MODIFICACIÓN A CÓDIGO PENAL Y A LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO, SOBORNO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el paso que estamos dando con este proyecto es muy importante en el largo camino que tanto las instituciones públicas como las privadas necesitan retomar para recuperar la confianza de la gente.

Ello porque, primero, se comienza a poner término a la brecha evidente que ha existido entre las expectativas de la ciudadanía y la respuesta de la institucionalidad en esta materia. Día a día se suman nuevas denuncias por corrupción, pero luego los procesos se eternizan y terminan en sanciones que la opinión pública ve como meramente simbólicas.

Ahora, los responsables de estos ilícitos deberán enfrentar consecuencias más graves y ya no una suspensión del procedimiento, una pena remitida o un curso de ética. La gente está hastiada de ver desfilar en fiscalías y tribunales a autoridades, generales y altos funcionarios que después son condenados a penas irrisorias.

El aumento de las penas producirá también que se extiendan los plazos de prescripción, con lo que disminuyen las posibilidades de impunidad.

Naturalmente, este proyecto no impedirá que se cometan nuevas irregularidades, pero al menos la ciudadanía tendrá la tranquilidad de que las sanciones a las que se exponen los responsables serán efectivas.

Nadie puede decir que, en democracia, ha habido impunidad para los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero lo cierto es que el efecto disuasivo de las bajas penas ha sido insuficiente.

Este, me parece, es el primer gran mérito del proyecto.

Y el segundo gran logro será que los privados también deberán enfrentar el mayor peso de la ley, no solo en los casos de soborno a funcionarios públicos, sino también por los actos de corrupción entre particulares y de administración desleal del patrimonio ajeno.

Además, se crea una nueva pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos en empresas privadas que contraten con el Estado o provean servicios públicos.

Igualmente, se amplía el espacio para la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas en general.

Todo esto, necesariamente, deberá redundar, por una parte, en una mayor disuasión para cometer este tipo de ilícitos, y por la otra, en una progresiva recuperación de la confianza pública.

Con esto gana la democracia y gana también la economía, porque habrá una mayor confianza para realizar negocios en nuestro territorio.

Señor Presidente, estoy convencido de que Chile no es un país corrupto, pero sí existen focos de corrupción que deben ser enfrentados resuelta y oportunamente.

Este proyecto, así como otras reformas que hemos aprobado como parte de la agenda de probidad del Gobierno anterior a partir de las recomendaciones de la Comisión Engel, más las nuevas iniciativas de ley que ha enviado o anunciado el actual Gobierno, constituyen una respuesta maciza y estructural al fenómeno de la corrupción.

Este es el camino correcto, la respuesta democrática contra ese flagelo.

La alternativa es la respuesta populista, que asoma en países vecinos, pródiga en consignas efectistas, pero pobre en la solución a los problemas.