Click acá para ir directamente al contenido
SITUACIÓN ACTUAL EN LA ARAUCANÍA


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, todo Chile ha sido sacudido amargamente por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca. Más aún, cuando esta muerte pudo haberse evitado, primero, si el Estado de Chile hubiera cumplido con sus responsabilidades en cuanto a la observancia de los estándares de derechos humanos en las funciones policiales; y segundo, si como sociedad hubiésemos reconocido oportunamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que desde hace tiempo consagra el Derecho Internacional y que en Chile, por desgracia, todavía desconocemos.
La realidad de despojo, marginación y estigmatización del pueblo mapuche se halla en la base de la prolongación de un conflicto que tiene profundas raíces históricas y que es una de las principales fallas de la democracia, desde que la recuperamos hace tres décadas.
Corresponde, por tanto, realizar una profunda autocrítica.
Lamentamos la muerte de un joven y la forma en que agentes policiales del Estado la provocaron, según aparece de la evidencia conocida. Se quiso responsabilizar a la propia víctima, indicando que estaba involucrada en un delito de asalto y robo de autos, que la muerte se había producido en un enfrentamiento y que el joven tenía antecedentes penales. Todas esas versiones se cayeron por carecer de sustento.
Debemos valorar la celeridad con que actuó el Instituto Nacional de Derechos Humanos para constatar los hechos y observar los procedimientos. Cuando algunos cuestionan su rol, es necesario reconocer el trabajo que el Instituto ha realizado y que realiza.
Esperamos, por cierto, que la investigación sea exhaustiva y expedita. Y también es necesario garantizar que todos los habitantes de la Región de La Araucanía, mapuches y no mapuches, accedan a la protección del Estado de Derecho. Todos, sin excepciones.
El Ministro del Interior, quien ha hecho uso de la palabra, ha planteado la necesidad de proteger a Carabineros. Y a la institución se la protege garantizando que actúe conforme al Estado de Derecho, que cumpla con sus obligaciones legales y que entregue informes fidedignos respecto de sus acciones. Lamentablemente, no es primera vez que los informes no corresponden a la realidad.
El Gobierno ha planteado una política de gran acuerdo para La Araucanía. Nosotros manifestamos, sin duda, algunos matices y diferencias con dicha propuesta. Pero lo que más lamentamos es que, siendo una idea honesta, va en una dirección que necesariamente se ha visto anulada por la política simultánea de profundización y expansión de la criminalización de las demandas del pueblo mapuche. Así sucedió, y por cierto que todos lo lamentamos.
El Ministro Moreno ha hecho referencia a la importancia de abordar el desafío de la pobreza y el desarrollo.
El Ministro Chadwick ha puesto el énfasis en la seguridad pública. Así lo hemos visto en sus anuncios y presentaciones del último tiempo.
Pero hay un aspecto que resulta fundamental y relevante: la necesidad del diálogo político, el reconocimiento constitucional y la representación política de los pueblos indígenas.
Cuando el Presidente Piñera anunció el Comando Jungla como una iniciativa de su Gobierno para reforzar la persecución de lo que algunos han denominado equivocadamente "terrorismo mapuche" -ahora se sostiene que dicho Comando no existe-, lo cierto es que se trató de una política comunicacional. Vimos cómo muchos pegaban codazos para aparecer en la fotografía. Y se decía: "Es una señal potente del Gobierno para resolver el drama de La Araucanía". Según nosotros, una señal equívoca, una señal errada. Y hoy estamos viendo las consecuencias.
Comprobamos que el despliegue de la fuerza pública sin control político de las autoridades democráticas ha agravado la situación en La Araucanía, ha producido muertes, detenciones arbitrarias, allanamientos abusivos, malos tratos e incluso torturas a niños y adolescentes.
El Estado de Derecho debe garantizar que las policías siempre actúen conforme a la ley. Y, por cierto, el desafío consiste en dar protección a todos los ciudadanos.
No podemos eludir nuestras propias responsabilidades.
Inauguramos la transición con el reconocimiento a los pueblos originarios a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la publicación de la Ley Indígena.
Dicho texto legal fue aprobado en 1993, en el Gobierno del Presidente Aylwin. ¿Pero cuánto tiempo tuvimos que esperar para que fuera ratificado el Convenio 169?
La creación de la CONADI; el Fondo de Tierras y Aguas, para dar respuesta a los despojos de tierras que ha sufrido históricamente el pueblo mapuche; las políticas de salud y educación intercultural; la política de becas indígenas -ya llevan décadas implementándose-, y la inversión pública en diferentes programas de desarrollo, fueron iniciativas impulsadas por los gobiernos democráticos como pasos en la dirección del reconocimiento de los pueblos indígenas.
Lamentablemente, dichas medidas no evolucionaron con la celeridad que debieran en la dirección de reconocer los derechos a la autodeterminación interna; a su derecho propio; a una representación política; a sus derechos lingüísticos y culturales, y a un fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios a la tierra. Quedamos en deuda, y lo asumimos. Y como sociedad debemos todos trabajar para saldarla.
El problema de La Araucanía no es un problema de terrorismo.
Sin duda, existe un componente de orden público que es necesario abordar. Pero se trata, sobre todo, de un problema político y de una deuda histórica que debe saldar el Estado de Chile.
Las políticas implementadas durante los gobiernos democráticos no cerraron adecuadamente las heridas de la historia, porque quizás hubo falta de altura, de evolución y de sana dirección de esas políticas en la relación con el pueblo mapuche y con todos los pueblos originarios.
Sin embargo, esto no lo decimos hoy por la gravedad de este momento, sino que porque forma parte de una profunda convicción que da cuenta de nuestro compromiso con la liberación de la opresión de los pueblos originarios.
En Latinoamérica, el socialismo nació de la mano de la necesidad no solo de abordar desde los valores de la igualdad, la democracia y el pluralismo la "cuestión social", sino también de transformar la situación característica de las Américas en relación con los pueblos indígenas como sujetos políticos sometidos a una dominación cultural y económica originada en la colonización y proseguida en la formación racista y patriarcal del Estado.
La realidad de las injusticias hacia los pueblos indígenas y originarios de las Américas ha sido para los socialistas un símbolo de todas las injusticias sociales y políticas que debemos enfrentar, que queremos cambiar radicalmente. Y, por cierto, son expresión de las luchas de emancipación de todos los actores sociales.
En el proyecto político de Salvador Allende, la cuestión indígena fue una parte de su
programa, traduciéndose en la primera ley indígena, la N° 17.729, de 1972. Con ello buscaba iniciar un camino de hermandad, reemplazando la historia de subordinación y colonialismo.
Ha sido un aporte del progresismo global que aquellos Estados con problemas similares a los nuestros -países que hoy día constituyen un ejemplo- hayan emprendido un camino para el reconocimiento mediante sistemas constitucionales eficaces, que han consagrado acuerdos de autodeterminación interna, escaños reservados, sus propias jurisdicciones y la decisión de sus propias posibilidades de desarrollo para los pueblos originarios.
El proyecto plurinacional que resume estas medidas apareció por primera vez en Europa como parte de la propuesta de la socialdemocracia austriaca, en 1899. Y está presente también en la Constitución española de 1978. En América, hay propuestas de similares características que han consagrado acuerdos constitucionales en esta materia.
La pregunta es: ¿por qué no avanzamos en Chile de la misma forma?
Este es el sentido que anima la propuesta de reconocimiento constitucional para los pueblos originarios, que consiste en que reconozcamos la plurinacionalidad del Estado, la autodeterminación y la representación política de los pueblos indígenas.
Estas propuestas no solo tienen un valor de justicia para restaurar la condición de sujetos políticos de los pueblos originarios, sino que también son las bases para generar diálogos reales, una paz robusta y sostenible en las relaciones del Estado con los pueblos.
La experiencia comparada demuestra que solo a partir de estas instituciones se recuperan y producen las confianzas necesarias para tener una interculturalidad igualitaria entre los diferentes sujetos colectivos que concurren en la comunidad política.
Además, es necesario hacer mucho por la recuperación de las tierras indígenas y para proteger sus territorios y patrimonios culturales. El Estado debe implementar formas más rápidas, transparentes y con objetivos de largo plazo para la recuperación de las tierras de los pueblos originarios, acompañándolos de apoyo para su desarrollo productivo, pero respetando sus decisiones, visiones y prioridades de desarrollo.
Aquí se ha hablado de la especulación en el precio de las tierras. Pues bien, ¿por qué no se evalúa eventualmente la expropiación para acelerar dicho proceso?
Asimismo, las empresas extractivas que han estado en los focos del conflicto debieran hacer un balance crítico de su verdadera contribución al desarrollo del pueblo mapuche, a la paz de los territorios. A la vez, han de redefinir y revisar su presencia para hacer un aporte a la justicia y a la buena vecindad y para hacer posible el acceso del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales y sus aguas.
Sin duda, el desafío que tenemos es enorme, no es fácil. Ha habido múltiples gobiernos que han impulsado diferentes políticas. Y lo cierto es que no han generado el resultado esperado.
La actual Administración ya tuvo una oportunidad antes, cuando también hizo anuncios de gran envergadura, pero no se tradujeron en cambios sustantivos.
Es hoy la oportunidad para que como sociedad y como país, desde nuestras distintas miradas y legítimas diferencias, abordemos una propuesta común, que nos permita saldar una deuda histórica, garantizar el desarrollo para La Araucanía y una paz basada en la justicia y en el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas.
He dicho.