CREACIÓN DE CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, comparto, como se ha señalado por otros Senadores, que esta iniciativa legal es un paso adelante en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal de Chile.
Como se ha dicho, con este proyecto se apunta a alinear al país con las mejores prácticas de la OCDE respecto al cumplimento de la regla fiscal y su verificación.
Quisiera en este sentido reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno. No es fácil reducir el propio ámbito de atribuciones, como hace este texto al otorgar autonomía a una entidad que hoy solo tiene un rol asesor.
Esta iniciativa, tal cual la vamos a discutir ahora en el Senado, configura un Consejo con autonomía legal reforzada por las reglas de designación, de remoción y de capacidad normativa del propio Consejo.
Se ha mejorado, por cierto, en el debate en la Cámara de Diputados el proyecto original.
En cuanto a las atribuciones, mantiene una parte significativa de las potestades del actual Consejo Asesor. Pero, además, lo refuerza con nuevas atribuciones, como la de proponer cambios al cálculo del balance estructural.
Tan importante como las anteriores son las nuevas potestades, en particular las de evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas y hacer que esas evaluaciones sean de conocimiento general, así como la de opinar y proponer medidas para mitigar las desviaciones del cumplimiento de las metas del balance estructural, entre otras facultades.
Con este proyecto estamos avanzando efectivamente hacia un Consejo más independiente, con mayores atribuciones y con mayor financiamiento que el actual, que fue creado por decreto.
También quiero decir que iniciativas como estas no son nuevas. De hecho, la decisión de procurar el ingreso a la OCDE, con todo lo que eso significa, en términos de compararse con las mayores economías del mundo y con las mejores prácticas en materia de gobernanza, fue tomada por la ex Presidenta Michelle Bachelet durante su primer Gobierno, como todos sabemos.
Ser parte de este grupo de alto nivel nos ha permitido mirarnos al espejo como país y admitir ser evaluados también con un alto grado de exigencia.
Los resultados los conocemos y muestran el desarrollo desbalanceado de Chile, con avances importantes en materia fiscal, por ejemplo, pero también con rezagos no menos relevantes, como en el sistema de pensiones, por mencionar otro caso.
Por eso, nuestro ingreso a la OCDE fue una decisión valiente, que todos hemos aplaudido. Pero antes también hubo otras decisiones trascendentes para el país.
El año 2001, bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, fue adoptada la regla fiscal, como el propio proyecto lo menciona. Luego se crearon los Comités Consultivos Independientes del Precio de Referencia del Cobre y del PIB Tendencial y, posteriormente, una norma tremendamente relevante como la Ley de Responsabilidad Fiscal, que institucionaliza la regla del balance, que permite dar sustento, por ejemplo, al mayor gasto en pensiones.
¿Qué tienen en común estas normas o mecanismos? Que fueron creados por gobiernos progresistas, que culminan e institucionalizan una práctica política muy sana, que acompañó la recuperación de la democracia bajo el principio de que a quienes más perjudican los desequilibrios fiscales es a quienes más necesitan.
Por eso podemos señalar que la regla de la responsabilidad fiscal es un patrimonio de Chile, y por eso valoramos la iniciativa del actual Gobierno, porque se han sentado las bases para tener una economía sana, desde nuestro punto de vista, que propicie el crecimiento para que el Estado social de derechos al que aspiramos cuente con sólidas bases financieras. Por eso es tan importante tener finanzas públicas sanas y estables, y esa es nuestra convicción más profunda.
Voy a votar, por todo lo que he señalado, a favor de esta iniciativa, independientemente de que creo que debe ser perfeccionada en el debate en particular, y me hago cargo, por ejemplo, del planteamiento señalado por la Senadora Yasna Provoste.
Aprovecho de manifestar mi preocupación a propósito del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el Gobierno, por tres razones.
En primer lugar, porque rebaja los impuestos a quienes ganan más, atentando contra el carácter progresivo del sistema tributario.
En segundo lugar, porque debilita la institucionalidad creada para evitar la elusión fiscal, generando un desincentivo al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Pero en relación con el equilibrio fiscal, lo más importante es que la rebaja de impuestos no está asociada a una compensación equivalente, y las explicaciones que lamentablemente ha dado el Gobierno son poco verosímiles.
Me parece que es fundamental que el sistema tributario garantice ingresos permanentes para financiar gastos permanentes y, de esa manera, tender a la expansión del reconocimiento de los derechos sociales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de todas las chilenas y los chilenos.
Gracias.