que eventualmente pueda resultar inicua para alguna de las partes.
Tal es el único propósito que tuvo en vista la Comisión de Economía del Senado. Esperamos que se apruebe su informe, para poder constituir cuanto antes la correspondiente Comisión Mixta y dar forma ya definitiva a las normas de este proyecto de ley, el cual, como dijimos al comienzo, se halla sumamente bien intencionado y resolverá buena parte de las quejas que en la actualidad formulan los usuarios que resultan defraudados al hacer uso de dichos medios de pago.
He dicho.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero ver la posibilidad de pedir segunda discusión del proyecto sobre una vida libre de violencia, que viene a continuación, si es que nadie se opusiera.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Se refiere al proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?
La señora ARAVENA.- Exactamente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señora Senadora, aunque aún no sabemos si se alcanzará a ver hoy día esa iniciativa, está en todo su derecho a efectuar dicha solicitud.
La señora PROVOSTE.- Podemos dejar para después el debate.
La señora ARAVENA.- Esa es la idea, Senadora Provoste.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Continuando con la votación del informe de la Comisión de Economía, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda el uso de las tarjetas revolucionó en su momento el dinamismo de las transacciones financieras, reemplazó al dinero, pero no solo las tarjetas bancarias.
Quiero señalar que he concurrido a la Contraloría General de la República para solicitar la nulidad del reglamento del Metro para el empleo de la tarjeta bip!, el cual establece que, si en dos años esta no es utilizada, ¡adivinen qué! ¡Se quedan con la plata! O sea, el Metro S.A. se queda con 1.200 millones de pesos al año. En lo personal también me ha pasado con mi tarjeta bip!, que dicen que ya no funciona porque no la he usado en cuatro, cinco meses.
Solo quiero hacer presente que con el uso de las tarjetas la ciudadanía se vio involucrada en una forma de transacción distinta. En los inicios era la sal, el oro, la plata, hasta que llegó el dinero plástico y revolucionó la industria financiera, generándole a la gente el desafío de aprender a manejar sus recursos a través de este medio de pago.
A mi juicio, es un incentivo al gasto y al endeudamiento. Está bien, se pensaba que era dinero más seguro, que a uno no le podían robar, pero está claro que no hay mayor seguridad; también existen riesgos y peligros de fraude. Además, las personas con tarjetas se endeudan, y se endeudan bastante. ¿Quién no conoce o tiene un familiar o un amigo que posea treinta tarjetas? Las sacan como un acordeón. ¡Treinta tarjetas! ¡Todas con cupo, todas con ofertas! Y ya pierden la cuenta de lo que pagan en intereses.
Yo solo espero que este proyecto realmente proteja a los usuarios. Las entidades financieras tienen la obligación, porque son más grandes, porque poseen mayores recursos, porque cuentan con muchos abogados, de brindar un buen servicio.
En especial, el plazo de treinta días contado desde que la persona ha sido notificada de una operación realizada con su tarjeta en el exterior me parece poco razonable. ¿Por qué? Porque el 4 por ciento de las transacciones totales está representada por compras con tarjetas realizadas en el extranjero. Pero, ojo, estas constituyen, además, ¡el 70 por ciento de los fraudes cometidos con estos medios de pago! Aquí está el Ministro, está la gente de Economía. O sea, estamos hablando de que el 70 por ciento de aquellos fraudes se cometen en transacciones internacionales que representan apenas el 4 por ciento de las transacciones totales.
He conocido casos en que la gente se ha dado cuenta del engaño un año después. Deja de usar su tarjeta internacional y solo cuando vuelve al extranjero constata que fue objeto de una exacción ilegal. No le avisó ni el banco, ni la tienda; solo se percata después de que vuelve. Si a mí me dicen que los afectados tendrán treinta días de plazo cuando se trate de transacciones internacionales siendo que estas constituyen el 70 por ciento de los fraudes que se cometen en Chile, creo que estamos frente a una condición que debería ser más relevante.
No sé si el plazo de treinta días, una vez que la entidad notifica, corre en todos los casos. ¿Qué pasa cuando no se efectúa la notificación o la persona -comillas- "notificada" no toma conocimiento?
El señor ELIZALDE.- El proyecto plantea en este momento un plazo de cinco días, y por eso proponemos rechazarlo.
El señor NAVARRO.- ¡Cinco días no es nada!
Yo siento que esto es igual al debate que tuvimos cuando vimos el robo a los cajeros automáticos. En ese momento la solución fue subir las penas de cinco a quince años. Yo voté en contra en tal oportunidad, y el argumento que di tiene la misma lógica de lo que ahora estoy planteando. Cuando los delincuentes realizaban un "alunizaje", ni uno de ellos (ni el que iba al volante, ni el que estaba abajo) pensaba "me pueden tirar cinco o quince años de cárcel". ¡No, para nada! ¿Cuándo paran los robos a los cajeros automáticos? Cuando los bancos invierten en tecnología, cuando se manchan los billetes, cuando se ponen barreras que impiden el "alunizaje"; no paran porque la ley haya aumentado a quince años las penas, sino porque los bancos invirtieron en más tecnología y en mayor protección para sus cajeros automáticos.
En este caso particular -no he leído la totalidad del informe, pero está el Ministro de Economía-, ¿cuánto invierten los bancos en seguridad para proteger el buen uso de las tarjetas?
En tal sentido, la última vez que conocí una estafa de este tipo, me quedó la duda de si las entidades financieras revelan el monto total real del fraude, o si lo minimizan para no ahuyentar a los clientes.
Por lo tanto, creo que los plazos tienen que ser revisados.
Al respecto, quiero preguntar a los miembros de la Comisión, como estamos en segunda discusión, si efectivamente existe la posibilidad de ir a una Comisión Mixta, o si la aprobación dejará firmes los plazos ya establecidos. Si eso es así, voy a votar en contra para provocar la Comisión Mixta.
¿Eso es así, señor Presidente?
No sé si alguno de los miembros de la Comisión de Economía me pudiera informar. ¡No hay ninguno en la Sala en este momento!
Me dicen que la Comisión está pidiendo el rechazo precisamente para mejorar los plazos y establecer una tipología que permita dar mayor protección a los usuarios. ¡Bienvenido!
Además, quiero señalar lo siguiente.
No todos los que usan tarjetas son expertos en computación, son expertos en internet. Las tarjetas las usan todo tipo de usuarios. ¿Me explico o no? No son agentes financieros. No son chicos de Chicago que están en la banca o haciendo transacciones financieras; es gente que utiliza su tarjeta para sacar plata y que no se da cuenta cuando le cometen una estafa.
Los bancos tienen que invertir en información -¡información pública!- y no solo mandar antecedentes de manera directa. Deben realizar campañas para culturizar y educar pedagógicamente a los usuarios. Si ello no ocurre, mucha gente no reclamará, porque no sabrá cómo hacerlo, porque nunca se dará cuenta de que le sacaron el dinero de su cuenta.
Por lo tanto, llamo a la Comisión a hacer una ley que proteja de verdad los intereses de los usuarios, pero que también les brinde las condiciones para hacer efectivos sus derechos. Se trata de establecer no solo el derecho a reclamo, sino también los plazos suficientes, la metodología apropiada, para hacerlo efectivo.
Señor Presidente, cada vez más se le deposita el sueldo a la gente -no sé si también a los funcionarios del Senado- en sus tarjetas. Y los bancos después cobran por las transacciones que se efectúan a través de ellas. Cada giro lleva un cobro asociado. Es un mecanismo que les facilita la vida a los empleadores, pero que les implica un mayor costo a los trabajadores que usan tarjeta. Es un tema aparte, pero que vale la pena plantear, porque te meten al sistema, quiéraslo o no.
Por último, señor Presidente, cuando años atrás discutimos este mismo problema, se visualizaba una cierta resistencia de las entidades bancarias a emplear mecanismos de seguridad. Lo reitero. No figura en el informe y, por tanto, no sabemos cuáles son los resguardos que se están tomando para que situaciones como las contempladas en el proyecto no ocurran. Ha habido un aumento de las clonaciones que algunos ligan con la llegada de nuevas técnicas utilizadas en los cajeros, y yo exijo que eso se aclare y haya plazos razonables, pues, mientras tal cosa no ocurra, lo sensato es votar en contra para poder cambiar aquello.
Lo complicado y que cuesta mucho, señor Presidente -usted lo sabe- es explicar que cuando uno vota en contra de un proyecto que pretende proteger a los consumidores no significa que no quiera defender a los usuarios de los malos. Por eso, pienso que solidariamente tenemos que decir que lo vamos a rechazar porque queremos que se convierta en un mejor instrumento para combatir a los malos.
El señor ELIZALDE.- ¡Al revés!
El señor NAVARRO.- A ver.
Entiendo que para rechazarlo hay que votar en contra.
El señor ELIZALDE.- A favor del informe.
El señor NAVARRO.- ¡A favor del informe de la Comisión! ¡Muy bien!
O sea, peor aún: hay que rechazar votando a favor.
Por lo mismo, debemos tener mucho cuidado en cómo les explicamos esto no solo a los usuarios, sino también a la ciudadanía, porque al final terminamos rechazando votando a favor. ¡Simple! Lo que vamos a hacer es aprobar el informe para poder perfeccionar el proyecto y así dar mayores garantías de protección a los usuarios de tarjetas.
Voto, entonces, a favor, para que haya rechazo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Senador.
¡Creo que su voto quedó muy bien explicado...!
Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, es una señal de preocupación, efectivamente, la baja inversión en ciberseguridad que hoy día exhibe la banca de nuestro país. De hecho, una de las observaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional fue justamente la escasa inversión de Chile, particularmente de la banca, en materia de seguridad en las transacciones comerciales. Es un tema que ha desarrollado largamente el Senador Kenneth Pugh, miembro de nuestra bancada.
Dicho lo anterior, quiero señalar que estamos frente a una iniciativa que involucra hacernos cargo del aumento, exponencial en los últimos años, de fraudes, particularmente con tarjetas de crédito. De hecho, muchas son clonadas y cada cierto tiempo vemos cómo se filtran los datos y las claves de miles de ellas, lo cual da cuenta de la necesidad de resguardar adecuadamente la inversión en ciberseguridad y, en forma adicional, de hacernos cargo de las situaciones que se producen en este ámbito y que afectan, fundamentalmente, a los titulares de tarjetas de crédito.
En ese contexto, respaldamos la decisión adoptada por la Comisión de Economía en cuanto a provocar una Comisión Mixta que mejore las disposiciones del proyecto.
Hay dos temas.
Uno, puntualmente, dice relación con los plazos dentro de los cuales se podrá reclamar el fraude y, en definitiva, generar las responsabilidades pertinentes de la banca.
El otro, no debatido acá pero que fue parte de la discusión en la Cámara de Diputados, se refiere a la prohibición general de contar con seguros más allá de los plazos establecidos por el proyecto para efectuar las reclamaciones correspondientes. Creo que debiéramos abordarlo en la Comisión, pensando también en garantizar un mejoramiento del proyecto que garantice aún más la seguridad de los titulares de tarjetas de crédito.
En tal sentido, señor Presidente, por supuesto que procede aprobar el informe de la Comisión, que recomienda rechazar la actual redacción del proyecto para generar una Comisión Mixta que permita mejorar justamente la seguridad de los titulares de tarjetas de crédito, generando las responsabilidades pertinentes de la banca, y eventualmente discutir la posibilidad de que los usuarios contraten seguros más allá de los plazos establecidos por la ley, para contar con un sistema de resguardo en caso de que el fraude se produzca fuera de los tiempos estipulados.
Aunque estoy pareado, considero que el proyecto va en la dirección correcta y, ciertamente, la idea es aprobar el informe de la Comisión de Economía.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más oradores inscritos y el Ejecutivo me ha indicado que tampoco intervendrá. Sin embargo, el Senador señor Moreira me indica ahora que desea hacer uso de la palabra, la cual le concedo.


El señor MOREIRA.- Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todos los presentes en la Sala, incluido el señor Ministro, por acompañarnos hasta el final de esta sesión.
Hemos escuchado distintas opiniones sobre lo que significa este proyecto de ley, que limita las responsabilidades del usuario de tarjetas de crédito en caso de hurto, robo o extravío.
Cuando una persona normal celebra un contrato con un banco, institución financiera o incluso una tienda de retail, rara vez puede discutir los términos de esa contratación. Por eso se llaman "contratos de adhesión": las personas naturales solo pueden adherir a él sin modificar nada.
Por ello es tan importante este proyecto, que ahora revisa el Senado en su tercer trámite. Lamentablemente, en muchas ocasiones las instituciones financieras ofrecen productos sin hacerse cargo de las eventuales externalidades negativas que puedan generar.
Hoy, en especial, en que el pago con tarjetas se ha masificado, como lo han señalado todas las señoras y los señores Senadores, es necesario delimitar responsabilidades para que no se aplique la vieja "ley del embudo", en cuanto a que los bancos tengan la boca ancha, y los usuarios, la pequeña.
La ley N° 20.009 logró ser un primer esfuerzo exitoso, pero el rápido avance de las tecnologías nos obliga a estar siempre atentos para adecuar la legislación a las nuevas realidades.
Respecto del proyecto, en general, las modificaciones introducidas por la Cámara, tal como lo informó el Presidente de la Comisión, fueron un aporte y sirvieron para mejorar el contenido de lo aprobado por el Senado.
Ello, en primer lugar, al ampliar el rango a toda tarjeta de pago y no solo a las de crédito. En segundo lugar, al establecer las responsabilidades del emisor cuando se han registrado pagos una vez que se han notificado hurtos, robos o extravíos.
También cabe destacar la obligación de las instituciones de monitorear las operaciones en busca de movimientos sospechosos e informar oportunamente a sus clientes la capacidad de usar las facultades que otorga el Código Procesal Penal y los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.009.
Por cierto que quedan cosas por mejorar -¡hay muchas cosas por mejorar!-, que la Comisión Mixta va a revisar, como es el uso del concepto "expedición" o los plazos acotados para la denuncia o el plazo para que la institución haga devolución de los montos sustraídos.
Sin embargo, se debe destacar la capacidad que nuevamente han demostrado las ramas legislativas de este Congreso para revisar temas relevantes hoy día y en que los chilenos necesitan resguardos.
Creo que estaremos a la altura e iremos mejorando el proyecto en la Comisión Mixta, llegando a los acuerdos necesarios. Pero, en verdad, es un avance que hay que valorar.
Si pudiera votar hoy día, inmediatamente daría mi voto a favor. Pero como estoy pareado con el Senador Insulza, de la Región de Arica y Parinacota, no puedo hacerlo.
Por supuesto que esta es una buena iniciativa, un buen comienzo, que representa una preocupación por una materia muy relevante que antes no había sido tocada legislativamente. Pero hoy lo estamos haciendo, y lo importante es hacer las cosas.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ahora sí no hay más señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Economía (23 votos a favor y 2 pareos), y el proyecto pasa a Comisión Mixta.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Latorre, Montes, Navarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán y Moreira.