DESIGNACIÓN DE SEÑORES RODRIGO DELAVEAU SWETT Y ARMANDO JARAMILLO LIRA COMO SUPLENTES DE MINISTROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, ciertamente, la justicia constitucional tiene un objeto: que la Carta Fundamental, como norma superior, sea debidamente respetada por los órganos legislativos.

La Constitución Política es, además, expresión de valores, principios; consagra derechos que son compartidos en una sociedad y que no deben estar sometidos a las mayorías o minorías transitorias propias del sistema democrático. De ahí el establecimiento de normas más exigentes para su reforma.

Para que aquello funcione adecuadamente en una democracia se requiere que la Carta Fundamental sea producto de un acuerdo amplio en la sociedad; que no exprese la mirada de cierto sector político ni menos que haya sido impuesta por la fuerza durante una dictadura. Es decir, ella debe emanar de un sistema democrático, en que todos nos sintamos parte y representados.

Pero eso no es lo que ocurre en Chile.

Tenemos una Constitución Política que fue impuesta por la fuerza.

Con ello no quiero desmerecer las sucesivas reformas que se impulsaron desde 1989 a la fecha. La más importante, por cierto, se introdujo el año 2005, cuando se puso fin a una de las instituciones más aberrantes que se habían establecido en su texto.

Sin embargo, todavía nuestra Carta Fundamental no es expresión de las visiones compartidas del conjunto de la sociedad chilena: da cuenta de la mirada de un solo sector político.

Estamos en democracia y dicha visión es legítima, pero no representa a la sociedad en su totalidad: plantea una mirada neoliberal y conservadora, a través de disposiciones que para su modificación se requieren quorums muy exigentes y que fueron impuestas en dictadura.

El asunto es muy simple: en dictadura impongo un norma y, después, si se quiere reformar en democracia les exijo a quienes desean cambiarla un quorum casi imposible de alcanzar. Con ello dichos preceptos terminan siendo pétreos.

Por lo tanto, la democracia se transforma en un baile de máscaras, donde todos hablan, discuten, pero al final nada cambia: se neutraliza la voluntad soberana.

Y por si esto no fuera lo suficientemente grave, en Chile el órgano que debe interpretar esta Constitución, que representa la mirada parcial de un sector político, hace aquello de la manera más extrema posible: defiende intereses; actúa como tribunal político y no jurídico; falla más allá de sus competencias, y se transforma, en los hechos, en el guardián del abuso.

Cada vez que se van a afectar los intereses de un sector privilegiado de nuestra sociedad, salta el Tribunal Constitucional en su defensa. Es decir, se transforma en una tercera cámara, que modifica las normas aprobadas en el Congreso Nacional como expresión de la soberanía popular.

Por consiguiente, es imprescindible que en Chile avancemos primero hacia una nueva Constitución nacida en democracia: no de Derecha, de Izquierda, neoliberal, socialdemócrata o representativa de una Izquierda más radical, sino una en la que -reitero- todos nos sintamos parte e interpretados.

Pero, además, debemos contar con una justicia constitucional que no genere dudas respecto de los criterios con los que actúa.

Se ha llegado al extremo de saber anticipadamente cómo va a fallar el Tribunal Constitucional. Hay algunos parlamentarios que cuando pierden votaciones en una Comisión, en la Sala del Senado o en la Cámara de Diputados señalan: "No importa: estamos 6 a 4, o 7 a 3, en el Tribunal Constitucional".

En la Corte Suprema al menos no existe ese grado de incertidumbre, pues se tiene claro que estamos hablando de jueces que actúan conforme a Derecho al momento de votar.

Sin embargo, en el Tribunal Constitucional no se opera así.

Por lo tanto, aquello es un déficit fundamental de nuestra democracia.

Señor Presidente, se ha planteado que sería un simple testimonio votar de manera distinta. Pero son los testimonios los que van sentando el precedente para efectuar cambios que serán imprescindibles a fin de consolidar una verdadera democracia y para generar una forma de convivencia en la que todos nos sintamos más interpretados y respetados.

Porque se ha llegado al extremo -y lo digo con toda claridad- de que, conforme a la Constitución actual, las ideas de determinado sector político son inconstitucionales. ¡Y las normas de la Carta Fundamental se impusieron cuando dicho sector político estaba proscrito...!

Esa no es una democracia de alta intensidad, ni una democracia, con mayúsculas, como la que merece Chile.