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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 86ª, en miércoles 9 de enero de 2019
Especial
(De 16:16 a 17:48)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
DESIGNACIÓN DE SEÑORES RODRIGO DELAVEAU SWETT Y ARMANDO JARAMILLO LIRA COMO SUPLENTES DE MINISTROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


El señor MONTES (Presidente).- Esta sesión especial fue convocada con el fin de ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministros Suplentes del Tribunal Constitucional a los señores Rodrigo Delaveau Swett y Armando Jaramillo Lira, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia en conformidad al número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.033-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A la sesión en que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento trató este asunto asistieron el señor Ministro Secretario General de la Presidencia y los señores Delaveau y Jaramillo.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Huenchumilla, Pérez Varela y Quintana, de que en la designación en análisis se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la Constitución Política y en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Cabe tener presente que el Senado debe pronunciarse respecto de la proposición en votación única y que el acuerdo para nombrar a los suplentes de ministros requiere el voto favorable de dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, esta sesión ha sido convocada para que el Senado se pronuncie acerca de la proposición que ha formulado Su Excelencia el Presidente de la República para designar como Suplentes de Ministros del Tribunal Constitucional, por un período de tres años, a los señores Armando Jaramillo Lira y Rodrigo Delaveau Swett.
Cabe recordar que de conformidad al artículo 18 de la Ley N° 17.977, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cada tres años, en el mes de enero, corresponde designar dos suplentes de Ministros que reúnan los requisitos para ser nombrados miembros del Tribunal, quienes podrán reemplazar a los Ministros e integrar el pleno o cualquiera de las salas solo en caso de que no se alcance el respectivo quorum para sesionar.
Los suplentes de Ministro tendrán las mismas prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los Ministros, y regirán para ellos las mismas causales de implicancia que afectan a estos. Ellos deben destinar a lo menos media jornada a las tareas de integración y a las demás que les encomiende el Tribunal y recibirán una remuneración mensual equivalente al cincuenta por ciento de la de un Ministro.
El Senado debe adoptar el acuerdo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, debiendo pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Si esta Corporación no aprueba la proposición del Jefe de Estado, el Tribunal Constitucional deberá presentar una nueva lista, dentro de los sesenta días siguientes al rechazo, proponiendo dos nuevos nombres en sustitución de los rechazados, repitiéndose este procedimiento hasta que se aprueben los nombramientos.
El 11 de diciembre de 2018 se dio cuenta en el Senado del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República en que se propone para ocupar los mencionados cargos a los abogados señores Armando Jaramillo Lira y Rodrigo Delaveau Swett.
1.- El señor Armando Jaramillo Lira es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Ha ejercido una amplia labor como abogado asesor en diversas municipalidades y entidades privadas. Los años 2011 y 2014 actuó como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
También se desempeñó como docente y profesor de Introducción al Derecho en la Universidad UNIACC y ha integrado el registro de jueces árbitros, categoría de primera y segunda instancia, en la Región Metropolitana, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
2.- El señor Rodrigo DelaveauSwett es abogado y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta casa de estudios alcanzó, además, el grado de Magister en Derecho Público y Derecho Constitucional. Posteriormente, en el año 2013 obtuvo el grado de Doctor en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos.
Resalta en su trayectoria académica su desempeño, entre los años 2004 y 2018, como profesor de la Escuela de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios en que ha impartido diversos cursos, tales como Derecho Constitucional, Análisis Económico del Derecho, Regulación Constitucional Económica y Derecho Constitucional Comparado.
Asimismo, ha realizado una investigación para la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, que lleva por título "Estudio de Modelo Orgánico para la Nueva Justicia". Actuó, además, como editor de la publicación sobre Sentencias Destacadas, elaborada por el Instituto Libertad y Desarrollo, entre los años 2008 y 2012.
Ha publicado diversos artículos en revistas de Derecho especializadas, según se da cuenta en el currículum que Sus Señorías tienen a su disposición.
Por otra parte, ha integrado diversos estudios jurídicos y ha sido Director del Programa Constitucional y Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo (2010-2012). En esta misma entidad fue Director del Programa de Justicia (2008-2009) e investigador en el Programa Legislativo (2003-2007).
Luego de examinar sus antecedentes profesionales y académicos y absolver las consultas que se les formularon a ambos candidatos, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Allamand, De Urresti, Huenchumilla, Pérez Varela y Quintana, que la proposición formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar a don Rodrigo Delaveau Swett y a don Armando Jaramillo Lira como Suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Es todo cuanto puedo expresar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, tal como lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y particularmente el Presidente de la Comisión de Constitución de esta Corporación, el Senador señor Huenchumilla, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha propuesto como nombres para ser designados miembros suplentes del Tribunal Constitucional a los profesores y abogados Rodrigo Delaveau Swett y Armando Jaramillo Lira.
Por su trayectoria y antecedentes, conocidos por ustedes, creo que estos nombres están llamados a complementar la labor que desarrollan los miembros titulares de este Tribunal. En verdad -debemos admitirlo-, nos hemos demorado, como Gobierno, como Congreso, en llenar este vacío, y eso ha obligado al Tribunal Constitucional a esfuerzos complejos para poder abordar las tareas que le corresponden, en las que la presencia de los miembros suplentes resulta indispensable.
Por eso, luego de las conversaciones que se han sostenido en este tiempo, hemos podido integrar esta propuesta, que esperamos sea valorada y aprobada por el Senado.
Todos sabemos que el Tribunal Constitucional es una institución particularmente importante. Desde luego, como respecto de todas las instituciones, del Gobierno, del Congreso o del Poder Judicial, hay miradas diferentes y muchas veces críticas a sus actuaciones. Y como nosotros en el Gobierno o ustedes en el Parlamento, el Tribunal Constitucional tampoco escapa de aquellas críticas. Por cierto, todas ellas deben ser siempre tenidas a la vista para pensar cómo es posible mejorar y perfeccionar su funcionamiento.
Pero no podemos dejar de mencionar, en la perspectiva del Ejecutivo, que el Tribunal Constitucional, desde que fuera creado, es y ha sido una gran contribución para el país.
Siempre teniendo presente el propósito de ir mejorando, perfeccionando el funcionamiento de las instituciones, entendemos que en ese proceso el Tribunal Constitucional también debe ser considerado. En este espíritu hemos conversado al interior de las Comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados, y el Gobierno espera durante el curso de este año -tan pronto ello sea posible- convocar a conversar en este contexto acerca de qué cambios podemos realizar respecto de estas instituciones y particularmente del Tribunal Constitucional, con el propósito de avanzar en una fórmula consensuada que perfeccione su funcionamiento.
Quiero recordar que dentro de nuestro Programa de Gobierno esta materia se encuentra incorporada. Y existen varias ideas y propuestas específicas referidas al Tribunal Constitucional. Son ellas las que queremos conversar, en el ánimo que ha manifestado el Ejecutivo desde el primer día, en las áreas más variadas, que ha permitido instalar acuerdos que estamos seguros serán una gran contribución para nuestro país.
Asuntos de esta envergadura, como son los cambios constitucionales, requieren necesariamente esos consensos. Lo que se ha logrado en materia de infancia, o de seguridad pública, o de desarrollo social o en lo relativo a La Araucanía son señales que el Gobierno ha dado.
Y este año esperamos avanzar en el ámbito institucional, teniendo presente la conveniencia de llegar a consensos sobre cambios que se puedan plantear conjuntamente, dentro de los cuales vamos a incorporar al Tribunal Constitucional. Y ojalá alcancemos un acuerdo que sea sano, positivo, para seguir perfeccionando su funcionamiento.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Ministro Larraín por el compromiso que ha contraído en este momento en orden a proceder a una reforma del Tribunal Constitucional.
Yo creo -por lo menos es mi percepción- que estamos en una situación inaceptable, con un poder que se ha constituido en autónomo, más allá del Poder Judicial, más allá de la Contraloría, más allá del Congreso Nacional, atribuyéndose facultades que no posee y, además, haciendo interpretaciones mañosas de las leyes aprobadas por este Parlamento y emitiendo fallos que, por lo demás, lo único que hacen es mermar los derechos fundamentales de los trabajadores.
De hecho, esta mañana me reuní con el Contralor General de la República y le hice una presentación respecto del reciente fallo del Tribunal Constitucional que negó a los trabajadores municipales y públicos la posibilidad de tener acceso a derechos laborales y de recurrir a los tribunales. También se lo manifesté al Presidente de la Corte Suprema. Y me quedé con la convicción de que ambos organismos estiman que el Tribunal Constitucional se está excediendo en sus atribuciones.
Obviamente, esto no tiene un contrapeso en nuestro país. Y, frente a un organismo que está actuando al margen de la ley y que a esta altura es claramente ilegítimo, no podemos prestarnos para seguir actuando como si aquí no estuviese ocurriendo nada grave.
Por esa razón, voy a rechazar los nombres propuestos.
También quiero plantear mi observación respecto al cuoteo.
Me parece que el binominalismo no da para más, que es necesario abrir estos concursos a gente realmente con antecedentes propios, autónomos, independientes. Entiendo la sensibilidad de las personas que postulan a estos cargos y que tienen ideas y visiones de las cosas. Pero me parece que el cuoteo no es la manera de resolver estos temas.
Hablamos de la crisis de la república, pero nuestras actuaciones no se compadecen con una actitud republicana, de mirada a largo plazo. Y eso se va distorsionando cada día más y haciéndose más grave.
Felizmente, voté a favor del nombramiento del nuevo miembro de la Corte Suprema. Debo señalar que me reuní con los cuatro candidatos; me formé convicción de cada uno y tengo muy buena impresión de ellos. Y, por consiguiente, me pareció que trasciende a esa división política, porque poseen méritos propios. No es el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, que, además, ha entrado en una actitud obsecuente, que no escucha, soberbia y que, por lo tanto, pone en riesgo la institucionalidad de nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el funcionamiento de una democracia real, más allá de lo meramente formal, implica necesariamente que las normas que regulan la convivencia en sociedad se definen por órganos integrados por personas que han sido elegidas en las urnas, a través de elecciones abiertas, competitivas y transparentes.
En este contexto, la existencia de tribunales constitucionales se ha justificado a partir de afirmar que las normas que están consagradas en la Carta Fundamental no pueden ser alteradas por una simple mayoría puntual, ya que por su naturaleza se deben resguardar frente a leyes que las vulneren de manera clara y grave.
Lo anterior se plantea a partir de un control de constitucionalidad que por definición es excepcional, en los casos expresamente señalados por la ley, y que opera solo en situaciones de vulneraciones manifiestas y sustantivas de la Constitución.
Además, este control tiene otra característica, que resulta fundamental: el Tribunal Constitucional únicamente puede impedir que una norma ingrese al ordenamiento jurídico, pero en caso alguno puede incorporar una norma a ese ordenamiento. Esto es lógico, ya que ese órgano no tiene la legitimidad para legislar.
Sin embargo, hoy en nuestro país tenemos un Tribunal Constitucional que muchas veces revisa la constitucionalidad de las leyes a partir de calificar, por sí y ante sí, cuáles normas poseen el rango de ley orgánica constitucional y cuáles no. Lo anterior es relevante, ya que el Tribunal puede hacer esa revisión de oficio solo respecto de leyes orgánicas constitucionales.
Por esta vía, además, el Tribunal Constitucional ha revisado de forma preventiva, a petición de particulares y sin que exista requerimiento de ningún parlamentario, la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por este Parlamento. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de la legislación del SERNAC, que fue aprobada por una sólida mayoría en el Congreso, pero resultó desmantelada en el Tribunal a petición de un grupo de privados que se consideraban afectados.
A la vez, señor Presidente, llama la atención que al revisar la constitucionalidad de determinados proyectos de ley el Tribunal Constitucional haya citado a audiencias públicas en las cuales se ha escuchado a un sinnúmero de personas, que se han referido libremente a la conveniencia o inconveniencia de la normativa objeto de revisión, lo que va más allá del debate técnico propio de la competencia que le corresponde a dicho Tribunal en una democracia. Esa es una actividad que corresponde más bien al debate legislativo. Un ejemplo de esto fue la ley sobre aborto en tres causales.
Hago presentes todas estas consideraciones sin realizar mayor análisis de otros episodios que han sido cuestionados públicamente.
En ese sentido se encuentra el reciente fallo por medio del cual se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas sobre tutela de derechos fundamentales en beneficio de funcionarios públicos, en contra de una jurisprudencia sólida que había establecido la Corte Suprema en esta materia.
Con esto, paradójicamente, el Tribunal Constitucional en la práctica habría dejado sin amparo efectivo en la protección de sus derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política, a miles de trabajadoras y trabajadores del sector público.
Insisto: menciono esos fallos solo como ejemplos para contextualizar la importancia y repercusión de la labor que desarrolla la referida entidad.
En definitiva, señor Presidente, el actual Tribunal Constitucional se ha transformado en la práctica en una tercera cámara, la cual se encuentra integrada por un número importante de ministros elegidos por cuoteo político.
Se ha convertido, en los hechos, en una instancia que se ha permitido legislar y vetar leyes que han sido aprobadas por este Congreso, incluso con amplias mayorías. Actúa muchas veces de oficio y define por sí y ante sí su competencia.
En consecuencia, tal como lo he anunciado, mi voto es en contra. Ello no quita que valore lo señalado por el señor Ministro Hernán Larraín, en cuanto a avanzar en un acuerdo que permita hacer cambios profundos al Tribunal Constitucional. Mientras esta situación no ocurra, mi voto será negativo.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación los nombramientos propuestos en el oficio del Presidente de la República.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.


El señor LATORRE.- Señor Presidente, creemos que es fundamental avanzar en una agenda que permita delimitar el ámbito competencial del TC con mayor precisión, para evitar que sea el mismo órgano la única instancia competente para pronunciarse respecto de sus propias atribuciones y de las condiciones adecuadas para su ejercicio.
Ello supone regular un estatuto jurídico más claro para el ejercicio del cargo de ministro del Tribunal Constitucional; mecanismos para hacer exigible su responsabilidad institucional; la aplicación de las causales de implicancia y recusación, y un procedimiento que garantice imparcialidad para hacerlas efectivas.
Asimismo, parece necesario establecer un mecanismo que permita algún sistema de revisión de las sentencias del TC, especialmente de aquellas en las cuales se traba un diálogo institucional con el legislador durante el proceso legislativo. Es importante regular este tipo de discrepancias para evitar la politización del TC y la extralimitación de sus competencias.
Hay muy buenas razones para establecer cierta preferencia democrática del legislador por sobre el Tribunal Constitucional, la que exige un diseño respetuoso de los equilibrios institucionales y una regulación constitucional de sus atribuciones que asuma la vigencia de principios tales como la deferencia razonada, la presunción de constitucionalidad y la no justiciabilidad de las cuestiones políticas.
Por último, nos preocupa especialmente la forma en que este Tribunal ha utilizado sus atribuciones con relación al control preventivo de normas de carácter orgánico constitucional; sobre todo, a raíz de fallos como el que declaró inconstitucional el artículo 63 del proyecto de ley sobre educación superior, el cual no fue sometido a su competencia originalmente; o aquel que declaró inconstitucionales las nuevas facultades sancionatorias del Servicio Nacional del Consumidor, extendiéndose a 28 preceptos, de oficio, que no fueron contemplados originalmente para ser controlados; o el relativo a la ley de aborto en tres causales, entre otros.
Entendemos que el Ejecutivo y sectores de la Derecha desean llevar al TC la iniciativa de ley, recientemente aprobada, que pone fin a la pesca de arrastre para la captura de la jibia.
Recordemos que el Tribunal Constitucional, con estas características, es una de las instituciones creadas en dictadura para cargar la cancha hacia el lado de los intereses económicos y empresariales de la Constitución neoliberal que todavía nos rige. Es una institución antidemocrática, propia de una Constitución que, en palabras de uno de sus principales autores, "debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario.".
Por todo lo expresado, señor Presidente, quiero hacer nuevamente un llamado al Ejecutivo a que lleguemos a un gran acuerdo nacional -aunque tal vez nos demore un tiempo, probablemente un año- mediante una reflexión profunda para poner a tono a esta institución y hacerla más democrática. No queremos que el Tribunal Constitucional se transforme en una tercera cámara antidemocrática.
No me gusta el cuoteo político y tampoco el perfil de los candidatos: uno, de Derecha, vinculado más bien al mundo de la UDI; el otro, supuestamente de la Centroizquierda. No me gusta el perfil de ambos. Pero, más allá de eso, no me gusta la forma como está actuando el Tribunal Constitucional.
Por los argumentos expuestos, votaré en contra.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señor presidente, he sido uno de los que, desde hace bastante tiempo, han planteado la necesidad de contar con un Tribunal Constitucional que haga un efectivo control de constitucionalidad, basado en los principios establecidos en la Carta Fundamental, en lugar de tener una institución que en la práctica, de un tiempo a esta parte, ha iniciado un proceso de colegislador por la vía del cambio de un conjunto de normas legales aprobadas por el Congreso Nacional.
Los tribunales constitucionales cumplen un rol fundamental en las democracias: preocuparse de que el legislador no exceda los límites del poder que la Constitución le ha establecido.
Lamentablemente, las experiencias del último tiempo nos han mostrado que dicha situación se ha ido exacerbando.
Primero, hoy día se observa una situación de conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional, pues el primero se ha arrogado la facultad de catalogar los quorums necesarios para aprobar determinado tipo de legislaciones ex post, sin que exista posibilidad alguna de enmendar tales situaciones y con el consiguiente riesgo que representa para la aprobación de las normas respectivas.
En segundo lugar, el TC, por la vía del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ha ido interviniendo permanentemente en las facultades jurisdiccionales, deteniendo un conjunto de causas, particularmente relativas a derechos humanos, entre otros ámbitos, que hoy ven suspendidos sus procesos, con lo cual el organismo se hace parte de la impunidad en esas materias.
Por ello, hemos planteado un conjunto de reformas al Tribunal Constitucional que consideramos relevantes. Y por eso deseo valorar lo expresado por el señor Ministro de Justicia, en el sentido de iniciar un proceso de conversaciones para realizar las enmiendas que este organismo necesita, y de esa forma normalizar nuestra realidad institucional.
Pero mi voluntad firme de cambio, que he manifestado desde el primer día, más allá de las mayorías coyunturales, también me hace ser responsable.
No me parece que el Senado, que cumple un rol republicano, no nombre a los ministros suplentes como mecanismo para exigir una reforma. Debemos llevar adelante tal modificación para que nuestro país normalice sus relaciones. Pero no podemos dejar de designar a aquellos que nos corresponde nombrar por disposición constitucional, quienes fueron elegidos como candidatos por los tribunales de justicia.
Aquí se ha planteado que se estaría eligiendo a uno de cada lado. Solo deseo recordar que en el proceso de denominación de los ministros suplentes intervienen los tres Poderes del Estado.
En efecto, el Poder Judicial llama a concurso y revisa los antecedentes de los abogados y las abogadas que legítimamente deseen postular. Luego, la Corte Suprema elabora una nómina. Y de ella, Su Excelencia el Presidente de la República elige a los candidatos y los somete a la consideración del Senado para que sean aprobados o rechazados.
Por lo tanto, aquí no nos encontramos en presencia de la designación de un cuoteo de A o B. Estamos ante una situación completamente distinta, en la que intervienen los tres Poderes del Estado.
En consecuencia, llamaría a quienes han intervenido a que miraran con un poco más en detalle cómo se realiza el proceso de generación de candidatos o candidatas.
Los antecedentes curriculares y la experiencia profesional de ambos postulantes me permiten señalar que cumplen con los requisitos establecidos en la Carta Fundamental y en las leyes para ejercer el cargo de ministro suplente.
Señor Presidente, créame que, con la misma fuerza con que seguiré planteando la necesaria reforma al Tribunal Constitucional, deseo expresar que no corresponde que dejemos de aprobar los nombramientos de los ministros suplentes como un modo de exigir tal reforma.
Por ello, concurriré con mi voto a favor.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, me parece que Chile no necesita ministros suplentes del Tribunal Constitucional. Pero sí requiere hacer una reforma profunda a esta institucionalidad.
El día de hoy hemos visto la actuación de muchos que defienden esta instancia, pero no han escatimado esfuerzo alguno para que prevalezca un sesgo ideológico, en contraste a lo que debe ser un tribunal constitucional en cualquier república seria.
Basta mirar lo ocurrido en el último tiempo en torno a iniciativas que han sido largamente debatidas en el Parlamento, como la ley que buscaba entregar mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor para proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las grandes empresas, para proteger a los ciudadanos de aquellos que eran capaces de coludirse, para proteger a los ciudadanos de aquellos que se ponían de acuerdo para subir los remedios en el invierno, afectando principalmente a los adultos y las adultas mayores que perciben menores ingresos.
Hemos visto con bastante frecuencia que existe una suerte de alineación política de los integrantes del referido órgano en las decisiones que adoptan. Los que apoyan una iniciativa la consideran siempre constitucional y aquellos que, por su ideología, pretenden privilegiar siempre al mercado estimarán que un proyecto que lo regule es contrario a la Constitución.
Me pregunto si es normal que una decisión dependa de quién es el Presidente del Tribunal, a la luz de lo ocurrido en las últimas sentencias. Si el Presidente hubiera sido otro, la sentencia sería distinta, tal como sucedió, por ejemplo, con relación a la Ley de Inclusión.
Entonces, ¿es posible aceptar que la minoría del Congreso Nacional use al Tribunal Constitucional como una amenaza frente a la aprobación mayoritaria de distintas normas? ¿No es acaso el Parlamento la expresión de la voluntad popular?
Cuando nos preguntamos una y otra vez cómo mueren las democracias, nos damos cuenta de que ellas no solo colapsan por los golpes de Estado, como el que evidenciamos en nuestro país en 1973, sino también por el debilitamiento de sus instituciones.
Producto de las sentencias del TC, hemos visto un debilitamiento permanente y sistemático no solo del Congreso, sino también de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, que se expresa en una mayoría parlamentaria que aprueba leyes. Pero si estas no son del gusto de la minoría, se recurre al Tribunal Constitucional.
Sinceramente, creo que este no es un problema de nombres ni del currículum de los candidatos que se nos presentan, sino una cuestión mucho más profunda que dice relación con el fortalecimiento de nuestra democracia, con hacer un parelé al debilitamiento sistemático que sufre hoy día nuestra institucionalidad.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de la propuesta de nombramientos al Tribunal Constitucional. Lo que necesita Chile no es seguir nombrando suplentes, sino efectuar una reforma profunda que busque respetar la voluntad popular a fin de contar con un Tribunal Constitucional que sea una casa para acoger al Derecho y no a la ideología.
A mi juicio, quienes aman la democracia debieran hacer una reflexión a ese respecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en su oportunidad en la Comisión de Constitución hice presente al Gobierno y a los miembros de dicho órgano técnico que no estaba disponible para apoyar el nombramiento de ministros suplentes del Tribunal Constitucional, más allá de los nombres. Esta no es una cuestión personal, sino un problema político.
El fundamento para ello es que en Chile no hay consenso en el mundo político con relación al rol que está cumpliendo el referido organismo.
Es muy complicado para el funcionamiento de un país poner en cuestión la credibilidad de las instituciones, como está ocurriendo ahora con Carabineros. Y nos está pasando igualmente con el Tribunal Constitucional.
Este se ha convertido, en la práctica, en una tercera cámara legislativa. Y cada vez que se dicta una sentencia que recae sobre algún requerimiento, escucho a muchos Senadores, de manera muy clara y potente, reclamar públicamente y sostener que esta situación no da para más y que tenemos que reformar el Tribunal Constitucional.
Entonces, pienso que no podemos vivir con una falta de acuerdo en esta materia.
Por eso, cuando recibimos en la Comisión de Constitución a los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo, en presencia del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, fui muy claro y transparente en darles mis argumentos y decirles que no estaba disponible para proceder a este nombramiento. Y lo dije públicamente.
Por lo tanto, le pedí al Gobierno un pronunciamiento -esto lo hicimos desde el primer momento en que iniciamos nuestro trabajo en la Comisión de Constitución en marzo de este año- en orden a buscar un acuerdo para reformar el Tribunal Constitucional.
De otro lado, quiero decirles a las señoras y los señores Senadores que han hecho uso de la palabra que en política debemos evitar el voluntarismo, que consiste en pensar que basta con que uno quiera algo para que las cosas cambien por sí mismas.
No es así en el entramado constitucional que nosotros tenemos, porque no es posible modificar la Carta Fundamental si no media en el Parlamento un acuerdo entre Gobierno y Oposición, toda vez que para reformar la institucionalidad del Tribunal Constitucional necesitamos los dos tercios de los Senadores y Diputados en ejercicio.
Por lo tanto, todos los males que queramos achacarle al TC es imposible resolverlos y arreglarlos ¡si no existe un acuerdo político! Por muchos deseos que alguien pueda tener y pese a una postura voluntarista al respecto, el realismo constitucional me dice que no es factible avanzar en ello.
En consecuencia, he apelado a que el Gobierno se pronuncie sobre el tema.
Por eso suspendimos la sesión en su minuto y conversamos con los señores Ministros. Les dijimos: "Miren, tenemos que sacar esto adelante, pero antes se requiere un compromiso formal y serio de que vamos a avanzar en esta dirección".
Y el señor Ministro de Justicia nos ha dicho: "Sí. Este año vamos a avanzar en la reforma al Tribunal Constitucional".
Entonces, por su intermedio, señor Presidente, quiero decirles a todos los Ministros que están presentes en la Sala que yo les tomo la palabra y creo en el compromiso que han sustentado aquí, en orden a que vamos a trabajar y llegar a un acuerdo en esta materia. Seguro habrá diferencias, por supuesto, de matices y tonos respecto de lo que vamos a modificar.
Yo valoro que el Gobierno de Chile haya hecho un compromiso solemne en el Senado de la República en el sentido de que vamos a buscar los acuerdos para reformar el Tribunal Constitucional.
¡Ese es el hecho político positivo que respalda lo que hoy día estamos votando!
Por lo tanto, hago un llamado a las señoras y los señores Senadores a mirar con realismo este avance. Hoy día podemos decirle a la opinión pública nacional que sí vamos a reformar el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, creo en la palabra del Gobierno y, en tal virtud, votaré favorablemente los nombramientos propuestos.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Moreira.


El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que la discusión ha derivado en otros aspectos que, a través de la prensa y en el mismo Congreso, ya se han analizado.
En primer lugar, siempre que se habla de una institución se dicen cosas que no son.
El Tribunal Constitucional -por su intermedio, señor Presidente, me dirijo al Senador Latorre- fue creado el 23 de enero de 1970. Por lo tanto, no fue...
El señor LETELIER.- ¿Y la Constitución del 80?
El señor MOREIRA.- La Constitución que aprobamos fue modificada en el Gobierno de don Ricardo Lagos.
Lo único que quiero decirle al colega Latorre es que el Tribunal Constitucional no fue creado, para usted, en dictadura; para mí, tras el pronunciamiento.
Aquí se han expresado discursos muy rimbombantes, con mucho populismo. Se habla de la decadencia de las instituciones y la democracia, pero es poco lo que se hace.
Cada uno puede tener sus opiniones frente a esta materia. Pero, justo cuando asume el Gobierno del Presidente Piñera, quien ganó holgadamente las últimas elecciones en el país, ¡como que quisieran reformar la república!
Es importante legislar para las minorías, pero más importante es hacerlo para las mayorías.
En ese contexto, me preocupa, señor Presidente, que aquí se digan cosas de acuerdo a la conveniencia. Porque, si ha habido gobiernos que han concurrido más al Tribunal Constitucional, han sido precisamente los de la Concertación y de la Nueva Mayoría.
Existen instituciones que son relevantes para el país. Por eso, es bueno no tensionarlas al estar recurriendo permanentemente unos y otros. Sin embargo, no nos lavemos las manos respecto de la legitimidad, ¡legitimidad!, que le han dado el país y el mismo mundo político.
Me parece, señor Presidente, que aquí existe voluntad para modificar algunas cosas, para mejorarlas, pero en ningún caso se trata de eliminar un contrapeso constitucional que considero muy importante como es el Tribunal Constitucional. ¡A Dios gracias lo tenemos! Porque esas mayorías circunstanciales que pueden existir en el país, si fueran para legislar responsablemente, ¡por supuesto que corresponden! Pero eso no ha ocurrido, por la cantidad de distintas iniciativas legislativas de los gobiernos o de mociones parlamentarias que verdaderamente le van a costar o ya le están costando muy caro al país.
Considero que los nombres sugeridos pertenecen a personas respetables que pueden realizar un aporte.
Y como bien lo han dicho, en una actitud republicana, democrática, de confianza, los Senadores Huenchumilla y Harboe, de alguna manera ellos le creen al Gobierno en su compromiso de avanzar en esta materia.
¡Esa es la forma de construir acuerdos!
Porque aquí existen variados discursos sobre construir acuerdos; pero, en el momento de concretarlos, eso no se da, muchas veces por gustos personales, por cálculos electorales o solo por obstaculizar la labor de un gobierno.
El Ministro de Justicia y el Ministro del Interior son personas de palabra, estimado Senador Huenchumilla -por su intermedio, señor Presidente-. Y si el primero le ha dicho que el Gobierno del Presidente Piñera va a avanzar en esta materia, delo por hecho, porque nosotros cumplimos la palabra.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo entiendo que en la gran mayoría de los países democráticos existen tribunales constitucionales y que, evidentemente, cumplen un rol, pero también quiero ser muy clara en cuanto a que, siendo necesarios, su labor no puede consistir en coartar o alterar el legítimo debate democrático y lo que se apruebe democráticamente en un Parlamento, tal como ha ocurrido.
El actual Tribunal Constitucional se ha caracterizado, en el último tiempo, por rechazar lo que hemos aprobado por amplias mayorías en un Congreso elegido democráticamente: en el caso del SERNAC; en el caso de la objeción de conciencia, que terminó obstaculizando la aplicación de la ley de aborto en tres causales; en el caso de la colusión; en el caso de la tutela laboral, que impide a los empleados públicos recurrir a este expediente para la protección de sus derechos. Francamente, lo que estamos observando es un Tribunal Constitucional que incluso ha llegado a alterar un proceso, añadiendo algo que no existía cuando el respectivo texto fue despachado desde este Parlamento.
Entonces, la pregunta que yo les hago a los Ministros presentes es: ¿cómo pueden pedirnos que votemos a favor de personas que van a reafirmar a ese organismo basándonos en una promesa? Nosotros vamos a concurrir a cualquier acuerdo que signifique un cambio radical e importante del Tribunal Constitucional.
Deberíamos preguntarnos incluso, entre otras cosas, si debe haber un control de las leyes, ya sea en carácter obligatorio o voluntario, porque la constitucionalidad de las normas perfectamente puede ser controlada a través del mecanismo de la inaplicabilidad.
Otra pregunta que uno puede hacerse es por qué no hay un control sobre las actuaciones de los miembros del Tribunal, que sí existe respecto de los ministros de la Corte Suprema. Aquellos no pueden ser acusados constitucionalmente.
Por eso, porque sabemos que es importante introducir reformas profundas, vamos a concurrir con nuestra participación cuando realmente se empiece a trabajar en ellas. Pero ha pasado un año y aquí no hemos visto ningún cambio, sino todo lo contrario: una seguidilla de alteraciones a la voluntad democrática emanada de este Parlamento.
Lo señalo responsablemente, como Senadora del Partido Socialista. Y creo que son varios los colegas que sienten lo mismo, al menos de mi colectividad.
No podemos concurrir con nuestro voto en este caso -no digo en todos-, porque de ese modo estaríamos reafirmando a un Tribunal que ha tenido actuaciones que van más allá de lo que debe ser propiamente su accionar. ¡Hemos tenido que presenciar hasta el bochorno de una bandera puesta el 11 de septiembre, responsabilidad del Presidente del organismo!
Realmente me pregunto: ¿es este el Tribunal que queremos en democracia? ¿Es esta la forma en que nos debe tutelar? ¿Así abdicamos de nuestras funciones, de nuestras atribuciones, o entenderemos que es necesario llegar a un proceso de cambio profundo, a una reforma de verdad?
Perfecto, vamos a concurrir con nuestro voto favorable en su oportunidad para que nadie diga que nosotros somos antipatriotas, que solo sabemos obstruir, porque este es el lenguaje que parece encantarles al Presidente y a algunos parlamentarios oficialistas.
En mi caso, al menos -creo que serán varios más-, voy a abstenerme, porque no quiero que se entienda que estoy en contra de las personas que legítimamente han postulado al cargo. No me siento en condiciones de aprobar una designación que reafirma un tribunal que legítimamente hoy está cuestionado y que legítimamente este Parlamento debe cuestionar, pues requiere un cambio.
Mientras eso no varíe, estaremos viendo a un organismo que, adjudicándose y arrogándose atribuciones que no posee, termina desvirtuando leyes aprobadas democráticamente.
Por esa razón, señor Presidente, anuncio mi voto de abstención, porque no puedo aprobar lo que se está proponiendo.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, el Primer Mandatario, a propósito de la intervención que le corresponde en su rol presidencial y luego de distintas instancias institucionales, pide que nos pronunciemos acerca de la designación de Rodrigo Delaveau y Armando Jaramillo como ministros suplentes del Tribunal Constitucional.
¡A eso es lo que nos convoca el Presidente y es sobre lo cual debe pronunciarse el Senado! Recordemos que es facultad excluyente de esta Corporación determinar si los candidatos reúnen las condiciones para ocupar un cargo que precisamente tiene por objeto velar por la constitucionalidad de las leyes y de distintas instituciones dentro del país.
Y a mí me parece que los postulantes -conozco personalmente al señor Delaveau y he leído al señor Jaramillo- poseen los méritos, las condiciones y las capacidades suficientes para cumplir un buen rol en el organismo al cual desean ingresar.
A eso estamos convocados, es lo que debemos hacer y es lo que yo voy a aprobar.
Pero yo también, señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones acerca de la naturaleza del Tribunal Constitucional y de esta especie de tintineo permanente que se oye desde las bancadas de enfrente respecto de la eventual ilegitimidad que posee un órgano de esta naturaleza.
Yo quiero ser claro: considero que el Tribunal es fundamental para la constitucionalidad del país y ha sido, evidentemente, un elemento positivo para el respeto de la Carta Fundamental.
¿Cuándo nacen los tribunales constitucionales en el mundo? En la década de 1920, a propósito del famoso jurista Hans Kelsen, al que todos quienes estudiamos Derecho hemos oído nombrar. En la lógica de contener a los gobiernos autoritarios de la época, genera un tribunal especial para velar en todo momento por la constitucionalidad de las normas y que, con el transcurso de los años, se lo ha considerado siempre por la doctrina como el gran defensor de las minorías respecto de mayorías ocasionales que pueden no respetar en determinado momento lo que la norma constitucional establece.
Me parece que contar con un organismo que en forma preventiva vele por el control de constitucionalidad es un aporte a la institucionalidad de nuestro país y algo necesario. Es el punto de partida para que no convivan elementos contradictorios dentro del Texto Fundamental y para que siempre se respete la norma constitucional.
Nótese que el tribunal chileno no tiene que ver con la lógica de definir lo que es justicia, de lo que es bienes o de lo que es libertad. Eso sería otra forma de entenderlo. Nuestro tribunal tiene como norma velar por la constitucionalidad de las leyes que se pueden aplicar.
Y, a propósito de reforma, alguien me pregunta si se puede reformar el Tribunal Constitucional. ¡Obvio! Recuerdo que a este Parlamento asistió -me puedo equivocar- el entonces Ministro Insulza, tengo entendido que a cargo de la Cartera del Interior, el año 2005, cuando se modificó el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría y se le agregaron nuevas facultades.
En aquella oportunidad se implantó la unificación del control preventivo y posterior de la constitucionalidad de las leyes y se abrió la posibilidad de declarar inconstitucionales los autos acordados de los tribunales superiores de justicia. En el fondo, se cambió la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se le entregó a este organismo una competencia que antes estaba radicada en la Corte Suprema.
Fue este Parlamento, muchos de los que estamos acá, quienes acordamos darle no solamente confianza al Tribunal Constitucional, sino también mayores atribuciones. Alguien podrá decir: "Oiga, pero ¿cómo se han usado esas atribuciones?".
Yo me di la molestia o el trabajo -y también porque me gusta, por qué no decirlo- de buscar cómo han sido las acciones planteadas ante este Tribunal. Y les quiero señalar que el Observatorio Judicial, que mide justamente la aplicación de esa reforma constitucional hasta el año 2017, indica que la Oposición, como Centroizquierda, recurrió un 60 por ciento más que la Centroderecha. O sea, este organismo, acusado de politizado, de parcial, de veinte cosas, ha sido más recurrido por las bancadas de enfrente que por las nuestras.
Muchas veces a uno pueden no gustarle las resoluciones. Yo he recurrido, y he ganado y he perdido. Pero siempre uno tiene que entender que es sano que haya un tribunal independiente que vele por la constitucionalidad. ¿Cuántas veces aquí mismo de repente se proponen normas que uno sabe que son inconstitucionales y que son aprobadas por una mayoría, en la confianza de que después el Tribunal las va a arreglar?
Y es el llamado que yo también hago: a velar por que se legisle respetando la Constitución. Pero, si no, hay un organismo que está para eso, para velar por la constitucionalidad de las leyes.
Entonces, ¿podemos mejorarlo? ¡Obvio! Yo tengo varias ideas para ello, pero no soy de aquellos agoreros que sepultan al Tribunal Constitucional. A mi juicio, es una institución básica en la historia de Chile, básica en el presente de Chile y creo que también será básica en el futuro de nuestro país.
Es una garantía. ¡Siempre! Nadie sabe quién va a ser minoría y quién va a ser mayoría. Eso va evolucionando. De modo que aquella es una fórmula para entendernos respecto de la primacía constitucional. En la doctrina, en la práctica, en las evaluaciones, obviamente que es parte del activo que tiene Chile y es parte de las cosas positivas que puede exhibir nuestro país.
Algunos sostienen que las instituciones funcionan y enfatizan que la fortaleza de nuestro país son las instituciones. Pues bien, yo quiero decir que el Tribunal Constitucional es parte de eso. Antes de 1970, cuando no existía, su ausencia era una debilidad. Hoy, obviamente, es un activo que nosotros consideramos valioso y que fue ampliamente apoyado el año 2005 a través de la reforma a que he hecho referencia.
Por eso, señor Presidente, voto a favor de los nombres específicos que se nos plantean, aunque aprovechando de hacer la siguiente reflexión: la institución siempre puede ser mejorada, pero creo que hay que tener cuidado con esta lógica de denigrarla y de caricaturizar el rol constitucional que reviste.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, escuchaba recién una intervención y no sé en qué mundo estamos. Parece que, o no se ven las noticias, o no se conocen los fallos, o no se toma conciencia del grado de indignación que existe en la ciudadanía hoy día, precisamente por las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
La semana pasada me correspondió reemplazar al Senador Harboe en la Comisión de Constitución, donde escuchamos los planteamientos que hicieron los postulantes Rodrigo Delaveau y Armando Jaramillo. Como todos saben, a las Comisiones les corresponde simplemente pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos. Y la verdad es que, en este caso, uno de ellos es un destacado profesor de Derecho Constitucional, en tanto que el otro lleva largo tiempo en el ejercicio profesional y también integrando Cortes. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que la ley establece, ambos reúnen los requisitos exigidos.
Ahora, yo llego a esta sesión compartiendo el argumento que han planteado los Senadores Bianchi, Provoste y Guillier en relación con la profunda decepción que existe hoy día -por eso partí aludiendo a una intervención reciente- de parte de la ciudadanía, que no hace otra cosa que desacreditar aún más las instituciones públicas y las instituciones políticas.
¿Sabe, señor Presidente? Esto no es menor. Es casi sintomático lo que ha pasado en esta última hora de trabajo de la Sala del Senado. Hace una hora nos pronunciamos sobre la postulación de un candidato al cargo de ministro de la Corte Suprema, con el mismo Secretario de Estado y la misma Comisión (Constitución). Resultado: 37 votos a favor y ninguno en contra. Y ahora estamos en esta otra discusión, compleja, enredada. Bueno, ¡eso dice algo!
La Secretaría me confirma que hace cinco años que la Sala no debatía sobre el nombramiento de un nuevo miembro para el Tribunal Constitucional. O sea, este es un tema que no se debate, y cuando se debate, la discusión se transforma en lo que aquí estamos presenciando.
Por eso, he llegado acá muy en sintonía con el planteamiento de algunos Senadores que han sido bastante críticos, compartiendo con ellos el fondo del asunto, que hicimos ver en la Comisión de Constitución junto a los Senadores Huenchumilla y De Urresti. Y si hoy día vamos a apoyar la actual propuesta es precisamente porque lo que aquí se ha planteado es distinto de lo que establece el programa de gobierno del Presidente Piñera. Efectivamente, tal como lo señaló el Ministro Blumel en dicho órgano de trabajo, se ha hablado de modificaciones en la composición del Tribunal, en los requisitos para el ingreso, en el sistema de nombramiento, en el número de miembros. Para nosotros -y no solo para nosotros, sino también para mucha gente-, aquello resulta completamente insuficiente.
En la misma sesión el Ministro Blumel habló de los tribunales constitucionales más prestigiados en el mundo. Nadie puede dudar de que el alemán -me lo confirmó el Senador Insulza- es un tribunal que goza de gran prestigio.
Entonces, si nosotros nos vamos a abrir a una discusión de estas características, pienso que es para realizar mejor las cosas y no para dejar igual un tribunal que claramente no está dentro de los más prestigiados, sino entre los más desprestigiados del mundo.
Creo que eso no es bueno para nadie. No es bueno ni para estos fallos ni para las materias sobre las cuales ha habido un pronunciamiento en el último tiempo y que varios colegas ya han mencionado: libertades condicionales; remedios; optómetras -que me recordaba recién el Senador Girardi-; objeción de conciencia en el aborto por tres causales; SERNAC; tutela laboral, en fin. Son muchos los temas en los que este órgano, finalmente, lo que ha hecho es actuar como una tercera Cámara y, más que eso y en definitiva, como un órgano de interpretación ideológica.
No nos pongamos una venda en los ojos con respecto a eso. ¡Si eso es: un órgano de interpretación ideológica!
Por lo tanto, estos ministros suplentes del Tribunal Constitucional, ¿van a cambiarlo mucho? No sé. Yo espero que ellos tengan clara conciencia de que la votación que se va a expresar acá, con una inmensa mayoría de Senadores entregando su voto favorable, se debe a que esperan un cambio profundo en los términos en que hoy día ha recogido y señalado el Ministro Hernán Larraín. Por eso yo valoro sus palabras y creo en su planteamiento, pero considero que en esto debe haber una hoja en blanco. No puede obrarse sobre la base de imposiciones o de otros debates que hemos hecho mal en el país, a propósito del tema que vamos a ver a continuación, relativo a la seguridad y a la situación en La Araucanía, donde se intenta imponer condiciones, criterios, tiempos.
Me parece que aquí tenemos que abrir esa discusión de manera muy desapasionada, porque, de lo contrario, lo que va a primar es la posición de muchos que sostienen: "Bueno, si no va a ser un órgano prestigiado, donde lo que importe sean los requerimientos de parte más que el control preventivo, como ocurre en otros lugares del mundo, ¿para qué tener un Tribunal Constitucional? Porque para eso tenemos la Corte Suprema, que está en condiciones de cumplir la misma labor".
En definitiva, señor Presidente, voy a votar a favor, precisamente por lo contrario de lo que algunos colegas han planteado: porque espero que nunca más un Tribunal Constitucional como el chileno intervenga como lo hizo respecto del artículo 63 de la Ley sobre Educación Superior. Se había establecido claramente que el controlador de una institución de educación superior no podía tener fines de lucro, y vienen estos señores y fallan que puede haber lucro, sabiendo que no hay doctrina que avale un planteamiento de esa índole.
Voy a votar a favor precisamente porque queremos cambiar aquello, porque queremos recuperar el prestigio de este órgano o del que finalmente termine actuando como garante de la justicia constitucional.
La justicia constitucional es importante, pero también lo es que el Tribunal se relacione con otros órganos que igualmente poseen potestades constitucionales, como la Contraloría General de la República, la Corte Suprema, lo cual, claramente, no está ocurriendo hoy día. Es evidente que muchos de sus miembros titulares no poseen el perfil académico para ocupar esa función. Los dos postulantes que se nos presentan esta tarde probablemente tienen incluso más pergaminos académicos que algunos de ellos.
Por lo tanto, debemos hacernos cargo de ese debate.
Precisamente porque creo en las palabras del Ministro Larraín, en el sentido de que aquí habrá una discusión de fondo, como ya lo han señalado tanto el Senador Harboe como el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Huenchumilla, vamos a concurrir con nuestro voto favorable.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Estamos en un problema.
Se han inscrito para intervenir cinco Senadores más. Esta sesión terminaba a las cuatro y media, y hemos permitido que se alargue para que todos puedan expresarse. Sin embargo, está pendiente la discusión del proyecto sobre Carabineros, que figura en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria y que debemos despachar en el día de hoy.
No sé si podríamos disminuir el tiempo de los discursos o suspender el debate de esta materia y continuarla después, porque el tiempo para esta sesión especial ya se acabó.
El señor PIZARRO.- Hay que terminar la votación, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Lo sé, señor Senador.
¿Qué sugieren?
¿Acortamos las intervenciones?
El señor LAGOS.- ¡No!
¿Cuántos minutos está dando? ¿10 minutos?
El señor MONTES (Presidente).- Son 5 minutos.
El señor LAGOS.- ¡Es la fundamentación del voto!
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, un Senador de las bancas del frente dijo que las personas siempre cumplen su palabra.
Perdonen por los recuerdos que puedan parecerles odiosos a algunos, pero en el plebiscito de 1989 hubo un conjunto de acuerdos que no se cumplieron, precisamente entre las fuerzas de Centroizquierda y de Derecha. Y nos hemos demorado más de 25 años en avanzar en materias de institucionalidad democrática que aún están pendientes. ¡Eso es lo que ocurre!
Tenemos una institución deformada, heredada, que a juicio de varios de nosotros le ha hecho daño a la democracia no solo por disputar la legitimidad democrática con el Congreso -hay varios casos: Ley del Consumidor, tutela laboral, requisitos para beneficios carcelarios, aborto en tres causales, etcétera-, sino también porque ha ido avanzando y alterando textos aprobados por el Parlamento.
¡En tutela laboral abiertamente invadieron espacios de otro Poder del Estado: de la Corte Suprema!
No es que el Tribunal Constitucional mantenga problemas institucionales solamente con este Poder del Estado, también los tiene con otros, invadiendo ámbitos de su competencia. Es por ello que algunos de nosotros hoy decimos que no queremos participar más de la legitimación de esa institución y que nos abstendremos en esta votación. No tiene nada que ver con las personas propuestas para este nombramiento.
Sobre la necesidad de avanzar en la reforma del Tribunal Constitucional se habló a principios del año pasado por algunos actores. Algunos lo planteamos -lo digo como fuerza política, no como algo personal-, y se nos dijo que eso se iba a hacer.
Ahora, el problema no es que uno le crea o no al Ministro de Justicia, ¡por favor! La honorabilidad de los cuatro Secretarios de Estado presentes acá no está en discusión. La duda radica en si es oportuno seguir nombrando personas o si debiéramos partir reformando la institución, en particular en este caso en que se designa a ministros suplentes, es decir, en que aquella no tiene ningún problema para seguir funcionando, ¡ninguno!
Algunos somos muy críticos respecto al cumplimiento de compromisos. Yo no me voy a meter en otras discusiones, como la relativa a la subordinación de Carabineros al poder civil, que es parte del resultado de un acuerdo no cumplido que también se hizo en 1989.
Señor Presidente, quiero insistir en que no están en discusión las personas propuestas para el Tribunal Constitucional, pero sí debo decir que en este hay una crisis.
Valoro y comparto lo que dijo el Senador Francisco Huenchumilla respecto al hito político y al compromiso formal del Gobierno. Eso es lo relevante. A algunos nos gustaría que fuera antes de votar este proyecto. Porque no hay ninguna urgencia, no le pasará nada a la institucionalidad chilena si esto no se resuelve hoy o si se ve en marzo o en junio. Y, en esta materia, creo que el orden de los factores es muy relevante.
Por eso algunos nos vamos a abstener. Probablemente, se alcanzarán los votos suficientes para este nombramiento. Sin embargo, creo que es muy importante ver no solamente la voluntad del Ejecutivo, sino la del conjunto del Senado, para que tengamos un Tribunal Constitucional como el que fue concebido originalmente en nuestro ordenamiento institucional y no el que tenemos hoy, que, efectivamente, afecta a la legitimidad y a la fuerza de nuestra democracia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, la verdad es que parece haber discrepancias respecto de cómo actuar en este caso, pero no las hay en cuanto al diagnóstico y a lo que queremos.
Nosotros no queremos ver flameando en el Tribunal Constitucional la bandera del 11 de septiembre. No queremos un Tribunal Constitucional que claramente actúa de manera política y que causa perjuicio a los funcionarios públicos, que se mete con las atribuciones del Congreso, que cambia las leyes cada vez que a la mayoría de sus miembros les parece conveniente.
Nada de eso queremos. Y en ello estamos todos de acuerdo. Que nadie se equivoque. No hay nadie en la Oposición que tenga una buena opinión respecto de este Tribunal, como por desgracia sí lo han manifestado algunos de los miembros de la minoría.
Pero creemos que para cambiarlo debemos llegar a un acuerdo y, por lo tanto, aceptamos con algún grado de esperanza -¡y a lo mejor también de ingenuidad...!- el compromiso del señor Ministro. Porque generalmente ha cumplido con nosotros, digámoslo francamente.
Yo creo que es necesario reformar este Tribunal.
El Senador Coloma señaló que yo había participado en una de sus modificaciones. Sí participé, pero no siempre las cosas en las que uno se involucra quedan bien.
Ese Tribunal iba a tener nueve miembros, después tuvo diez, porque la Cámara exigió tener el suyo, y luego se cambiaron sus atribuciones.
Creo que hay que hacer una autocrítica, pues no hemos estado a la altura de lo que nos exige la selección de sus miembros. Como ha dicho el Senador Quintana, muchas veces ni siquiera cuentan con las credenciales necesarias para este cargo, salvo la pertenencia a algún partido político o la derrota en alguna elección. Entonces, por eso nos encontramos en esta situación.
No estamos diciendo que sea solamente porque el Tribunal es de un color o de otro. ¡Es un mal Tribunal! Y en eso estamos todos de acuerdo.
Algunos pensamos que es mejor concurrir a la votación por las razones que ha señalado el Senador Huenchumilla. Creo que es necesario pronunciarnos favorablemente para declarar una vez más nuestra fe en los procedimientos y en las posibilidades de diálogo para cambiar este órgano del Estado. Otros, a quienes respeto plenamente, han llegado al límite y se abstendrán. Y el resto votará en contra.
Lo importante es que se sepa que esta institución no nos merece ninguna confianza y no le presta ninguna utilidad a la democracia. Ese es el motivo por el que nuestros votos son distintos unos de otros, pese a que todos esperamos que este cambio se produzca y que este compromiso se cumpla.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, como decía mi antecesor, don José Miguel Insulza, por lo menos desde la Oposición no hay dos diagnósticos: el Tribunal Constitucional hoy día está seriamente cuestionado.
En muchas democracias, como las que uno aspira a reflejar o a alcanzar, existen tribunales constitucionales. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, esa función la cumple la Corte Suprema. Pero lo que tenemos en Chile es una institución cuestionada, y sobre eso no hay dos lecturas.
El Tribunal Constitucional ha devenido básicamente en una tercera cámara; y el diagnóstico compartido es que requiere una modificación sustantiva, bien profunda.
Algunos plantearán si es necesario o no. Yo creo que es necesario contar con uno; pero el que tenemos hoy día no da abasto.
Sin embargo, la discusión ahora es bien procedimental, y corresponde al nombramiento de dos miembros suplentes del Tribunal. Hemos escuchado de parte del Ejecutivo, de los Ministros Larraín y Blumel en su oportunidad -si estoy equivocado en la cita quiero que se corrija, para que quede en actas-, la disposición del Gobierno para entrar en un debate formal y serio al respecto.
Creo que sería importante que el Gobierno realizara a la brevedad un planteamiento más riguroso y más formal acerca de cómo abordará este tema, ojalá con un organigrama y al menos un plazo.
¿Y por qué lo digo?
Distintos señores Senadores hemos hablado con el Ministro del Interior -en mi caso, en dos o tres oportunidades, y creo que de paso con el Ministro de Justicia- acerca de la necesidad de abordar esta materia. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento del Tribunal Constitucional, al revertir lo que hacemos en el Parlamento, seguirá deteriorando la imagen de numerosas instituciones de nuestro país. Así, en un rato más seguiremos conversando sobre la imagen deteriorada de Carabineros de Chile, y lo haremos desde la misma imagen que existe a ojos de la opinión pública sobre nuestro rol y papel en el Congreso.
Estamos hablando de un Tribunal Constitucional que también es cuestionado por la forma en que ha invadido ciertos espacios de otros Poderes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial.
Podemos seguir hablando latamente del deterioro institucional, pero la pregunta es si nuevamente dejaremos pendientes, como ya lo hicimos durante muchos años, reformas a situaciones que fueron socavando la credibilidad de nuestras instituciones.
Cuando muchos chilenos dicen que la política -entre comillas- "no les resuelve los problemas", lo hacen porque sienten que está trabada. La llamada "política de los acuerdos", a partir de un binominal que fue difícil modificar, impidió la existencia de una proporcionalidad en el Parlamento que permitiera establecer definiciones. Esa situación, más los quorums exigidos en la Constitución para ciertas reformas, trabó el sistema.
¡Cierto, le dio estabilidad, pero trabó el sistema!
Si no hubiera sido por un pequeño lapso en que existió cierta mayoría parlamentaria que permitió empujar ciertas reformas, a partir de una elección presidencial tremendamente fuerte, como en el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, no se habrían introducido modificaciones en Chile que hoy día son parte nuestra y que ya nadie discute, como la gratuidad en la educación superior.
Es ahí cuando el chileno dice "La política funciona".
Lo que el Tribunal Constitucional ha hecho en sus fallos -no en uno, no en dos, sino que en innumerables fallos- es ir a contrapelo no solo de lo que votamos acá, sino de lo que piensan numerosos chilenos. Va a quedar en el descrédito. Cualquier reforma que hagamos después correrá el riesgo de no ser suficiente, o de ser solamente un "arreglín".
El dilema para los de este lado del Hemiciclo es que tenemos visiones distintas. Tengo colegas que se van a abstener; otros que van a votar en contra; y hay quienes vamos a votar a favor, en el entendido de que habrá un esfuerzo para modificar esto.
Hago una sola reflexión: algunos de los que me antecedieron dijeron que carece de importancia no aprobar a estos suplentes, porque no va a pasar nada.
Sin embargo, aplicando la lógica inversa: aprobándolos ¿va a pasar menos, entonces?
En consecuencia, no es el tema la aprobación. Queda en una señal semisimbólica relativa, porque si efectivamente no va a pasar nada, ¡no pasará nada! Se rechazarán los nombramientos, y quedará todo igual.
Ahora se requiere un clima que genere ese compromiso, que allane el camino, considerando la disposición genuina del Gobierno -lo digo de verdad, señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente- para abordar esta materia.
Afirmo lo anterior, porque siento que la degradación de las instituciones públicas que existe a ojos de los ciudadanos es tan fuerte que, si queremos aprobar leyes, o modificar la ley de Carabineros, no va a resultar, pues, como decía el Senador Harboe hace unos días: "Y qué saco yo, si después el Tribunal Constitucional tal vez me va a modificar lo que acordemos acá en la Sala".
¡Y nos ha ocurrido!
Ante eso, uno pide un compromiso claro y formal del Ejecutivo en cuanto a que este tema es prioritario, junto con muchos otros.
Puede que no sea prioritario para la opinión pública, pero esta sí tiene una idea fundada sobre el aborto en tres causales, sobre la gratuidad de la educación superior. Y, así, suma y sigue.
Es lo que debemos abordar hoy día.
Yo espero que aprobemos esta designación no para que sea esa la noticia, sino que el compromiso del Gobierno a partir de esta votación. Y ojalá que el titular de mañana sea que el Ministro de Justicia señaló que el Gobierno inicia un proceso de reformas al Tribunal Constitucional.
¡Esa debería ser la noticia producto de esta votación, y no que se rechazó o se aprobó por tres o cuatro votos!
El señor MONTES (Presidente).- Hay tres señores Senadores inscritos, ¿les parece que cerremos aquí la inscripción, de tal manera de poder terminar la discusión de este proyecto?
Acordado.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, hay muchas maneras de enfocar esta discusión. Evidentemente, no tiene nada que ver con las personas que son candidatas a suplentes, o con los mismos miembros del Tribunal Constitucional, sino que con el tipo de sociedad y de democracia que queremos construir.
Tengo la convicción de que la democracia está en crisis, de que está amenazada; de que la era digital está transformando la democracia, en Chile y el mundo, en algo irrelevante; de que hay una desincronización total entre la tecnología y la democracia; de que esta última no es capaz de responder a los desafíos del siglo XXI porque vive en una temporalidad pasada, del siglo XX, y a veces del siglo XIX.
Esa desincronización está generando que la democracia sea reemplazada o por los populismos, los cuales, frente a la incertidumbre y el miedo que producen los cambios, los amplifican y manipulan, representando una no-respuesta frente a ese temor e incertidumbre de la sociedad. O tal vez seremos sustituidos por las grandes plataformas tecnológicas. A lo mejor algún día no va a existir el Estado, solo Google o Facebook, que se van a adueñar de las decisiones de los seres humanos, que van a reemplazar progresivamente el estado de bienestar, el estado social, como ya lo están haciendo en numerosos ámbitos de la salud y de la educación.
Es evidente que hay una desincronización total entre nuestra institucionalidad democrática y la sociedad chilena.
Para mí la existencia del Tribunal Constitucional es una concepción que nos aminora a nosotros, que aminora a la democracia, pues establece que esta debe ser tutelada. Se plantea que un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, que no tienen ninguna legitimidad democrática, son los que mejor pueden ejercer el tutelaje sobre un actor con todos los problemas que presenta la sociedad.
Por lo tanto, es una capitulación justamente de quienes representamos el espacio democrático en la sociedad chilena.
¡Cómo es posible que tengamos un tribunal superior que, cada vez que puede, atenta contra las decisiones no solamente del Congreso Nacional, sino también de las grandes mayorías ciudadanas!
Reitero: hay una desincronización, ¡ese mundo vive una temporalidad de la Edad Media, del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX!
No solamente han intervenido en temas valóricos, de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, sino que últimamente hasta en asuntos que tienen que ver con intereses económicos. Por ejemplo, los optómetras -un conjunto de personajes raros, pues la optometría no existe como carrera, no es una profesión en Chile, a diferencia de la tecnología médica- fueron validados para poder ejercer. Es decir, están aceptando su ejercicio ilegal, favoreciendo a dos grandes ópticas de este país, para que incluso puedan recetar.
¡Yo encuentro que eso ya es totalmente increíble!
Entonces, hay dos miradas.
La del Gobierno, de poner un salvavidas a esta institucionalidad, a este tutelaje.
Y uno puede ver que muchas veces se intenta salvar instituciones que no deberían existir, sobre la base de una cirugía cosmética. Y podemos hacer lo mismo con las isapres, ¡hay que salvarlas, entonces, hagámosle un poco de cirugía para que sean aceptadas...! O ¡tenemos que salvar este sistema de AFP odioso que, utilizando el dinero de las personas, las condena a pésimas pensiones, y obtiene utilidades millonarias...!
Claro, podemos hacer reformas que en realidad no lo son, sino que constituyen justamente la revitalización de una visión de la sociedad.
Pero a mí, por lo menos, no me interesa eso. No comparto la mirada del Gobierno respecto a hacer un salvataje de un tribunal que, desde mi punto de vista, no debiera existir.
Por eso, porque no creo en el tutelaje de la democracia, en que exista un ente por sobre la expresión democrática de este país, representada por el Senado y la Cámara de Diputados, y porque renuncio a aceptar esa condición, independientemente de las personas, no voy a votar a favor de esta nominación, pues significaría de cierta manera aceptar que en Chile sigamos viviendo una democracia que requiere un poder superior, un tutelaje que "corrija" -entre comillas- las malas decisiones que toman quienes representan a los ciudadanos.
Señor Presidente, de ninguna manera -repito- voy a votar a favor. Esa será la visión del Gobierno, pero no es la que yo tengo.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.


El señor ARAYA.- Señor Presidente, soy de los que creen que la justicia constitucional es necesaria para las democracias; que fortalece mucho el funcionamiento democrático, porque siempre debe existir un contrapeso respecto de las actuaciones de quienes representamos a los ciudadanos, en este caso el Congreso o el propio Presidente de la República.
El problema, a mi juicio, radica en otras circunstancias. Y en esto hay que hacer un poco de memoria y de historia: el Tribunal Constitucional que tenemos es lo que pudimos lograr en las reformas del 2005.
Se necesitaban los votos de la Derecha para poder reformar las Constitución. Y en ese minuto, quienes hoy son Gobierno -en esa época eran Oposición-, pensaron siempre que esa institución sería un contrapeso para el término de ciertos seguros que había generado la dictadura para no permitir una democracia plena. Entre otros, el sistema binominal, los Senadores designados.
El Tribunal Constitucional quedó con una composición y con una serie de atribuciones bastante extrañas, que si uno las compara con justicias constitucionales de otros países, con democracias sólidas, como en Europa -España, Alemania-, no guardan mucha relación con lo que son sus funciones.
De hecho, si uno mira los últimos fallos del Tribunal Constitucional, se da cuenta de que ha ido bastante más allá de lo que su propia Ley Orgánica y la Constitución lo mandatan.
Basta mirar -ya se ha dicho durante la discusión- sus variadas sentencias. Por ejemplo, si pensamos en sus últimos fallos, uno de los más polémicos fue cuando se despachó el proyecto sobre despenalización de tres causales de interrupción voluntaria del embarazo.
Ahí derechamente, a mi juicio, el Tribunal Constitucional cometió una abierta infracción, pues entró a legislar en materias que eran propias de la potestad del legislador, que en este caso eran el Congreso Nacional en conjunto con el Presidente de la República. O sea, desde el minuto en que empieza a suprimir palabras en los artículos aprobados por el Parlamento se inmiscuye en una atribución netamente legislativa.
También ocurrió lo mismo respecto de un asunto que le interesa mucho a la ciudadanía: la seguridad pública.
Yo siempre he sostenido en el Senado que la facultad de establecer en las leyes los tipos penales y las penas que se les asignan a los delitos es una atribución exclusiva y excluyente del legislador. La política criminal la fija el gobierno respectivo, y, obviamente, en algún minuto lo hace con el concurso del Parlamento cuando se discuten las iniciativas vinculadas con los tipos penales.
Cuando el Congreso Nacional aprobó el proyecto conocido como "Ley Emilia", que sancionaba con pena de cárcel efectiva a quien manejando en estado de ebriedad causara la muerte de una persona, o el que modificaba la ley sobre control de armas, en que incorporamos nuevos tipos penales y establecimos pena de cárcel efectiva para ciertas conductas, estábamos haciendo política criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, argumentando modernas doctrinas constitucionales o doctrinas de otros países, desechó la tesis planteada y determinó que no siempre se iba a sancionar con pena efectiva de cárcel, pues con ello se infringían garantías constitucionales.
Ahora bien, al revisar exhaustivamente los fallos del referido Tribunal, uno no logra vislumbrar de qué forma puede haberse violentado la Constitución Política en esos casos, cuando el propio legislador, cumpliendo con las normas que ella le entrega en materia de tramitación de los proyectos de ley, de los quorums necesarios para aprobarlos, fija una política criminal estableciendo ciertos delitos, los tipos de penas y la forma en que deberán cumplirse.
Aquello demuestra que el Tribunal Constitucional ha ido bastante más allá de sus atribuciones.
Por eso, hoy día se requiere una reforma profunda de dicho Tribunal. Uno quiere proteger las instituciones, pero, como sabemos, estas se encuentran integradas por personas.
De ahí que en la actualidad uno sabe de antemano, dependiendo de cuán sensible sea el tema que deba resolver (político, filosófico, o incluso sobre creencias religiosas), cuál va a ser la votación en el Tribunal Constitucional.
Eso es lo que a mi juicio está generando hoy una tremenda distorsión en nuestra justicia constitucional, pues lo que uno esperaría de los miembros del Tribunal Constitucional, así como también de quienes integran cualquier tribunal de justicia -entre ellos, la Corte Suprema-, es que fallaran conforme a Derecho, más allá de sus convicciones personales, que pueden ser muy legítimas, pero que no deberían influir en lo sustantivo de la sentencia.
Si uno analiza el comportamiento del mencionado Tribunal en los últimos dos años verá que ha habido una marcada tendencia respecto de materias bastante sensibles y que tienen un tinte de carácter político o económico.
Ejemplo de ello es lo que nos ocurrió con el proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor, en que claramente se vulneraron una cantidad importante de atribuciones que se le entregaban al SERNAC para proteger a los ciudadanos. En mi concepto, el Tribunal Constitucional adoptó su resolución desde una mirada muy economicista.
Señor Presidente, no conozco a ninguno de los candidatos propuestos como Suplentes de Ministros del referido Tribunal. No tengo nada personal en contra de ellos. Sin embargo, pienso que si uno quiere ejercer algún grado de presión al Gobierno para manifestarle la molestia que existe sobre el actual funcionamiento del Tribunal Constitucional y, también, la necesidad de realizar la reforma pertinente, no debe pronunciarse respecto de la solicitud presidencial. Y así voy a proceder
Si efectivamente queremos potenciar la justicia constitucional, creo que debemos efectuar una reforma integral del Tribunal Constitucional. Y ello pasa por determinar, primero, cuáles son las competencias que debe tener; si continuaremos aceptando o no controles preventivos de constitucionalidad; hasta dónde podrá controlar...
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para terminar su intervención.
El señor ARAYA.- Gracias.
Lo central acá, señor Presidente, tiene que ver con la nominación de sus integrantes. Porque no puede volver a ocurrir que haya ministros con una marcada tendencia política, en que se sabe de antemano la forma en que dirimirán un conflicto constitucional.
Para que la justicia constitucional efectivamente tutele la democracia debe ser imparcial y estar alejada de las creencias políticas que pueda tener o no un integrante del Tribunal Constitucional.
Por todo lo anterior, me abstendré de votar los nombramientos propuestos.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, ciertamente, la justicia constitucional tiene un objeto: que la Carta Fundamental, como norma superior, sea debidamente respetada por los órganos legislativos.
La Constitución Política es, además, expresión de valores, principios; consagra derechos que son compartidos en una sociedad y que no deben estar sometidos a las mayorías o minorías transitorias propias del sistema democrático. De ahí el establecimiento de normas más exigentes para su reforma.
Para que aquello funcione adecuadamente en una democracia se requiere que la Carta Fundamental sea producto de un acuerdo amplio en la sociedad; que no exprese la mirada de cierto sector político ni menos que haya sido impuesta por la fuerza durante una dictadura. Es decir, ella debe emanar de un sistema democrático, en que todos nos sintamos parte y representados.
Pero eso no es lo que ocurre en Chile.
Tenemos una Constitución Política que fue impuesta por la fuerza.
Con ello no quiero desmerecer las sucesivas reformas que se impulsaron desde 1989 a la fecha. La más importante, por cierto, se introdujo el año 2005, cuando se puso fin a una de las instituciones más aberrantes que se habían establecido en su texto.
Sin embargo, todavía nuestra Carta Fundamental no es expresión de las visiones compartidas del conjunto de la sociedad chilena: da cuenta de la mirada de un solo sector político.
Estamos en democracia y dicha visión es legítima, pero no representa a la sociedad en su totalidad: plantea una mirada neoliberal y conservadora, a través de disposiciones que para su modificación se requieren quorums muy exigentes y que fueron impuestas en dictadura.
El asunto es muy simple: en dictadura impongo un norma y, después, si se quiere reformar en democracia les exijo a quienes desean cambiarla un quorum casi imposible de alcanzar. Con ello dichos preceptos terminan siendo pétreos.
Por lo tanto, la democracia se transforma en un baile de máscaras, donde todos hablan, discuten, pero al final nada cambia: se neutraliza la voluntad soberana.
Y por si esto no fuera lo suficientemente grave, en Chile el órgano que debe interpretar esta Constitución, que representa la mirada parcial de un sector político, hace aquello de la manera más extrema posible: defiende intereses; actúa como tribunal político y no jurídico; falla más allá de sus competencias, y se transforma, en los hechos, en el guardián del abuso.
Cada vez que se van a afectar los intereses de un sector privilegiado de nuestra sociedad, salta el Tribunal Constitucional en su defensa. Es decir, se transforma en una tercera cámara, que modifica las normas aprobadas en el Congreso Nacional como expresión de la soberanía popular.
Por consiguiente, es imprescindible que en Chile avancemos primero hacia una nueva Constitución nacida en democracia: no de Derecha, de Izquierda, neoliberal, socialdemócrata o representativa de una Izquierda más radical, sino una en la que -reitero- todos nos sintamos parte e interpretados.
Pero, además, debemos contar con una justicia constitucional que no genere dudas respecto de los criterios con los que actúa.
Se ha llegado al extremo de saber anticipadamente cómo va a fallar el Tribunal Constitucional. Hay algunos parlamentarios que cuando pierden votaciones en una Comisión, en la Sala del Senado o en la Cámara de Diputados señalan: "No importa: estamos 6 a 4, o 7 a 3, en el Tribunal Constitucional".
En la Corte Suprema al menos no existe ese grado de incertidumbre, pues se tiene claro que estamos hablando de jueces que actúan conforme a Derecho al momento de votar.
Sin embargo, en el Tribunal Constitucional no se opera así.
Por lo tanto, aquello es un déficit fundamental de nuestra democracia.
Señor Presidente, se ha planteado que sería un simple testimonio votar de manera distinta. Pero son los testimonios los que van sentando el precedente para efectuar cambios que serán imprescindibles a fin de consolidar una verdadera democracia y para generar una forma de convivencia en la que todos nos sintamos más interpretados y respetados.
Porque se ha llegado al extremo -y lo digo con toda claridad- de que, conforme a la Constitución actual, las ideas de determinado sector político son inconstitucionales. ¡Y las normas de la Carta Fundamental se impusieron cuando dicho sector político estaba proscrito...!
Esa no es una democracia de alta intensidad, ni una democracia, con mayúsculas, como la que merece Chile.
Por eso, señor Presidente, no voy a concurrir con mi voto para aprobar los nombramientos propuestos, independientemente del respeto que pueda tener a sus trayectorias profesionales.
El señor MONTES (Presidente).- Habíamos acordado que no se inscribirían más oradores, pero la Senadora señora Rincón ha pedido la palabra.
¿Les parece a Sus Señorías?
El señor MOREIRA.- Sí.
El señor DURANA.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no sabía que existía un acuerdo al respecto. Y doy excusas por ello.
Estaba atendiendo a unos dirigentes por otro asunto cuando escuché la intervención del Senador Elizalde. De modo que no puedo menos que emitir mi opinión en la materia.
Y doy mi parecer, pues mi voto no tiene que ver con la calidad de los postulantes a los cargos de Suplentes de Ministros del Tribunal Constitucional. No tengo nada en contra de ellos. Incluso, a uno lo conozco personalmente y al otro académicamente. Dichos candidatos me merecen el mayor de los respetos.
Hace un tiempo, en mi primer período como Senadora, concurrí con mi voto en contra en la designación de miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Pasado el tiempo, en verdad, no me arrepentí de haber votado de esa manera.
Hoy día nuevamente voy a votar en contra: en esta oportunidad, no por la calidad de los currículums de los postulantes propuestos, sino por el testimonio de que habló el Senador Elizalde.
Creo que ha llegado el minuto de realizar la reforma respectiva del Tribunal Constitucional.
Ello es necesario y urgente.
Hace pocos días vimos cómo su Presidente era pisoteado de una manera brutal.
¡No queremos eso para él ni para nadie que integre alguna institución en nuestro país! No merece el trato de que fue objeto, por muy en contra que estemos de su posición acerca de la materia que se debía resolver en esa oportunidad, o de cualquier otra.
El respeto máximo a su manera de pensar es lo que a mi juicio merecen todas las personas: "No estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero daría mi vida por tu derecho a expresarla".
Creo que estamos en un punto límite en la defensa de las instituciones.
Me parece que el Tribunal Constitucional ha llegado a un punto límite en cuanto a la transgresión al respeto por el Congreso Nacional.
Eso es lo que está en juego hoy día cuando seguimos insistiendo en nombrar a miembros, titulares o suplementes, del mencionado Tribunal.
Por ello voto en contra, y -lo reitero- no por la calidad de los candidatos propuestos a esta Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para nombrar Suplentes de Ministros del Tribunal Constitucional a los señores Rodrigo Delaveau Swett y Armando Jaramillo Lira (30 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Girardi, Guillier y Latorre,
Se abstuvieron la señora Allende y los señores Araya, Letelier, Quinteros y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto negativo del Senador señor Elizalde