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MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor MONTES (Presidente).- Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.482-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016 (se da cuenta).
Comisión Mixta: sesión 24ª, en 13 de junio de 2018.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Hacienda: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Mixta: sesiones 80ª, 81ª y 82ª, empalmadas, en 21 de diciembre de 2018.
Discusión:
Sesiones 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 12ª, en 2 de mayo de 2018 (se aprueba en particular).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de numerosas enmiendas efectuadas por el Senado.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones y los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.
La Comisión acordó su propuesta con las votaciones que consigna en su informe.
Cabe hacer presente que la Cámara Baja, en sesión de 19 de diciembre de 2018, aprobó el informe de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la proposición del órgano técnico y el texto que quedaría de aprobarse dicha propuesta.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión el informe de Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, Honorable Sala, la Comisión Mixta que analizó el proyecto acordó lo siguiente:
1.- Eliminar la definición de pesca ilegal y también la de acreditación del origen legal de la pesca.
2.- Se introdujo la definición de pesca de subsistencia, que es aquella que se practica sin artes o aparejos masivos, sin embarcación o con embarcaciones sin propulsión y de hasta 7 metros de eslora. El producto debe ser el necesario para satisfacer el consumo del pescador y su familia. Esta pesca queda exenta de sanciones.
3.- La información del sistema de posicionamiento automático será pública y actualizada mensualmente. Se sanciona su destrucción o alteración con presidio menor en grado mínimo a medio.
4.- La certificación del desembarque corresponderá al SERNAPESCA y no más a entidades externas. Para el ejercicio de esta facultad se fijan tres plazos diferentes según la macrozona en que deba surtir efectos, de manera que esté vigente en todo el territorio a más tardar el 1 de enero de 2020.
5.- El no pago de la certificación permite suspender el zarpe. Si la infracción es de una embarcación de menos de 12 metros de eslora, la sanción recae en la planta procesadora y no en el pescador.
6.- Los elaboradores de productos a partir de recursos hidrobiológicos deben inscribirse en un registro, salvo pequeños locales como cocinerías, mercados locales y caletas y quienes practiquen pesca de subsistencia.
7.- En general, se reduce el piso de las sanciones para dar mayor margen al juez, atendiendo las condiciones del infractor y el producto e impacto en el medio de lo capturado.
8.- En ese mismo ámbito, se incorpora la sanción de amonestación y formas de cumplimiento alternativo de las multas, como son el pago en cuotas o mediante servicios comunitarios; un descuento de 20 por ciento en caso de allanamiento a la denuncia, y reclusión domiciliaria nocturna para quien no pueda pagar la multa y no acepte otra forma alternativa de cumplimiento.
Estos son los acuerdos de la Comisión Mixta, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.


La señora ARAVENA.- Señor Presidente, solo quiero mencionar que la Comisión Mixta llevó a cabo un arduo trabajo, que fue muy bien presidido por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Hubo muchos avances en cuanto a materias que logramos definir, principalmente la pesca de subsistencia, que fue un tema de largo análisis.
Solo quiero volver a destacar lo que planteó el Senador Quinteros.
El hecho de que el SERNAPESCA incorpore un número importante de profesionales y que además se incluyan asignaciones de fortalecimiento hará que la pesca ilegal, que bordea las 320 mil toneladas y los 400 millones de dólares -se estima que es un monto demasiado alto y que corresponde proporcionalmente a un 30 por ciento de la pesca que se realiza en Chile-, deje de representar un daño para nuestro país no solo desde el punto de vista económico, sino también de la biomasa existente en el mar chileno.
Por otra parte, se fortalece la fiscalización, se aumentan las sanciones y se hace mayor justicia en varios aspectos que no se habían tomado en cuenta con anterioridad, que dicen relación con la comercialización, el transporte, el almacenamiento, ya que las sanciones se hallaban vinculadas solo al pescador.
Este trabajo duró prácticamente cinco meses, fue muy arduo -tal como ya lo señalé- y nos permite mirar con buenos ojos la disminución de la pesca ilegal en Chile, sancionando a aquellos que cometen delitos graves no solo en los ámbitos económico y tributario, sino también respecto de un ecosistema que ya está muy dañado.
En consecuencia, anuncio que aprobaré el informe de la Comisión Mixta, y felicito a quienes participaron activamente en esta labor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, voy a votar en contra de este informe de Comisión Mixta.
Ha sido un trabajo largo, arduo. Sin perjuicio de que hay cosas en las cuales se avanzó, no puedo dar mi consentimiento por tres razones fundamentales que expresé en la Sala cuando se aprobó la iniciativa en su segundo trámite, que repetí en la Comisión Mixta y que vuelvo a señalar hoy, pues no lograron ser superadas en los acuerdos adoptados en esta última.
En primer lugar, no puedo aprobar este proyecto porque se regula la pesca ilegal sin abordar ni resolver la existencia de la pesca informal en Chile.
Es decir, no puedo votar a favor por una cuestión de legitimidad. Me resulta imposible aprobar, lisa y llanamente, que se asimile la pesca informal a la pesca ilegal, porque ello, sin lugar a dudas, es injusto.
La pesca informal en Chile existe porque el Registro Pesquero Artesanal está cerrado y lleva tres años sin actualizarse; porque 20 mil permisos artesanales se caducaron entre los años 2014 y 2016, y no se han abierto nuevos cupos.
En ese contexto, esta iniciativa establece nuevas infracciones, aumenta las sanciones y tipifica delitos de pesca ilegal.
¡Claro que estoy en contra de la pesca ilegal! Nadie podría estar a favor. No obstante, la pesca informal en Chile, que obviamente no es la que realiza la industria, en vez de resolverse, se judicializa, se expone a mayor detrimento económico y se criminaliza.
Ese es el primer problema.
Existe un gran porcentaje de pesca informal que no se produce por desprecio a la ley, sino porque la normativa vigente no se hace cargo de sus necesidades. Encima de ello, esta iniciativa la transforma, lisa y llanamente, en pesca ilegal y la criminaliza.
Si bien en la Comisión Mixta logramos reconocer legalmente la pesca de subsistencia, los pescadores informales no fueron eximidos de responsabilidad penal.
Estoy conforme con haber propuesto desde el primer día la necesidad de reconocer y proteger legalmente la pesca de subsistencia, agregando en el mismo concepto la comercialización de su remanente. Sin embargo, no comparto lo aprobado por la Comisión, pues en el mismo artículo 140 bis, que la reconoce, se limita el concepto a quienes pescan en botes de hasta 7 metros; no se fija un estándar legal sobre la cantidad de recurso que el pescador de subsistencia podrá capturar y vender (será el Ejecutivo el que discrecionalmente lo decidirá); se limita la venta del remanente solo directo al público o en "ferias" y no, por ejemplo, en un mercado, una cocinería o un restaurante; y no se exime penalmente a la pesca de subsistencia.
La Comisión no estuvo disponible para revisar la redacción del artículo 140 bis, a pesar de sus evidentes limitaciones.
En segundo lugar, no puedo aprobar este proyecto por una razón de constitucionalidad, como señalé en reiteradas oportunidades.
Las nuevas infracciones y delitos que se regulan para los que, sin cumplir las normas vigentes, procesen, elaboren, comercialicen, transporten, o simplemente tengan en su poder recursos respecto de los cuales no puedan acreditar su origen legal, son desproporcionadas, y por ello, injustas, nuevamente en lo relativo a los dos grupos de pescadores más vulnerables referidos: los de subsistencia y los pequeños artesanales.
Quiero dejar muy en claro, señor Presidente, que sancionar la poscaptura de recursos ilegales no solo es razonable, sino necesario para industriales o para aquellos actores artesanales que, por ser de tamaño medio o tener varias embarcaciones superiores a 18 metros, pueden extraer importantes cantidades de recursos sin contar con permiso, estén estos últimos agotados, sobreexplotados o en veda; así también surtir plantas procesadoras, elaboradoras o comercializadoras que trabajen con recursos ilegales.
Lo que no es razonable es que la legislación, nuevamente, no se haga cargo de modo suficiente de la realidad de los pescadores más vulnerables y necesitados del país:
-Aquellos que definimos como "pescadores de subsistencia", que trabajan con botes de máximo 7 metros de largo, y que pueden vender su remanente.
-Los pescadores artesanales más pequeños, los de la llamada "primera clase", según el Reglamento de Embarcaciones Artesanales, que trabajan en botes de máximo 8 metros de largo y con capacidad de bodega no superior a 5 metros cúbicos, que se verán sancionados con multas, suspensión del registro, de sus derechos de pesca y de zarpar por dos años, al igual que las embarcaciones artesanales mayores y las industriales.
-La pesca artesanal de pequeña escala: los dueños de un solo bote de 8 a 12 metros máximo de largo.
Todos ellos, sin atender a la cantidad de recursos, son penalizados con privación de libertad igual que cualquier industrial o artesanal de mediana o gran escala que trabaja con toneladas de recursos colapsados o sobreexplotados. Arriesgan presidio, como mínimo por dos meses (61 días), así capturen, elaboren o comercialicen, con una unidad, un kilo o 5 metros cúbicos de tales recursos.
No se entiende que una regla que permite al juez proporcionar la pena dentro del grado, atendiendo a la cantidad de recursos, se haya establecido solo respecto de los denominados "recursos vedados", y no respecto de todo tipo de recurso.
Los pescadores de subsistencia no serán infraccionados administrativamente, pero sí son criminalizados. Por ende, quedan en una situación aún más desmejorada que la que tenían antes de su reconocimiento legal. Expresamente, se les impone presidio por, a lo menos, dos meses y multas de, mínimo, 483 mil pesos (10 UTM); no se les exime del nuevo delito, sancionado con mínimo 61 días y hasta 5 años de presidio y multa mínima de 966 mil pesos (20 UTM); y tampoco se les exime de presidio de 61 a 540 días.
Señor Presidente, no puedo votar a favor de este proyecto de ley.
¡Se trata de personas que pescan para vivir; venden su remanente o elaboran con ello, por ejemplo, un ceviche o unas empanadas para comercializarlo!
¿Cómo acredita el origen legal el pescador de subsistencia? La normativa en estudio no lo establece.
En la misma situación penal quedan los pequeños pescadores artesanales, quienes además, si extraen recursos no sobreexplotados, sin acreditar su origen legal, aunque sea una unidad de recurso, o si lo almacenan en su refrigerador, lo venden en su caleta, lo usan para elaborar un caldillo, o simplemente, lo tienen en su poder "no pudiendo menos que saber que era ilegal" serán administrativamente sancionados con multas de un monto fijo mínimo de 215 mil pesos y de hasta 86 millones de pesos.
La misma asesora del Ministerio afirmó que quien definirá si el tenedor "no podía menos que saber que era ilegal" será el fiscalizador, que puede ser un carabinero. Así lo aclaró en la Cámara de Diputados en el tercer trámite la Subdirectora Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señora Jessica Fuentes, aunque se desdijo en el Senado.
Esta desproporción es injusta. Lo justo es que quienes son desiguales entre sí sean tratados de modo diferente.
Y la tercera razón por la que no puedo aprobar esta propuesta que se hace al Senado es también de orden constitucional.
La acreditación de origen legal, eliminada por la Comisión Mixta, constituye la base de tipos infraccionales y penales aprobados por esta última.
Por lo tanto, dejamos tipos penales en blanco.
En consecuencia, señor Presidente, voto en contra de esta propuesta.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.


El señor PUGH.- Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto de ley muy anhelado por el órgano fiscalizador del Estado en materia pesquera.
El SERNAPESCA, con los recursos humanos que posee, debe hacerse cargo de una de las costas más grandes del mundo, que cuenta con una zona económica exclusiva gigantesca -estamos entre los top diez a nivel mundial-, y por eso se requiere fortalecer al Estado.
Y cuando hablamos de fortalecer al Estado lo primero es incorporar a más personas. Específicamente, se aumenta la planta en 253 nuevos profesionales que van a permitir controlar lo más importante: el desembarque. Si no se tienen estadísticas precisas de cuánto es lo que se desembarca, es muy difícil controlar.
Si queremos que efectivamente nuestros recursos del mar sean preservados y sostenibles, se deben controlar con personas que le respondan al Estado: funcionarios públicos preparados y que se encuentren a lo largo de todo el territorio, para realizar esta fiscalización.
Por lo tanto, este es el eje principal: un mecanismo de control basado en personas, con un sistema de desembarque que permita llevar adelante una estrategia "desde la carnada al plato", como se la conoce hoy.
¿Por qué lo digo de esta forma? Porque se están considerando cada uno de los elementos necesarios para contribuir y llevar alimento a la población chilena.
Debemos entender que lo más importante de estos recursos marinos es que permiten alimentar a la población. Por eso tenemos que cuidarlos, ya que si los sacamos en exceso, obviamente, no van a estar disponibles para las futuras generaciones.
¿Qué tenemos, entonces?
Un Comité Científico Técnico, con un Comité de Manejo, los que podrán determinar exactamente cuánto recurso está disponible; verificar si las vedas son las que corresponden, y disponer el número de personas que pueden acceder a esa pesca.
El Estado entrega licencias o permisos, no solo a los industriales, sino también a los artesanales, gracias al registro de estos últimos.
Efectivamente, ese registro hay que depurarlo, y este mismo proyecto de ley permite extender el plazo de vencimiento hasta fines de este año.
Pero, más importante que lo anterior es disponer de un mecanismo de control, para así asegurar que no se va a extraer más pesca que la que realmente corresponde.
Porque los porcentajes son altísimos: casi un tercio de la pesca que se extrae es, de alguna manera, "no reconocida". No quiero llamarla "ilegal", para no entrar a discutir la forma en que las personas acceden a ella. Pero debe ser controlada y conocerse su origen. Y así se tiene que proceder en toda la cadena. No basta con controlar al que pesca -antiguamente solo se culpaba al pescador artesanal-; es preciso hacerlo con todos quienes son parte de la cadena logística: los que transportan, almacenan, procesan e, incluso, venden. ¿Por qué? Porque no deseamos que algo que nos puede afectar a todos sea parte de este negocio.
De ahí la necesidad de perfeccionar las facultades de que dispone este Servicio. Pero para eso se requieren sanciones y, también, una tipificación correcta de las infracciones.
Lo más relevante del proyecto es, precisamente, el fortalecimiento del modelo de fiscalización.
Con esto, Chile se coloca a la altura. Esta es una de las recomendaciones que nos han hecho: mejorar la forma en que controlamos el recurso pesquero, que no solo es valioso, sino también importante por las proteínas que aporta, por la sustentabilidad y por todo lo relativo al medio ambiente.
La Comisión Mixta debió superar varios problemas. La Cámara de Diputados, en algún momento, objetó lo despachado por el Senado, lo que obligó a buscar puntos de acuerdo.
Y aquí quiero destacar lo que significa el trabajo de una Comisión Mixta. Es preciso entender que hay divergencias, puntos de vista distintos, pero, finalmente, se es capaz de llegar a acuerdos en base a hechos concretos.
Algunos de ellos son, por ejemplo, la matriz de riesgo; a quién se debe fiscalizar; dónde es necesario colocar el esfuerzo.
Porque el mundo artesanal siempre se ha quejado de que es el único fiscalizado. Bueno, ahora el Servicio va a poder disponer de métrica para ir a fiscalizar las bodegas más grandes. Porque, probablemente, en esas bodegas existe mayor riesgo de que alguien esté haciendo una pesca no declarada, no documentada como corresponde.
En tal sentido, creo que el proyecto de ley cumple con todos los requisitos necesarios para asegurarle al país contar con un sistema de control que permita determinar exactamente qué está ocurriendo con los productos que proceden del mar. Si esto es llevado de la forma en que está previsto, con reglamentos adecuados, con buenos profesionales, vamos a poder asegurar la sustentabilidad de los recursos, y entender siempre que lo más importante es alimentar bien a nuestra población.
A mi juicio, con la norma que se ha agregado sobre la pesca de subsistencia es posible salir adelante respecto a uno de los temas más delicados: el cultural, especialmente de quienes extraen productos del mar para su propio consumo. No cabe negarles a ellos un acceso tan natural y tan normal, pero, como todas las cosas, dicho acceso debe ser controlado, porque si se excede, puede empezar a destruir esa gran riqueza que es patrimonio natural de todo el Estado.
En tal sentido, la ley que fortalece al SERNAPESCA tiene los elementos necesarios para permitir ese mecanismo de control; para dotarlo de personal; para tipificar correctamente las infracciones y para determinar las sanciones correspondientes.
Por los motivos señalados, voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como acá se ha dicho, la Comisión Mixta realizó un trabajo bastante extenso para proponer una solución a las dieciocho controversias suscitadas entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el del Senado. Tal número de diferencias se explica porque la composición de la Cámara que aprobó el proyecto en el primer trámite era muy distinta de la que lo revisó en el tercer trámite.
No obstante, con la colaboración -hay que decirlo- del Ejecutivo se logró un acuerdo casi unánime en la mayoría de los puntos de discrepancia.
Entre ellos, cabe destacar el reconocimiento de la pesca de subsistencia, para amparar aquella actividad efectuada por personas al margen de la inscripción en el registro de pesca artesanal y destinada al consumo familiar o a su comercialización a pequeña escala.
Con esta referencia se logró salvar las legítimas aprensiones que existían respecto de que este cuerpo legal se destinaría a sancionar a las personas de más escasos recursos. Por el contrario, en materia de sanciones, en general el proyecto amplía el rango, bajando el piso de ellas, de manera que sean proporcionales para aquellos pescadores infractores de baja escala, y, por otro lado, aumentándolo sustancialmente a fin de que efectivamente sirva de desincentivo para las grandes empresas infractoras.
La situación, al día de hoy, es que las multas son demasiado altas para los pescadores artesanales y demasiado bajas para los industriales. Asimismo, las nuevas figuras cubren las conductas de todos los actores de la cadena, incluyendo procesadoras y comercializadoras.
Indudablemente, las nuevas normas, si bien están encaminadas a combatir la pesca ilegal y, por lo tanto, a proteger la sustentabilidad de los recursos, logran dar un trato equilibrado a los diferentes tipos de infracciones, diferenciando entre pesca sustentable y recolectores de orilla, artesanales e industriales.
Por otro lado, la certificación de pesquería retorna al Estado como una forma de entregar certezas en el cuidado del patrimonio pesquero, y por primera vez se está generando una visión ecosistémica de la fiscalización, poniendo énfasis en la actividad de la cadena completa.
Por último, hay que relevar el aumento de dotación y nuevas asignaciones al personal destinadas a fortalecer el rol del Servicio Nacional de Pesca.
En consecuencia, primero, este proyecto fortalece el servicio público, favoreciendo a los funcionarios de SERNAPESCA, y, segundo, combate la pesca ilegal de manera equilibrada, creando nuevas infracciones y delitos, así como estableciendo un rango de sanciones más extenso y balanceado, acorde a la diversidad de actores del sistema.
Es muy difícil, entonces, argumentar que el proyecto perjudica a los pescadores artesanales. Naturalmente, a ninguna actividad económica le gusta la regulación, pero, atendido el agotamiento de los recursos, no podemos seguir mirando para el lado y tolerando la pesca ilegal. Ni las fuentes de empleo, ni las necesidades sociales pueden justificar que se sigan explotando los recursos más allá de los niveles que aseguren su sostenibilidad.
El Estado debe cumplir su rol. No puede solo sancionar; también debe fomentar actividades de reemplazo, a través de la acuicultura de pequeña escala, impulsando el repoblamiento de los mares interiores, por ejemplo.
Estos temas se abordarán en otros proyectos. Hemos logrado incorporar algunos en la iniciativa de "ley corta", que se ha fusionado con otras que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura, y hay otros que serán objeto de la llamada "ley larga" que ha anunciado el Ejecutivo.
Pero no podemos evadir nuestra responsabilidad con la sustentabilidad de los recursos. Este es un proyecto que nace en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ha hecho suyo la actual Administración, la que ha demostrado flexibilidad para lograr su aprobación.
Respecto a las dudas de constitucionalidad que se han manifestado, cabe recordar, en primer lugar, que se dice que habría delegación de facultades legislativas en cuanto la iniciativa definiría quiénes acceden legalmente al mar y sus recursos y en qué condiciones pueden hacerlo.
Sin embargo, este es un proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca. De modo que no define cómo acceder a los recursos hidrobiológicos, sino que se refiere a cómo acreditar el origen legal de ellos. Por tanto, no determina quiénes -ni qué barcos- pueden pescar, porque todo eso ya se encuentra definido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
En cuanto a la acreditación de origen legal que se ha mencionado acá, recuerdo que el artículo 63 de esa normativa exige que el origen de los recursos sea legal, lo que se verifica mediante la declaración de desembarque que hacen los pescadores.
En el proyecto no se efectúa una delegación de facultades legislativas, pues todas estas materias ya están legisladas y la autoridad se encuentra facultada para fiscalizar y calificar, en casos concretos, si la pesca es de origen legal o no, y para certificar los desembarques.
Por otra parte, quiero destacar que cada vez que se imponen obligaciones, su incumplimiento se asocia a sanciones. La suspensión de zarpe quedará establecida en la ley como consecuencia del incumplimiento de una obligación legal.
Frente a la aserción de que el proyecto no hace diferencias entre pesca a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala, quiero recordar que la Constitución Política, en su artículo 19, N° 2°, proscribe las discriminaciones arbitrarias, no toda diferenciación que esté justificada por algún elemento objetivo y racional.
Precisamente este proyecto de ley permite que el juez considere la capacidad económica del infractor y el beneficio económico obtenido, cuestión que la normativa vigente no contempla, pues toma en cuenta únicamente el daño causado a los recursos.
Otra crítica formulada a la iniciativa está referida a que desconocería que hay personas que pescan para comer. Este tema no es de carácter constitucional, sino una discusión sobre política pública. Es una discusión sobre el acceso a los recursos hidrobiológicos, no sobre infracciones y sanciones. Actualmente, esas personas se ven enfrentadas a las mismas normas que sancionan infracciones por falta de registro pesquero artesanal o a las medidas de administración.
Señor Presidente, en razón de la tramitación de este proyecto de ley, llamo a esta Honorable Sala a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, pues, de ser aprobado, nos permitirá combatir la pesca ilegal, que tanto daño le hace a nuestro ecosistema.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MOREIRA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
El señor BIANCHI.- ¡Manteniendo los tiempos!
El señor MONTES (Presidente).- Acordado, entonces.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación)
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la institucionalidad del SERNAPESCA, primero porque de ello depende en gran parte la sustentabilidad de los recursos del mar, y además porque es necesario implementar acciones positivas de protección.
La verdad es que actualmente existen un gran desorden y una institucionalidad débil. Por consiguiente, se genera un uso abusivo de parte de grandes, medianos e incluso a veces pequeños pescadores, por una cuestión de supervivencia. Pero lo cierto es que existen una pesca informal, una pesca ilegal y, de por medio, un lucrativo negocio especulativo que es necesario ordenar.
Este proyecto, entre otras medidas, incorpora nuevos funcionarios (253 en total), la mayoría de los cuales estará destinado a controlar el cumplimiento de la ley de cuotas y, en segundo lugar, en una cantidad menor (un par de docenas de ellos), dedicado a la inspección de las plantas de procesamiento para asegurar la calidad de los procesos y la certificación de los productos y, a su vez, de las exportaciones. Por lo tanto, nadie podría oponerse al fortalecimiento de esta institución.
Evidentemente, hay algunos aspectos que quedan sueltos en estas modificaciones, como la poca diferenciación entre la pesca informal y la pesca ilegal, sobre todo para los pescadores de subsistencia, quienes requieren una política más bien social, que vaya acompañando estas iniciativas, que en su origen son correctas. Pero también hay un drama humano del que debemos hacernos cargo.
La falta de previsión, la falta de seguros, la falta de algún fondo de sustentabilidad para los períodos en que se establecen mayores restricciones a las labores de pesca demuestran que este no es solo un problema de sanción y de fiscalización de lo que se captura, sino también del estilo de vida de los pescadores, particularmente de aquellos más vulnerables, que no cuentan con protección social, por una debilidad de nuestro sistema.
Asimismo, algunos aspectos no están del todo claros. Por ejemplo, las sanciones se aplicarán muchas veces sin diferenciar mayormente el monto de la pesca, sobre todo cuando es de subsistencia, y, por lo tanto, es posible que terminen siendo particularmente duras o abusivas con los pequeños pescadores, los pescadores de orilla o de bote, quienes, por la misma razón, potencialmente podrían quedar privados de libertad de la misma manera que un empresario industrial que realiza capturas de enorme volumen y que obviamente afectan bastante más.
Por consiguiente, sin perjuicio de considerar que estamos ante una iniciativa necesaria que vamos a apoyar, queremos hacer presente que existe un problema social en un sector que está esperando respuestas desde hace mucho tiempo.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.


El senador LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto, que busca fortalecer y modernizar el SERNAPESCA para combatir la pesca ilegal, si bien apunta a un problema inminente para la sustentabilidad marina, tuvo que ser fuertemente reformado, pues ponía en riesgo la pesca artesanal, sobre todo la más precaria y vulnerable. Ello, debido a que la Ley General de Pesca y Acuicultura, por sus problemas de diseño y excesiva burocratización, en beneficio de la pesca industrial, ha implicado que gran parte de ese sector haya quedado al margen de la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, existe un universo considerable de armadores que han hecho de la pesca ilegal un negocio lucrativo y que han causado un daño incalculable a la biodiversidad marítima, llevando recursos al colapso, por lo que existe un real sentido de urgencia, puesto que la pesca ilegal no respeta vedas ni cuotas.
En ese sentido, la Comisión Mixta permitió mejorar los aspectos conflictivos del proyecto, de los que se destacan, entre otros:
a) La creación de la pesca de subsistencia, de tal modo de proteger a un sector hoy excluido, como lo es el del pescador más precario. Este sector quedará exceptuado de las medidas de administración, estando incluso liberado del Registro Pesquero Artesanal. A su vez, no se sancionará a quien realice este tipo de pesca, ni la venta del remanente capturado y no consumido al pequeño comercio, como en ferias libres o al público directamente. Asimismo, se establece que este tipo de pesca operará como eximente en relación con las faltas infraccionales.
b) Respecto a las insuficiencias de criterios para determinar la ponderación de las capacidades económicas de los infractores, estas son resueltas considerando, para la aplicación de la pena, el beneficio económico, la capacidad económica, la posibilidad de pagos parciales, o el establecimiento, como sustitución a multas o acuerdos de pago, de la obligación de efectuar beneficios a la comunidad, y, de no querer realizar estos beneficios, que tan solo se pueda sancionar con arresto nocturno.
c) En cuanto al problema asociado a penas de multa demasiado altas en relación con el mal causado, afectando la proporcionalidad de las mismas, se rebaja el monto mínimo de la multa de 1.000 a 20 UTM, manteniendo el máximo de 2.000, tomándose en consideración el beneficio económico para su determinación.
d) Se elimina también el concepto de pesca ilegal, en virtud de que era muy amplio a la hora de determinar qué es lo constitutivo de ella. Esta era definida a contrario sensu, declarándose cuáles eran las actividades aceptadas por el Servicio a través de la institución de la "acreditación legal de origen", lo cual se aleja de los criterios internacionales establecidos por la FAO.
e) Por último, se elimina la disposición que permitía una vulneración de derechos laborales inalienables al otorgarle al director del Servicio facultades para ordenar turnos que desnaturalizan la jornada ordinaria o intentan prescindir de la compensación horaria o, en su defecto, del pago de remuneraciones extraordinarias respecto del trabajo nocturno o realizado en días feriados.
Por todo lo anterior y por los distintos argumentos que han dado también otros Senadores, creo que el informe de la Comisión Mixta es favorable, resuelve varios nudos críticos denunciados por diversos actores y constituye un avance en el fortalecimiento de la institucionalidad pública de fiscalización.
Por eso, voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.


El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda que la urgencia de regular y establecer mecanismos más eficientes para el control de la pesca ilegal es un avance significativo hacia un objetivo que nos debe convocar a todos, como es la sustentabilidad de los recursos en el ámbito del mundo pesquero.
La captura anual alcanza a 1 millón 100 mil toneladas. De ellas, 320 mil corresponden a captura ilegal, casi un tercio de lo que se percibe en Chile. Esto, evidentemente, habla de la necesidad de introducir mejoras sustantivas en mecanismos que perfeccionen la fiscalización y, obviamente, faciliten la labor que realiza el SERNAPESCA en tal sentido.
Por eso, el aumento de 253 nuevos cupos en la dotación de la institución, que debe cumplir un rol significativo en esta instancia, representa una medida que va en la dirección correcta y que, por lo demás, es respaldada por diversas organizaciones del mundo ambiental y también por la propia FAO, que manifestó la urgencia y la necesidad de avanzar, acelerar y aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
Casi un 60 por ciento más de la cuota anual autorizada en Chile es extraído de manera ilegal. Y el efecto que esto causa en diversos ámbitos, como la extracción en áreas de manejo, se siente en las propias actividades de muchos pescadores artesanales, quienes ven con preocupación cómo una actividad a la que procuran darle sustentabilidad termina siendo afectada por dicha situación.
¿Cuál es el beneficio de esta normativa? Que la actual Ley de Pesca solamente castiga la extracción ilegal, en tanto que ahora se aborda a todos quienes intervienen en la cadena del proceso (comercialización, transporte y almacenamiento), que se benefician con una instancia que significa alrededor de 320 mil toneladas.
Las zonas australes -¿cierto, Senador Bianchi?- son particularmente susceptibles a este fenómeno, por las dificultades para llevar a cabo la fiscalización, tanto del SERNAPESCA como, para qué decir, de la Armada.
¡Se calcula que 320 mil toneladas de pesca ilegal generan poco más de 350 millones de dólares!
Es evidente el esfuerzo que se está haciendo para perfeccionar y mejorar la importante labor que cumple el Servicio Nacional de Pesca, el cual responde también a hechos delictivos. No olvidemos que en los mismos informes que se tienen se habla del ingreso de un grupo de personas a las instalaciones de la Unidad de Fiscalización del SERNAPESCA en la ciudad de Constitución, a fines del 2014, con agresiones, robos, quemas y destrucción de insumos.
Además, esta iniciativa significa ratificar los compromisos suscritos en septiembre de 2017 con las asociaciones de funcionarios, entidades que están respaldadas y apoyadas por la ANEF y la CUT.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos ante una iniciativa que va en la dirección adecuada. La pesca ilegal es hoy día un negocio ilícito de gran beneficio para quienes la ejercen. Y hay que pararla, hay que frenarla, pues está poniendo en riesgo las pesquerías de muchas de nuestras comunidades que ejercen legítimamente su labor.
Por lo mismo, vamos a votar a favor con gran entusiasmo, porque es una normativa que va en la dirección correcta.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora señora Muñoz.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solo quiero puntualizar que, en el marco en que se dio el debate en la Comisión Mixta, tuvimos el máximo de dedicación, de rigurosidad y de conversación entre todos sus integrantes en relación a cómo resguardar la pesca artesanal,
Las sanciones, por cierto, son urgentes y necesarias. No olvidemos que el 2016 el SERNAPESCA incautó trece toneladas de jibia ilegal por parte de empresas chilenas. Y hay una serie de denuncias y de investigaciones del Servicio de Impuestos Internos respecto de las estafas hechas por grandes empresarios chilenos -no los voy a nombrar- a coreanos, a chinos, y a empresas extranjeras que reciben o importan este tipo de producto desde nuestro país.
Sin embargo, tuvimos especial cuidado de que esta legislación, tan necesaria para sancionar drásticamente la pesca ilegal de gran magnitud, no afectara a los pescadores artesanales. Pero en estos mismos juicios e investigaciones asociadas a esos empresarios, señor Presidente, se han detectado ciertos pescadores artesanales (entre comillas), que muchas veces, valiéndose de su condición, se unen a esas empresas para estafar al Fisco, al Estado de Chile, o a nuestros aliados comerciales.
Ese fue el cuidado que tuvimos. No es que aquí estemos coludidos para dañar a los pescadores artesanales. ¡Por favor! Hubo especial preocupación por delimitar. Aunque, como bien señala el Senador Quinteros, Presidente de la Comisión, es inconstitucional establecer discriminaciones, sí tuvimos especial cuidado en materia de requisitos, de denuncias y de multas para ir diferenciando de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los pescadores.
Por eso, no quiero que se entienda que el debate en la Comisión estuvo coludido en contra de los pescadores artesanales. ¡Muy lejos de aquello! De hecho, nosotros corregimos muchísimas disposiciones que venían del proyecto del Gobierno de la Presidenta Bachelet, partiendo por la que establecía la definición de pesca ilegal, que era realmente lapidaria.
Me gustaría, señor Presidente, que esta normativa sirviera para perseguir a los estafadores, que le hacen muy mal al país y a nuestro prestigio internacional en el plano comercial, pero siempre con la disposición de acompañar a los pescadores artesanales.
La pesca de subsistencia, como bien decían los colegas, por primera vez se define en la ley, y además se asocia a la pesca de los pueblos originarios. Es un avance muy importante. Por cierto, siempre habrá que hacer las correcciones necesarias, pero aquí tuvimos la mayor preocupación por nuestros pescadores artesanales.
Por eso, señor Presidente, voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Toda la primera parte del proyecto se refiere al funcionamiento del SERNAPESCA y a sus comprometidos funcionarios, siempre maltratados por el propio servicio, por los directores de turno nombrados políticamente y, en particular, por una carencia crónica de recursos. Al final, no sé si tienen botes para poder vigilar lo que pasa en el mar de Chile y controlar la pesca. La última notificación que tuve es que no contaban con naves propias y que, cada vez que tenían que ejercer su función fiscalizadora en el mar, debían arrendarlas. Y los que las arriendan avisan a los que van a ser fiscalizados. Es un problema grave tener un Servicio Nacional de Pesca que no puede hacer fiscalizaciones en el mar.
En Antofagasta, por lo menos, desde la costa vigilan con anteojos largavista lo que ocurre, pero solo hasta donde alcance la visión. No sé si eso habrá variado.
Con todo, este es un proyecto importante para los funcionarios. Hay asignaciones por el tema de la fiscalización, y tengo entendido que se ha trabajado con sus asociaciones, que han manifestado su acuerdo.
¿Quiero yo un Servicio Nacional de Pesca? ¡Por cierto! ¡Pero más quiero un Ministerio de la Pesca! Para un país que tiene 4 mil 500 kilómetros de costa y un millón 250 mil kilómetros cuadrados de territorio antártico, un Servicio Nacional de Pesca dentro del Ministerio de Economía resulta insostenible. Y el tiempo nos dará la razón. ¡Insostenible!
Tenemos un instituto de investigación, de fomento pesquero. ¡De fomento pesquero, señor Presidente! Esto causa hilaridad en los países desarrollados de la OCDE, donde hay ministerios e institutos de investigación de carácter nacional, autónomos y financiados. Nuestro IFOP solo tiene incertidumbres, inestabilidad, falta de recursos y precariedad en todas las materias. ¡Lo desarticularon! ¡Felipe Sandoval, en su oportunidad! Ha habido un proceso de degradación constante. Porque a nadie le interesa que sepamos la verdad sobre el mar. ¡A río revuelto, ganancia de los industriales, ganancia de los que tienen la sartén por el mango en la pesca, con una Ley de Pesca corrupta, absolutamente viciada y que debe ser cambiada!
Todos estos parches algo contribuyen pero no resuelven el tema de fondo: una ley corrupta que no se hace cargo de las principales riquezas que Chile posee y que ha distribuido de manera absolutamente irresponsable, coimeada. Hay parlamentarios que están pagando con cárcel y con pérdida del cargo por lo que aquí sucedió.
Señor Presidente, se habla de mejorar la fiscalización y yo quiero advertir que vamos a tener un problema grave. En Chile no existe la prisión por deudas. La Senadora Rincón planteó algo al respecto. Vamos a ver. Las multas pueden llegar a 86 millones, sin distingo. Es una situación extraordinariamente disímil, asimétrica, respecto de temas importantes que no están en esta ley pero que se producen.
Lo primero, señor Presidente, es el descarte. Yo he estado en lances pesqueros en la pesca artesanal y también en la pesca industrial, y son cientos y miles las toneladas que son descartadas porque las especies vienen en un tamaño mínimo que -comillas- el radar no logra detectar.
Lo segundo es el subreporte, señor Presidente. ¡Todo el mundo lo sabe en la pesca, desde el cocinero del barco! Un barco llega con mil toneladas y las pasa como quinientas, argumentando que el resto es agua o lastre.
Existe subreporte, existe descarte, y no tenemos o tenemos un escaso nivel de control. No hay una evaluación de los expertos de a bordo respecto de cómo ha funcionado la fiscalización. ¡No la hay! Y la verdad es que yo hubiera esperado un informe técnico a la hora de establecer mayores facultades para el SERNAPESCA respecto de cómo ha funcionado el sistema de fiscalización actual.
Lo que me preocupa es el proceso de asimetría de la pesca y, por cierto, las razones que ha planteado la Senadora Rincón en cuanto a la inconstitucionalidad, pero, más que eso, que sigamos parchando y que este proyecto de ley, de manera premeditada, haya relacionado la pesca ilegal, que es necesario regular, con el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del SERNAPESCA. Es una pequeña trampa.
Esto debería haber sido tratado de manera distinta. Tendría que haber un proyecto corporativo para un Servicio Nacional de Pesca y un proceso distinto de mejoramiento de las capacidades y de los propios mecanismos de la Ley de Pesca para poder fiscalizar, sin ligar ambas cosas, porque eso obliga a tomar resoluciones dentro de un solo paquete.
Estamos pronunciándonos sobre el informe de la Comisión Mixta, el cual voy a votar en contra, pues considero que aporta más oscuridad que claridad, no dando la tranquilidad necesaria a muchos pescadores, y, además, generando serias dudas.
Solo el tiempo nos dará la razón.
Voto negativamente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, consultados los sindicatos de pescadores artesanales de nuestra región, nos manifestaron sus deseos de avanzar en la claridad de las cuotas de captura, porque a ese respecto no ha habido capacidad de dotar al SERNAPESCA -ha sido un reclamo permanente-, primero, de una institucionalidad, y segundo, de los recursos necesarios para la adecuada fiscalización.
En su tiempo se hablaba de las posibilidades de que las cuotas de pesca fueran burladas de manera cotidiana a través de la pesca de investigación, que no se trataba de otra cosa más que de una vulneración de la ley.
Sin embargo, acá se está avanzando con este proyecto, pues en él se concordó la entrega de atribuciones y de recursos, contemplados en la Ley de Presupuestos, y también avalados en el informe financiero de la iniciativa.
Por tanto, quiero señalar -además de levantar la voz por los pescadores artesanales de mi región- que consideramos muy importante tener claridad respecto del marco regulatorio y de las sanciones a la pesca ilegal, la cual lo único que hace finalmente es perjudicar a aquellos pescadores artesanales que se ganan la vida con la biomasa de nuestra zona.
Por eso, debo destacar la capacidad de los Senadores para ponerse de acuerdo en una institucionalidad, y también la voluntad del Gobierno para terminar con estas zonas oscuras, o a lo menos grises, y, en definitiva, para dar certeza a la pesca.
Por tales razones, voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.
¿Alguien más desea intervenir?
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de Comisión Mixta (32 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Navarro.
--(Aplausos en tribunas).