FIJACIÓN DE NORMAS DE PLAZO Y DE PROCEDIMIENTO DE PAGO EN RELACIÓN CON PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.785-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Allamand, De Urresti, Moreira y de los entonces Senadores señores Tuma y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2018.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
Economía (segundo): sesión 83ª, en 23 de enero de 2018.
Hacienda: sesión 83ª, en 23 de enero de 2018.
Economía: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
Discusión:
Sesiones 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 85ª, en 24 de enero de 2018 (se aprueba en particular).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Este proyecto inició su discusión en el Senado y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
La Comisión de Economía, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe), aprobó cuatro enmiendas, consistentes en la incorporación en el artículo 1° de un numeral 1 y un numeral 4, nuevos; en la introducción del epígrafe "Disposiciones Transitorias", y en la incorporación de un nuevo artículo tercero transitorio.
Por la misma unanimidad precedentemente consignada rechazó siete modificaciones, recaídas en los numerales 1 y 2 (que pasarían a ser 2 y 3, respectivamente) del artículo 1°; en la incorporación de los nuevos artículos 2° y 3° permanentes; en la sustitución del artículo transitorio por un artículo primero transitorio, y en la introducción de un artículo segundo transitorio y un artículo cuarto transitorio, nuevos.
Finalmente, por votación dividida, rechazó la supresión del artículo 2° permanente del proyecto. Votaron en contra de la modificación los Senadores señora Rincón y señores Elizalde y Harboe. Se pronunciaron a favor de la enmienda los Senadores señores Galilea y Durana.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y las proposiciones que efectúa la Comisión de Economía al respecto.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados.
A continuación intervendrá la Presidenta de la Comisión de Economía, Senadora señora Rincón. Después le daremos la palabra al señor Ministro para que explique el contexto.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como Presidenta de la Comisión, me corresponde informar sobre esta iniciativa.
Este proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional. Se inició en moción de los Senadores señores Allamand, De Urresti y Moreira y de los entonces Senadores señores Tuma y Andrés Zaldívar. Ingresó a tramitación el 5 de julio de 2016.
Los objetivos de la iniciativa son:
a) Desincentivar las malas prácticas comerciales que postergan o dilatan el pago efectivo de las facturas o su saldo insoluto, lo que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras.
b) Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y proteger los empleos que generan.
c) Fomentar una adecuada competencia en el mercado.
La iniciativa propone, en lo sustantivo, lo siguiente:
-Establecer plazos máximos de pago.
-Fijar los intereses por mora.
-Consagrar el derecho a cobrar una comisión fija de recuperación de pagos, en función del monto total adeudado.
-En relación con los organismos públicos regidos por la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, consagra expresamente la obligación de pronto pago de las obligaciones que contraigan por contratos de suministro y prestación de servicios; y regula las consecuencias de no pagar oportunamente y la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no cumplan con las disposiciones sobre pago oportuno que establece el proyecto.
Las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados al texto aprobado por el Senado fueron analizadas por la Comisión de Economía con detenimiento y profundidad, proceso en el cual el órgano que me corresponde presidir escuchó al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la Dirección de Presupuestos y al Servicio de Impuestos Internos.
Además, se recibió a los siguientes invitados: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), en sesión de 12 de septiembre; Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (CONUPIA), UNAPYME y Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en sesión de 26 de septiembre; Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G., Asociación de Emprendedores de Chile y Asociación de Empresas de Factoring de Chile A.G. (EFA), en sesión de 3 de octubre.
Se absolvieron una serie de consultas y requerimientos.
La Comisión de Economía tomó una serie de acuerdos, tal como lo relató el Secretario. Todos ellos, con excepción de uno, fueron adoptados por unanimidad. En el órgano técnico se rechazaron -por tanto, irían a Comisión Mixta- varias normas del proyecto.
El único acuerdo que no tuvo unanimidad fue el relativo a la enmienda recaída en el artículo 2° del proyecto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, que la Cámara de Diputados eliminó. Esta enmienda fue rechazada por mayoría (3 por 2). Votaron en contra de la modificación los Senadores Elizalde, Harboe y quien habla y se pronunciaron a favor de la enmienda los Senadores Durana y Galilea.
El referido acuerdo adoptado por mayoría rechazó la enmienda de la Cámara Baja que eliminó el artículo 2° del proyecto del Senado, que reemplaza el literal i) del artículo 4o de la ley sobre competencia desleal con la finalidad -y quiero expresarlo en esta Sala- de introducir dentro de la enumeración no taxativa de los actos que se considerarán de competencia desleal el siguiente texto: "la infracción a los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.".
La mayoría rechazó la eliminación de la norma (supresión acordada por la Cámara de Diputados) en consideración a que dejar fuera de la competencia desleal la infracción a los plazos de pago pondría a la ley a que dará lugar este proyecto en una situación disminuida respecto de las otras conductas consideradas expresamente de competencia desleal (opinión del Senador Harboe) y porque no es conveniente dejar flancos abiertos en una norma que no resulta del todo clara (según lo expresado por quien habla, refrendado también por el Senador Elizalde).
El pago oportuno es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y acerca del cual se han presentado numerosos proyectos de ley para normar los plazos de pago a los proveedores.
La regulación que plantea el proyecto de ley en debate es bienvenida por los actores. Debemos aprobar un buen cuerpo legal, que no ponga en riesgo la cadena de pagos ni que, por las cláusulas específicas que contempla la ley, termine perjudicando a quien queremos beneficiar.
La cadena de pagos es, sin lugar a dudas, compleja y enorme. En Chile se emiten más de un millón de facturas todos los días (30 millones de facturas al mes). Es una enorme cantidad de transacciones, de distintos tipos y algunas de mucha complejidad.
El principal foco de este proyecto de ley es superar la falta de certeza en el plazo de pago; los descuentos arbitrarios que eventualmente las empresas hacen a otras, como los que sufre un proveedor pyme que entrega mercadería a una empresa grande, que la recibe y, en forma posterior, puede hacer una nota de crédito por medio de la cual devuelve parte de las mercaderías o rebaja parte del monto original de esa factura.
Todo lo anterior genera un escenario extremadamente inconveniente desde el punto de vista del proveedor y, además, hace que le resulte muy caro, finalmente, financiarse en el mercado de capitales.
Lo que persigue el proyecto es que tales descuentos arbitrarios no se produzcan, por la vía de robustecer la factura, que es el documento que llevan las empresas proveedoras para financiarse en el mercado de capitales. Así, la tasa de interés con que se financia una pyme será lo más parecida posible a la tasa de interés con que ese mismo financista le habría entregado un crédito a la empresa que le compró a esa pyme.
Actualmente, las pymes acceden solo a tasas altas, por distintas razones, pero, principalmente, por las siguientes:
1.- No hay confianza en el plazo de pago.
El financista se halla en condiciones de sostener que no sabe si el crédito que está otorgando es por 30, 60 o 90 días precisamente porque no existe certeza sobre cuándo se realizará el pago.
2.- Tampoco hay certeza acerca del monto del crédito que se está concediendo.
El proyecto busca eliminar las deficiencias de esta factura, de modo tal que sea un documento inalterable tanto en plazo como en monto. Al ser inalterable, se parece mucho más a una deuda directa de la compañía grande. Por lo tanto, se generará una tensión competitiva que debería llevar a que las tasas de interés del referido documento fueran bastante bajas.
Señor Presidente, una de las medidas específicas que el Ejecutivo planteó en la Cámara de Diputados es la guía de despacho electrónica.
La Comisión de Economía estimó, por la unanimidad de sus integrantes, que este punto debía analizare en una Comisión Mixta, porque teme que afecte a zonas rurales sin cobertura o sin acceso a la tecnología apropiada.
El proyecto de ley que aprobó el Senado fijaba un plazo de pago de 60 días, que es actualmente el estándar más utilizado en el mundo. La Cámara Baja lo rebajó a 30 días, a contar del mes 25 de la entrada en vigencia de la ley. Concluyó señalando que el Ejecutivo está conforme al respecto.
La Comisión rechazó la norma pertinente, sobre la base de distintos argumentos planteados y con la finalidad de que este punto también forme parte del análisis de la Comisión Mixta.
La iniciativa considera a todos, porque se trata de una normativa de carácter general, lo que incluye al sector público.
Sin perjuicio de lo anterior, hay normas específicas para el ámbito público en dos áreas: el sector salud y el municipal.
En primer lugar, también consagra un plazo de 30 días; pero en el caso de las licitaciones y los contratos pueden llegar a 60. Así lo aprobó el Senado, y al respecto no existen modificaciones.
En el caso de los sectores salud y municipal, tanto el Senado cuanto la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados estimaron un plazo especial para ajustarse a la norma general del pago efectivo a 30 días corridos. En el texto que aprobó el Senado, tal plazo especial era de 24 meses. Lo que propuso el Ejecutivo en la Cámara Baja, y que fue aprobado en la Comisión, llegaba a 36 meses.
Sin embargo, en la Sala de la Cámara de Diputados se aprobó una indicación que eliminó estos plazos especiales, de forma tal que el inicio de la vigencia de la ley sería inmediato. Por ende, el sector salud y el mundo municipal tendrían que acomodarse inmediatamente.
Como señalé al inicio de esta intervención, todos los acuerdos de la Comisión, sea para acoger o para rechazar las enmiendas que la Cámara de Diputados le introdujo al proyecto, fueron adoptados por la unanimidad de sus integrantes, con excepción de la recaída en el artículo 2° que despachó el Senado en primer trámite constitucional, que la Cámara eliminó, el que fue acogido por mayoría de 3 votos contra 2 para rechazar la enmienda, a la cual me referí anteriormente.
La Comisión de Economía le sugiere a la Sala aceptar sus proposiciones, y llevar a una Comisión Mixta los puntos sobre las cuestiones en que hay diferencias entre ambas Cámaras.
Es cuanto debo informar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, bienvenido a esta sesión.
Nos habría gustado tenerlo aquí ayer en el debate que hubo sobre el litio. Esperamos tener otra oportunidad para contar con su presencia.
Antes de darle la palabra, quiero decir que la idea sería votar el informe completo en un solo acto, con excepción del punto en que hubo 3 votos contra 2.
Puede intervenir, señor Ministro.
El señor VALENTE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Seré muy breve, señor Presidente.
Primero, deseo expresar mi agradecimiento por la tramitación que ha recibido este proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La verdad es que el debate ha enriquecido el articulado, pues hemos podido llegar a acuerdos transversales muy interesantes. Y, finalmente, es probable el trámite de Comisión Mixta, lo que nos permitiría arribar a un acuerdo importantísimo para efectos de dignificar el trabajo de las pymes.
La Senadora Rincón ya dio una buena cuenta sobre lo que es hoy esta iniciativa.
Por tanto, solo quiero decirles que, desde el punto de vista del Gobierno, es sobremanera significativo que los pequeños y medianos emprendedores tengan en nuestro país una cancha pareja con respecto a las grandes empresas.
Obviamente, la circunstancia de contar con ese capital de trabajo de manera relativamente rápida es un factor que puede hacer una gran diferencia para las pymes en cuanto al emparejamiento de la cancha.
Si hay algo que diferencia a dos personas que tienen un buen proyecto es el acceso o la falta de acceso a capital.
En este caso estamos dando acceso a capital de trabajo y al mercado financiero a más de un millón de pymes en condiciones mucho mejores que las actuales.
En tal sentido, este proyecto reviste gran importancia y, por tanto, es muy esperado.
En cuanto idea, esta iniciativa lleva más de 15 años de discusión. Pero hoy día estamos muy cerca de concretar una buena solución y de darle una alegría al millón de pymes que recibirán el beneficio pertinente.
Agradezco de nuevo lo que ha sido la tramitación hasta ahora, y espero que sigamos con la misma visión y con igual ánimo en el eventual trámite de Comisión Mixta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estamos muy contentos por lo que sucede con este proyecto, cuyo origen fue una moción que presentamos con los Senadores Allamand, De Urresti, Andrés Zaldívar y Tuma.
Independiente de las diferencias que hayamos podido tener en materias económica y política, creo que esta iniciativa unió a todos los sectores, lo que nos alegra sobremanera.
Y un agradecimiento para el Ejecutivo, que activó la tramitación al poner urgencia para el despacho de la ley en proyecto.
En cuanto al articulado, señor Presidente, debo señalar que se han hecho a la iniciativa importantes cambios -se refirió a ellos la Presidenta de la Comisión- que vale la pena destacar.
Se modificó el artículo 2° al objeto de rebajar el plazo para el pago de la factura: de los 60 días establecidos originalmente en el proyecto, a 30 días.
Eso constituye un avance esencial.
Sin embargo, señor Presidente, ello se debe complementar agregando que el plazo es de días corridos, y además, que es para el pago efectivo, pero no para documentar un pago futuro.
Creo que también son relevantes la modificación que incorpora un artículo 2°, nuevo, y la que introduce un artículo segundo transitorio en cuanto a lograr paulatinamente que la guía de despacho sea, al igual que la factura, un documento electrónico.
No obstante, otras enmiendas merecen un reparo o un nuevo debate en Comisión Mixta.
La discusión en torno al Estado, el que no puede abstenerse u omitirse de su rol ejemplar, y el pago a sus proveedores es de la mayor relevancia.
Actualmente, el Estado es mal pagador. Algunas de sus áreas, como salud y municipios, no son buenas pagadoras.
Entonces, considero que la misma exigencia que le estamos haciendo a la empresa privada debemos imponérsela al Estado.
Ahora, señor Presidente, quiero destacar tanto la preocupación del señor Ministro por este proyecto como el hecho de que entre sus autores figuremos Senadores del actual Gobierno.
En relación con el pago oportuno por parte del Estado, reitero que los plazos deben regularizarse cuanto antes.
Durante la discusión nosotros pedimos someterlo a las nuevas normas dentro de dos o tres años. Lamentablemente, no tuvimos el apoyo necesario. Pero se trata de un cambio que debe venir.
El Estado tiene que dar el mejor ejemplo. Si les estamos pidiendo a los privados ser buenos pagadores, también debemos hacerle tal exigencia al Estado.
Ahora, para incorporarse a la nueva modalidad es importante el tiempo.
Así que esperamos que en el futuro, una vez que comience a regir la ley en proyecto, podamos incorporar al Estado.
Pese a todo, es destacable que, habiendo llegado la discusión a este punto, exista consenso transversal de los mundos político y empresarial en cuanto a la imperiosa necesidad de regular esta materia y a la forma de hacerlo.
La cadena de pagos es enorme y compleja. En Chile se emiten más de un millón de facturas todos los días; es decir, estamos hablando de 30 millones de facturas mensuales.
Se realiza una cantidad inmensa de transacciones, de distinto tipo, y algunas, de mucha complejidad.
Debió existir una solución natural a este
problema sin necesidad de regulación, porque tanto a los dueños de las compañías como a sus proveedores, sobre todo a los pequeños, les interesa que se les pague a tiempo.
Ello no ocurrió, y fue necesaria la intervención del Parlamento para lograr que el pago oportuno de las facturas fuera tema de debate y, finalmente, motivo de acuerdo en la sociedad chilena.
El momento en que se discute la necesidad, oportunidad y vigencia del Congreso Nacional sirve para reivindicar el rol que cumplen los parlamentarios en la vida de nuestro país.
Creo que esta es una muestra más de preocupación por nuestras pymes para que reciban los pagos oportunamente.
Reitero mi gratitud al Gobierno del Presidente Piñera por haberle dado celeridad a este proyecto, con el concurso de todos los parlamentarios, tanto oficialistas cuanto opositores.
Independiente de si es necesaria una Comisión Mixta, dados los cambios mayores realizados en la Cámara de Diputados y la recomendación hecha por la Comisión de Economía del Senado, estamos muy cerca de una ley cuyo objetivo será regular la materia y acabar con los abusos que se cometen en el proceso de pago de las facturas.
Sabemos perfectamente que grandes empresas de nuestro país, algunas de propiedad de emprendedores muy conocidos, a veces demoran el pago hasta 120 días.
¡Para qué nombrarlas ahora!
Señor Presidente, reitero nuestra complacencia. Y, considerando que hoy día tenemos cierta transversalidad ante proyectos de esta naturaleza, espero que sigamos apoyando a nuestras pymes, que son las que dan el 90 por ciento del empleo en Chile.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de darle la palabra al Senador señor Elizalde, debo decir que se ha solicitado abrir la votación.
Al respecto, cabe aclarar que se trata de una sola votación, porque la de mayoría tiene que ver con un artículo que también iría a Comisión Mixta.
¿Le parece a la Sala?
El señor HARBOE.- Sí, señor Presidente.
El señor GARCÍA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Si es para plantear una cuestión de Reglamento, puede intervenir, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Su Señoría señaló que existiría una solo votación, para que el proyecto fuera a Comisión Mixta.
Sin embargo, yo tenía entendido que había que, por un lado, aprobar el artículo 1°, en su numeral 4, y el artículo tercero transitorio; y por otro, rechazar los demás.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene razón, señor Senador. Pero sucede que vamos a votar el texto de la Comisión, donde hay artículos aprobados y artículos rechazados en función de un acuerdo para remitir el proyecto a Comisión Mixta.
El señor GARCÍA.- Pero la votación es una sola.
El señor MONTES (Presidente).- Una sola, pues el pronunciamiento es sobre el informe.
El señor GARCÍA.- Okay.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En votación el informe de la Comisión de Economía.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero valorar esta iniciativa, que se halla en tercer trámite constitucional. Ahora estamos votando el informe de la Comisión de Economía con el objeto de que, si se aprueba, el proyecto quede radicado en una Comisión Mixta a fin de que analice ciertos aspectos fundamentales para perfeccionar el articulado.
Me parece valioso el apoyo del Gobierno a través tanto de la urgencia que hizo presente cuanto del acompañamiento realizado a la tramitación legislativa por el Ministro de Economía, quien esta tarde se encuentra en la Sala del Senado.
Sin duda, se trata de una iniciativa fundamental para evitar el abuso que las grandes empresas cometen contra los emprendedores chicos al, aprovechando su posición de mercado, dilatar y postergar el pago oportuno de facturas o de saldos insolutos.
La normativa que nos ocupa pretende equiparar la cancha y, sobre todo, generar certezas para los pequeños y medianos empresarios acerca de cuándo se concretará el pago efectivo.
Sabemos que las condiciones de negociación no son las mismas. Por tanto, ellas son establecidas por los grandes empresarios, quienes fijan un tiempo extremadamente largo para pagar, lo que afecta la liquidez de los pequeños y medianos emprendedores e incluso puede dañar la salud financiera de sus empresas.
De ahí la necesidad de tener una disposición que fije un plazo máximo de pago. De este modo se contribuye a la certeza -elemento fundamental para saber cuándo se va a contar con el ingreso- y se evita todo tipo de abuso en la materia.
Sin lugar a dudas, en torno a esta iniciativa se ha generado un acuerdo bastante transversal.
De hecho, presentaron la moción pertinente Senadores de distintas coaliciones.
En todo caso, lo importante es que aprobemos en breve este proyecto.
Ahora, el trámite a Comisión Mixta obedece a que en algunas situaciones no hubo acuerdo o a que existe voluntad para perfeccionar normas que fueron modificadas en la Cámara de Diputados. Ello, sin perjuicio de que muchos preceptos se enmendaron de tal forma que quedaron mejor estructurados que los que despachó el Senado en el primer trámite constitucional.
En todo caso, la idea es que la Comisión Mixta analice en su mérito los cambios, para efectos de despachar un texto mejor.
Señor Presidente, ya se ha señalado aquí que el plazo original que fijaba el proyecto para el pago era de 60 días. La Cámara de Diputados lo redujo a 30. No obstante, al hacer la modificación no se dispuso que se trata de días corridos. Por tanto, la forma de contabilizar los días podría generar algún tipo de controversia en la interpretación.
De ahí la necesidad de establecer claramente tanto el plazo de 30 días cuanto la forma como él se va a contabilizar.
Entonces, la modificación pertinente de la Cámara de Diputados se rechazó en la Comisión de Economía, no porque se esté en contra de la reducción del plazo, sino porque se debe precisar la forma como él será calculado.
Reitero que el Senado debe pronunciarse sobre lo que despachó la Cámara y que cualquier divergencia obliga a enviar el proyecto a Comisión Mixta.
De otro lado, señor Presidente, resulta necesario precisar el plazo en que se va a incorporar el sector público.
Sobre el particular, es importante despejar un prejuicio: no todo el Estado es un mal pagador; no todo el sector público es un mal pagador.
Los representantes de la pequeña y mediana empresas señalaron en la Comisión que algunos sectores del Estado son muy rápidos y eficientes en términos de sus plazos de pago.
Empero, tenemos un desafío significativo en salud y en el ámbito municipal.
Por eso, la norma respectiva debe consignar un plazo de transición para que el Estado se incorpore a la ley en proyecto. Ello, al objeto de que se posibilite la modernización de los procedimientos internos para de alguna forma acoplarlos a los nuevos plazos que se plantean.
El período de la transición, pues, tiene que ser razonablemente corto pero suficientemente realista, de modo que la normativa de remplazo se concrete cuanto antes, se pueda cumplir y no sea letra muerta.
A ese respecto tenemos un desafío enorme.
Además, se ha de establecer el período de transición para el cumplimiento efectivo de los 30 días. Porque también se aprobó una norma que señala que durante el primer tiempo se podrán aplicar 60 días, y después, 30.
No hubo acuerdo en esa materia. Por tanto, se está planteando que vaya a Comisión Mixta para efectos de disponer cuál será la transición en términos de la norma que se va aplicar durante el primer tiempo, para luego avanzar hacia la norma definitiva, que establece el plazo de 30 días. Y, a este respecto, reitero lo que dije anteriormente: deben ser días corridos, precisión que no se hace en la modificación aprobada por la Cámara de Diputados.
Hay otros preceptos perfectibles, los cuales irán asimismo a Comisión Mixta.
No existió una diferencia sustantiva acerca de lo que aprobó la Cámara de Diputados, aunque sí ciertos reparos en aspectos de redacción que es necesario mejorar.
De ahí la importancia de que se pueda constituir una Comisión Mixta, para que la normativa quede de la mejor forma posible.
Reitero que el espíritu de la norma de prontopago o de pago oportuno es muy relevante al objeto de impedir situaciones de abuso; de evitar incertezas en las pequeñas y medianas empresas, y de dar garantías de funcionamiento de mercado que permitan equiparar la cancha para aquellos a quienes, sin duda, les cuesta más desarrollar sus actividades económicas.
De ahí la importancia de aprobar esta iniciativa.
Por eso, voy a votar favorablemente el informe de la Comisión de Economía, para que en la Comisión Mixta podamos perfeccionar el proyecto y lograr que se haga realidad lo antes posible.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin duda, la micro y la pequeña empresas son el motor de nuestro país. Es precisamente esa gente que se atreve a emprender para poder vencer lo imposible, la que da la característica de lo que Chile ha alcanzado.
Se habla de un millón de pymes. Sin embargo, son muchas las familias que están relacionadas.
Dentro de ese ámbito quiero destacar a las que quizás les cuesta más emprender: las mujeres. No hay nada más difícil que les otorguen un crédito. ¿Por qué? Porque ya hay un riesgo natural.
En este sentido, el capital de trabajo de que puede disponer un emprendedor es fundamental, ya que le permitirá contar con la caja necesaria para enfrentar los desafíos y con la viabilidad económica para superar el proceso.
Emprender es complicado. Por eso, el Gobierno se tiene que preocupar de generar la mejor instancia para ello y no solo alabar el proyecto de ley y a los Senadores señores Allamand, De Urresti y Moreira, aquí presentes, así como a algunos que lo fueron anteriormente, por haber puesto en el debate la esencia de lo que significa emparejar la cancha.
La disparidad del poder de negociación entre grandes y pequeños es brutal. ¿Por qué? Porque, obviamente, algunos acceden a dinero que incluso les resulta más barato que a estos últimos. Por lo tanto, el traspaso del riesgo a los más grandes es justo, ya que pueden hacer algo mejor, de alguna manera.
Y ello también es justo para los que quieren emprender, para los que se atreven, para los capaces de salir adelante por sus medios. Eso es lo que busca la iniciativa.
Evidentemente, el Estado es parte del sistema y debe ser igualmente un buen pagador. Cabe proponer -y es parte de su modernización- que ojalá se puedan considerar, dentro de los programas de mejoramiento de la gestión (PMG), aquellas de sus instituciones que presenten esa característica.
Porque los días de pago se miden. Este quizás es uno de los elementos importantes de la transformación digital a que está siendo sometido el Estado. Cuando decimos que el ochenta por ciento de los trámites se van a digitalizar, estamos haciendo referencia también a los de pago, que permiten saber quiénes realmente los están cumpliendo y en forma oportuna.
La modernización tributaria asimismo contribuye. ¿Por qué? Porque van a estar integrados más documentos, como la guía de despacho electrónica.
Es necesario, entonces, construir un sistema que haga posible contar con una sociedad digital segura y justa, que dé acceso a un capital y que las personas puedan disponer de este y recuperarlo rápidamente. Porque precisamente de eso se trata: de que pueda volver y de que los emprendedores lo utilicen para seguir adelante.
El desafío en la actualidad es ser capaces de sobrevivir en un mundo globalizado. Tenemos que competir no solo en el mercado local, sino también en ese ámbito. Y el ejemplo de este Congreso preocupado justamente del motor social y económico del país da cuenta clara de las prioridades.
No puede haber algo más noble, en consecuencia, que tratar de que la iniciativa llegue al mejor puerto, lo que les permitirá a todos estos empresarios, con un esfuerzo digno, con un trabajo honesto, lograr el anhelado sueño de alcanzar su meta, que alguna vez consiste en una mejor educación para sus hijos. Porque muchos ni siquiera piensan en ellos mismos, sino en las generaciones que siguen.
Hoy enfrentamos la responsabilidad, por lo tanto, de perfeccionar el articulado de manera de superar las deficiencias y lo que no resulta claro: son días corridos o hábiles; en qué momento el Estado participará completamente. Por eso, es importante corregirlo con indicaciones y realizar el esfuerzo y el trabajo necesarios.
No queda sino alabar a los autores del proyecto, a quienes determinarán que todas estas familias dependientes de ingresos que se van recibiendo todos los meses dispongan de recursos en forma temprana. El pronto pago constituye, sin duda, una de las grandes iniciativas, la cual hará posible -no abrigo ninguna duda- que más gente se atreva a emprender. Eso tiene que ocurrir: en un ecosistema en que las personas ven que otros pueden, así se convencen.
La forma de sacar al país adelante es que todos puedan participar. Tienen que existir reglas claras, pero lo más importante es que se apliquen. Y este es el desafío: cómo verificar que los compromisos de pago efectivamente se cumplan en las fechas previstas.
Dicho lo anterior, voto de forma que la iniciativa pueda seguir adelante.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, me parece muy bien que el proyecto haya generado un consenso transversal.
Los Senadores señores Allamand y Moreira y el que habla, autores de la moción, nos encontramos presentes, pero quiero brindar un reconocimiento a Eugenio Tuma, un gran impulsor de la pequeña empresa, de la competitividad, y quien colaboró mucho en este tipo de iniciativas, particularmente en la que nos ocupa. Estimo importante destacar la contribución de exparlamentarios, como es el caso de Eugenio, respecto del cual el reconocimiento es doble.
A mi juicio, conviene que se vaya generando un consenso en cuanto a la relevancia de un sistema de cancelación oportuno. La iniciativa, cuando la presentamos y discutimos, buscaba precisamente que se recortaran los plazos; que se estableciera un procedimiento adecuado para los pagos a la pequeña y la mediana empresas. Hoy día, desgraciadamente, las grandes empresas se han convertido en verdaderas entidades financieras que trabajan con la plata de los pequeños proveedores. Y ya el pago no es a veinte, treinta, sesenta, ochenta días, sino incluso a ciento ochenta o más.
Entonces, el pequeño proveedor tiene que recurrir a la banca, muchas veces informal. Conocemos los intereses leoninos que hoy día se cobran. En definitiva, la utilidad es consumida, absorbida, por ese otro sector, y no por el pequeño y mediano empresario que pone sus productos, intermedia y tiene que contar con un capital o, en definitiva, con un crédito que termina comiendo sus utilidades..
Es preciso dejar de lado, de una vez por todas, el temor reverencial de las autoridades a las grandes empresas y entender que nos encontramos ante una mala práctica, ante una situación en la cual se abusa de las más pequeñas. Porque el grande es capaz de acceder a buenos créditos en la banca, pero no el pequeño, que muchas veces termina pagando intereses leoninos -insisto- o incluso en el sistema informal, con créditos para solventar la diferencia de pago que se le retiene, en definitiva.
Es un par de cosas que estimo importantes consignar a la hora de la discusión en la Comisión Mixta.
En estos proyectos, las autoridades y el Gobierno siempre tienen la tentación de colocar letra chica, de contemplar una cláusula de escape. Es lo que se ha intentado en el artículo 2º quáter, el cual expresa:
"Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.".
Cuando establecemos salvedades, cuando empezamos a enumerar instituciones que quedarán exceptuadas de los treinta días, se comienza a burlar el espíritu de la ley, el de quienes impulsamos la idea. Entonces, me gustaría que el señor Ministro explicara la situación.
No soy integrante de la Comisión de Economía, pero existe la voluntad de excluir algunas entidades, empresas o sectores respecto del pago.
La cuestión tiene que quedar clara. Hoy día no hay razón, sobre todo con los soportes digitales, para no cancelar conforme al plazo. Este simplemente es excedido para trabajar el dinero y, en definitiva, traspasarles el costo financiero a otros. Creo que eso es inadmisible.
Aprovechando que el titular de la Cartera se encuentra en la Sala -no lo habíamos visto acá en estos seis meses-, le solicito informar.
¡Sé que estuvo un poco "pedido" en los últimos cambios de gabinete, pero pasó agosto...!
Dicho lo anterior, también sería importante aclarar lo atinente a la responsabilidad administrativa. Porque me parece bien el establecimiento de una disposición, pero se contempla un conjunto de normas en la materia. Y no sé si ello habrá sido considerado en la discusión particular, pero el artículo 2º quinquies introducido por la Cámara de Diputados determina:
"Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.".
Se trata de saber cómo eso opera, porque, en definitiva, ¿en quién recaerá la responsabilidad administrativa? ¿En el funcionario de contabilidad? ¿En el que emite el cheque? ¿O en la autoridad que no toma la decisión?
Es importante precisar que la responsabilidad es política, de la jefatura, sin perjuicio de otras que puedan concurrir. Me parece importante establecerlo.
Anuncio que votaré a favor.
Reitero que la iniciativa la presentamos con los colegas ya mencionados y que cabe resaltar especialmente al ex Senador señor Eugenio Tuma, quien fue un gran defensor de las pequeñas y las medianas empresas y es el autor intelectual del texto, que nos invitó a firmar. Como nobleza obliga, le dirijo un reconocimiento.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero simplemente hacer una reflexión más general. Porque estuve leyendo los antecedentes y llevamos ¡quince años! en la búsqueda de alguna fórmula que permita generar condiciones de trabajo razonables para la pequeña y la mediana empresas.
Han existido el sello Pro Pyme, Chile Paga, el Código de Pago Oportuno a mis Proveedores y muchos proyectos apuntando en la misma línea, y, por angas o por mangas, todos han ido quedando en la irrelevancia o en una discusión permanente, nunca resuelta por problemas técnicos.
Debo reconocer que me tocó saber más del articulado porque tuve que remplazar a un Senador que no pudo concurrir a la Comisión de Economía por un período. Pude imponerme a fondo de cómo las políticas públicas, bien o mal diseñadas, son decisivas para la amplitud o estrechez del emprendimiento.
Por eso es que me involucré. Vi cómo podíamos generar certeza en la fecha de pago; prevenir descuentos arbitrarios, que son aquellos que, conforme a volúmenes teóricos, establecimientos, amistades, generan grandes distorsiones finales, y evitar costos financieros a la pequeña y la mediana empresas en cuanto a cobros establecidos respecto de una fecha determinada y que no ocurrían. El reclamo significaba dejar de ser proveedor del comprador, que solía ser muy importante. Este es un problema que parecía insoluble, en un momento dado, porque me daba cuenta de que se mezclaban elementos que al final eran irresistibles.
En consecuencia, valoro y subrayo el esfuerzo hecho en una etapa por la Comisión de Economía del Senado; los aportes, bien importantes, de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y el gran trabajo del Ministro de la Cartera, quien fue decisivo al jugarse por un concepto que resulta muy razonable al considerarlo hoy día, pero que no lo era tanto conforme a una perspectiva en el tiempo, en cuanto a la fijación de treinta días como plazo, término exigente, pero muy determinante a la hora de tomar decisiones.
Respecto del acompañamiento de consecuencias perceptibles a la lógica del pronto pago, la más importante de todas es la invariabilidad de la factura, pero, sobre todo, el hecho de que se empiecen a generar intereses a partir del día número 31, en la generalidad de los casos. Obviamente, no se acarrearía una pérdida patrimonial para el dueño del documento, quien podría incorporarlo al mercado financiero.
De verdad pienso que esta es una gran fórmula. Pudo haber falta de voluntad o dificultades conceptuales para la implementación, pero, desde el punto de vista legal, un plazo de 30 días corridos para el pago efectivo y que no dependa de la mera voluntad del deudor es notablemente relevante cuando se trata de insuflar mecanismos de competencia y transparencia para romper barreras de entrada en un mercado que suele plantear precisamente estos inconvenientes.
¿Dónde se encuentra la clave? En esto último. A mí me ha tocado recientemente participar en algunas reuniones con personas de mi edad -o sea, no tan jóvenes, pero tampoco provectas- que realizan distintas actividades y que han expuesto lo difícil que para la misma generación sería emprender si tuviera treinta años, porque hoy día las barreras de entrada son brutales en materia financiera, de garantías, de seguridad del pago.
Bueno, eso es lo que una sociedad tiene que asumir, escuchar y modificar. Y para eso se requieren proyectos disruptivos en lo positivo y que cambien las reglas del juego. Ello lo hace la iniciativa que nos ocupa y establece nuevos modelos de políticas públicas, los cuales son de sentido común.
Nada me gusta más que las leyes que presentan esta última característica. "¿Sabe, señor? Usted emite una factura y hay un plazo de 30 días". Si no, se caerá en mora, correrán intereses y operará una forma de defender a quien confió en que iban a cancelarle en un momento determinado, y no a 120 o 180 días, so pena de dejar de ser proveedor, que es lo más delicado. Entonces, se contemplan, desde una perspectiva legal, nuevas condiciones de pago que permiten, obviamente, una competencia mucho más leal, lo que es muy importante, a mi juicio.
Adicionalmente, lo del crédito del IVA es toda una modificación. Ojalá se pueda incorporar, porque creo que ahí también está un poco la clave. Lo hemos conversado con distintos medios. Si habrá un efecto en el IVA, ello sería mucho más potente en lo relativo al plazo de pago.
No sé bien qué va a pasar en la Comisión Mixta.
Me acuerdo que cuando me tocó reemplazar en el órgano técnico había problemas complejos respecto del Estado, particularmente en el mundo de la salud y el municipal, donde se registra más retraso. Por lo menos, ahí nos exhibieron una lista bien dramática. Cuando se dice que en un servicio público pagan a dos años, no sé quién, como empresario, puede proveerlo si no cuenta con una "espalda" gigantesca. En la práctica, las opciones se van decidiendo conforme a este último factor y no a las condiciones de mercado existentes en la sociedad.
Así que entiendo que se aprobará la proposición del informe para que en la Comisión Mixta se genere lo necesario.
Pero estimo que hoy día estamos dando un paso decisivo, y quiero subrayarlo. Al final del túnel se ve la luz. Creo que lo hecho por las Comisiones de Economía de ambas ramas del Congreso y el impulso dado por el Ministerio han sido elementos decisivos para poder considerar un antes y un después en el ámbito de la pequeña y la mediana empresas. Y eso no puede ser sino una muy buena noticia.
En consecuencia, votamos a favor con entusiasmo, conforme a la lógica de que pronto vendrán, de verdad, tiempos mejores para muchos pequeños y medianos empresarios que han anhelado una política de este tipo. Me parece que, con el acuerdo de todos -porque es algo transversal-, vamos a llegar a un resultado sumamente positivo.
He dicho.
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El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del colegio San Pedro, de Molina, invitada por el Honorable señor Elizalde.
Bienvenida al Senado de la República.
Muchas gracias por su presencia.
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El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, junto a celebrar la iniciativa, al igual que todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, también debemos recordar que ha habido varias sobre el particular, y la verdad es que ninguna ha dado el resultado que hubiéramos querido.
Si las micro y pequeñas empresas son en Chile el ochenta o el noventa por ciento, su aporte al producto interno bruto es bien bajo, respecto de las grandes. Ello se vincula con la competitividad, la cual, como bien lo dijo quien me precedió, no tiene que ver solo con normativas vinculadas al pago, sino también con nuestra capacidad de generar políticas públicas que se hagan cargo de aspectos tales como crédito, infraestructura y capital de trabajo, entre otros.
En este sentido, el capital de trabajo pareciera ser una piedra de tope, entendiendo que, además, a las micro y pequeñas empresas se les aplican las tasas más altas de interés bancario, porque son sujetos de riesgo. Por lo tanto, en caso de que otras empresas estén al debe con ellas, les es mucho más difícil seguir adelante.
¿A qué me refiero, específicamente? Al Estado de Chile, que, a través de Mercado Público, es un gran comprador de productos y servicios. El 90 por ciento de los clientes de ChileCompra hoy día son micro y pequeños empresarios. Son alrededor de 120 mil proveedores. Hay 858 organismos del Estado que les compran. Se generan alrededor de 2 millones de órdenes de compra de municipalidades, servicios públicos, etcétera.
Pero, como todos sabemos -lo dijo el Senador De Urresti hace un rato-, el problema muchas veces no es la falta de liquidez de las instituciones públicas, sino una burocracia que ahoga el pago, y lamentablemente no son solo 30, ni 60, ni 90, sino, a veces hasta 120 días los que los micro y pequeños empresarios deben esperar para obtener la retribución por un trabajo y un servicio que claramente ya está entregado.
En ese contexto, también manifiesto mi interés en que este proyecto involucre algún tipo de sanciones para aquellos servicios públicos que, teniendo disponibilidad presupuestaria, no estén cumpliendo con la normativa. Porque, de no ser así, toda esta legislación no tendría sentido.
Para las pequeñas comunas de regiones como la que yo represento, el municipio, junto con el hospital y los colegios, son los mayores clientes. Por lo tanto, el Estado pasa a ser un dinamizador de la economía local.
En consecuencia, la iniciativa que nos ocupa da en el blanco respecto a una de las grandes problemáticas de liquidez que tienen las micro y pequeñas empresas de comunas donde el número de comerciantes muchas veces no supera los quinientos, como es el caso del 50 por ciento de las que integran la Región de La Araucanía.
Felicito por la iniciativa a los Senadores que la presentaron, y espero que sus disposiciones se hagan realidad, por el bien y la sobrevivencia de muchas pequeñas empresas que, con mucho esfuerzo, todavía mantienen más del 70 por ciento de los empleos del país.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, vamos a aprobar el informe de la Comisión de Economía.
Es importante destacar que este proyecto ha sido largamente discutido y analizado en nuestro Senado, y particularmente en esa Comisión.
Como bien se ha señalado acá, se trata de una moción. Quiero recordar que en su autoría participaron los Senadores Allamand, De Urresti, Moreira, presentes en esta sesión, y los entonces Senadores Tuma y Andrés Zaldívar.
El objetivo del proyecto siempre fue establecer normas especiales en materia de plazos y procedimientos de pago a las micro y pequeñas empresas.
¿Por qué se planteaba esto? Por una razón muy sencilla: las micro y pequeñas empresas siempre enfrentan problemas de financiamiento, siempre están faltas de caja. A ellas les cuesta disponer de los flujos necesarios para desarrollar su actividad, comercializar sus productos y, a la vez, recibir el pago en las fechas en que corresponde, de manera de seguir trabajando, invirtiendo o reinvirtiendo en el giro natural de cada una.
Pero ¿qué pasa? Objetivamente, se produce un abuso manifiesto, sobre todo, por parte de clientes a quienes esas pequeñas y medianas empresas comercializan sus productos, ya que las condiciones de pago siempre resultan leoninas.
En la práctica, esto se transforma en un abuso, porque los clientes de esos pequeños empresarios, lisa y llanamente, les pagan a 45, 60, 90, 120 días, con lo cual utilizan ese crédito en su beneficio, perjudicando a la empresa que les vende o provee de bienes.
Por lo tanto, buscamos establecer una legislación especial, particular, lo que fue muy discutido. En realidad, esta iniciativa tiene sus pros; la idea es muy buena, es positiva; pero su implementación choca con la realidad que rige en el funcionamiento de una economía de libre mercado como la que tenemos, donde se debe garantizar una competencia leal para que no se generen abusos, sobre todo, por parte de empresas en que, en la práctica, el proveedor, más que vender, entrega en concesión sus productos hasta que el distribuidor o el retail o el supermercado, dependiendo del tipo de producto de que se trate, los vende y comercializa.
Esta iniciativa de ley busca que exista un trato justo y que la venta o el servicio prestado se pague lo antes posible.
Es evidente que en una relación comercial las condiciones las fijan tanto el vendedor como el comprador, o el deudor y el acreedor. Y no siempre se pueden establecer obligaciones de contratos, porque eso muchas veces puede perjudicar al propio pequeño empresario o vendedor que, en determinado momento, por razones de competencia, puede encontrarse en condiciones que le permitan otorgarle un tratamiento especial o particular al comprador.
Por lo tanto, no se trata de llegar y establecer una norma que obligue a unos a pagar en determinado tiempo, debido a que lo más probable es que, frente a una obligación de ese tipo, el comprador busque a otro proveedor, dejando sin pan ni pedazo a quien aspira a participar en esos mercados.
En la tramitación del proyecto se ha buscado establecer una norma que obligue a pagar oportunamente a todos los deudores y no solo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que esto, más que beneficiarlas, provocaría un desincentivo al momento de contratar con ellas. De ahí que se puso especial énfasis en la importancia de legislar con los mismos criterios para todos los deudores.
Los objetivos planteados por el proyecto de ley, como sostuve en un principio, son desincentivar las malas prácticas comerciales que perjudican especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras y, además, promover el desarrollo de estas últimas.
La iniciativa contiene algunos puntos fundamentales: fija plazos máximos de pago, considera intereses por mora y establece el derecho de cobrar una comisión fija de recuperación de pagos en función del monto total adeudado, lo que, en la práctica, es una indemnización de perjuicio. También se busca hacer extensiva la obligación de pago oportuno a los organismos públicos regidos por la ley N° 19.886 que contraigan en virtud de la celebración de contratos de suministro o prestación de servicios. Asimismo, se regulan las consecuencias de no pagar oportunamente y se crea la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no cumplan con dicha obligación.
Señor Presidente, el proyecto aborda bien el problema, aunque hay cosas que acordar en la Comisión Mixta que se forme al efecto. Pero el mayor drama de los proveedores en nuestro país, en lo relativo a los servicios públicos, se presenta en el ámbito de la salud y de los municipios.
Siempre se sostiene que a la larga el Estado es el peor pagador, por las distintas situaciones que se generan cada vez que un proveedor debe ir y exigir el cumplimiento de los contratos. Hay burocracia, hay endeudamiento endémico en el sector Salud, y lo mismo sucede en los municipios: no hay ninguno que no esté atrasado en los pagos a sus proveedores y, claramente, eso perjudica fuertemente a estos últimos. A veces, los lleva incluso a la quiebra. Y lo mismo ocurre con el sector privado.
Por consiguiente, nos parece que ha habido avances en esta materia y el rechazo que hoy día hace el Senado a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados puede posibilitar alcanzar un acuerdo sobre cómo se va a implementar esta iniciativa de ley, sea en materia de plazos, de gradualidad, sea en los tiempos y formas establecidos para que se cumpla con un pago oportuno. Lo más complicado, sin duda, será establecer obligaciones para que el sector Salud y las municipalidades puedan cumplir con los requerimientos contemplados en esta normativa. Para eso se va a requerir un tiempo de adaptación y de gradualidad, como he dicho, a objeto de que en definitiva, una vez que esté en plena aplicación la ley, ellos puedan también formar parte de un sistema de pago oportuno y justo para los proveedores.
Felicito a quienes han trabajado en esta última etapa en la Comisión de Economía. Entiendo que hay más o menos un punto de acuerdo con el propio equipo del Ministerio de Economía. Y ojalá que en la Comisión Mixta que se conforme una vez rechazadas algunas de estas enmiendas podamos tener un acuerdo que vaya en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, creo que la finalidad de este proyecto es indiscutible en el sentido de que trata de proteger a las pequeñas y medianas empresas de los posibles abusos de que pueden ser objeto por parte de las empresas más grandes con las cuales contratan. De tal manera que ese propósito está fuera de toda duda.
Pero yo tengo una inquietud que quiero plantear, porque no vaya a ser cosa que con un proyecto que tiene una buena intención generemos una expectativa que después se traduzca en un problema.
No estoy impugnando la iniciativa, sino simplemente planteando una duda. Es la siguiente.
Estoy cierto de que el Estado puede dictar una norma que lo obligue a él y a sus organismos a pagar de una determinada manera los servicios y los contratos que celebre con los particulares. Por tanto, si se considera una disposición que diga que las municipalidades o los organismos deben pagar dentro de tal fecha, pienso que eso es perfectamente posible.
Mi pregunta es: ¿puede el Estado a través de una ley obligar a un particular que está celebrando un contrato de compraventa a que el precio lo pague en un cierto plazo?
Porque, en la Constitución que cada uno de nosotros tiene en sus pupitres se halla establecido un sistema de economía de mercado en que las partes cuentan con la más amplia libertad de contratación. En consecuencia, a mí me parece que una ley no podría obligar a un particular para que en ese contrato de compraventa se estipulara un precio que tuviera que pagarse dentro de un determinado plazo.
Yo planteo esta duda.
Por lo demás, la norma que estamos aprobando va a formar parte de una ley que se refiere a la forma como se transfieren las facturas que están obligados a dar algunos contribuyentes y al modo como esas facturas llegan a tener mérito ejecutivo para su cobro en el evento de que haya un incumplimiento de pago.
Señor Presidente, estoy a favor de este proyecto, pero me parece que aquí tenemos un problema, porque si esta normativa se promulga, los proveedores o los contratantes grandes, en relación con los medianos o con los chicos, pueden decir: "Mire, a mí ninguna ley me puede obligar a pagar dentro de un determinado plazo". Porque esto forma parte de la economía que tiene el país. Me guste o no me guste, está estipulado en la Constitución un cierto orden público económico que señala que las partes tienen la más absoluta libertad para contratar. Por lo tanto, no puede ser obligatoria por ley una cosa que tiene que ver con la voluntad, la autonomía en la libre celebración de los contratos que regula no solo el Código Civil, sino también el Código de Comercio.
Señor Presidente, planteo esa inquietud. Como he dicho, respecto del Estado no tengo ningún inconveniente. Pero, en lo referente a los particulares, me surge esa duda.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Economía, que rechaza algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (34 votos afirmativos), y el proyecto pasa a Comisión Mixta.
Votaron las señoras Allende, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Aravena.
¿Habría acuerdo para que pasen a integrar la Comisión Mixta los miembros de la Comisión de Economía?
--Así se acuerda.