PROHIBICIÓN DE INFORMAR SOBRE DEUDAS CONTRAÍDAS PARA FINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.415-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana):
En primer trámite: sesión 94ª, en 5 de marzo de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 8ª, en 9 de abril de 2019.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es establecer la prohibición de que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
La Comisión de Educación y Cultura deja constancia de que acordó discutirlo solo en general, no obstante ser de artículo único.
En definitiva, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Provoste y señores García y Latorre.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 23 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En atención a que se autorizó el funcionamiento de una Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, voy a proceder a abrir la votación inmediatamente para los efectos de asegurar el quorum.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tengo a bien informar el proyecto que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
El proyecto consta de un artículo único que incorpora en el artículo 17 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, una prohibición para informar las deudas contraídas con instituciones de educación superior, bancos o instituciones financieras y, en general, cualquier deuda adquirida con la finalidad de financiar servicios educacionales en cualquiera de sus niveles.
Asimismo, cuenta con un artículo transitorio que dispone que esta ley entrará en vigencia a partir de los 180 días posteriores a su publicación y establece la obligatoriedad de eliminar, por parte de los responsables de los registros o bancos de datos personales, la información relativa a las deudas antes señaladas.
Este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y cuenta con un primer informe de la Comisión de Educación y Cultura, la que lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadora Yasna Provoste, Senador José García y quien les habla.
Gracias, señor Presidente.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- El Senador señor Montes me ha pedido recabar la autorización para que pueda funcionar simultáneamente con la Sala la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Me dicen que está presente la señora Ministra de Educación y su equipo.
¿Habría acuerdo?
El señor MONTES.- Sí.
La señora VON BAER.- No.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Continuamos con la votación, entonces.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, nos alegramos muchísimo de que se ponga en votación en general un proyecto del que hemos sido autores, junto con los Senadores Montes, Quintana y Latorre, porque nos asiste la plena convicción de que la educación es un derecho y no una industria ni un bien de consumo.
Con esa profunda creencia, hemos presentado este proyecto de ley, que prohíbe el registro en el sistema de deudas comerciales morosas o impagas, conocido como "Dicom", de cualquier deuda contraída para estudiar en los diversos niveles educacionales, y que obliga a borrar las deudas actuales de dicho registro.
Cabe señalar que más de 180 mil personas se encuentran en Dicom por deudas educativas, las que, de ser aprobada la iniciativa, se verán directamente beneficiadas.
¿Cuál es la situación actual?
Todas las deudas morosas o impagas en el sistema bancario o comercial (incluidos los pagarés, las letras y otros) son publicadas en el boletín de deudas comerciales en el sistema privado de información, lo que se conoce popularmente como "Dicom". Este registro impide a las personas contraer nuevas deudas, les dificulta acceder a fuentes laborales y les genera una sombra permanente sobre su actuar.
La ley actual contempla, como excepción, que no se registren las deudas de servicios básicos (agua, luz, gas); además de las deudas de Indap. Es decir, el Parlamento ha reflexionado, ha tomado decisiones y ha establecido que las deudas por elementos fundamentales, como derechos esenciales (el acceso a la luz, al agua potable, al gas), y, en el caso de los pequeños productores, por el Indap, no sean registradas en el boletín respectivo.
¿Qué hace este proyecto?
Incluimos, como excepción en la ley, todas las deudas contraídas en el sistema de créditos universitarios estatales; todas las deudas de créditos estudiantiles otorgadas por las casas de estudio; letras y pagarés de centros de estudio; cualquier otra deuda contraída en los diversos establecimientos educacionales, y cualquier deuda adquirida para ejercer el derecho a la educación en los distintos niveles educacionales: preescolar, básico, medio o superior.
Señor Presidente, estamos hablando de un derecho social y no de deudas de consumo.
Este es un proyecto breve, acotado, simple, pero de profundas convicciones. Señala con claridad un rumbo y una mirada de la sociedad, de aquellos que creemos que el mercado no puede ser el ente abstracto que regule las relaciones humanas en todas sus dimensiones.
Por lo tanto, desde nuestra posición propositiva, dialogante, pero, al mismo tiempo, vigilante, hemos considerado presentar esta iniciativa, para la que solicitamos el apoyo de la Sala.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, muy simple. Yo estoy a favor de esta iniciativa, presentada por los Senadores que forman parte de la Comisión de Educación y Cultura, junto al Senador Montes, porque, conceptualmente, en Chile debemos recuperar el sentido de que la educación es un derecho, no un bien de consumo.
Ha habido una tendencia a que las familias, dada la expansión de la cobertura de la enseñanza media -esto es positivo-, logren que sus hijos accedan a la educación superior. Pero, lamentablemente, el costo de esta última se ha ido a las nubes. Y, por tanto, las familias se han terminado endeudando de manera significativa y arrastran esta deuda, lo cual afecta la calidad de vida de los padres y de los propios estudiantes, una vez que estos pueden ejercer sus respectivas profesiones.
Por consiguiente, este proyecto viene a establecer un resguardo adecuado, para efectos de que no se informen dichas deudas y, por tanto, estas no tengan un peso respecto de la capacidad crediticia de esas familias, con el fin de que estas puedan adquirir una vivienda u otro bien. De esa forma, se impide que pierdan el acceso al crédito, con lo que eso significa, obviamente, en la calidad de vida de las familias.
Pero el tema de fondo -y es necesario abordarlo- tiene que ver con cómo seguimos avanzando en la cobertura de la gratuidad y con cómo garantizamos, ya de manera definitiva, que la educación sea un derecho.
Eso, obviamente, no lo resuelve este proyecto, que es simple y que valoro -me parece muy importante-, pues forma parte de una reflexión más de fondo sobre la base de las políticas públicas que se impulsaron en el Gobierno pasado y que, lamentablemente, no han tenido la misma intensidad durante el actual Gobierno.
Voy a votar a favor, pero -insisto- es necesario abordar el tema de fondo, a fin de seguir profundizando los aspectos centrales de una reforma educacional que garantice la educación como un derecho, de manera que todos los niños, las niñas, los jóvenes talentosos y esforzados puedan efectivamente acceder a los niveles de la educación superior.
Gracias, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estamos votando en general el proyecto que tiene como objetivo que no se informen en el boletín comercial las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
Como se trata de la idea de legislar -y tal como lo hice en la Comisión de Educación-, votaré a favor de esta iniciativa, porque tiendo a estar de acuerdo en que no se informen en el boletín comercial las deudas contraídas por el Crédito Solidario, por los créditos con aval del Estado, por los créditos obtenidos a través de la Corfo para el financiamiento de los estudios. Porque todos son estudiantes cuyas familias han pasado por un proceso de selección donde se ha tenido que acreditar su condición socioeconómica. Son estudiantes y familias que efectivamente pertenecen a grupos de mayor vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. Y cuando ellos tienen una dificultad, cuando no han podido pagar su crédito, creo que se deben otorgar más posibilidades, nuevas renegociaciones, más facilidades, de tal manera que ellos puedan cumplir.
Muchas veces el hecho de que esas morosidades se informen en el boletín significa que no tienen acceso al trabajo, que se les viene encima otro tipo de dificultades económicas y financieras, y en lugar de ayudar a que se pague, finalmente terminamos alejando esa posibilidad.
Señor Presidente, hasta ahí estoy de acuerdo. Y, por eso, voto a favor de la idea de legislar. Sin embargo, el proyecto, en su artículo único, contempla una frase que dice: "ni cualquier deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.".
O sea, una deuda contraída por una familia en un colegio particular pagado no podría informarse. Yo sé que, en general, la práctica de los colegios es no informar. Pero también llega un momento en que una manera de presionar el pago, para lograr el financiamiento de los respectivos servicios, es informando.
En seguida, esta frase significaría que, por ejemplo, el no pago de estudios de posgrado tampoco podría informarse. Y yo creo que ninguno -o casi ninguno- de nosotros aquí, en la Sala, está de acuerdo en que las deudas por estudios de posgrado, que se contraen voluntariamente -uno decide estudiar un diplomado, un magíster, un doctorado-, no estén informadas en el boletín comercial.
Por eso, señor Presidente, reitero que voto a favor de la idea de legislar.
Creo que los efectos no deseados de este proyecto deberemos abordarlos en la discusión en particular en la Comisión de Educación y, una vez emitido el segundo informe, en la Sala.
Voto por la afirmativa.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, seré muy breve.
Primero, valoro el hecho de que se haya presentado esta iniciativa de ley, que recoge un anhelo muy sentido por organizaciones que vienen luchando contra el endeudamiento en educación superior. Deuda Educativa es uno de esos movimientos y agrupa a miles de familias y personas que se han visto endeudadas por estudiar, sobre todo en educación superior, con créditos que muchas veces presentan cláusulas abusivas e implican grandes mochilas financieras a largo plazo.
Eso quedó de manifiesto en la reciente Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el crédito con aval del Estado en educación superior. Una de las conclusiones fue que el Estado ha sido un actor muy relevante a la hora del endeudamiento de cientos de miles de familias. Por lo tanto, se requieren algunas medidas de reparación para ellas.
Los autores de la moción (la Senadora Provoste y los Senadores Quintana y Montes) pensamos que este proyecto, que es muy simple, va en la línea de la reparación, muy en lo simbólico, porque de alguna manera estar en Dicom o en algún boletín comercial en nuestra sociedad genera un estigma social y también limita a veces el acceso a servicios muy básicos.
Hay testimonios de personas que señalan que no se les permite incluso cambiar un plan de teléfono por el hecho de estar en Dicom.
¡Para qué decir lo que sucede con préstamos de otro tipo (créditos hipotecarios o de consumo) por el hecho de estar en Dicom!
Por estudiar la gente tiene dificultades en otro tipo de situaciones en la vida. En su propio desarrollo vital, una vez que ya son profesionales, trabajadores y se quieren independizar, ven coartadas muchas posibilidades.
Entonces, es un anhelo sacar del boletín comercial cualquier deuda por estudiar, lo que va en la línea de ir entendiendo la educación como un derecho social.
Este es un proyecto muy simple. Está en la discusión en general. Se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Educación y después se tendrán que presentar indicaciones.
Hago un llamado a la Sala para hacer una apuesta: votar a favor, para ir reparando este masivo endeudamiento, que, por un lado, dio acceso a la educación superior, pero, por otro, ha sido muy costoso también para el Estado.
Sabemos que año a año el Estado ha ido desembolsando cientos de miles de millones de pesos (más de 500 mil millones de pesos el último año) en transferencias directas a la banca. El crédito con aval del Estado ha sido un gran negocio para las instituciones bancarias, en contraste con una tremenda mochila para los estudiantes, para sus familias, además del estigma que significa estar en Dicom.
Por eso, voto a favor de esta iniciativa y llamo a la Sala a aprobarla. Entraremos después en su discusión en particular y, ciertamente, presentaremos indicaciones para mejorar su texto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero sumarme a lo que acaba de plantear el Senador Latorre, Presidente de la Comisión de Educación, y anunciar mi voto favorable, porque creo que nada puede ser más relevante en este momento que dar una señal.
Esta es que la educación no es un bien de consumo; no es para que sea transada en el mercado.
La educación no debe ser para que se discrimine y se generen todas las posibilidades abiertas solo a quien posee recursos y pueda pagar una educación privada, probablemente con mejor formación en algunos aspectos, no en todos. Ello, en contraste a lo que ocurre con nuestra educación pública, que tenemos que fortalecer.
Entonces, este proyecto intenta dar una señal: si la educación es un derecho y no un bien de consumo, no debemos tratarla como se usa en el mercado. Ahí se emplea el famoso "Dicom", tan conocido popularmente, que consiste en un registro de deudores morosos, cuya información evidentemente les dificulta la vida a las personas, porque quedan marcadas como tales para hacer cualquier trámite. Normalmente, en las casas comerciales, en los servicios telefónicos y de telecomunicaciones, en diversos rubros, lo primero que se hace es consultar si el potencial cliente está o no en Dicom.
Este país tiene -y lo sabemos- los aranceles universitarios más caros del mundo en proporción al per cápita. Por eso tenemos endeudados a nuestros estudiantes, a los jóvenes, quienes por años han venido luchando para poder llegar a la gratuidad, que ha costado tanto, que se inició en el Gobierno de Michelle Bachelet y que esperamos que siga avanzando progresivamente, porque la educación es un derecho.
No debemos aceptar que haya aranceles tan caros, que significan deudas de generaciones: de los padres, de los abuelos, incluso, y de los jóvenes que ingresan a la universidad.
En ese sentido, está pendiente el proyecto que mejora el CAE, que entiendo que posee muchas deficiencias.
Hay que buscar la solución para todos aquellos que han caído en el mencionado registro de deudores morosos.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio que votaré a favor.
Felicito a los autores de esta moción. Se dice que es un proyecto simple, pero apunta al corazón de algo muy valorado.
La educación, repito, es un derecho y no un bien que se transa en el mercado. No queremos que la gente sea tratada como cualquier cliente que es registrado a partir de una deuda impaga y no pueda acceder a ciertos servicios por estar en Dicom.
Señor Presidente, voto a favor y reitero mis felicitaciones a los autores de esta iniciativa.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, entendiendo perfectamente el sentido de lo que buscan los autores de este proyecto de ley, quiero hacer un pequeño contrapunto respecto del significado de la última frase de su artículo único.
La obligación de informar deudas en general está referida a las contraídas con el Indap, por ejemplo; es decir, con un organismo del Estado, y también a todas aquellas que se relacionan con servicios básicos (agua y luz), que se le deben a la empresa prestadora, a la concesionaria, y que tienen una manera de pagarse, de cobrarse, de reprogramarse (corte y reposición) en una ley específica, todo lo cual no está asociado al ámbito de educación.
Yo estoy de acuerdo en que, en términos generales, todas las deudas con aval del Estado, las cuales están establecidas en las leyes Nos 18.591, 19.287, 20.027, en fin, deben tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque son créditos especiales con un propósito especial, con una forma de cobranza especial, con cuotas especiales, con plazos especiales. En realidad, se justifica que no sean tratadas igual que cualquier otra deuda.
Pero, cuando llegamos a la frase final del artículo único, que dice: "ni cualquier deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles", ahí abrimos una puerta, más bien una compuerta, que ya es más difícil de justificar.
Uno siempre puede decir que, para financiar educación por esta vía, se deben tomar resguardos. ¿Por qué? Por lo que ya han dicho acá: "La educación no puede ser de mercado, no es un bien de consumo", y las demás frases más o menos habituales en este sentido.
Pero también hay que mirar lo que es el sistema financiero.
Hay que recordar que los bancos no prestan la plata propia, sino la de la gente que, a su vez, depositó en ellos. Por lo tanto, el banco debe velar por prestar bien el dinero de sus propios clientes. En ese sentido, desde el punto de vista del mercado financiero nacional, mientras más información exista, mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mejor la calidad de los préstamos y, por ende, idealmente minimizamos un riesgo crediticio en nuestro país.
¿Qué podría pasar con la frase señalada, señor Presidente? Que vamos a estar sacando de la información a un segmento de deuda que puede ser importante.
Hace pocos días veíamos que las empresas del retail, que siempre se habían negado a dar la información de las deudas que contraían los clientes con ellas, se abrieron a ese efecto, y ahora quieren compartir esa base de datos, por cuanto finalmente la transparencia hace que todos coloquen de mejor forma los distintos créditos que otorgan a los clientes.
Y aquí pasa exactamente lo mismo.
Las deudas con aval del Estado y toda esa de carácter genérico está bien que no se informen. Pero la deuda privada -¡privada!-, relacionada con decisiones de consumo de cada familia, como la relativa a educación privada, en Chile o en el extranjero, creo que no tiene la misma característica.
Por eso, señor Presidente, en este caso yo prefiero abstenerme. Considero que se debe hacer una modificación relevante al articulado que se propone.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 5 abstenciones) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 3 de junio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Castro, Coloma, Galilea y Prohens.