IMPRESCRIPTIBILIDAD DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, Honorable Senado, saludo a las personas presentes en las tribunas, muchas de las cuales nos acompañaron durante este largo proceso legislativo.

Agradezco a Vinka Jackson, a James Hamilton; al Gobierno, a través de su Ministro Hernán Larraín; a Sebastián Valenzuela, asesor del Ministerio de Justicia, y también a los Senadores de la Comisión de Constitución: Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez Varela, Andrés Allamand y Alfonso de Urresti, así como a mis colegas integrantes de la Comisión de Infancia: Isabel Allende, Manuel José Ossandón, Ena von Baer y Jaime Quintana.

El año 2007 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.207, que estableció que la prescripción de los delitos sexuales contra menores se computaría desde el día en que estos alcanzaran la mayoría de edad, lo que sin duda -y lo ha dicho Jaime Quintana, autor de este proyecto- fue un avance importante en la protección de nuestros niños y niñas.

La realidad social, sin embargo, nos ha mostrado recientemente otro aspecto que no se vislumbró cuando se hizo tal modificación. Con pavor y profunda desazón hemos conocido casos que nos muestran a hombres y mujeres maduros que recién ahora se atreven a denunciar graves delitos de connotación sexual de que fueran víctimas durante su niñez o adolescencia.

prescrita, por lo que no puede hacerse efectiva.

Por esa razón, el 27 de mayo del año 2010, junto a los Senadores Quintana, Patricio Walker y Fulvio Rossi, presentamos esta moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.

La moción fue archivada el año 2014. Y, gracias a la acción del Senador Walker, se desarchivó en mayo de 2016, acordándose su tramitación en la Comisión de Infancia y luego en la de Constitución.

En ese contexto, el Ejecutivo indica el año pasado el proyecto de ley ampliando los delitos a nuevos tipos que desde el año 2010 a la fecha se habían tipificado.

Como una de las autoras de este proyecto -y creo interpretar al resto de quienes estuvieron en aquello, así como a Jaime Quintana, quien lo lideró-, tengo la más absoluta convicción de que este tipo de delitos son especialmente graves, gravísimos -y, por ende, reprochables-, pues su sola comisión desencadena tales trastornos en la personalidad que difícilmente estos llegan a superarse en el transcurso de la vida.

Aun en el caso de las personas resilientes, el daño que provoca un abuso sexual es inconmensurable, y genera, entre otros muchos, una serie de problemas para vivir y desarrollar la sexualidad.

El esfuerzo legislativo que estamos haciendo en esta ocasión, que es histórico, de vanguardia y no necesariamente conservador, y que espero tenga una rápida tramitación en la Cámara de Diputados, es la mínima acción de justicia que la sociedad chilena que representamos puede hacer ante las miles de víctimas del abuso sexual que ha dejado nuestro país.

Desafortunadamente para todas aquellas víctimas que fueron abusadas cuando niños, antes de que se apruebe esta ley, no habrá justicia.

La idea de hacer retroactiva la imprescriptibilidad no superó el examen de constitucionalidad que se exige en este caso. De este modo, gran parte de las víctimas de abusos sexuales cometidos por décadas -entre ellos, todos los que fueron perpetrados por miembros de la Iglesia católica, y que dieron origen a este proyecto en particular- quedarán sin justicia.

Los casos de sacerdotes vinculados a situaciones de abuso sexual se han mantenido en privado por la Iglesia. Y solo el 2011, luego de las denuncias contra Fernando Karadima, el Episcopado subió a su página una lista de los condenados: un total de 18 presbíteros sancionados por la justicia civil o canónica.

En 2016, la lista ya llegaba a 32 y decidieron retirarla.

El historial de abusos sexuales de la Iglesia en Chile arroja más de 80 denuncias y un centenar de víctimas. Esos son solo los casos conocidos.

De los 80 religiosos denunciados en Chile por abuso sexual en estos últimos años, hay 4 obispos, 66 sacerdotes, un diácono, 2 consagrados y 6 hermanos maristas.

Se estima que más de una veintena de los casos en Chile corresponden a directores o profesores de colegios católicos; en su mayoría, sacerdotes diocesanos.

La Congregación Salesiana, los Hermanos Maristas y la Orden de la Merced acumulan 14 denuncias de delitos sexuales.

A la vez, el movimiento de Schoenstatt registra una denuncia contra el vicerrector del santuario nacional de Maipú.

También existe el caso de una religiosa, quien falleció en 2012 tras ser removida por las superioras, luego de que fuera denunciada al Vaticano por abuso sexual contra las alumnas.

En febrero de este año la prelatura del Opus Dei en Chile confirmó que recibió dos denuncias por abusos sexuales y de conciencia a menores de edad en contra de un sacerdote de 82 años.

Las denuncias fueron recibidas hace dos meses y apuntan a hechos ocurridos hace aproximadamente 20 años, cuando los denunciantes eran menores de edad.

El listado no incluye a sacerdotes que fueron denunciados como encubridores o a quienes han sido sancionados por otras faltas, como abusos de poder, en donde hay conocidos miembros de la Iglesia que han sido actualmente imputados.

Encima de todo, la preocupación por las víctimas, por su daño y su dolor no parece ser prioridad. Prima el interés por la impunidad. En marzo de este año el papa Francisco confirmó la destrucción de documentos comprometedores por parte de los encargados de los archivos eclesiásticos.

Señor Presidente, ello demuestra que estamos aún lejos de otorgar verdadera justicia y reparación a las miles de víctimas de abuso sexual infantil.

Ello implica que todavía no hay un auténtico examen de consciencia sobre el daño ocasionado, ni tampoco arrepentimiento.

No obstante, la aprobación de esta moción, de este proyecto de ley, el respaldo del Gobierno y de los miembros de las Comisiones que han trabajado en ello -y espero de esta Sala- significan al menos una esperanza de menor impunidad para las futuras víctimas.

Señor Presidente, han pasado ya nueve años desde que presentáramos esta moción.

James Hamilton, José Andrés Murillo y Carlos Cruz, los llamados por Jaime Quintana "héroes imprescriptibles", son víctimas de abuso por parte de sacerdotes.

Las alumnas de las ursulinas abusadas por una religiosa y tantas más no podrán obtener el castigo penal que se merecen sus victimarios. Vivirán con su dolor. Pero, sin lugar a dudas, su tenacidad y testimonio valiente permiten que hoy podamos celebrar que no habrá más niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente sin poder acceder a la justicia.

Deseo agradecer el respaldo que ha tenido esta iniciativa y también la valentía de empujarla y sacarla adelante.

Y pido que hagamos un esfuerzo para alzar la voz frente a este y a tantos abusos que hombres y mujeres de nuestra patria viven día a día. Ellos esperan de nosotros, sus representantes en el Parlamento, que tomemos acción y avancemos para que nunca más ocurran.

Gracias, señor Presidente.

--(Aplausos en tribunas).