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CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la Comisión terminó de ver este proyecto ayer, a las 6 de la tarde, y, obviamente, hubo acuerdo para que fuera tratado hoy día por la Sala, a petición del Ejecutivo. Lamentablemente, no alcanzamos a preparar el informe. Esto se votó hace unos días.
Creo que hay unanimidad en la Comisión respecto a la necesidad y a la urgencia de legislar sobre este tema. De hecho, varios Senadores que no son parte de la Comisión nos acompañaron durante la tramitación del proyecto, durante la cual escuchamos a un sinnúmero de instituciones, organizaciones, académicos y al propio Ejecutivo.
Asimismo, se le pidió al Ministro que diera a conocer el marco completo de la institucionalidad en materia de infancia; porque, a juicio de varios de nosotros, era importante aprobar primero el proyecto de ley de garantías y, luego, entrar a las normativas específicas.
Sin perjuicio de aquello, y respetando la iniciativa del Ejecutivo en estas materias, se sometió este proyecto a consideración de la Comisión.
Cabe señalar que, claramente, en Chile, nuestros niños vulnerables han sido víctimas de un sistema de protección obsoleto. Como Estado y sociedad les hemos fallado. Y eso lo han dicho no solo instituciones nacionales, sino también organismos internacionales. El Estado los dejó en el olvido y el abandono.
Nuestros niños, niñas y adolescentes han cargado por décadas con la pesada mochila de la indiferencia y la vejación de sus derechos.
En Chile ha existido y persiste una cultura adultocéntrica, que considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos, que no toma en cuenta sus emociones, sentimientos y reales necesidades.
La Comisión discutió largamente esta materia en ese sentido, y hay unanimidad respecto a la importancia de poner en el centro de nuestros debates a los niños.
El Presidente ha dicho, de buena manera, a mi juicio, que los niños deben estar primero.
Ha existido y existe un sistema que se ocupa más de las estadísticas que de los mismos menores.
Esta invisibilización de los niños, las niñas y los adolescentes se ha visto agravada por la tolerancia y el amparo que el sistema ha prestado a una serie de prácticas abusivas en contextos residenciales, que han derivado en muertes, abusos y maltratos a nuestros niños y jóvenes. Hemos tolerado que su cuidado esté a cargo de personas que no cuentan con la preparación suficiente; hemos tolerado que vivan en recintos inseguros; que sean medicados para que simplemente "no molesten"; que sean sexualmente abusados; que no se atiendan sus enfermedades; que no se les entregue una alimentación adecuada, y que no tengan espacio para el juego, el esparcimiento, el deporte y la cultura.
No digo que en todos los casos esto sea así, porque, como en todas las cosas, claramente hay buenos ejemplos que destacar.
Lo anterior nos compele éticamente a poner al servicio de los menores una institucionalidad de protección robusta, bien estructurada, que tenga como centro a los niños y que busque que prime su vida en familia y comunidad, antes que su encierro; que no solo se preocupe de exhibir estadísticas y números, sino que se ocupe de su bienestar y desarrollo en concreto y como personas singulares; que escuche sus opiniones, las de sus familias; que no insista en castigar la pobreza; que no separe a los niños de los padres simplemente porque sus carencias les impiden entregar un cuidado adecuado.
Si bien vamos a aprobar la idea de legislar (creo que en eso habrá unanimidad en la Sala), existen una serie de elementos que tendremos que redefinir en la discusión en particular.
El proyecto no define claramente la protección que les corresponderá realizar a la Administración y al Poder Judicial. Así, seguirán existiendo muchos más casos, como el de Yancarla Muñoz Díaz, fallecida a los 16 años, el 30 de junio del 2012, quien salió desde el sistema judicial al sistema de salud infinitas veces sin lograr la debida atención a sus afecciones, falleciendo finalmente por falta de aquella.
El proyecto de ley no define claramente los programas y equipos que estarán a cargo de nuestros niños en los espacios donde viven con sus familias. No sabemos en qué consiste y cómo operará en el territorio la prevención de las vulneraciones. ¿Seguiremos teniendo, entonces, internaciones innecesarias de niños a causa de falencias de salud o educación no graves, que pudieran corregirse con una ayuda oportuna a las familias?
El proyecto de ley no establece tampoco con precisión las tareas que se les encomendarán a los privados colaboradores, ni la forma en que su labor será fiscalizada.
No podemos aprobar una iniciativa que ponga la fiscalización del nuevo Servicio de Protección a la Niñez y sus colaboradores dentro del mismo servicio. Lo hemos conversado en la Comisión y tenemos dudas respecto de aquello. Entendemos que el Ejecutivo está abierto a que revisemos aquellas materias en la discusión en particular.
Lissette Villa, de 11 años, fallecida en el Cread Galvarino, de Estación Central, en abril del 2016, después de que dos educadoras de trato directo la asfixiaran con supuestas maniobras de contención, no puede haber muerto en vano.
Creo, señor Presidente, que son cosas que obviamente tendremos que definir en la discusión en particular.
El proyecto de ley que hoy se presenta establece los siguientes puntos que merecen atención especial, y solo los voy a enumerar:
1. La Facultad exclusiva de la judicatura para determinar la separación del niño o la niña de su familia.
2. La excepcionalidad de la medida de internación de niños y niñas de 0 a 3 años de edad.
3. La mantención dela posibilidad de que las medidas de protección puedan ser ejecutadas por privados, no obstante que, de acuerdo a las observaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño, que el informe de la Corte Suprema recoge, corresponde al Estado la implementación y ejecución de las políticas públicas y sociales en materia de niñez.
4. El proyecto de ley contempla un sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo respecto de las prestaciones y el seguimiento de los niños atendidos por el servicio. La informatización y la interconexión, sin embargo, deben extenderse a los datos y medidas de protección que dicten los tribunales de justicia a favor de los niños, niñas y adolescentes.
Señor Presidente, si bien entendemos que aquí hay un ánimo legítimo de preocupación y de querer cambiar las cosas y vamos a respaldar la idea de legislar, creemos que en la discusión en particular debemos ahondar en este y otros puntos para crear una institucionalidad robusta de verdad, que se haga cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que es nuestro deber de protección como Estado.
Por ello, respaldamos esta iniciativa, y la votaremos a favor.