EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE GRATUIDAD A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO-PROFESIONAL
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes que podrán acogerse a estudios gratuitos en las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación y Cultura, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.687-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 10ª, en 17 de abril de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesiones 80ª, 81ª y 82ª, empalmadas, en 21 de diciembre de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico y que asisten a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, como una forma de dar pleno reconocimiento a la importancia estratégica de la Educación Técnico-Profesional para el desarrollo del país.
La Comisión de Educación y Cultura discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Provoste y Ebensperger y señores García, Latorre y Quintana.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 44 y 45 del primer informe del referido órgano técnico, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
La señora EBENSPERGER.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención sobre el proyecto de ley antes individualizado, quiero decir que espero que mañana se pueda conocer la propuesta del Consejo Nacional de Educación, que fue acogida unánimemente por la Comisión el día de ayer.
Dicho lo anterior, comienzo mi intervención respecto de esta iniciativa, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del 2019.
Es importante señalar que el 17 de abril del año pasado, el Gobierno del Presidente Piñera ingresó a tramitación la propuesta legislativa que se somete esta tarde a votación en general en la Sala del Senado, cuyo objetivo es extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico y que asisten a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019.
La normativa en estudio fue recibida gracias a sus titulares como una buena noticia por la Oposición en el Senado, por cuanto venía a confirmar una política pública originalmente rechazada de forma categórica por quienes en la actualidad son circunstancialmente miembros del Gobierno.
Sin embargo, los "titulares" se han vuelto, en este Gobierno, buenas sinopsis de malas películas.
En efecto, el proyecto, en su actual redacción, destinado a beneficiar a cerca de 13 mil estudiantes en su primer año de implementación, deja fuera a los de los Centros de Formación Técnica Estatales, cuya creación en todas las regiones del país fue concordada por este mismo Congreso.
Además, excluye a todos los estudiantes de carreras técnicas de universidades que actualmente se encuentran adscritas a la gratuidad. Hablamos de cerca de 4 mil estudiantes que pertenecen al mismo nivel socioeconómico que busca beneficiar esta iniciativa, la que, sin embargo, los excluye, los discrimina.
Esta situación fue planteada de forma reiterada por quienes integramos la Comisión, tanto por parlamentarios de Oposición como también por algunos de Gobierno. Diversos invitados, entre otros, Raúl Atria y Jorge Barrera, manifestaron los serios problemas de constitucionalidad de esta propuesta legislativa que discrimina abiertamente entre estudiantes de igual condición económica.
Desde que el proyecto fue ingresado a esta Corporación, el 17 de abril, la Comisión de Educación concordó una rápida tramitación. Al 30 de mayo habíamos sesionado en cuatro oportunidades, recibiendo a trece invitados, además del Gobierno.
Convencidos de los problemas de constitucionalidad de la iniciativa, pero a la vez disponibles para avanzar en ella, solicitamos al Ejecutivo la presentación de indicaciones que permitieran superar estas dificultades, terminando con esta odiosa discriminación contra los estudiantes de los CFT estatales y universidades de carreras técnicas.
Casi siete meses pasaron desde la última sesión de la Comisión para retomar la normativa en estudio. En el intertanto, el Gobierno mostró su prioridad en educación: una pobre prioridad en educación. El proyecto "Aula Segura" pasó a ser el más importante del sector, abandonando totalmente las propuestas legislativas presentadas con anterioridad. ¡Pasaron casi siete meses, señor Presidente, antes de retomar la discusión!
El Ejecutivo, en reiteradas oportunidades, se comprometió a ingresar las indicaciones necesarias para dar viabilidad a esta iniciativa, sin que a la fecha esto ocurra. Al renovar su urgencia, le solicitamos al Subsecretario de Educación claridad al respecto y la alternativa de suscribir un acuerdo que señalara las características de la indicación que incluiría y su contenido.
El Subsecretario comprometió al Ministerio de Educación y al Gobierno para la suscripción de un documento que permitiera aclarar estas dudas como condición para la aprobación en general del proyecto, lo que -dicho sea de paso- ha sido una práctica bastante usual en períodos anteriores en la Comisión de Educación.
Este compromiso, señor Presidente, nunca se cumplió -¡nunca!-.
En cambio, ¿qué tuvimos? Una carta de la Ministra que señala textualmente:
"Con el propósito de hacerse cargo de esas observaciones y manteniendo el foco del proyecto de ley, que dice relación con la relevancia de la educación TP, comunico a esta Honorable Comisión, que el Ministerio de Educación propondrá en la discusión legislativa una indicación que establezca un mecanismo que permita incorporar a estos estudiantes como beneficiarios de este proyecto".
Es decir, ¡no se dice en qué condiciones! ¡No se dice cuándo, ni tampoco se dice cómo se hará!
El Gobierno acusa mucho de obstruccionista a la Oposición, y oculta en esta supuesta actitud la falta de gestión política y de buenos proyectos.
Nada le hubiese costado a la Oposición rechazar esta iniciativa frente a la inoperancia y el desinterés del Gobierno. Pero estamos dispuestos a avanzar, porque creemos en la gratuidad y creemos que es una buena política pública.
Sin embargo, que no se equivoque el Gobierno. Durante la discusión en particular exigiremos el cumplimiento de este compromiso. Queremos que se legisle bien y que el titular de la noticia sea coherente con el contenido.
Trabajaremos en la discusión de este proyecto para que la película final sea un reflejo de lo que espera el país. Y que una buena política, como es la gratuidad en la educación superior, se aplique sin las mezquindades que hemos visto en la normativa en estudio, que discrimina a estudiantes de la misma condición socioeconómica que van a centros de formación técnica estatales o que estudian carreras técnicas en universidades que, cumpliendo todos los requisitos de la gratuidad, son excluidos del beneficio por este Gobierno.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, esta es una votación en general.
He escuchado atentamente el informe de la Presidenta de la Comisión de Educación, y no me cabe la menor duda de que deberemos fijarnos en forma clara y con mucho detalle en que efectivamente no se discrimine.
Este proyecto de ley, a grandes rasgos, propone facilitar el derecho a la educación para aquellos estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que puedan acceder a los estudios superiores de los Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP).
No puedo dejar de mencionar que el primer gran paso, en este sentido, lo dio el Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando avanzamos en la gratuidad en las universidades para que el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables no tuviera en la mochila una deuda, como sucedía hasta ese momento. Cabe recordar que Chile es uno de los países que presentan los aranceles más caros del mundo, considerando el ingreso per cápita.
Este es un logro que no podemos dejar de mencionar, que fue instalado por los movimientos sociales y recogido por el Gobierno anterior. Desde luego, cabe recordar que en su momento fue fuertemente resistido por la coalición que gobierna hoy día.
Sabemos que a veces es muy bueno cambiar de opinión. Por lo tanto, si en aquel entonces el Presidente Piñera trataba a la educación como un bien de consumo -incluso, habló hace poco de una "industria de consumo"- es bueno que una vez que fue candidato haya cambiado de opinión y declarara que la educación es un derecho. Eso nos parece positivo.
El presente proyecto extiende el derecho de la educación gratuita, como se ha dicho, a los CFT, entregándola a los estudiantes de los siete primeros deciles.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que para acceder a este beneficio de gratuidad se repitan los requisitos señalados en los artículos 82 y 83 de la Ley de Educación Superior. O sea, estamos hablando de establecimientos educacionales que cuentan con acreditación. Sin embargo, si bien esta es necesaria para exigir un mayor nivel de calidad, según los datos de que disponemos hoy, un 54 por ciento de los CFT no cuentan con dicha acreditación, por lo que dejaremos un amplio número de jóvenes que no podrán acceder a este derecho y que, por cierto, verán obstaculizado su acceso.
Por esto, a lo menos esta ley deberá ser un incentivo para que los CFT que no cuenten con acreditación se esfuercen por alcanzarla.
También deseo señalar que representantes de los CFT concurrieron a la Comisión a respaldar el proyecto, haciendo alusión a que no hay que dejar de lado los CFT que se han instalado en la periferia de cada Región con el fin de promover el ingreso a estudios superiores de carácter técnico.
Además, los rectores de las universidades, en general, aprueban el proyecto, pero no dejan de hacer observaciones importantes, como la que aquí ha mencionado la Presidenta de la Comisión de Educación: la exclusión que existe en los CFT que dependen de universidades estatales. Complementan su opinión planteando que los estudios de carácter técnico son vitales para el desarrollo del país y, por lo tanto, el Estado debiera velar por el acceso a este tipo de establecimientos.
Por eso, vamos a votar a favor, en general, porque creemos que es necesario facilitar el acceso a la educación técnica, que tan necesaria es para el desarrollo de un país.
Sin embargo, cabe destacar que no estamos de acuerdo con la discriminación que se hace con estudiantes de la misma condición socioeconómica, a los que se deja fuera por el hecho de ser parte de universidades estatales o de CFT que dependen de universidades.
Por lo tanto, estimamos que en la discusión en particular habrá tiempo para rectificar, enmendar, y para que el Gobierno entienda que debe cambiar de opinión. Y lamentamos que hayan pasado 7 meses sin presentar esa indicación, porque bien pudimos haber ganado tiempo y ahora avanzar muchísimo más, en lugar de estar debatiendo el tema exactamente el penúltimo día de trabajo legislativo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto tiene dos grandes problemas:
1. Problemas de constitucionalidad
Se ha discutido su constitucionalidad en razón a que establecería una diferencia arbitraria, vulnerando el principio de igualdad (artículo 19 N° 2° de la Carta Fundamental), dado que un estudiante del séptimo decil que curse una carrera o programa de estudios presenciales conducente al título de técnico de nivel superior o título técnico-profesional impartido por una universidad, no podría beneficiarse de esta ampliación de la gratuidad, mientras que si fuese estudiante de un CFT o de un instituto profesional, sí podría hacerlo.
El Gobierno se comprometió a resolver este conflicto, pero aún no ha dado señales concretas en este sentido.
Es preciso que este problema sea resuelto por el Ejecutivo por medio de modificaciones que incorporen a todas las instituciones de educación superior en este avance de la gratuidad. Esto requiere especial consideración, porque entre las universidades excluidas encontramos a la Universidad de Santiago de Chile y a la Universidad Técnica Federico Santa María, de Valparaíso.
2.Gratuidad, deficiencias y señales contradictorias del Gobierno
Por otra parte, hay problemas en términos más sistémicos con la gratuidad, las deficiencias, y señales contradictorias de este Gobierno en relación con la gratuidad.
La educación, especialmente la educación superior, ha estado en el centro del debate político y legislativo de los últimos años. Ello se debe a las movilizaciones sociales por la educación durante el año 2011 y siguientes. Por eso, en 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet empujó con mucha fuerza un proyecto de ley que abordara la globalidad del sistema de educación superior, una nueva política de financiamiento que se denominó de "gratuidad", recogiendo uno de los aspectos centrales de las demandas de las movilizaciones: educación pública, gratuita y de calidad, entendida como derecho social y no como una industria en el mercado.
Esta propuesta de financiamiento se consolidó en la ley promulgada a comienzos del año pasado. Si bien ella constituye un avance en la garantización de la educación como un derecho social, en su implementación se han evidenciado deficiencias que deben ser subsanadas. Estas van desde su forma de cálculo, centrada en el arancel regulado, que ha producido significativos déficits en muchas instituciones, como aspectos que apuntan al diseño mismo de esta política de financiamiento, dado que profundiza el financiamiento a estudiantes por medio de un voucher, en oposición al financiamiento basal a las instituciones.
De esta forma se han naturalizado las dinámicas de mercado y se ha diluido aún más la diferenciación entre institución pública y privada (e incluso más amplio, respecto a una orientación pública y privada) en un sistema de instituciones con gratuidad y sin gratuidad. De hecho, este sistema ha implicado que sean las privadas las que obtengan mayor financiamiento por esta vía, como la Universidad Autónoma o el INACAP.
Es precisamente por lo anterior que resulta fundamental introducir ajustes a la gratuidad tanto en relación con su forma de cálculo como con su diseño. La forma de cálculo de la gratuidad ha producido un significativo déficit en muchas instituciones.
Sin embargo, las señales del Gobierno al respecto han sido contradictorias. Mientras propone ampliar el beneficio a más estudiantes en centros de formación técnica o institutos profesionales, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la indicación que autorizaba reinvertir un 30 por ciento de los excedentes acumulados en el Fondo Solidario para enfrentar el déficit generado por la política de gratuidad en los establecimientos públicos. Ello, en virtud del requerimiento realizado por parlamentarios del oficialismo, apoyado por el Ejecutivo. Es decir, por un lado se pretende ampliar el beneficio, mientras que, al mismo tiempo, se apunta precisamente a su fracaso, generando un profundo daño a las mejores instituciones de nuestro país.
En un gesto similar, el Ministerio de Educación, recientemente, anunció que ante la crisis de la Universidad del Pacífico habría alcanzado compromisos solo con instituciones privadas: las Universidades Autónoma, del Desarrollo, Mayor, el Instituto DUOC-UC.
Con ello se desconoce la Ley sobre Universidades Estatales que, entre otras cosas, modificó la Ley del Administrador Provisional y de Cierre, estableciendo que en la suscripción de convenios de reubicación de los estudiantes en crisis se tendría preferencia por las universidades del Estado. Y, todo esto, sumado al hecho de que el proyecto de ley que hoy nos toca votar excluye, como dije anteriormente, a la USACH y a la Universidad Técnica Federico Santa María.
Por último, señor Presidente, las señales de este Gobierno son preocupantes. Se está prescindiendo del rol público de las instituciones estatales. Al mismo tiempo, se avala la profundización de sus déficits apuntando, junto a la propuesta del nuevo crédito estudiantil, al fracaso o a una amenaza a la gratuidad.
En definitiva, si bien no podemos oponernos a que más estudiantes sean beneficiados con la gratuidad, por lo que aprobaremos en general este proyecto, es preciso que el Gobierno actúe con seriedad, en el ánimo de corregir deficiencias y perfeccionar el sistema y no iniciar una especie de contrarreforma, que también se observa en la Ley de Admisión Justa y en la implementación de la Nueva Educación Pública.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, deseo iniciar mis palabras señalando que yo respeto la libertad de opinión de la Senadora Provoste, pero, evidentemente, lo suyo fue una opinión personal y no correspondió al informe que debía entregar como Presidenta de la Comisión de Educación.
Se había mencionado que su intervención era para informar como Presidenta de la Comisión de Educación y, evidentemente, ella usó su derecho de opinión, y no intervino como titular de ese órgano técnico.
Dicho lo anterior, señor Presidente, el primer punto que quiero hacer es que aquí el Gobierno del Presidente Piñera se está haciendo cargo de un tema respecto al cual tenemos una deuda desde hace bastante tiempo: la educación técnico-profesional.
Al establecer la gratuidad, habiendo empezado por las universidades, estábamos dando la señal de que los estudiantes optaran por esos establecimientos de educación superior, siendo que hoy en día, para el desarrollo del país, necesitamos muchos más técnicos. Asimismo, en cierto sentido, estudiar una carrera técnica significa no solo tener mejor empleabilidad, sino además recibir mejor sueldo.
Por lo tanto, me parece que avanzar en la gratuidad para el sector técnico-profesional es una señal tremendamente relevante, que apunta en la dirección correcta para los estudiantes y también para el desarrollo económico de nuestro país.
Segundo, acá se ha sostenido que dentro del proyecto de ley no estarían -¿Puedo pedir a Sus Señorías un poco de silencio? Gracias- los centros de formación técnica estatales.
Señor Presidente, yo no sé por qué se llega a la conclusión de que no se incluyen los centros de formación técnica estatales, porque el proyecto se refiere en general a todos los institutos profesionales, de manera que están incluidos los estatales, obviamente. Si hay alguna duda, entonces, habrá que dejar la mención en forma específica. Quizás porque no se nombra específicamente a los institutos técnicos profesionales estatales se produce la duda. No hay ninguna exclusión, a lo cual se aludió varias veces durante la discusión en la Comisión de Educación.
Tercero, señor Presidente, me alegra que la Oposición de hoy -Gobierno ayer-, para argumentar la inconstitucionalidad del proyecto y pedir que se incluya a quienes están estudiando carreras técnicas en las universidades, utilice -¡las vueltas que da la vida, señor Presidente!- un planteamiento que nosotros hicimos cuando recurrimos en contra de la exclusión de los estudiantes de universidades que estaban fuera de la gratuidad.
Nosotros argumentamos ante el Tribunal Constitucional -y lo dijimos muchas veces durante la discusión del proyecto respectivo en la Comisión de Educación- que era absolutamente discriminatorio que si uno de dos hermanos del mismo nivel socioeconómico decidía estudiar en una de las universidades que acceden al sistema de financiamiento institucional recibiera el beneficio de la gratuidad y que el otro, por optar a una universidad no adscrita a dicho sistema, no lo tuviera.
Utilizamos ese ejemplo para sostener que no se podía discriminar a los alumnos según la institución elegida para estudiar.
Muchas veces nos dijeron que la norma pertinente no era inconstitucional. Sin embargo, el mismo argumento que usamos en su momento para señalar que sí lo era lo están usando ahora al objeto de decir que el proyecto del Gobierno no les entrega el beneficio en comento a quienes cursan carreras técnicas en las universidades
Señor Presidente, yo fui la primera en plantear este punto en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque considero que no está bien discriminar a un joven debido a la institución que eligió para educarse.
Señor Presidente, yo no cambié de opinión: es exactamente la misma.
Por lo tanto, me alegra que hoy la Oposición estime que no está bien que respecto de dos estudiantes del mismo nivel socioeconómico uno tenga el beneficio de la gratuidad porque eligió una institución de las que acceden al financiamiento institucional, y el otro, por escoger seguir una carrera en otra no adscrita a ese sistema, no lo reciba.
Me explico.
Por ejemplo, si un joven en Valdivia decide estudiar Derecho en la Universidad Austral, tiene el beneficio de la gratuidad. Si resuelve hacerlo en la Universidad San Sebastián, no lo recibe.
Eso al Gobierno anterior no le parecía inconstitucional.
Hoy día la misma argumentación que utilizamos en su momento para decir que la norma respectiva era inconstitucional es empleado para señalar que no puede ser que un joven que cursa una carrera técnica en un instituto profesional estatal no reciba el beneficio de la gratuidad, ni tampoco aquel que sigue una carrera técnico profesional en una universidad adscrita al sistema de financiamiento institucional.
Por lo tanto, señor Presidente, me alegro de que la Oposición recoja ahora el argumento que señaló en su fallo el Tribunal Constitucional cuando recurrimos en contra de la exclusión de los estudiantes que tenían el mismo nivel socioeconómico y que cursaban sus estudios en universidades que estaban fuera de la gratuidad.
Cuarto, yo soy miembro de la Comisión de Educación desde hace bastante tiempo, y, efectivamente, antes de votar en general un proyecto muchas veces nosotros conversábamos con el Ejecutivo para ver las apreciaciones que tenía sobre nuestras posiciones.
Jamás firmamos un protocolo. Se nos decía más o menos cómo iba a ser la idea, y que con buena voluntad se recogerían nuestros planteamientos. Pero nunca se presentaron las indicaciones antes de votar en general. De hecho, en el trámite legislativo, no es factible introducir indicaciones sin haber votado antes el proyecto en general. Así que difícilmente el Gobierno podría haber enviado las indicaciones correspondientes.
Entonces, cuando éramos Oposición, la forma que teníamos para funcionar en la Comisión de Educación era la de que había una conversación con el Ejecutivo; existía un compromiso con el Gobierno, un trabajo basado en la buena fe para llegar a acuerdos. Luego, cuando se presentaban las indicaciones, se iniciaba la discusión y la negociación.
El señor MONTES (Presidente).- Puede continuar, señora Senadora.
La señora VON BAER.- ¡Nunca, señor Presidente, se presentaron las indicaciones antes!
¡Nunca se dijo exactamente lo que se quería hacer con anterioridad!
Por lo tanto, cuando se exige aquello señalando que siempre se hizo así en la Comisión no acierto a entender de qué Comisión de Educación estamos hablando. ¡Por lo menos no de la que yo soy miembro!
Aquí la Ministra Cubillos ha ido más allá de lo que hicieron en su oportunidad el Ministro Eyzaguirre o la Ministra de Educación anterior.
Jamás nos mandaron o firmaron una carta en la que nos expresaran su buena voluntad.
Nunca hubo necesidad de firmar cartas, porque siempre trabajamos sobre la base de la buena voluntad, de que formamos parte de una democracia y de que somos capaces de confiar en el que tenemos sentado al frente, aunque piense distinto.
Yo por lo menos, señor Presidente, creo en esa forma de hacer política.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, parafraseando a la Senadora que recién intervino, la Honorable señora Von Baer, yo tampoco he cambiado de opinión, pues siempre he comprendido que la gratuidad es una buena política pública, y lo sigo sosteniendo.
Lo planteamos cuando discutimos la Ley de Educación Superior; también en la ley relativa a los centros de formación técnica e institutos profesionales, y en particular en la tocante a los CFT estatales, que es una normativa aparte, a los que esta iniciativa no hace ninguna referencia, por lo que uno mal podría suponer que estos se hallan en la preocupación del Ministerio de Educación hoy día.
Porque lo que uno ve en los territorios que representamos -lo expresó muy bien la Senadora Allende- es que los centros de formación técnica (me refiero a los estatales, cuyo proyecto de ley aprobó unánimemente el Senado) están protegidos, e incluso algunos tienen recursos que quedaron del presupuesto del Gobierno anterior para los efectos de adecuar infraestructura, pero no tienen recursos para implementación. Por lo tanto, evidentemente, hay un freno en la política pública establecida por ley respecto de los centros de formación técnica estatales, los cuales -insisto- no han sido consideraros en este proyecto. De manera que aquí existe una discriminación.
Entonces, me alegra que hoy día, por las razones que sean, estemos teniendo esta discusión.
Hay quienes creen que en ello tiene mérito importante un Senador de las bancas de enfrente. Yo también lo reconozco, pues todos vimos que Manuel José Ossandón, cuando era candidato presidencial, planteó esta materia, que fue recogida por el Presidente Sebastián Piñera. Y nos alegramos por ello.
Por eso digo que no hemos cambiado de opinión. Siempre hemos creído, al igual que el Senador Ossandón, que la gratuidad en la educación es una buena política pública.
¡Cómo no va a serlo! Solo en este proyecto estamos incorporando cerca de 19 mil estudiantes. Ya la gratuidad beneficia a 300 y tantos mil jóvenes, quienes no están pagando por sus aranceles.
Ahora, otra cosa es el conjunto de elementos que debemos ir mejorando.
Ayer con la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora Yasna Provoste, y el Senador Latorre, entre otros parlamentarios, hicimos ver la necesidad de, mediante un proyecto de ley, sacar del boletín comercial a quienes tengan deudas contraídas en virtud de créditos de educación. Ello, por lo que señaló recién el colega Latorre: porque esta no es una industria, y porque queremos garantizar que la educación se reconozca como un derecho social. De modo que mal puede existir en el boletín comercial registro de deudas de esta índole.
Con esto no estamos diciendo que no haya que pagarlas, que es un perdonazo. ¡No! Los sistemas de crédito, en algunos casos bastante leoninos por parte de las instituciones de educación superior, están ahí vigentes, con cobranzas de todo tipo. Lo que estamos planteando es que no podemos ponerle un límite a esa persona que necesita muchas veces emprender en función de la carrera que estudió, o adquirir una casa. Porque hoy día sucede todo lo contrario: ve rematada su propiedad por deudas contraídas con el CAE.
Por consiguiente, la gratuidad es una muy buena política pública que les ha alivianado la mochila a muchos alumnos en Chile hoy día para llevar adelante sus estudios de educación superior.
Pero en este proyecto hay una dificultad, señor Presidente. Lo que señaló la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora señora Provoste, es real. Nosotros hasta este minuto no hemos tenido claridad de parte de la Ministra aquí presente sobre este proyecto, salvo una comunicación bastante escueta en que señala que se va a hacer cargo del séptimo decil, que es lo que nos convoca hoy día, en las universidades.
Solo en la Universidad Federico Santa María -por citar una de acá, de la Región de Valparaíso- hay 450 jóvenes del séptimo decil que cursan carreras técnicas, y son cerca de 3 mil en todo el país. Esos estudiantes, con igualdad de vulnerabilidad, no están considerados. Si uno de dos hermanos va a una universidad adscrita al financiamiento institucional no tiene problema, pero sí aquel que sigue una carrera técnica en una de esas universidades. Ello también ocurre respecto de los centros de formación técnica, pues no se ha explicitado ese asunto.
Recién conversaba con la Ministra Cubillos, quien nos decía que esto va a ser considerado.
Sin lugar a dudas, aquello ayudará a que estos temas se resuelvan en la discusión en particular.
Pero también quisiéramos ver mayor voluntad y un señalamiento claro en la materia. Así como se planteó con mucha firmeza un proyecto emblemático como el denominado "Aula Segura" durante el 2018, nos gustaría que hubiera mayor determinación en la entrega de una señal clara respecto de los centros de formación técnica estatales, que han formado parte de una política pública.
La Ministra dijo el otro día en una entrevista que no todos los recursos pueden ir a la educación superior.
Espero que no sea esa la razón por la cual se hayan omitido tanto a los centros de formación técnica estatales, que no tienen gran matrícula, pues recién están partiendo a lo largo del país, como a los estudiantes de carreras técnicas de las universidades actualmente adscritas al sistema de financiamiento institucional.
Con todo, señor Presidente, nos parece un paso importante para Chile que se vaya afianzando la gratuidad; y extenderla al séptimo decil lo consideramos una buena noticia. Ello, sin perjuicio de que hay que hacerse cargo en particular de los casos que se han planteado y que no están cubiertos, independientemente de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que la propia Comisión de Constitución -según entiendo- ha llegado a un acuerdo con el Ministro Larraín para efectuar una transformación -así lo esperamos- bastante profunda de ese órgano jurisdiccional.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto -tal como se ha dicho- tiene como objetivo modificar la ley sobre educación superior con el fin de extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico que asisten a los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del 2019.
Ello, según argumenta el Ejecutivo, como una forma de dar pleno reconocimiento a la importancia estratégica de la educación técnico profesional para el desarrollo de nuestro país y, sobre todo -lo cito-, "a aquellos estudiantes provenientes de las familias de clase media que asisten a los CFT e IP, merecedores de este esfuerzo fiscal especial", propósito loable, sin duda, que recibimos con satisfacción cuando fue anunciado.
Sin embargo, esta iniciativa, que, según sus fundamentos, se basaría en una discriminación positiva hacia la educación técnico profesional, conlleva en su seno una discriminación no positiva, sino negativa, por ser arbitraria.
No se dirige a los alumnos propiamente tales, sino a las instituciones que imparten educación técnico profesional. Y las entidades consideradas no son todas las que la imparten, pues se excluye a las universidades.
Aquí hemos escuchado largamente a Sus Señorías manifestar que esto sería inconstitucional. Y alguien señaló acá que parece curioso que ahora se diga que es inconstitucional cuando se ocupó en el pasado el argumento de que la norma pertinente era constitucional.
En verdad -y quiero decirlo a la Sala-, lo que dijeron quienes destacan ese hecho es que el Tribunal Constitucional señaló este punto, no que estén de acuerdo con que sea o no constitucional.
Es significativo relevar que el referido Tribunal dejó sentado que "la gratuidad de la educación superior tiene que enfocarse en la situación socioeconómica del estudiante y no en la institución a la que se adscribe" y que "este beneficio debía otorgarse a todos los alumnos que estaban en la misma condición socioeconómica, independientemente de la institución de educación superior en la cual cursaban sus estudios".
Entonces, parece raro que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera efectúe una discriminación ahora cuando su sector, al discutir en el pasado sobre esta materia, alegó la inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y la ganó.
Señalo esto, señor Presidente, porque es importante hacer el punto, no porque uno esté de uno u otro lado. Los argumentos y la forma como el Tribunal Constitucional falló sobre el particular sentaron las bases de esta discusión.
Otra cosa es -como manifestó el Senador Quintana- que debatamos sobre lo que ha ocurrido en dicho Tribunal y cómo vamos a resolver aquello.
Pero hecho el punto y sentada la base sobre la cual se ha establecido esta discusión, tenemos un problema, el cual, obviamente, nos enfrenta al debate respecto de este proyecto en particular.
Hemos dicho -y lo han reiterado la Presidenta de la Comisión, el Senador Quintana, en fin- que apoyamos la idea de legislar, pues nos parece bien que vayamos ampliando la gratuidad. Pero también creemos que hay una discriminación que no es positiva, sino negativa; que la educación técnica requiere apoyo; que esto no podemos limitarlo solo a un grupo de instituciones; que debemos apoyar a los estudiantes independientemente de dónde cursen sus estudios, y que existen preguntas que hoy día el Ministerio debe responder.
¿Estamos en la discusión en general? Sí. Es verdad.
¿Hay cuestiones que la Ministra tiene que responder? Sí. Y a mi juicio están sobre la mesa.
Señor Presidente, de acuerdo al artículo 1° de la iniciativa: "A contar del año 2019, los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica pertenezca a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país, podrán cursar de manera gratuita carreras y programas de estudios presenciales conducentes a los títulos de técnico de nivel superior o títulos profesionales de aquellos definidos en las letras a) y b) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, impartidas por Centros de Formación Técnica y/o Institutos Profesionales adscritos al Financiamiento Institucional para la Gratuidad,".
¿Cuáles serían los programas que no entrarían en el beneficio de la gratuidad? El referido en el literal c) del artículo 54: los programas que tengan por objeto obtener el grado de licenciado, los cuales solo pueden ser impartidos por universidades.
Esa es una sola pregunta; hay varias más.
Señor Presidente, voto a favor de esta iniciativa. Pero me parece que hay cuestiones que deben resolverse en la discusión en particular.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley está destinado a beneficiar a una gran mayoría de alumnos que durante el 2017 cursaron sus estudios profesionales en los centros de formación técnica de nuestro país, los cuales conforman el 43 por ciento del total de los estudiantes chilenos de pregrado.
Tal como menciona el mensaje del Presidente Piñera, esta gran proporción de alumnos de la educación técnico profesional no va acompañada por las denominadas "ayudas estatales", tales como gratuidad, becas y créditos que se destinan en un 78 por ciento a las universidades y solo en un 22 por ciento a los estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales.
Esta desproporción se hace aún más injusta si consideramos que el 79 por ciento de los alumnos de los centros de formación técnica e institutos profesionales se encuentran dentro de los quintiles bajos o medios de ingresos económicos.
La histórica desigualdad que deben enfrentar esas instituciones provocó que en el 2017 se observara una disminución de 174 programas académicos en la oferta dada por los institutos profesionales y de 79 programas de los centros de formación técnica, tendencia que debe revertirse, puesto que una mayor oferta académica de estas entidades permitirá una mejor cualificación de nuestra fuerza laboral.
De la misma forma, en el 2017 la matrícula de alumnos de los centros de formación técnica tuvo un decrecimiento de 4,2 por ciento, y la de los institutos profesionales experimentó un descenso de 2,1 por ciento, cifras que deben merecer nuestra más absoluta preocupación.
Por otra parte, la existencia y oferta académica de los institutos profesionales y centros de formación técnica, cuando es de calidad y obedece a las necesidades del mercado, constituye una útil herramienta de descentralización que debemos fortalecer.
Conforme a lo anteriormente expuesto, manifiesto mi apoyo a este proyecto de ley en general. Y, obviamente, vamos a estar atentos cuando se discuta en particular.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, obviamente, este proyecto de ley tiene una muy buena intención. Además, es necesario, pues, en el fondo, beneficia al séptimo decil, lo que significa que alcanza también a las clases medias, que suelen quedar un tanto marginadas de las políticas públicas.
Por esas razones es interesante.
Ahora, la extensión de la gratuidad al séptimo decil para los centros de formación técnica e institutos profesionales se refiere a aquellos que desde el 2010 han logrado superar en el acceso incluso a las universidades. A veces se pone poca atención en que, bajo la actual línea de financiamiento de becas y créditos, el 78 por ciento es recibido por las universidades, pero solo el 22 por ciento es para los CFT e institutos profesionales, a los cuales llega hoy más del 50 por ciento de los estudiantes.
Por consiguiente, hasta ahí tenemos plena justificación para avanzar en gratuidad.
Sin embargo, también me llamó la atención que en el mensaje no se hiciera una alusión expresa al caso de los estudiantes de CFT e institutos profesionales en universidades estatales, toda vez que en muchas regiones de Chile no existe una oferta de CFT, razón por la cual se trata de que haya una oferta en materia de educación pública, que es lo que se intentó con los 15 CFT estatales creados en el gobierno anterior.
En tal sentido, sería lógico continuar con ese esmero.
Además, no olvidemos que 21 de las 25 universidades del CRUCh poseen formación técnico-profesional, que constituye en el conjunto de la oferta solo un 8,4 por ciento. Pero tienen fuerte presencia en los territorios. Por ejemplo, en la Región de Los Lagos representa un 20 por ciento; en la de Magallanes, un 30 por ciento, y en la de Tarapacá llega al 40 por ciento.
En consecuencia, hacer un esfuerzo en las regiones en todas esas materias obviamente es importante y representa un avance.
Ahora, sí sería interesante que la propia Ministra aclarara que lo propuesto no excluye a los estudiantes de los CFT e institutos profesionales de universidades estatales o CFT estatales.
Creo que eso ayudaría a la transparencia del proyecto, y con esa condición, obviamente, lo apoyaríamos. En todo caso, aún resta su discusión en particular.
En los tiempos actuales debemos entender la formación técnica como un derecho social, que sirve además para emparejar la cancha. Pero requiere mayor institucionalidad, que va, entre otras cosas, de la mano con la implementación de fondos basales.
Asimismo, es conveniente trabajar en la relación entre los liceos industriales, polivalentes, politécnicos, los CFT y las universidades estatales, como proyecto para mantener la continuidad de estudios y de posibilidades. La idea es que el alumno que entra a un liceo industrial o a un CFT tenga posteriormente la opción de estudiar también en una universidad.
Por lo tanto, hay que trabajar el concepto de un sistema educacional en que esas son etapas que el estudiante puede recorrer.
Quiero recordar también la importancia de incorporar en los beneficios de la ley en proyecto a los CFT estatales, toda vez que la matrícula de estos centros se concentra básicamente en el INACAP, con 35,5 por ciento, y en el DUOC, con 28,1 por ciento.
Por otro lado, la matrícula de los institutos profesionales también se concentra en dos instituciones: el 25,7 por ciento en el DUOC y el 25,6 por ciento en el AIEP.
En consecuencia, para ser justos y llegar a todos los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica y a aquellos que cursan carreras técnicas en universidades, lo lógico es que queden integrados en los beneficios de la ley en proyecto, para que de esa forma ella esté completa.
Lo anterior podría ser aclarado por la Ministra en su posterior intervención.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, más allá de la discusión que se ha dado, donde se señala que claramente los CFT muchas veces han sido discriminados negativamente frente a la educación universitaria -enfrentar esta situación es un elemento positivo del proyecto-, lo cierto es que hoy día el sistema de gratuidad, creado por el gobierno anterior con muy buenas intenciones, adolece de una serie de problemas que llevan a plantear su revisión y mejoramiento.
En primer término, presenta un problema práctico. Al no haber recursos para todos, no se está cumpliendo, en la gran mayoría de los estudiantes, la promesa de que la falta de recursos de su familia no afectará la posibilidad de ingresar a la universidad. Por lo tanto, existe gran cantidad de estudiantes de la educación superior que no tienen acceso a la gratuidad.
Hay una injusticia en lo anterior. Si ustedes miran los umbrales, el séptimo decil alcanza a una familia con un ingreso per cápita de aproximadamente 260 mil pesos. ¿Por qué una familia con un ingreso per cápita superior a eso tendría que hacerse cargo de financiar la educación de su hijo mayor de 18 años?
Pero otro inconveniente que presenta la gratuidad de acuerdo con la forma en que fue diseñada es la fijación de precios. Siempre que fijamos precios se genera el problema de que se nivela hacia abajo. Por lo tanto, las universidades de mejor calidad son las que más sufren, y las de peor calidad salen beneficiadas, porque hay que promediar. Y por eso resultan perjudicadas las universidades de mejor calidad, que tienen que empezar, por ejemplo, a sacar investigadores, a lo que se suman una serie de otras dificultades.
Por eso, más allá de las buenas intenciones de este proyecto, debiéramos aspirar a una gratuidad 2.0, una gratuidad solidaria. Y una gratuidad 2.0 es aquella en la cual uno le devuelve la mano al país; en la que ojalá todos los estudiantes de la educación superior quedaran liberados de pagar mientras estudian, pero que después, dependiendo de cómo les vaya en la vida, fueran capaces de ser solidarios y de devolverle la mano al país.
Con eso lograríamos dos cosas: además de tener un sistema conceptualmente más justo, se podrían allegar recursos para cosas tan relevantes como mejorar las pensiones, la salud, la infancia, sabiendo que en este último caso tenemos una brecha gigantesca.
Y no solo eso, sino que también lograríamos que muchas de las personas que hoy día no están dentro de la gratuidad pudieran finalmente ser parte de ella.
Por lo mismo, y valorando el espíritu del proyecto del Gobierno, que busca corregir una discriminación negativa hacia los CFT e IP, creo que sería bueno que en la discusión en particular el Senado pudiera abrirse mucho más allá de los alcances de esta iniciativa, que establece el aumento en un tramo, hacia la búsqueda de un acuerdo transversal para tener una gratuidad solidaria, que considerara a todos los estudiantes y en que no se impidiera que tuviesen acceso a ella quienes pertenezcan a familias con ingreso per cápita superior a 260 mil pesos.
¿Qué era lo que la ciudadanía pedía, en el fondo, cuando pedía gratuidad? No era que no hubiera solidaridad de esos mismos estudiantes después de que egresaran. Obviamente, lo que nadie quiere es que los alumnos de la educación superior queden con una mochila gigantesca.
Por eso, un esquema de 10 por ciento del ingreso, por ejemplo, una vez que se hayan graduado los estudiantes -sin pagar nada en caso de cesantía- nos permitiría generar un fondo de educación realmente potente, transversal y así liberar muchos recursos para otros fines.
Por lo mismo, señor Presidente, ojalá que en la discusión particular de este proyecto de ley tengamos la posibilidad de introducir, como Senado, mejoras al sistema, manteniendo este principio que todos compartimos, en el sentido de que ningún estudiante de la educación superior deje su carrera por falta de recursos, pero entendiendo que una gratuidad solidaria podría ser una fórmula muy superior a la que tenemos hoy día, con mayor cobertura, y que además le dejaría al país recursos disponibles para destinarlos a otros objetivos.
Por lo expuesto, me abstengo.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, varios Senadores han hecho uso de la palabra, por lo que no deseo profundizar los argumentos dados respecto de este proyecto de ley.
Obviamente, voy a votar a favor de la aprobación en general de esta iniciativa, por la importancia que reviste.
No obstante, quiero reiterar lo señalado en esta Sala sobre la relevancia de perfeccionar en la discusión particular este proyecto, para efectos de establecer con claridad cuál es el ámbito de beneficiarios, a fin de que comprenda particularmente a los estudiantes de carreras técnico-profesionales o conducentes a títulos técnicos de nivel superior de universidades tradicionales.
Me parece que no se puede establecer un distingo de acuerdo con la naturaleza de las instituciones, especialmente porque estamos hablando en este caso de entidades que gozan de prestigio y un rigor académico superior a otras que sí están comprendidas dentro de la iniciativa.
Por eso, es muy importante que el Gobierno, a través de las indicaciones comprometidas, precise el ámbito de aplicación de este proyecto, para que sean más los estudiantes beneficiados.
En todo caso, voy a votar a favor en general, esperando -reitero- que en la tramitación en particular se establezca un ámbito de aplicación mayor y se considere a todos los estudiantes de estas carreras, independientemente de la institución en la cual las cursan, incorporando particularmente a instituciones de alto prestigio.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, cuando uno analiza la educación gratuita en las universidades, todo lo que se ha luchado estos últimos años, y ve que se deja fuera a la educación técnico-profesional, constata que no se conoce la realidad del mundo en que vivimos.
La gran mayoría de los estudiantes de los centros de educación técnica pertenecen a las familias más pobres de nuestro país. Estas personas necesitan, obviamente, la ayuda económica.
Lo más importante -no he escuchado comentario al respecto, y espero que se mejore- es que todo estudiante de un instituto técnico-profesional necesita dicho apoyo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces son personas que egresan de la educación secundaria, forman su familia y después quieren seguir estudiando.
Ese es el sentido de contar con esta ayuda. Porque para una persona que ha formado una familia y necesita estudiar porque quiere superarse en la vida, sin duda, la solución que tiene son los centros de educación técnico-profesional.
Por esa razón, a mi juicio, este proyecto seguramente debe mejorar en muchos aspectos. Lo importante es que tengamos la voluntad de entender que las familias siempre quieren surgir. Y quienes provienen de las familias más humildes son los que llegan a la educación técnico-profesional.
Nuestro país necesita técnicos, porque evidentemente no vamos a tener solo gerentes en las empresas. Los técnicos son las personas más importantes en el buen desarrollo de un país. Y entendiendo cómo está hoy la tecnología, sin duda, las carreras técnico-profesionales tomarán una tremenda importancia.
Por eso hay que apoyar la iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora CUBILLOS (Ministra de Educación).- Señor Presidente, efectivamente, este es un proyecto que se enmarca dentro de la agenda principal del Presidente de la República en materia de educación. Me refiero a la modernización y fortalecimiento de la educación técnico-profesional, no solo con la extensión de gratuidad al séptimo decil, sino también con todas las medidas que se están adoptando a fin de entrelazar mejor la educación técnico-profesional con la educación superior y con el mundo del trabajo.
Con relación a las objeciones o dudas que se han planteado acá, la primera que aclaro es que el proyecto sí incorpora a los centros de formación técnica estatales, cuestión que se ha intentado explicar en reiteradas ocasiones (en Comisión, en reuniones) y de distintas maneras.
Al parecer, la confusión de algunos Senadores estaría en el hecho de que en el artículo 1° del proyecto no se hace mención a la ley que crea los CFT estatales. El decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, se consigna solo con relación a los títulos definidos en él y no a las instituciones. Por lo tanto, no era necesario mencionar la ley que crea los CFT estatales.
Pero no hay ningún problema para que en la discusión en particular, si se quiere aclarar, que ello se haga. Y se puede hacer sin siquiera pedir informe a la DIPRES, porque están incorporados los CFT estatales en la ley en proyecto.
En segundo lugar, también nos hicimos cargo (de hecho, lo había planteado ya en septiembre -a un mes de asumir- a los parlamentarios de la Comisión de Educación) y existe la voluntad del Ejecutivo de dar solución, por la vía de indicaciones en la discusión particular, a la objeción que había surgido respecto a que no estuvieran incorporados los alumnos de las carreras técnicas de las universidades.
Esa objeción fue expresada por distintos Senadores, y en particular por el Senador Ossandón y la Senadora Von Baer. Y, por lo tanto, lo señalamos en la Comisión -nos pidieron una carta, y la trajimos-. Además, tenemos la voluntad -la hemos expresado de todas las formas posibles- para que una vez que se abra el plazo para formular indicaciones el Ejecutivo presente una indicación que los incorpore de una manera abordable en términos presupuestarios.
Sin embargo, aparte de agradecer el apoyo a la aprobación en general del proyecto manifestada por distintos parlamentarios, quiero referirme -por su intermedio, señor Presidente- a otro tema, respecto del cual fui aludida por el Senador Latorre, quien señaló que el Ministerio no estaría cumpliendo con la Ley de Universidades Estatales respecto de los convenios de la Universidad del Pacífico.
Simplemente, le aclaro al Senador -por su intermedio, señor Presidente- que no se desconoce, en relación con lo hecho por el Ministerio, la preferencia que tienen las universidades estatales con respecto a los convenios para reubicación de estudiantes, ya que la prelación está establecida solo cuando hay pérdida de reconocimiento oficial, cosa que aún no ha ocurrido. Por lo demás, es razonable que el Ministerio se adelante para facilitar la reubicación de los estudiantes.
Si bien no es un tema vinculado con el proyecto que hoy día se discute, sí me parecía grave la alusión en cuanto a que el Ministerio no estaría cumpliendo la Ley de Universidades Estatales.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente- me he permitido aclararlo.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y una abstención) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 28 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Kast.