PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE EMPALMES Y MEDIDORES ELÉCTRICOS

El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto, iniciado en moción de los Senadores señor Bianchi, señoras Goic, Provoste y Rincón y señor De Urresti, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora, con informe de la Comisión de Minería y Energía.

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.443-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Bianchi, señoras Goic, Provoste y Rincón y señor De Urresti):

En primer trámite: sesión 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Minería y Energía: sesión 2ª, en 13 de marzo de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El objetivo de la iniciativa es imponer a las empresas concesionarias o distribuidoras de energía eléctrica el deber de solventar toda acción ejecutada en los empalmes y medidores, ya sea de instalación de equipamientos nuevos, ya sea de revisión o reparación, salvo cuando demuestren que la destrucción o daño fue originada por culpa o dolo del consumidor o cliente. Asimismo, dicha acción será de cargo de la empresa cuando el deterioro en las instalaciones sea consecuencia del desgaste natural que provoca el uso regular del empalme y los medidores.

La Comisión de Minería y Energía discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó, con el texto que se consigna en su informe, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Provoste y señores Elizalde, García-Huidobro, Guillier y Prohens.

El texto que se propone acoger se consigna en la página 6 del informe del referido órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general la iniciativa.

La Senadora y los Senadores miembros de la Comisión de Minería y Energía han solicitado que sea el propio autor de la moción, el Honorable señor Carlos Bianchi, quien haga la relación del proyecto.

Le ofrezco la palabra.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el primer mensaje que vamos a entregarle al país es que este tema, que ha sido debatido, bastante bullado y con múltiples miradas, se está abordando hoy en el Senado de manera responsable y seria, como debe tratarse una cuestión de esta naturaleza.

¿Qué es más importante: una mesa de trabajo o una ley que dé garantías absolutas al país de que el mecanismo que estamos planteando obliga a las empresas distribuidoras, ¡sí o sí!, a la responsabilidad de la mantención, de la colocación, de los arreglos y de todo aquello que tenga que ver con un aparato que solo les sirve a las compañías eléctricas para efectuar los cobros de la energía que ocupamos en nuestros hogares, en las empresas, en la industria?

Por lo tanto, estamos frente a un proyecto que claramente da respuesta a lo que el país entero nos ha reclamado.

En tal sentido, quiero felicitar a Yasna Provoste, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, y a cada uno de los integrantes del órgano técnico, quienes votaron unánimemente la idea de legislar.

Además, deseo dar las gracias a los colegas que me han acompañado en la suscripción de la moción respectiva, quienes desde el primer minuto tomaron la iniciativa: me refiero a los Senadores señoras Ximena Rincón, Yasna Provoste y Carolina Goic y al señor Alfonso de Urresti.

De paso, hemos instalado hoy día la discusión en el Senado. Hemos visto cómo el Gobierno durante las últimas semanas se ha encargado de enviar solo señales mediáticas que no resuelven el problema de fondo y no ha tratado de remediarlo por la vía de una ley.

La motivación para el presente proyecto, señor Presidente, no es otra que dar cumplimiento al principio que correctamente se establece en el inciso primero del artículo 139 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos. Dicho principio dispone que los medidores son de propiedad y de responsabilidad de la empresa eléctrica.

¡Cómo va a ser lógico que los clientes deban pagar por un artefacto que no es de su propiedad ni de su responsabilidad!

Así lo entendimos y lo creímos siempre. Sin embargo, surgieron interpretaciones que nos alertaron de que, dado lo establecido en la segunda oración del referido inciso primero, cabía la posibilidad de que el Gobierno hiciera de cargo de los clientes el costo de los medidores vía decreto tarifario.

Por esa razón, hemos eliminado la parte final del inciso primero del artículo 139 bis y agregamos un inciso segundo que no deja ninguna duda: el costo de instalación y mantención de los medidores será, ¡sí o sí!, de cargo de la empresa eléctrica. Así la ley no dejará espacio alguno para que, bajo cualquier fórmula, el costo pertinente pueda ser traspasado al usuario.

Con lo propuesto estamos dando solución a un justo reclamo ciudadano, que es de toda lógica y sentido.

Por lo mismo, espero que el proyecto sea tramitado de la manera más eficaz y rápida posible para despejar todo tipo de dudas al respecto.

Señor Presidente, junto con las Senadoras Ximena Rincón y Yasna Provoste, recogimos algunas indicaciones. La sugerencia es votar hoy día solo en general y no en general y particular. Considero absolutamente necesario perfeccionar el texto de la iniciativa.

El mensaje que le estamos entregando al país y, especialmente, al Gobierno, es que no basta con que una autoridad llame al primo hermano, presidente de una de las empresas distribuidoras, para ponerse de acuerdo en si le van a comprar o no el medidor al usuario en 10 mil o 20 mil pesos.

¡Qué es eso, señor Presidente!

Esta situación solo se resuelve por la vía legislativa. En ese entendido, no quiero abrigar dudas en cuanto a que el Gobierno va a imprimirle al proyecto la prioridad y urgencia que requiere para que en una o dos semanas más podamos responderle en concreto al país de manera clara.

Sin duda alguna, la iniciativa que ahora nos ocupa resuelve el problema de fondo que conocimos y enfrentamos, respecto del cual, a mi juicio, ha habido salidas más mediática que concretas. Por eso el Senado hoy día, de manera seria y tremendamente responsable, da respuesta frente a la situación descrita.

Yo sé que existen otros proyectos en el mismo sentido: del Senador Navarro, del Senador Chahuán, de miembros de la Cámara de Diputados. Pero el que analizamos ahora ya manifiesta avance en su tramitación. Luego veremos si los refundimos y qué hacemos en la instancia de la presentación de indicaciones.

Con todo, quiero manifestarle al país que, si el Gobierno está con la idea final -más allá de una negociación cualquiera con la empresa que sea- de resolver el asunto por la vía de una ley, aquí está la propuesta legislativa que soluciona la situación, el conflicto y el abuso de las empresas distribuidoras, respecto de las cuales vemos con indolencia cómo negocian a costa del escenario que enfrenta cada uno de nuestros ciudadanos.

Invito a votar a favor del proyecto en general, y luego nos abocaremos al análisis de las indicaciones para ver cómo perfeccionaremos el presente instrumento.

He dicho.

El señor HARBOE.- Abramos la votación, señor Presidente.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pero manteniendo los tiempos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, por supuesto.

Acordado.

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Rincón, autora también de la iniciativa.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, aceptamos gustosas la invitación del Senador Bianchi para suscribir la moción, pues imponer esta carga económica a los usuarios, a los clientes, nos parecía insólito.

A los chilenos ya se nos impuso que se privatizaran los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad, el transporte, la salud, la educación y la previsión.

Las empresas impusieron que se les "garantizara un monto mínimo de utilidades".

Impusieron también que no se traspasara ni un solo peso de dichas utilidades a los chilenos, en circunstancias de que hacen negocios con nuestros recursos naturales.

Ahora se pretende imponer también los costos que implica para ellos cambiar sus modelos de negocios.

distribuidoras.

Lo cierto es que ese no es un beneficio, sino otra carga para los usuarios.

El artículo 149 bis de la ley Nº 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, establece un derecho a los ciudadanos para inyectar la energía que generen por medios renovables no convencionales a la red de distribución a través de los respectivos empalmes.

Estos empalmes y su instalación deben ser costeados por el usuario, como todo el equipo de generación, su instalación, su certificación y su reparación. El equipamiento incluye los medidores. Y, por tanto, cada chileno que decida instalar paneles solares podrá elegir el medidor que mejor le parezca.

Pero ello es un derecho y no una obligación.

Entonces, ¿por qué todos los chilenos deberán pagar un medidor que les imponen las distribuidoras cuando tienen derecho a elegir el que ellos quieran dentro del equipo de generación no convencional que ellos decidan contratar?

Con esas empresas tratarán luego todo lo relativo a la mantención, reparación y recambio de equipos, según el contrato que libremente decida cada uno suscribir.

¿Por qué todos los chilenos deberán pagar un medidor que les imponen las distribuidoras si no tienen dinero o no poseen interés en ejercer ese derecho? ¿Por qué si la persona decide nunca participar en el negocio de cogeneración energética dado que no desea tener el "contrato de conexión" que tendría que suscribir con las mismas empresas eléctricas que lo abusan?

¿Qué supuesto beneficio es ese si existen chilenos que aún no pueden siquiera costear el uso de una ampolleta en sus casas y menos el de una estufa eléctrica?

Esta explicación es una burla para las personas más pobres de nuestra sociedad.

¿Van a costear ellos paneles solares para sus casas? ¿Para cuál Chile está gobernando el Presidente Piñera? ¿Está gobernando para todos los chilenos?

También se cuenta a la gente que gracias a esos aparatos podremos conocer los kilowatt/hora que se ocupan en tiempo real, para así modificar nuestras costumbres de consumo eléctrico y, por ejemplo, utilizar artefactos de alto consumo en horarios en que el valor del kilowatt/hora es menor.

¿Y si la persona no quiere cambiar sus costumbres y prefiere ahorrar en otros ítems y no en energía eléctrica, razón por la cual no le interesa contar con un medidor inteligente? ¿El Gobierno del Presidente Piñera lo obligará a ello?

El Ejecutivo no ha transparentado ante la opinión pública que la información en tiempo real del consumo eléctrico permite dibujar los hábitos de consumo de los usuarios, "construir perfiles de hogares" y obtener el mapa de vida de los usuarios permitiendo saber, por ejemplo, si la persona se encuentra en casa o no, a qué hora va a dormir, cuándo lava su ropa, si está planchando o viendo televisión, o si llega tarde a su casa.

No ha aclarado que de esa información se pueden sacar datos agregados de alto valor comercial; que ella será almacenada por la compañía; que no está regulada la responsabilidad de las empresas por el mal uso o hackeo de esa información, y que no existe regulación alguna para el efectivo respeto de los derechos ARCO (acceso del usuario a su información, rectificación, cancelación, oposición a los datos y no transmisión a otros sin autorización) que tienen las personas respecto de sus datos personales.

Señor Presidente, tampoco dicen que las experiencias de Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, a las que tanto se refiere la Ministra Jiménez, dan cuenta de cómo los medidores eléctricos inteligentes se fabrican de acuerdo a un consumo máximo fijo de electricidad. Si la vivienda consume más electricidad que la soportada por el medidor, la compañía deberá instalar otro medidor que entregue mayor corriente, más caro, haciendo que el servicio también eleve su costo.

Los franceses relatan estar viviendo una pesadilla a raíz de ello, pues no pueden usar los artefactos eléctricos de la casa que usualmente utilizaban: deben dejar de emplearlos o comprar un nuevo medidor y pagar una tarifa más alta.

Tampoco señalan que una investigación de tres universidades europeas (la Universidad de Twente de los Países Bajos, la Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Tecnología de Hamburgo) concluyó que los nuevos medidores "inteligentes" registran lecturas falsas y que pueden elevar nuestras cuentas de electricidad hasta en un 582 por ciento.

El factor central en ello es el diseño del medidor de energía y los dispositivos de conmutación que usan, en los que la onda energética no es perfecta, sino errática. Así lo explica el Doctor en Ingeniería Eléctrica Frank Leferink, especialista electromagnético y autoridad técnica del Departamento de Defensa y del Espacio Exterior de Nederland (Países Bajos).

A pesar de todo ello, las autoridades reguladoras quieren imponer este cambio y hacerlo en un escenario de total desinformación e incertidumbre.

Así se transforman en una estructura administrativa que, en vez de usar el conjunto de potestades y atribuciones que tiene al servicio del bien común y del ejercicio de los derechos de las personas, actúa en beneficio o provecho jurídico y organizacional de las grandes empresas concesionarias.

¿Y como gran solución a todo este abuso ofrecen negociar con las empresas para que paguen a las personas una miseria por el medidor que les pertenece y les sirve?

¡Ello es una migaja inaceptable que los chilenos no debemos y no podemos tolerar!

Para comenzar a poner fin a este abuso y a los que de él se derivan, votaremos a favor de esta iniciativa y, en un plazo brevísimo, discutiremos en particular las indicaciones que perfeccionarán el proyecto.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, cuando se aprobó la ley Nº 21.076, las autoridades del sector eléctrico indicaron varios supuestos.

En primer lugar, se dio a entender que el cambio tecnológico significaría un menor costo para las empresas y que ello, por consiguiente, se reflejaría en los precios del servicio para los usuarios.

En segundo término, se inició el proceso con la disposición de elaborar un reglamento que definiera las condiciones y características de los equipos y las circunstancias en que se iban a instalar. Recién en ese momento se podría cobrar.

Y, tercero, dado que tales dispositivos consumen energía, no se estableció quién asumía dicho costo. Aquello no estuvo presente ni en la discusión en el Congreso ni en las explicaciones que se dieron en su momento.

¿Qué ocurrió en el intertanto?

Primero, las empresas, sin esperar a que se aprobara la norma técnica, comenzaron a hacer el recambio de medidores. La autoridad no les ha hecho presente dicha irregularidad; más aún, cuando estarían cobrando por equipos que todavía no están validados por la Comisión Nacional de Energía. ¡Primera irregularidad!

Segundo, dicho organismo es el que tendría que haber definido el costo de los medidores, los estándares y el valor de tarifa. En definitiva, se comenzó el recambio sin esperar los pasos previos.

Así, se abusa de los usuarios en un sector que claramente es monopólico. No hay discusión sobre ello.

Por otro lado, se dijo que las tarifas bajarían y que dicha disminución sería más que suficiente para cubrir el costo de los medidores más modernos.

Además, se hizo una reseña de los beneficios que tendrían los nuevos medidores para los usuarios, sobre todo luego del proyecto de net metering, conocido como "Ley Horvath", que permitirá que los usuarios puedan no solo consumir, sino también generar energía. La idea es medir tanto lo que consume un hogar o un recinto comercial o industrial, como lo que los usuarios aportan al sistema. Pero aún no se han precisado los términos en que ello debe ocurrir.

Por consiguiente, existen varias irregularidades.

Adicional a los elementos ya mencionados, hago presente que han surgido distintos acuerdos en esta materia, de los cuales se ha informado de manera parcial en la prensa. Pero desconocemos en qué condiciones estos operarían. Por ejemplo, las autoridades del sector han dicho que las empresas se harían cargo, que se estaría llegando a un acuerdo. Sin embargo, no nos han explicado la letra chica para ver si las concesionarias, por vía indirecta, obtendrían beneficios compensatorios.

Ese punto no se ha aclarado.

De manera escueta, la Ministra se abrió a la posibilidad de revisar la rentabilidad de las empresas.

No olvidemos que, por ley, estas alcanzan un 10 por ciento en el sector energético. Se trata de un sector cuyos costos están bajando dramáticamente en beneficio de los consumidores a prácticamente un 30 por ciento de lo que eran en su momento más álgido hace algunos años.

Tampoco se precisa ese punto.

En consecuencia, no debemos debatir solo respecto al aparato de medición, sino también al fondo de lo que está ocurriendo: aquí ha habido abuso sistemático de las empresas distribuidoras hacia los usuarios y no se ha discutido sobre el modelo de negocios que hace que los beneficios de la innovación tecnológica se traspasen a las empresas y no a los usuarios. Al mismo tiempo, estos últimos no han tenido clara información de los beneficios y de las obligaciones que aquello va a significar.

Por esa razón, este proyecto es una norma interpretativa. No implica una revisión de la ley que aprobamos recientemente en el Congreso Nacional, sino que, en lo esencial, aclara el concepto y el sentido de buena fe con que los parlamentarios legislamos en esta materia y que ha quedado en duda por la actitud de las empresas, de precipitarse ante los hechos, de actuar irregularmente, y también de la propia autoridad del sector energético, que no ha sido transparente en el traspaso de los beneficios a los clientes.

Por lo tanto, más allá de la discusión puntual de los medidores, existe la necesidad de debatir en el Congreso el modelo de negocio en los ámbitos eléctrico y sanitario, en que se opera en situación de monopolio, con beneficios que no se trasladan a los usuarios y que más bien quedan como utilidades para las empresas, también sin mayor información.

Por supuesto, apruebo el proyecto, a cuyos autores felicito por reaccionar con tanta rapidez: el Senador Carlos Bianchi, y a la Presidenta de la Comisión, Senadora Yasna Provoste, quien lo puso en la agenda con mucha decisión, en un momento en que se estaba responsabilizando al Congreso de una situación que incumbe a los responsables de los decretos tarifarios, de los reglamentos, y a quienes deben fiscalizar a las industrias del sector.

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, primero quiero solicitar que esta iniciativa se fusione con otras dos que son prácticamente idénticas y están tramitándose en el Parlamento: los boletines N°s 12.447-08 y 12.459-08.

Le pido, señor Presidente, si lo tiene a bien, que recabe el acuerdo de la Sala en tal sentido.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para fusionar las iniciativas mencionadas por el Senador señor Chahuán?

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente. Ya lo habíamos pedido.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, acordado.

--El proyecto en discusión se fusiona con los boletines N°s 12.447-08 y 12.459-08.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Además, señor Presidente, hago propias las intervenciones de los Senadores Alejandro Guillier y Carlos Bianchi, como también la de la Senadora Ximena Rincón. Claramente, se requiere una norma interpretativa de lo que fue la voluntad del legislador.

Básicamente, el cobro de los medidores a los usuarios corresponde más bien a la facultad reglamentaria, y la responsabilidad, particularmente, a las autoridades a cargo de los decretos tarifarios.

Por eso, una de las mociones que se acaban de fusionar modifica el artículo 133 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos con el objetivo de que la empresa distribuidora de electricidad sea obligada a costear el retiro y reposición de los empalmes en los casos que indica. Para tal efecto, establece además un artículo transitorio.

La otra moción, del Senador Navarro, reemplaza el artículo 139 bis del decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Queremos señalar claramente que no hubo voluntad alguna por parte del legislador de proceder de la manera en que se han estado dando las cosas. Por el contrario, se busca una discusión a fondo -y es parte de las tareas que tiene pendientes el Parlamento- respecto del modelo de negocio con que operan hoy día las empresas del sector eléctrico. Se requiere una norma interpretativa que revele claramente que se frustró la buena fe en términos de que la autoridad que estableció el decreto tarifario vulneró de alguna manera, a nuestro juicio, el espíritu fidedigno del establecimiento de la ley.

Por supuesto, aprobamos la iniciativa, que esperamos que tenga una ágil tramitación, confiando en que el Ejecutivo se hará cargo de discutir el modelo de negocio del sistema eléctrico nacional.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, se ha generado un debate en las semanas recientes que sería útil enmarcar en una discusión un poquito mayor.

Chile tuvo una ley sobre generación eléctrica muy provechosa que permitió una tremenda revolución en materia de generación de energías renovables, a precios mucho más baratos -quiero subrayar esto: a precios mucho más baratos- que la energía que producíamos con gas o petróleo. Dimos un tremendo salto.

Posteriormente, la ley sobre transmisión eléctrica hizo posible conectar el sistema norte con el del sur, lo cual favoreció, sin duda, un abaratamiento muy importante en la transmisión eléctrica en nuestro país, una mayor eficiencia.

Y aún está pendiente la ley de distribución eléctrica.

Necesitamos avanzar con urgencia en establecer una mejor regulación de los monopolios naturales que existen en el ámbito de la distribución eléctrica, donde la construcción de los sistemas tarifarios resulta absolutamente abusiva para los consumidores. La estructura tarifaria garantiza utilidades que la misma Ministra de Energía tuvo que reconocer la semana pasada e incluso echar pie atrás con el decreto tarifario que dictó un par de meses antes. Reconoció las utilidades excesivas de las empresas de distribución.

Ese debe ser el marco del debate, señor Presidente.

Hoy es evidente lo siguiente.

¿A quién le sirve el medidor? ¿Sirve como adorno? ¿Sirve como florero? A nosotros, los consumidores, no nos sirve para nada. ¡Les sirve a las empresas para cobrarnos, exclusivamente! Y son ellas las que deben pagar estos instrumentos, independiente de cuál sea su naturaleza técnica.

Ese es el corazón de este proyecto.

Aquí, señor Presidente, podremos discutir mañana cuáles son las tendencias que hay en otras materias del sistema tarifario, pero lo cierto es que con esta propuesta de ley interpretativa, que se podrá perfeccionar en los próximos trámites, lo que el Congreso Nacional quiere y debe decir es que se ha producido una confusión en la opinión pública.

Veremos cuál es el origen de fondo de ese debate que algunos han querido generar, pero lo cierto es que el aparato con el cual nos cobran es de responsabilidad exclusiva de quienes son parte de este negocio monopólico.

Es increíble el debate que hemos presenciado en este último tiempo. Alguien ha señalado que es interés de los consumidores comprar los medidores. ¡No es de nuestro interés, sino de exclusivo interés de las empresas! Y, por ende, esta ley interpretativa va a servir para poner las cosas en su lugar.

Señor Presidente, también a propósito del debate que se ha generado en este último tiempo, quiero dejar en claro que es el ente regulador el que certifica qué tipo de equipamiento usar, y que es el ente regulador el que no ha dictado los reglamentos sobre nuevos tipos de aparatos, que son -repito- de exclusivo interés de la industria.

En ese sentido, creo que el Congreso debe no solamente abordar esta ley interpretativa, sino también -insisto- una nueva ley que regule la distribución eléctrica, para evitar que los monopolios naturales abusen de los consumidores. Los niveles de corte son brutales. ¡Les pasan multas y nunca las pagan! Hay una situación de abuso tremendo con estas empresas. ¡Nos cobran por una mantención que no realizan!

Uno puede dar miles de ejemplos.

Algunos de los incendios producidos en la Región de O'Higgins tienen que ver con la falta de mantención adecuada, con empresas contratistas que hacen mal el trabajo, que cortan las líneas, y que nos cobran a nosotros.

En la estructura tarifaria es donde hay una situación muy inadecuada.

Este es un paso necesario para clarificar uno de los problemas, porque los medidores -insisto- solo son de interés de la empresa, para cobrarnos. A nosotros no nos sirven de nada.

Por eso, después de esta ley se requiere ir al tema de fondo, que es redefinir la estructura tarifaria, qué se entiende por empresa modelo, qué se entiende por factores de cobro, porque los cambios tecnológicos, a esta altura del siglo XXI, deberían haber ido en beneficio de los consumidores, y eso no se ve ni se siente en lo más mínimo.

Con los cambios introducidos en las leyes de generación y de transmisión tendrían que haber bajado las tarifas, pero no es lo que está ocurriendo, lo cual es algo que deberemos dilucidar.

En ese sentido, tengo que expresar mi reconocimiento a los Senadores que han impulsado este proyecto de ley.

Yo, señor Presidente, voy a aprobar en general esta iniciativa.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ha solicitado autorización para el ingreso de los Subsecretarios de Energía y General de la Presidencia, señor Alvarado.

El señor BIANCHI.- ¡No, señor Presidente, menos al de Energía!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.

Enseguida, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!

Señor Presidente, se aprobó un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados que establecía una cosa simple, necesaria, y que yo apoyo totalmente: que los empalmes y medidores de luz eléctrica, cuando hubiese una catástrofe natural, cualquiera que fuera, debían ser repuestos por las empresas distribuidoras, a su costo.

Eso fue lo aprobado por los Diputados y enviado al Senado, donde se incorporó un artículo que establecía lo relativo a los "medidores inteligentes". ¿Inteligentes para quién: para las empresas, para los usuarios?

Así, entramos a un debate que ha develado un conjunto de incoherencias, particularmente respecto de lo que alguien alguna vez llamó "malas prácticas" de las empresas eléctricas, que hoy día deben ser corregidas.

El Presidente Sebastián Piñera dijo en un programa radial que, al final, todo lo paga el usuario. E incendió la pradera. ¡En buena hora!

Hay que debatir sobre las empresas monopólicas. ¿Dónde compra electricidad la gente, dónde compra agua, dónde puede eliminar las aguas servidas? Son empresas monopólicas y, por tanto, están reguladas por Superintendencias, las cuales son pequeñas, sin fiscalizadores y con escasos recursos.

La SEC tiene diez funcionarios en la Región del Biobío -mi Región-, en la cual hay 737.130 domicilios, con empalmes y medidores. En la Región Metropolitana hay 2.373.556. Total de ENEL: 6.147.779. O sea, 6 millones y medio de medidores que tienen que ser cambiados en nuestro país.

Por tanto, la pregunta es: ¿quién paga el medidor? ¿Y por qué se habla de "medidor inteligente"?

Nuestros humildes medidores mecánicos -aquellos con la ruedita que gira y gira- medían la electricidad, y la siguen midiendo.

En el caso de la Región del Biobío, el 75 por ciento de esos medidores son de propiedad del usuario, y solo el 25 por ciento (184 mil aparatos) son de propiedad de la CGE, no de los clientes. La misma situación ocurre en la Región Metropolitana y, de manera diversa, en cada una de las empresas distribuidoras, dependiendo de la región.

Y se ha abierto una discusión sobre las virtudes, sobre los defectos y también sobre los peligros. Es cierto: cuando estén funcionando -si llegan a funcionar-, la gente va a poder venderle energía al sistema.

El Senador Antonio Horvath, gran Senador, que en paz descanse, un gran amigo,...

El señor BIANCHI.- ¡Gran amigo!

El señor NAVARRO.-... fue el promotor de una ley que permitía ir hacia lo verde, para que efectivamente tuviésemos una energía más inteligente. Pero, hasta la fecha, la verdad es que no conozco ni a un amigo o a una persona cercana que tenga un panel solar que le permita vender energía. Algunos dirán: ¡Es que no tenía medidor!

Los paneles solares están instalados en algunas viviendas sociales, particularmente condominios, solo para calentar agua. No hay una política como la que se implementó en Alemania a través del Partido Verde, con 5 por ciento de representación en el Parlamento, que impulsó la ley de los 100 mil techos con paneles fotovoltaicos, lo cual significó un avance sustantivo.

Si esto lo determina solo el bolsillo de los usuarios, no va a andar. Aquí debe haber subsidio estatal para promover energía limpia y verde desde los hogares.

Y las virtudes no quedan claras.

La Universidad de Ámsterdam ha señalado en diversos informes que las tarifas pueden subir hasta en 582 por ciento y que más de 750 mil medidores instalados han presentado severas fallas.

Cristián Vargas Ravelo, profesor del Departamento de Electricidad de la Universidad Federico Santa María, ha manifestado que, además del problema técnico descrito por el ensayo, existe "un grave problema normativo".

Al respecto, señala que hay que entender que los medidores tradicionales registran solo la potencia activa, es decir, la de 50 hertz, y que los "medidores inteligentes" registran, en un verdadero barrido, hasta 150 hertz; por tanto, ondas que hoy no se miden y que tendrán que ser pagadas. ¡Gran negocio para las eléctricas!

Señor Presidente, todos los estudios internacionales revelan diversas observaciones a estos llamados "medidores inteligentes". Pero ya la empresa ENEL -que todavía está contaminando en Bocamina I y II con metales pesados la sangre de los niños y de los habitantes de Coronel, por miles- ha instalado 300 mil de estos aparatos, sin preguntarle a la gente.

Herman Chadwick Piñera -tuve la posibilidad de estar el viernes pasado con él por espacio de una hora y cuarto, en una reunión solicitada, por cierto, de acuerdo a la Ley del Lobby- decía que la empresa solo ha cambiado los medidores de su propiedad y que tenían tiempo para instalarlos.

Yo solo quiero señalar que esos medidores no cumplen norma técnica alguna porque esta no existe.

La pregunta es: en Italia, que tiene el 60 por cierto de esta empresa, ¿se hubiera permitido que ENEL instalara en los hogares 300 mil medidores sin tener una norma técnica que los respaldara? La respuesta es tajante: "¡No!". Jamás la Unión Europea hubiera permitido la instalación de un medidor eléctrico sin certificación. Pero esta empresa hace en Chile lo que tiene impedido hacer en Italia.

Yo espero, como indicó la Ministra, que si la normativa no se ajusta, esos medidores se retiren. Pero les quiero decir a Sus Señorías que no se van a retirar, porque la norma va a ser lo más parecida a lo que ya ENEL ha realizado por la vía de los hechos consumados.

Por eso, señor Presidente, hemos presentado un proyecto de ley para establecer no solo un criterio, el de la gratuidad, sino cinco criterios.

Primero: gratuidad. Si el medidor lo va a pagar el usuario, que lo compensen. ¿Por qué no asume el costo la empresa, si después va a ser de su propiedad? ¡Mil millones de dólares es el monto en que se ha cifrado el costo de esos 6,5 millones de medidores! Por tanto, gratuidad: el usuario recibe de la empresa, sin costo, un medidor.

Segundo criterio: voluntariedad. Advierto: vamos a presentar todas las acciones legales y administrativas en aquellos casos donde los medidores hayan sido retirados sin consentimiento, sin aviso, sin información, a pesar de ser de propiedad de las personas. Tiene que haber voluntariedad. Esto no puede ser arbitrario e impositivo. La ley no puede obligar al dueño de un medidor a cambiarlo si no quiere o tiene una opinión distinta.

Tercer criterio: calidad. ¿Qué miden estos aparatos? ¿En cuánto van a aumentar las tarifas? La experiencia internacional y las voces de los expertos nacionales señalan que la calidad de dichos instrumentos, en consideración al justo cobro, está en cuestión. Por tanto, ello debe ser analizado bajo una normativa que me gustaría conocer, tomando en cuenta lo que hoy día plantea la Comisión Nacional de Energía.

Cuarto criterio: privacidad. A lo mejor, a algunos les parecerá una cuestión de ciencia ficción o de Hollywood. ¡No! La privacidad ha sido planteada en Europa, en Estados Unidos, porque el medidor permite saber tus hábitos. Lo mismo ocurre cuando la gente, contenta, entrega el RUT, lo cual permite que se sepan tus hábitos sexuales, tus hábitos alimenticios, tus enfermedades. Saben todo de ti, ¡todo, todo!, a través del RUT, porque llevan una secuencia y te ofrecen un pequeño descuento. Las personas entregan su RUT y con ello su total privacidad. Con estos medidores van a saber a qué hora enciendes el televisor, a qué hora lo apagas, todos tus hábitos: a qué hora llegas a tu casa, a qué hora te acuestas. Y esa información tiene un valor para el mercado, para proveedores y empresas, que van a querer conocer los hábitos de millones y millones de chilenos.

En definitiva, la privacidad tiene que estar garantizada.

Por último, tiene que haber compensación. Nos van a retirar el viejo medidor de rueda. ¿Quién lo va a pagar? ¿Me va a compensar la empresa? ENEL tibiamente ha dicho: "Estamos estudiando la posibilidad". Porque, al parecer, aquí las cosas se arreglan igual que en Punta de Choros, con un telefonazo entre el Presidente y el primo o entre el Presidente y sus amigos.

Esto tiene que estar normado. Y la CGE, en Concepción, dice que no quiere indemnizar, que va a retirar los medidores y no va a pagar.

¡Yo llamo a la gente a no entregar su medidor!

¡Yo no entrego mi medidor!

¡Yo no cambio mi medidor!

¡Tenemos todo el derecho y lo vamos a ejercer!

Por cierto, señor Presidente, lo más importante es que no tenemos Sernac. La gente no puede ir a reclamar a este organismo. En la Comisión de Economía se nos cayó la norma, que apoyamos con el entonces Senador Tuma, que establecía que debe haber Sernac para que la gente se defienda de estas empresas monopólicas.

Vamos a reponer un proyecto de ley, el cual espero que apoyen muchos Senadores que hoy día muy entusiastamente han respaldado la iniciativa en debate, para que el Servicio Nacional del Consumidor tenga las facultades de fiscalizar el gas, la electricidad, el agua y todos los sectores monopólicos de los que, hoy día, no pueden defenderse los usuarios.

Por último, el Sernac sigue siendo un perrito sin dientes. Tiene buen olfato, tiene buena voluntad, pero no tiene dientes. ¡Solo ladra, no muerde...! Entonces, hay que entregarle capacidad al Sernac. Y espero que este Parlamento, que este Senado, se la otorgue.

Y, para terminar, la Ministra de Energía anunció un alza de entre el 10 y el 18 por ciento en el valor de la energía. ¡Del 10 al 18 por ciento! Me lo tendrá que fundar la empresa modelo.

Espero que este Senado responsablemente conozca la fórmula de cálculo de esta alza, para saber si están engañando, si están abusando o no de los chilenos. Porque la empresa modelo es la modelo de ellos. Y la fórmula que se utiliza es arbitraria, discrecional, va en contra de los intereses de la ciudadanía.

Por eso, señor Presidente, es preciso que los proyectos se refundan, considerando todos estos elementos.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al Senador señor García-Huidobro, fijaríamos plazo para presentar indicaciones a este proyecto hasta el jueves 4 de abril, al mediodía.

¿Habría acuerdo?

El señor PIZARRO.- No se puede, señor Presidente. Estamos en medio de la votación.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Debemos tomar ese acuerdo, Su Señoría, precisamente porque en este momento tenemos el quorum requerido, y ya se ha abierto la votación.

El señor PIZARRO.- Yo no voy a discutir el Reglamento, pero hay que esperar que termine la votación.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, no se conoce su resultado.

El señor MOREIRA.- ¡Está aprendiendo! ¡Está aprendiendo!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, cuando termine la votación, podemos aprobar un plazo de indicaciones hasta el 4 de abril.

Es importante destacar lo que señala el decreto con fuerza de ley N° 4, del año 2006, que con este proyecto -entre comillas- "se trata de interpretar".

Es muy clara esa normativa cuando establece que "El empalme y el medidor -estamos hablando del año 2006- son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución". Luego, agrega: "Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190, o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones", tales como los postes, los cables, todo lo que significa la distribución.

Por lo tanto, estamos hablando de que, en el fondo, esta ley interpretativa dispone exactamente lo mismo: ratifica lo que se halla en la legislación. Más aún, la iniciativa que se aprobó por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dice exactamente lo mismo.

Y resulta importante recurrir también a la historia de la ley. Porque cuando se le consultó a Andrés Romero, quien en ese momento era Secretario Ejecutivo de la CNE, por la inquietud que tenían algunas señoras Senadoras y señores Senadores, él sostuvo que: "en el caso del medidor tiene sentido que se pague la tarifa común porque es un elemento de cargo. Tratándose del medidor inteligente" -estamos hablando del moderno- "el balance final será casi de costo cero porque se reducen los gastos de operación (por ejemplo, se evita la lectura mecánica del medidor).".

Esto es parte de la historia de la ley que aprobaron el Senado y la Cámara de Diputados a fines del año 2007.

El entonces Secretario Ejecutivo de la CNE añadió: "Por el contrario, tratándose del empalme, no es una buena señal socializar la tarifa". Porque la idea era socializar lo de los medidores, como se ha procedido a hacer en esta oportunidad.

Al respecto, deseo recordar algo que costó bastante y llevó mucho tiempo: eliminar el famoso "cobro por corte y reposición". Actualmente, eso se netea, se paga entre todos. A diferencia de que antes, cuando a una persona de una población le cortaban la electricidad, le salía mucho más caro el corte y la reposición que la cuenta por consumo que debía pagar.

En ese sentido, señor Presidente, tal como lo han manifestado algunos Senadores, yo creo que es relevante traer a colación la historia de esto. Porque, en el fondo, nunca fue el espíritu del Parlamento que las personas pagaran por algo que estaban arrendando, si pertenecía a la compañía, o respecto a lo cual esta les cobraba mantención cuando era propio.

Entonces, a mi juicio, ese fue y es el espíritu de la ley. Y, en el fondo, lo que se ha presentado ratifica absolutamente todo lo que ha estado vigente, desde la dictación del decreto con fuerza de ley del año 2006 hasta este proyecto que, a la larga, ratifica lo que votaron el Senado y la Cámara en su momento.

¿Y por qué es importante, señor Presidente, hablar de la modernidad?

No olvidemos lo que aprobamos y mejoramos, en su oportunidad. Y esto es un recuerdo y valoración del aporte que hizo a esta Corporación el Senador Horvath, quien primero presentó un proyecto de ley sobre autogeneración eléctrica en residencias, fundamentalmente y, después, nosotros logramos que se aumentara su cobertura.

La única manera de poder saber cuánta energía se inyecta al sistema cuando hay autogeneración es teniendo un aparato que pueda medir, efectivamente, lo que produce ese hogar o esa pyme y lo que consume.

Por lo tanto, esto también es algo importante.

En la mañana me referí a que esto es bastante similar a si uno va a una bencinera a cargar combustible y le cobran también el uso de la bomba y de la manguera. La verdad es que, en general, se cobra todo como un servicio, pero en la boleta figura solo el valor de la gasolina.

Señor Presidente, tal como lo han manifestado muchos aquí, pienso que se ha levantado una situación, en algunos casos, absolutamente artificial. Porque yo valoro la responsabilidad que ha tenido este Parlamento al legislar, justamente, para que las empresas sean las responsables y dueñas de todo el servicio, y no solo de los medidores.

Considero relevante señalar que se presentará un proyecto relativo a una nueva Ley de Distribución -esto ya fue anunciado y se viene trabajando desde el Gobierno anterior-, para que haya más competencia, para que haya más transparencia y para que bajen los costos.

Y también es importante destacar que las licitaciones que se han realizado efectivamente permitirán disminuir los costos. Pero eso no ocurrirá de inmediato; porque hay contratos de largo plazo que todavía están vigentes, y recién a partir del año 2022 o 2023 se verán reflejados los efectos de esas licitaciones en las cuentas que la gente paga.

Tal como lo manifestó el Senador Letelier y otros Senadores, se avanzó en la Ley de Transmisión, para que no haya solamente monopolios, sino que cualquier persona o cualquier pequeña empresa pueda inyectar y entregar su generación al sistema de transmisión eléctrica.

Estimo que se ha ido avanzando tanto en generación como en transmisión, y el gran trabajo que nos queda pendiente es aprobar una Ley de Distribución que, a la larga, permita disminuir los costos, tener competencia y entregarle un mejor servicio y más barato al consumidor.

Voy a votar a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, yo creo que si hay una legislación compleja y difícil es la que se basa en aquellos textos jurídicos que regulan a todos los servicios concesionados y, en particular, a la electricidad. Es un tema difícil, complejo, arduo.

Me temo que aquí hemos tenido una discusión con distintos puntos de vista. Y ello me preocupa, porque después la historia de la ley se presta para que las respectivas empresas, sus abogados, hagan interpretaciones respecto a materias muy complejas que vayan en defensa de sus intereses y no de los usuarios, debiendo ser esto último nuestro objetivo.

Entonces, quisiera decir dos o tres cosas al respecto.

Primero, el proyecto iniciado en moción del Senador Bianchi, de las Senadoras Goic, Provoste y Rincón y del Senador De Urresti -para que partamos aclarando esto- no es una propuesta de ley interpretativa. Porque, si así fuera, significaría que el artículo 139 bis es un pasaje oscuro, ambiguo, que queda tal cual, y al que se le interpreta su verdadero sentido.

De partida, despejemos que esta iniciativa tiene por objeto derogar derechamente el artículo 139 bis.

Lo segundo es que el problema se presentó con ocasión del proyecto aprobado por el Senado en enero del año 2018, el cual dio origen a la ley N° 21.076, que fue publicada en el Diario Oficial el 27 de febrero de ese año.

¿Por qué? Porque cuando ocurrió el terremoto en la Región de Coquimbo y se cayeron miles de viviendas, la pregunta fue quién se hace cargo de la reposición de los empalmes y de los medidores. Las empresas dijeron que eso les correspondía a los usuarios y, en tal virtud, el Diputado señor Sergio Gaona presentó una moción que proponía que cuando se tratara de una situación de calamidad pública, el costo de reposición fuera de responsabilidad de las empresas.

La Cámara de Diputados, recogiendo la proposición de la Comisión Nacional de Energía, despacha un texto en que la regla general es de que el usuario deba reponer los empalmes o medidores, a menos que se declarara zona de catástrofe en el respectivo territorio, caso en el cual esos instrumentos deberían ser repuestos por la empresa.

Así llega el proyecto al Senado. Pero en este se cambia esa redacción y se establece en el artículo 139 bis que el empalme y el medidor ahora pasan a ser de propiedad de las empresas concesionarias y no de los usuarios. Ello porque, antiguamente, los usuarios tenían los medidores a distintos títulos: a título de propietario o, normalmente, a título de arrendatario. Y, en consecuencia, existía la duda jurídica de a quién le correspondía pagar respecto de la obsolescencia, el retiro o el arreglo de los medidores cuando se producían distintos eventos.

A partir del 27 de febrero del año 2018, cuando se publica la ley aprobada por el Senado a que me referí, los medidores y empalmes pasan a ser propiedad de las empresas concesionarias.

Sin embargo, a renglón seguido, el propio artículo 139 bis agrega, en su parte final, lo siguiente: "Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190 (...) determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones".

De tal manera, esa disposición señala que los medidores y los empalmes son de propiedad de las empresas; pero, al mismo tiempo que los decretos respectivos incluirán en sus tarifas "la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas".

Y si uno va a los artículos 120, 184 y 190, se da cuenta de que ahí están regulados los peajes de distribución. Porque ustedes sabrán que cuando se trata de potencias máximas de determinado nivel que establece la ley, eso queda entregado a la libre determinación de las empresas contratantes pues se supone que son grandes consumidores. Pero bajo cierto voltaje las tarifas de las empresas son reguladas, y eso es lo que consagran tales artículos: los peajes de distribución, los precios de nudos y los precios que, en definitiva, regirán en la distribución.

En virtud de eso se dictó un decreto tarifario, que se publicó en septiembre del año 2018. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo está vigente?

Entonces, ¿cuál es mi punto? Que la iniciativa hace bien en reemplazar el artículo 139 bis, borrando en consecuencia el tema de las tarifas y la facultad de remunerar mediante estas tales instalaciones.

Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, creo que para hacer completa esta regulación jurídica debemos hacernos cargo del inciso segundo del artículo primero transitorio, porque la ley N° 21.076 contempla tres artículos transitorios no incorporados en la Ley Eléctrica que, por lo tanto, siguen vigentes, donde se establece qué pasa en el término intermedio.

Por consiguiente, mientras esto no sea ley, esos artículos seguirán rigiendo y, posiblemente, continuarán dictándose reglamentos o decretos tarifarios respecto de estos temas.

Vuelvo a insistir en que esta es una cuestión supercompleja, muy difícil dentro del ordenamiento jurídico de las empresas concesionarias de servicios públicos.

Por eso, sugiero a los señores Senadores autores de la iniciativa en debate que en el núcleo central, con el que yo estoy de acuerdo y que me parece que va en la dirección correcta, se preocupen de los artículos transitorios que están en vigor. ¿De qué forma? Se podría pedir un informe jurídico completo sobre los efectos que ellos siguen produciendo. De esa manera, tendríamos la posibilidad de regular y dictar una normativa que resolviera el problema, porque ustedes vieron que el proyecto se aprobó en enero de 2018 y la ley se publicó en febrero del 2018, hace poquito más de un año, y a nosotros nos compete responsabilidad en las iniciativas que elaboramos.

Como esta es una materia muy compleja -insisto- ojalá que en la Comisión le den muchas vueltas, para que salga una buena propuesta legislativa, en el espíritu que tuvieron los autores de la moción.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al Senador señor Montes, creo que es importante valorar la referencia que ha hecho el Senador señor Huenchumilla, al precisar desde el punto de vista constitucional el objetivo de esta iniciativa.

Para no tener que llevar este proyecto a la Comisión de Constitución, sería bueno hacer la precisión constitucional en la Comisión de Energía, ya que sin lugar a dudas volverá a esta, y, sin perjuicio de ello, elaborar un informe o formular indicaciones.

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, la verdad es que yo no he estado particularmente presente en este debate. Sin embargo, creo que hay distintas maneras de mirar el tema.

Estuve con unos belgas hace poco, y me contaban cuál es la situación en su país respecto a estos medidores inteligentes.

Ellos son muy felices con los medidores inteligentes, porque son de buena calidad. Además, muchos de ellos poseen arriba de sus techos instalaciones con la capacidad de captar energía solar que les otorgan un excedente de energía todos los días, el cual incorporan a la red y luego se les descuenta de las horas en que no disponen de suficiente energía. En consecuencia, tienen un saldo global positivo.

La idea de fondo que esto conlleva es que aquí se está desconcentrando y descentralizando la generación y la distribución de energía, según el lenguaje que aquí se ha planteado.

¿Cuál es la magnitud de esto?

Si uno compara la radiación solar de Bélgica con la de Chile, la verdad es que este es otro mundo. Y, por lo tanto, es tremendamente importante el concepto de cómo podemos captar energía de otra manera.

Entonces, lo primero que hay que hacer es valorar el cambio tecnológico potencial que hay acá.

Otra cosa es si la tecnología es buena o es mala. Porque ahora nos dicen que este tipo de medidores, que son de propiedad de las empresas concesionarias, es de mala calidad. Eso se debe controlar, pues esos equipos tienen que ser de buena calidad.

Ahora bien, otro elemento se relaciona con el costo, con quién lo paga.

Yo estuve revisando algunos Diarios de Sesiones para ver cómo se discutió esta materia en su época, en que se decía que necesariamente el costo sería cero. Y los argumentos me parecieron bien convincentes.

¿Por qué el costo era cero? Porque el medidor valía poco menos de 90 mil pesos. ¿Pero cuánto ahorraba la empresa en los viajes mensuales que se debían hacer para obtener la lectura del consumo en los medidores y después traer esa información e incorporarla a la red?

Ahora todo eso se va a evitar, porque el nuevo medidor estará conectado en línea con el sistema. Por lo tanto, la empresa ahorrará mucho. ¿En cuántos meses? No lo sé. ¿Cuánto tiempo va a demorar en recuperar esos 90 mil pesos? No debe ser mucho.

Se trata de un asunto más bien financiero, de una manera de hacer el cálculo pertinente.

Por lo tanto, esto hay que mirarlo en positivo, como algo que debemos impulsar y garantizar tanto en la ley cuanto en las políticas sobre la materia: buena tecnología y que las empresas efectivamente se hagan cargo de la instalación de este nuevo instrumento para los efectos de que cumplan su labor.

Es probable que a muchas empresas no les guste que por esta vía se genere tanta energía. Imagino que en el norte va a significar mucho más, porque allá cuentan con una radiación que tiene otras características. Lo mismo ocurre a lo largo de Chile.

Entonces, la discusión tiene que ver con quién pagará esto y quién va a asegurar que haya buena tecnología.

En todo este debate no he escuchado que se hable acerca de lo que van a ahorrar las empresas, salvo lo que nos dijeron aquí algunos técnicos cuando vimos el punto. Pero eso debemos tenerlo muy presente.

En mi opinión, el problema con los consumidores, si enfocamos bien el tema, es lograr que vean este cambio positivamente. Y para eso debemos darles las garantías necesarias.

Por otra parte, tiene que haber mayor claridad sobre la verdadera dificultad que van a enfrentar los consumidores. Y aquí lo han mencionado varios colegas: por las fórmulas tarifarias, va a subir mucho el costo del consumo eléctrico. Esto, sin tomar en cuenta los medidores. Se habla de un alza de entre 10 y 18 por ciento.

Sobre el particular, he visto distintas referencias con respecto a cuánto va a ser dicho costo. Eso no lo sé. Sin embargo, habrá un incremento. Obviamente, a las empresas esto no les va a gustar, pues serán muy castigadas. Y al Gobierno (al que sea) tampoco le va a agradar, por la misma razón.

Mucha gente, luego de razonar sobre esta materia, va a culpar tanto a los medidores como a la ley que despacharon los parlamentarios.

Por eso considero muy importante legislar bien, como dijo el Senador Huenchumilla. Pero también hay que dejar en claro, primero, que la voluntad del Parlamento nunca fue no tomar en cuenta las nuevas tecnologías, pues debemos estar abiertos a ellas; segundo, que el sistema de financiamiento tiene que provenir de las empresas, y, tercero, que el Estado debe garantizar que vamos a contar con la mejor tecnología existente. Si no lo hacemos, evidentemente nos van a reclamar.

¿Qué pasó antes? Si hay 300 mil medidores de mala calidad, excúsenme, tenemos que decir: "¡No puede ser: aquí alguien falló, y no debe seguir ocurriendo eso!".

Señor Presidente, pedí intervenir, pues creo que ciertos adelantos, como el que ahora nos ocupa, hay que mirarlos en positivo. Y aquí tenemos algo que será muy potente de aquí para adelante. Ojalá que Chile cuente con una red que llegue a muchas casas. El problema será cómo mantener la red de energía solar, lo que se halla vinculado con otras cuestiones. Y con ello se van generar muchas fuentes de trabajo.

Pero, en verdad, estamos mirando el futuro de otra manera, aprovechando los cambios tecnológicos y los efectos del conocimiento.

Por consiguiente, pienso que debemos aprobar la ley en proyecto, en la idea de incorporar las indicaciones necesarias a fin de despachar una buena normativa y, especialmente, para dejarle claro a todo Chile que el Congreso Nacional nunca quiso que el costo lo pagaran los consumidores. Porque todos los antecedentes que teníamos indicaban que esto iba a ser financiado de otra manera.

Quizás nos faltó más rigor para asegurar medidores de buena calidad, porque dejamos este asunto en manos de otras instancias. Nosotros teníamos que haber garantizado que la calidad de estos aparatos fuera óptima.

Señor Presidente, pienso que este asunto hay que verlo por los dos lados, pues conlleva un elemento bastante positivo para la vida de muchos chilenos y para el desarrollo de nuestro país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, seré muy breve, pues ya se ha dicho mucho sobre el proyecto que ahora estamos votando.

Solo voy a destacar algunos aspectos.

El primero es que efectivamente no hay que tenerles miedo a la tecnología y al desarrollo tecnológico. El punto es cómo se regula ese desarrollo tecnológico para lograr el objetivo que se busca.

En este caso, el medidor inteligente es una tecnología bastante atractiva en la medida en que tenga una regulación adecuada; en que logre, por ejemplo, el objetivo no solo de medir el consumo de electricidad, sino también de automatizar procesos y, particularmente, permitir la compensación en el instante en que las personas inyectan energía en el sistema. Eso posibilitaría, en el mismo momento, una compensación en la cuenta, y con ello se reducirían costos familiares.

Dicho lo anterior, es importante precisar dos elementos que me parecen relevantes.

El primero se halla referido a lo ocurrido con la última normativa aprobada por algunos parlamentarios en el Congreso.

Evidentemente, la intención -así lo entiendo- de quienes en su oportunidad presentaron el proyecto de ley respectivo no era endosarles el costo de esta innovación tecnológica a las empresas. No obstante, cuando se deja este asunto al arbitrio de un conjunto de decretos, la autoridad administrativa, a través del decreto tarifario respectivo, incorpora el costo de la inversión, el cual, al final del día, se le traspasa al usuario. Y, en verdad, endosarle el costo de esta inversión al usuario parece tremendamente injusto.

Ello, porque, en primer lugar, el usuario, el cliente, el ciudadano es dueño del medidor actual; y, en segundo lugar, porque, adicionalmente, la instalación de este medidor inteligente beneficia de modo principal a la empresa distribuidora, pues si bien efectúa una inversión inicial, ella le va a significar un conjunto de ahorros tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, al no tener que hacerse la medición en terreno, como desde la perspectiva de las conexiones y desconexiones, porque lo que hoy día se realiza manualmente se hará de manera completamente automatizada.

Señor Presidente, el segundo punto que quiero mencionar es que en Europa, en particular en Alemania, cuando se trabajó la idea de cambiar los antiguos equipos por estos medidores inteligentes, se hizo un esfuerzo adicional que retrasó el proceso. En mi opinión, eso es algo que Chile también debe hacer.

Porque se observó que el medidor es tan inteligente que va a poder medir el consumo en tiempo real e informarlo a la distribuidora. Por tanto, en la distribuidora va a existir un conjunto -por no decir millones y millones- de datos respecto de patrones de consumo de cada uno de los clientes.

Ahora, señor Presidente, ese patrón de consumo puede significar incluso beneficios para el ciudadano, para el cliente, en cuanto pueda, por ejemplo, buscarse algún tipo de oferta específica para un paquete de tarifas especiales. Sin embargo, también representa un conjunto de riesgos.

Entonces, uno debe preguntarse: ¿Estos medidores inteligentes que se pretenden vender en Chile están certificados con la política de protección de datos del GDPR de Europa? ¿Sabemos si los datos que va a recibir la empresa distribuidora serán almacenados y tratados para los fines específicamente establecidos?

Pongámonos en el caso de un trabajador de una empresa eléctrica que recibe los datos de consumo de determinada familia: va a conocer el nombre de sus integrantes; el número de personas que habita la casa; las horas en que se prenden tales o cuales artefactos, por lo que sabrá cuándo hay gente y también cuándo no.

¿No es eso acaso un factor de riesgo para el ciudadano?

En consecuencia, desde el punto de vista práctico, creo que durante el plazo de indicaciones debiéramos incluir una norma específica respecto del diseño de elementos tendientes al resguardo de la privacidad. Porque si bien el medidor inteligente puede ser un tremendo avance para nuestro país y para la automatización de procesos, también debemos establecer la regulación al objeto de que los millones de datos que van a recibir las distribuidoras estén amparados por las normas sobre protección de datos.

Dicho sea de paso, actualmente tenemos un nuevo derecho constitucional vigente en nuestra Carta Fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales (el Parlamento despachó el proyecto respectivo). Y ello se puede materializar a través de una indicación a la ley en proyecto.

En tal sentido, hago un llamado al Gobierno para que no se le vaya a ocurrir hoy día autorizar la instalación de medidores inteligentes sin medidas específicas, protocolos y certificaciones en materia de protección de datos, porque el riesgo para esas familias puede ser incalculable.

Por eso, señor Presidente, considero importante también, junto con este proyecto de ley, que la Ministra de Energía tome conciencia de este aspecto y retrase un poco la implementación de estos medidores a fin de incorporar esa exigencia. De lo contrario, podemos tener muchas afectaciones a la privacidad de millones de familias.

Voy a concurrir con mi voto favorable respecto de este proyecto. Aprovecho de felicitar a sus autores. Y espero que en el plazo que nos demos para presentar indicaciones podamos incorporar normas en materia de prevención de datos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y un pareo).

Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

No votó, por estar pareado, el señor Girardi.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Conforme a lo señalado anteriormente, se fija como plazo para formular indicaciones el 4 de abril, a las 12.