ESTATUTO LABORAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como ha dicho la Presidenta de la Comisión de Trabajo, el proyecto que estamos votando hoy es muy distinto al presentado por el Ejecutivo y también contiene cambios importantes respecto del que despachó la Cámara de Diputados.
La precarización del empleo y el eventual abuso de la fuerza laboral de los jóvenes generaron legítimas aprensiones en el movimiento sindical y estudiantil.
La iniciativa se planteó, además, en un marco en que la sociedad chilena ha expresado crecientes niveles de desconfianza hacia todas las instituciones. Y los empresarios no escapan a esta realidad.
Los abusos en contra de los trabajadores no son una situación excepcional. Por ello se hacía necesario resguardar, con total claridad, todos y cada uno de los derechos de los estudiantes trabajadores. Y eso es lo que hace el actual proyecto.
El proyecto original creaba un estatuto especial; no respetaba cabalmente los fueros, ni siquiera el maternal; era imposible de fiscalizar, porque la calidad de estudiante podía acreditarse hasta en un plazo de seis meses; los turnos eran informados semana a semana, dificultando la compatibilización con los estudios; la jornada diaria superaba el máximo legal y rebajaba el pago de horas extraordinarias; introducía la jornada discontinua, que implicaba estar a disposición del empleador sin que ese tiempo fuera imputable a la jornada; no existía seguro de cesantía, en fin.
Era un proyecto que claramente precarizaba el trabajo formal.
Todo esto no está en el proyecto que votamos hoy.
Ahora se trata de una jornada parcial alternativa a la que podrán acceder todos los estudiantes de educación superior de 18 a 24 años -y no a 28 como indicaba el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados- que sean alumnos regulares o se encuentren en proceso de titulación, condición que deberá ser acreditada al momento de celebrar el contrato.
Para estos fines, las instituciones de educación estarán obligadas a entregar la certificación de manera gratuita y en un plazo no superior a los tres días después de solicitada.
Los estudiantes trabajadores tendrán derecho a pago de cotizaciones y de indemnización, según corresponda, y al derecho a seguro de accidentes, incluido el accidente de trayecto entre el recinto educacional y el trabajo, entre otras garantías.
La jornada será continua.
La jornada total no podrá extenderse más allá de doce horas diarias, de las cuales las horas efectivamente trabajadas no podrán ser superiores a diez.
El estudiante tendrá derecho a un permiso sin goce de remuneraciones con ocasión de la rendición de exámenes. Se faculta a mantener, suspender o modificar el contrato en el período de vacaciones académicas.
Especialmente importante es señalar que las remuneraciones que el estudiante trabajador perciba no se considerarán como renta para efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo social para el acceso al Fondo Solidario, crédito fiscal universitario, crédito con garantía del Estado o financiamiento de acceso gratuito a las instituciones de educación superior, ni para cualquier otro sistema de crédito fiscal, becas o beneficio.
En definitiva, se trata de un nuevo proyecto.
Probablemente, algunos mantendrán sus aprensiones. ¡Es evidente que hay razones para desconfiar! Pero no podemos obviar que la tasa de desempleo juvenil en Chile es superior al 20 por ciento, más del doble del promedio nacional y siete puntos más alta que la del desempleo juvenil a nivel mundial.
Entre aquellos jóvenes que trabajan, más de un tercio lo hace en condiciones informales y de precariedad, sin contrato, sin previsión, sin un salario fijo y sin las más mínimas condiciones de seguridad social.
Con este proyecto, modificado sustancialmente desde el inicio de su discusión, esperamos poner fin a la situación de informalidad laboral que vive buena parte de los estudiantes de educación superior que buscan incrementar sus ingresos por la vía del trabajo a tiempo parcial.
Por mucho tiempo, las empresas, de manera independiente a su tamaño, han asumido que contratar jóvenes, especialmente jóvenes estudiantes, es un acto caritativo que, de paso, les permite ahorrar en salarios, cotizaciones y demás gastos asociados a contrataciones formales.
Es momento de terminar con estas irregularidades.
Confío en que este proyecto avanza en ese sentido, no para generar una fuerza laboral barata que beneficie al mercado, sino a fin de abrir oportunidades para los estudiantes trabajadores que les permitan iniciar su recorrido por el mundo laboral con garantías, certezas y seguridades.
Eso es lo que se espera de un país que pretende ser desarrollado.
He dicho.