PROTECCIÓN DE HUMEDALES URBANOS

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hasta hace pocos años los humedales no tenían para la ciudadanía la relevancia que exhiben hoy día. No eran objeto preferente de estudio, y esto se tradujo en un débil régimen de protección.

Ahora entendemos que estos cuerpos de agua constituyen una de las mayores fuentes de biodiversidad de flora y fauna; son cunas de aves migratorias, y se hallan protegidos en materia internacional a través del Convenio de Ramsar.

Además, en el contexto de escasez hídrica y de cambio climático en que nos encontramos, estos sitios han concitado mayor interés, y su deterioro es fuente de preocupación ya no solo de los expertos, sino también de las comunidades en general.

El proyecto que analizamos hoy modifica diversos cuerpos legales para proteger aquellos humedales que están dentro de las ciudades.

¿Por qué? Porque los humedales urbanos son los que se hallan más amenazados por la actividad humana y son susceptibles de destrucción, ya sea por la presión inmobiliaria emanada del crecimiento de las urbes, o por ser lugares usados como vertederos o basurales.

Ese tipo de humedales rara vez podrán ser catalogados como santuario de la naturaleza, o incorporados en alguna otra figura de protección oficial, pues son lugares menos prístinos, más contaminados y de menor tamaño, por lo que no cumplen con los requisitos para ser considerados en una categoría oficial.

Actualmente, existe una nómina de humedales sometidos a protección, y entiendo que el Gobierno se ha comprometido a aumentarla. Sin embargo, los humedales urbanos ni siquiera se hallan debidamente catastrados y no siempre son reconocidos en los instrumentos de planificación territorial.

Favorablemente, la conciencia para su resguardo ha crecido en las diferentes comunidades.

En nuestro país destacan los movimientos surgidos en Concepción y Valdivia. Pero en diferentes ciudades de la Región de Los Lagos, como Quellón, Dalcahue, Maullín, Puerto Varas, Llanquihue y Osorno, han surgido tanto del sector público como del privado iniciativas para preservar dichas zonas.

En el caso de Puerto Montt se estima que dentro de su radio urbano existen al menos quince humedales ubicados en las terrazas superiores de la ciudad, los cuales suman más de ochenta hectáreas de superficie.

Varios de estos humedales urbanos se han visto amenazados y -por qué no decirlo- derechamente alterados por proyectos inmobiliarios.

Así ocurrió hace algunos años con los humedales Llantén y Antiñir, situados en el sector alto de la ciudad.

En la cuenca del lago Llanquihue se considera que hay cerca de 84 hectáreas de humedales amenazadas por la expansión urbana y convertidas en basurales, cuestiones que ponen en peligro la biodiversidad y el hábitat de 44 especies de fauna, muchas de ellas endémicas.

En Chiloé, desde Ancud a Quellón, los humedales forman parte importante del paisaje, y constituyen un elemento determinante para su biodiversidad.

Reconocidos son los humedales de Putemún, en Castro, donde cada año arriban bandadas de flamencos rosados, los que se transforman en un gran atractivo turístico de la isla.

Actualmente, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo exige la realización de estudios de impacto cuando los proyectos de inversión afectan humedales superiores a las 30 hectáreas en las regiones del sur de Chile, de modo que la gran mayoría de ellos queda excluida de esta medida de protección.

El proyecto que ahora nos ocupa hace exigibles dichos estudios para la intervención de todos los humedales urbanos, cualquiera que sea su extensión.

Además, entrega facultades a los municipios con ese mismo fin. Y creo que lo propio podría considerarse respecto de los gobiernos regionales, especialmente en las nuevas áreas metropolitanas.

Es evidente que son las autoridades locales y regionales las mayores interesadas en darles protección a estos ecosistemas, y, sin embargo, tienen las menores facultades.

Ese mismo absurdo ocurre con el borde costero en general.

En consecuencia, creo que esta iniciativa constituye un avance concreto. Se halla en sintonía con los mayores niveles de conciencia ciudadana para la protección de nuestro patrimonio ambiental.

Espero que esto se traduzca en la aprobación de otros proyectos de ley importantes que se encuentran pendientes, como el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Felicito a sus autores. Y anuncio mi voto favorable.