ENMIENDA A LEY DE MENORES EN MATERIA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE MEDIDA DE INTERNACIÓN EN RESIDENCIAS
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Letelier; señoras Allende y Rincón, y señores Elizalde y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, con informe de la Comisión Especial de Infancia.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.844-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón, y señores Elizalde y Quintana):
En primer trámite: sesión 28ª, en 3 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 42ª, en 22 de agosto de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es ofrecer una solución a problemas concretos que afectan a los niños separados de sus familias que se encuentran al cuidado de una institución residencial. Para ello se dispone la revisión periódica de las medidas de internación en audiencias especialmente decretadas al efecto; se establece que los niños siempre sean oídos en los procesos de internación en los que intervengan, y se prescribe que la designación de un curador ad litem en estos casos sea obligatoria.
No obstante tratarse de un proyecto de artículo único, la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes lo discutió solo en general, con el propósito de introducir los perfeccionamientos necesarios durante la discusión particular.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Rincón y Von Baer y señores Letelier, Ossandón y Quintana.
Cabe tener presente que ambos numerales del artículo único del proyecto tienen carácter orgánico constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 24 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 33 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general.
El señor Secretario me informa que el Senador señor Ossandón, Presidente de la Comisión de Infancia, le solicitó al Senador señor Quintana informar el proyecto; y después, la Senadora señora Rincón.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Como dijo Su Señoría, el Presidente de la Comisión de Infancia, Senador Ossandón, me pidió informar a la Sala este proyecto, que se originó en una moción del Senador Juan Pablo Letelier y otros colegas.
Mediante él se modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias.
Su propósito es ofrecer solución a tres problemas concretos que afectan a los niños separados de sus familias que se encuentran al cuidado de una institución residencial.
En primer lugar, se dispone que las medidas de internación sean revisadas de manera periódica en una audiencia especialmente decretada al efecto, para evitar, de esa forma, que el tribunal solo se imponga de la situación de los niños, tal como ocurre en la actualidad, a través de informes que envían los establecimientos que los tienen bajo su cuidado.
En segundo término, la iniciativa -reitero: impulsada en una moción del Honorable señor Letelier- establece que los menores en residencias, en atención a su especial vulnerabilidad, sean siempre oídos, lo que debe ser instruido de oficio por el tribunal a fin de que no quede sujeto a la presentación de una solicitud de tal naturaleza por parte de ellos.
Por último, se prescribe que la designación de un curador ad litem, en estos casos, sea obligatoria y no facultativa para el juez, en virtud de la necesidad de protección de los derechos de los niños.
Cabe destacar que, durante la discusión general del proyecto, asistieron, especialmente invitados, el Subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa; el Jefe de la División de Reinserción Social, señor Alejandro Fernández, y el asesor de la División de Reinserción Social Juvenil señor Pedro Pacheco, todos ellos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También lo hizo la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz.
Asimismo, de la Asociación Nacional de Magistrados concurrieron el Presidente, señor Álvaro Flores, y la integrante de la Comisión de Infancia y jueza de familia de Valdivia señora Patricia Lobos.
Igualmente estuvieron presentes la jueza de familia señora Gloria Negroni y la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares señora Karen Hoyuelos.
Se resalta la aprobación unánime prestada por los miembros de la Comisión a las directrices fundamentales de la iniciativa, sin perjuicio de existir consenso en la necesidad de realizarle mejoras durante la discusión particular, especialmente en lo referente a equilibrar los requerimientos de revisión periódica de las medidas de internación de menores con la eventual sobrecarga tanto en los tribunales de familia como en los profesionales de los centros de la red SENAME que ello pudiera implicar.
En la misma línea se registró un acuerdo transversal para dotar de reglas claras a la curaduría ad litem en este contexto, así como para reforzar el derecho del niño a ser oído en el proceso que lo involucra, a fin de que la judicatura considere su opinión en las medidas que decrete, sin que tal facultad se supedite a una actuación judicial o del centro o residencia en el cual se encuentre.
Es todo lo que puedo informar.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, el proyecto busca de muy buena manera y con buena intención, sin lugar a dudas -por lo mismo, fue aprobado en forma unánime en la Comisión Especial sobre asuntos de menores-, efectuar una serie de reformas.
Por suerte, hoy día estamos acogiendo simplemente la idea de legislar, porque el texto, independientemente del propósito positivo que lo inspira, requiere claramente una serie de elementos adicionales, como presupuesto y modificaciones administrativas, de lo cual espero que pueda hacerse cargo el Ejecutivo, en su minuto. De lo contrario, la proposición, si se sancionara tal cual se encuentra, podría provocar algunos efectos negativos.
Como entiendo que el Gobierno ha estado disponible para la reforma sobre la infancia que se está llevando a cabo, ojalá muchas de las 94 medidas del Acuerdo Nacional en la materia se puedan incorporar también en la iniciativa.
Por lo mismo, voto a favor, advirtiendo que se necesitan indicaciones que deben ser patrocinadas por el Ejecutivo para que se cumpla con la finalidad a la cual se tiende.
Gracias.
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El señor MONTES (Presidente).- Antes de continuar dando la palabra, hago presente que hubo una solicitud para cambiar el orden de la tabla e incluir el proyecto que moderniza la legislación bancaria, pero no ha llegado la indicación considerada en la Comisión.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, ello será discutido el próximo martes 25.
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que la protección a los menores es fundamental. El futuro de toda nación nace en sus niños y jóvenes, y de ellos pende el éxito o el fracaso como país.
El Estado chileno ha fracasado desde hace más de treinta años en el resguardo a los más desvalidos y que no cuentan con alguien más. Cuando padre y madre han fallado, cuando la familia ha abandonado, el Estado no puede incurrir en lo mismo, y, sin embargo, no hemos logrado éxito como sociedad.
El SENAME ha sido realmente un desastre por todo lo ocurrido. El actual Gobierno mantiene una preocupación permanente. Ha dicho que la infancia es uno de los asuntos prioritarios. Esperamos que se marque una diferencia con las administraciones anteriores y que el Presidente Sebastián Piñera deje una huella importante para poder superar lo considerado un verdadero infortunio al referirse a dicha sigla.
El descuido de que el organismo ha sido objeto desde el retorno de la democracia ha significado insatisfacción y frustración en los trabajadores y dolor y muerte en los menores enviados a los hogares.
La falta de fiscalización ha afectado también a los recintos. El Estado no ha cumplido con estos chilenos.
La revisión burocrática y formalista es solo una muestra más de la dejación.
El proyecto en revisión va en la senda correcta, porque, cuando un juez de familia ordena la internación en un centro, no puede ni debe olvidarse lo que sucede con el menor una vez ingresado.
No es suficiente un informe semestral. Se requiere un seguimiento más profesional y presencial.
¿Están preparados los tribunales de familia para esta labor? ¿Está preparado el sistema, en su conjunto?
Efectivamente, la iniciativa presenta problemas que deben ser solucionados durante la discusión, como la carga que las revisiones implican para los tribunales de familia, pero también para los directores o encargados de los centros de integración, quienes podrían pasar la mayor parte de las mañanas en audiencias con jueces en vez de estar en los centros trabajando por los niños.
La citación a uno de estos últimos debe ser un derecho y no una obligación. Su implementación debe respetar la voluntad, pero también proteger la reserva de la comparecencia.
Finalmente, lo que importa es que debemos trabajar, como Congreso y como país, para asegurarnos de que los menores que ingresan a los centros de internación no sean olvidados; sus procesos, controlados; sus derechos, protegidos, y sus progresos, verificados.
El proyecto sigue la dirección correcta y debe ser aprobado. Pero es preciso cambiar muchas cosas...
El señor QUINTANA.- ¿Cuáles?
El señor MOREIRA.-... y formular una serie de indicaciones, que vamos a presentar cuando corresponda, porque ahora estamos solo en un debate general.
Por eso, voto que sí.
El señor BIANCHI.- ¿Cuáles serían?
El señor MONTES (Presidente).- Ha sido una presentación bastante reflexiva y profunda.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, no sé si quien intervino con anterioridad logró comprender cuál es la idea matriz de la iniciativa.
El señor MOREIRA.- ¿Qué le molestó a Su Señoría?
El señor LETELIER.- La idea matriz es que los responsables de los niños en residencias son los tribunales de familia, los que, en situaciones diversas, tienen que tomar la decisión respectiva y, de acuerdo con el artículo 76 de la ley N° 19.968, hacer un seguimiento, porque esa es su obligación.
Recordemos que la internación de un menor en un lugar que no corresponda a su propia familia o red familiar o a un contexto de acogida distinto de uno institucional debe ser la excepción.
Lo que estamos modificando con la moción es cómo se realiza el seguimiento. Las diferencias esenciales son dos.
La primera de ellas es que no se trate solo de informes escritos de los organismos colaboradores (OCAS), entidades a las que el Estado asigna la responsabilidad de ejecutar un plan de intervención con el niño y que, como institución, tienen que cumplir, además del acompañamiento, un programa específico señalado por el tribunal.
No como en la ley vigente, en virtud de la cual se requiere un reporte del director o de alguien designado por este que es preciso entregar al tribunal -habitualmente, lo lee un consejo técnico-, la enmienda que se plantea respecto del seguimiento de estas decisiones excepcionales es la necesidad de que los responsables sean efectivamente citados al tribunal, para que exista un procedimiento más directo, informado, que podrá llevar a cabo el director de la residencia o su representante. No tiene por qué tratarse del primero.
Muchas veces, en una institución hay personas especializadas a cargo de un niño o un adolescente, las que podrán comparecer a la citación y deberán informar del plan individual de protección diseñado y aplicado, así como evaluar su estado de avance.
Este es el centro del proyecto: la interacción de los tribunales con quienes estén a cargo del menor y que no sea solo algo escrito, por razones más que evidentes.
Lo segundo dice relación con que es preciso garantizar lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el derecho del menor a ser escuchado cuando quiera. Porque no basta con un informe escrito, como tampoco la comparecencia a la citación de la persona a cargo o del director, sino que también se tiene que contar con dicha posibilidad, al menos trimestral. Ello es muy importante dentro del principio básico de la autonomía progresiva del niño, de la niña o del adolescente.
Algunos afirmarán que la iniciativa se puede mejorar. El Senador que intervino después de la exposición del Honorable señor Quintana expresó que se necesitaban muchos cambios presupuestarios e institucionales.
Por cierto, a muchos de nosotros nos gustaría que interviniera un abogado y no simplemente un curador ad litem. Creo que todos los presentes poseedores del título entenderán que, para el tribunal y, en particular, para los niños, es mejor alguien especializado. Pero sabemos que eso implica un costo fiscal, más aún si queremos una representación en todo el territorio.
Hay algunos programas financiados con recursos públicos en regiones donde se desempeñan abogados especializados. El Estado no ha dispuesto todavía de la capacidad para cubrir por completo la situación. Aspiramos a que así ocurra.
En el proyecto que realmente importa, que establece la garantía de los derechos de la infancia -estamos aguardando que nos manden indicaciones y llevamos tiempo en espera de que el debate avance-, tendremos que establecer la representación jurídica respecto de los menores.
Pero en la iniciativa que nos ocupa queremos asegurar que quienes se hallan a cargo de tomar la decisión, los tribunales de familia, mantengan contacto con quienes deben efectuar la ejecución o el seguimiento del plan y que los niños que quieran ser escuchados -porque tienen este derecho- cuenten al menos con un curador ad litem.
Ninguno de los especialistas que escuchamos se opuso a la idea.
Algunos reparos se referirán a si los tribunales van a estar o no recargados. Un juez de familia que se reunió con nosotros en estos días dijo: "¡Para nada! Más bien es nuestra responsabilidad, no solo visitar los lugares donde se hallan los niños, sino también estar dispuestos siempre a ayudar al seguimiento del plan". Ellos mismos efectúan la asignación a las instituciones que acogen a los menores.
Este es el proyecto que puede ayudar a desinstitucionalizarlos.
Para quienes resulta más importante la legislación en estudio es para los más pequeños. Tres meses en la vida de una guagua son determinantes. Los efectos de un año o dos en estas residencias son gravísimos en el apego, en la contención. Está demostrado científicamente que es así.
Queremos pedirles a los jueces de familia, sí, una actitud más proactiva para escuchar a los niños que tienen que estar sometidos a esta situación. Ello significa, no más trabajo -ya tienen mucho-, sino una dedicación especial sobre las decisiones.
No cabe que las instituciones entiendan que su labor se agota con la entrega de un informe escrito, formal. Se trata de comparecer a una cita para asegurar que el niño pueda desinstitucionalizarse cuanto antes y volver a un contexto familiar. Si la familia es demasiado disfuncional para poder recibirlo directamente, puede hacerlo la red familiar extendida o, en su remplazo, alguna familia de acogida.
Este es el sentido de fondo.
En la Comisión hemos sostenido un debate muy transversal entre los miembros. Todos entendemos que el asunto no se resuelve solo con la iniciativa en debate, pero ella constituye un paso, sin duda -al menos, a juicio de quien habla-, en la dirección necesaria y urgente para evitar que tantos menores sigan institucionalizados. Todos deberíamos contribuir a que esto no ocurra.
He dicho.
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El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del Centro de Madres Los Mayos, de Recreo Alto, Viña del Mar, que hoy nos visita, invitada por el Senador señor Lagos.
¡Bienvenida al Congreso!
--(Aplausos en tribunas).
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El señor HARBOE.- Señor Presidente, ¿podría abrir la votación?
El señor COLOMA.- No, señor Presidente.
¿Por qué siempre se formula la misma petición?
El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo.
Puede intervenir la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la idea matriz del proyecto de ley es aumentar las garantías judiciales para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de niños internados en residencias como una medida de protección.
El país necesita dar señales claras de que efectivamente importan los menores más vulnerables que se encuentran bajo el resguardo del Estado por carecer de un cuidado parental adecuado a sus necesidades.
No basta, claramente, con hacer declaraciones acerca de nuestra preocupación por ellos, sino que, además, debemos ocuparnos de ellos.
En lo inmediato, no podemos resolver todos los problemas de fondo que llevan a que esos niños sean separados de sus padres e ingresados a un centro del SENAME. Eso lo hemos expresado todos los miembros de la Comisión Especial sobre estos asuntos. Pero sí podemos aunar voluntades para que, en el más breve plazo, los adultos involucrados concretemos acciones destinadas a mejorar la protección y a prevenir vulneraciones durante el cuidado del Estado.
Sin lugar a dudas, la iniciativa en debate es apenas un grano de arena en el desierto, pero también es verdad que debemos ocuparnos de los menores en lo inmediato. Hacerlo no es otra cosa que buscar el modo de que dentro de las estructuras de resguardo existentes se mejoren los estándares de control y seguimiento de sus vidas en los centros.
Mi interés particular en la moción es imponer un grado mayor de responsabilidad a los jueces de familia en el seguimiento del destino de los niños respecto de quienes decretan la medida de internación y, sobre todo, a quienes los mantienen en centros que todos subvencionamos y que tienen que desarrollar programas de reparación o tratamiento a su favor.
Lo anterior, con el objeto principal de romper con la normalización del encierro en tales recintos y la poca efectividad y cuidado que se registra en muchos de ellos bajo el argumento, incansablemente repetido, de la escasez de recursos económicos.
Sean o no pocos los dineros, la obligación de cuidado y control existe, y quienes optan por cuidar a los menores dentro del sistema de protección deben apersonarse al tribunal y dar debida cuenta del trabajo que se encuentran realizando con cada uno de nuestros niños. Del mismo modo, el juez debe ser incisivo y exigente a la hora de evaluar la información que entregue.
El proyecto de ley persigue los siguientes objetivos:
1) Exigir la realización de audiencias judiciales especialmente decretadas para que el juez de familia revise periódicamente la situación de los niños cuya internación decretó.
Ello, con el fin de evitar que el tribunal, tal como ocurre en la actualidad, solo se imponga de la situación de los niños a través de los informes que envían los establecimientos que los tienen a su cuidado.
2) Obligar a los directores de los establecimientos a dar cuenta directa ante el juez de la situación de cada uno de los niños que tienen a su cuidado.
Lo anterior, con el objeto de aumentar el grado de responsabilidad directa que hasta hoy día tienen las principales autoridades de los centros, quienes con el actual sistema descargan toda su responsabilidad en psicólogos, asistentes sociales o en el personal no profesional que contratan para el cuidado de los niños.
Y, lo más relevante, posibilitar el examen directo por parte del juez de las pruebas que presentan para fundar sus dichos y para evaluar la coherencia, consistencia y objetividad de los relatos que hacen acerca de la condición de los niños.
3) Hacer efectivo el derecho que tienen los niños a ser oídos, estableciendo que el juez de oficio debe llamarlos para que acudan al tribunal a manifestar su opinión en las audiencias trimestrales en las que se revisarán las medidas de internación que los afectan.
Esto último, con dos finalidades:
Primero, evitar que el ejercicio de este derecho quede sujeto a la presentación de una solicitud de tal naturaleza por parte de los propios niños, lo que en la práctica muchas veces no ocurre.
Segundo, dar presencia y voz a los niños en la decisión de las medidas judiciales que se adoptan, iniciando así una verdadera cultura de consideración a ellos como sujetos de derechos y no como meros objetos de protección.
4) Hacer efectivo el derecho de los niños a tener una representación jurídica o defensa propia que les consagra el artículo 19 de la Ley de Tribunales de Familia, estableciendo que la designación de un curador ad litem sea obligatoria y no facultativa para el juez, en virtud de la necesidad de protección de derechos de los niños en este contexto.
Recordemos, señor Presidente, que el Informe del Comité emitido en febrero de 2018 lamentablemente concluye que la vulneración de derechos que sufren nuestros niños institucionalizados es responsabilidad principal de la Administración del Estado, la cual renuncia a fiscalizar a los privados, que son los que mayoritariamente realizan las labores de cuidado de los niños en residencias, y de los tribunales de familia, que no se ocupan de tomar las medidas para que los niños salgan de residencias al cuidado de sus familias disponiendo lo necesario para ayudarlas en ese proceso, ni ordenan que sean puestos al cuidado de familias cuidadoras antes que enviarlos a esas instituciones.
De otra parte, modificar el procedimiento de revisión de las medidas de internación -tal como propone la moción- es un buen camino para un trabajo conjunto más eficiente y cuidadoso del pleno respeto de sus derechos.
Como órgano del Estado, estamos obligados por el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño a hacer efectivo el "derecho a la protección y asistencia especiales del Estado que tienen los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio".
Por eso, señor Presidente, esta moción parlamentaria es de todo sentido y resulta fundamental que la aprobemos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Aravena.
El señor MOREIRA.- Abra la votación, señor Presidente.
La señora ARAVENA.- Gracias, señor Presidente...
El señor MONTES (Presidente).- Disculpe, señora Senadora.
El Senador señor Moreira insiste en la posibilidad de abrir la votación...
¿Habría acuerdo?
La señora VON BAER.- Manteniendo los tiempos.
El señor MONTES (Presidente).- Conforme.
La señora VON BAER.- Entonces, sí.
El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Disculpe, señora Senadora, por haberla interrumpido.
La señora ARAVENA.- No hay problema.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero, primero, felicitar a los autores de la iniciativa.
Todos sabemos que estas tres medidas no representan una solución completa, pero van en el camino correcto tratándose de un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que, claramente, evidencia problemáticas complejas en el ámbito de las internaciones prolongadas, así como deficiencias en la ejecución de las medidas de protección y en el trabajo de vinculación de los niños, niñas y adolescentes internados con sus familias, a lo que se suman vulneraciones graves a los derechos en el régimen de internación.
Todo esto se corroboró en el último informe de la ONU, que escuchamos en el Senado.
Tenemos que hacernos cargo del problema.
El SENAME se creó en 1979 como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y su responsabilidad clave es la inserción social de los adolescentes en conflicto con la ley y de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
En el año 2016 existían 14 mil 245 niños y niñas vinculados a estos centros que hay a nivel nacional.
Es lamentable, pero mi Región, la de La Araucanía, nuevamente hace historia, al igual que la Metropolitana y la del Biobío, al concentrar la mayor cantidad de niños vinculados al SENAME.
|Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento de los niños, el bienestar, la protección y los esfuerzos deberían ir encaminados siempre y principalmente a lograr que el niño permanezca bajo el resguardo de sus padres o, cuando sea el caso, de otros familiares cercanos, o que finalmente regresen a ella.
Es cierto que nuestro país se encuentra realizando esfuerzos legislativos concretos para robustecer el sistema de garantías de la infancia, pero siempre es posible perfeccionar la normativa vigente y complementar el debate que existe en una materia tan delicada, enriqueciéndolo con la presentación de iniciativas como esta.
Claramente, la revisión periódica de la medida, aumentando la frecuencia, el hecho de que efectivamente los niños sean siempre escuchados y de que tengan un curador ad litem va a aliviar muchísimo la terrible y difícil realidad que cada uno de ellos vive y, probablemente, disminuirá la situación en la que actualmente nos encontramos, en la que cada día se vulneran los derechos de cientos de niños en cada uno de los quince recintos que hoy tiene el SENAME.
Por lo anterior, vengo a entregar mi voto favorable al proyecto y reitero mis felicitaciones a los Senadores autores de la iniciativa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la misma línea que han planteado los distintos miembros de la Comisión de Infancia, y tal como señaló también el autor de la moción, el Senador Juan Pablo Letelier, esta iniciativa tiene la virtud de ser un instrumento que permitirá abordar con urgencia el problema que hoy día enfrentamos en materia de internación de menores. Y eso es algo que poco se ha dicho en esta discusión, que a ratos tiende a llevarnos a una controversia más bien política, en circunstancias de que aquí -por eso destaco el rol del Senador Letelier y de los distintos autores de la iniciativa, de quienes hemos intentado colaborar y de los miembros de la Comisión de Infancia- lo que se busca es ayudar, entre otras cosas, y hacernos cargo de algo que se debatió hace pocos días en esta Sala, a propósito de uno de los numerales explícitamente planteados por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Me refiero a la medida, sobreutilizada -tal como lo indica el informe de dicho Comité-, que se relaciona con el alto número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros residenciales, muchas veces sin que logren enterarse de que los van a llevar a uno de ellos hasta el momento del traslado mismo.
El informe semestral, como sostuvo muy bien el Senador Moreira -en ese aspecto estamos de acuerdo-, resulta insuficiente para poder formarse una idea respecto de lo que está ocurriendo con el menor; para conocer cuál es su estado; para saber si las causas que originaron la medida de internación persisten o no, si los planes o estrategias definidos para abordar su situación se han aplicado, si han cambiado las circunstancias que afectan al menor.
Yo creo que el proyecto se hace cargo de esta materia con un sentido de urgencia. Pero, además, varios señores Senadores han planteado que su texto deberá modificarse en la discusión en particular. Desde luego, todos los proyectos son perfectibles, y eso es lo que busca, justamente, el Senado: perfeccionarlos.
Sin embargo, creo que la solución más de fondo a lo que se plantea aquí va a ser la ley de garantías de la niñez, iniciativa que fue presentada por la Presidenta Bachelet en su oportunidad y que -dicho sea de paso- desde el mes de enero en adelante no ha tenido tramitación.
Destaco lo manifestado por el Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, en orden a que pronto -imagino que durante el mes de septiembre- va a llegar una indicación del actual Gobierno al proyecto de garantías de la niñez. A mi juicio, ahí está gran parte de la solución respecto del apoyo que habrá que brindarles a estos menores.
Porque, finalmente, como consecuencia de este proyecto, va a haber menores que serán desinternados. Lo decía también el Senador Letelier: la iniciativa busca la desinstitucionalización. Por supuesto, se trata de encontrar las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones, ¡qué duda cabe!, están con las familias: la familia directa, la familia extendida.
También habrá que tener un órgano robusto en lo administrativo. Las OPD en algunos casos funcionan bien; en otros, no del todo bien. Por lo tanto, establecer un conjunto de derechos, que sí los va a proporcionar el proyecto sobre garantías de la niñez, nos parece que avanza en la línea que han planteado el informe de Naciones Unidas y los estudios que existen respecto de los problemas del SENAME que el país conoce, todos muy lamentables.
Poder hacer una revisión con la persona responsable del centro sería ideal. También comparto lo que algunos Senadores han sostenido acerca de que ella puede tener otras mil tareas, aunque uno se pregunta qué tarea puede ser más importante que dar cuenta al tribunal del avance de este menor, de las condiciones en las que se encuentra, de si estas han mejorado o no, como señalaba recién.
Por lo tanto, lo central es esta revisión trimestral. Puede no ser el encargado del centro, sin duda; puede ser algún profesional que conoce de manera directa la situación del menor que está en una residencia. Eso va a ayudar a una mejor decisión del tribunal.
Todo esto pasa, desde luego, por el tribunal.
En segundo término, también se plantea en esta moción la posibilidad de que el menor que se encuentra sujeto a esta medida exponga de manera directa cuál es su condición, qué ha pasado en el proceso de internación, qué avances ha logrado. Y yo siento que este derecho a ser oído resulta fundamental. Por supuesto, es facultativo; a nadie se le puede obligar a asistir a un tribunal. Aquí lo que menos se busca es una revictimización del menor; pero, si él está dispuesto a entregar un testimonio que pueda ayudar a mejorar su misma condición, creo que es bienvenido.
Y, en tercer lugar, el proyecto plantea que el menor que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad debe contar siempre con un curador ad litem. Existe la discusión sobre si esto requiere o no recursos. ¡Claro que los requiere! Pero, en rigor, todos los tribunales de familia debieran tener curador ad litem.
Hace pocos días, me correspondió conocer la situación del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que agrupa a diecinueve comunas de la Región Metropolitana y que depende de la Corte de Apelaciones. Puedo decir que ahí se está haciendo un trabajo bastante serio. Los cuatro tribunales de familia están concentrados en instalaciones pensadas, naturalmente, en las personas que denuncian en temas de infancia, pero también de violencia intrafamiliar. Siento que ahí están las condiciones.
Por supuesto, todos tienen un curador ad litem para hacerse cargo de la situación del menor, para representarlo en el tribunal correspondiente; y, también, consejeros altamente especializados.
En consecuencia, el tema de los recursos es bastante discutible. Ya debiéramos estar avanzando en esa dirección.
Esos son principalmente los tres puntos que considera este proyecto.
Por tanto, señor Presidente, estas disposiciones generan eventualmente un cambio de paradigma en la judicatura. La idea es que la labor de esta se halle ligada a una revisión más concreta del real impacto de la medida de protección resuelta. Se trata de contar con una mirada mucho más concreta e integral de la misma medida que tiene a este menor en un centro residencial, lo que debiera ser siempre transitorio. Ello se traduce en dotar de mayor efectividad el principio del cual tanto se habla -a veces existe mucho eslogan en esta materia; por eso hay que pasar a la acción con iniciativas como estas, que respondan con sentido de urgencia- y que rige toda esta discusión: el interés superior del menor.
Mientras no contemos en esta materia con una política integral como la que se desprende de la esperada ley de garantías de la niñez, que deberá entender realmente a cada menor como un sujeto de derechos, nos parece que el proyecto en discusión aborda una situación que es urgente revisar. Por tanto, lo seguiremos apoyando, como también estaremos disponibles para discutir cualquier adecuación que vaya en el sentido del interés superior del menor.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados y en otras instancias nos ha tocado ver iniciativas vinculadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Los episodios vividos en los últimos tiempos sin duda pusieron de manifiesto la precariedad de la atención de los menores por parte del Estado. No me voy a referir más al cúmulo de acontecimientos y antecedentes que ya son de público conocimiento.
Este proyecto, que respaldaremos, procura entender tres problemas específicos.
Primero, asegura que la medida de internación sea revisada periódicamente -lo que evidentemente apunta en una dirección correcta- y especifica algunos mecanismos para llevarla a cabo.
Segundo, establece que los niños, niñas y adolescentes siempre deben ser oídos, como por lo demás lo consagran las propias convenciones internacionales y la tramitación última de la ley de garantías de derechos de la niñez.
Y, tercero, prescribe que la designación de curadores ad litem, que hoy día es facultativa del juez, sea un acto obligatorio.
En este sentido, nos parece positivo el remplazo que hace la iniciativa, de un simple informe que requiere el juez a los encargados del centro o del hogar, por una citación trimestral con la comparecencia del director, del representante; y, además, que se acompañe el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño, niña o adolescente en condición de vulneración.
Asimismo, en sintonía con la Convención y el proyecto sobre garantías de derechos de la niñez, se considera la posibilidad de que el juez invite a comparecer al niño, niña o adolescente en la tramitación de esta consulta trimestral.
Sin duda, son normas que contienen aspectos absolutamente razonables a objeto de restablecer un aspecto que es esencial: cuando un niño, niña o adolescente está en una condición de vulneración de derechos, la última instancia es la medida de internación, y siempre debe tener un carácter excepcionalísimo y, además, transitorio.
La evaluación del proceso, del acompañamiento, de la instancia de desarrollo de esta condición evidentemente requiere ser perfeccionada. Y pasar del requerimiento de un simple informe por parte del tribunal a una citación periódica, trimestral, con informe asumido, y además escuchando al niño, evidentemente representa un cambio respecto de la necesidad urgente de prestar atención siempre al más vulnerable; en este caso, al niño, niña o adolescente.
En seguida, en el inciso quinto que se agrega al artículo 30 de la Ley de Menores, se establece que "el juez siempre designará un curador ad litem", lo que evidentemente representa también un cambio, pues ello es hoy una acción facultativa del juez.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que esta designación conllevará la necesidad de recursos. Y, en este nuevo esquema que se está plateando de modificación de toda la institucionalidad de protección hacia el niño, niña y adolescente, uno siempre recuerda el caso de la Defensoría de la Niñez, institución que está destinada con la mejor de las intenciones precisamente a realizar una acción sobre ese esquema, pero que es centralizada, tiene su domicilio en Santiago y no debe de contar con más de veintitrés o veintiséis funcionarios. Así se aprobó la Defensoría de la Niñez: una institución en Santiago para atender los requerimientos de los menores a lo largo de todo el país.
Aquí estamos planteando la obligatoriedad del juez de realizar la designación de un curador ad litem. Y uno dice: "Bueno, ¿con qué medios? ¿Con qué recursos?". Yo considero que evidentemente tenemos ahí una arista y espero que en la discusión en particular sea analizada y tratada en su verdadera significación.
Creemos que la iniciativa sobre garantías de los derechos de la niñez establece un paraguas institucional de diversas obligaciones para el Estado. Y todos los hechos y las acciones que han acontecido en el último tiempo nos están obligando a actuar. No nos olvidemos de que hemos sido sancionados por las Naciones Unidas respecto de la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en una circunstancia absolutamente inédita que ha puesto en el tapete la realidad de nuestro país en relación con un segmento de la población muy importante. Además, estamos hablando no solamente de niñas, niños y adolescentes, sino de un grupo de niñas y niños vulnerados en sus derechos más esenciales.
Por lo tanto, valoramos el sentido de este proyecto. Como bien dijo la Senadora Rincón, significa un grano de arena. Es positivo mejorar en este ámbito, pero, sin duda, aquí todavía tenemos una gran deuda. Espero que el Gobierno, tal como lo anunció, avance lo más rápido posible en la construcción de una nueva institucionalidad y, fundamentalmente, en asegurar el legítimo derecho de los sectores más vulnerables de la población.
Recuerdo que en otra oportunidad se presentó a estudio un proyecto similar, relacionado con la internación obligada de adultos mayores en hogares. En el contexto de los niños, es evidente que resulta del todo razonable una iniciativa como aquella, con la salvedad de que en este caso hay involucradas materias de costo y de eficiencia que habrá que asegurar. Pongo en comparación el solo ejemplo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la cual deberá enfrentar diversas dificultades para llevar adelante sus labores y su legítimo marco de regulación.
Sin embargo, este proyecto, como bien se ha señalado, constituye un avance y lo vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, he querido intervenir en la discusión de este proyecto de ley porque quiero confiar en que él va a contribuir en lo que muchos de quienes me antecedieron pusieron el foco: cómo ser capaces, como Estado, de apoyar a aquellos que enfrentan mayores dificultades, particularmente los niños y las niñas más vulnerables, respecto de los cuales las únicas decisiones que se toman hoy son su internación.
Señalo lo anterior porque considero que esa es no solo una responsabilidad de quienes legislamos, sino también una responsabilidad que debe ir asumiéndose, cada vez, con mayor cuidado hacia los niños y las niñas por parte de los adultos involucrados en acciones destinadas a mejorar su protección y prevenir la vulneración cuando su cuidado está en manos del Estado.
Nuestro mayor interés al apoyar esta iniciativa es que también se imponga, claramente, un mayor grado de responsabilidad a los jueces de familia en el seguimiento de las medidas que se implementan.
En ese sentido, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre algunos hechos que han ocurrido en la Región de Atacama y que hablan, ciertamente, de una realidad lacerante.
Solo comentaré dos casos que acontecieron ahí en el último tiempo. Ambos dicen relación con niñas y tienen un común denominador: la pobreza.
El primero se refiere a una menor de la localidad de Domeyko; buena estudiante, con 6,4 de promedio en el establecimiento educacional donde estudiaba; víctima de una vulneración de derechos. Sin embargo, el tribunal decreta su internación en un centro psiquiátrico: primero, en Copiapó, donde, estando allí, nuevamente es víctima de abuso, y luego, en un centro psiquiátrico ubicado a más de 600 kilómetros de donde reside su abuela, con quien vivía.
El segundo caso, señor Presidente, tiene que ver con el mismo tema. Este hecho ocurrió hace pocos días en la ciudad de Chañaral y fue denunciado por una médico general de zona de la comuna, donde, por cierto, no son más de diez los profesionales que desarrollan dicha labor. Sin embargo, el 25 de agosto ella era la única médico general de zona que estaba atendiendo en el servicio de urgencia del hospital local para los más de 13 mil habitantes que conforman la comuna de Chañaral.
Ese día sábado, cerca de las 21 horas, se solicitó por parte del tribunal que una menor del centro de residencia fuera trasladada en ambulancia a un centro psiquiátrico de la ciudad de Copiapó -la verdad es que "centro psiquiátrico" es una forma de denominarlo, señor Presidente, dado que es el mismo hospital que tiene unas camas destinadas a psiquiatría-. Y la doctora no accedió a la solicitud diciendo: "Solo tengo dos ambulancias. Y no puedo destinar una para llevar a una menor hasta la ciudad de Copiapó ya que puede producirse una emergencia y requerirse ese vehículo".
Es más: la doctora, como especialista, atendió a la menor, conversó con ella, y concluyó: "Esta niña no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué va a ser llevada a un centro psiquiátrico, cuando lo único que quiere es tener afecto? Su preocupación son sus hermanos, que también están en el centro".
Resumiendo la historia, señor Presidente, la única médico que atendía ese día en el servicio de urgencia del hospital local fue llevada al calabozo, donde permaneció al menos cinco horas, por negarse a disponer de una ambulancia que trasladara a esa menor desde Chañaral hasta la ciudad de Copiapó.
Entonces, señor Presidente, uno tiene puesta la esperanza en que iniciativas como esta permitan imponer un mayor grado de responsabilidad a los jueces de familia en el seguimiento del destino de niños y niñas cuando se decretan ciertas medidas, y en la necesidad de que al tomar decisiones tan importantes cuenten siempre con el apoyo de un especialista, de manera que no se siga generando lo que hoy día se observa como una práctica recurrente: ante cualquier dificultad que enfrenta un niño o una niña en situación de extrema vulnerabilidad, la decisión es enviar al menor a un psiquiátrico.
¡Ese no es el Chile que nosotros queremos! ¡Ese no es el Chile por el que tantos y tantas han luchado! ¡Ese no es el Chile que pone a los niños en el centro de la preocupación!
Por lo tanto, pienso que, junto con la presentación de este tipo de iniciativas, es urgente demandar más recursos que permitan garantizar que los niños y las niñas que enfrentan dificultades podrán superarlas. Pero eso no va a ocurrir escondiendo a los menores en centros residenciales; tampoco enviándolos a centros psiquiátricos, y tampoco enviando a un calabozo a quienes se resisten, como la doctora de Chañaral, generando además en este caso una situación compleja al dejar a más de 13 mil habitantes sin médico y sin atención.
Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto de ley, con la esperanza de que signifique una contribución y permita evidenciar la situación compleja que enfrentan sobre todo niños y niñas que tienen una condición común: haber nacido, muchas veces, en un hogar pobre.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, déjeme decirle que comparto absolutamente lo que ha señalado en su intervención.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente quiero hacer un par de reflexiones, pues creo que el debate ha sido bien interesante.
Cuando uno mira que estamos modificando un decreto con fuerza de ley del 2000, se da cuenta de que la actual normativa ya tiene dieciocho años. Y, si uno mira más atrás aún, estamos hablando de la ley N° 16.618, una normativa bastante antigua. Por tanto, son pocos los momentos en que hay espacio para revisar este tipo de legislación.
Me parece que está bien planteado el tema en lo global, en términos generales. O sea, hay que reflexionar más a fondo sobre si es necesario innovar acerca de cómo se revisan periódicamente ciertas situaciones en que se encuentran niños vulnerados o si hay que seguir con el mismo sistema. Considero correcto plantear: "Aquí se requiere una reflexión más profunda. Es indispensable hacer un esfuerzo para examinar si un menor internado en un lugar determinado puede ser devuelto a su familia, que siempre es lo ideal; ver cómo ha ido evolucionando, hacerle un seguimiento". El hecho de que ya exista un menor internado nos habla de una realidad muy compleja, difícil, extrema.
Estamos revisando, en consecuencia, si es correcto innovar en la materia. Y a mí me parece que sí lo es, aunque quiero aclarar, aun dando pie a que alguien pueda afirmar que estoy relativizando el tema -¡para nada!-, que ello debe ir acompañado de un análisis bastante más completo.
Al igual que seguramente muchos de ustedes, me han pedido concurrir a los tribunales de familia o a los cuales les toca ver estas materias. Y la verdad es que siento que actualmente se hallan en una condición de colapso muy compleja. Uno queda preocupado por la cantidad de decisiones que hoy deben tomar esos jueces, siempre relacionadas con situaciones al límite. Un juez civil o penal puede adoptar decisiones sobre temas muy profundos, pero estas otras son todas al límite: violencia intrafamiliar, estados de abandono, miles de circunstancias que se dan en el entorno familiar.
Entonces, uno no puede decir, sin más: "Innovemos en esta materia y establezcamos una obligación periódica -trimestral, se habla- respecto de la situación de cada menor internado". Obviamente, uno debería tender a que así fuera, pero eso requiere, necesariamente, una reflexión más amplia, en particular en cuanto a los recursos que tal decisión conlleva y a las personas que deberán hacerse cargo de ella.
Considero complejo innovar y generar más obligaciones para una judicatura que actualmente se halla colapsada, posiblemente más en algunos lugares que en otros. En días pasados estuve con funcionarios del tribunal de familia del Maule, quienes me explicaban las dificultades que enfrentan, agudizadas por otro problema interno: el carácter bicéfalo del juzgado.
A lo que voy es a que esto obliga a una reflexión más profunda, que pasa, necesariamente, por innovar en la estructura y las capacidades reales de estos tribunales. Porque, si uno legisla, establece "un antes y un después" y les agrega esta nueva obligación trimestral manteniéndolos en las mismas condiciones, se producirá un colapso total.
Pero la idea es buena. Por eso me alegré mucho -estaba un poco preocupado- de que, aun cuando el proyecto es de artículo único y puede ser despachado en general y en particular, la Comisión haya pedido aprobar solamente la idea de legislar. Me parece correcto, pues sus normas necesariamente requieren una intervención mucho más profunda en materia orgánica. Ahí el Gobierno, el Ejecutivo, tendrá un rol que jugar. Y por eso también hice especial consideración al inicio de mi discurso en cuanto a que estamos modificando una normativa que data de dieciocho años atrás y que, a su vez, se refiere a una ley que, por su número, debe de ser de hace treinta o cuarenta años.
Estamos frente a un tema que hay que instalar. Lo considero conveniente y lo comparto, pero aquí es donde uno tiene que establecer priorizaciones y tiempos para arribar a una normativa mucho más completa, con más cuerpo, que ayude a la idea. En el mundo son fundamentales las ideas, pero estas deben tener músculos y capacidades reales para poder implementarse.
Voy a votar a favor del proyecto, haciendo presente que, para que pueda funcionar bien, necesita una modificación sustancial en las condiciones y las capacidades con que actualmente trabajan los tribunales de familia.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quisiera poner en contexto de qué estamos hablando acá.
Se trata de niños que fueron separados de sus familias, que muchas veces permanecen demasiado tiempo en residencias, que tienen una vida de sufrimiento y que a menudo se sienten abandonados y olvidados por la sociedad.
En ese sentido, considero que el proyecto está bien inspirado, porque lo que busca es revisar, cada cierto tiempo -en este caso, cada tres meses-, la medida de internación de los niños en residencias y de esa manera evitar una permanencia desmedida en dichos establecimientos.
Ahora, siento que la iniciativa va un poco más allá, que no solo apunta a evitar esas prolongadas permanencias, sino que, además, persigue revisar si las medidas de intervención con los niños están surtiendo efecto. En esa línea, tenemos que preocuparnos no solo de si esta es una buena idea, sino también de revisar cómo se puede llevarla a cabo bien.
Y es en este punto donde quisiera entrar a describir algunas de las problemáticas que veo en el proyecto de ley.
Señor Presidente, hoy día los tribunales de familia deben revisar cada seis meses la medida de internación de los niños. No es que no se revise nunca: se revisa cada seis meses y se hace a través de informes escritos.
¿Qué se quiere cambiar?
Primero, que aquello se realice cada tres meses en lugar de seis. Y lo segundo, que la revisión no se efectúe a través de informes sino mediante una audiencia. Esto último me parece una buena idea, porque eso implica que no solamente habrá un papel que se pueda leer sino que habrá una efectiva interacción entre las personas que están a cargo del niño y el juez.
Sin embargo, debemos ver qué significa este cambio en la carga de trabajo de los tribunales de familia. No podemos permitir que aquella sea una audiencia rápida, donde no haya profundidad, que no se haga realmente cargo de las necesidades del niño y de la situación que está viviendo.
Y hay otro punto relevante, señor Presidente: actualmente, los tribunales de familia que dictan la medida muchas veces no son jurisdiccionalmente los mismos que tienen la obligación de ir a ver a los niños a las residencias. Por eso, tenemos que asegurarnos de que los jueces que hayan dictado la sentencia sean los mismos que revisen su cumplimiento.
En segundo lugar, señor Presidente, desde mi perspectiva, no tiene mucho sentido que quien sea citado a la audiencia sea el director de la residencia, que generalmente cumple tareas más bien administrativas. Y lo que deseamos es saber cómo está el niño. En consecuencia, a quien hay que citar, desde mi punto de vista, es a la dupla psicosocial a cargo del menor en la residencia, de manera que dichos profesionales puedan contar qué se está haciendo, cómo está avanzando el niño, para que el juez pueda tener una percepción real de si se está cumpliendo, en buena medida, la intervención que se está realizando. El objetivo es que se informe "el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño", como indica la norma. Y, en ese sentido, parece mucho más lógico que los que deban comparecer a la audiencia sean los profesionales a cargo del menor.
Ahora bien, señor Presidente, existe otro problema, cual es la forma en que está redactada la disposición y que también ha sido observada por la Corte Suprema en su informe. Se dice: "se invitará a comparecer al niño". Y no es posible obligar a un niño a comparecer a una audiencia. Es un derecho que él tiene; no puede ser una obligación. Adicionalmente, si fuera una obligación, podríamos producir un efecto negativo en la posibilidad de ir sanando las heridas del niño. De hecho, esto puede revictimizarlo al hacerle revivir situaciones traumáticas. Por lo tanto, hay que cambiar el texto a fin de que esto se transforme en un derecho permanente del niño a ser escuchado.
Y ahí tenemos otro problema, señor Presidente, porque esta audiencia se tiene que dar en un ambiente donde no se produzca la revictimización del niño. Por lo tanto, se lo debe escuchar en un ambiente con profesionales especializados. No da lo mismo cómo se haga. No es una audiencia cualquiera, pues allí se le preguntará al niño cómo está, cómo lo están tratando en la residencia; se le consultará al profesional; se le preguntará a la familia.
Entonces, no se puede pensar que estas audiencias no importan, que se suman y que en vez de que no se realicen -hoy día no se requieren audiencias para que el juez determine- ahora habrá audiencias cada tres meses. Hay que ver bien cómo hacemos cumplir esto y que efectivamente sea una ayuda para los niños, que no termine revictimizándolos y que no se transforme en una audiencia más que no produzca el efecto que nosotros queremos.
Por otra parte, el texto señala que en la resolución que disponga la medida pertinente se tiene que designar siempre un curador ad litem.
Sería maravilloso si pudiéramos cumplir no solo con el curador ad litem, sino también con el abogado del niño.
El problema es que hoy día no existen en todos los lugares de nuestro país programas que nos permitan contar con un abogado del niño. Entonces, vamos a dictar una norma que, o no se va a cumplir, o -quizás sea peor- la asumirán abogados que no van a defender realmente al niño y, sobre todo, que no estarán preparados para defender a un niño. ¿Qué quiero decir con esto? El abogado del menor debe tener una preparación especial para saber cómo escucharlo, cómo trabajar con él, cómo representar su interés superior, para trabajar incluso con la familia del niño. Y la idea es que no haya un abogado diferente en cada oportunidad, sino que ojalá sea el mismo abogado que lo acompañe en todo el proceso.
En tal sentido, a partir de 2017 tenemos en Chile un programa piloto -recién piloto- que se ha llamado "Abogado del Niño". Este programa partió con la Ley de Presupuestos del año pasado y está abarcando recién a las Regiones de Tarapacá, de Antofagasta, de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío. El Gobierno ha anunciado un aporte importante para este programa a fin de irlo ampliando a otros lugares de nuestro país. Sin embargo, recién tendremos la cobertura completa el año 2021. Por lo tanto, mientras ello no ocurra, la pregunta es cómo cumplimos con esto.
Adicionalmente, señor Presidente, tengo algunas dudas respecto a cómo este programa se va a ir instalando, porque estará dentro de las corporaciones de asistencia judicial. Y ahí se puede producir una suerte de conflicto de interés entre los defensores de los padres y de las madres de los niños y los defensores del propio niño. Entonces, debemos ver cómo estructuramos bien el sistema.
Señor Presidente, para ir terminando, creo que el espíritu de esta medida es correcto.
Sin embargo, debemos revisar bien qué significa para los tribunales de familia tener cada tres meses, por toda la cantidad de niños, audiencias de seguimiento.
En segundo término, me parece que no debe ser el director quien comparezca a la audiencia, sino la dupla psicosocial.
En tercer lugar -creo que esto es superclave-, es un derecho y no una obligación del niño comparecer ante el tribunal.
Y considero que el problema más grande lo tenemos en el tema del curador ad litem, porque hoy el programa pertinente no abarca a todo nuestro país. Creo que los abogados del niño deben ser profesionales capacitados que puedan hacerle el seguimiento a su situación y no abogados que lleguen cinco minutos antes de la audiencia tratando de entender de qué se trata. Ello no puede ocurrir. Tiene que ser un abogado que conozca al niño, que haya seguido su caso, que conozca la residencia donde se encuentra, que conozca a la familia y que, por lo tanto, pueda ser de real ayuda.
En consecuencia, el tema del curador ad litem hay que verlo de buena manera y no debe ser un abogado que aparezca en esa audiencia en el caso, sino uno que venga acompañando la situación del niño desde mucho antes.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la Sala del Senado ha conocido diversos informes sobre la situación de los niños vulnerables en nuestro país.
Hace poco tiempo hasta se celebró una sesión especial para conocer el informe de las Naciones Unidas que establecía una violación sistemática de los derechos humanos de los niños en los hogares del SENAME en lo que dice relación con la atención de los menores vulnerables en Chile.
Todos hemos conocido también los informes de la Cámara de Diputados sobre la materia y las diversas situaciones, incluso -lamentablemente-, de carácter político que se han producido.
Todos hemos tenido información de niños que fallecen. En algunos casos no se sabe bien la causa de su muerte; en otros, es conocida.
Nadie puede discutir, entonces, que la situación que viven estos niños es dramática.
Por lo tanto, esta realidad así relatada obliga a que tengamos una respuesta de carácter institucional.
Si no existe una respuesta de carácter institucional, no sacamos nada con ir tomando medidas aisladas para tratar de superar este problema.
Yo he tenido conocimiento en la Región que represento de que en algunas instituciones educacionales que atienden a niños del SENAME muchas veces ellos solo se matriculan, pero nadie vigila, nadie se preocupa de que ese joven o esa joven vaya verdaderamente a ese liceo, a esa escuela. Y mucho menos alguien se preocupa de cuál es el rendimiento, de si verdaderamente el proceso educativo está posibilitando transformar la vida de ese niño vulnerable que, además, vive el drama de no tener grupo familiar o de haber sido sacado de él y mandado a un hogar del SENAME.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que aquí uno debe construir una institucionalidad.
El Gobierno del Presidente Piñera ha tomado esto como una de sus prioridades.
Y en materia de los adolescentes infractores de ley eso es lo que se está haciendo, creando una institucionalidad nueva, absolutamente distinta, con recursos, con profesionales, para rehabilitar a quienes hoy día son adolescentes infractores de ley y hay que sacar del crimen.
Una cuestión absolutamente similar se debe hacer respecto de los niños, las niñas y adolescentes vulnerables.
Aquí se relatan casos que son, sin duda, espeluznantes. Pero sabemos de ellos desde hace veinte, treinta años y nunca se ha asumido verdaderamente el tema.
Señor Presidente, yo considero extraordinariamente bien intencionados este proyecto de ley y a los Senadores que lo han asumido. Pero en el propio texto reconocen -yo diría- la falta de esa institucionalidad, porque se trata de modificaciones a la Ley de Menores, particularmente en las atribuciones de los jueces.
Pero hoy día debemos plantearnos diversas preguntas cuando el juez remite a un adolescente, a un niño o a una niña a un hogar de menores del SENAME o colaborador de esa institución. ¿Tiene ese hogar la capacidad de enfrentar el desafío de recuperar a ese adolescente o niño vulnerable? ¿Contamos con los profesionales adecuados en esa residencia para verdaderamente hacer un cambio importante en esta materia? O creemos que vamos a tranquilizar nuestras conciencias estableciendo que un juez tiene que ordenar la medida pertinente y pedir informes. ¿A quién le va a pedir informes si nosotros conocemos la precariedad de las residencias y de los hogares del SENAME?
Así como se está creando la institucionalidad para el adolescente infractor de ley, se debe crear una institucionalidad fuerte y poderosa para el niño vulnerable que tenga los profesionales necesarios; que tenga las residencias adecuadas; que tenga una atención garantizada de calidad; que tenga el seguimiento suficiente para poder decir que gracias a la presencia del Estado, con el paso del tiempo, ese niño, esa niña o adolescente dejará de ser vulnerable.
Pero, si seguimos parchando, sin duda continuaremos conociendo casos dramáticos, como aquellos en materia de infracción a la ley. Por ejemplo, cuando un joven de la Región del Biobío comete un delito en Santa Bárbara, es obligado a permanecer en un lugar cerrado, por lo que se lo envía a Coronel, en circunstancias de que la instancia que hay en Coronel no tiene ninguna capacidad para recuperar a ese joven. Y en los casos de vulnerabilidad sucede exactamente lo mismo.
¿Qué sacamos con pedirle al juez que exija un informe cada tres meses? ¿Quién va a emitir ese informe?
Lo único que puede garantizar lo anterior es la existencia de un servicio robusto, o sea, una decisión robusta del Estado para ir a recuperar a esos niños.
Por lo tanto, aun cuando esta es una iniciativa bien intencionada, solo representa una gota en el mar para enfrentar el drama y el problema que tenemos en ese ámbito.
El Gobierno del Presidente Piñera ha anunciado, para después del mes de septiembre, la presentación de un proyecto a fin de generar este servicio para los niños y niñas vulnerables. Ello, debido a que debemos darle robustez a la acción del Estado en beneficio de la niñez. Y ese es el camino que hemos de elegir porque, de lo contrario, continuaremos teniendo a Lissette, y a cuantos otros niños cuyos nombres hemos aprendido en los últimos años, que mueren en una situación de vulnerabilidad pues son maltratados o no son bien tratados ni atendidos. A ellos, la institucionalidad del Estado no les ha dado ninguna garantía, en definitiva, para poder salir de la pobreza, a fin de dejar de ser vulnerables y avanzar por sí solos en la vida.
Asimismo, no se entrega ninguna atención a la familia para, si es posible, recuperar al grupo familiar. Naciones Unidas ha declarado que no es aceptable separar a un niño de la familia, y de eso no nos preocupamos.
Por ello, señor Presidente, a mi juicio, tenemos que caminar en esa dirección. Y algo se está haciendo respecto a los infractores de ley.
Pienso que el trabajo que se está ejecutando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia terminará en la creación de un servicio de rehabilitación verdaderamente robusto, con profesionalismo para atender en forma individual a cada joven infractor de ley, a fin de recuperarlo de la delincuencia y sacarlo del crimen.
Me parece que, en el caso de la vulnerabilidad, tiene que ser exactamente igual. ¡No hay otra fórmula! ¡No hay otra fórmula!
¿Qué pasa si la institucionalidad descubre que un niño, niña o adolescente requiere tratamiento psiquiátrico?
Aquella debe resolver ese problema. Sin embargo, hoy día se tiene que llamar al hospital local, pero si este carece de profesionales, ¡hasta ahí nomás se llega! Por mucho que el juez solicite informes o tome decisiones jurisdiccionales, la realidad indica que no poseemos una institucionalidad fuerte que permita enfrentar problemas de esa naturaleza.
Así que no nos engañemos.
La iniciativa en comento va en la dirección correcta, es bien intencionada. Sin embargo, la respuesta que tenemos que dar como Estado es generar una institucionalidad con capacidad, organización, profesionalismo y profesionales que rescaten a nuestra niñez y juventud vulnerable.
De no ser así, señor Presidente, vamos a seguir tapando el sol con un dedo, viendo cómo los dramas se suceden. Y estimo que llegó la hora de que, verdaderamente, esto se enfrente.
Estoy seguro de que -así lo espero, por la información que poseo- el Gobierno del Presidente Piñera remitirá a este Congreso Nacional el proyecto de ley que tanto se requiere para generar esa institucionalidad. Y a partir de ese punto podremos decir, por primera vez, que el SENAME es una triste historia para el país, pero que con la institucionalidad que estaremos creando no se volverá a repetir.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más señoras Senadoras ni señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Órdenes, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, fijaremos plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el 11 de octubre próximo.
--Así se acuerda.