DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, una mujer chilena, casada con un ciudadano austriaco, quienes tuvieron un hijo en Italia y que viven en Viña del Mar, fue convencida por su marido de viajar de vacaciones a dicho país.
¡Ella no quería!
Esta mujer hoy día no solo está siendo víctima de violencia, de maltrato, sino que también, según relata su abogado en la presentación que se ha hecho -está llegando a nuestro conocimiento-, ha sido violada. Y ahora espera un hijo -tiene cuatro meses de embarazo-, producto de esa violación.
Por eso este proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es pertinente.
No cabe duda de que el flagelo de la violencia contra la mujer debe ser urgentemente atendido.
Chile, desde el año 1994, cuenta con leyes dictadas con el fin de atender este problema; pero, lamentablemente, la realidad nos señala que ninguna de estas normas resulta efectiva.
Los inconvenientes generados por esa falta de efectividad de la legislación dictada en protección de las mujeres víctimas de violencia, en especial, se han centrado, señor Presidente, en dos puntos:
1. En la falta de comprensión del carácter estructural, transversal y multidisciplinar de la violencia de género.
2. En la falta de compromiso financiero por parte del Estado para hacer frente a los recursos materiales y asistenciales requeridos en favor de las víctimas.
El proyecto de ley, que hoy discutimos en general, destina un total de 2.469 millones de pesos a esta temática:
-1.751 millones del Ministerio de Salud para la atención de poco más de 22 mil casos en atención primaria, en un país de más de 17 millones de habitantes.
-403 millones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para el acompañamiento de víctimas, ¡con un profesional por región!
-314 millones del Ministerio Público para la atención de seguimiento de víctimas mediante un contact center.
¡Ello es absolutamente insuficiente!
Señor Presidente, Chile no ha comprendido que la violencia de género es un fenómeno social de carácter estructural.
Medio en broma, medio en serio, la colega Senadora Yasna Provoste señalaba que hace un rato había dado cuenta de un informe y simplemente no se le había oído.
Ello refleja una forma de relación entre hombres y mujeres que forma parte de la cultura política tradicionalista patriarcal en torno a lo que es, cómo es y lo que se espera de un hombre, y lo que es, cómo es y lo que se espera de una mujer.
Esa comprensión política del hombre y la mujer ha estructurado el modo de relación entre hombres y mujeres en la sociedad, concibiendo a nuestro género como inferior y subordinado al masculino.
Luego de siglos instalados en esta concepción, DEBE COMPRENDERSE que no es el carácter violento o la falta de control de impulsos de ciertos hombres la que determina la existencia, normalización y perpetuación de la violencia contra la mujer en sus diferentes formas: física, psicológica, sexual, económica o simbólica.
Como sujetos apéndices de un hombre al que las mujeres le deben subordinación y obediencia, pero sin las cuales el hombre tampoco puede vivir pues ellas "le sirven de necesario e imprescindible complemento", se entiende que la violencia pueda instalarse tan férreamente en una relación.
Ambos seres se complementan en sus roles. Ninguno puede vivir separado del otro, pues no se conciben como seres autónomos iguales entre sí, sino como seres interdependientes en los que uno es el que manda y la otra, la que obedece; uno es el que provee y la otra, la que recibe.
Esa misma concepción minusvalorada de la mujer es la que permite que se ejerzan otras violencias sociales contra nosotras, no solo en las relaciones de pareja entre personas que no se entienden como seres iguales, sino también en materia laboral, política, de salud, obstétrica, etcétera, y que pasan casi como normales.
Por lo mismo, ¡los presupuestos que se asignan a este tema son exiguos!
Estas otras formas de violencia social las padecemos todas las mujeres, de cualquier edad, razón o condición, aunque no tengamos relaciones de pareja asimétricas que nos condenen, además, a una vida de violencia doméstica.
Dentro de esta última, las leyes contra la violencia de género, sin embargo, no se hacen cargo de esa violencia relacional, que es la que explica la existencia del llamado "maltrato habitual", que se constituye en la forma más grave de violencia, pues lleva a femicidios, seguidos de suicidios e, incluso, de asesinatos de hijos.
Señor Presidente, tal es la falta de comprensión de esta violencia "estructural asimétrica" que incluso nuestro delito de "maltrato habitual" exige a las víctimas que prueben que hubo varios actos de violencia y la proximidad de estos, en vez de que el juez ordene a peritos psicólogos la elaboración de una pericia acerca de la relación de desigualdad o igualdad que vive la pareja, peritos que deben estar claramente capacitado al efecto.
Los peritos especializados en la materia deben existir en gran número a lo largo del país para facilitar la proporción de pruebas en estos juicios, y deben ser gratuitos. Ello, porque otra prueba no es útil, ni hay.
Señor Presidente, al no poder configurar el delito, la causa se cierra; se acaban las medidas cautelares, y las mujeres muchas veces mueren.
Creo que la importancia de esta iniciativa radica en evitar aquello.
Sin embargo, en su texto no se aborda todo lo que se debiera en esta materia.
Quien me antecedió en el uso de la palabra, la Senadora Ena von Baer, ha relatado un sinnúmero de situaciones que requieren ser mejoradas, y deberemos hacerlo en la discusión en particular.
Este tipo de violencia, relacional y asimétrica, por lo demás, es la que, sí o sí, requiere la separación inmediata de la víctima y sus hijos del agresor. Pero ¿dónde se irán a vivir si en Chile no existen las casas de acogida suficientes para recibirlos, ni en todas las regiones, o nunca tienen espacio para esas mujeres y sus hijos?
Este Gobierno, así como los anteriores, no han comprometido presupuesto suficiente para resolver tal problema.
También esta violencia es la que requiere medidas fuertes de control de no acercamiento del hombre agresor a su víctima; más aún, cuando es la propia víctima la que, dada la interdependencia sicológica existente entre ambos, muchas veces no evita encuentros con él o, incluso, se autoculpabiliza por los castigos que recibe.
Sin embargo, los brazaletes electrónicos, como medida para hacer más efectiva la cautelar de no acercamiento del agresor a la víctima, NO SON aún una realidad. Ni este Gobierno ni los anteriores han presupuestado lo suficiente para su adquisición e implementación masiva.
Por tanto, señor Presidente, es urgente votar a favor en general este proyecto de ley, aunque nos queda mucho por hacer en la materia. Esta iniciativa representa, sin lugar a dudas, una oportunidad para mejorar, pero no como se presenta a la Sala. Habrá que introducirle mejorías en la discusión particular para que resulte efectivo y eficaz.
Las mujeres ya sabemos que la violencia se ejerce en todos los espacios, públicos y privados; sabemos de todas las formas que asume y cuáles son sus costos, y también sabemos cuáles son los deberes del Estado. Todo eso ya lo consagra la Convención de Belém do Pará, obligatoria en Chile.
Lo que necesitamos, entonces, son medidas correctas y efectivas.
Lo que necesitamos son serios compromisos financieros.
Esperamos que se concreten en la discusión en particular de este proyecto.
He dicho.