MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATERIA DE ACREDITACIÓN
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde poner en discusión general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el párrafo 5° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior y otras normas legales, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.385-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 8ª, en 9 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 23ª, en 5 de junio de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es introducir modificaciones a la Ley sobre Educación Superior en materia de acreditación, ampliando el plazo para el proceso de diseño y definición de criterios y estándares para el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior, una vez que hayan asumido los nuevos comisionados; permitir la apelación ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación, tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como de acreditación voluntaria, y regular la transitoriedad de los procesos de acreditación voluntaria de las carreras y programas de pregrado, así como de programas de posgrado y especialidades médicas y odontológicas, que ya se encontraban en proceso ante las agencias acreditadoras.
La Comisión de Educación y Cultura deja constancia de que se discutió el proyecto solo en general, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores García Ruminot, Latorre y Quintana.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 25 y 27 del primer informe de la Comisión de Educación y Cultura y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, se lo agradezco, pero imagino que es conveniente que antes haga uso de la palabra el Presidente de la Comisión de Educación para referirse a la iniciativa en general, si le parece. Y después intervendría yo, en primer lugar.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Usted estaba inscrito desde la semana regional...!
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tengo a bien informar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el párrafo 5° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior y otras normas legales.
El propósito general de esta iniciativa es introducir modificaciones a la Ley sobre Educación Superior en materia de acreditación, ampliando el plazo para el diseño y definición de criterios y estándares para el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior, una vez que hayan asumido los nuevos comisionados; permitir la apelación ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por esta Comisión, tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como de acreditación voluntaria, y regular la transitoriedad de los procesos de acreditación voluntaria de las carreras y programas de pregrado, así como de programas de posgrado y especialidades médicas y odontológicas, que ya se encontraban en proceso ante las agencias acreditadoras.
La Comisión de Educación y Cultura, previo a la discusión en general, recibió en audiencia a la Biblioteca del Congreso Nacional, que dio cuenta del proyecto y de su discusión en la Cámara de Diputados; también a la organización Vertebral Chile, al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, a la Red Universitaria G9, al Consorcio de Universidades del Estado y a la Comisión Nacional de Acreditación. Ello, junto con recibir a las autoridades del Ministerio de Educación.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
Los principales contenidos de la iniciativa los mencionaré a continuación.
El proyecto consta de un artículo único, con 8 numerales que introducen las siguientes modificaciones.
Primero, se establece el recurso de apelación al Consejo Nacional de Educación, respecto de las decisiones de acreditación de carreras y programas por la CNA.
Segundo, se modifican las disposiciones transitorias en el siguiente sentido.
Se sujeta la vigencia de las nuevas reglas que modifican el sistema de acreditación (en relación con autoevaluación, evaluación externa, estándares y criterios de evaluación, agencias acreditadoras, entre otras) al hecho de que los criterios y estándares de calidad se encuentren aprobados y publicados.
Se establece el carácter consultivo del Comité de Coordinación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Subsecretario de Educación Superior, Presidente de la CNA, Superintendente de Educación Superior y Presidente del CNED).
Se prorroga, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2020, la vigencia de la obligatoriedad de la acreditación institucional.
Se dispone que los nuevos criterios y estándares solo serán aplicables a los procesos de acreditación una vez transcurridos 24 meses desde su fecha de publicación. Para los anteriores, se aplicarían las reglas precedentes a estas modificaciones.
Se establece que la fecha de entrada en vigencia de la obligatoriedad de acreditar carreras y programas, 1 de enero de 2020, se aplicará respecto a las carreras conducentes a médico cirujano, cirujano dentista, incluyendo los programas de doctorado.
Se incorpora un nuevo artículo transitorio que contempla que los contratos con agencias acreditadoras de carreras y programas, que hayan sido informados por la CNA, continuarán con dicho proceso, poniendo como fecha límite el 31 de julio del 2019. Las decisiones de acreditación adoptadas se mantendrán vigentes por el plazo en que hayan sido establecidas; y, mientras duren estos procesos, la CNA mantendrá sus facultades de supervisión sobre las agencias acreditadoras.
El tema de la fecha límite del 31 de julio del 2019 es muy relevante para el despacho del proyecto, porque queda muy poco tiempo para cumplir ese plazo.
Por último, se agrega otro artículo transitorio que dispone que las decisiones de acreditación de la CNA y de las agencias acreditadoras, respecto de acreditación institucional, carreras o programas, serán apelables. Las decisiones de las agencias acreditadoras serán apelables ante la CNA, y las de la CNA ante el CNED.
Esto recibió un apoyo transversal, tratándose de una materia pedida también por los rectores, debido al tema del plazo, y por los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias a usted, Senador Juan Ignacio Latorre, Presidente de la Comisión de Educación.
Tiene la palabra, ahora sí, el Senador por la Región de Magallanes señor Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la ley N° 21.091 estableció relevantes cambios en la Educación Superior. Sin embargo, durante el proceso de su implementación, la que se ha desarrollado de acuerdo con los plazos dispuestos en la misma ley, se han detectado una serie de aspectos que no fueron objeto de regulación, sobre todo en lo que dice relación con el sistema de aseguramiento de la calidad, por lo que es necesario regular dichas materias para poder asegurar efectivamente la calidad de la educación que entregan las instituciones de educación superior.
Por otro lado, diversas universidades y centros de formación técnica, así como también expertos y los mismos encargados del sistema, han criticado el actual calendario de implementación de los cambios que corresponde introducir al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, especialmente por la excesiva brevedad de dicho calendario.
Por eso, el proyecto propone un nuevo plazo, del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2020, para que la Comisión de Acreditación elabore los reglamentos que establecerán los criterios y estándares para la acreditación de las instituciones de educación superior, de manera de otorgar un mayor plazo para su elaboración y aprobación.
Además, se contempla que los criterios y estándares entrarán en vigencia 24 meses después de ser aprobados por la Comisión Nacional de Acreditación.
De esta forma, se asegura que las instituciones de educación superior dispondrán de un período de tiempo razonable para la socialización y la adecuación de la mirada interna en relación con los nuevos criterios y estándares, antes de que les sean aplicados los próximos procesos de acreditación.
Sin duda que estos nuevos plazos permitirán a las instituciones de educación superior prepararse de mejor manera para enfrentar los nuevos estándares que les serán exigibles. Eso sí, queda la duda con respecto a las universidades públicas de regiones que con toda la reforma a la educación superior han quedado aún más perjudicadas, desde el punto de vista financiero.
Tal es el caso de la Universidad de Magallanes, la cual históricamente ha sido discriminada negativamente en la entrega de aportes basales por parte del Estado, cuestión que no ha sido mejorada con la nueva ley, sino que, por el contrario, la situación económica de dicha Universidad ha sido aún más desmedrada.
Por lo anterior, sería del todo procedente que el Estado pudiera diseñar un plan de acompañamiento financiero para las universidades regionales, como la de Magallanes, de manera que puedan adecuarse a las exigencias de la nueva ley. De no ser así, lo más seguro es que a dichas universidades les será imposible cumplir con los nuevos estándares, perjudicándose con ello no solo a la propia Universidad, sino a toda la Región, en este caso a la de Magallanes (a la cual represento), que quedará en una segunda línea desde el punto de vista de sus capacidades científicas e intelectuales, lo que, sin duda, significará un grave daño para las posibilidades de desarrollo en todos sus aspectos.
Este tema, señor Presidente, lo he venido planteando desde hace ya dos a tres años, particularmente durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. De hecho, existe un compromiso del anterior Ministro de Educación respecto a entregar este incremento. Y, bueno, obviamente, eso no se ha cumplido. Por lo tanto, lo vamos a pedir en esta oportunidad y lo volveremos a proponer en la discusión de la próxima iniciativa de Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra, a continuación, a la Senadora Ena von Baer.
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a la solicitud de Su Señoría?
Aprobado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, tal como lo planteó el titular de la Comisión de Educación, este proyecto busca adecuar distintos plazos en torno a la ley que estableció el nuevo sistema de acreditación de las universidades.
Actualmente, la normativa indica que los criterios y estándares de acreditación elaborados por la Comisión Nacional de Acreditación, que corresponden básicamente al nuevo sistema de acreditación que va a regir a las instituciones, debieran operar a partir del 1 de enero de 2020.
El problema que se presenta, si estos criterios y estándares empiezan a regir en esa fecha, es que hasta ahora todavía no han sido publicados, porque, según la ley, deben estar completamente aprobados durante este año, el 2019. La problemática se genera porque el proceso de acreditación empieza con un informe de autoevaluación de las instituciones, y sucede que estas tienen que comenzar a trabajar en esa autoevaluación entre 12 y 24 meses antes.
Por lo tanto, si no se entregan los criterios y estándares por parte de la CNA con anterioridad al inicio del proceso de autoevaluación, difícilmente se va a poder llevar a cabo de buena manera. Entonces, no es posible realizar dicho proceso de acuerdo a los plazos actualmente establecidos en la ley.
De ahí que, en el fondo, se consagra que los nuevos criterios y estándares se van a publicar más tarde, y, además, se desfasa la exigibilidad a 24 meses desde su publicación. Esto permitirá, entonces, que las instituciones de educación superior tengan la oportunidad de conocer e incorporar los nuevos criterios y estándares antes de someterse a este nuevo proceso de acreditación.
A su vez, se permite que la Comisión Nacional de Acreditación disponga de un tiempo suficiente, que ha sido pedido por la propia Comisión, para poder elaborar y concordar las nuevas pautas de evaluación, así como para capacitar a los pares evaluadores.
Esto, señor Presidente, ha sido pedido no solamente por la Comisión Nacional de Acreditación, sino también, insistentemente, por las propias instituciones de educación superior tanto públicas como privadas.
Deseo aclarar -para que no se genere acá una duda- que esta modificación de la ley no significa aplazar la acreditación institucional, ya que esos plazos quedan establecidos exactamente tal como están en la legislación actual.
Por otra parte, se incorpora la posibilidad de apelar ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación tomada por la Comisión Nacional de Acreditación tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como de los de acreditación voluntaria a partir del 1 de enero de 2025.
Asimismo, se regula la transitoriedad de los procesos de acreditación de doctorados, buscando garantizar la adecuada implementación del nuevo Sistema de Acreditación y otorgar la necesaria certeza jurídica.
También se establece -tal como se indicó- que aquellos procesos que ya se hubiesen iniciado con las agencias acreditadoras van a poder continuar hasta su término. Ello no significa volver al sistema anterior, sino simplemente que a las agencias les sea factible finalizar los procesos que ya comenzaron y que fueron informados por ellas a la Comisión Nacional de Acreditación.
En tal sentido, señor Presidente, este es un proyecto más bien adecuatorio de algunas materias respecto de las cuales en la práctica se ha visto que no alcanzarán los tiempos para terminarlas.
De otro lado, se plantean algunos cambios menores para el mejor funcionamiento de la ley pertinente.
Por ello, esta iniciativa viene a la Sala con una aprobación unánime de la Comisión de Educación.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el proyecto que estamos votando esta tarde representa lo que ya es una característica de esta Administración, y, en particular, en el ámbito de la educación: el retraso, la desidia, el abandono.
En efecto, esta iniciativa sería innecesaria si el Gobierno y sus autoridades hicieran su trabajo y no hubieran perdido más de un año en esta y en tantas otras cuestiones.
Por un lado, el Presidente habla de que la calidad es el sello central de su Gobierno en educación; sin embargo, en forma paralela a esta sesión se encuentra funcionando la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos respectiva, en donde hoy día vemos que las transferencias en materia de calidad de la educación no sobrepasan el 4 por ciento de los recursos que aprobó el Parlamento.
Quiero insistir en que la ley en proyecto se hace necesaria porque el Gobierno ha sido incapaz de hacer su trabajo en los tiempos y en la forma que se requieren y porque pasado el tiempo se ha instalado la idea mayoritaria en los actores del sistema de que existía la imposibilidad de implementar a tiempo los cambios tan debatidos y concordados en la nueva Ley de Educación Superior en lo relativo a los nuevos criterios y estándares de la acreditación.
En lo sustancial, este proyecto debiera venir a resolver ese problema autoprovocado y ser muy claro de manera de no abrir otras puertas que tiendan a relativizar o a debilitar la implementación de la acreditación tan indispensable para una educación de calidad y tan rechazada por aquellos que creen que el mercado por sí solo es capaz de regular todas las dimensiones de la vida.
Por lo mismo, desde que se dio cuenta de esta iniciativa en la Comisión de Educación he reiterado un conjunto de preguntas al Ejecutivo, el cual no ha sido capaz de responderlas, dejando dudas razonables respecto de sus efectos si es aprobada.
Quiero ser clara: la postergación de los plazos de implementación de los nuevos criterios y estándares a estas alturas es indispensable. Pero ello no puede significar relativizar, debilitar o aplazar la implementación obligatoria de la acreditación.
Así que quiero reiterar las dudas planteadas al Ministerio de Educación. Hay tres puntos vinculados directamente en la ley a los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional que es necesario resolver en esta iniciativa mediante indicación.
Primero, tiene que quedar claro que la obligatoriedad de la acreditación comienza el año 2020 y que eso no se posterga, aun cuando sea con los estándares antiguos. Aunque se demoren dos años los nuevos estándares, el hecho de implementar la obligatoriedad con estándares como los actuales es bueno para el sistema, y en ningún caso en él se debe dejar abierta la puerta.
Eso no queda despejado en esta iniciativa, señor Presidente.
Aquello lo consultamos desde el primer día en que comenzó este debate. Y el Ministerio ha sido incapaz de dar una respuesta a esas interrogantes.
Segundo, el proyecto en tramitación no precisa qué sucede con los niveles de acreditación. Solo se refiere a los estándares. Por lo tanto, hay que aclarar desde cuándo se aplican los nuevos niveles (básico, avanzado y de excelencia): si a partir del 2020 o del 2022, con los nuevos estándares.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las instituciones de educación superior que no pueden acceder a los tres años del nivel básico y califican para dos, que es lo que sucede con el modelo vigente? Si se aplica así nomás el nivel básico de tres años, existe riesgo de judicialización de las acreditaciones por la superposición eventual de normas.
Esto fue consultado, y el Ministerio no ha sido capaz de contestar.
Tercero, en la nueva ley el nivel básico lleva aparejadas restricciones a las autonomías (toda decisión importante debe ser autorizada por la CNA, como aumento de vacantes, nuevas carreras, etcétera). Ello también se debe aclarar, y se encuentra muy vinculado con el punto anterior.
Insisto, Presidente: estas preguntas fueron formuladas en la Comisión, y el Gobierno ha sido incapaz de darles respuesta.
Nos hubiera gustado que la Ministra respondiera tales inquietudes en esta Sala. Pero ya sabemos que ha preferido ir a ver el eclipse en vez de estar discutiendo los temas que son importantes para su Cartera.
Ahora bien, no está claro qué pasa con las instituciones de educación superior que no logren acreditarse desde el año 2020 y antes de que entren en vigencia los nuevos criterios y estándares.
Señor Presidente, son muchas las dudas que este proyecto de ley deja abiertas. Por lo tanto, a la espera de que el Ejecutivo las aclare seriamente, me abstengo en esta votación.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de un asunto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Moción
De los Honorables Senadores señores Letelier, Chahuán, García-Huidobro y Quinteros, por la que inician un proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley N° 20.867 (Boletín N° 12.743-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra a la Senadora Ximena Rincón.
¿Habría acuerdo de la Sala para que, después de que hable, Su Señoría me reemplace en la testera por algunos minutos?
Acordado.
Puede intervenir, señora Senadora.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, mi intervención va a ser bastante corta.
Estamos discutiendo en general este proyecto. Y me voy a sumar a la abstención señalada por la Senadora Yasna Provoste.
Considero fundamental que se aclaren todos aquellos puntos que se han debatido y que aún no encuentran respuesta por parte del Ejecutivo.
Eso es esencial, porque estamos hablando de una iniciativa que no es menor, ya que afecta a la educación superior de nuestro país. Y nosotros, como representantes de la ciudadanía, tenemos que ser capaces no solo de resolver esas dudas, sino además de legislar en el sentido correcto.
Yo llamo a la Ministra, al Ejecutivo a responder en detalle todas las inquietudes formuladas por la Senadora en su intervención y que son básicas para avanzar en una legislación positiva que ayude en el sentido planteado en este proyecto de ley.
Así que sumo mi abstención, en atención a lo expresado por la Senadora Provoste.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que estoy sorprendido con las últimas intervenciones, porque este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación. Y ello lo hicimos luego de escuchar a distintos actores que se refirieron a lo imperioso que es introducir las modificaciones que se están proponiendo. Todos los invitados que concurrieron a dicho órgano técnico manifestaron que estas normas son necesarias.
De otro lado, deseo relevar que la ley N° 21.091 fue publicada con fecha 29 de mayo del 2018, es decir, a poco más de dos meses de asumir sus responsabilidades el actual Gobierno.
Y las enmiendas a la referida normativa son fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación; por supuesto, tomando en cuenta las recomendaciones que formularon el Consejo de Rectores de Chile (CRUCh), el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), la agrupación Vertebral, que reúne a los representantes de los institutos profesionales y los centros de formación técnica acreditados, y también escuchando a otras instituciones de educación superior.
La labor de todos esos entes públicos y privados llevó a identificar los aspectos prácticos de mayor impacto que no fueron considerados al momento de aprobar el proyecto que dio origen a la ley N° 21.091, relacionados con la implementación del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Por lo tanto, señor Presidente, malamente se puede responsabilizar a las autoridades del actual Gobierno por las deficiencias o aspectos que falten en una legislación que en lo fundamental, en lo central se discutió y se aprobó durante la segunda Administración de la Presidenta Bachelet.
Por eso tengo que señalar con toda claridad que me parecen muy muy injustas las críticas que se hacen respecto de este proyecto, pues -como digo- se trata del trabajo de muchos organismos que cuando revisaron la ley N° 21.091 se dieron cuenta de que tenía esas deficiencias, y, por lo tanto, le pidieron al Ejecutivo que se introdujeran las modificaciones pertinentes al objeto de dar más plazo para poder llevar adelante el proceso de acreditación.
Cuanto más retrasamos esta iniciativa, por supuesto que le estamos causando más daño a la educación superior de nuestro país.
Por ello me voy a pronunciar a favor de este proyecto, tal como lo hará el resto de los Senadores de Renovación Nacional.
Reitero que esta es una normativa necesaria; que se trabajó con los actores relevantes de la educación superior, y que precisamos que se haga realidad.
Voto a favor.
--Pasa a presidir la sesión la Honorable señora Rincón, en calidad de Presidenta accidental.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, lamento profundamente la ausencia de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos. Está claro que ha priorizado acompañar al Presidente Piñera para ver el eclipse. No creo que esté dentro de sus funciones esenciales el ir a presenciar un eclipse junto al Primer Mandatario. Eso habla mal de la preocupación, de la dedicación que una Secretaria de Estado debe tener en el ejercicio de su cargo.
La Ministra ha anunciado que les va a descontar a los profesores los días que han estado en paro. Y los profesores han anunciado que van a pedir que a la Ministra se le descuente el día por ir a pasear y ver el eclipse.
Señor Presidente, considero que el Senado se merece el respeto de todos los Ministros, y que los Ministros se merecen el respeto del Senado.
Se dejó sin efecto una sesión especial por la ausencia de la Ministra. La habían solicitado todos los Comités de Oposición para escuchar a dicha Secretaria de Estado lo que tiene que decir sobre temas esenciales vinculados con el avance del proceso educativo. Ella no vino, y se suspendió malamente la sesión. Yo habría preferido que se realizara de todas maneras.
El señor SANDOVAL.- Fue una decisión de los Comités.
El señor NAVARRO.- No sé. Yo no estuve en la reunión de Comités. A mí se me informó que íbamos a tener una sesión especial.
El señor SANDOVAL.- La suspendieron los Comités.
El señor NAVARRO.- Si es así, lo lamento profundamente.
Señor Presidente, comparto los criterios planteados por las Senadoras Yasna Provoste y Ximena Rincón (Su Señoría ahora está presidiendo la sesión), en que se han tenido presentes algunos aspectos consignados en el informe pertinente, donde se señala que tampoco queda claro si la postergación de la fecha de publicación de criterios y estándares significa que se posterga también la entrada en vigencia de la llamada "evaluación integral y muestra intencionada de carreras y programas".
Habríamos querido que estuviera en la Sala, si no la Ministra, alguien de la Cartera de Educación para que aclarara estos temas, de tal manera de tener la certeza de que lo que estamos aprobando sí beneficia a las universidades.
Las universidades estaban de acuerdo con este proyecto. Creo que hay que hacerlo avanzar.
Sin embargo, por todo lo expuesto, me abstengo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- El Senador señor Lagos no se halla en la Sala.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 5 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Ossandón, Pugh, Quintana y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y los señores Guillier, Huenchumilla y Navarro.
No votaron, por estar pareados, los señores Allamand y Girardi.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Alguna sugerencia de los integrantes de la Comisión?
El señor GARCÍA.- Para 15 días más.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Podría ser el 15 o el 18 de julio.
El señor GARCÍA.- El lunes 15.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- ¿Les parece a Sus Señorías el lunes 15 del mes en curso, a las 12?
Acordado.