REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA TRABAJADORES DE SECTOR PÚBLICO

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como lo dijo el Presidente de la Comisión de Hacienda, el reajuste del sector público viene precedido de un acuerdo con los representantes de los funcionarios públicos y, en esas condiciones, lo único que queda es apoyarlo.

Sin embargo, una reajustabilidad de las remuneraciones que considere el alza del costo de la vida y los mejoramientos producidos por el aumento de la productividad es solo una de las demandas de los servidores públicos.

La estabilidad en la función pública es tan o más necesaria que la reajustabilidad, y ella ha sido afectada masivamente en las últimas semanas por la decisión del Gobierno de despedir en forma injustificada a centenares, tal vez miles, de funcionarios a contrata y a honorarios.

Si añadimos a lo anterior el reciente fallo del Tribunal Constitucional que excluyó a los funcionarios públicos del acceso a procedimientos de protección y tutela de sus derechos fundamentales, entonces, estamos frente a un cuadro de vulneración de sus derechos extraordinariamente grave.

Todos coincidimos en el importante rol que cumplen los trabajadores del sector público, así como en la idoneidad y la probidad de la enorme mayoría de ellos.

Todos estamos de acuerdo también en que la Administración del Estado requiere una reforma profunda, la que debe hacerse con los funcionarios públicos y no contra ellos.

Medidas como las que ha adoptado el Gobierno no contribuyen, señor Presidente, a generar confianzas para emprender las modificaciones institucionales que tan necesarias son.

Un punto más o un punto menos en las remuneraciones es importante, pero más lo son la dignidad, el respeto y el trato justo a miles de funcionarios públicos que se desempeñan a lo largo y ancho del país.

Ojalá que el Gobierno tome en consideración estos aspectos.