REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 89ª, en miércoles 16 de enero de 2019
Ordinaria
(De 16:29 a 20:13)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE;
CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE, Y JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández; Bienes Nacionales, señor Felipe Ward Edwards, y de Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda Mitri.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 84ª, ordinaria, en 8 de enero de 2019; 85ª y 86ª, especiales, y 87ª, ordinaria, en 9 de enero de 2019, que no han sido observadas.
El señor MONTES (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta sentencias dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
Remite resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 1º, inciso tercero, en relación con el artículo 7, ambos del Código del Trabajo.
-Artículos 196 bis y 196 ter de la ley Nº 18.290.
-Artículo 199 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud.
-Artículo 113, inciso cuarto, segunda parte, en relación con el artículo 121, número 11, del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
-Artículo 449, número 1, del Código Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Remite antecedentes solicitados por el Senador señor Latorre sobre auditorías realizadas a la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Del señor Ministro de Minería:
Atiende consulta del Senador señor Latorre acerca de la visita realizada por el señor Subsecretario de Minería a las instalaciones de la empresa minera Vizcachitas.
De la señora Directora del Servicio Nacional de Turismo:
Responde inquietud del Senador señor De Urresti respecto de la eventual contaminación del lago Tinquilco, y sobre la posibilidad de transformar esa cuenca en un Santuario de la Naturaleza.
Del señor Secretario General de Carabineros (s):
A requerimiento del Senador señor Chahuán, informa con relación a incidentes acaecidos recientemente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Ríos:
-Explica las causas de la reducción de 9 mil millones de pesos en el presupuesto de la Dirección de Vialidad, asunto planteado por el Senador señor De Urresti.
-Da a conocer la ejecución de los recursos para el estudio de la línea base del humedal Trumao, comuna de La Unión, cuestión consultada por el Senador señor De Urresti.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Maule:
Informa que ha acordado designar Presidente de esa instancia al Consejero Regional señor César Muñoz Vergara.
--Se toma conocimiento.
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga (boletín Nº 12.363-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Moción
De los Senadores señores Castro, Galilea y Prohens, con la que inician un proyecto de ley relativo a la protección penal de la función pública (boletín Nº 12.386-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, quiero pedir una prórroga para presentar indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Había quedado para el 25 de marzo?
El señor INSULZA.-
No. Se fijó para el 17 de enero. Eso es mañana.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Qué fecha propone usted?
El señor INSULZA.-
Sugiero una semana más.
El señor MONTES (Presidente).-
O sea, hasta fin de mes.
El señor INSULZA.-
Sí.
El señor MONTES (Presidente).-
Podría quedar para marzo, porque igual no se va a alcanzar a ver en enero.
El señor INSULZA.-
Es evidente que no.
El señor MONTES (Presidente).-
Dejémoslo para el 4 de marzo, el primer lunes de vuelta del receso.
El señor INSULZA.-
Mejor para el segundo lunes.
El señor MONTES (Presidente).-
Entonces, el plazo para presentar indicaciones quedaría para el 11 de marzo.
El señor INSULZA.-
Está bien.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor INSULZA.-
Señor Presidente, deseo hacer un segundo planteamiento: solicito a la Presidencia, si es factible, que remita un oficio a la Presidenta de la Cámara Baja para pedir que se designe a nuevos miembros de la Comisión Mixta que verá el proyecto sobre comercio ilícito, pues no se ha podido sesionar en cuatro oportunidades por insuficiencia de Diputados.
A lo mejor se puede nombrar a otros Diputados que sí asistan a las sesiones.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para enviar el oficio requerido?
Acordado.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, pido recabar la unanimidad de la Sala para que la Comisión de Salud pueda emitir certificado respecto del proyecto de protección de lactancia materna y también de la iniciativa que establece la Ley Nacional del Cáncer, con el fin de que ingresen en la tabla, sin perjuicio de que se sigan elaborando los informes respectivos.
El señor MONTES (Presidente).-
Su Señoría, en todo caso, no alcanzaremos a ver esas materias hoy día. El acuerdo de Comités es analizarlas la próxima semana.
La señora GOIC.-
No es para tratarlas hoy, señor Presidente, sino para que quede consignado que ambos proyectos fueron aprobados en la Comisión; uno, en tercer trámite, y el otro, en primer trámite.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Hay acuerdo?
--Se autoriza.
El señor MONTES (Presidente).-
En todo caso, esas iniciativas se verán la próxima semana -ojalá estén listos los informes entonces-, porque así fue solicitado por el Ejecutivo y acordado ayer.
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El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones solicita que se pueda fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que busca regular el tendido de cables aéreos (boletín Nº 9.511-12), hasta las 11 del día miércoles 23 de enero.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
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El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, en sesión celebrada el día de hoy, la Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus integrantes, acordó solicitar a la Sala que el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas (boletín Nº 11.850-04), sea visto también por la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
Además, se pide que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pueda analizar y pronunciarse, en un plazo acotado, si la iniciativa tiene o no el carácter de norma orgánica constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que dicho proyecto sea analizado también por la Comisión Especial ya individualizada y remitido a la Comisión de Constitución para resolver la consulta sobre el carácter de la iniciativa?
--Así se acuerda.
V. FÁCIL DESPACHO
ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES POR CIERRE U OBSTACULIZACIÓN DE ACCESO A PLAYAS DE MAR, RÍOS Y LAGOS
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.333-20) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).-
Se trata de una iniciativa de rango orgánico constitucional, por lo que la presencia de los señores Senadores en la Sala es muy importante.
El señor COLOMA.-
Abra la votación de inmediato, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
El problema para ello es que se han presentado indicaciones, Su Señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es establecer sanciones al propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante a playas de mar, ríos y lagos que cierre u obstaculice las vías de acceso fijadas por la autoridad para ingresar a ellas.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió el proyecto en general y en particular en atención a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Allende y señores Prohens y Sandoval, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que el artículo único de la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 11 del informe de la Comisión.
Además, cumplo con informar que se han presentado tres indicaciones a esta iniciativa de ley, las que se individualizarán una vez aprobada la idea de legislar.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, la iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la República y cumplió su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
En esa Corporación fue analizada por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y, posteriormente, por la Sala, donde fue respaldada por 136 Diputados y recibió un voto en contra.
Con el objetivo de cumplir su segundo trámite, el proyecto de ley ingresó a tramitación al Senado el 8 de enero de este año, cuyo estudio realizó la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el día lunes recién pasado.
En dicha sesión, tras escuchar al Ministro de Bienes Nacionales y hacer las diferentes consultas pertinentes, la iniciativa fue aprobada en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, los Senadores Prohens y Sandoval y quien habla.
La propuesta de ley en estudio tiene por objeto establecer sanciones al propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante a playas de mar, ríos y lagos que cierre u obstaculice las vías de acceso fijadas por la autoridad para ingresar a ellas.
Cabe recordar que en nuestro país las playas de mar, ríos y lagos son bienes nacionales cuyo dominio pertenece a la nación y su uso, a todos sus habitantes.
Como consecuencia de lo anterior, en aquellos lugares donde no existen caminos públicos u otras vías que permitan el acceso a las playas, los propietarios de los terrenos colindantes tienen la obligación de facilitar gratuitamente el ingreso para fines turísticos y de pesca.
Así lo dispone el artículo 13 del decreto ley Nº 1939, de 1977, que establece normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, que detalla también el procedimiento para la fijación de las correspondientes vías de acceso.
Pese a lo anterior, todos los años se conocen denuncias relativas al cierre u obstaculización de las vías de acceso fijadas, limitándose de esta manera el ingreso a un bien nacional de uso público. En efecto, durante el año 2018 el Ministerio de Bienes Nacionales recibió más de 370 denuncias y en las últimas cuatro semanas -escuchen bien, señores Senadores y señoras Senadoras- ya se han presentado 206 denuncias.
Uno de los factores que incide en este comportamiento radica en que nuestra legislación no establece una sanción a los propietarios u ocupantes de los terrenos colindantes obligados a facilitar gratuitamente el acceso a playas de mar, ríos y lagos en caso de cerrar u obstaculizar las vías fijadas.
A fin de llenar dicho vacío legal, la propuesta que nos presenta hoy día el Ejecutivo sugiere sancionar con multa a beneficio fiscal de 10 a 100 UTM a quienes cierren u obstaculicen de algún modo las referidas vías de acceso. Para la aplicación de dichas multas y su reclamación, rige lo dispuesto por la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local. En caso de reiteración, la iniciativa dispone que se puede aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido. Para mejor comprensión, hago presente que tales multas van desde los 500 mil hasta los 5 millones de pesos.
En el análisis del proyecto, los miembros de la Comisión manifestamos algunas inquietudes; entre ellas, el monto de las multas y si este era efectivamente el instrumento más eficaz o eficiente para garantizar el acceso a las playas de mar, ríos y lagos. Asimismo, se consultó si se habían recogido algunas observaciones realizadas por la Corte Suprema.
Con relación al monto de las multas, el Ministro aquí presente -aprovecho de saludarlo, al igual que al otro Secretario de Estado que nos acompaña en la Sala- explicó que las cifras sugeridas buscan realmente ser disuasivas de la conducta que se quiere evitar y llamó a tener en consideración que, en muchos de los casos, son condominios los que impiden o restringen el acceso y, en consecuencia, si la multa asociada a la infracción es baja, nada va a asegurar que se revierta la decisión, porque al prorratearse la suma entre los copropietarios el monto podría resultar muy bajo.
En cuanto a la medida de asociar una sanción pecuniaria al incumplimiento de esta obligación, el Ministro aseguró que el Gobierno tiene la convicción de que el proyecto va a dar solución al problema descrito. Con todo, aseguró que por la vía reglamentaria esta iniciativa de ley podría complementarse con otras medidas que apuntaran en la misma dirección y se comprometió a hacer llegar a la Comisión que presido una minuta que dé cuenta de ellas.
Finalmente, dadas la importancia de asegurar el acceso a las playas de mar, ríos y lagos de todos los habitantes y la urgencia de hacerlo en esta época, que es precisamente el período estival, cuando existe una mayor demanda y necesidad de nuestros habitantes en esta materia, los integrantes presentes de la Comisión de Medio Ambiente, por unanimidad, aprobamos en general y en particular este proyecto de ley en los términos despachados por la Cámara de Diputados y proponemos a la Sala que siga el mismo criterio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Quiero advertir a la Sala que este proyecto es de Fácil Despacho.
Ya hay tres inscritos. ¿Les parece que cerremos la inscripción con esas tres personas?
El señor CHAHUÁN.-
Sí.
El señor SANDOVAL.-
Yo soy miembro de la Comisión. También quiero intervenir.
El señor MONTES (Presidente).-
Ahora hay cinco inscritos. Cerramos en esa cantidad.
Están anotados los Senadores señor Quintana, señora Provoste, señores Chahuán y Sandoval y señora Órdenes.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en un país donde nos hemos acostumbrado a que todo sea privado, da gusto votar proyectos como este, que tiene que ver con el acceso público a determinados bienes nacionales como son las playas de mar, ríos y lagos.
Por eso lo primero que quiero hacer es felicitar la iniciativa del Ejecutivo, liderada por el Ministro Felipe Ward, y también valorar el esfuerzo que el Ministerio de Bienes Nacionales hace todos los años con su campaña de playas para facilitar la apertura de los accesos a estos lugares en diferentes rincones de Chile.
El tema que estamos abordando no es baladí. Tal vez para familias con dinero para salir de vacaciones lejos de sus hogares no sea un mayor problema, pero son muchas las familias con pocos recursos en nuestro país que lo único que tienen a mano es una pequeña playa cerca de sus hogares, que en ocasiones se encuentra con su acceso bloqueado.
He sido testigo en La Araucanía de muchos casos como ese, tanto en la costa del mar como en la ribera de ríos y lagos.
El Gobierno nos propone establecer una multa para quienes obstaculicen el paso a las vías de acceso ya fijadas de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 13 del decreto ley N° 1.939. Estamos de acuerdo con eso. No obstante -y entiendo que este es el tenor de la discusión-, respaldo la indicación que han firmado la mayoría de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (la Senadora Órdenes y los Senadores Prohens, Sandoval y Girardi), más el Senador De Urresti, que además establece la obligación del propietario del terreno de tener que reabrir el paso, de manera de evitar que algunos prefieran pagar la multa y mantener el acceso cerrado. Son dos cosas distintas.
Repito: estamos de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo respecto de la multa para quien no quiera permitir el acceso, pero también hay que imponer la reapertura de las vías de entrada para que no exista el incentivo de únicamente pagar la multa.
Hay otra indicación, señor Presidente, que también respaldo, al igual que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que se hace cargo de una situación que se repite bastante. ¿Qué pasa cuando aún no se ha podido fijar la vía de acceso, a lo cual ya se refirió la Presidenta de dicho organismo, debido a que no se han podido llevar a cabo los estudios y trámites previos requeridos, justamente porque el propietario de los terrenos -esto ocurre mucho en la Región de Los Lagos, que muy bien representa el Senador Quinteros- ha obstaculizado su realización? ¿Qué pasa, entonces, cuando no se pueden realizar las fiscalizaciones previas por esta razón? Como bien nos señalaba la Presidenta de la Comisión en su informe a la Sala, ahí nunca habrá un acceso fijado y, por lo tanto, el ingreso a la playa será solo una quimera.
Por eso estamos en esta discusión, que el Senado ha tenido en muchas oportunidades, porque finalmente la norma vigente ha terminado siendo ineficaz.
Aun cuando aprobemos el proyecto, al cual adhirió un número muy importante, casi la unanimidad, de señores Diputados en la Cámara, se seguirá repitiendo una situación que ocurre en varias regiones del país, especialmente las del sur, en que se da la paradoja de que vecinos que viven muy cerca de una playa no pueden acceder a ella.
Y en el caso de los lagos, señor Presidente -esto es bien importante y algo alcancé a conversar recién con el señor Ministro-, deben considerarse también otras normas. Los artículos 20 y 35 del Código de Aguas, por ejemplo, han establecido la interpretación mayoritaria de que, para poder ser sujeto de apertura al acceso público, debe tratarse de lagos navegables por buques de más de 100 toneladas. Aunque sé que este es un tema que debiéramos debatir en un proyecto posterior, sí quiero señalar que son muchos los lagos que no cumplen con dicho requisito y que no deberían quedar excluidos porque igualmente tienen playas que, de acuerdo al Código Civil, son de dominio público.
Creo que tenemos que reiterar esto, porque muchos propietarios piensan que las playas son de dominio privado. ¡Y los cuerpos de agua son, todos, de dominio público! Otra cosa son las heredades adyacentes, terrenos que, por supuesto, tienen distintos roles y pertenecen a diferentes propietarios.
Pero la idea, como digo, es que a las playas de dominio público de los lagos que hoy día no son considerados navegables, que son la inmensa mayoría en Chile, puedan acceder los ciudadanos. Sin ir más lejos, en la Región de La Araucanía los únicos lagos que se encuentran en la categoría de navegables, dentro de los muchos que existen, son el Budi, el Colico, el Icalma, el Caburgua, el Galletué y el Conguillío. Y sé que esta es una realidad que se repite en las Regiones de Los Ríos, de Los Lagos, de Aisén y también en Magallanes.
Entonces, estando de acuerdo con el planteamiento que hace el señor Ministro, que considero necesario para que Bienes Nacionales facilite la apertura de los lagos, hemos presentado indicaciones -hay una tercera, simplemente adecuatoria, para corregir un problema de redacción- que tienen por objeto establecer otro tipo de sanción. No se trata, como alguien decía, de rebajar la multa. ¡No! Estamos estableciendo otra, de menor monto, para un tipo de infracción diferente: cuando no se haya logrado fijar todavía un acceso, que es algo bien distinto. Y por eso se impone la mitad del monto.
Por supuesto, la otra indicación tiene por finalidad facilitar el acceso en los casos en que haya obstrucción.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este es un tema de la mayor importancia.
Junto al Ministro Felipe Ward estuvimos en Cartagena lanzando la campaña "Que no te falte playa".
En este caso, estamos ante un proyecto de ley que busca resolver un problema que se da, fundamentalmente, en la temporada estival.
Quiero tomar las palabras de la Senadora Isabel Allende y agradecerle su disposición porque, más allá de que algunos problemas se pueden resolver en el presente texto, otros se pueden solucionar por la vía administrativa o, si son de mayor complejidad, por medio de otro proyecto. Pero no los resolvamos ahora.
Y por eso les pido a los autores de las indicaciones, entre ellos el futuro Presidente del Senado, que las retiren con el objeto de poder sacar adelante la iniciativa en discusión. Los temas que ellas abordan se pueden subsanar en otro proyecto de ley o por la vía administrativa.
Pero -repito- tratemos de despachar el presente proyecto cuanto antes para facilitar ahora el libre acceso a las playas, que representa una situación dramática. Las regiones con mayores complejidades en este ámbito son las de Coquimbo y de Valparaíso.
Por eso, hago un llamado a retirar las indicaciones, aprobar el texto como viene de la Cámara de Diputados y, finalmente, posibilitar que se convierta en ley de la república.
Pido ese gesto, con el compromiso de trabajar aquellas temáticas que pueden resultar más complejas en una iniciativa distinta, y las otras, en la confianza de que las resolverá el Ministro Ward por la vía administrativa, de manera de tener hoy una ley que garantice el libre acceso a las playas, con sanciones que no existían antes para el infractor y que nos aseguren que un propietario colindante lo piense dos o tres veces antes de impedir el libre acceso de todos los chilenos a un bien nacional de uso público como son las playas de nuestro país.
Por lo tanto, la invitación que hago, a través de usted, señor Presidente, es a retirar las indicaciones presentadas, con el objeto de tener cuanto antes una ley promulgada en los próximos días y ojalá publicada durante el mes de enero que garantice que en los dos o tres meses de buen tiempo que nos quedan todos los chilenos tendrán libre acceso a ese bien nacional de uso público.
Espero, entonces, que el Congreso también se sume a la campaña "Que no te falta playa" y se retiren las indicaciones para, finalmente, tener una ley de la república sobre la materia.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, nos tocó tramitar este importante proyecto, que apunta a un problema que en esta época adquiere mayor protagonismo: el impedimento de acceder a playas y riberas de ríos, lagos y mar debido a la instalación de cercos, cierres y otros tantos obstáculos más.
En la Comisión tratamos el tema en profundidad y llegamos al convencimiento de que debíamos avanzar en este ámbito. Destacamos la iniciativa del Gobierno para hacerse cargo de él a través de nuestro Ministro Felipe Ward, quien ha presentado este proyecto para resolver el problema planteado.
Hemos patrocinado algunas indicaciones con el propósito de resolver el problema que se produce en los accesos o con los obstáculos que eventualmente puede haber en la práctica para desarrollar un proceso de fiscalización en los lugares.
Después de conversar con el Senador Quintana y con el Ejecutivo, hemos llegado a un punto de encuentro porque creemos que el avance hacia la regularización del acceso libre a las playas de ríos, lagos y mar no debe demorarse más. En tal sentido, valoramos la voluntad del Ejecutivo en orden a presentar una iniciativa complementaria que no inhiba la aprobación de este proyecto de ley hoy día.
Con todo, me parece que la observación que puso en el tapete el Senador Quintana tiene mérito como para ser considerada. Su Señoría expuso una situación que, sin duda, puede producirse durante el proceso de fiscalización, como es la obstaculización que en algún momento pueden efectuar los propietarios colindantes.
En la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se hizo mención -yo, en lo personal- de los títulos de dominio que se entregan a los ocupantes de terrenos en zonas extremas australes como la nuestra, muchos de los cuales involucran hasta la propia ribera del terreno. Dicha situación quedó aclarada absolutamente, la que de todas maneras planteo porque considero relevante dejarla consignada.
Ahora, por el impacto, la necesidad y la urgencia, consideramos muy oportuno y atingente el acuerdo que se ha suscrito respecto de, primero, la observación formulada por el Senador Jaime Quintana, quien puso en el tapete un hecho que efectivamente puede producirse. En ese sentido, valoramos la voluntad del Gobierno de llegar a un punto de solución alternativo para bajo ningún punto de vista demorar la tramitación de este importante proyecto, cuya aprobación esperan muchos ciudadanos a lo largo de nuestro territorio, y no solamente donde hay playas, sino en todo el país.
Por lo tanto, señor Presidente, creemos que debemos concurrir a su aprobación tal cual lo acordó la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, para que se transforme en ley y no sea demorado por un tercer trámite, teniendo en cuenta el acuerdo suscrito recientemente por el Senador Quintana, el Gobierno y quienes firmamos las indicaciones.
Por consiguiente, esperamos despachar esta iniciativa el día de hoy.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra a la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, primero, por su intermedio, saludo al Ministro de Bienes Nacionales.
Con respecto a las indicaciones, porque al final eso es lo que estamos discutiendo ahora, quiero señalar lo siguiente.
Actualmente, es el intendente quien determina el acceso a playas públicas de mar, ríos y lagos, con acuerdo de los dueños, arrendatarios, tenedores u ocupantes de los terrenos colindantes. Si no hay acuerdo, el intendente tiene facultad exclusiva para determinar el acceso, pudiendo el propietario hacer uso de su derecho a reclamo ante el juez, quien, vía audiencia, puede determinar si ha lugar o no a la formación de causa.
Ahora bien, el cambio introducido por el Ejecutivo me parece significativo en tanto a la persona que no permita el acceso se le aplique una multa. Eso es lo nuevo que se propone. Pero estimamos que esa medida, como efectivamente se ha señalado, no resuelve el vacío legal existente ni menos el problema. Por eso, más allá de la multa, el impedimento se mantiene. Y nosotros debemos garantizar que la persona que obstaculiza el acceso a playas, ríos y lagos se haga cargo de la situación.
No tengo conocimiento del acuerdo a que se ha llegado, señor Presidente, siendo que soy una de las autoras de las indicaciones, pero me gustaría que el Ejecutivo se comprometiera a recoger estas observaciones para tramitarlas por la vía administrativa o por la vía legal. Porque una cosa son las indicaciones, y otra, el criterio de navegabilidad, que efectivamente deja algunos lagos importantes fuera de este tipo de resolución.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay más inscritos.
Por lo tanto, le ofrezco la palabra al señor Ministro.
Dependiendo de lo que plantee, se hará una o más votaciones.
El señor WARD (Ministro de Bienes Nacionales).-
Muchas gracias, señor Presidente y Honorables Senadores.
Primero les expreso mis agradecimientos por su disposición a tramitar prontamente esta iniciativa.
Hoy existe un mandato legal según el cual las playas en Chile son bienes nacionales de uso público, lo mismo que las riberas de ríos y lagos. En esto no hay excepción. En nuestro país no existen playas privadas, aunque, lamentablemente, en la práctica ello sí se da. A pesar de que no está consagrado en la ley, en los hechos, tal como lo expresaron algunos Senadores, eso ocurre. De ahí que a través de este mensaje recogimos la moción presentada tiempo atrás por los Senadores Navarro, Chahuán y Girardi, que apunta justamente a que la infracción a dicho mandato tenga una sanción.
Hoy día existe un mandato, un procedimiento, pero no existe una sanción. Si el intendente fija un acceso libre y gratuito a una playa para todos los ciudadanos y alguien contraviene esa disposición, no pasa nada. Sin embargo, este proyecto, surgido de un mensaje que recoge lo planteado por los autores de una moción, innova en ese sentido.
Por lo tanto, comprendemos la importancia de aprobarlo, tal como ya lo hicieron la Honorable Cámara de Diputados y la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, entendiendo además que las indicaciones se hacen cargo de otros puntos que nos parece necesario recoger.
En tal sentido, a los Senadores que propusieron las indicaciones les hemos planteado dos opciones, una de las cuales es que la situación que ellas abordan sea resuelta por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la vía administrativa. Esto es posible y lo conversamos también con los Honorables Senadores miembros de la Comisión, quienes hicieron algunos planteamientos que fueron recogidos en una minuta que hicimos llegar al día siguiente a la mencionada instancia.
Son tres los planteamientos que se están haciendo, algunos de los cuales son considerados también en el informe de la Corte Suprema. Y lo que ofrece formalmente el Ejecutivo es resolverlos internamente, a través de la vía administrativa, o mediante la presentación de una iniciativa legal que recoja las propuestas que figuran en las indicaciones, de forma tal de no posponer y no demorar la tramitación de este proyecto, el que, de aprobarse por esta Sala, se va directamente a ley.
Esa es, señor Presidente, la propuesta del Ejecutivo, que esperamos que sea acogida para que se puedan retirar las indicaciones presentadas.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, para referirse a la proposición del señor Ministro.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, espero interpretar a quienes firmaron las indicaciones al señalar que la vía administrativa, que es la que está ofreciendo primero el señor Ministro, ya ha sido intentada antes muchas veces. Él sabe que en la mayoría de los casos no funciona y Bienes Nacionales no logra restablecer el dominio público de los accesos. En reiteradas oportunidades hemos visto, con poca eficacia, a intendentes que utilizan los famosos "caimanes" para romper cadenas y así poder entrar a un lago. Pero eso dura lo que dura: a lo más, la temporada estival.
Creemos que hay que hacer las cosas bien. Valoro que el señor Ministro haya recogido nuestros planteamientos y señalado que efectivamente hay una situación que es necesario normar. Pero nos parece que lo más adecuado es que ello se haga por la vía legal.
Ojalá en un plazo razonable, de aquí a la primera semana de marzo, señor Ministro, usted pueda ingresar una iniciativa en esos términos.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Estarían de acuerdo los autores de las indicaciones con lo propuesto por el señor Ministro y que ha acogido el Senador Quintana?
Bien.
Entonces, si se retiran las indicaciones, se debería realizar una sola votación.
Se han inscrito tres oradores para intervenir. Y ahora se han agregado la Senadora Allende y el Senador Huenchumilla.
Recuerdo que la idea era tratar este proyecto como si fuera de Fácil Despacho.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor HUENCHUMILLA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).-
¿Punto de reglamento, señor Senador?
El señor HUENCHUMILLA.-
Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra.
El señor HUENCHUMILLA.-
Quisiera plantear una duda -no sé si el señor Ministro y los señores parlamentarios que discutieron el tema la abordaron-, que es la siguiente.
El artículo único del proyecto señala: "Una vez fijadas las vías de acceso". Y entiendo que esta es una facultad que el intendente tiene de acuerdo al artículo 13 del decreto ley N° 1.939, precepto que tuvo un reglamento para hacerlo operativo, el cual fue publicado el 6 de agosto de 1996 y que, según me parece, fue declarado totalmente improcedente y dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional por sentencia de 10 de diciembre del mismo año.
Planteo esa duda: si aquello está resuelto y qué efectos produce en la parte operativa. Simplemente la expongo, señor Presidente, para ver si el señor Ministro puede aclararla.
El señor MONTES (Presidente).-
La Senadora señora Allende también ha pedido la palabra para referirse a un punto de reglamento.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, lo primero que quiero hacer es decirles tanto al Senador Quintana como a quienes firmaron las indicaciones que todos estamos de acuerdo en que el objetivo buscado es el mismo: cómo garantizar a los ciudadanos, en esta época y durante todo el año, el acceso a bienes que se supone son bienes nacionales de uso público.
Entonces, lo que me gustaría que el señor Ministro respondiera, porque en la Comisión analizamos el punto y se lo preguntamos una y otra vez, es si existe la convicción de que el hecho de establecer multas, que tienen un valor relativo, es suficiente como factor disuasivo para impedir una situación que se da hasta el día de hoy en forma dramática, cual es que muchos propietarios o arrendatarios de predios colindantes obstaculizan el acceso a un bien de uso público y a quienes les da lo mismo pagar cierta cantidad de dinero.
Pues bien, ahora habrá una multa que no es tan menor: va de 500 mil a 5 millones de pesos.
¿Qué le preguntamos al señor Ministro y es lo que quiero que él conteste? En la Comisión -así lo entendimos sus integrantes-, le planteamos que nuestro propósito era avanzar un paso más, pues no estábamos totalmente seguros de que una multa fuera a tener el efecto disuasivo o sancionatorio suficiente para impedir lo que hasta el día de hoy está ocurriendo.
El señor Ministro nos garantizó que por la vía reglamentaria se puede ir más allá. Yo creo que sería bueno que aclarara qué está pensando hacer por esa vía.
En segundo término, quiero hacerle una consulta que considero importante. Yo entiendo -así me pareció que nos dijo en la Comisión- que el Ministerio tendría actualmente la facultad de concurrir con la fuerza policial y obligar a abrir el paso si, luego de que se ha hecho la denuncia, con la presencia del intendente, se fiscaliza y se advierte que aquel no se ha abierto, al margen de la multa que se haya impuesto.
Me gustaría que esto lo confirmara el Ministro, porque este fue un tema de gran inquietud en la Comisión. Me parece que todos nosotros estamos buscando exactamente el mismo objetivo: poder acceder a estos bienes nacionales de uso público, ya que sabemos que, desgraciadamente, la normativa al respecto hasta el día de hoy es burlada.
Entonces, es importante que el Ministro nos conteste si es correcta nuestra interpretación y nos señale, primero, qué se piensa hacer a nivel de reglamento para ir más allá de manera de hacer eficaz lo que estamos aprobando; y, segundo, si es efectivo que, si el camino que se estableció no se respeta, al margen de la multa, es posible obligar a abrirlo, vía fuerza policial.
Creo que despejar esas dudas es extremadamente importante para la votación.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro, quien es autor del proyecto.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Yo quiero recordar que algunos de los Senadores que están aquí eran Diputados cuando el año 96 la señora Adriana Delpiano, Ministra de Bienes Nacionales, dictó el Decreto Supremo N° 1, que estableció el libre acceso a un bien nacional de uso público: las playas.
En esa oportunidad, 37 señores Diputados de Derecha -hoy día son Gobierno- concurrieron al Tribunal Constitucional. Tengo a la vista la sentencia de este del 2 de diciembre de 1996. Ella dice, textualmente:
"Que, esta vía de acceso es evidente que causaría una privación parcial significativa de los atributos del ejercicio del derecho de propiedad, como son especialmente el uso y goce del terreno. Al no establecer el Decreto cómo se puede hacer uso de la vía de acceso, ello puede permitir un tránsito peatonal y de vehículos y obligará a dichos propietarios colindantes a adoptar una serie de medidas que no hay duda que causarán daño y además, si bien no se les priva del dominio del terreno de la vía de acceso, se les limitan las facultades de uso y goce de tal forma que éstas pasan a constituir en la práctica más que una limitación una privación parcial del uso y goce al ejercicio del derecho de dominio. En este caso no hay privación total del uso y goce pero sí una limitación que hace ilusorio estos atributos del dominio y que es indudable que en la especie causa daño y que éste debe ser indemnizado; 39°. Que, por lo expuesto anteriormente este Tribunal destaca que si la Constitución establece que en ciertos estados de excepción las limitaciones al dominio dan derecho a indemnización, con mayor razón deberán indemnizarse las limitaciones que se establezcan en un período de normalidad constitucional y que causen daño. Destaca, además, que constatado el daño, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Política, la víctima siempre podrá demandar los perjuicios a la Administración".
¿Qué quiero decir con esto? Que desde el año 96 -o sea, hace exactamente 22 años- los gobiernos regionales, los intendentes no hacen uso de la facultad que tienen de expropiar. Se fija la franja de acceso, una servidumbre y hay que indemnizar. Pero, en el caso de la Región del Biobío, en Tomé y en muchas playas -lo mismo ocurre en la Región de Los Ríos-, los gobiernos regionales, los intendentes se niegan a cumplir la norma porque tiene que haber un proceso indemnizatorio.
Lo anterior se resuelve en parte con este proyecto, pero cuando se quiera aplicar, el fallo que he citado va a ser puesto encima de la mesa y vamos a tener el mismo problema.
A mí me alegra que haya una voluntad positiva de este Gobierno, y también de sus parlamentarios, en el sentido de permitir que se cumpla el acceso a los bienes nacionales de uso público. Sin embargo, hago la prevención de que en una oportunidad hicimos una ley y 37 Diputados de Derecha de ese entonces fueron al Tribunal Constitucional y ganaron, pues este determinó que hay que pagar indemnización.
Nosotros lo lamentamos muchísimo, porque cobraban por el acceso a las playas y hoy día en todo Chile hay quienes hacen lo mismo en los lagos, las playas, en todas las regiones.
Por tanto, este mecanismo de establecer una multa a quien impida el acceso va a hacer retomar un debate de carácter constitucional, y yo siento que vamos perdidos.
Es importante que exista una voluntad positiva de parte del Ministro, porque esto no se resuelve por decreto; se resuelve por ley. Pero no aplicando una multa al propietario que no quiera acceder, porque van a reclamar al Tribunal Constitucional para dar el acceso pero exigiendo la indemnización que establece el fallo a que he dado lectura. Y creo que los gobiernos regionales sí pueden pagarla, a precio razonable, de tal manera de despejar la sacrosanta propiedad privada establecida en la Constitución del 80, que otorga mayor derecho a la propiedad que a la vida. ¡Esa es la Constitución del 80, que nos limita en el acceso!
Entonces, como esto requiere efectivamente que se cautele, garantizado el acceso a playas, lagos y ríos respecto del mecanismo fijado por el Tribunal, uno podría decir: si el propietario se opone, se le multa y se lo obliga, porque no puede negar el acceso. Pero previo a eso van a exigir la indemnización. Y abogados tienen, porque muchos de ellos son de altos recursos; son dueños de zonas exclusivas en numerosos lugares. Y algunos Presidentes y ex Presidentes tienen casa en sectores de lagos. Y la verdad es que uno podría preguntar cómo estamos por casa para permitir el acceso en aquellas propiedades privadas de las autoridades que limitan el acceso a los lagos donde tienen sus viviendas de veraneo. Podría ser.
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto, porque permite abrir el debate. Y confío en que el señor Ministro de Bienes Nacionales, de buena intención...
El señor MONTES (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
La verdad es que hace rato que debiéramos haber cerrado el debate, dado que el proyecto era de Fácil Despacho.
Todavía hay dos Senadores inscritos, los Honorables señores Guillier y De Urresti, quienes se inscribieron después del acuerdo de la Sala. ¿Qué piensan? ¿Les damos la oportunidad?
Démosles un par de minutos, si les parece, y abramos la votación.
Acordado.
En votación general y particular el proyecto, porque se han retirado las indicaciones.
El señor HUENCHUMILLA.-
Pero que hable el Ministro.
El señor MONTES (Presidente).-
Va a hablar después de que terminen estas dos intervenciones, señor Senador.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier, por dos minutos.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, voy a respetar el acuerdo de la Sala, así que no hablaré; solo voy a votar.
El señor MONTES (Presidente).-
Muy bien. ¡Un gran Senador...!
Senador señor De Urresti, ¿usted también se abstiene de intervenir?
El señor DE URRESTI.-
No.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, creo que es importante poder fundamentar el voto. Soy autor de las indicaciones y me parece que corresponde hacer una precisión.
Mire, señor Presidente, quienes representamos zonas lacustres estamos cansados -y no lo digo por el Ministro Ward, quien ha hecho un buen trabajo- de ver todos los veranos a los Ministros, a las autoridades locales y regionales sacarse la foto en una apertura de playas de lagos, de ríos, y luego no sucede nada.
Y los propietarios de estos terrenos son generalmente santiaguinos que han comprado y se han aprovechado de todo el borde fluvial de nuestro territorio.
Se lo doy con nombre y apellido: Calcurrupe, comuna de Lago Ranco.
Con esta ley, simplemente lo que vamos a lograr es que se pague la multa y se mantenga el cierre.
Aquí tiene que haber una voluntad política de tocar los intereses de estos señores, que muchos conocen; muchos veranean con ellos; muchos pasean ahí.
¡Se trata de tocarles los intereses y quitarles la playita privada a estos señores santiaguinos, pues...!
Entonces, yo le digo al Ministro Ward, claro y preciso: ¿vamos a tener sanción, con la multa que se ha establecido, pero también la posibilidad de expropiar y de escalar en otro tipo de medidas? ¿Sí o no?
¡Porque luego de las fotitos abriendo playas en verano, los Ministros no van a regiones, a los lagos ni a los ríos durante el resto del año...!
Seamos claros, señor Presidente. Porque, si no, estamos haciendo una ley que es publicidad engañosa.
Vamos a abrir el lago Ranco, el lago Panguipulli, el lago Puyehue, el lago Maihue, etcétera. Y esto va in crescendo, porque en definitiva se están apropiando de los bordes costeros.
Necesitamos el compromiso del Ministro para poder votar este proyecto.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor Ministro para clarificar las dudas que se plantearon.
El señor WARD (Ministro de Bienes Nacionales).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Personalmente estimo que los planteamientos y las dudas que han presentado los señores Senadores son absolutamente legítimos. Efectivamente, esta no es primera vez que se realiza una campaña de esta naturaleza.
La gran diferencia, como decía hace un rato, tiene que ver con la sanción. Hay un mandato legal, hay un procedimiento, y hoy día no existe una sanción. Por eso, no nos interesa una legislación que opere como publicidad engañosa, que solamente "tenga buen lejos".
Queremos que opere en la práctica, y así va a ser, teniendo una sanción que, además, está alineada con la teoría de los incentivos. Será muy oneroso para el propietario de terrenos colindantes a playas -como lo decía recién, en Chile son bienes nacionales de uso público- oponerse a su apertura, y puede llegarse a una sanción de hasta 5 millones de pesos, y del doble en caso de reiteración o reincidencia.
Respecto a algunos planteamientos, el Senador señor Huenchumilla tiene toda la razón, aquí hubo un intento de reglamento, y por eso se hace necesario aprobar esta iniciativa (este fue uno de los fundamentos en virtud del cual la presentamos), para que lo señalado anteriormente opere en la práctica.
Reitero: hay un mandato legal, hay un procedimiento, pero no hay una sanción. Por lo tanto, ratifico la apertura que hemos manifestado a mejorar el proyecto a través de la vía administrativa o a través de otra iniciativa en los plazos que estamos conversando, de forma que esta propuesta no solamente sea una declaración de principios, una declaración de intenciones, sino que se traduzca en un proyecto que presentemos en el corto plazo.
En relación con las preocupaciones planteadas por la Senadora Allende, solo quiero decir algunas cosas.
Respecto al procedimiento -creo que esto puede aclarar, y es un tema que no tocamos en la Comisión-, a raíz del segundo punto de la indicación presentada por el Senador Quintana y el resto de los Senadores, quisiera leer el inciso primero del artículo 19° de la Ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local:
"Cuando se trate de una primera infracción y aparecieren antecedentes favorables, el juez podrá, sin aplicar la multa que pudiere corresponderle, apercibir y amonestar al infractor. Ello sin perjuicio de ordenar que se subsane la infracción".
Existe la facultad legal y existe la atribución del juez para disponer que se subsane la infracción si se ha levantado un muro, si hay un cerco; se puede realizar. Es lo que aborda la segunda de las indicaciones presentadas por el Senador Quintana. Parece que sería bueno plasmarlo en una iniciativa legal independiente.
Y con relación a las últimas dos aprensiones, pretendemos mejorar sustancialmente la fiscalización, y que exista un procedimiento eficaz. Para eso, queremos mejorar, a través de la vía administrativa y reglamentaria, lo que proponemos como mandato, y estamos totalmente convencidos de que así será.
Estamos alineando los objetivos del Estado con el comportamiento individual de las personas a través de esta multa, que es onerosa -podría ser más alta, sin duda-, pero queremos que la norma se aplique en esta temporada, este verano, y de ahí la premura por aprobar esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).-
Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor GIRARDI.-
Quiero fundamentar el voto, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Agreguemos los votos que faltan, ¿si le parece a la Sala?
El señor GIRARDI.-
Pero había pedido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Sí, pero ya habíamos acordado un número limitado de intervenciones.
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular (31 votos a favor y 2 abstenciones), y queda despachado en este trámite, dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Kast, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron los señores Huenchumilla e Insulza.
El señor MONTES (Presidente).-
Se consignan las intenciones de voto favorable de los Senadores señores Castro, Lagos y Letelier.
El señor Ministro ha comprometido el envío de un proyecto de ley en el más breve plazo para incorporar las indicaciones presentadas por los Senadores. Entiendo que ese fue el acuerdo.
El señor QUINTANA.-
¿En qué plazo, señor Presidente?
El señor DE URRESTI.-
Sí, ¿cuándo?
El señor MONTES (Presidente).- El señor Ministro señala que en marzo.
DESIGNACIÓN DE SEÑORA MARÍA CECILIA CIFUENTES HURTADO Y SEÑOR ANDRAS UTHOFF BOTKA COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL
El señor MONTES (Presidente).-
Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita la ratificación del Senado para nombrar integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor Andras Uthoff Botka, por un período de seis años, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la urgencia establecida en el párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.036-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).-
El informe de la Comisión es unánime, ¿será posible aprobar este proyecto por unanimidad, sin mayor debate?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
El Senador señor Navarro dice que no.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo.
¿Le ofrezco la palabra al Senador Navarro, que tiene alguna objeción y, posteriormente, a la Senadora señora Goic?
¿Le parece a la Sala abrir la votación?
Acordado.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
--(Durante la votación).
La señora GOIC.-
Señor Presidente, efectivamente, los nombramientos propuestos fueron ratificados, visto además que ambas propuestas cumplen con todos los requisitos para formar parte de este Consejo Consultivo Asesor.
Solo quiero especificar un punto, porque se dio una discusión en la Comisión respecto a los alcances de este nombramiento, y creo que vale la pena recordar que el Consejo Consultivo Previsional se crea con la ley N° 20.255, sobre Reforma Previsional, que establece un equipo de personas altamente calificadas que, fundamentalmente, asesoran a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
Considero que eso es bien importante.
Nosotros tuvimos una muy buena conversación con ambos postulantes, María Cecilia Cifuentes y Andras Uthoff, más allá del Sistema de Pensiones Solidarias, para conocer cuál era su perspectiva en distintas materias que tienen que ver con el tema de pensiones. Pero este Consejo Consultivo se crea solamente para que se pronuncie acerca de temas que tengan impacto sobre el pilar solidario que se creó con la ley N° 20.255.
Cabe recordar que Andras Uthoff ya era miembro de este Consejo, y se ratificaría su nombre por seis años más; y María Cecilia Cifuentes reemplazaría a Ricardo Paredes Molina, cuyo período venció el 24 de octubre de 2018.
Solamente menciono aquello porque, a veces, en estos temas nos entusiasmamos conversando acerca de algo que, sin duda, a todos nos preocupa: qué ocurre con la reforma que está hoy día en tramitación respecto al Sistema de Pensiones, pero este es un nombramiento acotado a una tarea que, sin duda, es muy relevante para medir el impacto fiscal, el impacto de cualquier modificación de los parámetros en materia del Sistema del Pilar Solidario.
Termino señalando que nos parece pertinente lo que señalaron ambos postulantes: es necesario que este Consejo cuente con algunos recursos adicionales para poder hacer estudios que mejoren su tarea. Yo creo que tenemos que analizar el punto durante la discusión presupuestaria. Haremos llegar en su momento, sobre todo, al Ministro del Trabajo y al Ministro de Hacienda, una propuesta para fortalecer la labor que ellos realizan.
Recomendamos que esta propuesta del Presidente de la República sea aprobada, ojalá por unanimidad.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la ley N° 20.255 estableció la Reforma Previsional, que se instaló en nuestro país con modificaciones parciales, tenues, absolutamente insignificantes durante los últimos años.
La función fundamental de este Consejo es asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
Yo entiendo que la autoexclusión que se hace de las AFP es un reconocimiento muy significativo. Las AFP no entregan pensiones solidarias.
Claramente, los dos miembros, a quienes tuve la posibilidad de escuchar en la Comisión de Trabajo, reúnen todos los requisitos de idoneidad profesional, de trayectoria. ¡No hay ninguna duda! Solo que María Cecilia Cifuentes Hurtado, por sus opiniones, es absolutamente contraria al Sistema de Reparto, y totalmente favorable al Sistema de AFP. Ha dicho que hay inviabilidad en los sistemas de reparto, ha señalado que en la fusión de Cuprum y Argentum, la AFP fantasma que le va a costar 430 millones de dólares al Fisco, y también de Provida y Acquisition, se deben respetar las reglas del juego.
Incluso, el Consejo de Defensa del Estado, que paradojalmente tiene que defender los recursos estatales, hoy día está protegiendo a las AFP.
Entonces, siento que cuando abrimos debate sobre un Consejo Consultivo Previsional solo para asesorar en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias negamos el hecho de que hay más de 14 millones de chilenos sometidos, obligados, encadenados a un sistema previsional sin poder optar por ningún otro.
Y para ese sistema no hay un comité asesor ni existe participación de los afiliados. Es decir, ningún trabajador puede opinar sobre el destino de los 220 mil millones de dólares que hoy día manejan las AFP. Ningún cotizante puede opinar si la fusión de Cuprum y Argentum, que le arrebata al Estado 130 millones de dólares, es necesaria o no.
Se trata de AFP que no tuvieron ni un afiliado; que no entregaron ninguna pensión; que no poseen un plan de acción o un plan de negocios: ¡Un tongo! ¡Un fraude!
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado las defiende, y el Senado hace caso omiso de esa realidad.
Señor Presidente, la mayoría de los chilenos, el 80 por ciento, quiere terminar con el sistema de AFP. Han marchado dos millones de personas. Y cuando se trata de establecer un Consejo Consultivo Previsional, decimos que es solo para asesorar en las materias vinculadas con el sistema de pensiones solidarias.
Hoy, de cada diez pesos que recibe un jubilado, seis provienen del Estado. Las AFP están pagando el 40 por ciento de las pensiones que se entregan. ¡Sobreviven de las arcas fiscales! ¡Le mintieron a todo Chile!
José Piñera fue el autor de la ley. Y su hermano Sebastián Piñera, Presidente de la República, defensor de esa ley, le pide al Consejo en comento opinión sobre las platas del Estado.
Señor Presidente, este es un debate faltante. Estamos de deuda con la sociedad.
El Senado no ha tenido la valentía para abrir una discusión sobre las AFP. A los chilenos no les interesa que haya un representante de Piñera para discutir cómo repartimos los recursos del Estado: quieren un nuevo sistema previsional justo y digno, y no uno que hoy concentra el dinero de todos nuestros compatriotas y ofrece pensiones miserables.
Esa es la cuestión.
Por eso, voy a votar en contra de todo lo que tenga que ver con sistemas previsionales, porque es una ofensa a la ciudadanía que ha marchado a lo largo del país. Son millones los chilenos que se han expresado. "No se escucha, Padre". No se escuchó en el Gobierno anterior, ni tampoco en el de ahora. Y seguimos haciendo como si el sistema de las AFP no existiera. Continuamos aprobando consejos para un sistema que tiene fallas, que es indigno e inmoral.
¡Las AFP son inmorales!
Lo han dicho expertos de todo el mundo: el sistema único instalado en Chile es el de la mayor acción excesiva, de la mayor arbitrariedad para administrar los fondos de los trabajadores.
Yo me he hecho un compromiso en el sentido de no votar a favor nada relacionado con el sistema previsional hasta que tengamos los pantalones, la valentía, los cojones para entrar al tema de fondo: el sistema de pensiones que posee Chile y que debe ser cambiado.
Aquello no se ha hecho, pues muchas veces se le echa la culpa a que se tiene minoría en el Parlamento. Hoy la Oposición cuenta con mayoría en el Senado, y no estamos haciendo mucho: yo diría que poco y nada.
Voto en contra, señor Presidente, no cuestionando la idoneidad profesional o humana de las personas propuestas para el cargo de integrantes del Consejo Consultivo Previsional, sino haciendo una crítica de fondo respecto del sistema de ahorro previsional en Chile, que es indigno y, a mi juicio, maléfico, porque nos vendió un sueño que nunca se realizó.
Quienes sufren hoy por las pensiones miserables que reciben no estarán de acuerdo con que dicho sistema se fortalezca. Y me parece que la votación de esta tarde solo lo robustece.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el Consejo Consultivo Previsional, respecto del cual estamos votando la proposición presidencial para nombrar a dos de sus integrantes -lo digo con todo respeto-, no tiene nada que ver con lo que habló el Senador que me antecedió en la palabra.
El señor NAVARRO.-
¡Sí tiene que ver!
El señor LETELIER.-
Este Consejo se relaciona...
El señor NAVARRO.-
¡No confunda a la gente!
El señor MONTES (Presidente).-
Ruego al Senador señor Navarro guardar silencio. A Su Señoría no lo interrumpieron cuando intervino.
Puede continuar, Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el referido Consejo se vincula con una materia que es considerada como el primer paso para desmontar el sistema de capitalización individual, y fue creado por la Presidenta Bachelet mediante la reforma previsional que impulsó. Me refiero al Sistema de Pensiones Solidarias, que incorpora el Pilar Solidario, el cual, a través del Aporte Previsional Solidario (APS), beneficio al que pueden acceder quienes tengan una pensión base inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), constituye el primer mecanismo de redistribución, reparto o solidaridad en materia de pensiones.
Porque permite a aquellos que se jubilaron por el sistema perverso existente, el de las AFP -no quiero ofender a nadie con esto, pero creo que el sistema de capitalización individual solo refleja la realidad del mercado de trabajo-, disponer de otro mecanismo para, con recursos públicos (pueden ser mayores), mejorar sus pensiones.
Eso se posibilita a través del Pilar Solidario.
Señor Presidente, se trata de un Consejo ad honorem, conformado por personas de una altísima calificación profesional y, por cierto, con visiones distintas.
Andras Uthoff es de las personas que tanto en la Comisión Marcel como en la Comisión Bravo fueron apoyando algo que a quienes integramos la bancada del Partido Socialista nos interpreta mucho: avanzar hacia un sistema mixto.
Entendemos que en este Consejo tiene que haber pluralidad.
Por ello, vamos a votar a favor de la proposición del Presidente de la República.
Sin embargo, debo dejar en claro que esta Corporación sí ha debatido sobre el sistema de pensiones. Por eso me indigna la intervención anterior. Porque el Senador Tuma en su momento realizó un trabajo excepcional sobre el particular.
En lo personal, no me gusta que se diga que el Senado no ha discutido este tipo de materias a fondo cuando sí lo ha hecho.
Tenemos el compromiso -y estoy seguro de que es transversal-, el desafío, independientemente del Gobierno de turno, de generar un nuevo sistema previsional para Chile.
Espero que los nuevos integrantes del Consejo Consultivo Previsional nos puedan ayudar el día de mañana a pensar en un mejor sistema.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no quiero que queden flotando conceptos que alguien puede decir que son unánimes cuando ello no es efectivo.
Comparto plenamente lo que planteó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Aquí estamos hablando con un mínimo de rigor. Y eso es lo que pido.
Acá debemos ver quiénes son estas personas.
Lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que señaló -por su intermedio, señor Presidente- el Senador Navarro.
Una vez instaurado el Sistema de Pensiones Solidarias apareció el Consejo Consultivo Previsional, cuyo objetivo fundamental es asesorar a los Ministros del Trabajo y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias.
Esa es la función del referido Consejo.
Sin embargo, no quiero dejar pasar lo siguiente.
Aquí todo el mundo habla de que el sistema que tendría que remplazar la capitalización individual es el de reparto.
¡Yo no soy partidario del sistema de reparto! Y quiero que quede claro el punto.
Porque algunos acá no formamos parte de esta sensación generalizada en el sentido de que la capitalización individual es un desastre y que el sistema de reparto es maravilloso.
Lamento darles la mala noticia de que eso no es así.
Ciertamente, habrá que discutir este asunto. Pero pienso que el sistema de reparto es malo, pues ha generado el empobrecimiento de muchos países, y millones de pensionados en numerosas naciones han quedado arruinados debido a él. Y ello, en una sociedad -y así lo hemos constatado en el Congreso del Futuro en estos días- que cada vez envejece más, de modo que hay menos personas en condiciones de aportar al sistema.
Entonces, que alguien diga seriamente que aquí hay que volver al sistema de reparto para mejorar las pensiones lo considero un profundo error.
Ahora, ¿se puede mejorar el sistema previsional? Sí. Pero sobre la base de la capitalización individual -ese es mi punto de vista, y estoy dispuesto a discutirlo-, con influencia de las pensiones solidarias, que son muy relevantes.
Quiero, pues, dejar en claro lo que cada uno piensa, sin perjuicio de que debo señalar que el asunto que ahora nos ocupa no tiene nada que ver con el sistema de pensiones que tenemos, pues se refiere, excluyentemente, al Sistema de Pensiones Solidarias.
En tal sentido, creo que las dos personas propuestas, María Cecilia Cifuentes y Andras Uthoff, reúnen todas las condiciones para integrar el Consejo Consultivo Previsional y asesorar en las materias pertinentes.
Voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para nombrar integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes y al señor Andras Uthoff Botka (39 votos a favor y uno en contra), dejándose constancia de que se reunió el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votó por la negativa el señor Navarro.
)----------(
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley sobre migración y extranjería (boletín N° 8.970-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Informes y Certificados
Segundo informe de la Comisión
Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes y certificado de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Certificado de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín N° 9.303-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Certificado de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín N° 12.292-11) (con urgencia calificada de "suma").
Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos (boletines N°s 10.811-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06, 12.194-06 y 9.068-06, refundidos).
--Quedan para tabla.
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El señor MONTES (Presidente).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, señor Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).-
Conforme al Orden del Día de esta sesión, correspondería tratar el proyecto que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga.
El señor Ministro de Justicia ha solicitado que previamente adoptemos resolución respecto del proyecto que aumenta la subvención base y modifica criterios de evaluación para centros residenciales del SENAME.
¿Les parece a Sus Señorías?
No hay acuerdo.
Entonces, continuaremos con la tabla.
RENOVACIÓN DE MECANISMO TRANSITORIO DE REINTEGRO PARCIAL DE IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA
El señor MONTES (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.363-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 88ª, en 15 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo de este proyecto es extender por cuatro años el régimen transitorio de reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, hasta el 31 de diciembre de 2022.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación; lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, García, Lagos y Letelier), y en particular, por la misma unanimidad, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El Senador señor Pizarro se declaró inhabilitado para votar.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 12 del informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el Ministro de Hacienda, sin duda, podrá precisar los datos de mejor forma con respecto al proyecto de ley que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga.
Se trata de lo siguiente.
Existe una tasa de reintegro permanente del 25 por ciento para el transporte de carga en nuestro país.
Hace ocho años, en el marco de las dificultades que vivía Chile por el fuerte aumento en el precio de los combustibles, por los impactos derivados de los movimientos telúricos (terremotos) y por la conformación geográfica que tenemos, en que buena parte del transporte de carga se hace a través de camiones, se determinó que el porcentaje de reintegro del impuesto específico fuera mayor.
Se estableció un sistema diferenciado, dependiendo del tamaño de las empresas y el volumen de sus ventas.
Se fijaron porcentajes escalonados. Así, las pequeñas empresas, o las que eran un poco más grandes, definido por el monto de sus ingresos anuales, tendrían mayor aumento en el porcentaje de reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, y las empresas medianas y grandes, conforme a las ventas anuales facturadas, obtendrían un menor porcentaje de reintegro.
Estamos hablando de un universo de poco más de 26 mil empresas o personas naturales o jurídicas que pidieron el reintegro.
La abrumadora mayoría, por lejos, corresponde a personas que poseen uno o dos camiones como máximo. Por ende, quienes reciben el 70 u 80 por ciento de reintegro son personas que tienen uno o dos camiones, y representan a aproximadamente 18 mil de los 26 mil potenciales beneficiarios.
En esta ocasión, se agregó otro criterio, que focaliza aún más el referido subsidio. De hecho, con relación a la ley anterior, ya que este proyecto solo renueva el mecanismo de reintegro, se dispone que para determinar el monto de los ingresos y establecer el porcentaje de recuperación a que se tiene derecho no solo se considerará lo que la persona factura por el camión, sino también aquello que percibe por cualquier otra actividad asociada.
En consecuencia, si el contribuyente además del camión posee, por ejemplo, un predio agrícola, una empresa de construcción, una empresa de servicios o realiza cualquier otra actividad asociada, la facturación de todo ello se suma a lo que recibe por el camión, de tal manera que la mayor reintegración se focaliza en aquellas personas que solo viven de uno o dos camiones.
Quienes efectúan actividades asociadas crecientemente tienden a percibir el piso que se estableció en la ley de manera permanente, que es de 25 por ciento.
Este proyecto mantiene tramos similares a los que se fijaron en la ley que ahora estamos modificando para extender el régimen de reintegro, e incorpora este otro mecanismo, en que se suman los ingresos asociados que la persona pueda tener (empresa constructora, agrícola o de otro tipo) a los que recibe por su camión. De modo que el beneficio se focaliza aún más.
Asimismo, representa un gasto fiscal -y aquí el señor Ministro lo podrá explicar en detalle- del orden de los 43 millones de dólares adicionales por año.
Ello se halla inserto en un marco donde el impuesto específico a los combustibles en nuestro país -porque ahí radica el origen de esta iniciativa- recauda más de 2 mil 400 millones de dólares para el erario.
Mediante ese tributo se obtienen muchos recursos. De modo que es importante para los ingresos fiscales.
Aquí se selecciona a un subgrupo -porque hay personas que, a través de otros mecanismos tributarios, esto simplemente lo establecen como gasto, lo que les permite reintegrar o recuperar-, y se determina un régimen especial para dicho segmento.
En ese contexto, el impacto que tiene este beneficio no solo lo perciben los camioneros, quienes usan las vías concesionadas y pagan peaje. Esto fue parte del debate que se originó producto de una crisis.
Al respecto, quiero recordar que estas situaciones, por desgracia, se generan en medio de conflictos, con gremios tomándose las carreteras y provocando todo tipo de dificultades.
El subsidio que se entrega a través del mecanismo del reintegro también repercute en los costos que pagan las personas, entre otras cosas, por los productos alimenticios. Porque los factores que afectan al transporte generan costos que se le traspasan al consumidor.
Por ello, en esta política de reintegro, en la votación que se efectuó en el seno de la Comisión primó la convicción de que el proyecto, más allá de que esté focalizado -lo que aplaudimos-, de que esté dirigido a las pymes, por sobre todo, obedece al impacto social que tiene en los precios de otros productos.
Señor Presidente, nosotros votamos a favor en general en la Comisión de Hacienda porque tuvimos presente esta consideración.
Se hizo un planteamiento adicional en el seno de dicho órgano técnico, que dice relación con una política del Ministerio de Hacienda. Se pide que este mecanismo compensatorio se aplique igualmente para los taxis colectivos, pues también se trata de empresarios que cumplen una función social de transporte público muy importante y trasladan a millones de personas en nuestro país. Además, sus principales costos responden al combustible y el impuesto específico los golpea muy fuerte, más aún cuando se producen ciclos de alzas de precios.
Por lo tanto, se le ha pedido al Ministerio de Hacienda, tal como se hizo cuando se aprobó la actual ley, que establezca en el corto plazo un mecanismo compensatorio destinado también para otros pequeños empresarios que cumplen funciones públicas y cuyos gastos inciden en la economía familiar.
Los tramos no se modificaron en relación con la ley permanente. Hubo algunos gremios que querían que ello se hiciera. Sin embargo, el Gobierno desistió de ese mecanismo y mantuvo los mismos tramos que, en esencia, había antes, agregando -quiero subrayarlo, y lo aplaudimos- los negocios asociados que pudiesen tener, para calcular el tramo en el que van a quedar instalados y ver si es posible que postulen a reintegros. Esto hace pensar que, probablemente, sean menos los actores que postularán a este beneficio y muchos menos los que estarán en los tramos más altos de reintegro, es decir, los entes más pequeños.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, la presentación que ha hecho el Presidente de la Comisión de Hacienda me ahorra mucho, pues corresponde a lo que conversamos en la sesión de dicho órgano técnico en que fue aprobado el proyecto.
Me gustaría recordar, como marco para el trabajo que hemos hecho, que el Ministerio de Hacienda conversó con todos los gremios -los grandes, los medianos y los pequeños- e intentamos llegar a un acuerdo global, general.
Ello no fue posible por completo, porque lo que ofrecí fue estudiar mecanismos alternativos, manteniendo el costo fiscal y no aumentándolo.
Por ejemplo, podríamos haber diseñado un mecanismo que a nuestro juicio era mejor, más suave y más parecido a los tramos del global complementario.
¿Cuál es el problema que tiene el actual mecanismo? Que hay saltos bastante bruscos entre un tramo y otro. De esta manera, si un microempresario del transporte -básicamente, estamos hablando de una persona que tiene un solo camión, tal vez dos, y cuya venta anual es de 2.400 UF- vende más de 2.400 UF -por ejemplo, 2.500- el reintegro salta de 80 a 70 por ciento. Y si pasa de las 6.000 UF, salta de 70 a 52,5 por ciento. Pero no se mantienen por las primeras ventas.
En el global, las primeras rentas siempre están grabadas a la misma tasa, independientemente de la renta total de la persona. Esto podría haberse diseñado -y de hecho, hicimos un ejercicio al respecto-, pero para mantener el costo fiscal había que cambiar necesariamente los tramos o la tasa.
Al final, los gremios prefirieron el esquema actual.
Por lo tanto, nosotros tuvimos un proceso de conversación con los gremios.
Asimismo, quiero hacer presente que mantenemos una mesa abierta con el sector transporte, liderada por la Ministra Gloria Hutt, que no solo aborda temas relacionados con el reintegro del impuesto específico a los combustibles, sino también otros asuntos que son propios del gremio y que tienen que ver con el estudio de un eventual proyecto de ley sobre transporte, el cual se está trabajando.
A pesar de que hemos presentado este proyecto por cuatro años -al igual como lo hizo el Gobierno anterior, que también planteó una iniciativa por cuatro años-, si hay una mejor fórmula que la actual y que genere un acuerdo que mantenga y no aumente el costo fiscal, nosotros estamos disponibles para revisarla. O sea, quiero dejar establecida la voluntad de mantener el diálogo con los gremios del transporte, con todas las asociaciones del rubro, y de recoger sus ideas.
Además, en materia de perfeccionamiento, lo lógico es que este beneficio sea para los microempresarios. Pero si un transportista tiene un camión y, al lado, posee un comercio y otras actividades, ya deja de ser un microempresario. Y las cláusulas de relación que tenemos en la actual Ley de la Renta se deben aplicar.
Por lo tanto, nosotros establecimos cláusulas de relación modernas para considerar que deben computarse no solo las rentas del transporte, sino también las rentas globales del contribuyente, en consideración a dichas cláusulas de relación.
En consecuencia, señor Presidente, agradezco la disposición que ha tenido la Comisión de Hacienda y recalco, por supuesto, que venimos con una votación muy amplia de la Cámara de Diputados para esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, con este proyecto de ley estamos nuevamente extendiendo el mismo mecanismo que se encontraba vigente hasta el año pasado y, además, introduciendo algunos ajustes tributarios en relación con la última reforma tributaria, aprobada durante el Gobierno anterior.
Sin perjuicio de valorar este proyecto que prorroga por cuatro años más este mismo mecanismo, siento que es absolutamente necesario comenzar a abrir una discusión, que debe ser mucho más profunda, con respecto al impuesto específico a los combustibles.
Efectivamente, vamos a concurrir con nuestro voto favorable, pero tenemos que hacernos la pregunta -y por su intermedio, señor Presidente, se lo consulto al Ministro de Hacienda- de qué pasa con la excepción de que gozan las empresas aéreas, marítimas y mineras.
Esas industrias no pagan el impuesto específico. Por lo tanto, cabe preguntarse en qué momento vamos a hacer ese debate para definir si estas grandes empresas -las aéreas, las marítimas, las mineras- se harán cargo del impuesto específico que hoy pagan las chilenas y los chilenos que tienen un vehículo.
Hoy día estamos resolviendo el problema que aqueja al transporte del rodado mayor, de los camiones. Repito: concurriré con mi voto favorable para prorrogar este mecanismo por cuatro años más. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué ocurre con las grandes industrias -las mineras, las aéreas, las marítimas- que están exentas de este impuesto?
Todos conocemos los orígenes de este tributo.
Durante todos estos años el Estado chileno ha obtenido extraordinarios ingresos por concepto de este impuesto, que lo pagan las personas comunes y corrientes.
En la Región que represento -la de Magallanes-, curiosamente en Tierra del Fuego, que es donde se genera el petróleo, tenemos los combustibles más caros de todo el territorio nacional.
Entonces, debe revisarse una política para el caso de las regiones más extremas con el propósito de que los impuestos tengan un impacto menos negativo para el ciudadano que habita en ellas.
Sin embargo, en Chile ocurre todo lo contrario. A medida que uno sale de la zona central, el combustible termina siendo extraordinariamente más caro, tal como sucede en la Región de Magallanes, especialmente en las localidades de Puerto Williams, Tierra del Fuego, Última Esperanza, etcétera.
Por lo tanto, quiero pedirle al señor Ministro de Hacienda -por su intermedio, señor Presidente- que abramos un debate respecto de si las empresas mineras, aéreas, marítimas, van a pagar este impuesto o no.
Hoy voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto de ley, pero creo que ese debate es absolutamente necesario y siento que es uno de los temas que nos van a demandar una gran discusión como país en los próximos tiempos.
Existe una enorme insatisfacción, un gran repudio en la ciudadanía que usa un vehículo para trasladarse, para trabajar o para llevar adelante una actividad productiva y se ve obligada a pagar estos impuestos, a diferencia de las grandes industrias que he señalado.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor Ministro, ¿desea contestar ahora o después?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Después, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Muy bien.
¿Habría acuerdo en la Sala para abrir la votación manteniendo los tiempos?
El señor LAGOS.-
No, señor Presidente, porque después se fundamenta el voto.
¡Esto es un tema delicado!
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, una manera de sintetizar lo que estamos haciendo hoy día es decir: "Estamos extendiendo el plazo de una ley que hemos prorrogado en dos o tres oportunidades. En consecuencia, aprobemos esto como si fuera de Fácil Despacho".
Esta iniciativa tiene que ver con el impuesto a los combustibles. Y aquí estamos hablando de un beneficio para un sector económico: el del transporte de carga. Este paga dicho tributo y luego obtiene un beneficio: se le reintegra parte de lo que canceló.
Planteo esto para que no nos perdamos.
Ahora bien, nos estamos refiriendo a extender un beneficio sobre la parte transitoria del impuesto específico a los combustibles.
Ya tenemos aprobada una ley permanente que establece que el 25 por ciento de lo que pagan se les devuelve, a todo evento, tengan uno o cien camiones. ¡El 25 por ciento!
Repito "el 25 por ciento" porque es importante que esto lo llevemos después a hogares, al hogar, al particular que logró comprar su vehículo.
Entonces, lo que establecemos acá es un beneficio llamado "transitorio", que implica devolver un porcentaje de lo que se canceló en impuestos. Pero ¿qué porcentaje será ese? Dependerá de las ventas que se tengan.
Y el Gobierno mantiene lo establecido en las leyes anteriores, pero agrega un elemento muy importante que quiero resaltar, porque es algo positivo, que es decir: "Si usted tiene cualquier otro emprendimiento que le genere ingresos, este se va a contabilizar y se le va a sumar a las 2.400 UF, si tiene un puro camión".
En consecuencia, se focaliza.
Ello me parece bien.
Sin embargo, la discusión de fondo -en parte lo señaló el Senador Bianchi- radica en si el impuesto específico a los combustibles es necesario o no. Después me referiré al beneficio.
Yo creo que este tema amerita una conversación más a fondo, porque el impuesto específico a los combustibles grava a algunos que poseen vehículos y a otros no. Y no está claro cuál es el criterio ordenador de por qué considera a algunos y a otros no.
Al transporte de carga lo gravo, ¡sí! Pero le otorgo un beneficio de 25 por ciento a todo evento, aunque se tenga uno o cien camiones. Y sobre la otra parte del impuesto dependerá del tamaño de las ventas.
Sin embargo, en el caso de las mineras, del transporte aéreo, de la empresa marítima, ¡no pagan el impuesto, derechamente!
Entonces, hay beneficios que no se entienden.
Existe un transporte muy importante, al menos, en regiones: los taxis colectivos.
En la Región de Valparaíso -uno puede verlo en cualquier otro lado- las micros no pasan, no pasan a la hora, no funciona bien el sistema. Y los ciudadanos usan los taxis colectivos, que vienen a suplir a las micros. Estas, además, no han sido licitadas en Valparaíso desde el año 2011 -¡2011!-, cuando la actual Ministra de Transportes, Gloria Hutt, era Subsecretaria. Luego pasó el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y no se hizo nada.
Por lo tanto, mi cuestionamiento apunta a por qué se realiza un esfuerzo fiscal de gasto tributario para algunos sectores y para otros no.
¿Cuál es el criterio ordenador? ¡Ese es el tema que no está presente acá!
Entonces, como primer punto, el impuesto específico a los combustibles amerita una revisión global, sobre todo, respecto de los beneficios, con un criterio ordenador que deje tranquilos a todos respecto de por qué decidimos aplicarles a algunos el impuesto y a otros no y por qué, dentro de aquellos a quienes les aplicamos el impuesto, algunos tienen un beneficio y otros no.
Estamos hablando, además, del impuesto específico ¡al diésel!, ¡que ya es un combustible subsidiado y el que más contamina!
Considero que el asunto está distorsionado.
Una explicación histórica para ello es porque desde el punto de vista fiscal reditúa 2.300 millones de dólares aproximadamente, si no me equivoco. "Por eso necesitamos el impuesto", se señala. Entonces, ¿por qué requiero el impuesto, para recaudar o para ayudar económicamente?
Si corresponde a lo primero, me salto a otro tema: estamos debatiendo una disposición tributaria en soledad, separada de la reforma global que ha propuesto el Gobierno. Y sostengo -creo que varios Senadores más también- que tal vez sería sano incorporar esta materia en esa discusión de reforma tributaria global.
Paso el mensaje, entonces.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, lo digo con la mejor disposición y nuevamente, para que se consigne en la versión oficial. Yo lo he conversado en privado con usted, pero quiero que quede registrado para que lo reflexione el Gobierno, pues puede que haya un espacio.
El proyecto de reforma tributaria que se ha presentado tiene cosas que son buenas y necesarias. Rápidamente menciono algunas: el impuesto a las plataformas digitales (no es popular, pero es necesario); un mecanismo de depreciación acelerada para incentivar la inversión, de carácter transitorio; y la boleta electrónica, que es algo muy importante.
Asimismo, considera elementos respecto de los cuales tenemos diferencias: la regulación del IVA a la construcción; el tema de la integración, el impacto que conlleva reducir 830 millones de dólares a aquellos chilenos a los que les va mejor, que van a poder descontarlo del pago que hacen sus empresas; la cláusula antielusión. Se trata de asuntos que no nos gustan.
Pero hay otras materias que faltan: el impuesto específico a los combustibles; las franquicias; los impuestos regionales o tal vez recursos regionales, que no existen tampoco; los impuestos verdes, o los impuestos en salud.
Entonces, quiero proponer -lo digo acá, porque hay varios Senadores- lo siguiente.
Por un lado, en lugar de enfrascarnos en una discusión que puede ser muy compleja, por qué no tratamos de llegar a un entendimiento para aprobar aquellos elementos de la reforma actual que le permiten recaudar al Gobierno. No veo qué gobierno no va a querer hacerlo. Se dice que 1.300 millones de dólares podrían recaudarse a través de la boleta electrónica. O también recaudar por concepto de plataformas digitales.
Y respecto de aquellos temas en los que tenemos diferencias, que existen, o que no están en el proyecto -como el que estamos discutiendo hoy-, generemos una comisión nacional convocada por el Presidente de la República, en la que participen el Congreso Nacional, técnicos, etcétera, para en seis o siete meses tratar de acordar una ruta común; ¡tratar de acordarla!
De ese modo, contaríamos con un horizonte de tiempo en materia tributaria que nos sacará la discusión para los próximos siete u ocho años.
Y si se debe a razones fiscales la mantención del impuesto específico a los combustibles, pareciera que, a ojo de buen cubero, las franquicias suman alrededor de 8.000 o 10.000 millones de dólares. Perfectamente se podrían compensar los 2.400 que cuesta el impuesto específico y ver cómo distribuimos los beneficios de manera distinta.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, así como tiene la capacidad y es posible discutir aisladamente un tema tributario, podría ser factible plantear: "Aprobemos, entonces, lo que recauda e incentiva la inversión, respecto a lo cual hay un consenso amplio -bueno, hay un consenso-, y en cuanto a lo otro, en vez de entrar a pirquinear los votos o discutir en el Parlamento si aprobamos la idea de legislar o no o qué vamos a aprobar o qué no, tal vez tener una mirada más amplia". Para evitarnos lo que ocurrió. En el Gobierno anterior aprobamos una reforma, entre paréntesis, con el acuerdo de todos, un acuerdo nacional. Esperamos aquí a todos.
El señor ARAYA.-
¡No a todos!
El señor LAGOS.-
Bueno, casi a todos.
Y este Gobierno ahora propone una nueva reforma. ¿Qué va a ocurrir en el próximo? Vamos a estar de nuevo en esta discusión.
Me parece sano tener una visión que permita separar aquello que va a recaudar y que genera incentivo a la inversión de aquellos temas que hacen diferencia. Entonces, en lugar de ir a la apuesta de ver si podremos mantenernos en nuestras posiciones o tratar de acercar algo y aprobar algunas cosas y otras no, sería mejor tener una mirada conjunta y darnos la oportunidad nosotros mismos de llegar a un entendimiento en un asunto tremendamente importante.
Por último -termino con esto-, quiero referirme a la boleta electrónica.
La boleta electrónica, a mi juicio, sí podría haber sido un proyecto individual como el que estamos viendo hoy. Porque, al margen de la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno, es de justicia y es de coherencia que, para evitar la evasión del IVA, que lo están pagando muchos chilenos, tengamos una boleta electrónica tal como existe la factura electrónica.
Incluso, habría que sacar ese tema del paquete de la reforma tributaria y aprobarlo de suyo, rápidamente, máxime si le va a otorgar al Gobierno o a los chilenos, para financiar bienes públicos, 1.200 millones de dólares.
Me parece que no es correcto o adecuado -y es mi único mensaje en que llevo agua para mi molino, si usted quiere- que la rebaja de la integración de 830 millones para aquel sector más acomodado de Chile se financie con cargo a un ajuste, porque usted va a controlar mejor la evasión del IVA, que pagan todos los chilenos a través de un impuesto indirecto.
En resumen -por su intermedio, señor Presidente, al Ministro y a mis colegas-, existe la posibilidad de que este tema, que es muy complejo, relativo a los beneficios para el reintegro del impuesto específico, lo incorporemos a la reforma global. A esa reforma global, con materias que requieren tratamiento y que no están incluidas y que generan diferencias, le damos un tiempo adecuado para su análisis (seis, siete meses), y tal vez antes de fin de año tendremos aprobada una reforma tributaria que va a contar con una mirada de cinco, ocho, o diez años. Y mientras tanto habremos aprobado una boleta electrónica o impuesto a las plataformas digitales que le va a allegar recursos al Gobierno para llevar a cabo su política pública.
Es una mirada integral que no deja a nadie perdiendo.
Sé lo que me van a decir: "¡No! Si separo la reforma, me puedo quedar sin nada". Es que se puede quedar sin nada igual si no tiene mayoría en el Congreso, salvo que la apuesta sea pirquinear votos. Y si uno pirquinea votos, cuando llega otro gobierno, con otra mayoría, querrá desarmar lo hecho.
He dicho.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, abramos la votación.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo en proceder a votar, manteniendo los tiempos, ahora que ya habló el Senador Lagos?
El señor COLOMA.-
¿Eso depende del Senador Lagos...?
El señor LAGOS.- ¡Me dan ganas de decirle que no...!
El señor MONTES (Presidente).-
Acordado.
En votación general y particular.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, me parece razonable lo que planteó el Senador Lagos Weber, a lo que también aludió el Senador Bianchi, en el sentido de que ojalá hubiera un criterio claro y ordenador en esta materia.
Aquí estamos prorrogando algo por cuatro años más. Pero, a mi juicio, no se aplican parámetros claros.
Además, al ciudadano común que usa su auto con bastante esfuerzo le molesta mucho pagar el impuesto específico sabiendo que no va a recibir una devolución, un reintegro.
El Senador Bianchi habló mucho sobre la excepción de las empresas aéreas, marítimas y mineras con relación a este tributo.
Recordemos que el origen de este impuesto era, supuestamente, para mejorar carreteras. Pero uno se pregunta cuánto de lo recaudado se ocupa realmente en obras públicas con ese propósito. Considero que hemos mejorado bastante en conexiones viales, pero ello dista mucho -¡dista mucho!- de contar con muy buenos caminos. Y no solo eso, existen regiones donde todavía las carreteras son de una sola vía. Basta mirar lo que pasa desde Caldera a Chañaral y hasta Antofagasta.
Entonces, uno se pregunta si tiene justificación mantener este tipo de impuesto específico, con el reintegro que se plantea, si su objetivo original era mejorar carreteras, lo cual no necesariamente se está haciendo.
Por lo demás, aquí estamos dejando afuera -como ya se ha mencionado- a grandes empresas: las mineras, aéreas y marítimas. Y la verdad es que ello no se justifica.
Por otro lado, para mí es muy importante preguntarle de una vez por todas al Ministro: ¿qué pasa con los taxis colectivos? Estos también cumplen una función superimportante. Es un servicio de transporte bien regular -no voy a decir "reguleque"- y mucha gente se ve obligada a usarlos por no tener acceso a otro tipo de transporte público, como micros o buses.
Entonces, ¿por qué el reintegro parcial del impuesto específico al diésel se aplica solamente a los camiones y no a los taxis colectivos?
No lo entiendo, y no hay una explicación. Hasta ahora no le he escuchado al Ministro de Haciendo señalar, específicamente, por qué solo se beneficia a los dueños de uno o dos camiones. Espero que no más, porque ahí de pequeños tendrían poco.
¿Por qué los taxis colectivos quedan fuera? ¿Acaso no cumplen una función pública? ¿Acaso no transportan a la gente? ¿Acaso no entregan un servicio donde otro transporte público no llega?
Entonces, a mi juicio, esta iniciativa de ley, tal como está, no responde adecuadamente a la situación existente.
Por eso me parece razonable lo que plantea el Senador Lagos Weber, en el sentido de que debiéramos tener una mirada mucho más amplia, más integral, más clara de los criterios que ordenen cómo estamos legislando y el porqué de este impuesto específico.
Entre paréntesis, a todos se les reintegra el 25 por ciento del referido tributo, a pequeños, medianos, grandes y enormes. Pero aquí se está planteando un reintegro adicional.
Simplemente quiero reiterar que falta un criterio ordenador, falta una mirada amplia.
En consecuencia, como la iniciativa no da respuesta adecuada, anuncio mi abstención.
No hay criterios claros y de alguna manera se termina beneficiando a los grandes, sin considerar que la justificación original del impuesto específico era mantener en buen estado las carreteras. Además, aquí no se da una respuesta para los taxis colectivos, los que sí dan un servicio tremendamente necesario para la población.
Por eso, me abstengo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, a pesar de que voy a autocensurarme porque puedo hablar hasta por diez minutos, deseo proponer que restrinjamos a cinco minutos las intervenciones. Lo planteo porque así como vamos se nos hará tarde para ver el proyecto sobre el SENAME, que es muy importante aprobarlo.
Señor Presidente, pido que recabe el acuerdo a ese efecto.
El señor MONTES (Presidente).-
Quiero aclarar la situación.
A continuación, en la tabla viene el proyecto relativo al procedimiento de relocalización de concesiones de acuicultura.
Desde ya, solicito el acuerdo de la Sala para tratar, inmediatamente después de la materia que nos ocupa, la iniciativa sobre la red de colaboradores del SENAME. De lo contrario, no vamos a alcanzar a verla hoy.
Y en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del próximo martes se discutiría el proyecto sobre acuicultura.
¿Habría acuerdo?
El señor ARAYA.-
No.
El señor QUINTEROS.-
No.
El señor COLOMA.-
¡Pero como no!
¡Veamos lo del SENAME primero!
El señor MONTES (Presidente).-
Dos Senadores no dan el acuerdo.
Acaba de llegar el informe respectivo del proyecto sobre el SENAME, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
La señora RINCÓN.-
Hay que verlo hoy día, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para reducir a cinco minutos las intervenciones en este proyecto?
El señor NAVARRO.-
No.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo.
Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Coloma.
Puede utilizar cinco minutos o más.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el Senador Navarro me incita a hablar más tiempo. Pero voy a hacer un esfuerzo por ser breve.
No sé quién se opone a ver el tema del SENAME.
El señor QUINTEROS.-
¡Nadie se opone!
El señor COLOMA.-
Ojalá haya una reflexión al respecto, porque se trata de una materia superimportante. Si no aprobamos ese proyecto hoy día, la Cámara de Diputados no podrá analizarlo la próxima semana, y no vamos a tener ley antes del receso. Por tanto, insto a hacer el máximo esfuerzo en este sentido.
Respecto de la iniciativa que nos ocupa, señor Presidente, comparto una parte de la opinión que aquí se ha expresado. Debemos reflexionar más sobre el tema del impuesto específico.
Cuando yo fui Presidente de la UDI, instalamos ese punto. Hemos sido parcialmente exitosos porque, si bien pusimos el tema sobre la mesa, no hemos podido generar cambios de fondo ni revisar un impuesto que reviste una naturaleza bastante especial.
Dicho tributo se originó -tiene razón en ello quien me antecedió en el uso de la palabra- con el propósito de mejorar las carreteras. Estamos hablando de muchas décadas atrás. Pero hoy día las carreteras se concesionan y los vehículos pagan altos valores por los permisos de circulación. Por tanto, la legislación en comento perdió un poco su sentido original.
Con el paso del tiempo el impuesto específico ha ido cambiando de un criterio de contaminación a uno de congestión. Al final, esa es la explicación que están dando respecto a por qué, por ejemplo, son los camioneros, los automovilistas, los taxistas, los colectiveros, los que pagan el citado impuesto específico y no reciben cien por ciento de reintegro. Sin embargo, sí lo perciben los que usan el mismo diésel en procesos de industria para producir calcetines, alimentos o cualquier otra cosa.
Entonces, pienso que hay una conformación equivocada del concepto "impuesto específico".
Además, yo sé que este tributo es muy recaudador y que los Ministros de Hacienda lo adoran. Pero, objetivamente, creo que genera una inquietud ciudadana cada vez más compleja.
Señor Presidente, comparto la idea de que eso amerita una visión especial.
Por otra parte, entiendo perfectamente la situación de los camioneros, porque he hablado muchas veces con el Presidente de la agrupación que los reúne, el señor Pérez, quien me ha manifestado sus inquietudes en torno a por qué ellos tienen que pagar ese impuesto con la "gran concesión" de recibir un porcentaje de reintegro, mientras las empresas descuentan el cien por ciento del gravamen.
Ahí tenemos un punto que me parece razonable, sobre el cual debemos reflexionar más profundamente.
Asimismo, las tablas de cálculo de la devolución no son fáciles, sino bastante arbitrarias. Se habla de las ventas de una microempresa con un camión o dos. Los incentivos ahí no son muy correctos, pues se insta ojalá a mantenerse siempre con un camión.
Los camiones son muy importantes en regiones. En ellas el mundo de los camioneros es particularmente relevante. Ahí pega muy fuerte el impuesto, razón por la que se debe revisar el instrumento. En ese ámbito simpatizo con la idea de bajar o eliminar este tributo.
Además, comparto las inquietudes del gremio de los camioneros en cuanto a que se aplica una diferenciación que no resulta muy aceptable en comparación con otras industrias que usan el mismo combustible sin pagarlo en la práctica, porque se les descuenta el cien por ciento del impuesto.
Este gravamen se aplicó, primero, para mejorar las carreteras; después, para disminuir la contaminación, y ahora -no sé por qué- para enfrentar la congestión.
Me parece que ahí hay una cosa que debemos rectificar, sin perjuicio de que es bueno que, por lo menos, se haya mantenido lo que venía de antes.
Y deseo hacer una última reflexión.
No nos aprovechemos del pánico: una cosa es revisar este tributo y otra distinta decir que esto debiera formar parte de la reforma tributaria.
El Gobierno anterior hizo su propia reforma, pero aplicó otros impuestos aparte, como el que ahora estamos abordando. Ese es el mejor ejemplo. La Administración anterior realizó una reforma tributaria, que fue bastante mala, a mi juicio, pero aparte planteó este mismo impuesto específico al diésel.
El señor HARBOE.-
¡Usted firmó esa reforma!
El señor COLOMA.-
En un espíritu positivo, constructivo, yo colaboré con esa reforma, pero dije que esperaba que el Gobierno siguiente modificara esa carga impositiva. Por eso miro con mucho entusiasmo lo que está haciendo el actual Gobierno para volver a un sistema tributario que no sea una barrera contra el crecimiento, sino un impulsor de este.
Por eso, señor Presidente -y cuidando el tiempo-, me parece que cabe hacer una reflexión más profunda respecto al impuesto específico.
Es muy importante entender que hay justas peticiones del mundo de los camioneros, del mundo de los colectiveros, en términos de conseguir algún beneficio.
Finalmente, creo que el proyecto apunta en un sentido más correcto que incorrecto y, por tanto, dentro de los cinco minutos dados, lo voto a favor.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, esta es una historia que se repite. Aquí hay parlamentarios que llevamos cinco períodos -en 1994 entramos al Congreso con el Senador Coloma- y el discurso ha sido el mismo, ¡lleno de contradicciones!
Durante todos los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría la Derecha exigió la derogación del impuesto específico y nos denunció frente a la opinión pública por no hacerlo.
Asimismo, leo los discursos del Senador Pérez Varela y me llego a estremecer por el énfasis y la garra que empleaba para criticar la permanencia de este tributo durante los Gobiernos de los Presidentes Frei, Aylwin y Lagos.
"¡Hay que terminar con este impuesto que afecta a la clase media!".
"¡La Izquierda se ha olvidado de la clase media!".
"¡Este impuesto lo pagan los pobres y la clase media!".
El debate de si es regresivo o progresivo está saldado por los especialistas. Afortunadamente, es progresivo: quienes tienen más automóviles pagan más, quienes andan en taxibuses pagan menos.
Lo cierto es que ningún gobierno terminará con el impuesto específico al diésel, porque no hay voluntad política ¡y sería un suicidio!
¡Si Felipe Larraín termina con el impuesto, lo echan, señor Presidente!
Siempre he sostenido que el que manda en los gobiernos es el Ministro de Hacienda. Y hay una estrecha afinidad entre el Presidente Piñera y el Ministro Felipe Larraín; por lo tanto, el impuesto específico no va a llegar a su fin.
El problema de este proyecto de ley es que defiende la disminución del referido tributo para un grupo privilegiado de chilenos, de altos ingresos, los camioneros. Pero excluimos a los colectiveros, a los feriantes pequeños que pagan el impuesto específico, que equivale al 42 por ciento del precio de la gasolina, ¡al 42 por ciento!
La paradoja es que, cuando baja el petróleo en el mundo, no baja en Chile el precio del diésel ni de la bencina.
Si bien nuestro país no es productor de petróleo, hemos hecho mal los negocios. ENAP tiene una deuda que cuadriplica el valor de la empresa: ¡5.300 millones de dólares!
Señor Presidente, no hemos logrado ponernos de acuerdo en cómo eliminar este injusto impuesto, que incluso pasó a ser un impuesto verde. En efecto, se subió el precio de las bencinas para que la gente no anduviera en automóvil. Sin embargo, la gente igual lo usaba. Es más, cada año se venden 300 mil vehículos nuevos y el mercado secundario de los usados tiene un tráfico de 400 mil unidades.
Pese a ello, se dice que es un impuesto verde.
Pero esto también lo pagan quienes utilizan los taxibuses.
El Ministerio de Transportes el 2010, con motivo de la Ley Espejo del Transantiago en regiones, asignó el equivalente a 90 pesos por pasajero para subsidiar el transporte anualmente en la Región del Biobío. Eso fue el 2010. Ocho años después se mantienen los 90 pesos. En 2018 el valor de la gasolina aumentó y el precio del pasaje del transporte público en el Gran Concepción subió 72 pesos.
De consiguiente, aquí no estamos protegiendo ni a los trabajadores ni a la clase media, quienes gastan el 17 por ciento de sus ingresos en trasladarse hacia su lugar de trabajo.
Entonces, hago un llamado a la consecuencia, porque -digámoslo francamente- ningún gobierno, ni de la Concertación ni de la Nueva Mayoría ni los de Piñera, va a bajar el impuesto específico, aunque algunos han tenido un discurso furibundo en contra de este.
Sinceremos esto: no va a haber eliminación de este tributo. Solo vamos a tener la presión de los camioneros, y terminaremos cediendo ante ella.
Hoy día hay pasajes de avión más baratos que los pasajes de los buses interurbanos. ¿Y en qué prefiere viajar la gente?
El transporte aéreo mueve a 22 millones de pasajeros al año, y se han rebajado las tasas aeroportuarias. Por su parte, el transporte interurbano mueve a 420 millones de pasajeros en el mismo período y efectivamente enfrenta las dificultades que conocemos con el precio del diésel.
Si no fue capaz Foxley, quien luego de haber ocupado el mismo cargo del Ministro Larraín el 2005 dijo que era una ceguera bajar este impuesto, no hay mucho que hacer.
El Senador Chahuán señala que es insostenible que se mantenga el impuesto específico. Yo no he escuchado a nadie más decir eso, salvo al Senador Coloma, quien siempre habla con la verdad. Hay que reconocer su consecuencia, a pesar de que sea impopular.
En todo caso, está claro que en el Gobierno no manda la UDI. Este Partido o defiende el impuesto específico o se opone a él. No lo ha clarificado, porque Coloma se fue por las ramas para no contrariar a Piñera.
No le mintamos a la gente. Si está aburrida de la política, es porque efectivamente nos vamos siempre por las ramas.
Con la medida que propone este proyecto se favorecerá a los camioneros, porque estos son poderosos y capaces de paralizar el país; porque pusieron los camiones en la ruta 5; porque llegaron a La Moneda en un dos por tres. Y se negoció con ellos. ¡Bien por los que pueden negociar así!
Pero el resto de los ciudadanos de a pie, los que pagan su pasaje en taxibus, los que andan en transporte público, en colectivo, no cuentan con esa capacidad de presión.
Entonces, mi pregunta para Felipe Larraín y para este Senado es cuándo vamos a enfrentar el hecho irrebatible de que, cuando sube el petróleo y el pasaje del transporte público, a la gente se le mete la mano al bolsillo y gasta más de su presupuesto en trasladarse.
En Chile los pasajes de transporte y las bencinas son los más caros del mundo. En ello coinciden todos los analistas de las universidades de Chile, de la Católica, de Los Andes, que son de todos los signos y colores políticos. Existe una distorsión de los precios del combustible en un país que no es productor de petróleo.
El Ministro José Ramón Valente señaló, en octubre de 2018 a través de CNN, que la baja del dólar frenará el alza de combustibles. Yo me pregunto: ¿cuál será la política de contención?
Había un fondo de compensación destinado a evitar tal alza de combustibles. ¡Se acabó, señor Presidente! Usted mismo era partidario de ese fondo, que al final fue desapareciendo. Ya no se contiene.
Dicho fondo permitía que, independiente del precio internacional del petróleo, la gasolina no subiera en Chile. Se eliminó ese fondo, y hoy día el gasto va directamente al bolsillo de los ciudadanos.
Con este proyecto ahora se busca aprobar una rebaja del impuesto específico para un sector de camioneros, excluyendo, por cierto, al transporte público menor de pasajeros.
Quiero advertir a los Senadores que en el sur del país, donde el principal medio de transporte son los colectivos, este sector no recibirá el beneficio. Y en los próximos días tendremos una movilización de los colectiveros, quienes, con legítima rabia contenida, dirán: "¡Aquí fuimos discriminados!".
He escuchado a varios colegas referirse a este tema. La Senadora Allende lo ha planteado.
Al respecto, siento que el Ministro nos tiene que dar una respuesta. Debe quedar plasmada, porque aquí estamos entre la espada y la pared.
Me interesa que el sector de camioneros de Chile pueda desarrollar una actividad económica competitiva respecto a los camiones que vienen de Bolivia y Perú, que acceden a precios inferiores de combustible, produciéndose una competencia desleal. Efectivamente, ellos pagan menos por combustible, menos impuestos, y hay una serie de distorsiones respecto a los camiones internacionales que debemos corregir.
Pero lo más importante es proteger el bolsillo de los más desposeídos, de la clase media. ¡Y aquí todos se han metido al bolsillo de la clase media!
Señor Presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto. De qué otra manera podemos denunciar la situación y decirle al omnipoderoso Ministro de Hacienda: "Preocúpese también de la clase media". Y si no se va a preocupar, deberá asumir los costos políticos, tal como nos dice Piñera: "Si los parlamentarios votan en contra, entonces que paguen y afronten las consecuencias, que vayan a enfrentar al pueblo".
El Ministro nos señaló que va a excluir a los colectivos, a los taxibuses. Pero el Estado también subsidia a las empresas mineras, a las pesqueras y al transporte aéreo. ¡No pagan impuesto específico!
¿Cuál es el motivo de subsidiar a la industria pujante y naciente?
El Presidente Piñera sabe lo que significa la industria aérea, pues fue dueño importante de LAN Chile. Ante ello, uno podría decir: "No es aceptable". Si bien vendió sus acciones (tema que está en debate todavía en algunos lugares del mundo), sabe que hay subsidios que son discriminatorios. Y este es uno de ellos.
Todos los que están en esta Sala -¡todos pues, señor Presidente!-, cuando fueron Diputados o Senadores se manifestaron contrarios al impuesto específico. Y hoy día aceptamos una rebaja en beneficio de un sector afectado por este gravamen. Me parece que eso no es coherente frente a la opinión pública; no es coherente con el discurso histórico. Y claramente tal medida viene a dañar a la clase media.
Aquí los defensores de la clase media debieran votar en contra o hablar con su Gobierno -los que son de Derecha- para plantear que se incorpore un mecanismo que sitúe una excepcionalidad a fin de ver cómo dejamos de afectar a todos los chilenos. Y los que son de Oposición debieran mantener una posición común frente al Ejecutivo.
En realidad, no sé si hay Oposición. Es un tema que todavía tenemos que debatir. Ella no está conformada. Este Gobierno la tiene "gratis y fácil", porque no hay Oposición. Y como tampoco hay mucho movimiento ciudadano, asuntos como este, que afectan a la ciudadanía, son aprobados sin más.
Yo voy a votar negativamente, señor Presidente, no porque quiera contrariar al gremio de los camioneros, sino porque pido coherencia. Y creo que votar a favor con los elementos que faltan y que hemos señalado resulta incoherente con la posición que hemos sostenido de manera permanente en el tiempo.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
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El señor MONTES (Presidente).-
A propósito del último discurso, aprovecho de saludar a don Juan Araya, Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y a otros miembros de la directiva de dicha entidad que hoy nos acompañan.
¡Bienvenidos a este recinto!
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El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, tenemos dificultades respecto de este proyecto de ley.
Sí, nos habría gustado que se hubiese considerado también a los taxis colectivos, tal como ocurrió en la negociación que tuvimos en su oportunidad con el Gobierno junto con Alejandro García-Huidobro, José García y tantos otros parlamentarios. Luego tuvimos la posibilidad de mejorar la norma en una negociación que sostuvimos en el segundo trámite con el Ministro de Hacienda.
Y ello se debe a que acá se han dado, tradicionalmente, algunas malas prácticas en relación con el impuesto que grava al sector: robo de combustible a empresas de transporte formal, el cual se vende al valor pizarra menos IVA; pequeñas empresas de transporte con gran consumo de combustible (muy recurrente en empresas de transporte internacional); mandantes o clientes que pagan los servicios de transporte con dinero y combustible que no incluye el impuesto específico. O sea, acá hay malas prácticas de las cuales hay que hacerse cargo.
Otra situación recurrente es que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no tienen una ley general de transporte. Hoy día no sabemos cuántos transportistas ejercen esta actividad. Se lo hemos planteado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones porque ello va de la mano con el subsidio. Es un tema muy importante, porque ha sido observado por dicho organismo internacional. Chile es un país que actualmente no posee estándar OCDE en relación con el transporte de carga.
¿Cuántos son quienes ejercen la actividad? ¿Ochocientos mil? ¿Cuánto es el aporte que se hace al PIB?
Es otra dificultad que hoy día tenemos en nuestro país. Y por eso hago un llamado de atención al respecto.
Contamos con un extraordinario Ministro de Hacienda. Yo diría que, sin lugar a dudas, es uno de los mejores Secretarios de Estado del Gobierno del Presidente Piñera. Pero en este tema en particular tenemos un problema porque claramente acá no existió la posibilidad de escuchar a todos y cada uno de los gremios. Pareciera que acá hubiese un statu quo respecto de algunos.
En las tribunas está, señor Presidente, el señor Juan Araya. A mí me gustaría que estuviese también Sergio Pérez para los efectos de, en definitiva, tener la capacidad de dialogar con todos y cada de los sectores.
Yo, obviamente, no voy a votar en contra, porque, si no, dejaría en statu quo el problema, pero creo que este es un tema sobre el cual hay que reflexionar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para reducir a cinco minutos las intervenciones?
El señor GUILLIER.-
No.
El señor PIZARRO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, quiero hacerle ver a la Sala que tenemos un acuerdo de Comités del día de ayer para sacar y despachar hoy el proyecto que aumenta la subvención al SENAME.
Sé que este otro sector es sumamente relevante y que el debate sobre la iniciativa en votación también lo es, pero necesitamos despachar ese proyecto.
Se ha hecho un esfuerzo por parte de todos, incluido el Gobierno, que mejoró mucho la propuesta, y lo menos que podemos hacer es tratar de acotar este debate para poder dedicarnos a los niños de Chile, que son tan importantes como los transportistas.
La señora ALLENDE.-
¡Más importantes!
El señor PIZARRO.-
¡Más!
El señor MONTES (Presidente).-
Entonces, repito la solicitud: ¿habría acuerdo para reducir a cinco minutos las intervenciones en lo que queda de este proyecto?
El señor GUILLIER.-
No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Por consiguiente, seguimos con los diez minutos.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, trataré de hablar lo mínimo posible con el fin de que podamos entrar a revisar el proyecto sobre el SENAME.
Resulta conveniente recordar la historia del impuesto específico, que parte en 1985 con el terremoto de ese año. En gasolina, eran 2 UTM por metro cúbico; hoy día son 6 UTM. La verdad es que hoy el impuesto específico más el IVA representan prácticamente el 50 por ciento del valor de la bencina.
Esa es la realidad.
Por lo tanto, es un tema que ha sido debatido siempre y que va a seguir siendo debatido.
En el origen, lo que se hizo fue apoyar no solo a los camioneros, sino también a los colectiveros. Y en esa época se logró que les devolvieran, como compensación de lo que pagan los taxis colectivos, 15 UTM en tres años. Es decir, 5 UTM anuales.
Por tal razón, quiero solicitarle al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que de la misma forma el Gobierno mande ahora un proyecto de ley que otorgue también el beneficio a los taxis colectivos del país. Creo que es lo lógico y lo que tuvo apoyo en su momento. Si queremos equidad y justicia, el Ejecutivo debería enviar esa iniciativa.
Voy a votar a favor, porque creo que el texto que se somete a nuestra consideración de alguna forma va en el camino correcto en cuanto a efectuar la devolución a quienes realizan transporte de carga, beneficio que se traspasa, finalmente, a los usuarios que emplean ese medio para poder alimentarse y tener todos los servicios del país.
Voto que sí.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, quiero señalar la arbitrariedad de este proyecto, que viene de 1985 a raíz del terremoto del mismo año y que después se transformó en un mecanismo permanente. Y resulta que ahora encima es arbitrario, porque va cambiando cada cierta cantidad de años, beneficiando a un sector sobre otros.
Hasta el día de hoy no puedo dejar de preguntar por qué las mineras, las aerolíneas y las navieras no pagan el impuesto. Da la sensación de que el beneficio a recibir depende de la capacidad de lobby de cada sector. Yo no estoy en contra de que se les baje a los camioneros, pero ¿por qué no otorgarlo también a los taxistas y colectiveros, que prestan un servicio cotidiano a todos los ciudadanos?
No me voy a oponer, pero lo considero arbitrario, irregular, espurio y que se presta para las peores prácticas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra al señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Quiero volver a intervenir, señor Presidente, en atención a que se han hecho una serie de consultas.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo.
Entiendo que este tema no sea fácil, por cuanto hay mucha gente que paga el impuesto específico y existen tasas de reintegro que son distintas. Pero los impuestos específicos son diferenciados: de 6 UTM a la gasolina y de 1,5 UTM al diésel.
Ahora, no quiero esconder que los ministros de Hacienda han tenido una posición respecto del impuesto específico. Y creo que aquello es una cuestión de responsabilidad. Para mí, en lo personal, sería extraordinariamente popular eliminar o dividir por dos el impuesto, de manera que se redujera en un 50 por ciento. Podría ser extraordinariamente popular, pero sería irresponsable, señor Presidente.
El impuesto específico a los combustibles, completo, recauda del orden de los 2 mil 400 millones de dólares anuales. Y tiene un origen. Pero no quiero entrar a realizar una exégesis del impuesto específico porque no es el momento de hacerlo. Estaría encantado de hacerlo, pero veo algunos ojos que me miran con cierta dureza.
Sí hay que entender lo siguiente. Una cosa es la razón por la cual originalmente se pone un impuesto. Pero hoy nos preguntamos cuál es el motivo para que exista un impuesto. Y, en este caso, existe una explicación: las externalidades negativas del uso de los combustibles, que tienen que ver con contaminación, con congestión. Luego, no es que este sea un impuesto arbitrario. Hay un trabajo del BID de algunos años atrás que determina cuál es el impuesto óptimo, y en él dicha entidad establece que es alrededor del que se cobra en Chile como impuesto específico por las gasolinas. Y es necesario -repito- por las externalidades negativas que los combustibles generan.
Ahora, en algunos casos se plantea lo de las fuentes fijas. Hay que diferenciar entre fuentes fijas y fuentes variables, porque las primeras no pagan impuesto específico, por razones evidentes: no congestionan, y respecto de la contaminación, pagan un impuesto verde.
Por lo tanto, podríamos entrar en cada una de las razones por las cuales hay diferencias efectivas entre distintos sectores, que tienen que ver con las características específicas de cada uno.
Más allá de ello, señor Presidente, también quiero hacer notar que además de que el impuesto específico al diésel tiene una tasa de reintegro de un cuarto respecto de las gasolinas, llevamos ya doce semanas consecutivas de caídas en los precios de estas últimas y nueve en los del diésel. Y responsablemente hemos dicho que nuestra mejor proyección es que habrá seis semanas más de disminución en los precios de las gasolinas y del diésel, de tal manera que los chilenos puedan entrar al período estival, a las vacaciones, con el ánimo al alza y los precios a la baja.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Esperamos que no se equivoque, señor Ministro.
Tiene la palabra enseguida el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, antes intervine para dar el informe respectivo. Ahora solo quiero decirle al señor Ministro que entiendo su rol, que entiendo lo que es el Presupuesto de la nación.
Este es un impuesto que tiene sus complejidades. La subvención, evidentemente, es un beneficio para los camioneros que deriva también en un beneficio para los consumidores. Pero, con esa misma convicción, necesitamos un bono compensatorio para los taxis colectivos.
Yo habría esperado escucharle una sola palabra sobre este tema al señor Ministro.
La señora ALLENDE.-
¡No dijo ni una!
El señor LETELIER.-
Y, hasta el momento, como dice mi colega, no ha dicho ni una.
Quienes somos de Oposición queremos ayudar en estas materias, pero también queremos que se escuche a la gente de a pie, que se moviliza en transporte público. Y en provincias el transporte público por excelencia son los taxis colectivos, que no pueden aumentar hoy sus tarifas, no porque no quieran, sino porque el bolsillo de la gente no se los permite. La cantidad de recursos que gastan en bencina, en combustible, es altísima: es el gasto central de su giro. Y el bono compensatorio que se negoció es insignificante comparado con los montos de reintegro que aquí estamos aprobando.
Yo voy a ser consistente: voy a votar a favor del proyecto, pero, porque entendemos cómo ha sido la historia en los últimos 15 años, corresponde que, junto con esa acción, a los taxis colectivos se les reconozca lo suyo. El no avanzar y no comprender esto nos va a llevar a un nivel de conflictividad. Y los conflictos le salen más caros al país que los buenos acuerdos.
Por ende, llamo en serio al señor Ministro a que en estas materias, donde hay un criterio transversal, por lo menos -y disculpe la forma de expresarlo, señor Presidente- se haga cargo de que existe un problema.
Apoyamos una cantidad relevante de recursos para el transporte público de pasajeros, que no comprende solo al transporte público mayor, como el Metro, sino también al transporte público menor, que mueve a las regiones, a grandes ciudades como Valparaíso y Santiago, a las comunas más grandes de la Región Metropolitana, y que se realiza a través de los taxis colectivos.
En ese sentido, pido comprensión, señor Presidente.
Yo voy a votar a favor, aunque sé que muchos de mi bancada no lo van a hacer. Lo que queremos es que haya equidad en el uso de los recursos públicos. Y en este proyecto sentimos que se está olvidando a un segmento demasiado importante.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, escuché atentamente las intervenciones del resto de los colegas y la del Ministro de Hacienda.
En cuanto a lo que dijo este último, comparto algo en un ciento por ciento: que uno debe ser responsable; no solamente popular, sino responsable. Pero nada obsta a que uno sea responsable y al mismo tiempo coherente y justo. Y eso es lo que estamos discutiendo acerca de este impuesto específico, que tiene cierto anacronismo y que se arrastra por años.
Esto, además, hay que ponerlo en concordancia con, primero, el tema que han levantado otros -yo ya lo manifesté en mi intervención anterior y lo voy a volver a resaltar-: el transporte público y, en particular, el que realizan los taxis colectivos.
A cualquiera que vea el canal del Senado, si se junta el domingo y pertenece a una de esas familias de a pie, si hace el cálculo de cuánto gasta cada miembro del hogar en transporte público a la semana, en transporte escolar, etcétera, y suma todos los gastos por ese concepto y toma el ingreso total del núcleo familiar -me da lo mismo si se trata de un pituto, un pololito, un empleo estable, una pensión, lo que usted quiera-, yo le garantizo que el resultado no baja de un 15 a 22 por ciento del ingreso total.
Por lo tanto, entre el 15 y el 22 por ciento del ingreso de los hogares se gasta en transporte público, y en un transporte público malo a ratos, que no responde.
Entonces, el taxi colectivo cumple un rol en el sistema.
Pero vuelvo al tema de fondo, señor presidente.
Como Chile ha sufrido modificaciones increíbles, hoy día, de los 415 mil vehículos nuevos que se vendieron el año pasado -algo así como 670 vehículos diarios-, no todos son segundo vehículo de una familia adinerada en nuestro país, sino, a veces, el de una primera generación con auto. Y esos chilenos se ven enfrentados, después de que han logrado comprar su vehículo -y esta es una realidad en nuestro país, porque Chile progresa-, a pagar tag, concesiones, permisos de circulación, silla para la guagua, impuesto específico a los combustibles, etcétera, etcétera.
Podemos reírnos, pero hay que entender que estas son las nuevas demandas de una clase media emergente que aspiró a un vehículo y lo consiguió. Y este impuesto específico le puede doler, aunque podría llegar a entenderlo si es que lo pagáramos todos. Sin embargo, ven que algunos no lo pagan. Y eso es lo que genera irritación.
De ahí que cuando proponemos incluir este tema en la reforma tributaria presentada por el Gobierno no es para "hinchar", sino para que aprovechen el impulso. ¿Quieren hablar de integración, decir que fomenta la economía? ¡Pongamos el tema del impuesto a los combustibles, pongamos el tema de las franquicias, pongamos el tema de los impuestos verdes, de los impuestos a la salud!
Hay que tratar de avanzar más en eso.
¡Ese es el argumento!
Efectivamente, sería irresponsable, señor Ministro, si dijera que va a eliminar el impuesto específico a los combustibles y dejar de percibir 2 mil 400 millones de dólares sin compensarlos con nada. Le encuentro toda la razón. Pero lo estamos invitando, como Oposición -y no solamente la Oposición-, a preguntarse si no habrá espacio para revisar integralmente esta materia de una buena vez.
¡La incoherencia es máxima! Si yo tengo un auto, pero, si ese auto es diésel, ya está subsidiado, por el combustible que ocupa, que de por sí contamina más. Y, si es a gasolina, no. Y el subsidio puede ser mayor si es que soy transportista de carga. Pero, si tengo un taxi colectivo y llevo a los miembros de mi familia a su trabajo, que pueden tener tres pegas diarias, en Valparaíso y Viña, no recibo ningún beneficio.
Entonces, le quiero decir al señor Ministro que yo lo apoyo. Y tiene razón: no le voy a pedir que elimine este impuesto, porque tiene que recaudar. Pero también admitirá que tal vez hay otras formas de recaudar o que sean más progresistas.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, lamento que lleguemos a esta hora de la sesión habiendo otro proyecto que es muy importante tratar.
He escuchado muchas intervenciones, pero, más allá del origen de este impuesto, hay que asumir que nuestro país cambió. Originalmente, aquel tenía por objeto financiar la mantención de las vías. Sin embargo -seamos claros-, hoy día la gran mayoría de las vías estructurantes interurbanas del país están concesionadas y su mantención la pagan todos los ciudadanos cada vez que transitan por ellas. Por tanto, no tiene lógica la existencia de un impuesto para esa finalidad.
Si el objetivo es recaudar y a través de este impuesto, tal como señaló aquí el Ministro de Hacienda, se recaudan 2 mil 400 millones de dólares, entonces me impresiona la liviandad con la cual la autoridad de gobierno entrega la mitad de esa cifra: 1.200 millones de dólares, como si sobraran. Es como si estuviera diciendo: ¿Saben qué? A este sector le voy a reintegrar lo que gasta en esto. O sea, dejo de recaudar 1.200 millones de dólares porque hay un sector que grita, que amenaza, que cruza camiones, que le hizo imposible la vida al Gobierno anterior, así que, para que no haya problema, le voy a efectuar una devolución. Y se deja fuera, señor Presidente, al trasporte colectivo.
Probablemente, pocos Ministros de Hacienda han circulado por alguna provincia, por alguna capital provincial donde la gente se mueve en colectivo. Pero el transporte colectivo no va a tener ningún beneficio en esta materia. Y es el que transporta a la clase media de Calama, de Arica, de Chillán, de Los Ángeles, de Curanilahue, en fin. ¡Así se moviliza la gente en esos lugares!
Entonces, aquí se está proponiendo aprobar un texto del Gobierno que excluye al transporte colectivo.
Yo no estoy disponible para hacerlo, porque creo que no es justo.
Si hay un Gobierno disponible, al margen de una discusión integral en materia de impuestos, para meterse las manos al bolsillo y devolver mil 200 millones de dólares, yo digo: "Bueno, discutamos otras exenciones".
¡Claro!
¿Por qué las sociedades de apoyo al giro de los bancos no pagan IVA, por ejemplo? ¡Y no digamos que estas entidades son pobres!
Bueno, si establecemos un beneficio directo, ¡hagámoslo para quienes más están sufriendo, los adultos mayores, y disminuyamos el IVA a los medicamentos, pues! Es un golpe directo, ¡directo!, a la salud de los adultos mayores del país.
¿Sabe lo que pasa, señor Presidente? Que cuando se discute con la "teoría del salame", poco a poco, lo que ocurre, en la práctica, es que se beneficia a unos pocos y se perjudica a muchos.
Por eso, en esta oportunidad, y con todo el ánimo de colaboración que he tenido en numerosas materias, no estoy disponible para aprobar este proyecto porque creo que es injusto; porque creo que no es adecuado, y porque creo que no se orienta a lo que corresponde, que es apoyar a la gente que más lo necesita: a los adultos mayores o, eventualmente, a nuestros colectiveros que transportan a la verdadera clase media y a las trabajadoras y los trabajadores de Chile.
Yo, como representante de las Regiones de Ñuble y del Biobío, ¡no voy a apoyar este proyecto!
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor García.
Luego, cerraré el debate, e intervendrá el señor Ministro.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
De la última intervención se podría desprender que el costo del proyecto es de mil 200 millones de dólares. Si alguien lo interpreta así, está profundamente errado.
El costo de la iniciativa, que, por lo demás, es la reiteración de iniciativas legales vigentes, es de 40 millones de dólares.
Creí conveniente hacer esta precisión.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, la explicación del Honorable señor García me ahorra comentarios, porque la cifra de mil 200 millones de dólares está completamente equivocada.
Solamente deseo aclarar ese punto, a fin de realizar la votación con la información correcta.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de ley (21 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Harboe, Latorre, Navarro y Quinteros.
Se abstuvieron la señora Aravena y los señores Chahuán, Elizalde, Guillier y Kast.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).-
Conforme al orden de la tabla, corresponde tratar el proyecto de ley sobre procedimiento de relocalización de concesiones de acuicultura.
Al respecto, el Senador señor Rabindranath Quinteros pide que se le permita decir algunas palabras y que se vea ahora el proyecto, sin discusión, a fin de avanzar en su despacho.
Si le parece a la Sala, procederíamos de esa forma.
--Así se acuerda.
AMPLIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RELOCALIZACIÓN DE CONCESIONES DE ACUICULTURA Y ESTABLECIMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES PARA COLECTA DE SEMILLAS
El señor MONTES (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "simple"
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.317-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, lo que ocurre es que este proyecto lleva tiempo esperando que pase a la Sala.
Fue votado por unanimidad en la Comisión. Es un proyecto muy corto, y solo quiero leer sus objetivos (no demoraré más de dos minutos). Y si la Sala ratifica la votación de la Comisión, seguiremos adelante.
Objetivos del proyecto
Primero, ampliar el proceso de relocalización de concesiones de acuicultura a cultivos que no sean salmones.
Segundo, establecer permisos especiales para la colecta de semillas.
Tercero, modificar el procedimiento de otorgamiento de concesiones de acuicultura.
1.-
La Ley N° 20.434, del año 2010, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, estableció una institución denominada "relocalización de concesiones", por razones de ordenamiento territorial.
2.-
El proyecto se hace cargo de las concesiones desplazadas de sus lugares de otorgamiento debido a problemas de cartografía, relocalizando las concesiones de mitílidos (choritos) y algas, tarea particularmente relevante en la Región de Los Lagos. De este modo, se mejoran las condiciones de operación, asegurando el desempeño ambiental y sanitario.
Las concesiones que se relocalicen tendrán una vigencia de 25 años, contados desde la fecha de la relocalización, renovables por igual plazo.
Quiero recordar que hasta el año 2010 las concesiones eran indefinidas.
3.-
Se establece una regulación específica que permite determinar las áreas de colecta de semillas y el otorgamiento de permisos especiales para realizarla fuera de las áreas de manejo y de concesiones de acuicultura.
4.-
Para la Región de Los Lagos se ha previsto la entrega de permisos especiales de colecta a quienes cumplan los criterios de uso previo, realizados en virtud de permisos de escasa importancia (permisos transitorios y precarios de un año de duración).
Una vez otorgados los permisos especiales de colecta a quienes cumplan los requisitos, ya no será factible realizar colecta de semillas en la Región de Los Lagos amparada en permisos de escasa importancia.
5.-
Regula un permiso especial, en virtud del cual se reconoce la actividad de colecta de semillas y se facilita su obtención.
6.-
Actualmente los colectores de semilla no tienen la obligación de entregar información. Este proyecto de ley los obliga a entregar información estadística respecto de la colecta, lo que constituye una ayuda para la fiscalización, porque también existe colecta ilegal de semilla.
7.-
Se eliminan algunas exigencias de los trámites de otorgamiento de concesiones de acuicultura y de su relocalización porque requieren demasiado tiempo.
Antecedentes
Actualmente, existen aproximadamente 3 mil 300 concesiones de acuicultura en Chile, de las cuales alrededor de mil 700 son de choritos y algas, exclusivamente.
La producción anual de choritos es de 450 mil toneladas. En el año 2017 la exportación reportó ingresos cercanos a los 200 millones de dólares. Ese año el cien por ciento de la cosecha de choritos registrada se dio en la Región de Los Lagos.
Solicito a la Sala votar a favor de la iniciativa que propone aprobar por unanimidad la Comisión, para seguir adelante con la discusión en particular.
El señor MONTES (Presidente).-
Bien.
En votación en general el proyecto.
¿Habría unanimidad para aprobar el proyecto?
La señora EBENSPERGER.-
Sí.
El señor KAST.-
Sí.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Solamente quiero preguntar al Senador Quinteros -por su intermedio, señor Presidente-, si evaluaron la necesidad de realizar una consulta indígena, dado que hay comunidades huilliches afectadas en todos los sectores, y si efectivamente esta se efectuó. Porque la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios considera una participación muy amplia y directa de ellos.
Como esta iniciativa se encuentra en su primer trámite reglamentario, y discutiremos el punto en la Sala, quiero decir que considero necesario el proyecto, pero esto va a requerir participación de las comunidades huilliches en el sur.
Eso es, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Senador señor Quinteros, ¿puede aclarar el punto?
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en realidad, la iniciativa afecta a cuatro o cinco comunas de la provincia de Chiloé, específicamente, y dentro de ellas están insertas comunidades mapuches huilliches.
El señor MONTES (Presidente).-
Reitero: ¿habría unanimidad para aprobar este proyecto en general?
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla. ¿Punto de Reglamento?
El señor HUENCHUMILLA.-
Lo que sucede, señor Presidente, es que el Senador Navarro hizo una consulta en el sentido de si, habiendo comunidades afectadas, se había hecho o no la consulta respectiva, o si se hará. Pero el Honorable señor Quinteros no respondió a ello, sino que señaló que "había comunidades".
Entonces, la respuesta a eso determinará la forma en que voy a votar.
El señor MONTES (Presidente).-
Senador señor Quinteros, ¿podría aclarar eso?
El señor QUINTEROS.-
Lo que pasa es que estamos hablando de dos leyes diferentes. La ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPO) va por otro carril. Esta es una relocalización de concesiones que ya fueron concedidas.
Entonces, lo que están planteando acá no tiene nada que ver con este proyecto.
Eso sí, les señalo que en estas concesiones hay muchas comunidades indígenas que se dedican a esta actividad y que están de acuerdo con la iniciativa.
Nada más.
El señor MONTES (Presidente).-
Ya se nos han clarificado las cosas.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y 3 abstenciones), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 14 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Allamand, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Huenchumilla, Latorre y Navarro.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
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El señor MONTES (Presidente).-
Como a continuación veremos el proyecto relacionado con el SENAME, solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese la Directora del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda.
--Se accede.
AUMENTO DE SUBVENCIÓN BASE Y MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CENTROS RESIDENCIALES DEL SENAME
El señor MONTES (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.657-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 72ª, en 27 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.
Hacienda (certificado): sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.
Discusión:
Sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018 (se aprueba en general).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión Especial deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 3° y 4° no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales fueron acordadas por unanimidad, mientras que otras solo por mayoría, y se señalarán más adelante.
La Comisión de Hacienda, por su parte, no introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión Especial.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión Especial y el texto como quedaría de aprobarse tales modificaciones.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión particular.
¿Les parece abrir la votación sobre los artículos aprobados por unanimidad en la Comisión?
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Ossandón, Presidente de la Comisión Especial de la Niñez.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, es muy importante destacar que este proyecto busca aumentar la subvención de los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, subiendo el rango de 8,5-15 unidades de subvención SENAME mensuales a 15-30 (es decir, la dobla).
Además, se amplían las prohibiciones respecto de directivos y personas que trabajan en las OCAS, entidades que tienen por finalidad proteger a los niños, niñas y adolescentes. A esto se suma que se extienden las causales que hoy existen para revocar la calidad de organismo colaborador.
Otro punto también relevante de este proyecto de ley es que se avanza sustancialmente en materia de transparencia referida a información financiera, administrativa y jurídica de las OCAS, aumentando las facultades de supervisión y fiscalización del SENAME sobre ellas.
Dentro de las modificaciones más importantes destaca la incorporación en el texto legal de principios que regirán el actuar de las OCAS, tales como los de responsabilidad, trato digno y no discriminación, objetividad, calidad e idoneidad, entre otros.
En cuanto a las sanciones a las OCAS, se pasa a un sistema de gradualidad en el cual, primero, el SENAME podrá dictar una instrucción de carácter particular al organismo haciendo valer sus observaciones; luego, terminar anticipadamente el convenio, y finalmente, revocar la calidad de organismo colaborador.
Asimismo, se incorporan criterios y estándares para que el SENAME evalúe los convenios celebrados con las OCAS, lo cual significa un avance relevante en lo relativo al control y fiscalización del Servicio Nacional de Menores sobre aquellas organizaciones.
Finalmente, quisiera señalar que el aumento de la subvención que realiza la presente ley en proyecto, si bien es una ayuda importante para dichas entidades, es absolutamente insuficiente conforme a la totalidad de la información de que disponemos.
Deseo destacar el buen clima y la capacidad de negociación y discusión que hubo de parte de todos los miembros de la Comisión Especial de Niñez para mejorar este proyecto.
Por todo lo anterior, le pido a esta Honorable Sala que apruebe la presente iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).-
Les aclaro a las señoras y los señores Senadores que la votación está abierta para los artículos que fueron acordados por unanimidad en la Comisión. Porque hay otros que se acogieron por mayoría.
La señora RINCÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).-
¿Punto de Reglamento, señora Senadora?
La señora RINCÓN.-
Así es.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, quiero pedir que se recabe la unanimidad de la Sala para que podamos realizar una sola votación respecto de todos los artículos, independiente de que otros no hayan sido acogidos en forma unánime.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Así se acuerda.
Entonces, la votación está abierta para todos los artículos del proyecto, tanto los que fueron aprobados unánimemente como los acogidos por mayoría.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, falta el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES (Presidente).-
Perdón, señor Senador. En efecto, falta ese informe.
Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, quiero subrayar que este proyecto de ley no establece la nueva institucionalidad que necesitamos para los niños en situaciones de vulnerabilidad; no crea la institución que requerimos sobre la base de otra normativa, relacionada con las garantías y los derechos de la infancia. La presente iniciativa tiene como eje aumentar el financiamiento a los centros residenciales de los organismos colaboradores del SENAME.
Ese es el foco.
Ahora bien, es pertinente señalar que tanto en la discusión en la Cámara de Diputados como en la del Senado se abordaron principios y estándares para complementar este debate, que es muy bueno. Y significa un tremendo avance lo que ha hecho en particular la Comisión de Niñez en esta dirección.
Señor Presidente, cuando el proyecto llegó a la Comisión de Hacienda, se nos informó que lo que pretendía el Gobierno era cambiar la banda de unidades de subvenciones, tanto el piso como el techo, para financiar las residencias. Y se cambia la banda en forma significativa. Ahora, a lo que aspira el Gobierno es a duplicar los recursos de subvención que se entregan a las residencias en lo que respecta a techo y alimentos, esencialmente.
Cuando se nos presentó el informe financiero, se planteó que ello se haría en el lapso de cuatro años, es decir, que habría un aumento con un techo de 30 unidades de subvención, que se avanzaría de las 15 que hay ahora. En este sentido, no hay que olvidar que el Gobierno de la Presidenta Bachelet incrementó muchísimo esa subvención en relación con la que había y se llegó al techo de la banda. Y aquí estamos modificando esa banda.
Pero el informe que se presentó no fue satisfactorio para los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque planteaba que en el año 2019 solo se podía aumentar hasta el 25 por ciento del tramo, es decir, el incremento sería aproximadamente de unos 90 mil a 95 mil pesos en el año en curso.
Este proyecto surgió el año pasado, y en su diseño original la idea era que el 2018 aumentara el costo fiscal en aproximadamente 10 mil millones de pesos; el 2019, en 10 mil millones de pesos. En suma, a lo largo de este Gobierno se incrementarían en 40 mil millones de pesos los recursos adicionales para subvención.
El informe financiero indicaba que este año solo podíamos llegar hasta 25 por ciento.
A este respecto, cabe destacar que en la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda con el señor Ministro de Justicia, nuestro excolega Hernán Larraín, y la Directora del SENAME todos llegamos a la convicción unánime de que no se podía culpar ni al Servicio Nacional de Menores, ni a su equipo, ni al Ministro de la situación que existe en las residencias y en los CREAD, porque se trata de un problema bastante más estructural. Además, varios manifestamos que no resultaba justo tampoco culpar a los gobiernos anteriores, por cuanto el problema era más profundo, dado que se quebró el pacto histórico que había, el cual consistía en que el Estado financiaba con un tercio a los centros cooperadores del SENAME y estos ponían los otros dos tercios.
Pero eso ya no es viable, señor Presidente, porque las instituciones cooperadoras no logran recibir donaciones para cubrir el monto de ese gasto.
En atención a ello, logramos introducir un cambio. De modo que, por su intermedio, señor Presidente, quiero agradecer al Ministro Blumel, quien nos acompañó en esa discusión y entendió que no aprobaríamos el proyecto si no cambiaba el informe financiero de manera tal que se permitiera que este año, el 2019, se aumentara hasta el 50 por ciento la subvención de residencia.
Este es un avance que consideramos muy importante. Esperamos que en el año 2019 se aumente el 50 por ciento, no el 25 por ciento.
Esa va a ser una tremenda diferencia para las instituciones colaboradoras.
Termino indicando lo siguiente.
Entendemos que esta no es la solución para los centros de residencia.
Entendemos que estamos hablando de más de seis mil niños que están en situación de vulnerabilidad, cuyas familias han fracasado y han sido muchas veces las causantes del daño.
Lo óptimo es que no llegue ningún niño a un centro de residencia; que si son vulnerados en sus derechos estén en sus propias familias de acogida o en familias alternativas de acogida, no las que los vulneran, por cierto, pero la idea es que estén en contextos familiares.
Eso no siempre es posible. El Estado debe tener alternativas, y es por eso que se aprobó la iniciativa en la Comisión, porque se genera este aumento de disponibilidad de recursos para que la subvención se incremente este año a un ritmo más rápido.
Los integrantes de la Comisión Especial de Infancia podrán entrar al detalle de los estándares y de otros criterios que son muy importantes, pues constituyen el corazón de la orientación política de este proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Ya se acordó que el señor Ministro, aun cuando estemos en votación, pueda intervenir si lo solicita.
Tiene la palabra el Ministro señor Larraín.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, yo quisiera iniciar estas palabras agradeciendo al Senado, tanto a la Comisión Especial de Infancia como a la de Hacienda, por la forma como han trabajado esta iniciativa, no solo en la calidad de los contenidos específicos, sino que muy en particular por la rapidez con que han actuado.
Entiendo que han pasado cincuenta días desde que el proyecto inició su tramitación y hoy está conociendo su sanción final. Y eso, tratándose de una iniciativa de esta envergadura, por lo sensible que es el tema de la niñez vulnerable, tiene un especial mérito que queremos reconocer.
El proyecto estuvo en esas dos Comisiones y quiero referirme separadamente a lo que ocurrió en cada una de ellas, porque en ambas se produjeron hechos de mucha significación.
En el caso de la Comisión Especial de Infancia, presidida por el Senador Manuel José Ossandón, se hizo un trabajo en donde se fueron analizando los distintos aspectos que ya habían sido corregidos y perfeccionados en parte en la Cámara de Diputados.
Básicamente, como ya se ha dicho, este proyecto busca mejorar el financiamiento de los organismos colaboradores acreditados que tienen centros residenciales, y, en lo sustantivo, ello se hace a través de cambiar la banda con que hoy día se otorgan esos recursos. En tal sentido, es una iniciativa acotada a la ley que regula las transferencias que entrega el SENAME a esos organismos colaboradores.
Por tanto, no se trata de un proyecto en que se pueda regular todo el sistema que afecta a la niñez, vulnerable o no vulnerable. Recuerdo que hay varias iniciativas que se están tramitando en paralelo hoy día en el Congreso: la que crea el Servicio de Protección de la Niñez, la que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la que se refiere a la adopción, la que aborda las garantías y derechos fundamentales de la niñez, entre otras. Todas ellas, más la que ahora se está votando, hacen un conjunto que se ha venido trabajando, incluso algunas desde el anterior Gobierno, y que permite pensar que nuestro país está haciendo suyo el compromiso con la niñez, y particularmente, con la niñez vulnerable.
Pero, en lo específico, la labor de la Comisión Especial de Infancia estuvo orientada fundamentalmente a perfeccionar la forma, los principios y algunas otras exigencias que garanticen el mejor uso de los recursos.
Quisiera señalar que las modificaciones incorporadas en este trámite legislativo han procurado que se consideren nuevos principios que informan la acción del SENAME en la relación con estos organismos colaboradores, principalmente respecto de la probidad en el ejercicio de las funciones; de la responsabilidad en el desempeño del rol público; del trato digno, evitando la discriminación y la estigmatización de los sujetos de atención del Servicio y de sus familias; de la objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo, y de la participación e información de los niños en cada etapa de la intervención.
En seguida, también se hizo una especial prevención para que quienes se dedican a la línea de diagnóstico no puedan a su vez recibir recursos para aquellos que se consagran a atender centros residenciales o desarrollan programas de distinta naturaleza, porque son juez y parte a la vez. Esto constituye una clarificación que evita influencias indebidas.
También se agregaron nuevas inhabilidades para la acreditación de los organismos colaboradores, entre las cuales están:
-Las referidas a aquellos que en los órganos directivos cuenten con personas que figuren en el registro de personas con prohibición para el trabajo con menores de edad, que figuren en el registro de condenados por violencia intrafamiliar o que hayan sido condenadas por crímenes o simples delitos que pongan de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de los niños.
-Las relativas a quienes tengan en su directorio personas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales, infracción de los derechos fundamentales de los trabajadores o delitos concursales establecidos en el Código Penal con un año de anterioridad a la respectiva solicitud.
Se agrega, además, una causal de revocación del reconocimiento de la calidad de colaborador en el caso de que el SENAME en más de una ocasión haya puesto término anticipado a un convenio acerca de un mismo colaborador.
Por otra parte, se establece a los colaboradores acreditados la obligación de consultar semestralmente el registro nacional de condenas, para asegurar que no tengan ahí personas que estén prohibidas de trabajar con niños.
Se considera la inhabilidad para desempeñar labores de trato directo con los niños, tratándose de personas que tengan adicciones o problemas de salud graves.
Finalmente, se incorporan causales para el término anticipado o modificación de los convenios, con la finalidad de resguardar la debida atención respecto de los niños.
Esto, dicho en forma muy resumida.
Como he señalado, más allá de algunos puntos donde hubo diferencias, en general el ánimo en la Comisión fue de encontrar acuerdos. Y se buscaron esos consensos a través de equipos técnicos que permitieron mejorar en forma significativa la calidad y el contenido de este proyecto, que parecía una ley corta, pero que hoy día es una ley hecha y derecha y muy sustantiva sobre las materias de fondo.
En cuanto al aspecto financiero, quiero señalar que la Comisión que preside el Senador Juan Pablo Letelier hizo una observación que me parece bastante pertinente. El proyecto estaba construido sobre la base de que se iba a realizar a partir del año pasado. El Gobierno ha comprometido duplicar durante su período esta unidad de subsidio del SENAME, como una forma de apoyar realmente a los organismos de la sociedad civil que colaboran en esta tarea. Pero, por las demoras que ha tenido la tramitación de esta iniciativa, en lugar de cuatro años, esto se está haciendo en tres.
Por lo tanto, el informe financiero aparecía efectivamente desfasado, y por más que se había comprometido la voluntad del Gobierno, se pidió un informe complementario que ha ayudado no solamente al despacho de este proyecto, sino que a precisar dos conceptos que me parece muy importante reafirmar en esta Sala:
Uno, como lo señaló el Ministro Blumel en la sesión que tuvimos esta mañana en la Comisión de Hacienda, el Gobierno va a cumplir su compromiso de duplicar, no en cuatro, sino en tres años -porque no se había aprobado antes- la unidad de subsidio del SENAME para los organismos colaboradores.
Y dos, para el año en curso, la iniciativa original, en su informe financiero, planteaba que en el primer año de su aplicación el límite efectivo de la subvención se incrementaría en 25 por ciento. Si ese criterio se mantuviese en el informe financiero, ello habría significado que para este año solo se hubiera podido aumentar en ese porcentaje, complejizando las asignaciones de los años siguientes y, adicionalmente, impidiendo que los recursos que están previstos en la Ley de Presupuestos, que permitan el pago de todo el año de este aumento, se pudiesen emplear.
En consecuencia, lo que se hizo fue cambiar el informe financiero. De modo que hoy día -algo explicaba el Presidente de la Comisión-, lo que estamos aprobando instala que en el primer año de aplicación, el 2019, el aumento de la subvención va a poder alcanzar hasta un 50 por ciento del total de la subvención existente. Y, por tanto, ya vamos a haber avanzado, si llegáramos a ese porcentaje, en forma bastante más rápida para cumplir el objetivo de duplicar esta subvención en el período de Gobierno.
Sin embargo, eso va a depender del momento en que se aplique esta normativa. Si los recursos disponibles aprobados en la Ley de Presupuestos, que aproximadamente alcanzan a los 10 mil millones de pesos, se logran asignar a partir del segundo semestre, entonces, el incremento va a ser del 50 por ciento. Porque se van a gastar esos dineros en un semestre, pero tienen efecto de año completo. Es como si aumentáramos, para los fines presupuestarios, en 50 por ciento, es decir, como si estuviéramos gastando 20 mil millones de pesos, aunque solo se gasten 10 mil millones.
Ahora, si en lugar de hacer aquello en la mitad del año se realiza en ocho meses, el incremento que tendremos será de un tercio de la asignación actual.
Probablemente, el porcentaje en que se va a aumentar esta subvención va a fluctuar entre 33 y 50 por ciento, de acuerdo a la tramitación que tenga esta iniciativa, que luego de aprobada por el Senado, debe ir a un tercer trámite constitucional. Hay un compromiso de la Cámara de Diputados en el sentido de despacharla el próximo martes.
Una vez terminada la tramitación en el Parlamento habría que aprobar el reglamento respectivo para su aplicación, el que debe ser tramitado por la Contraloría.
Calculamos que, si todo marchara rápido, deberíamos estar entre el 1° de abril y el 1° de mayo con esta iniciativa zanjada. En ese caso, estaríamos hablando de un aumento de la subvención de 33 por ciento, lo que significaría que en los dos años siguientes el incremento debería ser en proporciones similares: de un tercio cada año. Y así cumplimos la duplicación.
Por cierto, si los escenarios económicos son distintos o mejores, podremos evaluar aquello.
Pero el hecho es que la discusión que realizamos hoy día en la Comisión de Hacienda nos permitió entrar con un informe financiero complementario hace pocas horas (al inicio de esta sesión), y, sobre esa base, no solo lograr la aprobación unánime en el referido órgano técnico, sino que garantizar que vamos a tener un incremento de la subvención de residencia proporcionalmente mayor que lo que se había pensado. Ello nos posibilita de alguna manera recuperar el tiempo perdido, lo cual, a mi juicio, reviste un valor enorme.
Señor Presidente, agradezco el tiempo que me ha dado para expresar y explicar esta situación.
Reitero mis agradecimientos por el trabajo que se ha efectuado en el Senado. Probablemente, este sea un paso pequeño, pues hay muchas cosas por hacer. La Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, está empeñada en realmente transformar el SENAME, incluso antes de que se creen los nuevos servicios.
Todo esto se está haciendo simultáneamente. Sin embargo, el que estamos dando ahora es un paso muy necesario. Los Organismos Colaboradores Acreditados actualmente reciben para sus funciones menos del 50 por ciento de su financiamiento presupuestario de origen fiscal.
Con el tiempo, la labor que ha hecho la sociedad civil por más de un siglo, de trabajar por la niñez vulnerable antes de que el Estado se hiciera cargo, se va a ver aliviada con justicia por este aporte que empezamos a incrementar en forma significativa, de acuerdo a los compromisos que asumió el Presidente Piñera al inicio de su Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley busca, efectivamente, hacerse cargo de la necesidad de contar con el financiamiento necesario para las organizaciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores.
¿Por qué es tan importante aquello?
Estudios independientes hablan de que hoy día el promedio de financiamiento de las OCAS es de 235 mil pesos, cuando, finalmente, lo necesario para atender las necesidades de los menores asciende a 800 mil pesos como mínimo. De hecho, en los CREAD, que son los centros residenciales administrados directamente por el Estado, estamos hablando de un financiamiento promedio de 2 millones 235 mil pesos.
Hoy se está planteando una situación bastante dramática desde el punto de vista de nuestra capacidad para inyectar más recursos.
Por eso quiero felicitar al Gobierno del Presidente Piñera, pues ha puesto el foco en generar respecto de la infancia una política pública sustantiva.
Ya hemos dicho que presentamos una querella por los hechos ocurridos en el CREAD de Valparaíso que terminó con nueve funcionarios imputados; además, pedimos un informe al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también alegamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
Quiero contarles lo que señala el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice que Chile vulnera en forma grave y sistemática doce artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Además, expresa que nuestro país, en virtud del artículo 39 de dicho instrumento internacional, debe proceder a la reparación de las víctimas. También mencionó que debía cerrarse de inmediato el CREAD de Valparaíso.
En el mes en curso vendrá una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver lo relativo a la grave y sistemática violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se ha producido en nuestro país, en el Estado de Chile.
Estamos hablando de la violación de derechos humanos más grave registrada en democracia.
Pero acá tenemos un Estado que reacciona. Hoy día estamos contribuyendo a esa reparación. El Gobierno del Presidente Piñera; el Ministro de Justicia; la Subsecretaria de Derechos Humanos; la Directora Nacional del SENAME, quien ahora nos acompaña, están encaminados a hacerse cargo de esta materia.
Señor Presidente, ¡cien mil dosis de SOS han sido distribuidas en los hogares colaboradores del SENAME!
Esa es una situación dramática, que habla de que hoy día existe un déficit de horas psiquiátricas infantiles.
Por eso, quiero agradecerle a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores el respaldo que nos ha brindado. Porque estamos trabajando con el doctor Luis Alberto Dueñas en el primer proyecto piloto sobre infancia y adolescencia vulnerada: el centro integral de apoyo psiquiátrico infanto-juvenil, que funcionará en las dependencias que tenía el CREAD de Valparaíso, el cual estamos remplazando por un nuevo modelo residencial, al que ya se están trasladando los jóvenes.
Esperamos que haya más celeridad en ello. Pero se está haciendo un trabajo consistente.
Señor Presidente, el edificio que ocupaba el CREAD de Valparaíso pertenece al SENAME. Fuimos a hablar con la Directora Nacional, ¿Y qué ocurrió? Se lo traspasó al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para establecer el primer centro de salud mental infanto-juvenil, a fin de cubrir las horas psiquiátricas infantiles.
Esto habla de gestión efectiva; de hacer la pega en serio; de cambiar la vida de las personas; de cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes que no tendrían mayores alternativas si no existiera un proyecto de esta naturaleza.
¡Esto es política en serio! ¡Esta es política con mayúsculas! ¡Esta es la política que debiera ocupar a los gobiernos!
Por ello, quiero agradecerles a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores; a la anterior Directora del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio señora Alis Catalán, y, por cierto, al nuevo Director de este Servicio.
También agradezco el trabajo mancomunado del Ministro de Salud, del Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Luis Castillo.
Asimismo, deseo agradecer en forma muy especial a Luis Alberto Dueñas, y a todos quienes han participado en este proyecto.
Esta iniciativa es urgente y necesaria.
Si nos refiriéramos al déficit de recursos que existe en las OCAS, veríamos...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.-
... que en nuestra Región, por ejemplo, no disponemos de un hogar que se ocupe de la atención de lactantes.
Hace algunos días, la Senadora señora Rincón presentó un proyecto de ley para desinstitucionalizar a los niños de entre cero y tres años.
Nosotros no tenemos un hogar colaborador que se dedique al cuidado de los lactantes.
¿Y por qué pasa eso? Porque hoy día hay ausencia de recursos.
La política de desinstitucionalización de niños de entre cero y tres años es urgente y necesaria. Pero si ella no existiera, ¿quién se haría cargo de ellos? Actualmente, en la Región de Valparaíso ni siquiera hay una OCA que pueda atenderlos.
El llamado es urgente.
En tal sentido, deseo agradecer la voluntad de Estado que ha habido en el Senado, que espero se conozca, pues acá estamos introduciendo una política pública que le va a cambiar la cara a Chile.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Debo hacer presente a la Sala que restan nueve Senadores por intervenir. De modo que les pediría a Sus Señorías que se ajustaran al tiempo establecido.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto, partiendo por nuestros asesores: Sebastián Divin, asesor del Senador Quintana; Rafael Ferrada, asesor de la Senadora Allende; Paulina Gómez, mi asesora; Sebastián Valenzuela, asesor del Ministro de Justicia y de Susana Tonda para estos efectos.
Hay muchos más detrás de todo esto, pero creo que justicia y nobleza obligan y corresponde agradecerles a ellos. Han estado acompañándonos en el análisis de la iniciativa.
El trámite de este proyecto de ley, lo ha dicho el señor Ministro -y quiero ratificarlo, porque hay personas como el señor Melnick, que no siguen el debate en las Comisiones pero se permiten hacer falsas imputaciones en redes-, se demoró exactamente 50 días en el Senado de la República.
Hicimos un trabajo minucioso.
El proyecto de ley tenía inicialmente dentro de sus objetivos aumentar la banda de subvención y agregar como criterios de evaluación de convenios con los colaboradores la transparencia, la eficacia, la eficiencia y la idoneidad.
El Ministro ha hecho una relación, al igual que los Presidentes de las Comisiones de Infancia y de Hacienda, de los cambios que introdujimos al texto. Y estas modificaciones tienen sentido, y un sentido profundo.
Hace unos días escuchábamos en las noticias que habían encontrado en la vía pública de la comuna de Nueva Imperial, provincia de Temuco, documentos de una fundación colaboradora del SENAME con los antecedentes de niños y niñas, con la especificación de sus nombres. Y la verdad es que uno piensa: "No puede ser que quien cuida a menores no tenga exigencias y estándares de calidad".
Y eso hemos especificado en el texto del proyecto de ley en la Comisión. Lo señaló el Presidente del órgano técnico. Hemos trabajado en conciencia; hemos operado mirando a estos niños, niñas y adolescentes, pensando como Estado, no como Senado, parlamentarios o Gobierno. Porque el Senador Chahuán menciona algo que es cierto: doce infracciones a artículos de normativas sobre derechos humanos nos representan como Estado de Chile. Nosotros, como Estado, tenemos el deber de velar por esos niños, niñas y adolescentes.
Entonces, cuando vamos a pasarles recursos a estas instituciones colaboradoras no se trata solo de pensar en el dinero ni decir "Es poco lo que tienen" -es verdad, y lo planteamos cuando aprobamos la idea de legislar aquí, en la Sala; y siempre señalamos que, obviamente, íbamos a aprobar el proyecto-, sino que de establecer que quien administra estos recursos debe hacerlo cumpliendo con mínimos estándares, porque tiene que velar por el cuidado de esos niños.
De acuerdo con las convenciones y los tratados internacionales, de acuerdo con aquello a lo que nos hemos obligado, somos nosotros, como Estado, los que debemos responder por esos niños, niñas y adolescentes.
¡Y por eso se nos representan estas violaciones a los derechos humanos de esos niños!
Por ello el Senador Chahuán señala que en esta reunión a la que asistió se nos representó -y con justa razón- la vulneración a las normas mencionadas.
Y frente a lo ocurrido en el CREAD de Playa Ancha y en otros lugares, también podemos ver la cara buena y amable. Lo vivenció la Directora del SENAME, Susana Tonda, en el hogar Belén de Talca, una institución que lleva muchos años funcionando, que lo ha hecho bien, y lo ha hecho bien con pocos recursos.
Y eso, obviamente, también hay que reconocerlo.
Señor Presidente, por cierto que el proyecto de ley que nos ocupa había que aprobarlo, pero había que incorporarle mejoras. Y esas mejoras, acordadas de manera mayoritaria, de forma unánime, hoy día las sometemos a la consideración de cada uno de ustedes en el Senado de la República.
Y por eso nos alegramos y creemos que, como dije al principio, no puede ser que quien cuida a los niños no tenga exigencias de calidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, quiero agradecerles a todos los Senadores que participaron de este proceso. Creo que hoy día podemos estar también contentos. A diferencia de lo que desgraciadamente ocurrió en la Cámara de Diputados, donde se demoraron siete meses y medio en un proyecto que obviamente constituye un aporte pero que no era complejo, el Senado está sacando la iniciativa en menos de un mes y medio.
Considero que eso habla de un estilo de hacer política que trae esperanzas, en el sentido de que en aquellas cosas que nos unen podemos trabajar en conciencia, podemos ir buscando los acuerdos.
Y si hay un legado que me encantaría que quedara después de este Gobierno, es lo relativo a la infancia.
Lo señalo porque sabemos que esta iniciativa es solo uno de una serie de proyectos de similar orientación.
Ayer recibimos la buena noticia de que se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la creación del nuevo Servicio de la Infancia, que viene a reemplazar al SENAME.
Por lo tanto, este proyecto es parte de una arquitectura más global.
Señor Presidente, no solo les agradezco a los Senadores, sino también al Ministro de Justicia, a Susana Tonda y a todo el equipo de personas que trabajaron en este proceso.
Y hago un reconocimiento también a todas las instituciones colaboradoras que trabajan a conciencia -a aquellas que no operan así, obviamente que no- y que sabemos que administran pobreza. Y no solamente eso, sino que además sufren una discriminación brutal: deben atender a niños que han sido vulnerados en sus derechos con el 25 por ciento de los recursos con que funcionan las instituciones del Estado. Claramente, no podemos tener niños de primera y de segunda categoría.
Este proyecto se hace cargo de exigirles a todas las instituciones colaboradoras estándares de calidad, transparencia y de que haya fiscalización.
Señor Presidente, una vez más, felicito al Senado por su celeridad y por el espíritu de trabajo en equipo que ha demostrado. Y espero que la próxima semana, luego del tercer trámite en la Cámara de Diputados, ya sea una realidad este aumento de subvención para el SENAME.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en la misma línea que se ha planteado acá, también quisiera destacar el trabajo que se ha hecho de manera conjunta, en particular el realizado en la Comisión de Infancia, que preside el Senador Ossandón y que integran las Senadoras Ena von Baer, Isabel Allende, Ximena Rincón, y a la cual acompañó en una parte importante de sus sesiones el Senador Felipe Kast.
Considero que todos los puntos de vista fueron útiles, significaron una tremenda contribución. Aquí hubo una mirada de país.
Más allá de las descalificaciones o de las caricaturas que se pretendió hacer, encuentro muy malo cuando alguien intenta sacar provecho político de la infancia, y, en este caso, de la infancia vulnerada. Siempre eso va a ser pésimo.
Y la Comisión entendió eso.
También quiero destacar el esfuerzo que ha realizado el Ministro de Justicia. Y también destaco, por supuesto, la disposición, la apertura que ha manifestado la Directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda. Lo señalo porque en un comienzo se pensó que este proyecto era poco menos que de fácil despacho.
Efectivamente, el incremento propuesto no es tan significativo: en promedio, significan 96 a 98 mil pesos. Sé que los dineros van a ser bien invertidos, que habrá de parte del Servicio Nacional de Menores una especial preocupación, una especial diligencia, como también de los CREAD, de las casas de acogida, de los organismos colaboradores y de todos los programas contemplados.
Por eso aquí no podía haber simplemente un incremento de recursos laxos y que cada uno hiciera lo que quisiese con ellos.
Una Senadora planteaba recién el hecho lamentable que conocimos ayer, ocurrido en la Región de La Araucanía justamente, donde en un depósito de basura se encontraron -entiendo- quince carpetas, quince informes, con las fotografías de los menores, con el daño que han sufrido, con el diagnóstico, con las terapias que han recibido. Esa es una vulneración completa de derechos.
O sea, si al tratamiento que durante los últimos gobiernos, en general, se les había dado a los niños vulnerables le agregamos esta situación, evidentemente ello amerita condenas internacionales como las que hemos recibido de los organismos de derechos humanos en el contexto internacional.
Pero también quisiera ser justo. No considero bueno, a partir de este hecho lamentable, estigmatizar a toda una institución.
En la Fundación La Frontera, que depende de una universidad y en que no hay ni de cerca la posibilidad de lucro, su directorio, encabezado por el Vice Gran Canciller y por el propio rector de la universidad, tomó cartas en el asunto. Y también lo hizo su Directora Ejecutiva, que estuvo defendiendo este proyecto hace pocos días.
Pero, evidentemente, ese tipo de situaciones -reitero- no alcanza para estigmatizar a una institución que ha hecho bien su trabajo.
Tanto el Senador Kast como quien habla recorrimos hace algún tiempo algunas de las dependencias de dicha Fundación y hay una preocupación genuina por lo que ocurre con los menores atendidos allí.
A mi juicio, aquí se hicieron muchas cosas mal en el pasado, sin lugar a dudas, y hasta hace poco tiempo también. Pero estigmatizar al SENAME de la manera como se hizo en todo el debate público le significó daño. Por supuesto, aquí murieron niños, más de 1.300, en los últimos años, en distintos gobiernos, y eso es tremendamente grave.
La gran mayoría de esos niños no murió en recintos del Estado ni en residencias privadas, sino en programas. Pero eran programas donde también existía una responsabilidad por parte del Servicio Nacional de Menores.
Por lo tanto, debemos hacernos responsables de que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
Tengo una preocupación en particular, e insisto en manifestarla. Creo que no se trataba de apurar así a tontas y a locas solo un aumento de recursos. Aquí debe haber rendición de cuentas, un sistema estricto de control. Como dicen los abogados, también hay que responder por la culpa leve. Se debe hacer el mayor esfuerzo y tener el mayor cuidado y la mayor diligencia en el uso de estos recursos, pero también en la prestación del servicio.
Y en ese punto me quedó una preocupación, y lo pregunté varias veces: el tema de la salud mental. La Senadora Rincón lo abordó con mucha claridad recién. La salud mental es, probablemente, una de las áreas más sensibles de estos menores. Porque hay patologías asociadas a su condición. Y no existe garantía de que con estos recursos -y probablemente con un nuevo aumento de fondos tampoco la habrá- el tema de salud mental tendrá la acogida y la atención que requiere.
Entonces, llamaría al Ministro -sé que ha estado muy pendiente de esta materia- y a la Directora del SENAME a implementar todos los mecanismos, los estudios y a disponer de los recursos para hacerse cargo de un tema que es central para evitar que estos menores, que ya han sido víctimas, sean revictimizados a raíz de la mala atención que se les pueda brindar.
Por todo lo expuesto, voto a favor.
Y tengo la mejor disposición para seguir acompañando el conjunto de proyectos que, de manera integral y armónica, se tienen que sacar adelante en este período legislativo en pro de la infancia, en cuanto a su protección, a evitar que caigan en la vulneración de sus derechos. Pero si eso, lamentablemente, ocurre, debemos contar con dispositivos del Estado y con la red de colaboradores para que se preste atención oportuna a esos menores.
También tenemos que hacernos cargo de algo que ya hemos planteado: la necesidad de desinternar niños, especialmente en los tres primeros años de vida. Todos los indicadores señalan que el daño que se les genera a esos niños al estar lejos de su hogar, de la familia especializada, de la familia de origen, de la familia extendida, es difícil de reparar en el futuro, por mucha atención oportuna que haya. Esa es otra discusión que viene y también tendremos la mejor disposición de colaborar con ella.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de la iniciativa.
Quiero partir saludando al señor Ministro de Justicia y a la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.
Esta iniciativa constituye un gran paso. Al mismo tiempo, nos muestra lo lejos que estamos del ideal, o de lo que uno pudiera pensar que es el ideal en términos financieros para costear como corresponde la estadía de niños y jóvenes en las residencias.
El proyecto de ley permitirá, en un plazo de tres años, como se ha indicado, pasar de una subvención que hoy es de aproximadamente 400 mil pesos, en cifras gruesas, a una de 800 mil.
Sin embargo, los recursos que hoy día ocupan las residencias administradas directamente por el Servicio Nacional de Menores están por sobre los dos millones de pesos.
Por lo tanto, entre los 800 mil pesos que tendremos de aquí a dos años más y los dos millones -probablemente, se llegará a una cifra superior- todavía existe una distancia enorme. Ese es el desafío.
Todo lo que hemos sabido en materia de atención a nuestros niños y adolescentes en estas residencias nos ha impactado profundamente.
Sin embargo, como lo han señalado distintos señores Senadores y señoras Senadoras que han intervenido previamente, considero que en la generalidad de los casos de las residencias, lo que hay es un tremendo esfuerzo por sacar adelante a esos niños y jóvenes, con muy pocos recursos económicos. Se trata de funcionarios que de verdad dan lo mejor de sí para llevar a cabo una tarea que es tremendamente ingrata, pero al mismo tiempo reconfortante. Es ingrata porque muchas veces no se logran los resultados que se esperan. Y es reconfortante cuando esos resultados sí se alcanzan.
Qué bueno que el Gobierno del Presidente Piñera haya puesto a la infancia como una de las principales prioridades de su mandato; qué bueno que en menos de un año esto se esté concretando, que tengamos una iniciativa que aumenta la subvención al doble.
Debemos seguir perseverando y trabajando, porque el desafío nos convoca a todos. Y todavía estamos lejos de alcanzar niveles de financiamiento que permitan asegurar calidad en el trabajo de recuperación que debemos hacer con estos niños y adolescentes.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Pido el acuerdo de la Sala para que presida el Senador señor Quintana.
¡Para que se vaya acostumbrando desde ya...! ¡Y que asuma antes de marzo...!
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Quintana.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, en este momento estamos culminando un proceso de tramitación que fue una experiencia grata.
Lo digo en mi caso particular, porque quizás partimos con miradas que parecían tener diferencias más profundas, pero en realidad no era así.
Desde el primer día nosotros -y cuando digo "nosotros" me refiero a tres Senadores que participamos activamente como parte de la Comisión pero que además somos de Oposición- pensábamos que era tremendamente importante incrementar la subvención. Porque estamos conscientes de que lo que reciben actualmente estos organismos colaboradores es insuficiente. Necesitamos hacer tremendas exigencias si realmente queremos mejorar la calidad de la atención que reciben nuestros niños, para que haya dignidad, buen trato, profesionalismo, transparencia, en fin.
Reitero que esta experiencia fue grata para mí. Porque, al calor de las muchas sesiones que sostuvimos, el escuchar a varios de los organismos colaboradores y a nuestras autoridades -a la Directora del SENAME, Susana Tonda, y al Ministro- sirvió para darnos cuenta de que perseguíamos el mismo objetivo, de que no era incompatible incrementar la subvención -teniendo consciencia de que esta era una iniciativa más acotada- con decir: "Debe haber principios de reparación, de probidad, de responsabilidad; se ejerce un rol público, con financiamiento público; son instituciones colaboradoras del Estado".
Hemos fallado por años, por décadas, más allá de una u otra Administración, en otorgar un trato digno, justo y en que no se vulneren los derechos de nuestros niños.
Y se desarrollaron distintos estudios y se formaron comisiones, incluso en el Gobierno pasado.
Actualmente hay tres o cuatro proyectos en trámite, pero este era muy concreto.
Sin embargo, a pesar de ser concreto y de tener un objetivo bien específico, que era incrementar la subvención, o duplicarla, en estos tres años que ha propuesto el Gobierno, para nosotros era tremendamente importante que pudiéramos decir a la par: "Debe haber transparencia"; "debe haber un trato digno, no estigmatizado". En este sentido, no podemos internar a un niño, por ejemplo, porque su familia es pobre, como podría ocurrir a partir de algún diagnóstico equivocado o prejuicioso. Debemos exigir un grado de profesionalismo. Tenemos que ir mejorando cada vez más la atención que se les entrega a estos niños que han sido víctimas de abusos, de vulneraciones, que han vivido distintas circunstancias.
Sabemos que nos falta muchísimo por avanzar en la política de la niñez. Sabemos que iremos avanzando.
Y para mí esta fue una grata experiencia porque también me sirvió para demostrar algo que quizás no fue bien entendido, cuando la bancada de Diputados del Partido Socialista no aceptó participar en la Comisión que se formó porque pensaban que el lugar de discusión era el Parlamento. Y, además, porque la bancada -se lo habíamos dicho al Ministro Secretario General de la Presidencia desde el día uno- decide quién la representa y no concuerda en que el Gobierno diga: "Invito a este y a este otro no".
Entonces, se demostró que este es el lugar en el que se debe reflexionar y dialogar, donde se hace la legislación, donde se producen los cambios, donde logramos mucho consenso en nuestras indicaciones.
Hoy día puedo decir con bastante tranquilidad que el Estado, que delega una parte importante de una de sus funciones prioritarias (el cuidado de los niños) en las instituciones colaboradoras llamadas "OCAS", tiene la obligación de velar por que exista un correcto cumplimiento; de velar para que se respeten los estándares; de decretar el cierre o la no acreditación de alguno de estos organismos si existe vulneración grave a los derechos de los niños, y, finalmente, de velar por el principio de responsabilidad en estos centros colaboradores que trabajan con fondos del Estado -no son los únicos- y ejercen un rol público.
Para nosotros, todos esos criterios de calidad, de objetividad, de especialización del trabajo son tremendamente importantes, a la par con la buena información y la participación de los propios niños, que fue otro punto que discutimos y que resultó acogido.
Asimismo, en honor a la verdad, quiero recalcar que sostuvimos un permanente diálogo -como ya señalé- con la Directora del SENAME, con el Ministro de Justicia y con los asesores.
Y este es el resultado.
Creemos que hoy día tenemos en la mano un proyecto que logra equilibrar y combinar los elementos que hemos enunciado: el incremento de la subvención...
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
La señora ALLENDE.-
¿Me da un minuto más para terminar, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Por supuesto.
La señora ALLENDE.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que la iniciativa logra equilibrar el incremento de la subvención con el mejoramiento de los estándares, la transparencia, la buena información, el profesionalismo, la objetividad, el trato no discriminatorio y la responsabilidad que exigimos a quienes trabajan con niños.
Por supuesto, están sujetas a inhabilidades aquellas personas que figuren en determinados registros, ya sea por violencia intrafamiliar u otro tipo de delitos absolutamente incompatibles con el trabajo con menores.
Creemos, entonces, que hemos dado un muy positivo paso.
Esperamos propiciar el mismo ambiente que logramos en la Comisión. A pesar de que algunos vaticinaban que íbamos a atrasar el despacho del proyecto, demostramos un ánimo de colaboración.
Me gustaría señalar que estamos muy interesados en avanzar en la iniciativa que fija un marco general, que establece las garantías de los derechos de la niñez, así como también...
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Concluyó el minuto adicional, señora Senadora.
Dispone de uno más.
La señora ALLENDE.-
Ya termino, señor Presidente.
Decía que queremos abocarnos al trabajo del SENAME como tal, que no es el objetivo principal del proyecto en análisis, aun cuando se incorporan mayores exigencias en cuanto a los estándares de estos organismos colaboradores.
Necesitamos trabajar en lo relativo al sistema del SENAME y en la división entre niños vulnerables y niños infractores, que es uno de los temas de los cuales evidentemente nos estamos haciendo cargo.
Entre todos, como país, podemos dar un paso muy positivo, enmendar lo que hicimos mal y reconocer que nos equivocamos. Lamentablemente, por décadas no supimos llevar adelante una política adecuada que nos permitiera dar el trato que nuestros niños merecen, muchos de los cuales fueron victimizados. Más aún, mediante prácticas inadecuadas o nuevas vulneraciones, a muchos se les revictimizó.
Hoy día, con satisfacción, voto a favor de esta iniciativa y -como indiqué en un comienzo- espero que este clima, pensando en los niños, se mantenga, pues nos permite tener la mirada integral que necesitamos.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Creo que todos los miembros de este Senado, el Gobierno y los ciudadanos sentimos vergüenza cuando conocimos aquella resolución que daba cuenta de las grandes violaciones a los derechos de los niños que ocurrieron en nuestro país durante muchos años.
Nosotros, este Parlamento, y los gobiernos -el actual y los futuros- no podemos volver a olvidar que siempre debe ser una prioridad en nuestro quehacer la defensa de los derechos de los niños, más aún cuando son vulnerables y vulnerados en sus derechos.
Esa es una lección aprendida -¡aprendida a fuego!- que no debemos volver a olvidar.
Se ha dicho acá que el proyecto en estudio no es tal vez de los más importantes, pero, sin duda, sí va en el camino correcto y producirá un efecto bastante rápido en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los niños vulnerados.
Esta iniciativa no solamente -como se ha dicho en la Sala- aumenta los montos y establece una nueva banda para las subvenciones a los centros residenciales, sino que también fija una serie de principios que van a mejorar la acción del SENAME y de los OCAS, tales como la exigencia permanente de probidad; la responsabilidad; el trato digno para evitar la discriminación y la estigmatización; la objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo, y la participación de los niños y la información a ellos en cada etapa de su intervención.
Se busca hacer más exigente la acreditación de los organismos colaboradores del Estado en todas esas materias.
Por cierto, señor Presidente, vamos a votar a favor del proyecto.
Agradezco -aquí ya se ha destacado- el trabajo del Ministro de Justicia, de la Directora del SENAME y del Senado en general, especialmente el de las Comisiones Especial de Infancia y de Hacienda, por la celeridad que se le ha dado al análisis de esta iniciativa.
Sin duda, esperamos que sigan con el mismo ritmo frente a este proyecto y a otros que pueden venir sobre la materia, para que -reitero una vez más- nunca olvidemos que los niños, sobre todo los más vulnerables y vulnerados en sus derechos, deben ser nuestra prioridad.
Finalmente, no puedo dejar de referirme a lo que planteó la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Voy a discrepar un poco de la opinión que ha señalado.
Pienso que el Gobierno actuó de manera muy efectiva y eficaz en la conformación de las mesas de trabajo para abordar aquellos temas más relevantes y de mayor urgencia que afectan a la ciudadanía, uno de los cuales era el de la infancia.
Tengo la convicción de que el Parlamento no es el único lugar donde se puede debatir y conversar sobre estos asuntos. Muchas veces lo más importante es avanzar en ellos sin importar la instancia donde se haga. Además, cuando haya que aprobar el proyecto respectivo, finalmente la materia igual llegará al Congreso Nacional.
Donde parta ese análisis no es lo más importante. Lo más relevante es que se avance en los temas prioritarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda nos tocó conocer esta iniciativa, que el propio Ministro del ramo y la Directora del SENAME reconocieron como una "ley corta", porque busca, fundamentalmente, aumentar las subvenciones a los centros residenciales u organismos colaboradores.
Desde ese punto de vista, me parece pertinente puntualizar -para que la gente entienda por qué este debate es tan acotado- que en lo relativo a los temas más de fondo, como la institucionalidad que requieren el tratamiento y la estructura destinada a la protección de nuestros niños, viene una "ley larga", instancia en la que podremos discutir algunos temas más de contenido, como los que aquí se han planteado: cómo fiscalizamos, cómo garantizamos que se entregue dignidad en la atención; cómo aseguramos que haya eficacia, transparencia y que se cumpla con todos los objetivos que deseamos.
Quiero resaltar, señor Presidente, que aquí objetivamente hay un esfuerzo importante por doblar las subvenciones que hoy día se entregan. Y doblar implica, en términos financieros, 40 mil millones de pesos.
El compromiso asumido es que, en régimen, se llegará a cien por ciento del doblaje en los tres años siguientes.
En realidad eran cuatro. No hay que olvidar que la propuesta inicial establecía que el primer aumento, de un 25 por ciento, se concretaría el año pasado. No se hizo porque la iniciativa de ley no se alcanzó a despachar, pues el trámite que tuvo en la Cámara Baja y acá llevó más tiempo del presupuestado.
Por eso, entre ayer y hoy en la Comisión de Hacienda hemos hecho un esfuerzo por lograr despachar este proyecto. Mientras más rápido lo hagamos, más rápido se implementará el aumento de los recursos. Asimismo, se entrega una señal importante de que va a haber un aporte mayor, solidario de parte del Estado a las organizaciones colaboradoras.
Y eso creo que es bueno resaltarlo.
También quiero destacar que tuvimos una suerte de negociación, de diálogo con el Ministerio de Hacienda para los efectos de apurar la implementación de esta subvención, de modo que ojalá este año podamos llegar a un 50 por ciento. Si eso no se alcanza, de todas maneras va a significar un gran avance, que el próximo año se tendrá que completar.
Me parece que eso es lo fundamental.
Por eso, mientras discutíamos otros proyectos de ley sectoriales, que pueden ser muy importantes, era bueno que aprovecháramos la oportunidad de despachar hoy la iniciativa en estudio y así dar una señal de sentido de urgencia. Insisto en que, mientras antes saquemos del Congreso este proyecto, más rápido pueden llegar las subvenciones en mayor cantidad: de 380 mil pesos, que es el promedio ahora, es posible llegar a unos 780 mil, 800 mil pesos. Este es el objetivo central, como aquí se ha dicho.
Creo que eso es lo esencial.
Con la aprobación de esta propuesta legislativa estamos dando una señal positiva y, por lo demás, con un acuerdo amplio, uno muy importante entre todos quienes tenemos representación en el Senado.
Ante ello, no me queda más que felicitar la iniciativa llevada adelante por el Ejecutivo.
De este modo, vamos cumpliendo algunos de los compromisos que, desde el punto de vista político, quienes aspiraban a la Presidencia de la República le plantearon a la ciudadanía.
Hoy estamos ayudando a concretar eso.
Esa es la razón por la que votamos a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Gracias, Senador señor Pizarro, por la enorme contribución que hicieron los miembros de la Comisión de Hacienda para despachar este proyecto en un breve plazo.
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, voy a apoyar esta iniciativa.
Sin embargo, quiero intervenir para reflejar alguna de las observaciones que en esta materia ha hecho la titular de la Defensoría de la Niñez, institucionalidad recientemente creada por nosotros el año 2018. A partir de entonces empezó a implementarse en Chile esta nueva institución de derechos humanos encargada justamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Considero que es muy importante lo que plantea la Defensora. Me hace mucho sentido.
Preocupa a la Defensoría de la Niñez que las nuevas reformas legales mantengan en lo sustantivo el actual sistema de oferta y demanda de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del país.
Por una parte, el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez sigue dependiendo de organismos colaboradores para el cumplimiento de una función pública y, peor aún, el nuevo sistema de protección sigue dependiendo de la oferta privada de dichos organismos para dar cobertura a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, en circunstancias de que el diseño de la política pública debiese ser a la inversa.
En efecto, las propuestas legislativas existentes debiesen responder a las necesidades de los niños y, por tanto, las prestaciones proteccionales (líneas de acción) y las respectivas subvenciones, cuando correspondan, debiesen ser subsidiarias a la oferta propia del Estado. Lo anterior, en atención a que sobre el Estado pesa la obligación de garantía. Es a este "a quien corresponde el diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y sociales en materia de niñez y, aunque puede apoyarse en la sociedad civil para el cumplimiento de las metas trazadas, no puede delegar su responsabilidad".
Por otra parte, inquieta que el sistema de subvenciones siga siendo la piedra angular de las prestaciones que necesitan los niños, niñas y adolescentes, sujetos de protección del eventual Servicio de Protección de la Niñez. Nuestro ordenamiento jurídico permite que solo por iniciativa exclusiva del Presidente de la República se pueda legislar en aquellas cuestiones que irroguen gasto fiscal.
Sin embargo, conscientes de aquello, sugerimos evaluar en todas las dimensiones los actuales desafíos en materia de infancia, pues solo así las reformas que se pretendan hacer responderán a las reales necesidades de la niñez. En concreto, sobre este punto resulta preocupante que los proyectos en tramitación se remitan a modificar la ley Nº 20.032, sobre régimen de subvenciones en esta materia, cambiando incluso el nombre de la normativa, en vez de repensar un nuevo y completo régimen de financiamiento para el nuevo sistema que se pretende crear.
A juicio de la Defensoría de la Niñez, se sugiere evaluar el modelo de financiamiento mediante la Ley de Subvenciones. En este sentido, se insta a observar las propuestas contenidas en el informe final "Propuestas de Lineamientos para la Reforma Institucional del Actual Sistema de Protección de Derechos de la Infancia", del Consejo Nacional de la Infancia del 2016. En dicho texto se consigna lo siguiente: "resulta imprescindible abordar una nueva configuración de la relación entre las entidades privadas participantes del esquema de programas de protección y el sistema intersectorial de protección y los organismos que, integrando dicho sistema, se harán cargo de la protección de la infancia".
Sobre el sistema de subvenciones, el informe antes indicado sostiene: "resulta injustificada la órbita del fomento, siendo necesario pasar a un mecanismo estatal de financiamiento destinado al aseguramiento de derechos, que se oriente a la garantía concreta para el ejercicio de derechos".
Este es un problema que lleva a considerar críticamente la supervivencia del esquema de subvenciones cuando la legislación adopte el nuevo carácter que se proyecta. La necesidad de contraprestaciones asociadas y de un movimiento activo del Estado para la seguridad jurídica y certeza de los derechos reconocidos se contradice en gran medida con la subvención.
En este sentido, recogemos las recomendaciones del informe final del 2016 ya individualizado, frente a la necesidad de sustituir el sistema de subvenciones por otro de relación contractual, para lo cual se deberá:
1) Estimar las proyecciones de plazas para licitación, conforme a los peaks históricos que se hayan producido en la localidad.
2) Certificar programas de forma tal de superar el pago por niño atendido, mediante un nuevo sistema de licitación sobre la base de evidencia de resultados, previa fijación de estándares de innovación y de un ciclo de mejoras.
3) Considerar una nueva relación de alianza público-privada en términos de prestación de servicios, superando la entrega de una subvención por niño atendido.
Sobre esto último, se sugiere un nuevo sistema de financiamiento que permita establecer derechos y obligaciones, y ya no solo un aporte estatal por el cumplimiento de una función pública.
Creo que eso queda pendiente y es algo que se debe trabajar en serio. De lo contrario, vamos a continuar reproduciendo el que instituciones privadas sigan vulnerando los derechos humanos de la infancia en nuestro país.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Estoy seguro de que el Ejecutivo ha tomado debida nota de las recomendaciones y sugerencias que Su Señoría ha señalado, las que, además, fueron compartidas por varios miembros de la Comisión.
Finalmente, en la discusión particular de este proyecto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el año 2012 en esta Sala di lectura a una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera en su primer Gobierno.
En esa carta detallé la crítica situación que existía en los centros del SENAME, tanto en los administrados directamente por el Estado como en los organismos colaboradores: pedofilia, zoofilia.
Los niños estaban más seguros en la calle que al interior de los centros del SENAME, porque afuera podían gritar y buscar ayuda en quien pasara o recurrir a un carabinero. Al interior de los centros sufrían, eran violados y abusados no solo por sus compañeros, sino también, en algunos casos, por personal del Servicio.
Y esa carta tuvo una breve respuesta del Presidente Piñera.
En el Gobierno de la Presidenta Bachelet tampoco avanzamos.
¡Aquí existe una responsabilidad histórica, del Estado, de los gobiernos sucesivos, que ignoraron su obligación hacia los niños más vulnerables de Chile!
No es menor la dramática cifra de que ¡más del 50 por ciento de los condenados y procesados que hoy están en las cárceles pasó por el SENAME!
Ese dato deja en evidencia el círculo vicioso de la delincuencia y el fracaso de las políticas públicas del Estado relacionadas con el cuidado de estos niños.
Por eso en abril del 2016, siendo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, junto con el Senador Ossandón visitamos el Hogar Galvarino, el CREAD donde murió Lissette Villa, el día de su funeral. Entonces, aún no se reconocía cómo había ocurrido el hecho. Se mantenía la tesis, planteada por la entonces Directora del SENAME, de que Lissette había muerto de pena porque su madre no la había visitado el día domingo.
¡Esa era la calidad de la información pública sobre la muerte de una niña de once años, entregada por la Directora del SENAME!
Señor Presidente, esto derivó en nueve sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en esta misma Sala, a las que asistieron centenares de organizaciones: Carabineros, PDI, todos los organismos colaboradores, los órganos asociados, el Ministerio de Salud. Todos estuvieron presentes, y pudimos constatar un hecho que no era novedoso.
Preguntamos a Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda, cuánto le costaba cada niño al SENAME: ¡no lo sabía!
Consultado respecto de por qué se habían reducido los recursos de 8 a 3 millones de pesos para los talleres de los niños de ese CREAD: ¡no lo sabía!
La iniciativa en estudio corresponde a un objetivo financiero: aumenta en 96 mil pesos la subvención a los organismos colaboradores.
Y se delega en el SENAME la función fiscalizadora, expresamente en su artículo Nº 1.
Señor Presidente, ¡hay que fiscalizar al SENAME! Y en esto creo que su Directora ha hecho un gran avance. El SENAME no estaba en condiciones de fiscalizar a nadie, menos de fiscalizarse a sí mismo. Es una institución que fracasó. Dudo y desconfío de esa capacidad. Se requiere una nueva institucionalidad del Estado de Chile que se encargue de la situación de los niños más vulnerables. El SENAME no sirve. ¡Capotó, señor Presidente!
Las cifras son dramáticas: el 25 por ciento de sus trabajadores están con licencia médica -está la Directora Tonda en esta Sala-, es decir, cada día mil trabajadores del SENAME no concurren a su trabajo porque tienen licencia, particularmente por una situación de salud mental. ¡El 25 por ciento! Pienso que está dentro de las instituciones de mayor ausentismo laboral por licencia médica.
Y claramente, señor Presidente, las cifras no cuadran. Se van a transferir a las organizaciones colaboradoras 180 mil millones de pesos. Y, en ese sentido, los 800 mil pesos por niño que se proponen siguen siendo insuficientes. Se plantean 2 millones de pesos para los niños de los CREAD y 800 mil para los niños de los organismos colaboradores.
Señor Presidente, usted, yo y muchos de los Senadores que estamos en la Sala tenemos familias que sobreviven con 300 mil a 500 mil pesos, con cuatro hijos. Porque dan amor, porque dan acogida, porque son considerados hijos. A veces crían a los nietos, o a los hijos que la mujer de al lado abandonó. Los crían con amor, y lo hacen con menos de 800 mil pesos. ¡Con cuatro o cinco hijos! ¿Por qué, entonces, los organismos colaboradores no pueden hacerlo con 800 mil pesos por niño?
Por lo tanto, yo denuncio la falta de trabajo en este proyecto para con los hogares de acogida. Y les pregunto al Ministro y a la Directora del SENAME: ¿por qué no a los hogares de acogida? ¿Por qué no entregarles estos recursos a miles de hogares donde habría un niño más de la familia, un hermano más? ¡Pero se insiste en los organismos colaboradores!
Me voy a abstener en este proyecto, señor Presidente, porque en el CERECO de Coronel hay 60 niños internos. ¡Cuestan 5 millones de pesos!
¿Me concede un minuto, para terminar?
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
¡Un minuto, señor Senador!
El señor NAVARRO.-
Gracias.
Decía que al Estado le cuesta 5 millones de pesos mensuales el CERECO de Coronel. ¡Cinco millones de pesos! El Centro tiene 219 funcionarios y 60 internos. ¡Cinco millones de pesos! ¡Allí los intentos de suicidio y las agresiones son permanentes! Y en mi región no hay director regional del SENAME durante todo el año. Se lo he planteado al Ministro Hernán Larraín, quien conoce esa realidad. Confío en su buena voluntad y dedicación y sé del esfuerzo que hace desde el Ministerio de Justicia.
Pero hay un tema puntual: debemos crear una comisión de verdad y reparación de los abusos del Estado de Chile en contra de los niños del SENAME. ¡Una comisión de verdad y reparación! Si no, vamos a ser denunciados ante organismos internacionales. Creo que eso es necesario.
Cabe agregar que la Fundación Igualdad, Fanny Pollarolo y Pablo Egenau han sostenido que el aporte planteado no permite llevar a cabo ninguna acción sustantiva, en términos cualitativos, para mejorar la condición de los niños vulnerables de Chile.
Me abstengo.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Señor Senador, debo reconocer que usted fue uno de los principales impulsores, hace casi ya dos años, para que el Senado contara con una Comisión especial de infancia que se abocara de manera más específica a estos temas. Después no logró cupo como miembro de ella, pero esa es otra situación. Lo importante es que siempre ha estado presentando propuestas, tal como lo ha hecho esta tarde en la Sala, independiente de su votación.
No hay más oradores inscritos.
Tiene pedida la palabra el Ejecutivo, pero antes vamos a dar a conocer el resultado de la votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto, con las modificaciones introducidas por la Comisión Especial (33 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido consignar mi abstención.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Además, se deja constancia de la intención de voto de abstención del Senador señor Navarro.
Tiene la palabra, a continuación, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda.
La señora TONDA (Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, quisiera agradecer a todos los señores Senadores y a las señoras Senadoras por esta buena noticia. Definitivamente, califico el de hoy como un día bastante especial, un día histórico, en el que el Senado nos ha apoyado en esta gran tarea.
Agradezco especialmente a las dos Comisiones en que trabajamos: la Especial de Infancia, presidida por el Senador Ossandón, y la de Hacienda, presidida por el Senador Letelier. En ellas se realizó una ardua labor, muy en equipo, entre los distintos grupos de asesores, los miembros de esta Corporación y el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.
Agradezco igualmente, en nombre de los más de 5 mil 600 niños que hoy están en las residencias de los organismos colabores, que este proyecto de ley nos entregue una herramienta que efectivamente permite aumentar la subvención, y que, al mismo tiempo, venga con muchos cambios favorables que nos permitirán, como Servicio Nacional de Menores, ser capaces de iniciar un camino de mejoras significativas en la atención y las intervenciones de los niños, niñas y adolescentes que viven en esas residencias.
Nos queda mucho por hacer. Estamos absolutamente conscientes de que todos, tanto los distintos Poderes del Estado como la sociedad entera y particularmente el SENAME y el intersector, tenemos una gran tarea y un tremendo desafío por delante: Pero antes necesitábamos contar con esta herramienta.
Por lo tanto, un gran agradecimiento para ustedes, en nombre de los niños, con el gran compromiso del Servicio de que efectivamente iremos mejorando. Sin esta herramienta nos era muy difícil, prácticamente imposible, avanzar. Ahora avanzaremos muchísimo, no solo en supervisión, sino también en gestión. Queda bastante por mejorar.
Evidentemente, tenemos una deuda como sociedad, de la cual son responsables numerosas personas e instancias. Sin embargo, quiero mirar hacia adelante, quiero quedarme con que el ánimo hoy día, en general, es distinto. Hoy día todos estamos decididos, cada uno en el rol que le corresponde, a tomarnos en serio esta tarea.
Esta herramienta que nos entrega ahora el Senado esperamos que sea ratificada el martes por la Cámara, pues la necesitamos.
Vayan a ustedes nuestro compromiso y el gran agradecimiento en nombre de los más de 5 mil 600 niños que están pidiendo y rogando esto, que yo me he encargado de transmitirles en los últimos días.
Muchísimas gracias a todos y todas ustedes.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
Muchas gracias, señora Directora, y felicitaciones en nombre de esta Mesa: a usted y a su equipo por todo el trabajo realizado y también por la dedicación desplegada durante el último tiempo.
Le voy a dar la palabra a continuación al señor Ministro de Justicia.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, creo que lo dicho por la señora Directora me ahorra mis palabras.
Solo concluyo diciendo que el Senado, hoy día, ha puesto a los niños en el primer lugar de las prioridades nacionales.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).-
A usted, señor Ministro, y felicitaciones también.
Ha terminado el Orden del Día.
Por consiguiente, por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor SANDOVAL:
A los señores Ministros de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Vivienda y Urbanismo, a la señora Ministra del Deporte, a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Asociación Chilena de Municipalidades, para que hagan llegar, según sus respectivas áreas de competencia, diversos antecedentes relacionados con POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARTICULARES IMPULSADOS EN FAVOR DE NUEVA CATEGORÍA POBLACIONAL DENOMINADA "PERSONAS MAYORES DE LA CUARTA EDAD".
Del señor SORIA:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información sobre VALORES PAGADOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
POR VIVIENDAS SOCIALES EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA, Y MONTO PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TERRENOS, URBANIZACIÓN Y/O HABILITACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
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--Se levantó la sesión a las 20:13.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante