NUEVO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO PARA CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE DEFENSA NACIONAL

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, considero que la votación de hoy, y en particular el debate respecto de este proyecto de ley, es una muy buena ocasión para efectivamente actualizar nuestra legislación en una materia tan relevante.

Independientemente de los reparos que se han planteado al contenido específico de esta iniciativa, creo que tenemos la oportunidad de avanzar en la derogación de una ley que, de acuerdo a los estándares democráticos actuales, no tiene sentido.

Por tanto, quiero valorar el proyecto que se presentó durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, cuando el Senador Allamand era Ministro de Defensa, y también el rol que ha desempeñado el Ministro Espina, al promover el diálogo para los efectos de progresar en la tramitación de esta iniciativa.

Asimismo, la Presidenta Bachelet envió en su Administración un proyecto de ley con ese mismo objetivo.

Ahora, señor Presidente, el Senador Huenchumilla señaló algo que me parece fundamental reiterar.

Cuando hablamos de la necesidad de remplazar dicha normativa, debemos plantear con claridad que ella no es propia de los regímenes democráticos, pero tiene que ver con la historia de Chile, y no con la reciente.

La desconfianza entre el mundo militar y el mundo civil es bastante remota. Y el distanciamiento del mundo político y su preocupación por la defensa también son muy antiguos, incluso de antes del golpe de Estado y de la dictadura.

Ya desde 1942 se empezó a establecer una legislación con respecto a esta materia. Pero la crisis del islote Snipe develó algo fundamental y que fue la expresión de ese distanciamiento e interés del mundo político por la defensa: la falta de financiamiento.

Se trataba de una defensa subfinanciada y subequipada, y, por tanto, era necesario contar con una normativa que diera cuenta de ese desfinanciamiento.

Por ello se estableció un impuesto a la gran minería del cobre, en aquel entonces en manos extranjeras. Esto fue previo al proceso de chilenización del cobre del Presidente Frei Montalva y de nacionalización del cobre del Presidente Allende Gossens.

Ahora, durante la dictadura se efectuaron una serie de reformas que son expresión de la desconfianza en la soberanía popular, en la voz de la mayoría y, en particular, en la capacidad del sistema democrático de responder con altura de miras sobre diversos puntos de vista, fundamentalmente los de la defensa.

Por eso creo que aquella es una legislación anómala que es necesario derogar y remplazar para los efectos de garantizar que la decisión en cuanto a esta materia quede radicada en el lugar que corresponde: en el Congreso Nacional, donde se halla la representación del pueblo de Chile.

Sin embargo, esto no obsta a que se establezca un mecanismo que garantice que en la defensa se asigne lo adecuado para mantener la capacidad persuasiva del Estado, que es aquello que permite resguardar la paz. Por tanto, el debate de cuánto se asigna no es irrelevante.

Lo que hoy día discutamos tampoco va a ser irrelevante sobre lo que ocurra para el futuro con respecto a nuestros países hermanos limítrofes. Porque ellos, como respuesta a nuestra Ley Reservada del Cobre, han ido estableciendo normativas de esa misma naturaleza, fijando pisos para el gasto que en alguna medida generan una dinámica que no es constructiva en la lógica de bajar los gastos en defensa, entendiendo que esto es imprescindible en un contexto de acuerdo regional que garantice la paz. Ello, porque siempre es necesario preservar, por cierto, nuestra soberanía y la capacidad persuasiva del Estado de Chile.

Sin lugar a dudas, el debate que generemos hoy puede que no tenga un efecto inmediato en lo que realicen otras naciones. Pero bajo el efecto espejo podría contribuir a establecer una dinámica distinta para el futuro.

Ahora, a mí me parece que en ese marco, obviamente, es necesario resaltar, en primer lugar, la necesidad de que Codelco deje de cargar esa pesada mochila. Ciertamente, la Corporación Nacional del Cobre, como empresa estatal, financia el gasto fiscal. Pero es preciso que deje de llevar ese gravamen sobre sus hombros al objeto de poder desarrollar las inversiones que requiere y su capitalización para ser más competitiva y, por tanto, producir más ingresos para el Estado que permitan financiar el gasto público y, particularmente, el gasto social.

Entonces, no es irrelevante el referido cambio, porque Codelco deja de estar asociada al financiamiento de labores de defensa, y, en consecuencia, aquello posibilita que esta empresa invierta en países limítrofes sin que exista algún tipo de cuestionamientos en la materia.

Pero es preciso debatir acerca de los pisos y si tiene sentido, de acuerdo con los estándares democráticos, que exista uno. Y ello -quiero ser categórico-, bajo ninguna circunstancia, significa dejar de asumir la responsabilidad de financiar las capacidades persuasivas que tiene Chile, pues esa es la forma -ya lo he señalado- de garantizar la paz. Además, cuando hay un compromiso sobre todo en cuanto a la adquisición de recursos de esta índole, es necesario al menos otorgar el financiamiento pertinente para mantener dichas capacidades.

Conocemos experiencias de países limítrofes bastante dolorosas, como lo que ocurrió en Argentina a propósito del submarino que se hundió hace tiempo. Fue un hecho terrible, en que murió un número significativo de marinos del país hermano.

Sin duda, ese accidente da cuenta de que cuando se realizan este tipo de adquisiciones es preciso comprometer, en una perspectiva de mediano plazo, el financiamiento para la mantención de lo que se adquiere y, también, para la renovación a fin de preservar las capacidades que posee nuestra nación.

Señor Presidente, un segundo aspecto tiene que ver con el debate sobre la institucionalidad, en particular con la forma de administrar los fondos que se crean; con la forma como se toman las decisiones para la adquisición de material bélico, y cuáles son los mecanismos de control internos y externos que garanticen un gasto eficiente, conforme a la normativa que se establece. Esto -reitero-, preocupándose de que Chile resguarde la paz con un gasto acorde a nuestras necesidades.

La reflexión de fondo, señor Presidente, es que la derogación de la mencionada ley no puede ser solo simbólica. Por lo tanto, debe dar cuenta de un cambio de mirada sustantivo. De ahí la aprensión que han manifestado algunos Senadores de nuestras bancadas, en la medida en que se plantea que, conforme a la nueva normativa, incluso podría subir el piso.

Pero aquello es parte del debate que se va a generar cuando se discuta en particular la ley en proyecto.

Valoro la actitud de diálogo que ha tenido el Ministro Espina. Me parece que es la forma constructiva de avanzar efectivamente en la materia.