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MEDIDAS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, con informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.025-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Economía: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019.
Hacienda: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes:
-Ampliar y fortalecer el análisis de productividad de los proyectos de ley.
-Fomentar la productividad en la actividad de los órganos de la Administración del Estado en su actividad y en su relación con los particulares.
-Adaptar la actual regulación a los avances tecnológicos.
-Eliminar diversas trabas regulatorias existentes en ciertos sectores de la economía que impiden el aumento de productividad y el desarrollo de dichas actividades.
La Comisión de Economía discutió esta iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Galilea.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también discutió este proyecto solo en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe tener presente que los artículos 1, 5 y 8 permanentes y el artículo segundo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 23 votos favorables.
Asimismo, el artículo 12 es de quorum calificado, por lo que precisa 21 votos afirmativos para ser aprobado.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 38 a 47 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor GUERRERO (Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño).- Señor Presidente, Honorables Senadores y Honorables Senadoras, muy buenas tardes.
Me complace estar aquí esta tarde, en representación del Ministerio de Economía, para pedirle al Senado que tenga a bien aprobar en general este proyecto, que apunta a impulsar la productividad y el emprendimiento en nuestro país.
El Gobierno del Presidente Piñera ha querido trabajar intensamente estas materias.
En Chile, lamentablemente, la productividad ha registrado un retroceso: mientras que en los años 90 alcanzábamos tasas de crecimiento de más de 2 por ciento, a partir de 2010 apenas ha aumentado a un promedio de 0,3 por ciento. Esto, a pesar del esfuerzo desplegado por los distintos gobiernos anteriores, el cual valoramos y destacamos.
Sin embargo, todo eso pareciera no ser suficiente. Y, en consecuencia, hemos propuesto reforzar las acciones que se han emprendido en el pasado en esa dirección.
Por ello, el Ejecutivo ha planteado tramitar esta iniciativa con "suma" urgencia. En tal sentido, valoramos y agradecemos la reciente aprobación unánime en la Comisión de Hacienda a la idea de legislar respecto de este proyecto.
Esperamos y reafirmamos aquí nuestro compromiso de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ese consenso se replique en esta Sala y en los trámites que restan a esta iniciativa del Gobierno.
Con este proyecto se modifican diversos cuerpos normativos generales y sectoriales para incentivar la productividad; disminuir barreras de entrada al emprendimiento y la innovación; promover evaluaciones ex ante del impacto de las nuevas regulaciones; eliminar ineficiencias en el funcionamiento de ciertos órganos de la Administración del Estado; promover más transparencia, y lograr la tan necesaria coherencia regulatoria.
Estamos hablando de más de 20 iniciativas concretas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Algunas de ellas han sido recogidas del proyecto de ley sobre productividad presentado durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet; también del primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y de las propuestas de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional del Ministerio de Economía.
Ya mencionados los informes de productividad y coherencia regulatoria, agrego otras medidas que contempla esta iniciativa.
En primer lugar, están aquellas que apuntan a impulsar el emprendimiento.
En seguida, se hallan las que tienden a facilitar el registro y funcionamiento de empresa en un día, junto con impulsar medidas para el reemprendimiento.
Luego se suma la modernización de ChileCompra, lo que significará un beneficio directo para las pymes.
Por otra parte, dada la inminente llegada de la tecnología 5G, se requiere la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en empresas sanitarias.
Asimismo, se contempla flexibilizar la contratación de trabajadores extranjeros, etcétera.
Como pueden ver Sus Señorías, se trata de un conjunto misceláneo de medidas que -estamos confiados en ello- moverán la aguja en materia de productividad.
Señor Presidente, hemos recogido las observaciones que formularon distintos Senadores, en especial las referidas a medidas para reimpulsar el emprendimiento. El Ejecutivo está estudiando indicaciones al respecto, que esperamos ingresar una vez que se abra el período para ello.
También escuchamos las inquietudes respecto de los estudios clínicos, que esperamos haber aclarado, sin perjuicio de que estamos disponibles para seguir profundizando y avanzando en eso durante la tramitación de este proyecto.
Antes de concluir, cabe mencionar que por primera vez la productividad marcó un quiebre en la tendencia y creció un 1,3 por ciento en 2018.
Diversas estimaciones indican que si mantenemos y aceleramos el ritmo de la productividad, hacia el año 2025 el ingreso per cápita de Chile podría aumentar en 5 mil dólares.
Con ello estaremos cada vez más cerca de cumplir un anhelo compartido por todos y que nos ha encargado especialmente el Presidente Sebastián Piñera, que es convertir a Chile en el primer país de la región en alcanzar el desarrollo.
Finalmente, señores Senadores y señoras Senadoras, reitero el llamado del Gobierno a aprobar en general esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hay varios Senadores inscritos.
Me han pedido abrir la votación.
El señor LAGOS.- Sí, señor Presidente.
El señor MOREIRA.- Manteniendo los tiempos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
Acordado.
Asimismo, solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Insulza a partir de las 18.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.


El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no me cabe duda de que el Subsecretario de Economía ha expuesto en su intervención el ánimo, el interés, la prioridad y la voluntad del Gobierno en esta materia.
Sin embargo, es importante dilucidar lo que yo llamo "los peros".
Para que una solución sea efectiva, debe partir por un diagnóstico correcto.
El proyecto misceláneo que estamos votando se basa en el diagnóstico de que nuestra economía presenta cuellos de botella que impiden un mejor desempeño de los actores del mercado y de aquellos emprendedores que se aventuran en el mundo de los negocios.
La mayoría de las medidas debieran suscitar consenso. Por ejemplo: flexibilizar la exigencia de publicación en periódicos de circulación nacional, regional o local y remplazarla por medios electrónicos; modificar el mecanismo de designación de los directores de obras municipales, llamando a concurso público; facilitar el registro de empresas en un día, abriendo el abanico de posibilidades de lugares donde realizar la diligencia; permitir comunicación por medio electrónico en procedimientos regulados, como en el Consejo Nacional de Televisión.
En lo particular, señor Presidente, siempre he tenido aprensiones con respecto a los proyectos de ley misceláneos, en todo orden de cosas.
Entre las decisiones que pueden generar impactos positivos, por ejemplo -y acá tomo una cosa puntual-, en la Región de Los Lagos, a la cual represento, se halla la regulación de las caducidades en las concesiones acuícolas cuando se está ejecutando un plan de manejo aprobado por las autoridades, al objeto de evitar la operación forzosa de las concesiones para no perderlas, o bien, para "hacer soberanía", como se denomina en el sector a esta práctica, que puede ser muy contraproducente para los fines que la autoridad marítima busca al otorgar los períodos de descanso de las zonas donde ya hubo cosecha.
Otra medida que debiera ser aprobada sin mucha controversia es el aumento del porcentaje de extranjeros autorizados a contratar por empresas con más de 25 trabajadores, del actual 15 por ciento al 30 por ciento, y una norma especial excepcional para las labores de temporada que requieren aumento de personal.
Otras disposiciones, sin embargo, tendrían que revisarse con mucha profundidad -y es lo que le pido al Subsecretario-, y después de ser escuchados todos los actores relevantes.
Una de esas ideas es la modificación de la regulación de los estudios clínicos, aprobados no hace mucho cuando se discutió la Ley Ricarte Soto.
Otro punto delicado es la modificación que pretende que todo proyecto de ley que implique una carga regulatoria incluya un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria.
En verdad, esa exigencia, en su actual redacción, excluiría casi por defecto las mociones, por cuanto los parlamentarios carecemos de todos los órganos técnicos que sí tiene el Ejecutivo para llevar a cabo estas estimaciones. Por lo demás, se deja a un reglamento la determinación de aquellos proyectos que deban acompañar ese informe.
Señor Presidente, generalmente los gobiernos demoran muchísimo en redactar los reglamentos, y a veces estos no respetan el espíritu de la ley pertinente.
Los parlamentarios ya tenemos restricción para presentar proyectos que impliquen gasto fiscal, lo que me parece prudente. Pero lo que se está planteando representa un exceso.
Es de esperar que cuando esta materia se vea en la Comisión en los trámites sucesivos se revise con profundidad y se logre un mejor articulado. Aun así, esta iniciativa es una oportunidad para impulsar la productividad y retomar el crecimiento. No está de más recordar que la productividad ha tenido un crecimiento negativo en los últimos cinco años, y se requiere la adopción de medidas, las que el actual Gobierno ha estado tomando para darle mayor impulso a nuestra economía.
Señor Presidente, entiendo el objetivo de este proyecto, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Pero como se trata de una iniciativa de ley miscelánea, me preocupa -insisto en que se trata de un punto delicado- la modificación que pretende que todo proyecto de ley que implique una carga regulatoria incluya un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria, pues esta exigencia, en la actual redacción, estaría excluyendo casi por defecto las mociones, pues los parlamentarios carecemos de todos los órganos técnicos que sí tiene el Ejecutivo para llevar a cabo estas estimaciones.
Por lo tanto, con las pocas atribuciones que tenemos, aquello sería una forma de inhibirnos para presentar otros proyectos de ley.
Me voy a pronunciar a favor de la idea de legislar. En su momento formularemos algunas indicaciones, las que se debatirán en la Comisión y en la Sala.
Esas son mis aprensiones, señor Presidente. Y creo que sería bueno que el Subsecretario, ahora o en el órgano técnico respectivo, nos responda estas inquietudes.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Insulza, en calidad de Presidente accidental.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hay que reconocer que el Gobierno tiene habilidad para denominar sus iniciativas de ley. Normalmente tienen títulos rimbombantes; sin embargo, cuando se analizan en detalle, no pasan de ser unas cuantas medidas aisladas y de bajo impacto.
Algo de esto ocurre con el proyecto que estamos votando.
Se anuncia como una iniciativa para impulsar la productividad y el emprendimiento. Pero, en verdad, no es sino un modesto proyecto de carácter misceláneo, que abarca las más diversas medidas en distintos ámbitos, algunas de ellas con nulo o mínimo impacto en la productividad, o bien, estas no van acompañadas de los recursos para hacerlas practicables.
Por lo mismo, es muy difícil tener una opinión general acerca de esta iniciativa, y solo se puede emitir un juicio de cada uno de sus objetivos específicos.
El primero de ellos se refiere a ampliar y fortalecer el análisis de la productividad de los proyectos de ley, alcanzando a todos aquellos susceptibles de causar un impacto regulatorio por contener reglas que modifiquen los incentivos o el comportamiento económico de las personas o de las empresas.
Esto parece razonable. Es más, podrían agregarse también otros informes relativos a diversos factores susceptibles de ser evaluados, como el aspecto medioambiental.
Pero el informe financiero de este proyecto solo considera la contratación de tres profesionales grado 11 para asumir este trabajo adicional, lo que obviamente no alcanza para hacerse cargo de esta tarea.
Tampoco queda claro cómo se resolverá este tema en el caso de las mociones, quién hará los informes, con qué recursos.
Se agrega que los proyectos de ley deberán especificar las normas que queden derogadas.
En primer lugar, el proyecto no es consecuente con su propio objetivo, porque debería especificar que se derogan los artículos 52 y 53 del Código Civil, que definen la derogación expresa y tácita de la ley.
En segundo lugar, no obliga al legislador, porque es solo una ley y, por lo tanto, puede ser derogada por otra ley.
¿Pasará con la ley en proyecto lo mismo que sucede con la normativa que obliga a considerar el financiamiento cada vez que se asignan nuevas funciones a los municipios? Como es una simple ley, las nuevas normativas que establecen atribuciones no consideran los recursos, con lo que derogan, tácitamente, la ley que obliga a definir la fuente de financiamiento.
Es decir, se producirá la paradoja de que esta norma, que prohíbe la derogación tácita, quedará derogada tácitamente cada vez que no sea aplicada, lo que seguramente pasará a ser la regla general.
También hay normas que limitan la responsabilidad de los laboratorios respecto de pacientes que hayan participado en ensayos clínicos. Esta disposición me parece muy compleja y deberá ser revisada en la Comisión de Salud en todos sus alcances. No es aceptable que la productividad en la industria farmacéutica sea un bien superior a la protección de la salud de las personas.
Del mismo modo, considero complejo el artículo que modifica el sistema de designación de los directores de obras municipales, que no toma en cuenta las diversas realidades que existen entre los municipios.
Puedo estar de acuerdo con la concursabilidad, pero no estoy en condiciones de aprobar la participación de los Seremis de Vivienda en el proceso de designación. Ello vulnera abiertamente la autonomía constitucional de los municipios.
En otra materia, el proyecto también propone una norma para acelerar la tramitación de concesiones acuícolas, entendiéndose aprobadas las solicitudes cuando no se emita el pronunciamiento dentro del plazo.
Esto parece muy loable, pero a mi juicio no ataca el problema de fondo, que se produce por la falta de personal en las reparticiones respectivas.
Además, es muy mala la señal que estamos dando, pues se entiende que se puede prescindir de la opinión de los servicios públicos o que esta no es necesaria.
Creo que ello también deberemos revisarlo en la Comisión de Pesca.
A la vez, se plantean nuevas reglas respecto de las contrataciones que debe hacer el Congreso Nacional, las que, al menos, tendrían que ser revisadas por la Comisión de Régimen Interior en cuanto a sus consecuencias en la marcha de la Corporación.
En todo caso, me parece que el espacio para discutir sobre esta materia no es el de un proyecto sobre productividad de las actividades económicas.
Lo mismo opino acerca de la norma que amplía la contratación de extranjeros, la que debiera ser discutida en el marco del proyecto sobre migraciones. ¿O solo se busca favorecer la contratación de mano de obra barata con prescindencia de las otras variables que se ven afectadas por una medida de este tipo?
En definitiva, nadie podrá estar en desacuerdo con un proyecto que se proponga fomentar la productividad, pero me parece que las disposiciones de esta iniciativa, como ya he dicho, no se corresponden con su título.
Esto podría ser una anécdota, pero se ha transformado en una práctica reiterada por la actual Administración.
Lo grave es que se crean expectativas que luego no se cumplen, y se mina con ello, una vez más, la confianza de la ciudadanía.
Tampoco estoy de acuerdo con la práctica de enviar proyectos de ley misceláneos que versan sobre materias muy diferentes. En rigor, estos debieran ser analizados por cada una de las Comisiones especializadas. De no ser así, nos exponemos una vez más a las sorpresas y a los efectos no previstos en las leyes, todo lo contrario de la productividad que se busca promover.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
Las principales normas que permiten efectivamente este impulso a la productividad y al emprendimiento son las siguientes.
La que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local.
La modificación de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de la designación de los directores de obras municipales, que son eternos en sus cargos, para establecer mecanismos de concurso público. De esa manera, estos funcionarios durarán seis años en sus cargos, pues se han transformado en un cuello de botella para el emprendimiento y el desarrollo en las regiones.
La enmienda al Código del Trabajo a fin de que las empresas que desarrollan actividades por temporadas o estaciones puedan contratar más trabajadores extranjeros, al rebajarse de 85 a 70 por ciento el porcentaje de trabajadores chilenos.
Las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, especialmente en lo que se refiere a los decretos que establecen áreas de acuicultura, que muchas veces son eternas.
La introducción de diversas modificaciones en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, fundamentalmente acerca de las exigencias para las licitaciones públicas y en torno a la referencia a las licitaciones privadas.
En Chile existen alrededor de un millón 993 mil personas que son microemprendedores, formales o informales, de los cuales el 17 por ciento corresponde a empleadores y el 83 por ciento a trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con la Quinta Encuesta de Microemprendimiento, de 2017, realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Una de las principales barreras a la productividad se encuentra en la regulación. De acuerdo a la OCDE, Chile tiene la mayor complejidad de procesos regulatorios dentro de los países que conforman esa organización. Dada la alta complejidad regulatoria, Chile es la sexta nación de la OCDE con mayores barreras al emprendimiento.
Durante los primeros años de la década de los 90, la productividad fue más del 40 por ciento del crecimiento del producto interno bruto, siendo un factor relevante dentro del crecimiento anual del PIB, que alcanzó un promedio anual de 7,1 por ciento durante ese período.
Este impulso de la productividad sobre el PIB fue disminuyendo en el tiempo, al punto de que, de acuerdo con datos del Clapes de la Universidad Católica de Chile, la productividad ha tenido tasas negativas de crecimiento en los últimos cinco años.
La baja en la productividad ha provocado la pérdida de competitividad de las exportaciones chilenas en el mundo, limitando el acceso al país de nuevos productos y disminuyendo los incentivos para emprender.
Un reflejo de esta situación es la caída de once lugares en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum durante los últimos quince años, situándonos actualmente en el puesto 33 del mundo, lejos del lugar 22 exhibido en el año 2002.
En lo relativo a la ampliación del ámbito de elaboración de los informes de productividad y coherencia para todos los proyectos de ley que causen impacto regulatorio, es necesario señalar que esta medida será difícil, si es que no imposible, de llevar a la práctica en el caso de las mociones, pues los congresistas no cuentan actualmente con los equipos técnicos que sí poseen el Gobierno y el Presidente de la República. De este modo, se sugiere que se introduzcan mejoras al proyecto en este punto.
Un dato interesante que se debe traer a colación es que esta materia ha sido objeto de preocupación de la UDI desde hace muchos años. De hecho, en septiembre de 2015 un grupo de Diputados, liderados por Ernesto Silva, presentó una moción (correspondiente al boletín N° 10.292-07) cuyo objetivo apuntaba a que los mensajes, al momento de ser presentados, fueran acompañados por un pronunciamiento respecto de si afectan la competitividad o productividad; limitan o restringen de algún modo el emprendimiento; o bien, afectan el desarrollo de una industria o sector económico determinado.
Voto a favor, esperando formular en la discusión particular las indicaciones que permitan efectivamente alcanzar un proyecto que fomente la productividad, mejore el emprendimiento y, por sobre todas las cosas, genere calidad de vida, más y mejores empleos para Chile y, en especial, para mi región de Arica y Parinacota.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señor Presidente, no cabe duda de que elevar la productividad y crear condiciones para mejorarla son un objetivo común.
En cuanto a las razones por las cuales la productividad no ha crecido en los últimos cinco años -le diría al Senador Moreira-, habría que detenerse a analizarlas, porque no son simples. Pareciera que el tema de la ley minera es muy determinante en la caída de la productividad general. Además, si uno mira las estadísticas europeas y del resto de América, esto está ocurriendo en casi todos los países: las productividades no logran crecer sostenidamente.
Sin duda, que no aumente la productividad afecta la inversión, afecta el crecimiento.
Leía en estos días un estudio en que se señalaba que hoy lo que explicaba el impacto en la inversión y en el crecimiento, más que la productividad, era la formación bruta de capital. Se sostenía que eso determinaba el crecimiento más que la pura productividad, que dependía de un conjunto de otros factores. Se planteaba que en los países la ecuación era: formación bruta de capital, inversión, crecimiento.
No estoy convencido de que eso sea así. Lo menciono porque leí un estudio que me pareció bastante razonable.
Pero lo relativo a la productividad es un problema importante, como lo son la inversión y el crecimiento.
El Ministro de Economía me decía que sus dos antecesores, o sea, Luis Céspedes y Jorge Rodríguez, le habían sugerido que presentara un proyecto al comienzo del Gobierno porque estas iniciativas demoraban mucho en sacarse adelante, en que se alcanzaran los acuerdos, etcétera. Y eso es razonable, pues en la Administración anterior también se presentó una y no logró prosperar todo lo que se esperaba.
Voy a votar a favor porque claramente existe un conjunto de elementos del proyecto que son avances que permiten resolver problemas.
El Senador Quinteros se preguntaba si estos son los caminos principales para actuar, si generan un impacto efectivo sobre la productividad. En verdad, tengo dudas. No podría oponerme a varios de los temas que se plantean, pero no me queda tan claro que apunten a lo central. Y creo que es bueno preguntarse dónde están las cuestiones centrales.
En lo que se refiere a un punto específico, que me ha tocado tratar en muchos proyectos y desde hace bastante tiempo, como es el de las direcciones de obras municipales, considero que hay que reflexionar mucho respecto de la conclusión que propone la normativa en estudio, en el sentido de que la manera en que se designe al director va a cambiar la productividad en la construcción.
Primero, se debe tomar en cuenta que las comunas son muy diferentes. Hoy día se encuentran bastante concentrados los proyectos en ejecución. Entiendo que Ñuñoa tiene este año alrededor de 43 edificios en construcción; en otras comunas hay 23, 27. Pero no son más de veinte comunas las que reúnen el grueso de los proyectos en nuestro país.
¿Avanzar en esos proyectos tiene que ver con el director de obras o depende, a lo mejor, de la cantidad de profesionales, de los equipos, etcétera, para resolverlos de manera más oportuna y adecuada?
¿Qué hicimos antes? Porque no es la primera vez que se plantea este punto. En su momento creamos los revisores independientes y todo un sistema paralelo a la dirección de obras para enfrentar, por lo menos, todos los temas de la envolvente de la construcción y poder evaluar el conjunto de condiciones, dividiendo el rol de la dirección de obras y el del revisor independiente. En general, la gente que ha trabajado en esto considera que ha operado, ha permitido avanzar a otro ritmo, ha elevado las productividades, si ustedes lo quieren así.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, nosotros les planteábamos a los directores de obras por qué ellos no hacían otras propuestas, que señalaran dónde estaban los problemas principales.
En los debates desde hace mucho tiempo se sostiene que las direcciones de obras dedican demasiado tiempo a ver problemas como un galponcito, una pequeña ampliación, la construcción de una casa individual más que a los proyectos relacionados con el equipamiento público o con edificios. Por otra parte, los arquitectos deberían asumir plenamente la responsabilidad sobre los proyectos que firman y no que ella se traslade al dueño de la obra, de modo que si el arquitecto no cumple, debe ser sancionado, pues es ministro de fe para todos estos efectos. Con ello se libera al propietario y a la dirección de obras de la responsabilidad específica en el cumplimiento de la norma.
Eso quedó abierto. Los directores de obras tendrán que presentar distintas alternativas.
¿Qué habría que hacer en materia de productividad?
Se dice que en capacitación laboral tenemos un cuello de botella muy fuerte.
¡Por qué estamos trayendo trabajadores de Bulgaria para construir las plantas de energía solar!
¿Por qué no formamos gente acá rápido? Porque el modelo de capacitación existente no da para eso.
Entonces, ¿por qué el Gobierno no pide facultades para formar gente rápido?
¡Por qué debemos estar pensando en resolver todo el tema del modelo global!
Tenemos un cuello de botella ahí, y existen varias otras necesidades en el sistema productivo que requieren formar gente apropiada.
El sistema, tal como está diseñado, en que la demanda define la oferta y la demanda la define cada unidad de producción, no está funcionando.
Sé que hay un proyecto del Gobierno al respecto. Y les aseguro que va a demorar bastante tiempo en avanzar.
Esto ya lo hizo Evelyn Matthei cuando fue Ministra del Trabajo, con la formación de conductores de máquinas herramientas. Se formaron por el lado del canal establecido 2 mil conductores de máquinas herramientas y de camiones.
¿Por qué no vemos ahora cuáles son las necesidades que existen? Eso aumenta la productividad de otra manera.
Debemos ver con calma qué está pasando, por qué no se eleva la productividad, por qué en las comunas cuesta tomar decisiones.
En ese aspecto, no podemos seguir eludiendo el tema de la asociación público-privada.
¡No tenemos dispositivos para que los privados y el sector público se entiendan en determinados proyectos!
La organización de la COP25 es una expresión de eso, en que hay que buscar una figura lo más lateral posible porque no tenemos capacidad de crear dispositivos apropiados para que se asocien el sector público y el sector privado.
Si uno mira los modelos municipales exitosos en el mundo, todos poseen seis, siete, ocho alternativas de asociación: público-privada, público-público, en fin.
¡Y acá no las tenemos!
¿Por qué? Porque existe una rigidez en cuanto a sostener que el sector público no puede participar en ciertas cosas. Y de repente se necesita tomar iniciativas oportunas, y la asociación público-privada es fundamental.
Algo deberíamos avanzar en este proyecto, al menos.
¡Y se lo planteamos al Gobierno! Le dijimos que lo estudiara, que buscara alternativas aunque sea graduales para eso.
¡No puede ser que el Cementerio General se maneje a través del Estatuto Administrativo de Empleados Municipales! ¡O sea, algo está mal ahí! ¡O que suceda algo similar con el agua potable de Maipú!
Se requieren dispositivos más modernos para actuar, distintas combinaciones (público-privada, público-público, en fin), como tienen todos los sistemas modernos en el mundo.
Reitero que voy a votar a favor de la iniciativa.
Le pido al Gobierno que estudie muy bien cómo fortalecer la productividad y que asuma que en este Parlamento todos queremos mejorar la productividad y la inversión. Pero para un proyecto que busca mejorar esos aspectos se necesita encontrar elementos que realmente apunten a lo central.
Lo que aquí se plantea se puede aprobar; sin embargo, el cambio que habrá en la productividad no será mayor.
Respecto a los informes de productividad hay que tener un cuidado fundamental en cuanto a qué entendemos por productividad, a si solo está referida al resultado económico o si también puede haber una productividad medida por indicadores sociales.
Esto es reimportante, porque de repente no se mide una de ellas.
La evaluación social de proyectos es distinta de la pura evaluación privada y económica. Y la productividad requiere tener en la cabeza ambas perspectivas, ya que pueden existir proyectos con una evaluación económica baja pero con una alta evaluación social y, por ello, ser de mucho impacto.
Por eso, creo que es bueno tener un concepto de productividad amplio y no restringido.
Voto a favor, esperando que esta propuesta legislativa, por iniciativa del Gobierno, mejore mucho en la tramitación que le queda en ambas Comisiones.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por supuesto, también voto a favor de la idea de legislar respecto de esta iniciativa, que a través de doce medidas concretas busca mejorar la productividad, pero, fundamentalmente, limpiar asperezas, facilitar el emprendimiento, hacer que la creación de una empresa y conseguir que ella funcione no sea algo que presente tantas dificultades y obligue a dar cumplimiento a una serie de disposiciones que, muchas veces, se contraponen unas con otras.
No tengo tiempo para referirme a las doce medidas propuestas, pero me quiero detener particularmente en el denominado "Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria".
Es claro que el Ejecutivo va a poder cumplir siempre con ese informe, porque tiene los equipos para hacerlo. El punto es qué pasa respecto de las mociones que presentamos los parlamentarios y también de muchas indicaciones que se van formulando durante el trámite legislativo, las cuales, por supuesto, también en algún momento pueden significar un exceso de regulación o una regulación que ya está considerada en otro cuerpo legal, en fin.
Quiero señalar a la Sala que en la Comisión de Educación poco a poco se ha ido implementando la modalidad de pedir en cada proyecto de ley que nos está correspondiendo tratar, sea mensaje del Ejecutivo, sea moción parlamentaria, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y la verdad es que ha resultado una experiencia muy muy exitosa. En poco tiempo, con un profesionalismo enorme, nos entregan unos informes muy profundos, muy acabados, que realmente constituyen un aporte al proceso legislativo.
Por eso, mi llamado es a que no tengamos miedo. Si no nos fijamos altas exigencias, probablemente no vamos a buscar el perfeccionamiento, el ideal.
En la Biblioteca del Congreso tenemos una fuente inagotable de información; una fuente inagotable de buenas ideas, de buenos propósitos. Si le damos cauce a eso, y por ejemplo les pedimos que nos entreguen un avance en lo que dice relación con los informes de productividad de las mociones, para que las normas de regulación no se topen unas con otras -la idea es que deroguemos explícitamente aquellas que uno busca que desaparezcan para facilitar el emprendimiento-, estoy seguro de que los profesionales de ese servicio están hoy en condiciones de hacerlo. Y en la medida en que les pongamos esta tarea, les fijemos este objetivo van a poder realizarlo cada día mejor. Esa es la experiencia que hemos tenido en la Comisión de Educación del Senado.
Señor Presidente, por supuesto, tengo también ciertas aprensiones. Dentro de las doce medidas, hay algunas que son más fáciles de despachar, que son menos controvertidas. Por supuesto, otras son más controvertidas. Y hay algunas que espero que durante la discusión en particular las podamos mejorar.
Por ejemplo, la selección por Alta Dirección Pública de los directores de Obras Municipales. Todos los directores de Obras hoy día, incluso los de las comunas más pequeñas, tienen que dar su autorización a proyectos que significan importantes inversiones.
La inversión pública, si uno la compara con la realizada diez o quince años atrás, ha aumentado significativamente. En casi todas las comunas se construyen conjuntos habitacionales, entre otros, a través de los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda.
Entonces, la responsabilidad que recae sobre las direcciones de Obras Municipales es cada vez más importante, cada vez más trascendente. Y por eso a mí me parece bien la concursabilidad a través de Alta Dirección Pública. Pero creo que eso necesariamente debe ir acompañado de una mejor remuneración. Por desgracia, en muchos municipios los directores de Obras se hallan asignados a un grado muy bajo en la Escala Única Municipal, que no guarda relación con su trabajo, con sus responsabilidades profesionales. Pero si mejoramos eso, les aseguro que los directores de Obras van a ser también los más interesados y los más contentos en poder participar, en la medida en que los cargos vayan quedando vacantes, en concursos por la vía de la Alta Dirección Pública.
En fin, señor Presidente, termino diciendo que el aumento de la productividad no llega por arte de magia. No se trata de una medida en particular. Por supuesto, hay unas más potentes que otras. Pero cuando vamos facilitando el emprendimiento, cuando vamos facilitando la creación de negocios, cuando vamos facilitando la producción, por supuesto que estamos aumentando la productividad.
Y eso busca este proyecto de ley, con medidas simples, sencillas, pero que finalmente, en la suma, terminan favoreciendo el mayor crecimiento de nuestra economía, con todos los efectos positivos que ello conlleva.
Voto a favor.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como han dicho varios colegas, la idea de la presente iniciativa es establecer medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
Es un proyecto misceláneo. Y, como todos los proyectos misceláneos, trata distintos cuerpos legales, que en este caso se supone que apuntan a impulsar medidas proemprendimiento y para mejorar la productividad.
La iniciativa ingresó en agosto del año pasado, y sin duda que su propuesta de modificar ocho cuerpos legales nos obliga a hacer un trabajo ojalá lo más profundo, lo más exhaustivo posible para tener la garantía o la seguridad de que vamos a avanzar, fundamentalmente, en competitividad; pero también en generar una mayor transparencia en los mercados y, por supuesto -lo que nos interesa a todos-, en mejorar la productividad de la economía.
En el proyecto se abordan varios temas.
Uno de los que por lo menos en la Comisión de Hacienda generó mucho interés y mucho debate -mis colegas han hecho referencia a este punto- es la necesidad de contar con una mayor profesionalización en las direcciones de Obras Municipales. Es muy importante; es muy notorio cuando una Dirección de Obras Municipales funciona bien, cuando es competente, cuando es expedita, cuando es eficiente, cuando se tienen objetivos claros de qué se quiere alcanzar como desarrollo en la comuna. Y, lamentablemente, es más notorio cuando esas direcciones de Obras Municipales no funcionan bien.
Por eso, cuando se trata de tener el más alto nivel profesional, una mayor capacidad para tomar decisiones, pero a la vez hacerse responsables de esas decisiones, tanto por acción como por omisión, a mí me parece que es muy importante tenerlo en consideración.
Si el Sistema de Alta Dirección Pública funciona o si es el adecuado habrá que analizarlo. A todos nos gustaría, por supuesto, que ese sistema pudiera llegar a todo el aparato público, buscando siempre la mejor calidad técnica y a los mejores profesionales. No siempre se da, porque el uso o el abuso en este tipo de nombramientos a veces juegan en contra del objetivo que se persigue.
La propuesta respecto de la cantidad de trabajadores migrantes o extranjeros que pueden desempeñarse en determinada empresa es sumamente relevante por el momento que está viviendo nuestro país en materia de menor crecimiento demográfico, de falta de población activa y -lo que resulta muy importante- debido a la baja calificación o los pocos niveles de capacitación que poseen muchos de nuestros trabajadores en distintos ámbitos.
El Senador Montes hacía referencia a esa necesidad, en términos de contar con una capacitación mucho más efectiva y oportuna, dirigida a aquellos sectores donde estamos más débiles.
Lo ideal, como han planteado distintas instancias y organismos, es no tener límite. No entiendo por qué debemos poner un límite al número de trabajadores que pueden pertenecer a determinada empresa.
¿Qué hacemos cuando hay emprendimientos que son altamente calificados y a lo mejor quienes cuentan con esas competencias son migrantes?
Todos los estudios, análisis o evaluaciones que se hacen de la calidad y la competencia laboral, la capacidad técnica, el nivel profesional de los migrantes demuestran que estos son de mucho más alto nivel, en promedio, que lo que tenemos en nuestro propio país.
Son cosas que no se dicen porque a veces nos quedamos solamente en el prejuicio de que el migrante no aporta o de que viene solo a aprovecharse de la buena situación que podamos tener en nuestro país desde el punto de vista económico y social. Pero no se ve la otra parte: el nivel de migración que hemos recibido hasta ahora, en términos de promedio, es alto. Y, por lo tanto, sería absurdo que nosotros no aprovecháramos esa capacidad que nos llega desde afuera para mejorar la productividad.
Señor Presidente, el proyecto plantea algunas tímidas reformas a la Ley de Compras Públicas.
Y cuando decimos que esta iniciativa busca y tiene como objetivo principal avanzar en mayor transparencia y mayor competencia, hay que preocuparse de lo que sucede con el sistema de compras públicas.
Hoy se transan aproximadamente 12 mil millones de dólares al año en el mercado de compras públicas. Y claramente hay que tratar de terminar con las malas prácticas que implican que en este mercado se use, casi como norma general, el trato directo por sobre la licitación pública abierta en que puedan participar todos.
Estas fallas atentan directamente contra la libre competencia y contradicen el objetivo que se ha planteado en este proyecto, que es mejorar la productividad y fortalecer los emprendimientos, la innovación y, en definitiva, a las pymes.
En la discusión en particular, nosotros vamos a presentar un conjunto de indicaciones al capítulo de la Ley de Compras Públicas, para que haya más competencia, más transparencia. Y esperamos que el Ejecutivo las acoja y las patrocine. Porque hasta el momento ha guardado un silencio preocupante en esta materia.
Hay fallas relevantes en la competencia de las compras públicas que debemos subsanar. El año 2017, 26 instituciones públicas efectuaron más de un 50 por ciento de sus compras vía la modalidad de trato directo. Las más importantes corresponden al sector salud, las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los gobiernos regionales.
Por lo tanto, debemos desestimular los tratos directos en los servicios públicos. Es preciso implementar medidas para limitarlos, a fin de que haya más licitaciones públicas, en especial en los servicios de salud, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas.
Debemos buscar modalidades para desestimular aquellas licitaciones que terminan con un único oferente, ya que nuevamente las estadísticas indican que en 2016 y 2017 en el sector salud hubo la mayor cantidad de licitaciones que tuvieron oferentes únicos. Un 65 por ciento eran de servicios de salud o de hospitales.
Es necesario mejorar también la regulación de la Unión Temporal de Proveedores, que apuntaba a facilitar la coordinación de las pymes para postular a las grandes compras.
Eso hoy día está siendo usado para la coordinación de grandes proveedores. Pero no se está facilitando este instrumento para focalizar en las pymes y para tener una mayor transparencia. Y para eso se requiere crear un registro sobre los propietarios finales de las empresas proveedoras del Estado. Porque en esto también hay mucho de figuras que confunden o no determinan quiénes son los que están realmente adjudicándose estas operaciones.
De manera que debemos ampliar la obligatoriedad de que más servicios públicos hagan sus procesos de compra vía ley N° 19.886, y no solo extenderla, como se plantea, al Congreso Nacional y al Consejo Nacional de Televisión, sino también al propio Ministerio Público, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Corporaciones Municipales, a lo menos.
Hay un tema que a todos los que somos de regiones nos debe preocupar y que va en contra del discurso público del fomento a las pymes y de la descentralización: en el proyecto se reinstala en la Ley de Compras Públicas que se compre centralizadamente.
El comprar centralizadamente va a liquidar a las pymes a nivel de las regiones. Esta norma se quiso instalar en la Ley de Presupuestos. Nosotros la rechazamos transversalmente el año pasado. Y espero que tengamos esa misma transversalidad para rechazar lo que viene propuesto en esta iniciativa. Lo que buscamos todos es promocionar, fomentar y fortalecer a las pymes a nivel regional.
Me parece, señor Presidente, que hay que aprobar en general el proyecto y espero que en el debate en particular tengamos un plazo razonable para presentar indicaciones y abordar de mejor manera los temas que plantea.
Voto a favor.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
No está.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.


La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto, que tiene por finalidad impulsar la productividad y el emprendimiento.
Como se ha señalado, a través de él se modifican diversos cuerpos legales, tanto generales como sectoriales, para incentivar la productividad, disminuir barreras de entrada al emprendimiento y la innovación, y promover evaluaciones ex ante del impacto de nuevas regulaciones; reflejar nuevos avances tecnológicos, eliminar ineficiencias en el funcionamiento de ciertos órganos de la Administración del Estado, promover más transparencia y lograr coherencia regulatoria.
Creo que, en términos generales, el proyecto está bien encaminado y es un gran punto de partida para potenciar a nuestras pymes, que hoy día generan el 60 por ciento de la mano de obra del país; e incentivar, a través de ellas y de otros sectores productivos -valga la redundancia-, la productividad.
De las medidas que aquí se proponen, solamente me voy a referir a dos respecto de las cuales espero formular algunas indicaciones, porque me parece que no van por el camino correcto.
La primera de ellas tiene que ver con el tema migratorio. Se aumenta de 15 a 30 por ciento la posibilidad de contratar trabajadores de otra nacionalidad en una empresa. Yo no estoy de acuerdo con ese incremento y tampoco estoy de acuerdo con que eso se vea en esta ley miscelánea, toda vez que hoy día la Comisión de Gobierno del Senado está revisando la ley migratoria. Creo que ese es el lugar donde debe discutirse esta materia.
Y lo digo responsablemente. Soy de Tarapacá, una región que toda su vida ha mantenido puertas abiertas a la migración, desde los tiempos del guano, del salitre, de la zona franca. Y hoy día recibe otros migrantes. Somos y seguimos siendo una región -y un país, creo yo- de puertas abiertas a la buena migración.
Tal vez algunos no viven en una región con gran cantidad de migrantes. Quisiera recordar acá que la de Tarapacá, en el reciente proceso de regularización administrativa que hizo el Gobierno, fue la segunda con mayor número de estas regularizaciones. Y, por lo tanto, también hay un impacto importante por la gran cantidad de migrantes que tenemos, impacto que se traduce en el empleo, en vivienda, en educación y en salud.
Hay que ver cómo lo solucionamos. Pero esta no es la vía, porque Tarapacá, que tiene una alta migración, está dentro de las tres regiones con mayor desempleo.
El otro tema que creo que también debe analizarse, ampliarse y mejorarse, no solamente a nivel nacional, sino también en zonas como la que represento, es el de las compras públicas.
Tarapacá hoy día, y desde hace muchos años, tiene una zona franca que, dentro de otros beneficios, no paga IVA. Y hoy día es muy difícil que los usuarios de esa zona franca postulen al mercado público, por razones de repente tan básicas como que el formulario de ChileCompra automáticamente agrega el IVA, impuesto que ellos no pagan. Y, por lo tanto, o quedan fuera de base o finalmente se enreda la propuesta.
Hay un proyecto hoy día desarrollándose en la región, como el Hospital de Alto Hospicio, que podría reducir en 20 por ciento su presupuesto de gasto, por ejemplo, en equipamiento, si todo este se adquiriera a través de ChileCompra, pero con usuario Zofri, o que al menos se les permitiera participar.
Creo que debemos avanzar en modernizar el mercado público y perfeccionar la Ley de ChileCompra y su reglamento.
Me parece que este proyecto es un buen inicio, pero hay que mejorarlo en la discusión en particular.
Votaré favorablemente la idea de legislar, señor Presidente.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, uno de los puntos abordados por varios de mis colegas en este debate es que esta iniciativa, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, no debería llamarse así.
Conversamos sobre ello en la Comisión e incluso le hicimos bromas al Gobierno, porque la propuesta es bastante tímida desde ese punto de vista.
Se trata más bien de un proyecto misceláneo, que busca resolver muchos problemas en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
No cabe duda de que muchos de los temas contenidos en la iniciativa hay que abordarlos y modificarlos. Creo que uno podría ir desagregando las doce o más leyes que se enmiendan.
En algunas propuestas claramente no estuvimos de acuerdo en la Comisión -no digo que todos sus integrantes, pero sí la mayoría-, las cuales dicen relación con materias que ya se han abordado en la Sala.
Una de ellas, por ejemplo, es la relativa a los informes de productividad que deberán tener los proyectos de ley que presentemos. Nos parece que ello claramente escapa a la posibilidad material de nuestro quehacer, sobre todo a la hora de modificar normas que son necesarias y no requieren de dicho informe.
Ese fue un tema debatido con el Ejecutivo. De hecho, vimos la legislación comparada al respecto y ninguna daba cuenta de lo que el Ejecutivo pretende hacer en esta iniciativa. Creo que hay consenso con el Gobierno en que tal aspecto debe ser revisado.
Luego de ver las normas propuestas al Código Sanitario -ya lo señaló uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra-, uno se pregunta por qué se quiere modificar.
Entendemos lo que pasa cuando nos metemos en la historia de la modificación que se hizo en este ámbito respecto de los tratamientos a pacientes de ensayos clínicos a todo evento y a plazo indefinido. La explicación del Ejecutivo es que, producto de esa normativa -me parece que fue importante e interesante-, se ha frenado la investigación en nuestro país, pues obviamente todos los pacientes en situación crítica exigen que los tratamientos se cumplan a cabalidad, aun cuando médicamente se compruebe en el procedimiento que no va a ser posible un resultado feliz y que, por tanto, lo natural es suspender el tratamiento.
Los pacientes, lógicamente, demandan que se aplique todo el tratamiento y esperan una solución a su enfermedad catastrófica, que es probablemente lo que haríamos todos nosotros si estuviéramos en esa situación.
La consecuencia de ello ha sido que la investigación de los laboratorios se ha limitado o retraído.
Hay otras modificaciones que son discutibles, pero se hacen necesarias en un país que debe enfrentar la migración. Varios investigadores señalan que Chile está retrasado en su política para acoger migrantes. Si eso es solo un discurso y no les vamos a dar espacio para que trabajen y se desarrollen, la verdad es que no tiene mucho sentido lo propuesto.
A ese respecto tenemos una limitante real y objetiva.
En cuanto a las modificaciones a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas (la antigua Ley de Quiebras), solo puedo decir que en el Gobierno anterior del Presidente Piñera voté en contra de dicho cuerpo legal, porque sostuve que se trataba de una mala regulación.
Hoy día el Ejecutivo, gracias al trabajo que estamos haciendo, reconoce que hay que hacerle importantes cambios. En la Comisión hemos logrado trabajar indicaciones en conjunto con el Gobierno, para presentarlas durante la discusión en particular. Y son mucho más ambiciosas y van más allá de lo que proponía el proyecto que ahora se discute en el Parlamento.
Con relación al tema de compras, mis colegas ya han dicho mucho al respecto. Creo que debemos revisar ese punto y mirarlo desde la perspectiva de las regiones, pues las compras centralizadas no ayudan al desarrollo del país.
Si queremos que haya productividad, el proyecto va en el sentido contrario, porque con él vamos a refrenar y limitar el desarrollo productivo y de emprendimiento de las regiones.
Insisto en que el título de la iniciativa es un poco ambicioso en comparación a su contenido.
Pero, sin lugar a dudas, hay materias -no las he nombrado todas, solo algunas- que son importantes de abordar y necesarias de modificar.
Por lo tanto, entendiendo que hay que hacer esta discusión, señor Presidente, voto a favor.
Haremos las indicaciones en su oportunidad para perfeccionar este conjunto de normas misceláneas que el Ejecutivo nos presenta.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley, porque la verdad es que contiene contradicciones insalvables.
Primero, se dice que la iniciativa busca aumentar la productividad.
Esta tiene dos elementos esenciales: la máquina y el trabajador. ¡No hay una sola norma tendiente a elevar la capacitación de los trabajadores, para volverlos más productivos!
¿Cómo hacemos que el valor real de la fuerza de trabajo y lo que mueve al mundo, que son las personas, los trabajadores, se incremente para fortalecer la productividad mediante el desarrollo de más habilidades, de mejor capacitación, de mayores sueldos y remuneraciones para los trabajadores?
Leo el informe, señor Presidente, y me doy cuenta de que en el debate han participado el Ministro de Hacienda, el Secretario General de la Presidencia, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, directores de Obras Municipales, funcionarios municipales, los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de la Cámara de Innovación Farmacéutica -¡ellos siempre delicaditos, ganan muy poco dinero...!-, la Fundación Jaime Guzmán, la Biblioteca del Congreso Nacional.
¡Ni un sindicato!
¡Ni un solo trabajador, para un proyecto que el Gobierno nos promete que va a aumentar la productividad!
¡No se ha escuchado a los trabajadores!
No hay una sola norma que busque mejorar la capacidad de los trabajadores, que son lo esencial en todo proceso de productividad.
Por otra parte, la primera medida que plantea el Gobierno es formalizar informes de productividad y coherencia regulatoria en los proyectos.
En definitiva, toda iniciativa de ley que implique una carga regulatoria debe incluir un informe de productividad y coherencia regulatoria. ¡Pero el presente proyecto no incorpora ninguno! O sea, nos vienen a decir que tendremos que elaborar dichos informes, pero en la iniciativa que nos ocupa no se contempla un solo dato relativo a cuánto va a aumentar la productividad con las normas propuestas.
Eso habla inmediatamente de una dificultad en esa materia: si el Gobierno propone una iniciativa en la cual se hace una exigencia y esta no se cumple en su propio texto, llama la atención. Eso será muy complejo de resolver.
Respecto del objetivo de flexibilizar la exigencia de publicación en periódicos de circulación nacional, regional o local, debo recordar que 200 comunas son rurales, ¡200 de las 345!
Los medios electrónicos ahí son complejos.
Se plantea que ahora van a flexibilizar esa situación y se autorizará a publicar en medios digitales.
Pero ello inhibe a las pymes.
El Ministro me ha dicho que esto va a favorecer a las pymes. ¡Las pymes no fueron invitadas a discutir este proyecto! ¡Ni una sola organización de pequeñas y medianas empresas fue consultada en el debate, según señala el informe!
Allí habrían podido decir: "¿Me van a rebajar las deudas? Porque yo ya quebré; me fui a la quiebra".
Miles de empresas quiebran al año en Chile y contraen deudas con el Servicio de Impuestos Internos. Y, por lo mismo, no pueden volver a emprender. Nada se plantea para que quienes se han equivocado una y diez veces -son los que tienen mayores posibilidades de éxito, pues en ese ámbito se aprende por ensayo y error- puedan seguir presentes. No figuran ni en las audiencias ni en el proyecto.
También se habla de modificar la regulación de estudios clínicos.
Me leí todo el informe.
Señor Presidente, les estamos diciendo a todos los conejillos de Indias humanos que se sometan a tratamientos clínicos que se van a flexibilizar las normas para perseguir responsabilidades. Se establece que dispondrán de cinco años para reclamar, un vez aparecido el síndrome negativo, siempre y cuando el daño se haya verificado en un plazo de quince años.
Se alega que eso va a afectar a la industria farmacéutica, que se ha tenido que ir a Suiza. Yo me niego a creer que las normas chilenas sean más exigentes que las suizas o las europeas.
Si se va a experimentar con un ser humano, ¡la industria farmacéutica tiene que responder si provoca un daño! Ese es un tema clave. Si no, ¡que lo haga en Europa!
No logro entender por qué vamos a flexibilizar el derecho de las personas que facilitan la realización de esa experiencia clínica, disminuyendo su posibilidad de accionar a través de una demanda si existiese daño.
Otro objetivo: modificar la designación de directores de Obras Municipales.
Necesitamos más recursos para las municipalidades. Lo que hará el artículo en cuestión es sacar a dichos directores -son exigentes, pues deben revisar muy bien- y nombrar otros a través de un concurso público.
¡Van a llegar todos los ingenieros de las inmobiliarias!
Se flexibiliza lo que queremos establecer como una exigencia. Si me van a decir que someterán a concurso público los cargos de directores de Obras Municipales, ¡ojo con lo que va a suceder! No necesitamos nuevos directores, sino más recursos, más apoyo profesional y técnico de la Subdere y, tal vez, una modificación en la edad, porque ese cargo no puede ser para siempre.
El problema no se resuelve cambiando a los directores, sino que haciendo más eficaz la dirección de Obras en cada municipio. Y eso requiere más recursos.
Asimismo, se plantea aumentar el tope máximo de contratación de extranjeros.
En este punto quiero escuchar a los sindicatos; quiero escuchar a la CUT, y también a los extranjeros, porque lo que pasa hoy día -la Senadora Ebensperger lo ha señalado- es que les están dando trabajo, pero "a la negra": sin contrato, con remuneraciones infinitamente inferiores. Por algo están hacinados, arrendando piezas en todo Chile.
Dado el objetivo de aumentar el tope para contratar extranjeros, quiero saber si estos van a tener los mismos derechos que los demás trabajadores; si contarán con dignidad en el trabajo; cuáles van a ser las sanciones si ello no se cumple, y qué opinan los sindicatos en Chile al respecto. Por lo menos yo pido que haya igualdad para que no se dé una competencia desleal. Hay que darles oportunidad a los migrantes, por cierto, quienes vienen buscando mejor horizonte de vida. Y quiero que se les respeten sus derechos.
De igual modo se deben respetar los derechos de los trabajadores. Pero durante el debate de este proyecto en la Comisión no vino ni un solo sindicato a exponer sobre su contenido.
Respecto de establecer un tiempo máximo para declarar áreas apropiadas para la acuicultura, deseo expresar que no hay industria que haya recibido más beneficios que la salmonera.
Señor Presidente, ¡esas empresas liquidaron la Décima y la Decimoprimera Región! Las tuvimos que mandar a la Decimosegunda, porque hicieron las cosas de manera pésima. La industria salmonera era un gigante con pies de barro.
Llegamos a ser los campeones mundiales de exportación en ese ámbito, pero vino el virus ISA y destruyó todo el sector: ¡40 mil empleos perdidos en la Décima Región!
Y le dijimos: "¡Ah, te equivocaste y contaminaste Chiloé completo, toda la Décima Región; ahora anda a la Decimosegunda Región!".
¡Y me pide más flexibilidades!
Esta industria está en deuda con Chile. ¡Provocó un daño tremendamente irreparable en Chiloé, en los canales, en Puerto Montt!
No estoy por otorgar mayores flexibilidades a una industria que no da una respuesta razonable a la gran oportunidad que le brindó el país en materia de producción acuícola.
Además, se plantea modificar la causal de caducidad en las concesiones acuícolas.
Advertí en el debate -no los voy a latear con el tema que discutimos entonces- que hay veinte mil formas de evadir la medida de que se produzcan tres sanciones con motivo de caducidad en diez años. No estoy por flexibilizar tales causales de caducidad.
Se señala también que hay que introducir perfeccionamientos al sistema de ChileCompra.
Cuando ocurrieron los incendios, ¿saben dónde compraba el agua la Onemi? En Santiago. Había que esperar tres días para que los camiones llevaran el agua a los brigadistas forestales. ¡No tenían agua! ¡Debían esperar tres días! No la podían comprar en aguas producidas en la Región del Biobío.
Y cuando hay que comprar para la Junaeb, ¡el pedido se lo lleva todo la Coca Cola!
¡Los productores regionales no tienen oportunidad!
¿Qué es productividad para este Gobierno? ¿Aumentar las ganancias de las empresas? ¿Aumentar la remuneración de los trabajadores? ¿Aumentar la autonomía en las regiones? ¡No lo sé!
En realidad, sí lo sé. Y, claramente, no es aumentar la autonomía en las regiones.
Se plantea, además, que van a autorizar la instalación de antenas eléctricas en las sanitarias.
¡Eso es vulnerar lo que hemos discutido en el Congreso!
En regiones hemos echado abajo dos antenas que estaban en instalaciones de sanitarias que se encontraban en medio de la ciudad, porque el rubro de esas empresas es el agua, no las telecomunicaciones. Y ahora me dicen que vamos a permitir ese tipo de infraestructura donde haya una planta de tratamiento de aguas servidas; o sea, en la propiedad de cualquier sanitaria, sea Essbío, Aguas Andinas u otra.
¡Le van a chantar una antena al lado de los vecinos, porque hoy el Congreso Nacional lo va a autorizar!
Habrá que poner mucha atención al artículo sobre esa materia.
Respecto de facilitar el registro de empresas en un día, señor Presidente, hago presente que todos los días quiebran empresas y abandonan los contratos con los municipios, con el Ministerio de Salud. ¡Todos los días hay grandes quiebras!
Siento que se requiere más fiscalización en ese ámbito para que las empresas cumplan. Si no son capaces, quiebran y, al final, paga Moya, paga el Estado, pagan todos los chilenos.
Creo que el registro de empresas en un día es una "estafa en un día". Quiero saber cómo vamos a proteger a los usuarios para que estas empresas no estafen a la gente en un día.
Por último, señor Presidente, pienso que es bueno aumentar la productividad, pero el Gobierno no tiene que improvisar, y siento que en este proyecto se ha improvisado. Es una propuesta miscelánea que no dice cuánto va a crecer la productividad. Se propone incrementarla con medidas diversas, pero estas son incoherentes entre sí.
Voto en contra.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, este proyecto de ley misceláneo modifica diversos cuerpos legales. Se ha extendido en la explicación de ello el Senador Navarro.
La iniciativa deja poco espacio efectivo para que uno vea de qué forma se impulsan medidas pro emprendimiento y pro productividad, según señala su mensaje.
Ello es complejo, porque el país requiere tomar medidas que mejoren su productividad en el corto y largo plazo, en especial en una economía como la nuestra, que anda lenta.
Este primer trimestre del 2019 la economía crecerá al 2 por ciento. Hoy el Ministro de Hacienda ajustó a la baja la proyección de crecimiento anual de 3,8 a un 3,5 por ciento, aunque hay consultoras privadas que señalan un crecimiento de 2,5 para este año. Y claramente estas no pueden ser tildadas de "opositoras".
Ese debate debemos hacerlo como país. Para poder mejorar nuestra productividad, se requiere invertir en innovación, en educación de calidad, especialmente en la educación técnica superior. Se necesita tener un sistema de capacitación laboral moderno y fomentar el trabajo en equipo y el emprendimiento.
Lamentablemente, el presupuesto de este año en innovación, vía Conicyt y Corfo, cayó en un 15 por ciento, a pesar de nuestras críticas.
El proyecto que amplía la gratuidad al séptimo decil para estudiantes de centros de formación técnica y universidades aún no termina de destrabarse legislativamente.
El Senador Montes, en su intervención, decía: "¿Por qué tienen que venir trabajadores de Bulgaria a construir nuestras plantas solares?". Por una razón muy simple: porque en nuestro país no hay un compromiso claro en materia de innovación y desarrollo técnico.
Si vamos a impulsar la productividad, debemos ser coherentes y promover medidas de corto plazo y, también, de largo alcance.
Es una mala señal que a la gira a China, considerando que es nuestro principal destino de exportaciones y que el 48 por ciento de lo que Chile exporta a ese país es cobre, no se haya invitado a Codelco.
El desarrollo de una minería sustentable y más verde es un desafío de país, en especial, en la minería pública. Y todos debemos cooperar en esa misión.
Nos encontramos con esta decisión gubernamental que es contradictoria. Es un nuevo error de una política exterior que no ayuda a profundizar la consolidación de una canasta exportadora con mayor valor agregado.
No se saca nada con tramitar proyectos de ley si no generamos una cultura que fomente esa mayor productividad en el país; en este caso, apoyar a la principal empresa pública exportadora: Codelco.
Además, Chile necesita mayor competencia y transparencia en los mercados para mejorar la competitividad de nuestra economía.
Pero, lamentablemente, tenemos políticas en que solo se favorece a las grandes empresas. Por ejemplo, en el proyecto conocido como "Fármacos 2" el Gobierno presentó una indicación pro retail, pro supermercado, en desmedro de las farmacias pequeñas e independientes.
Aquí mismo, en esta iniciativa, en materia de compras públicas se repone la acción centralizada -el Senador Pizarro profundizó en ello-, que claramente perjudica a cientos de pymes regionales. ¡No podemos aprobar tal medida!
En otros proyectos se pretende debilitar la exigencia de altos estándares medioambientales contenidos en la ley Nº 19.300.
Reitero: las medidas pro inversión deben respetar a las comunidades y a los elevados estándares vigentes en materias medioambientales.
La iniciativa en estudio debe revisarse en detalle y, además, requiere que el Gobierno escuche las opiniones del Senado, para que efectivamente avancemos en una mayor competencia y transparencia de los mercados.
En síntesis, hay avances que es necesario reconocer; algunos cambios legislativos que se ven muy débiles y muy tímidos, y otros que claramente están muy mal; por ejemplo, todo lo relativo a compras públicas, que perjudicará el desarrollo, el crecimiento de las pymes regionales.
He dicho.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, todavía no logro entender, aunque lo he intentado honestamente, por qué tenemos dos proyectos de ley sobre la misma materia en el Congreso: uno, al que se le puso el nombre de "productividad", y otro, para "incentivar la inversión y el crecimiento".
La verdad es que nos han presentado dos leyes misceláneas. No son gran cosa y se pueden discutir en su mérito. A mi juicio, en algunos casos hay gato por liebre. No tengo otra forma de decirlo. En el tema laboral -con todo el respeto que me merecen el Subsecretario y el Ministro Blumel, que nos acompañan-, el pasarnos gato por liebre para incluir masivamente a extranjeros como temporeros, cuando todavía no tenemos un estatuto para los trabajadores agrícolas de temporada, me parece muy mal. ¡Muy mal! Creen que somos lesos en eso. Y, encima, presentan lo mismo en dos proyectos de ley distintos.
Por eso, hago un llamado a que abordemos esta iniciativa en su mérito, dejando en claro que tenemos toda la voluntad para ayudar a que una ley miscelánea destrabe los procesos de inversión. En lo personal, soy partidario de incluir otras normas y de ir más allá.
Sobre la industria acuícola, tengo la impresión de que es un tema que no se debe discutir en una ley miscelánea como esta, por ningún motivo. ¡Por ningún motivo! Existe de por sí un conflicto entre el turismo de intereses especiales, que genera bastante más impacto positivo para las regiones, para el empleo, para el turismo rural, para el turismo local, y el sector acuícola, que hoy día está realmente fuera de control.
Les pido que hagamos un estudio serio de lo que hemos hecho. Aplaudimos que la industria del salmón en Chile tenga relevancia, pero todo lo que se pesca en el país se transforma en harina de pescado para alimentar salmones. Actualmente, la mitad de las concesiones es pura especulación financiera. Por eso, creo que no debemos tratar las concesiones de la actividad acuícola en esta oportunidad, porque no tienen que ver con el propósito principal que deseamos alcanzar, cual es facilitar procesos que pueden ser complementarios.
Hay algunas ideas que se pueden discutir. Por ejemplo, no me cierro a emplear las copas de agua para fines de telecomunicaciones, pues ello puede darse a consecuencia del uso de ciertas concesiones de servicios sanitarios. Me parece algo interesante que puede facilitar las cosas. Podría servir para impulsar la colocalización de tecnología orientada a permitir las comunicaciones. Y hay otras que también podríamos analizar.
Sin embargo, señor Presidente, siento que hay un conjunto de materias que, si deseamos avanzar, debemos tener la voluntad para dejarlas de lado y no tratar de meterlas en este proyecto de ley, porque, si se incluyen, lo van a entrampar. De las diversas medidas que se proponen, probablemente unas ocho o diez podemos sacarlas en forma rápida. Yo me concentraría en ese esfuerzo, pues las más controvertidas van a retrasar el debate, lo cual no resulta conveniente. De hecho, juntaría los dos proyectos que hay.
Sé que tenemos diferentes conceptos de lo que es la productividad. Me dirán que el Estado y la burocracia son factores determinantes en ella. Es posible que encarezca la inversión -es cierto-, pero no sé si sea en el concepto tradicional de productividad donde tenemos los mayores problemas en el país, relacionados con la productividad de la mano de obra.
Por eso, el mismo Presidente de la República y el Ministro del Trabajo han hablado sobre la importancia de revisar los procesos de formación del capital humano en nuestro país. Y, junto con eso, donde más debemos realizar esfuerzos es, probablemente, en la inversión en I+D, para que efectivamente tengamos capacidad de formación de capital bruto en Chile. Quizás eso sea más determinante.
Yo me voy a abstener en la votación, señor Presidente, tal como se lo comenté al Ministro Blumel, para no poner ninguna dificultad. En un momento hubo dudas sobre si se iba a alcanzar el quorum, pero nosotros, por cierto, vamos a facilitar que el proyecto se discuta y se vea en su mérito. Sin embargo, hay que revisar algunas materias que son demasiado importantes. Yo me pongo en el caso del empleo. No tengo problemas per se en que se aumente la cantidad de extranjeros, bajo ciertas condiciones, pero lo que más me molestó, con todo respeto, es que nos hayan tratado de pasar gato por liebre en materia de trabajadores agrícolas de temporada, donde tenemos un problema de estructura legal pendiente desde hace mucho tiempo.
Por ello, repito, me voy a abstener.
Espero, señor Presidente, que en el debate en particular podamos encontrar un clima adecuado para que el proyecto avance en mejor forma.
He dicho.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- El último orador inscrito es el Senador señor Castro.


El señor CASTRO.- Señor Presidente, valoro que el Ejecutivo muestre preocupación por mejorar el emprendimiento y la productividad, en lo cual tienen bastante responsabilidad, a mi juicio, los mismos Senadores que se encuentran hoy en el Congreso. Durante los últimos años no hemos tenido crecimiento en el país, no ha habido emprendimiento, hemos tenido baja productividad. Y ello se debe a que muchas veces no se apoya las grandes iniciativas, se critica más allá de lo razonable y no se presentan las indicaciones que se requieren.
Ahora se culpa un poco a los directores de Obras. Yo soy defensor de estos funcionarios. Ellos no son responsables ni culpables de que muchas veces no se desarrollen las obras necesarias con la rapidez que se espera, porque los proyectos son mal presentados. Por supuesto, estoy hablando de las comunas donde sí los hay. Eso hay que entenderlo muy bien. Existen numerosas municipalidades del país que no cuentan con directores de Obras porque no disponen de los recursos necesarios para pagarles.
Por lo tanto, el problema va un poco más allá de lo que puede hacer uno de esos funcionarios.
Después, tenemos el tema relacionado con la pesca. Efectivamente, hay mucho que hacer y reformar en la Ley de Pesca. Por ejemplo, tenemos dueños de embarcaciones y muchos trabajadores a los que les gustaría emprender, ser emprendedores, pero resulta que no se les da la oportunidad porque la propia ley no les permite ser emprendedores pesqueros. A lo mejor podrían ser tremendos empresarios vinculados al desarrollo de esta actividad.
En materia de compras públicas también hay un problema grande. Y esto se debe a la falta de transparencia, en muchos casos, o al aprovechamiento de muchos cuando los tratos son directos. Por tanto, debemos tener sanciones mayores en este ámbito.
Igualmente, me quiero referir al acceso al financiamiento. Cuando uno quiere emprender, necesita financiamiento. Y el Banco del Estado, que es de todos los chilenos y se supone que está para servir al emprendimiento, nunca está disponible en ese sentido. Hoy día es un banco comercial. Ahí tenemos mucho que decir, porque es un banco del Estado, de todos los chilenos. Deberíamos efectuar una gran reforma para que realmente fuera un motor para el emprendimiento, función que ha venido cumpliendo la Corfo. Tal vez falta bajar mucho más a esta última entidad a la realidad que vive la gente en las diferentes regiones del país.
Otro tema es la capacitación. Han pasado muchos gobiernos que han aceptado que el Sence siga botando dinero. Las capacitaciones del Sence nunca han sido útiles en este país, y se siguen promoviendo año a año. Pienso que sería bueno, como política pública, revisar y modificar la forma de capacitar.
Vamos a la educación.
La educación que existe en Chile carece de valores. Y cuando se la quiere modificar para colocar sanciones a los estudiantes la verdad es que muchos se oponen. Por eso se evidencia una clara falta de valores. Los jóvenes que estudian en las universidades o en los colegios no tienen respeto, no tienen responsabilidades. ¡Se les olvidaron los deberes! ¡Cómo vamos a lograr una gran productividad así!
Otra parte del proyecto se relaciona con los pagos. Cuando un emprendedor, un empresario, ejecuta una obra o un trabajo, necesita que le paguen rápidamente. En la actualidad tenemos entrampados los pagos porque en numerosas ocasiones las grandes empresas y el servicio público se aprovechan de los emprendimientos. Esto también es algo que debemos revisar y modificar.
Otro aspecto tiene que ver con el precio justo, con el aprovechamiento de muchos sobre el más pequeño. Hoy el que produce ni siquiera puede sacar el costo de producción. Por lo tanto, nunca vamos a tener gran productividad si estamos castigando siempre al emprendedor, a quien se sacrifica, a quien se esfuerza para que las cosas funcionen.
Señor Presidente, valoro la intención del Ejecutivo de poner en discusión la idea de mejorar la productividad y el emprendimiento. Se nota preocupación por ello, y creo que todos los Senadores presentes en la Sala debemos trabajar pensando siempre en buscar el mayor beneficio para nuestros vecinos, nuestra gente, nuestros emprendedores, nuestros trabajadores.
Ese es el sentido del proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, el cual, si tenemos voluntad, podemos mejorar.
Gracias.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Me ha pedido la palabra el Senador señor Moreira, que no estaba inscrito.
El señor MOREIRA.- ¡Solo para felicitarlo, señor Presidente, por su conducción y por haber logrado la permanencia de todos nosotros en esta discusión...!
El señor INSULZA (Presidente accidental).- ¡Gracias a usted, señor Senador, por un minuto más...!
Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor INSULZA (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto(23 votos a favor, uno en contra, 5 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se cumplen los quorums constitucionales exigidos.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic y Rincón y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Pugh y Soria.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Araya, Latorre, Letelier y Quinteros.
No votó, por estar pareada, la señora Órdenes.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- No hay quorum para adoptar acuerdos, por lo que el plazo para formular indicaciones queda pendiente.