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PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2019


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me encantaría que el Ejecutivo pudiera explicar por qué esto sería inadmisible. En verdad, no lo entiendo. La administración del Estado y esta misma Corporación entienden que no podría ser inadmisible la sola solicitud de que tanto los privados como los agentes públicos sepan a ciencia cierta cuáles son las normas y estándares que rigen en nuestro país, y que ellos deben cumplir como cualquier persona, para que sean incluidos expresamente en los contratos y convenios, de manera que sean transparentes.
Cuando uno lee las tres indicaciones que hemos formulado para el Ministerio de Economía, me cuesta creer que esto pueda ser inadmisible. Se trata de normas de transparencia, de información.
Me encantaría que el Ejecutivo justificara la inadmisibilidad. Creo que es lo mínimo que uno puede pedir como Senadora.
Creo que corresponde que el Ejecutivo justifique cuál es el gasto que irrogarían estas indicaciones.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que no puedo compartir que reduzcamos este presupuesto, pero sí creo que es importante que hagamos una reflexión en torno a este punto.
Preocupa ver que el Gobierno va a invertir aproximadamente 33 mil millones para centros residenciales privados (Programa 01, Glosa 5 d)); más de 9 mil 600 millones para residencias estatales (Programa 02, Glosas 8, 9 y 10). Son, en total, casi 42 mil millones para institucionalizar. En cambio, señor Presidente, solo se consideran 4 mil 300 millones (Glosa 07, Programa 02) para poner niños al cuidado de familias de acogida.
La verdad es que institucionalizar, y más aún si no se puede garantizar que los niños no sean maltratados y abusados al interior de las residencias, también significa colaborar con mantener una violencia institucional, y para eso, obviamente, no estoy disponible.
A mayor abundamiento, el Gobierno insiste en mantener la cultura de la violencia en nuestro país. Y esto es contar con niños carentes de cuidado parental y que están bajo la protección del Estado, al incluir en el Programa 01, Glosa 13, camuflada en una glosa aparentemente de información, la instalación de salas de contención en los centros de trato directo y en los centros de las organizaciones colaboradoras del Servicio.
La glosa dice, textualmente: "El Servicio Nacional de Menores informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los gastos asociados a la instalación de las salas de contención, en los centros de trato directo y en los centros de las organizaciones colaboradoras del Servicio".
Ello es totalmente insólito e inaceptable. Es contrario a lo que exigiría la muerte de tantos niños al interior del SENAME, y en particular la de la pequeña Lissette Villa.
La construcción de estos espacios legitima el uso de la fuerza para el trato de niños que se encuentran encerrados e indefensos al interior de las residencias. Se financian sin garantizar la existencia, en cada institución, de personal médico y terapéutico adecuado que asegure, siempre y en primera instancia, el manejo del dolor y la desesperación que producen en los chicos los episodios de descontrol.
Señor Presidente, no es así como queremos tratar a los niños más dañados y expuestos en nuestro país. Es necesario que revisemos lo que estamos haciendo.
Por ello hemos presentado la moción con los Senadores señor Harboe, señoras Muñoz y Provoste y señor Quintana. Creo que es importante que se apoyen las medidas que hemos pedido: la contratación de profesionales adicionales por un solo año, para resolver los más de 900 sumarios pendientes y los más de 250 casos que se abrieron por sospechas de maltrato de funcionarios en contra de los niños que deben cuidarse. Porque su no resolución implica el contacto cotidiano de los niños en protección con posibles maltratadores.
Por eso pedimos la incorporación en los Programas Subvencionados y en los Estatales de Protección de Menores y Justicia Juvenil de estándares mínimos para las personas que trabajan en contacto directo con niños, niñas y jóvenes, necesarios para disminuir riesgos en su cuidado y custodia.
Ninguna de las peticiones fue acogida por el Ejecutivo, señor Presidente. ¿Cuántos niños están primero? Es la pregunta que tenemos que hacernos.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, lo único que persigue esta indicación es que quienes reciban y usen recursos públicos tengan a mano una enumeración clara de las normas y estándares más fundamentales que rigen en nuestro país y que ellos deben cumplir, como cualquier persona. Es un simple ejercicio en pro del conocimiento de las leyes y de la transparencia, probidad y respeto de la legalidad. Se trata de una enumeración en la que además se hace expresa mención a aquellas directrices que son de carácter voluntario, pero que sin duda contribuyen a la difusión de los estándares de corrección en las materias que abordan.
No voy a volver a leer la indicación, en pos del tiempo, ya que el Secretario ya lo hizo, pero, cuando ella se refiere a directrices internacionales que no son obligatorias, expresa claramente que son voluntarias. Sin embargo, no se puede soslayar que se trata de reglas adoptadas por la comunidad internacional (la OCDE, la OMS, la FAO), a las que Chile ha adherido adoptándolas como el camino de la corrección deseable en las conductas empresariales en su relación con la sociedad y en el uso de los recursos naturales (tierra, bosques, pesca). La frase que empleamos para considerarlas es: "En la referencia expresa establecida en esta glosa el Ministerio de Justicia también procurará incentivar", etcétera.
Son normas que todos conocemos y que están suscritas por nuestro país.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, coincido absolutamente con la Secretaría.
El artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución obliga a todos los organismos del Estado. Y no hay ninguna implicancia de gasto. Por lo tanto, no me parece correcto el planteamiento del Ejecutivo, así como tampoco que señale que no ha estudiado suficientemente la indicación. Me gustaría que diera el argumento por el cual sostiene su inadmisibilidad.
Creo que ella se apega absolutamente a la Constitución y, como contempla compromisos internacionales por los cuales el Estado de Chile se rige, corresponde que sea declarada admisible, tal como ya lo ha hecho la Secretaría del Senado, y votada.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me cuesta entender que estemos entregándoles nuestros niños a organizaciones a las que no estamos dispuestos a pedirles que conozcan las normas fundamentales de cuidado, de garantías, de derechos.
La verdad es que si no conocen las mínimas normas de probidad, respeto, legalidad que Chile ha suscrito a nivel internacional, ¿qué les vamos a pedir? Son las primeras que tendrían que conocer. Son normas básicas para sentarse a conversar acerca del resto.
Y si esas normas no las conocen, creo que ni siquiera pueden aspirar a administrar un centro. No digo que las reciten, digo que las conozcan, que sepan de sus marcos normativos, de qué estamos hablando.
Señor Presidente, creo que es un piso mínimo para quienes van a cuidar a los niños mayores de tres años. Porque los menores de tres años no tienen que estar institucionalizados en nuestro país, como ya no lo están en los países desarrollados.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto, coincidiendo con las palabras del Ministro en cuanto a hacer lo que se hace hasta el día de hoy. No estoy de acuerdo con el Ministro, porque este es un Poder autónomo, distinto al Ejecutivo.
En tal sentido, coincido con las palabras del Senador Insulza. Creo que corresponde que este Poder del Estado administre sus recursos de manera autónoma. Y no corresponde que rindamos cuenta de nuestros recursos a otro Poder del Estado.
En consecuencia, rechazo la indicación del Ejecutivo.