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PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE EMPALMES Y MEDIDORES ELÉCTRICOS


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, aceptamos gustosas la invitación del Senador Bianchi para suscribir la moción, pues imponer esta carga económica a los usuarios, a los clientes, nos parecía insólito.
A los chilenos ya se nos impuso que se privatizaran los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad, el transporte, la salud, la educación y la previsión.
Las empresas impusieron que se les "garantizara un monto mínimo de utilidades".
Impusieron también que no se traspasara ni un solo peso de dichas utilidades a los chilenos, en circunstancias de que hacen negocios con nuestros recursos naturales.
Ahora se pretende imponer también los costos que implica para ellos cambiar sus modelos de negocios.
El Gobierno, en vez de revisar la situación y colaborar en la resolución de este nuevo abuso, quiere convencer a los chilenos y a las chilenas de que los nuevos medidores servirán para generar su propia energía fotovoltaica, la que luego podrán vendérsela a las compañías
distribuidoras.
Lo cierto es que ese no es un beneficio, sino otra carga para los usuarios.
El artículo 149 bis de la ley Nº 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, establece un derecho a los ciudadanos para inyectar la energía que generen por medios renovables no convencionales a la red de distribución a través de los respectivos empalmes.
Estos empalmes y su instalación deben ser costeados por el usuario, como todo el equipo de generación, su instalación, su certificación y su reparación. El equipamiento incluye los medidores. Y, por tanto, cada chileno que decida instalar paneles solares podrá elegir el medidor que mejor le parezca.
Pero ello es un derecho y no una obligación.
Entonces, ¿por qué todos los chilenos deberán pagar un medidor que les imponen las distribuidoras cuando tienen derecho a elegir el que ellos quieran dentro del equipo de generación no convencional que ellos decidan contratar?
Con esas empresas tratarán luego todo lo relativo a la mantención, reparación y recambio de equipos, según el contrato que libremente decida cada uno suscribir.
¿Por qué todos los chilenos deberán pagar un medidor que les imponen las distribuidoras si no tienen dinero o no poseen interés en ejercer ese derecho? ¿Por qué si la persona decide nunca participar en el negocio de cogeneración energética dado que no desea tener el "contrato de conexión" que tendría que suscribir con las mismas empresas eléctricas que lo abusan?
¿Qué supuesto beneficio es ese si existen chilenos que aún no pueden siquiera costear el uso de una ampolleta en sus casas y menos el de una estufa eléctrica?
Esta explicación es una burla para las personas más pobres de nuestra sociedad.
¿Van a costear ellos paneles solares para sus casas? ¿Para cuál Chile está gobernando el Presidente Piñera? ¿Está gobernando para todos los chilenos?
También se cuenta a la gente que gracias a esos aparatos podremos conocer los kilowatt/hora que se ocupan en tiempo real, para así modificar nuestras costumbres de consumo eléctrico y, por ejemplo, utilizar artefactos de alto consumo en horarios en que el valor del kilowatt/hora es menor.
¿Y si la persona no quiere cambiar sus costumbres y prefiere ahorrar en otros ítems y no en energía eléctrica, razón por la cual no le interesa contar con un medidor inteligente? ¿El Gobierno del Presidente Piñera lo obligará a ello?
El Ejecutivo no ha transparentado ante la opinión pública que la información en tiempo real del consumo eléctrico permite dibujar los hábitos de consumo de los usuarios, "construir perfiles de hogares" y obtener el mapa de vida de los usuarios permitiendo saber, por ejemplo, si la persona se encuentra en casa o no, a qué hora va a dormir, cuándo lava su ropa, si está planchando o viendo televisión, o si llega tarde a su casa.
No ha aclarado que de esa información se pueden sacar datos agregados de alto valor comercial; que ella será almacenada por la compañía; que no está regulada la responsabilidad de las empresas por el mal uso o hackeo de esa información, y que no existe regulación alguna para el efectivo respeto de los derechos ARCO (acceso del usuario a su información, rectificación, cancelación, oposición a los datos y no transmisión a otros sin autorización) que tienen las personas respecto de sus datos personales.
Señor Presidente, tampoco dicen que las experiencias de Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, a las que tanto se refiere la Ministra Jiménez, dan cuenta de cómo los medidores eléctricos inteligentes se fabrican de acuerdo a un consumo máximo fijo de electricidad. Si la vivienda consume más electricidad que la soportada por el medidor, la compañía deberá instalar otro medidor que entregue mayor corriente, más caro, haciendo que el servicio también eleve su costo.
Los franceses relatan estar viviendo una pesadilla a raíz de ello, pues no pueden usar los artefactos eléctricos de la casa que usualmente utilizaban: deben dejar de emplearlos o comprar un nuevo medidor y pagar una tarifa más alta.
Tampoco señalan que una investigación de tres universidades europeas (la Universidad de Twente de los Países Bajos, la Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Tecnología de Hamburgo) concluyó que los nuevos medidores "inteligentes" registran lecturas falsas y que pueden elevar nuestras cuentas de electricidad hasta en un 582 por ciento.
El factor central en ello es el diseño del medidor de energía y los dispositivos de conmutación que usan, en los que la onda energética no es perfecta, sino errática. Así lo explica el Doctor en Ingeniería Eléctrica Frank Leferink, especialista electromagnético y autoridad técnica del Departamento de Defensa y del Espacio Exterior de Nederland (Países Bajos).
A pesar de todo ello, las autoridades reguladoras quieren imponer este cambio y hacerlo en un escenario de total desinformación e incertidumbre.
Así se transforman en una estructura administrativa que, en vez de usar el conjunto de potestades y atribuciones que tiene al servicio del bien común y del ejercicio de los derechos de las personas, actúa en beneficio o provecho jurídico y organizacional de las grandes empresas concesionarias.
¿Y como gran solución a todo este abuso ofrecen negociar con las empresas para que paguen a las personas una miseria por el medidor que les pertenece y les sirve?
¡Ello es una migaja inaceptable que los chilenos no debemos y no podemos tolerar!
Para comenzar a poner fin a este abuso y a los que de él se derivan, votaremos a favor de esta iniciativa y, en un plazo brevísimo, discutiremos en particular las indicaciones que perfeccionarán el proyecto.
He dicho.