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FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, con informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.234-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesión 4ª, en 20 de marzo de 2019 (queda para segunda discusión en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, discutieron este proyecto solamente en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pérez Varela y Pugh.
Se debe tener presente, asimismo, que las Comisiones consignan que la letra d) del numeral 3); el numeral 4); el numeral 7), y la letra b) del numeral 10) del artículo único tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 23 votos favorables.
Por su parte, la letra a) del número 6), y el numeral 18) son de quorum calificado y requieren 21 votos favorables para ser aprobados.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En primer término, quiero saludar al señor Ministro de Defensa Nacional.
Además, nos han solicitado recabar autorización para que ingrese a la Sala el asesor señor Pablo Urquiza, a fin de que acompañe la discusión de esta iniciativa.
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Aprovecho de saludar a los integrantes del Club del Adulto Mayor "El Reencuentro", de la ciudad de Cauquenes, que se encuentran en las tribunas, quienes fueron invitados por el Senador señor Galilea.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En segunda discusión en general el proyecto.
Se ha inscrito para informar la iniciativa el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, vengo a informar el trabajo que realizaron las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública en este trámite constitucional sobre este proyecto, que tiene origen en un mensaje presentado por el Presidente de la República.
El 7 de noviembre se dio cuenta del ingreso de esta iniciativa a la Corporación y fue derivada para su estudio a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas. Tiene urgencia calificada de "simple".
Consta de un artículo único dividido en 19 numerales (que modifican diversas disposiciones de la ley N° 19.974, sobre Inteligencia del Estado, y crean la Agencia Nacional de Inteligencia), y de un artículo transitorio.
De conformidad con lo prescrito en los artículos 127, inciso segundo, y 36 del Reglamento de la Corporación, las Comisiones unidas discutieron el proyecto solo en general.
¿Cuál es su objetivo? Introducir cambios en el Sistema de Inteligencia del Estado en cuando a su organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, fundamentalmente en lo que dice relación con la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía.
Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas externas e internas, y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
El mensaje que da origen a la iniciativa advierte que el Sistema de Inteligencia del Estado vigente obedece a premisas que no responden adecuadamente a las necesidades actuales. Por ello, al asumir este Gobierno se convocó a una mesa de trabajo que congregó a miembros de diversos sectores políticos y al mundo académico y civil, instancia que concluyó con la adopción del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, uno de cuyos focos fue el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado.
El Acuerdo propuso reformular este Sistema en su organización y funcionamiento. Para lograr este propósito se provee al Sistema de una orientación y conducción estratégica de objetivos y metas comunes a sus miembros; se incorporan nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y se estimulan las competencias del personal a cargo de ella; se incrementa la capacidad de producir inteligencia del Estado por parte de todos los actores y niveles del Sistema, y se hace obligatorio un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento del deber de contribuir con información al Sistema y la violación de su secreto.
Como contrapartida al fortalecimiento de este Sistema de Inteligencia del Estado y del rol del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el proyecto propone reforzar los mecanismos de control y de contrapeso que ejerce la Cámara de Diputados.
En cuanto a su contenido, este proyecto de ley persigue lo siguiente:
-Disponer la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que estará constituido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario del Interior y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado.
El Consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Presidente de la República en materias de inteligencia, para lo cual se reunirá al menos semestralmente.
-Incorporar al Sistema -y esto es muy importante- a los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas. Los directores o jefes de los nuevos organismos formarán parte del Comité de Inteligencia, cuya función será orientar, regular, optimizar, revisar y evaluar el flujo e intercambio de la información de inteligencia.
-Establecer que la Unidad de Análisis Financiero (la famosa "UAF") y el Servicio de Impuestos Internos integren el Sistema de Inteligencia únicamente -lo que es muy importante precisar- para aportar análisis de la inteligencia estratégica sin comprometer la naturaleza de sus funciones, dejando a salvo sus misiones principales.
Señor Presidente, como me queda escaso tiempo, le solicito un poco más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador. Dispone de dos minutos adicionales.
El señor PÉREZ VARELA.- Muchas gracias.
-Diseñar una Estrategia Nacional de Inteligencia que contenga los objetivos estratégicos del Estado respecto a ello. La Estrategia será confeccionada cada cuatro años por el Director de la ANI, con la aquiescencia de los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, y deberá ser aprobada por el Presidente de la República.
-Prescribir la planificación de inteligencia del Estado, la que tendrá carácter secreto y será elaborada por la Agencia, con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado.
-Reforzar el marco de responsabilidades tanto de las instituciones que componen el Sistema como de todas las personas que, por la naturaleza de sus funciones, accedan a información de inteligencia.
-Crear el cargo de Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia.
-Prohibir que el Director y el Subdirector de la Agencia y quienes tengan cargos directivos en la institución ejerzan otras labores profesionales, en fin.
Las Comisiones unidas escucharon a diversas autoridades y a exmiembros tanto de la Dirección de la ANI como de Investigaciones y al Presidente del Consejo para la Transparencia, quienes realizaron interesantes aportes y sugerencias que las Comisiones coordinarán en la discusión en particular.
Cabe destacar que durante la discusión del proyecto los señores Senadores manifestaron diversas inquietudes, entre otras, el rol de los nuevos integrantes del Sistema (Gendarmería y Aduanas); la capacidad operativa o consultiva de la ANI, y el concepto y uso de información residual.
El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública se mostró llano a debatir e incorporar las sugerencias de los miembros de las Comisiones unidas mediante la presentación de las respectivas indicaciones en la discusión en particular.
En consideración a lo anterior, los miembros presentes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, Senadores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pugh y quien habla estuvieron por aprobar la idea de legislar en forma unánime y proponen a la Sala proceder de la misma manera.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.


El señor ARAYA.- Señor Presidente, antes de referirme al proyecto, quiero partir con una reflexión previa.
Hay que recordar que, cuando se creó la Agencia Nacional de Inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia fue concebido en un marco político y social de profunda desconfianza: veníamos recién saliendo de la dictadura y todos teníamos fresco en la memoria lo que eran la CNI y la Dipolcar, entre otros organismos de la represión del Gobierno militar. Esto, sin duda, llevó a que el sistema de inteligencia en su conjunto fuera bastante débil en cuanto a su organización y a sus atribuciones, lo cual, a mi juicio, quedó ejemplificado en el rol de la ANI. Esta pasó más bien a ser un organismo de carácter colaborador y que podía recoger información a partir de fuente abierta. Pero todo lo que significara realizar alguna diligencia de carácter intrusivo o que requiriera un mayor nivel de investigación no lo pudo llevar adelante en atención a que no se le otorgaron esas herramientas.
Excepcionalmente, la ley le permitió poder solicitar algunas diligencias de carácter intrusivo a un ministro de corte de apelaciones, pero estas no se cumplían por la ANI, sino que había que hacerlo a través de las Policías.
En síntesis, nuestro sistema de inteligencia, en la práctica, es bastante débil. Pareciera ser de carácter integrado, pero no lo es. Lo que pasa es que termina siendo un sistema absolutamente compartimentado, donde los distintos actores, al final del día, no conversan entre sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema de inteligencia debiera ser capaz de poder obtener y procesar la información con el fin último de poder entregar al conductor político del Estado, en este caso el Presidente de la República y ciertas autoridades, información para tomar decisiones en orden a proteger la seguridad interna del país.
Entonces, la inteligencia -y esto hay que precisarlo- busca obtener información para poder anticiparse a un conflicto, a los hechos.
¿Y por qué hago esta precisión? Porque aquí viene la primera diferencia fundamental respecto de la investigación penal.
Las actividades de inteligencia no buscan esclarecer delitos, sino otorgar información. Y de ahí que tengan ciertas características que son bien distintas a lo que es el actuar normal de los órganos del Estado.
Por lo pronto, señalemos que las actividades de inteligencia son secretas por su propia naturaleza. No se puede estar publicando qué se hace o quiénes trabajan en inteligencia, porque eso no les permitiría llevar adelante su función de recabar una información que permita a la autoridad superior tomar decisiones en materia de seguridad interior y, eventualmente, exterior del Estado.
Dicho eso, ¿cuál creo yo que debiera ser la finalidad de esta ley?
Sin duda, contar con un sistema de inteligencia moderno, eficaz, pero fundamentalmente legitimado social, política y democráticamente, de forma tal que se haga cargo de los desafíos de seguridad que tenemos para este Chile del siglo XXI. Y, además, que sea capaz de entregar información oportuna y veraz a las autoridades para que puedan tomar decisiones. Porque yo creo que una de las principales falencias de nuestro actual sistema es que no entrega esta información en forma oportuna.
¿Qué cosas destaco del proyecto de ley que presentó el Gobierno?
Primero, la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que va a asesorar al Presidente de la República, donde van a estar las más altas autoridades que tienen que ver en inteligencia.
En segundo lugar, la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia, que va a elaborar el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia -la aprueba el Presidente de la República-, en que se van a fijar claramente los objetivos estratégicos y qué resultados persigue el Estado a partir de los temas de inteligencia. Esta estrategia va a durar un período de cuatro años para hacerla coincidir con el período presidencial.
Un tercer tema apunta a fortalecer el rol del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia para poder exigir información, rol que hoy día no tiene.
Asimismo, se establece la especialización de quienes van a trabajar en el área de inteligencia, donde hay una clara muestra de que hoy día nosotros debemos contar con agentes especializados que puedan llevar adelante esta tarea.
Y, finalmente, se contempla, frente a estas nuevas atribuciones, un mayor control del Congreso tanto por la Cámara de Diputados, en lo que respecta al control de la Agencia Nacional de Inteligencia, como también del Senado, en cuanto al control de la Estrategia Nacional de Inteligencia.
Dicho eso, hay un par de puntos que no puedo omitir y que, a mi juicio, no están bien resueltos en el proyecto.
El primer tema -y creo que es el fundamental- es que no se define el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia.
La iniciativa que presentó el Gobierno, si bien es cierto presenta una serie de modificaciones importantes y otorga atribuciones a la ANI, en la práctica no resuelve una duda existente.
Me explico.
Nosotros queremos un organismo de inteligencia que cumpla un rol meramente coordinador, es decir, que recoja información, o vamos a querer realmente un organismo con funciones operativas que actúe con agentes propios a fin de que pueda recabar los antecedentes que le permitan entregarles información vinculada con inteligencia a las autoridades políticas al momento de la toma de decisiones.
Esa es una primera cuestión central, que a mi juicio va a cruzar la discusión de este proyecto.
Un segundo asunto no menor se relaciona con regular de una vez por todas la figura del agente encubierto.
Creo que la ley sobre el sistema de inteligencia del Estado es la oportunidad para establecer un estatuto jurídico en la materia, pues a mi juicio la figura del agente encubierto está muy mal tratada y bastante desperdigada en nuestra legislación. La referida ley no es la excepción, más allá de hacer una mera mención en el sentido de permitir el uso de los agentes encubiertos y establecer dos normas relativas a sus atribuciones. Sin embargo -reitero-, no existe un estatuto jurídico claro que distinga quiénes pueden ser agentes encubiertos, ni tampoco hay normas de protección, ni sanciones penales o administrativas en caso de que estos infrinjan sus deberes, entre otras cosas.
Un tercer tema central, en mi concepto, tiene que ver con qué pasa con la información residual.
Ya he señalado en mi intervención que el objetivo de las actividades de inteligencia es obtener información para aportársela a las autoridades políticas a fin de que puedan decidir con respecto a determinada situación.
La inteligencia no busca esclarecer delitos; no persigue hacer la tarea del Ministerio Público. No obstante, puede ocurrir que durante las labores de inteligencia se dé con antecedentes que permitan esclarecer un delito, o bien, que posibiliten precaver que se cometa cierto tipo de ilícito.
Entonces, las preguntas que surgen son qué se hace con esta información residual y cuál es el valor que tiene en el proceso penal.
El proyecto solo se limita a establecer un canal que señala la forma como la información sobre inteligencia, la cual es factible que sirva en una investigación penal, se entrega al Ministerio Público. Pero, a mi juicio, no se hace cargo de la cuestión más central, que es el valor probatorio que pueda tener esa información en una causa penal.
Por ejemplo, pensemos en qué ocurre en un caso tan simple como la interceptación de comunicaciones.
Cuando uno mira las normas del Código Procesal Penal en materia de interceptación de comunicaciones, sea telefónica, electrónica o de otro tipo, se da cuenta de que su artículo 222 regula el tema y establece una serie de requisitos a fin de que la evidencia que se obtiene con la interceptación tenga valor en el juicio. Por de pronto, la ordena el juez de garantía; se puede autorizar solo si existen sospechas fundadas, basadas en hechos concretos, de que una persona ha cometido o va a participar en la comisión de un hecho punible, que tenga pena de crimen.
Asimismo, se dispone que, una vez que termina la medida intrusiva, el Ministerio Público tiene que dar cuenta al juez de garantía, el cual debe citar a una audiencia al objeto de que el afectado conozca de ello y pueda hacer valer sus derechos y reclamar de la validez de tal medida o no.
Esa forma de realizar interceptaciones dista mucho de lo que se establece en la ley sobre el sistema de inteligencia.
La mencionada normativa señala que las medidas intrusivas las autoriza un Ministro de Corte y se deben solicitar cuando sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del sistema, es decir, cuando no está la persecución concreta de un delito.
Terminada la medida intrusiva, la única obligación que existe es que quien la pidió, que debe ser uno de los jefes de los servicios de inteligencia o el director de la ANI, solo dé cuenta a través de un escrito al Ministro de Corte de que se cumplió con la diligencia y de qué se hizo. Es decir, no hay una cautela de garantías respecto de aquella persona a la que eventualmente se le interceptó su teléfono.
Como podemos ver, esa simple comparación muestra que el estándar del Código Procesal Penal es muy distinto al de la ley sobre el sistema de inteligencia. Reitero: si la información residual, que puede ayudar a esclarecer delitos, va a tener o no validez en un proceso penal.
Yo soy de los que creen que esa es una materia que este proyecto no resuelve.
Porque en las labores de inteligencia, especialmente las que pueden hacerse en zonas como las de la Región que represento, la de Antofagasta, donde hoy vemos uno de los mayores tráficos de drogas debido a la extensa frontera que tenemos, el Ejército perfectamente puede levantar una serie de antecedentes que sirvan para esclarecer este tipo de delitos o delitos asociados.
Pienso que es un asunto que debemos analizar.
Por último, esta iniciativa hace necesario revisar las figuras penales que están contempladas en la ley sobre el sistema de inteligencia con otros tipos penales y con leyes especiales. Ello, con el objeto de evitar el concurso de leyes penales, que siempre producen problemas.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, anuncio mi voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.


El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, fortalecer al Estado mediante el nuevo Sistema de Inteligencia es fundamental para proteger a los conciudadanos de las amenazas y los riesgos a los que cada vez nos vemos envueltos.
Hoy las fronteras tradicionales están traspasadas por las ciberfronteras. Por eso se pueden generar situaciones indeseadas e insospechadas.
Por lo tanto, el discutir en esta oportunidad una iniciativa de tanta trascendencia para proteger precisamente lo más valioso que tenemos, no solo nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestro patrimonio, sino también nuestra forma de vida, se halla vinculado con lo que se busca a través del establecimiento de leyes en materia de inteligencia.
Chile, entonces, quiere estar a la altura de ese desafío.
Y aquí se presenta el primer problema: el trabajo de inteligencia no puede hacerse solo. No puede haber una agencia exclusiva; no puede haber un primus inter pares; no puede existir esa dependencia jerárquica, porque los sistemas de inteligencia necesariamente son distribuidos. Y cada uno tiene una especificidad propia, un conocimiento particular. Por ello es una red.
¿Qué es aquello que el mundo ha encontrado como común denominador? La colaboración.
La colaboración interagencias es la solución para enfrentar las grandes amenazas. Hoy no existe ningún país en el planeta capaz de afrontar solo las ciberamenazas. Por ello Chile también debe tener la capacidad para poder actuar a través de sus organismos de inteligencia con el resto de los sistemas de inteligencia del orbe.
La inteligencia, pues, no es aislada; no es algo particular; no es una cosa que ocurre solo en nuestro país.
Lo que no es inteligencia es evidencia.
Por eso comparto plenamente las aprensiones que manifestó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Asimismo, concuerdo totalmente con la visión de Su Señoría en cuanto a la necesidad de perfeccionar nuestro mecanismo legal, de tal forma de dotar al sistema de inteligencia nacional, a cada uno de los organismos vinculados en la materia, de las mejores capacidades humanas y técnicas.
Y quiero referirme a ese último elemento: a las capacidades técnicas del Estado.
La inteligencia técnica del Estado es fundamental. En la actualidad no se pueden enfrentar las amenazas si el Estado no la considera.
La NSA, GCHQ, Shmone Mataim, por citar algunos servicios de inteligencia del resto del mundo, son organizaciones técnicas de alto nivel jerárquico.
Yo me pregunto, entonces: ¿cuál es el equivalente en Chile?; ¿quién está realizando ese trabajo?
Ahora bien, dentro de la inteligencia está la contrainteligencia. Y en la contrainteligencia uno de los aspectos fundamentales es la seguridad de la información. ¿Dónde están nuestros sistemas criptográficos? Es decir, la capacidad para proteger nuestras comunicaciones, nuestra voz, todo lo que el Estado maneja y que, obviamente, ha de tener el carácter de secreto, que solo este puede saber.
Por lo tanto, esta iniciativa nos da la oportunidad de perfeccionar la ley sobre el sistema de inteligencia del Estado, para dejar a Chile a la altura de los sistemas de inteligencia de nivel mundial y, asimismo, para garantizarles a todos los ciudadanos que sus derechos personales no van a ser vulnerados.
¿Y ello por qué?
Tomemos un ejemplo.
Está en tramitación el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, lo que es fundamental para asegurarles a las personas que ese derecho constitucional va a ser respetado.
Por ello, la ética en el sistema de inteligencia es primordial, pues permite separar las cosas.
Algo fundamental en el caso de la ley sobre el sistema de inteligencia es que existe un proceso mediante el cual siempre un juez de la Corte de Apelaciones autoriza, por ejemplo, medidas intrusivas para un fin específico, del que se debe dar cuenta. Porque esas medidas efectivamente afectan la vida de las personas, si es que están bajo sospecha y no se tiene ningún antecedente al respecto.
Porque la información que se obtiene no es evidencia, sino inteligencia. Y la inteligencia es anticiparse a hechos. Si la anticipación ocurre de buena forma, se podrán prevenir incluso delitos. Pero también es factible que sirva como operaciones para lograr obtener esas evidencias, que les va a permitir a los fiscales perseguir los delitos asociados.
Hoy tenemos esa oportunidad.
Por eso quiero invitar a mis Honorables colegas a apoyar en general este proyecto, para así permitirnos en particular poder trabajar cada uno de los artículos y entregarle a Chile la mejor ley sobre sistema de inteligencia del Estado.
Anuncio mi voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Yo voy a aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto.
Creo que, después de cerca de 15 años de funcionamiento de nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, corresponde hacer una revisión para mejorar sustantivamente su labor.
Yo no soy de aquellos que piensan que la ANI no ha hecho bien su trabajo. Yo considero que lo ha hecho todo lo bien que podía realizarlo con las facultades que se le otorgaron, con los medios administrativos que se le dieron y con el personal que se le proporcionó.
Creo que esta iniciativa va muy bien en esa dirección. Y en tal sentido la voy a votar favorablemente.
Sin embargo, guardo aún dos preocupaciones muy fundamentales sobre el particular. Y las quiero mencionar acá, si bien estas cuestiones probablemente se podrán abordar y mejorar en la discusión particular.
La primera se refiere a que el proyecto -y lo señaló el Senador Araya- no define claramente cuál es la inteligencia que va a recoger este organismo.
Yo entiendo, por lo que se desprende de su texto, que no va a tener a su cargo la inteligencia militar, porque esa la llevan a cabo las Fuerzas Armadas.
Al parecer tampoco será la inteligencia de tipo policial, que supongo que es la relacionada con delitos que están en marcha o que se han cometido. Y se asemeja mucho a la investigación.
Tampoco pienso que vaya a recoger inteligencia en los países vecinos para traerla a Chile.
En realidad, creo que la definición es muy importante, porque la Agencia Nacional de Inteligencia está llamada a actuar dentro de nuestro país. Y ello inmediatamente pone el foco, la duda, la preocupación en cuanto a quiénes va a observar y con quiénes va a conseguir la información.
Yo pienso -y así lo dio a entender también el Senador Araya- que la Agencia debería ocuparse fundamentalmente de los asuntos vinculados con el crimen organizado, los cuales requieren ir mucho más allá de una pura investigación policial para formarse un cuadro bastante claro acerca de cómo operan las bandas criminales, de uno u otro tipo, en nuestro país; con el narcotráfico, y, naturalmente, con el terrorismo.
El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo a mi juicio deberían ser sus funciones. Y, al mismo tiempo, habría que decir con mucha claridad que no es función de esta entidad buscar responsabilidades en materia de conflictos políticos o cosas por el estilo.
Señalo aquello, señor Presidente, pues quiero ser muy franco.
Yo fui Ministro del Interior, y lo primero que encontré encima de mi escritorio fue un boletín que me daba cuenta de las cosas que habían pasado en la semana, con un amplio capítulo sobre la actuación de grupos especiales tales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros.
En realidad, existe cierta visión respecto de quienes realizan actividades de inteligencia, que serán los mismos que la efectuarán ahora y que le entregarán la información a la ANI. Por lo tanto, a mí no me asegura mucho que aquello no se vaya a hacer, a menos que nosotros digamos claramente que no se trata de una policía política.
Estoy siendo lo más franco posible, señor Presidente.
Esa no es función de esta Agencia.
Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, digamos qué es de su responsabilidad y, a la vez, qué no le corresponde.
La segunda inquietud -está en la legislación; se ha hecho en general con algunos alcances- tiene que ver con el Sistema Nacional de Inteligencia, que me parece bien que exista. En él se encuentran los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia de Carabineros e Investigaciones. Y se agregan otros como aquellos que ven temas financieros (inteligencia financiera), así como de la Dirección Nacional de Aduanas, en fin.
Eso me parece bien.
Ello, que será presidido por el Ministro del Interior, con la participación del Ministro de Defensa -no estoy seguro de si está el de Relaciones Exteriores-, hace una síntesis de las cuestiones de inteligencia.
Eso lo considero correcto. Ahí llega la información que se recoge y se realiza la coordinación.
Pero, en verdad, más adelante, cuando nos referimos a qué tipo de información deben traspasar los servicios de inteligencia militar, hablamos de la "información residual", o sea, la que se genera por casualidad: por ejemplo, cuando se está investigando un asunto vinculado con temas militares o policiales y caen antecedentes sobre un grupo que está realizando actividades de narcotráfico. Esa información se traspasa inmediatamente a la ANI.
Aquello está bien.
Sin embargo, yo me pregunto qué pasa con la demás actividad de inteligencia de esos servicios. ¿Esa no se vierte al Sistema Nacional de Inteligencia?
Yo pienso que, con todos los resguardos necesarios, esa labor de inteligencia militar también tendría que entregarse a un mecanismo especializado de carácter civil que debería estar en la Agencia Nacional de Inteligencia.
Esos son los dos reparos que tengo respecto de esta materia, señor Presidente. Y para adelantar otro, puedo señalar que no veo razón alguna para la creación de un Subdirector de la Agencia, nombrado por el Presidente de la República. Porque, seguramente, en su primera pelea con el Director va a pasar lo mismo que ocurrió en la Contraloría.
Entonces, es mejor no crear esta especie de subrogancia legal, pues en la práctica provoca más problemas que los que resuelve.
Sin embargo, esas cosas las veremos en la discusión particular. Yo solo quería hacer algunos alcances sobre las dos cuestiones que mencioné.
Desde luego, voy a votar a favor de este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me han solicitado abrir la votación.
La señora RINCÓN.- Manteniendo los tiempos, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señor Presidente, los países tienen la inteligencia que pueden y no necesariamente la que se merecen o la que quieren.
Digo aquello porque, en el caso chileno, el sistema de inteligencia en democracia ha estado condicionado por nuestra historia, que es compleja.
Durante un tiempo, en Chile el sistema de inteligencia del Estado se volcó contra sus ciudadanos. Por tanto, lo que ocurrió al final del día es que cualquier discusión que se generó con posterioridad al retorno a la democracia estaba condicionada por la experiencia traumática que vivieron miles de chilenas y chilenos.
Ahora hemos buscado un mecanismo en virtud del cual podamos tener una ley que actualice la institucionalidad sobre inteligencia a las nuevas realidades.
Sin embargo, previo al análisis del articulado, me parece relevante hacer presentes algunos elementos comunes a las instituciones de inteligencia.
La inteligencia tiene por objeto recolectar, coordinar, analizar información, y, luego de ese proceso, proveer a la máxima autoridad del país de información adecuada para prevenir o reaccionar: inteligencia preventiva e inteligencia reactiva.
La inteligencia preventiva permite alertar a las autoridades de eventuales hechos que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado o la seguridad del orden constitucional. Y hablo de "la seguridad del Estado o la seguridad del orden constitucional" porque, de pronto, se confunde la idea de inteligencia, sea preventiva o reactiva, con la labor que realizan las policías en materia delictual, y se le exige a la Agencia Nacional de Inteligencia un rol que eminentemente es de inteligencia policial y que no se halla en el ámbito de sus competencias.
De hecho, el artículo 4º de la ley, que no se modifica sustancialmente en este proyecto, establece que el objetivo de esta información es contribuir a proteger la soberanía nacional y a preservar el orden constitucional.
Dicho lo anterior, entonces, dentro de ese ámbito se mueve la inteligencia de la que estamos hablando.
En segundo lugar, la inteligencia puede ser reactiva, que es cuando ya se han producido ciertos hechos que la inteligencia preventiva no logró advertir y evitar y se provee de información esencial a la autoridad para que reaccione adecuadamente, identificando a los responsables, deteniéndolos y sometiéndolos al procedimiento establecido en la legislación vigente (inteligencia reactiva).
La pregunta es por qué la inteligencia preventiva y la inteligencia reactiva en general no han dado buenos resultados en nuestro país.
No han dado buenos resultados si se mira desde el punto de vista de que la Agencia Nacional de Inteligencia debiera cumplir un rol en materia de seguridad ciudadana o de seguridad interior.
Porque, en verdad, como expresa la ley, su rol es distinto.
Sin perjuicio de ello, dicho organismo evidentemente debe entregar información adecuada a las autoridades -al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Subsecretario del Interior, en fin- con el objeto de evaluar si ciertos grupos pueden poner en riesgo el orden constitucional o buscan afectar la seguridad nacional.
Por esa razón se establece este sistema de inteligencia.
Dicho lo anterior, es del caso relevar que la ley en proyecto se hace cargo de uno de los principales problemas que ha tenido nuestro sistema: la compartimentalización de la información.
Lo que ocurre hoy día es que cada institución, legítimamente en cumplimiento de sus respectivas leyes orgánicas, maneja su propia información y la comparte bastante poco. Es decir, cada una le entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia o a otras entidades aquella información que eventualmente no pondrá en riesgo sus propios objetivos institucionales.
Ese es un problema, porque dónde está la verdadera capacidad de decisión del Presidente de la República o de la autoridad pertinente cuando tiene un cúmulo de información que ha sido debidamente procesada y orientada a un objetivo determinado: prevenir o reaccionar.
En consecuencia, el esfuerzo del proyecto, cuando uno ve su articulado, apunta a crear de verdad el denominado "Sistema de Inteligencia del Estado", en donde todas las instituciones están obligadas -así lo establece la iniciativa- a disponer y a entregar esta información relevante a la Agencia Nacional de Inteligencia para que esta, con el conocimiento de todas y cada una de las instituciones y de otra información que pueda recabar por fuentes abiertas, realice un análisis, distinga entre información residual e información sustantiva y esté en condiciones de otorgar la asesoría debida al Presidente de la República o a la autoridad que corresponda.
Voy a votar a favor, señor Presidente, sin perjuicio de que en la discusión en particular vamos a presentar indicaciones para ir perfeccionando el sistema.
Desde ya, quiero comentarles que fue materia de debate en la discusión en general en las Comisiones unidas el aspecto relativo a la inclusión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en cierto tipo de funciones de seguridad interior. Y, en verdad, había cierta confusión en algunos, porque desconocían probablemente que la Armada cumple un rol en materia de seguridad en las costas y en el mar, en funciones relacionadas con el narcotráfico, entre otras. Lo que sucede es que se establecía, por ejemplo, que en materia de fronteras se podía hacer un convenio para que dichas instituciones participaran. Esto abría la puerta para incorporar a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, situación que se conversó con el Ejecutivo, el que señaló que no se tenía la intención de sumar a esas instituciones a dicho control, por todo lo que ello conlleva.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar y luego haré mis observaciones.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que busca el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia del Estado otorga nuevas herramientas a sus responsables para hacer más eficaz su labor en forma transparente, lo cual constituye un elemento preventivo esencial en la conservación del orden público.
Esta iniciativa presenta indudables avances. Entre estos, se encuentra la integración, como parte del Sistema de Inteligencia del Estado, de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio de Impuestos Internos, tomando, eso sí, la precaución de puntualizar el especial cuidado que deben tener estas entidades en la entrega y reserva de información, en el ámbito de su competencia.
De esta forma, se incorporan instancias técnicas al Sistema de Inteligencia que contribuirán a su labor con sus informes y análisis, debiendo tener adecuados resguardos legales en la entrega de la información.
Las principales debilidades en la actualidad se relacionan con aspectos tales como que el sistema vigente no congrega a todos los actores involucrados y que en su concepción contiene disposiciones centrífugas que hacen que los esfuerzos comunes tiendan a dispersarse sin que se generen las convergencias necesarias.
Este proyecto de ley, en definitiva, está enfocado en mejorar el Sistema de Inteligencia.
Adicionalmente, la ANI debiera tener contacto con organizaciones afines a nivel internacional para obtener alertas de amenazas transnacionales, como el crimen organizado y el terrorismo internacional. Solo así el análisis de la Agencia gozará de la profundidad, riqueza y complejidad que demanda el tomador de decisiones y que da cuenta de amenazas tan variadas como la delincuencia informática, el ecoterrorismo, el terrorismo islámico, entre otros.
En este ámbito, quizá la tarea prioritaria para modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado sea la de asegurar la existencia de un flujo continuo, seguro y efectivo de informaciones hacia la ANI y entre las organizaciones de inteligencia ya existentes en nuestro país, construyendo canales procedimentales, informáticos y físicos necesarios para asegurar tal intercambio, que hoy es prácticamente inexistente en nuestro marco legal y reglamentario.
En cuanto a las responsabilidades, el actual artículo 44 establece una sanción al que viole la obligación de guardar secreto, en los términos establecidos en los artículos 39 y 40 de la ley. Dicha obligación de guardar secreto involucra a las autoridades y funcionarios que hubieren tomado conocimiento de antecedentes y a aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de inteligencia, tomen conocimiento de esta información porque intervienen en el delicado proceso de su generación.
Por su parte, el nuevo artículo 44 ter busca sancionar a los Diputados y a los Senadores que eventualmente violen los deberes de guardar secreto de los informes o antecedentes obtenidos en el marco de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y de las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública del Senado.
En cuanto a esta eventual sanción legal a Diputados y a Senadores, si no es rigurosamente descrita cuál es la conducta a sancionar, a futuro se podría extremar su interpretación y dañar la labor fiscalizadora de los parlamentarios, lo cual nos acarrearía problemas de constitucionalidad.
Una interpretación amplia de lo que se entiende como conducta que implique una violación de guardar secreto puede transformarse en un elemento dañino para la función parlamentaria.
Voto a favor de la idea de legislar. Pero, obviamente, en la discusión particular esta situación debe ser analizada con mucha precisión por las Comisiones unidas, de forma tal de no empañar la eficacia que persigue la iniciativa que discutimos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, con este proyecto estamos colocando al día nuestra legislación sobre servicios de inteligencia, porque la última ley que los rige fue dictada en 2004 y, por lo tanto, "ha pasado mucha agua bajo el puente" -como se dice-, en relación con los cambios que ha sufrido Chile y el resto del mundo. Por consiguiente, se vuelve necesario colocar al día esta legislación. Por lo demás, en la historia política, el país no tuvo una ley sobre la materia sino hasta 2004, ya que antes se hacía inteligencia, pero no existía ninguna legislación escrita, concreta, que regulara lo que hacían los servicios de inteligencia, salvo la normativa excepcional que hubo durante la dictadura.
¿De qué se trata esencialmente, señor Presidente, lo que estamos discutiendo?
Todas las personas y los Estados se ven enfrentados a tomar decisiones complejas, difíciles, en el curso de su competencia o en el curso de su vida. Con relación al tema de la inteligencia, de lo que estamos hablando es de que el Jefe del Estado y las máximas autoridades puedan tomar las mejores decisiones con los elementos de juicio que se supone los servicios de inteligencia les van a entregar respecto de situaciones que afectan a la soberanía nacional, al orden público, a los objetivos políticos del Estado.
En consecuencia, es lógico que coloquemos al día nuestra legislación cuando asistimos a la revolución de las telecomunicaciones y del transporte; cuando vemos al mundo globalizado comunicado por internet, por la inteligencia artificial; cuando el mundo se ha achicado, y donde hay nuevos riesgos.
Por lo tanto, es bueno que nosotros tengamos claro que lo que perseguimos con esta legislación es que el Jefe del Estado y las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas puedan anticiparse a los posibles riesgos y, asimismo, tomar las mejores decisiones que les corresponden en sus responsabilidades políticas.
Sin embargo, creo que es bueno tener presente, porque el nombre a lo mejor nos puede conducir a error -y quiero que me escuche el señor Ministro de Defensa, que está a mis espaldas con otros Senadores, porque nos encontramos aquí debatiendo y se supone que nos estamos escuchando-, que la mayor cantidad de información que se obtiene por los servicios de inteligencia se realiza a través de fuentes abiertas: el 95 por ciento proviene de tales fuentes.
Por consiguiente, en cuanto al rol que pueden jugar los analistas en el análisis de la información, al esfuerzo de búsqueda de la información direccionada no solo por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las direcciones de inteligencia policial, sino también por el mundo civil, es fundamental que quede establecida, como se hace en este proyecto, una mayor participación del sector civil en el direccionamiento de la búsqueda. Y no solo en la búsqueda, sino también en el establecimiento de los objetivos que persigue el Estado con estos servicios de inteligencia.
Por lo tanto, el tratamiento de las fuentes cerradas es lo excepcional, porque solo un cinco por ciento de toda la información se busca en aquellas fuentes.
En consecuencia, es menester tratar acuciosamente todo lo que significa medidas intrusivas, que es lo excepcional en un Estado democrático, porque todo el resto -yo diría la mayoría- de la información se busca mediante fuentes abiertas, que hoy día están en todas partes: en los teléfonos, en internet, en los computadores, en las revistas, en las fuentes de información.
Hoy día todo es transparente; todo está ahí.
Por ende, se requiere simplemente un gran esfuerzo de búsqueda y, además, contar con buenos analistas, que es lo que le hace falta a Chile para que podamos disponer de una buena información.
Termino, señor Presidente -y le pido un minuto más-, señalando que no confundamos los planos.
Hay un plano político (porque aquí se preguntó: "¿Qué va a hacer la ANI?"), en el marco del cual se tiene que buscar la información para que el Jefe del Estado pueda tomar mejores decisiones. Aquella es la inteligencia política.
Existe un plano estratégico, que es la inteligencia estratégica, en virtud del cual se debe buscar información para los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Directores Generales de la Policía para que ellos, a su vez, puedan hacer la planificación correspondiente.
Y, por último, hay una inteligencia táctica, que se refiere a las operaciones concretas que deben acometer los distintos sectores de la Policía y de las Fuerzas Armadas según los requerimientos que les demanden sus jefes.
Señor Presidente, los puntos mencionados están considerados en este proyecto de ley, y además se establece el resguardo correspondiente mediante los controles pertinentes.
Por eso, voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto de ley, que por cierto voy a respaldar en general, es introducir cambios al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) en cuanto a la organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional. Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas -como lo ha dicho mi colega Insulza- externas e internas y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
Sin lugar a dudas, nadie podría estar en contra de la idea propuesta. La intención del Ejecutivo con esta iniciativa es fortalecer la actividad y la coordinación de los organismos del Sistema de Inteligencia del Estado, así como los controles que recaen sobre aquellos.
Sin perjuicio de lo anterior, no se contemplan necesarias reformas de fondo en el proyecto, que creo que debemos abordar en la discusión en particular.
Primero, no se modifican los objetivos y, por ende, las misiones de los diferentes organismos para estar a la altura de los tiempos y de las amenazas, que cambian y adquieren nuevas formas. Varios de mis colegas ya han relatado de qué estamos hablando. El Senador Francisco Huenchumilla ha señalado puntos esenciales en esta materia.
Así lo han manifestado en el Senado, por lo demás, Gustavo Villalobos y Gonzalo Yuseff, directores del Sistema durante 13 años.
Villalobos opina que la propuesta del Gobierno desaprovecha la coyuntura para revisar las misiones de la Agencia. Refiere como ejemplo la ciberseguridad y considera relevante determinar de mejor forma qué debe hacer la Agencia en esta área (informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, página 31).
Por otro lado, señala que "tanto las instituciones de inteligencia militar como policial desarrollan un esquema abierto de tareas, limitado por lo que dictamina el mando y por `sus funciones propias'. Por lo tanto, es necesario debatir si cabe conservar este diseño que, si bien entrega una buena dosis de libertad de acción a las entidades, deja un margen muy amplio a la discrecionalidad" (página 31 del informe ya citado). Sabemos que cuando las facultades no están bien definidas, la fiscalización y la rendición de cuentas se ven obstaculizadas, vale decir, no se puede hacer accountability.
En lo relativo a la operativa del Sistema de Inteligencia del Estado, tampoco se abre la discusión sobre una alternativa operativa, al menos acotada, de contrainteligencia -tema tremendamente importante-, de manera de contribuir a la anticipación y prevención en asuntos sensibles.
Villalobos destaca que "en América Latina, se ha extendido el tráfico de drogas, de personas y de armas, y el narcotráfico se ha abierto a otros negocios como la minería ilegal, causando estragos ambientales en Ecuador, en Perú y en Brasil, entre otros. Algunas de estas realidades ya afectan al país y otras se están acercando" (informe ya mencionado).
Lo ha señalado, por lo demás, el colega Insulza en su intervención.
Otro tema que también considero de fondo, y tiene que abordarse, es lo que dice relación con mejorar los objetivos, la coordinación, las misiones y la labor de contrainteligencia, pero, además, con optimizar la defensa de la democracia.
Señor Presidente, creo que una eficaz protección del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas tiene que ser parte también de este debate.
Atendiendo a las Buenas prácticas para promover el respeto al Estado de Derecho y de los derechos humanos en la labor de los servicios de inteligencia, recopiladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2010, existen 35 mecanismos institucionales y jurídicos que considerar en la materia que nos ocupa.
Y nombro algunos:
-El mandato y la base jurídica del sistema de inteligencia.
-Las instituciones de supervisión.
-Las denuncias y reparación efectiva por abusos.
-La imparcialidad y la no discriminación de los objetivos y acciones.
-La responsabilidad del Estado respecto de la acción de los servicios de inteligencia.
-La responsabilidad individual y la rendición de cuentas.
-El profesionalismo.
-Salvaguardas de los derechos humanos.
-La recopilación de información, gestión y utilización de datos personales.
-El ejercicio de las facultades de arresto y detención, la relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
-El intercambio de información y la cooperación internacional.
En lo relativo al Mandato, la Práctica 1 recalca que los servicios de inteligencia no solo han de estar centrados en la protección de la seguridad nacional, sino también en la defensa del Estado de Derecho. Y agrega que en el concepto "seguridad nacional" se encuentra incluida la protección de la población y de sus derechos humanos.
El Sistema de Inteligencia del Estado chileno carece de la mayoría de los marcos jurídicos e institucionales que sirven para promover el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos en la labor de los servicios de inteligencia. Así:
-No contempla instituciones de supervisión independientes en la materia, mecanismos de denuncias ni vías de reparación efectiva.
-No regula la responsabilidad del Estado respecto de la acción de los servicios de inteligencia.
-No establece reglas de imparcialidad y no discriminación.
-No contempla salvaguardas específicas de los derechos humanos, por ejemplo, con relación al ejercicio de las facultades de arresto y detención.
-Nada señala acerca de la recopilación de información de las personas ni sobre la gestión y utilización de datos personales.
-No se delimita finalmente, como lo ha resuelto varias veces el Consejo para la Transparencia, el alcance del secreto en materia de inteligencia policial frente a requerimientos del Ministerio Público o de autoridades políticas.
En relación con lo anterior, es de público conocimiento, señor Presidente, que en el marco de la Operación Huracán se habrían negado antecedentes a la Fiscalía so pretexto de la reserva impuesta por la ley N° 19.974.
Compartiendo, por tanto, el objetivo y la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado -lo reitero, como lo dije al inicio de mi intervención-, votaré en general a favor del proyecto de ley. Pero es evidente que muchos más elementos son necesarios para que la iniciativa sea una ley de alto nivel, de acuerdo con los tiempos que corren.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no me cuente todavía los minutos de intervención. Quiero plantear primero un asunto reglamentario.
Le pido, por una necesidad urgente, que recabe la autorización pertinente para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, porque necesitamos su asesoría urgente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en otorgar la autorización?
--Se autoriza.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede intervenir, señor Senador.


El señor MOREIRA.- Señor Presidente, y especialmente a la Nueva Mayoría, no intento hacer una caricatura de este asunto, pero sí me gustaría decir las cosas como son y por qué fueron así.
¿Por qué señalo esto? Porque creo que desde el retorno a la democracia se hizo "inteligencia sin inteligencia".
¿Y por qué? Porque era un tema difícil, porque había sensibilidades y porque había un complejo por el pasado y por el régimen militar. Entonces, hablar de inteligencia era algo demasiado duro para la Concertación en aquella época.
Y en los sucesivos gobiernos no se avanzó, porque esta es una cuestión muy pero muy sensible.
Dicho lo anterior, con la finalidad de no repetir lo mismo que han expresado aquí el Senador Pérez, el Senador Insulza, el Senador Harboe y el Senador Huenchumilla, pero en afinidad con ellos -cada uno ha anunciado su voto a favor porque entienden que debemos hacer una reforma buena, seria y responsable-, quisiera profundizar en algo que nos dijo el Senador Durana.
Él indicó que, a modo de conclusión, se hacía necesario agregar que, en la dimensión de los servicios de inteligencia militar, "las principales debilidades se relacionan con aspectos tales como que el Sistema vigente no congrega a todos los actores involucrados y que, en su concepción, contiene disposiciones centrífugas que hacen que los esfuerzos comunes tiendan a dispersarse, sin que se generen las convergencias necesarias".
A lo que ha señalado el Senador Durana agregaría que influye en ello la asignación de objetivos a los servicios de inteligencia militar por parte de los respectivos mandos institucionales y la falta de una clara dirección en la producción de la inteligencia en sus diferentes niveles.
Es en la producción de inteligencia donde se evidencia más claramente la necesidad de continuar profundizando "lo conjunto", en lo que, por diversas razones, solo se avanzó en la medida de lo posible cuando se promulgó el Estatuto del Ministerio de Defensa Nacional.
Ello solo se logrará si se empodera aún más al Estado Mayor Conjunto, ya que este es el pivote en torno al cual se articulan las demandas de inteligencia y si se continúa avanzando en la implementación de las estructuras y organizaciones que, como los Destacamentos Especiales de Inteligencia, se orientan a ese fin.
Como bien se ha señalado aquí, la iniciativa está enfocada en mejorar el Sistema de Inteligencia Nacional. Y quizás en este ámbito la tarea prioritaria para modernizarlo sea la de asegurar la existencia de un flujo continuo, seguro, objetivo y efectivo de informaciones hacia la ANI y entre las organizaciones de inteligencia ya existentes en nuestro país, construyendo canales procedimentales, informáticos y físicos necesarios para asegurar tal intercambio, hoy prácticamente inexistentes en nuestro marco legal y reglamentario.
Voto a favor porque considero que este es un avance. Todos debemos madurar en lo que significa la inteligencia -es una defensa para el país- y los beneficios que pueda traer, pero siempre generando las contenciones necesarias para que no se produzcan abusos de poder y faltas a la ley.
Voto que sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Aravena.


La señora ARAVENA.- Señor Presidente, deseo iniciar estas breves palabras recordando el atentado que sucedió en estos días en Sri Lanka, en el que fallecieron 320 personas y hubo quinientos heridos.
Esto que uno ve tan lejano perfectamente puede suceder en Chile. El mundo ha cambiado, como lo han señalado muchos de mis antecesores. Y claramente las últimas cifras de consumo de drogas en nuestro país indican que no hemos derrotado el tráfico de uno de los peores cánceres que tiene la humanidad hoy día, que genera muchas muertes. El crimen organizado requiere ser prevenido.
En ese sentido, durante los últimos años hemos advertido que existen numerosas amenazas y ataques en forma de ejecución que eran muy desconocidos, sobre todo, para un país como el nuestro, que ve que este tipo de situaciones ocurren muy lejos de sus fronteras.
Lamentablemente, en La Araucanía hemos tenido actos de violencia rural. El año pasado fueron alrededor de doscientas causas las que se informaron en la Fiscalía regional. De ellas, solo el 5 por ciento tiene responsables actualmente.
Claramente, la inteligencia no ha funcionado.
Nuestro país no está libre de estos fenómenos, particularmente bajo las modalidades de crimen organizado y espionaje internacional. Por tal motivo, resulta imperativa la existencia de un sistema funcional y coordinado de inteligencia, capaz de recolectar, reunir, producir y sistematizar información de inteligencia para ser puesta a disposición de la autoridad central que tiene a su cargo el resguardo de la infraestructura crítica del Estado, pero principalmente el bienestar de todas las personas que habitamos el país.
Un país que está en vías de desarrollo no puede descuidar algo tan importante como su inteligencia, para poder perseguir situaciones que están fuera de toda norma, como lo son el narcotráfico y, por qué no decirlo, los crímenes tan violentos que han ocurrido en La Araucanía y las situaciones de atentados terroristas.
Espero que este proyecto de ley sea un aporte en ese sentido.
Sabemos que es perfectible, que existen muchas cosas por mejorar y que es un inicio, pero también es una buena noticia. Porque muchos han señalado que la historia de Chile tiene episodios amargos con relación a la inteligencia. Y un ejemplo muy cercano es la Operación Huracán, una situación que nos volvió a fojas cero en La Araucanía con relación a la persecución de delitos. Y se vuelve a dejar en tela de juicio a la institucionalidad pública respecto a la persecución del crimen.
En tal sentido, espero que esto nos ayude a reunir información, a coordinar los servicios relacionados y a enviar una señal clara a quienes hoy día están en el otro lado de la vereda para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones; y que, de una vez por todas, estos casi trescientos atentados terroristas que hubo en la Región de La Araucanía puedan tener, por lo menos, un 50 por ciento de culpables. Porque un 5 por ciento en un universo de trescientos de verdad es un porcentaje muy bajo. Y claramente no basta con incorporar una cantidad gigantesca de carabineros en el territorio: lo que se requiere es inteligencia.
Respaldaré el proyecto y espero que entre todos podamos mejorarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, me gustaría aportar al debate información sobre el contexto en el que se da este proyecto, que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.
A principios del año pasado, cuando recién asumió el Gobierno del Presidente Piñera, se planteó la necesidad de generar un acuerdo nacional respecto de materias vinculadas a la seguridad.
Ese fue el origen de la iniciativa y lo que de alguna manera motivó a que distintos sectores -aquí hay varios que estuvieron en ese acuerdo- nos reuniéramos por un período largo de tiempo -me refiero al Gobierno, las policías, el Parlamento, los municipios, los expertos- para tratar de asumir, con un sentido de grandeza, los temas relacionados con la seguridad. Ese era el gran "paraguas" -por así decir- con el que se fue enfrentando y abordando esta dinámica.
Recuerdo bien que se partió por un tema muy sensible, que hoy está contenido en distintos proyectos y que tiene que ver con cómo se modernizan las policías, lo cual parecía ser un elemento central cuando se hablaba de la seguridad.
Asociado a ello, rápidamente se incorporó el concepto de "transparencia" respecto de todo lo que ocurre en esta materia, particularmente en el caso de las policías.
Se abordó el control de armas como un elemento central, a la luz de antecedentes que evidencian que en Chile existen armas ilegales o hechizas, o no inscritas. Y ello ha sido un elemento explosivo en materia de la violencia que se ejerce en los actos delictuales.
Y se aportó el rol del fortalecimiento de los municipios en la acción pública para enfrentar las problemáticas relacionadas con la seguridad. Pero al final se consideró un elemento central -y recuerdo bien cómo surgió- en cualquier esfuerzo serio que debía hacer un país respecto de la seguridad: cómo se usaba el Sistema de Inteligencia.
Por lo menos para mí, ese tema se abordó de forma incipiente y después, de alguna manera, fue invadiendo todo el campo de acción respecto de entender que si algunos países no tienen sistemas modernos de inteligencia, no solo en cuanto a seguridad interna, sino también externa, con elementos que nunca nadie habría supuesto, pueden quedar en jaque.
Entonces, es mejor contar con esos sistemas que no contar con ellos.
Uno no saca mucho con tener una policía modernizada, con actos de transparencia claros, con municipios realmente incorporados a la lucha en favor de la seguridad, o con un sistema de control de armas mucho más eficiente si no aglutina estos elementos en un buen sistema de inteligencia. Los ejemplos de países que afrontaron algunos de los temas iniciales sin abordar lo relativo a la inteligencia muestran que esos esfuerzos son completamente marginales.
Por tanto, recuerdo que de ahí nace este propósito de incorporar tales elementos. Afortunadamente, había muchos estudios al respecto. Y fueron surgiendo ideas que hoy día se hallan plasmadas en la iniciativa. Obviamente, se pueden mejorar, pero estamos hablando de un Consejo Asesor de Inteligencia y estamos incorporando organismos que no se hallaban integrados al Sistema de Inteligencia, como Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, Gendarmería (institución clave en lo que pueda hacer respecto de la seguridad interna del país). El que antes no se consideraran era una debilidad.
Que no existiera una Estrategia Nacional de Inteligencia era, también, un problema muy severo. Uno se sorprende de que no haya existido, después de un largo período, algo tan importante.
Se genera, también, un marco de responsabilidades para quienes componen el Sistema de Inteligencia.
Entonces, señor Presidente, en este breve tiempo de que dispongo deseo valorar todo lo que representa el proyecto de ley en análisis. No quiero dar las razones que siempre pueden existir para decir: "Me interesa que en la discusión particular...". No. Yo deseo que valoremos el tremendo esfuerzo que significa construir esto entre todos, porque se trata de políticas de Estado a larguísimo plazo. Aquí no estamos hablando de que son para este Gobierno ni para el otro ni para el subsiguiente. Se trata de ver si somos capaces de crear un sistema que de alguna manera remeza y exprese todo el potencial que tenemos en esta materia.
Por eso, valoro esta iniciativa, la subrayo, y me alegro de que estemos al fin discutiendo un tema tan relevante para el futuro de Chile.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos para intervenir.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorumconstitucional exigido, y se fija el 27 de mayo como plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Provoste y del Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.


El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a todos los señores Senadores y señoras Senadoras, porque he tomado nota atentamente de las sugerencias que han formulado para mejorar y perfeccionar este proyecto; y también, muy especialmente, a los integrantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, los Senadores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pérez Varela y Pugh, quienes conocieron este proyecto durante su tramitación y lo aprobaron en general.
Yo tengo ciertas convicciones que quisiera transmitirles, comenzando por una afirmación: este proyecto contiene materias que deben ser abordadas como una política de Estado. Por lo tanto, que los señores Senadores ayuden a su perfeccionamiento es fundamental. Eso nos va a permitir tener una iniciativa que cubrirá las actuales deficiencias que presentan las normas que rigen todo el funcionamiento del área de la inteligencia en nuestro país.
¿Cuáles son mis convicciones?
El mundo ha cambiado en muchas cosas, pero si en algo ha cambiado durante el último tiempo, y en forma vertiginosa, es en que el instrumento principal y cada vez más complejo para defender la seguridad externa, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, o el orden público, en el de Carabineros e Investigaciones, es el buen uso de la inteligencia.
Ahí está la clave en la modernización de los sistemas de control del orden público, que corresponde a las policías, y de resguardo de la soberanía y la integridad territorial, que incumbe a las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, tener un diseño con la capacidad de obtener la información que se requiere y, sobre todo -como decían el Senador Huenchumilla y el Senador Harboe-, de analizar esa información para proporcionársela a las autoridades civiles que toman las decisiones en la conducción del país es, realmente, fundamental.
La inteligencia no consiste solo en recibir información, que cada vez más proviene de fuentes abiertas -como indicaba un señor Senador-, sino también en tener analistas que sean capaces de tomar esta información, hacer un buen análisis de ella y obtener conclusiones para poder prevenir hechos que puedan afectar gravemente en los ámbitos externo o interno de un país, o, como se manifestó, para reaccionar frente a esos hechos.
Por lo tanto, debo señalar que este es un proyecto al que el Gobierno le da la mayor importancia, pues constituye un cambio de fondo en nuestra legislación, que está profundamente atrasada. Si la modernizamos, lograremos avanzar en dar altos grados de tranquilidad en materia de orden público interno, que corresponde a las policías; y de seguridad, al mantener nuestra capacidad de disuasión, a cargo de nuestras Fuerzas Armadas, en cuanto al resguardo de la patria, de la soberanía y de la integridad territorial.
Por esas consideraciones, señor Presidente, quiero agradecer sinceramente los puntos que se han indicado -he anotado cada uno de ellos- y pedir que este proyecto se apruebe de la manera más expedita posible, porque los déficits que existen en esta materia -uno los conoce, yo fui Senador y ahora veo lo que ocurre desde el lado del Ministerio de Defensa-, a pesar de que las Fuerzas Armadas chilenas tienen una inteligencia de alto nivel, requieren con urgencia una normativa que permita flexibilizar y actuar siempre dentro del marco de la ley y con respeto irrestricto de los derechos humanos.
Así que agradezco esta votación, señor Presidente, y esperaremos el análisis en particular del proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro.