MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, saludo en primer lugar al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Educación.

En días pasados el Presidente Lagos habló de la crisis que atraviesan diversas instituciones del Estado, sin precedentes desde el retorno de la democracia. Se refirió a las causas internas y externas de este fenómeno, y llamó a cuidar la democracia y sus instituciones.

Yo me pregunto, entonces: ¿cuál es la mejor forma de cuidar nuestras instituciones? ¿Cómo rescatamos a Carabineros de esta crisis, resguardando los valores que forjaron el reconocimiento que llegó a tener en nuestra sociedad y depurándolo, al mismo tiempo, de los vicios que lo han afectado?

A mi modo de ver, el primer paso para su cuidado es promover una discusión abierta sobre los problemas que lo afectan, con plena verdad y transparencia, de cara a la ciudadanía, anteponiendo el interés general, que debe ser el desarrollo de las instituciones, y no las posiciones de poder de cada actor.

No favorece a este proceso el clima actual, de acusaciones cruzadas, en que cada cual parece intentar salvarse de la avalancha de cuestionamientos de la opinión pública.

No ayuda a este debate de fondo contar con autoridades cuestionadas. El Gobierno es el primer responsable de abrir paso y despejar cualquier obstáculo al camino de la necesaria reforma que debe emprender Carabineros, como lo confirmó el propio señor Presidente de la República en días pasados, cuando dio curso al retiro de la máxima autoridad de la policía uniformada.

¡Así se protegen las instituciones!

El país necesita una democracia que se relacione sanamente con sus fuerzas de orden. Eso se logra con un control y dependencia completa y total de las instituciones policiales por parte de las autoridades políticas. Como correlato de ello, la responsabilidad plena y total también debe ser de esas autoridades políticas respecto del accionar de dichas instituciones.

Este es, para mí, el nudo central.

Los problemas de falta de probidad, de procedimientos ilegales, de abusos a los derechos humanos, de eficacia y eficiencia en sus operaciones, no pueden ser resueltos en forma corporativa, desde la propia institución, con medidas internas que afecten a las unidades respectivas.

El problema es político. Y es, en primer lugar, del Gobierno.

Por supuesto, su origen no es imputable a la actual Administración. Su génesis viene desde hace décadas: desde la propia participación de Carabineros en el Gobierno militar. Pero lo relevante es que le toca a este Gobierno hacerse cargo de la crisis que vivimos, buscar los acuerdos y proyectar las soluciones, no para obtener, seguramente, resultados inmediatos, sino para el mediano y largo plazo.

He dicho que el actual Gobierno no es causante de la crisis, pero no puedo dejar de recordar la responsabilidad de los partidos y los dirigentes que lo sostienen, quienes durante muchos años se negaron a modificar, en lo más mínimo, a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Cualquier anuncio de reforma era denunciado como un ataque a su autonomía o como un intento de politizarlas. Durante años levantaron el discurso de la puerta giratoria de los delincuentes, acusando a gobiernos, jueces y fiscales y nunca a las policías, pese a que había varios indicadores que mostraban la ineficiencia operativa de estas.

Mientras tanto, las policías, fundamentalmente Carabineros, giraban a cuenta de la buena imagen pública de que gozaban, forjándose y extendiéndose, en su interior, malas prácticas, delitos y hasta asociaciones ilícitas, y cundiendo el acomodamiento y la obediencia ciega a los mandos. Se implantó la cultura de la defensa corporativa, protegiendo a sus miembros aun cuando ello implicara mentir y faltar a sus deberes más elementales.

Los gobiernos de la Centroizquierda, aunque con complejos, intentaron hacer cambios, pero siempre con una Derecha lista para poner el pie en el freno. Su escudo eran la Constitución y las respectivas leyes orgánicas constitucionales.

Ahora, esa misma Derecha está a cargo de una crisis larvada durante mucho tiempo. Sinceramente, espero que la experiencia le haya ayudado a superar sus prejuicios y pueda impulsar las respuestas que el momento exige. En ese camino, por cierto, apoyaré todas las iniciativas dirigidas a ese fin.

Sin embargo, para ello se requiere apuntar a los temas de fondo, reconociendo que no se trata de hechos aislados, sino de un problema sistémico.

En tal sentido, el presente proyecto es un esfuerzo parcial, como lo reconoce el propio Ejecutivo, y no estoy seguro de que ha debido ser el primero. No creo que la gestión financiera o el refuerzo de las auditorías sean la primera prioridad para la crisis que se vive hoy. Falta una visión integral de los cambios.

El ex General Villalobos anunció una reestructuración de Carabineros, con 27 medidas. Otro tanto alcanzó a proponer el ex General Soto. Luego se anunció un acuerdo nacional. No podemos caer en una cadena de acciones sin un concepto integral que las explique y les dé sentido.

Sé que a las bancadas de enfrente no les gusta hablar de reforma constitucional, pero es innegable que debemos hablar de ella. La Carta de 1925 no incluía ningún capítulo para las Fuerzas Armadas y de Orden. Se eliminó el rol tutelar que tenían estas instituciones en la Constitución del 80, pero aún subsiste una buena dosis de autonomía y ha quedado claro que se requiere modificar el sistema de remoción, y no solo de sus máximas autoridades, sino también de la oficialidad superior.

En la Ley Orgánica Constitucional se requiere revisar diversos preceptos que consagran esa especie de autonomía, dentro de la cual está la autonomía financiera y administrativa que permitió los desfalcos que hoy día se conocen.

Por otro lado, si nos enfocamos solo en el mérito del presente proyecto, veremos que, al parecer, sus medidas no son concordantes con los objetivos que propone.

El propósito del mensaje es propender a la modernización de Carabineros. ¿Cómo se modernizará una institución de 50 o 60 mil funcionarios con la incorporación de solo ocho nuevos el primer año, y cuatro el segundo, que formarán una unidad de auditoría? ¿Cómo se puede hacer una auditoría externa, acuciosa, con 150 millones de pesos anuales, para una institución con un presupuesto de miles de millones? ¡La Defensoría Penal Pública dispone de 400 millones para un presupuesto casi veinte veces menor! Otro tanto pasa con el Ministerio del Interior. No es coherente que, frente a la magnitud de los desafíos que va a enfrentar para asumir plenamente el control de las instituciones policiales, solo se fortalezca con tres funcionarios de grado intermedio.

¿Así superaremos las carencias que se han detectado?

Por otra parte, me preocupa, como ya se ha dicho acá, la nueva facultad del Ministerio del Interior para coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros organismos del Estado en materia de control de fronteras y de combate al crimen organizado. Es decir, ¿Interior ejecutará acciones contra el crimen organizado? Creo que esto debe revisarse o al menos explicarse. No podemos pasar de un Ministerio ausente, sin facultades, a uno operativo.

Estas reformas, insisto, necesitan un marco y una hoja de ruta que no se encuentran en el presente proyecto.

Se requiere abordar temas operativos, la inteligencia, la especialización de las policías y la carrera funcionaria, incluyendo el sistema de admisión, formación y de ascensos.

¿Se necesita que toda la institución tenga carácter uniformado? Me parece que no se justifica que las direcciones de personal, compras, justicia o sanidad, por ejemplo, revistan tal naturaleza.

Hay que enfrentar todos estos problemas. No podemos lamentarnos, al paso de pocos años, de haber realizado reformas insuficientes.

Por cierto, no se trata de partir de cero. Carabineros tiene páginas gloriosas en su historia, y una tradición de entrega y sacrificio que la ciudadanía, en su gran mayoría, reconoce y no ha olvidado. Yo mismo, en los diversos cargos públicos que he desempeñado, siempre he contado con su colaboración.

Por lo tanto, mi propósito no puede ser otro que el de cuidar nuestras instituciones, aunque para ello haya que desnudar sus falencias.

Chile merece instituciones fuertes, que cuenten con la confianza de sus ciudadanos. Y nadie puede restarse de un acuerdo para tal fin.