INCENTIVO A RETIRO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, fui quien pidió que la iniciativa en examen, signada con el número 5 en el Orden del Día, se adelantara al segundo lugar.

La verdad es que me confundí, y por eso es que no se encuentra presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Felipe Salaberry. Tengo que reconocerlo, porque nobleza obliga. Le entendí que quería apurar el asunto, pero iba a ponerle urgencia solo el día lunes. Por eso, doy la explicación necesaria.

Presento mis disculpas por mi falta de acuciosidad.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha dicho, el objetivo de este proyecto, que corresponde a un mensaje de la Presidenta Bachelet, es mejorar las condiciones de retiro para los funcionarios municipales que están en edad de jubilar o que se acogen a pensión de invalidez.

Esta iniciativa se debe a un acuerdo firmado por el Gobierno anterior con la ASEMUCH, el que posteriormente fue complementado durante la actual Administración.

Los términos del presente incentivo al retiro son los normales en este tipo de leyes, y, en línea con lo que se ha establecido en los últimos proyectos, se ha considerado un plazo mayor de vigencia, hasta el año 2025.

En este sentido, el plan de retiro contempla un bono de cargo municipal equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio; un bono adicional de cargo fiscal, que varía entre 400 y 560 UF; un bono adicional por antigüedad de entre 5 y 10 UF por cada año de servicio sobre los 35 años, con un máximo de 100 UF, y un bono por trabajos pesados.

Con todo, hay aspectos que, como se ha dicho acá, deberán ser revisados en la discusión en particular.

Un primer problema se presenta con el bono de cargo municipal, que se aprobó en la Cámara de Diputados solo hasta por seis meses. La facultad de ampliarlo a once fue eliminada en dicha Corporación, al intentar dejarla obligatoria.

Un segundo tema por resolver se refiere al número de beneficiarios, que alcanza a los 10 mil 600 funcionarios hasta el 2025; pero es muy probable que ello resulte insuficiente, además de que la distribución por años de esa cantidad sería más baja en los primeros años.

En otro orden de cosas, se cuestiona la forma de cálculo de la remuneración mensual que sirve de base al bono, pues esta no incluye la asignación profesional ni la de directivo-jefatura. Esto se debe a que en la Ley de Plantas aprobada hace dos años, que reconoció tales asignaciones a los funcionarios municipales, se estableció expresamente que ellas no se considerarían para el cálculo de otros beneficios.

No estoy de acuerdo con ese criterio. Además de que nada impide que una nueva ley las incluya en la base de cálculo, me parece de estricta justicia que se considere la remuneración completa para la determinación del bono.

Asimismo, las organizaciones de funcionarios plantean que debe eliminarse o atenuarse la inhabilidad de cinco años que se establece para quienes se acojan a estos beneficios y presten servicios en la Administración Pública.

Por otro lado, los municipios reclaman que deben soportar el costo financiero del pago del bono, pudiendo acceder solo a un anticipo con cargo a las futuras remesas del Fondo Común Municipal.

La situación de buena parte de los municipios no permite seguir sometiéndolos a nuevas obligaciones financieras, y el argumento de que ellos también se ven beneficiados debido a que se retiran funcionarios más caros no es efectivo, por cuanto el mismo día en que se retiran dichos funcionarios de planta se produce el ascenso automático de aquellos que les siguen en el escalafón.

El ahorro se podría producir en el último grado del escalafón, pero eso ocurriría solo si no se llenara la vacante, lo que está lejos de ser posible, por el incremento constante de funciones que se les asignan a los municipios, lo que provoca un déficit crónico de personal en la mayoría de ellos.

Por todo lo anterior, voto a favor de la idea de legislar, con un doble alcance:

Primero, que el proyecto debe al menos igualar las condiciones de otros planes de egresos aprobados. No es aceptable que los funcionarios municipales sean considerados como servidores de menor categoría.

Y segundo, que el Gobierno central debe aceptar que no puede seguir tensionando la situación financiera de los municipios, sea con nuevas atribuciones sin financiamiento adicional o con nuevos beneficios, que pueden ser muy justos para su personal pero que si no se compensan debidamente se corre el riesgo de disminuir los servicios que reciben los vecinos, o bien, como ocurre en muchos casos, de incurrir en déficits financieros, que se hacen crónicos y que afectan la estabilidad e integridad de los municipios.