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MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, Honorable Sala, la Comisión Mixta que analizó el proyecto acordó lo siguiente:
1.- Eliminar la definición de pesca ilegal y también la de acreditación del origen legal de la pesca.
2.- Se introdujo la definición de pesca de subsistencia, que es aquella que se practica sin artes o aparejos masivos, sin embarcación o con embarcaciones sin propulsión y de hasta 7 metros de eslora. El producto debe ser el necesario para satisfacer el consumo del pescador y su familia. Esta pesca queda exenta de sanciones.
3.- La información del sistema de posicionamiento automático será pública y actualizada mensualmente. Se sanciona su destrucción o alteración con presidio menor en grado mínimo a medio.
4.- La certificación del desembarque corresponderá al SERNAPESCA y no más a entidades externas. Para el ejercicio de esta facultad se fijan tres plazos diferentes según la macrozona en que deba surtir efectos, de manera que esté vigente en todo el territorio a más tardar el 1 de enero de 2020.
5.- El no pago de la certificación permite suspender el zarpe. Si la infracción es de una embarcación de menos de 12 metros de eslora, la sanción recae en la planta procesadora y no en el pescador.
6.- Los elaboradores de productos a partir de recursos hidrobiológicos deben inscribirse en un registro, salvo pequeños locales como cocinerías, mercados locales y caletas y quienes practiquen pesca de subsistencia.
7.- En general, se reduce el piso de las sanciones para dar mayor margen al juez, atendiendo las condiciones del infractor y el producto e impacto en el medio de lo capturado.
8.- En ese mismo ámbito, se incorpora la sanción de amonestación y formas de cumplimiento alternativo de las multas, como son el pago en cuotas o mediante servicios comunitarios; un descuento de 20 por ciento en caso de allanamiento a la denuncia, y reclusión domiciliaria nocturna para quien no pueda pagar la multa y no acepte otra forma alternativa de cumplimiento.
Estos son los acuerdos de la Comisión Mixta, señor Presidente.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como acá se ha dicho, la Comisión Mixta realizó un trabajo bastante extenso para proponer una solución a las dieciocho controversias suscitadas entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el del Senado. Tal número de diferencias se explica porque la composición de la Cámara que aprobó el proyecto en el primer trámite era muy distinta de la que lo revisó en el tercer trámite.
No obstante, con la colaboración -hay que decirlo- del Ejecutivo se logró un acuerdo casi unánime en la mayoría de los puntos de discrepancia.
Entre ellos, cabe destacar el reconocimiento de la pesca de subsistencia, para amparar aquella actividad efectuada por personas al margen de la inscripción en el registro de pesca artesanal y destinada al consumo familiar o a su comercialización a pequeña escala.
Con esta referencia se logró salvar las legítimas aprensiones que existían respecto de que este cuerpo legal se destinaría a sancionar a las personas de más escasos recursos. Por el contrario, en materia de sanciones, en general el proyecto amplía el rango, bajando el piso de ellas, de manera que sean proporcionales para aquellos pescadores infractores de baja escala, y, por otro lado, aumentándolo sustancialmente a fin de que efectivamente sirva de desincentivo para las grandes empresas infractoras.
La situación, al día de hoy, es que las multas son demasiado altas para los pescadores artesanales y demasiado bajas para los industriales. Asimismo, las nuevas figuras cubren las conductas de todos los actores de la cadena, incluyendo procesadoras y comercializadoras.
Indudablemente, las nuevas normas, si bien están encaminadas a combatir la pesca ilegal y, por lo tanto, a proteger la sustentabilidad de los recursos, logran dar un trato equilibrado a los diferentes tipos de infracciones, diferenciando entre pesca sustentable y recolectores de orilla, artesanales e industriales.
Por otro lado, la certificación de pesquería retorna al Estado como una forma de entregar certezas en el cuidado del patrimonio pesquero, y por primera vez se está generando una visión ecosistémica de la fiscalización, poniendo énfasis en la actividad de la cadena completa.
Por último, hay que relevar el aumento de dotación y nuevas asignaciones al personal destinadas a fortalecer el rol del Servicio Nacional de Pesca.
En consecuencia, primero, este proyecto fortalece el servicio público, favoreciendo a los funcionarios de SERNAPESCA, y, segundo, combate la pesca ilegal de manera equilibrada, creando nuevas infracciones y delitos, así como estableciendo un rango de sanciones más extenso y balanceado, acorde a la diversidad de actores del sistema.
Es muy difícil, entonces, argumentar que el proyecto perjudica a los pescadores artesanales. Naturalmente, a ninguna actividad económica le gusta la regulación, pero, atendido el agotamiento de los recursos, no podemos seguir mirando para el lado y tolerando la pesca ilegal. Ni las fuentes de empleo, ni las necesidades sociales pueden justificar que se sigan explotando los recursos más allá de los niveles que aseguren su sostenibilidad.
El Estado debe cumplir su rol. No puede solo sancionar; también debe fomentar actividades de reemplazo, a través de la acuicultura de pequeña escala, impulsando el repoblamiento de los mares interiores, por ejemplo.
Estos temas se abordarán en otros proyectos. Hemos logrado incorporar algunos en la iniciativa de "ley corta", que se ha fusionado con otras que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura, y hay otros que serán objeto de la llamada "ley larga" que ha anunciado el Ejecutivo.
Pero no podemos evadir nuestra responsabilidad con la sustentabilidad de los recursos. Este es un proyecto que nace en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ha hecho suyo la actual Administración, la que ha demostrado flexibilidad para lograr su aprobación.
Respecto a las dudas de constitucionalidad que se han manifestado, cabe recordar, en primer lugar, que se dice que habría delegación de facultades legislativas en cuanto la iniciativa definiría quiénes acceden legalmente al mar y sus recursos y en qué condiciones pueden hacerlo.
Sin embargo, este es un proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca. De modo que no define cómo acceder a los recursos hidrobiológicos, sino que se refiere a cómo acreditar el origen legal de ellos. Por tanto, no determina quiénes -ni qué barcos- pueden pescar, porque todo eso ya se encuentra definido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
En cuanto a la acreditación de origen legal que se ha mencionado acá, recuerdo que el artículo 63 de esa normativa exige que el origen de los recursos sea legal, lo que se verifica mediante la declaración de desembarque que hacen los pescadores.
En el proyecto no se efectúa una delegación de facultades legislativas, pues todas estas materias ya están legisladas y la autoridad se encuentra facultada para fiscalizar y calificar, en casos concretos, si la pesca es de origen legal o no, y para certificar los desembarques.
Por otra parte, quiero destacar que cada vez que se imponen obligaciones, su incumplimiento se asocia a sanciones. La suspensión de zarpe quedará establecida en la ley como consecuencia del incumplimiento de una obligación legal.
Frente a la aserción de que el proyecto no hace diferencias entre pesca a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala, quiero recordar que la Constitución Política, en su artículo 19, N° 2°, proscribe las discriminaciones arbitrarias, no toda diferenciación que esté justificada por algún elemento objetivo y racional.
Precisamente este proyecto de ley permite que el juez considere la capacidad económica del infractor y el beneficio económico obtenido, cuestión que la normativa vigente no contempla, pues toma en cuenta únicamente el daño causado a los recursos.
Otra crítica formulada a la iniciativa está referida a que desconocería que hay personas que pescan para comer. Este tema no es de carácter constitucional, sino una discusión sobre política pública. Es una discusión sobre el acceso a los recursos hidrobiológicos, no sobre infracciones y sanciones. Actualmente, esas personas se ven enfrentadas a las mismas normas que sancionan infracciones por falta de registro pesquero artesanal o a las medidas de administración.
Señor Presidente, en razón de la tramitación de este proyecto de ley, llamo a esta Honorable Sala a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, pues, de ser aprobado, nos permitirá combatir la pesca ilegal, que tanto daño le hace a nuestro ecosistema.
He dicho.