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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 38ª, en miércoles 8 de agosto de 2018
Especial
(De 12:14 a 14:24)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
ANÁLISIS DE INFORME FINAL DE COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO SOBRE CRISIS DE SENAME


El señor MONTES (Presidente).- Esta sesión especial fue solicitada con el objeto de analizar las conclusiones del informe final del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas que da a conocer su diagnóstico en relación con la crisis del Servicio Nacional de Menores.
En primer lugar, le daré la palabra al Comité que pidió que se realizara la presente sesión.
¿Quiere hacer uso de la palabra, Senador señor García?
El señor GARCÍA.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me gustaría consultar si se solicitó el acceso, entre otras autoridades, de la Subsecretaria de Derechos Humanos.
¿La Mesa no tiene ninguna solicitud?
El señor MONTES (Presidente).- No, señor Senador. Pero en el caso de que llegara la señora Subsecretaria, si les parece, otorgaríamos la autorización desde ya.
El Ministro Hernán Larraín fue invitado. Imagino que en el curso de la sesión se incorporará.
Acaban de llegar las solicitudes pertinentes.
Recabo la autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, y el Jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, señor Alejandro Fernández.
--Se autoriza.
Deseo saludar a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda Mitri. Muchas gracias por su concurrencia.
De igual forma, saludo a la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz García. También le agradezco mucho por estar presente en esta sesión.
Y saludo a la Coordinadora de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, jueza de familia señora Mónica Jeldres Salazar. Muchísimas gracias por estar acá.
En primer lugar, le ofreceré la palabra al Comité que solicitó la sesión y después, a los invitados.
Senadora señora Rincón, ¿usted va a intervenir en primer lugar?
La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, señora Senadora.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, señora Directora Nacional del SENAME, señora Subsecretaria de Derechos Humanos y demás autoridades, como Comité, pedimos esta sesión especial por los niños y las niñas vulnerables y vulnerados de nuestro país en atención al conocimiento que hemos tomado todos y todas del informe final de la Misión Especial del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en residencias de acogida en el Estado de Chile.
¿Quiénes son los vulnerados?
¿Quién vulnera sus derechos?
El mismo Estado que tiene el deber de cuidarlos.
El informe sostiene:
"Chile no respeta, no protege ni hace cumplir los derechos de miles de niños bajo la tutela del Estado" (Conclusión 108, páginas 15 y 16 del informe).
El mismo Estado que reconoció: "El derecho a la protección y asistencia especiales del Estado a los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio" (artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
El mismo Estado que, por falta de conciencia y diligencia, hoy debe asumir ante el mundo que cometió, comete y está cometiendo un ilícito internacional al no amparar debidamente a estos niños y niñas.
El mismo Estado que tiene comprometida su responsabilidad internacional por vulneración sistemática de derechos de "niños", por victimizarlos.
¡Qué vergüenza, señor Presidente!
¿Por qué son víctimas?
Los siguientes son derechos que les vulneramos, según reporta el Comité.
Son víctimas porque:
-"Los discriminamos" (Punto V, letra a), página 5 del informe).
Los afectados son solo niños pobres hijos de chilenos y de migrantes.
-"Violamos su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo" (Punto V, letra e), página 9 del informe).
Por cada tres meses de internación los niños pierden un mes de desarrollo, y son demasiados los que han muerto dentro de las residencias.
-"No los dejamos expresar su opinión y no los oímos" (Punto V, letra g), página 10 del informe), ni aun cuando nos dicen que han sido abusados, porque "no hay pruebas" y ellos no son importantes.
-"No les damos espacios para jugar ni recrearse" (Punto V, letra m), página 14 del informe).
No nos ocupamos de garantizarles que accedan a la playa, al campo, al fútbol, al cine, al teatro, ni a conciertos, como si no lo hiciéramos respecto de nuestros niños.
-"Permitimos que los castiguen en los centros y naturalizamos la violencia en su contra" (Punto V, letra j), página 12 del informe).
Porque son "niños difíciles", con "problemas" (conclusión recurrente en los informes de las OCA a los juzgados de familia).
-"Dejamos que los abusen sexualmente en sus camas" (Punto V, letra n), página 9 del informe).
"Porque el abuso sexual es normal en los centros, y no se puede evitar" (declaración de la representante legal de una OCA en Comisión Investigadora del SENAME I, que consta en sus actas).
Y como si eso no fuera suficiente daño:
-"No les damos la mínima atención de salud, contra las drogas, o el alcohol, ni para recobrar la salud mental" (Punto V, letra k), página 13 del informe), aun cuando el propio Estado causa parte importante de sus daños.
Y lo que es peor, señor Presidente, algo que hemos denunciado incansablemente por años, que es tema esencial y que no terminamos de asumir, menos de solucionar:
"No damos asistencia a sus padres para que recuperen el cuidado de sus hijos ni para realizar su función parental" (Punto V, letra g), página 11 del informe).
Los categorizamos de inhábiles, los consideramos padres de "segunda categoría", les quitamos a sus hijos como si fuesen seres humanos irrecuperables, como si sus hijos fueran un mueble de la casa que se embarga.
El Estado, por renunciar a fiscalizar, ha permitido que se instale un "lucrativo negocio".
Los niños pobres de Chile son su mercancía:
Informes deficientes, falsos, que sin pruebas califican a sus padres de "alcohólicos", "drogadictos", "violentos", "sucios", los separan de sus padres indefinidamente.
Luego, se les declara susceptibles de ser adoptados y se impide todo contacto con su familia.
De ahí a las adopciones internacionales, por las que se cobra hasta tres millones de pesos, si no más, hay solo un paso.
Esto, señor Presidente, lo declaramos incluso en la Comisión de Infancia la semana pasada y dimos casos concretos. Por ejemplo, uno de Chiloé, el que pedimos que se investigara.
¡Esa es la dura realidad!
Tenemos miles de casos que demuestran que este modo de proceder basado en prejuicios y discriminación, en falsedades, es el que sostiene el sistema residencial en Chile.
Si no abrimos los ojos, los niños que el Estado debe proteger no tendrán futuro. Cualquier medida que tomemos que no arranque de raíz este mal será inútil.
¡Y el Comité de los Derechos del Niño ya lo sabe!
No sé si logró llegar a esta sesión Vanesa Hermosilla -probablemente está en las tribunas-, de la Fundación Emprender con Alas. Ella ayuda a una mamá que tiene siete niños y que está escondida, está arrancando, porque, sobre la base de un informe del SENAME, le quieren quitar a sus siete niños.
Hoy el Presidente Sebastián Piñera nos está pidiendo avanzar en una legislación moderna en materia de adopción y, sin embargo, patrocina una indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Adopción que en su artículo 27 pretende consagrar por ley la separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres y familia extensa con la sola sentencia de adoptabilidad, la cual no es sentencia de adopción y, por lo mismo, no genera cambio de filiación.
Tanto es así que lo reconocen en la propia indicación.
¡Y ahí está!
¡Mírenla!
¡No es una mera invención!
Dice la indicación: "Efectos de la sentencia definitiva que declara la adoptabilidad. La sentencia definitiva firme que declare que un niño, niña o adolescente es adoptable pondrá término al cuidado personal y relación directa y regular a que legalmente se encuentre sujeto, respecto de sus padres, familia extensa y quienes pudieron haber tenido el cuidado personal. Además, privará de todos los demás derechos y beneficios a tales personas...".
No voy a seguir leyendo, señor Presidente, en honor al tiempo. Pero la indicación se encuentra en pantalla.
Con ello, está indicación sustitutiva transforma en legal una práctica ilegal que hoy existe y en que, sin sentencia ni resolución alguna, se ordena la separación de los niños y las niñas de sus padres.
¿Por qué sucede esto y no hemos sido capaces de superarlo?
Hay cuatro causas estructurales que identifica el Comité:
Primero: Chile sigue considerando a los niños como "objetos de protección" y no como "sujetos de derecho".
En consecuencia, "Cree que otorgarles techo, comida y separarlos de su familia como acto de filantropía es suficiente".
¿Por qué sucede esto y no hemos sido capaces de superarlo?
Segundo: "Chile, en un mal entendimiento del Principio de Subsidiariedad del Estado ha entregado mayoritariamente el cuidado de los niños a instituciones privadas, y se ha desentendido de la responsabilidad. Lo que jamás puede aceptarse tratándose de DDHH".
¿Por qué sucede esto y no hemos sido capaces de superarlo?
El señor MONTES (Presidente).- Estamos pasados en el tiempo, señora Senadora.
Pero puede terminar.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
¿Por qué sucede esto y no hemos sido capaces de superarlo?
Tercero: porque "No se trabaja en prevención ni en la ayuda a las familias necesitadas a fin de reducir los cuidados alternativos".
¿Por qué sucede esto y no hemos sido capaces de superarlo?
Cuarto: porque "No invertimos los recursos financieros suficientes; ni hacemos una supervisión eficaz de su uso".
Señor Presidente:
¡Aquí lo único que cabe es cumplir con lo que no hemos cumplido!
Por lo tanto, en lo más urgente y sustantivo:
Llamamos a este Senado a pedir perdón oficial a todos los niños y las niñas que por décadas el Estado chileno ha vulnerado en sus derechos, en circunstancias de que le asistía un deber especial de cuidarlos; y también a sus familias.
Llamamos a este Senado a liderar la formación inmediata de una Comisión de Reconocimiento y Reparación de todos los niños y las niñas víctimas del sistema tutelar chileno, para que en el más corto plazo pueda llegar con algún socorro -aunque tardío- a sus vidas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente a la Sala que el tiempo se distribuirá proporcionalmente entre todas las bancadas. El Ejecutivo dispondrá de cuarenta minutos, que verá cómo los reparte.
En primer término, expondrá por diez minutos el Ministro Larraín, quien ha solicitado la palabra.
Algunas bancadas no han registrado los nombres de los señores Senadores que van a intervenir, y sería bueno que lo hicieran. Solo lo han hecho los Comités PPD, RN y DC, que ya hizo uso de su derecho.
Señor Ministro, puede intervenir.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Gracias, señor Presidente.
El informe que nos ocupa se funda en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Chile el 2015, y que establece un mecanismo para presentar denuncias contra el Estado cuando este, a juicio de la parte pertinente, infrinja derechos contemplados en la referida Convención.
Así, luego de lo ocurrido en el CREAD Galvarino, con el fallecimiento de Lissette Villa, en junio de 2016, la entonces Diputada Claudia Nogueira presentó una denuncia contra el Estado de Chile, la que fue declarada admisible por el Comité de Derechos del Niño en enero de 2017, el que solicitó un informe a nuestro a país.
El Estado planteó sus observaciones en mayo de 2017.
El Comité decidió realizar una investigación.
Recogió todos los antecedentes que había a la fecha: el documento conocido como "Informe Jeldres"; los informes de las Comisiones Investigadoras del SENAME I y II, y el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Y, a la vez, designó un comité de expertos para visitar Chile, cuestión que ocurrió en enero de 2018. Visitó dos CREAD (Galvarino y Playa Ancha) y dos organismos colaboradores (la Aldea Cardenal Silva Henríquez y el Pequeño Cottolengo). Y, junto con entrevistas confidenciales, elaboró su informe.
Lo primero que hizo fue dar curso a una petición inmediata: el cierre del CREAD Playa Ancha.
Y después, en junio de este año, entregó al Estado de Chile el informe que motivó esta sesión especial.
El Gobierno, luego de estudiar dicho informe, decidió darlo a conocer. Tenía la posibilidad de mantener su confidencialidad durante un tiempo, pero nos pareció que, por la gravedad de sus contenidos, era urgente difundirlo y, al mismo tiempo, precisar cómo el Estado de Chile -no solo el Gobierno- ha venido actuando a ese respecto.
Señor Presidente, considero relevante subrayar los principales problemas que diagnostica el referido documento.
El primero es la infracción del derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes, situación que reviste la mayor gravedad.
Según el mencionado informe, que fue cotejado con posterioridad, 210 niñas, niños y adolescentes fallecieron en centros residenciales entre enero de 2005 y junio de 2016.
Adicionalmente, una serie de párrafos dan cuenta de las inquietudes por la vulneración de aquel derecho.
Con respecto a la violación del principio de interés superior del niño, se hace ver que la internación de los menores pareciera primar por sobre otras alternativas de intervención de la familia, lo cual va en contra de aquel interés. Se prolongan sin control los tiempos de internamiento. No se llevan a cabo las evaluaciones periódicas que corresponden a los niños en internación.
A continuación se señala que también se transgrede la obligación de asegurar el respeto a las normas por las instituciones encargadas de la protección.
Así, por ejemplo, se hace presente la insuficiencia e incapacidad de recursos humanos. Textualmente, se dice: "La selección (...) ha seguido una lógica política partidaria, incorporando militantes políticos sin proceso de selección basado en las cualificaciones necesarias.".
Asimismo, se indican la ausencia de cuidados para la atención especializada a los menores y la falta de una adecuada supervisión de las residencias por parte tanto del SENAME como del Poder Judicial.
En seguida se menciona la infracción del deber de protección contra la violencia por la aplicación de prácticas de cuidado y castigo que permiten o naturalizan las acciones violentas y los maltratos entre niños, niñas y adolescentes y entre estos y los adultos.
Luego se hace referencia a la falta de capacitación del personal en el ámbito de la violencia.
También, se especifica la carencia de protección a la niñez vulnerable contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la falta de actuación oportuna frente a tales prácticas.
Igualmente, se hace referencia a la infracción al deber de protección contra el maltrato y los abusos sexuales: no se previene la violencia sexual entre pares o entre niños, niñas y adolescentes y adultos; no se actúa eficaz y oportunamente cuando la violencia sexual es conocida y reportada; no existen protocolos específicos; faltan preparación y protocolos adecuados para los encargados de los centros.
De otro lado, se hace mención de la falta de respeto al derecho a la salud de los niños; por ejemplo, por la disponibilidad limitada de acceso a los servicios de salud mental.
Asimismo, se citan la violación al derecho de educación: la falta de profesores y de personal capacitado y sensibilizado con la situación particular de los niños, niñas y adolescentes, mencionándose que 20 por ciento de ellos tienen un manifiesto retraso escolar.
Hay además vulneración al derecho a expresar su opinión y a ser escuchados.
Señor Presidente, haciendo una apretada síntesis, debo puntualizar que el informe concluye con una afirmación sobre la cual debemos meditar profundamente en nuestro país: el Estado sería directamente responsable de violaciones graves y sistemáticas en los centros de administración estatal o en las organizaciones colaboradoras ocurridas a lo largo de los últimos 40 años.
Existen violaciones graves porque no se respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes; porque no se proveen la protección y el cuidado adecuados para ellos; porque no se toman medidas oportunas para poder corregir esas vulneraciones.
Y hay violaciones sistemáticas por la ausencia de una ley integral sobre protección a la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos; por la existencia y uso extendido y continuado de medidas judiciales que fallan en su propósito de protección y recuperación; porque se mantiene en el SENAME un cuadro administrativo no adecuado en recursos humanos y financieros; porque falta voluntad para corregir este sistema de protección.
A partir de ahí, el informe recomienda el cierre definitivo del CREAD de Playa Ancha; el incremento del monto de la subvención; el mejoramiento de los estándares de calidad para las residencias; el establecimiento de mecanismos de supervisión a los organismos colaboradores; la priorización del cuidado familiar de niños vulnerables por sobre el residencial; la necesidad de una ley que disponga la protección integral de la infancia, la creación de un sistema de protección administrativo a niños vulnerables y de reparación a las víctimas.
Sobre este particular, señor Presidente, quiero manifestar que esta no es una información nueva, pues los informes a que yo he hecho referencia, y que sirvieron de base para el informe de las Naciones Unidas, son conocidos por nosotros: por el Gobierno, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por la opinión pública. Entonces, en sí mismos, no son nuevos.
Tales informes, sí, quizás adolecen de una falta de debida incorporación de lo que ha hecho el Estado al respecto durante todo este tiempo.
Los primeros informes, de 2013 en adelante, han generado en los distintos planos acciones del Estado que se hacen cargo de muchos de los problemas pero que no están incluidas entre los esfuerzos que señala el informe emitido respecto de Chile. Es decir, hace un juicio muy condenatorio, pero no recoge la inquietud que ha tenido nuestro país.
La tuvo la Presidenta Bachelet cuando envió el proyecto de ley sobre Garantías de los Derechos de la Niñez, o el que crea la Subsecretaría de la Niñez, o el que establece el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil; o cuando dispuso el cierre del CREAD de Playa Ancha.
Para el Gobierno del Presidente Piñera, esta ha sido la primera y mayor prioridad, precisamente por los antecedentes que contiene el informe en comento.
Máxima prioridad: ¡Los niños están primero!
La protección, la promoción, el resguardo y la recuperación de sus derechos han sido claves.
Por eso, una de sus primeras acciones fue citar a un Acuerdo Nacional por la Infancia, de manera de asegurar que en Chile tuviéramos una mirada global, completa y, desde luego, transversal, con perspectiva de Estado, para garantizar el más pleno respeto por la infancia, y particularmente por la infancia vulnerable.
Se han tomado numerosas medidas en el SENAME -serán explicadas- para poder avanzar; se han presentado proyectos de ley al objeto de mejorar la subvención periódica entregada a los organismos colaboradores; se formularon indicaciones a la iniciativa sobre Servicio Nacional de Reinserción Juvenil; se acaba de presentar un proyecto para crear el Servicio de Protección de la Niñez; se formuló una indicación sustitutiva al proyecto que procura una reforma integral del sistema de adopción -no me voy a referir al comentario que hizo la Senadora Rincón, pues ya no tengo tiempo; lo haré oportunamente, pues creo que el enfoque de Su Señoría está equivocado-, y así sucesivamente.
La Subsecretaría de la Niñez y la creación del Ministerio de Familia y Desarrollo Social apuntan en la dirección de asegurar que nuestros niños tengan plena protección antes de ser vulnerados en sus derechos y de, si se registra una vulneración, resguardar su derecho esencial a vivir en familia: en su familia de origen, en una externa o en una adoptiva.
Por último, señor Presidente, quiero señalar que el Primer Mandatario le encargó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos la elaboración de un completo informe de Estado que se haga cargo de las realidades expuestas y asegure que ninguna de las inquietudes planteadas por las Naciones Unidas quede sin solución.
La idea es que, dentro del plazo de seis meses que tenemos para entregarle el documento pertinente a la ONU, se evacúe un informe lo más completo posible, incorporando en él a todas las instancias del Estado, desde el Poder Judicial...
El señor MONTES (Presidente).- Perdón, señor Ministro, pero terminó su tiempo.
Tiene un minuto adicional.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Muchas gracias.
Señor Presidente, estaba señalando que, en nuestro concepto, el informe que el Estado de Chile debe rendir a las Naciones Unidas en respuesta al que emitió el Comité de los Derechos del Niño tiene que incluir no solo la opinión del Gobierno. Por ello, vamos a convocar a todos los organismos de Estado (Poder Judicial; Congreso Nacional; Defensoría Penal Pública; Ministerio Público; Defensoría de la Niñez, y Ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de las Culturas, del Deporte y del Interior, a lo menos), al objeto de poder asumir la realidad de la situación existente. Y esto, con la humildad con que se deben asumir los informes referidos a un problema muy grave que aqueja a un sector tan querido y valorado por todos, para garantizar que los hechos descritos nunca más se repitan y asegurar que el Estado se hace cargo, como ya lo ha hecho en estos años, de una situación que afecta a Chile desde las últimas décadas.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a un Estado fallido en materia de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Hace poco más de un año, específicamente en la sesión especial celebrada por el Senado el 19 de julio de 2017, manifestamos que el Servicio Nacional de Menores, que data de 1979, requería un ajuste relevante en términos de distinguir entre menores infractores de ley y aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, y finalmente, de hacerse cargo de lo que había sido una conducta habitual en cuanto a vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Además, levantamos una propuesta, la que fue considerada en su oportunidad por la Administración de turno.
Sin embargo, fue el Gobierno del Presidente Piñera, nuestro Gobierno, el que el domingo último anunció la creación del Servicio de Protección de la Niñez, que remplazará al SENAME, para lo cual se habilitarán diversas residencias que van a contar con profesionales especializados que se preocuparán de la restitución de los derechos de los menores vulnerados y del acompañamiento familiar.
Asimismo, se anunció que en fecha próxima se cerrará el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) de Playa Ancha.
Nosotros hemos pedido de forma insistente adoptar tal medida. Incluso, presentamos querellas criminales.
Justamente sobre la base de ellas enviamos un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se pronunció mediante la Resolución 21/2108, de 15 de marzo del año en curso, en el sentido de, atendidos la gravedad de la situación constatada en aquel establecimiento; la urgencia de la situación; el riesgo de amenaza, y el daño irreparable que estaban sufriendo los menores internados allí, tomar una decisión en uso de las facultades contempladas en el artículo 25 de su Reglamento.
Tal decisión dispuso que el Estado de Chile adoptara tanto las medidas necesarias para proteger la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que se hallaren en el CREAD ya individualizado cuanto las indispensables para asegurar las condiciones en que están, debiendo adecuarse a los estándares internacionales aplicables, considerando la protección especial requerida por esos menores, en función del principio del interés superior del niño.
Además, se solicitó informar dentro del plazo de 20 días sobre las medidas cautelares exigidas, actualizando oportunamente la información, lo que nuestra Administración no cumplió. Se pidió, pues, ampliación de plazo, para luego cumplir el requerimiento pertinente.
Por otra parte, a fines de junio de este año nuestro país recibió formalmente un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, decisión que adoptó el Comité de los Derechos del Niño ante la solicitud de investigación que se le formuló en 2016 con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de entorno familiar que se encontraban en centros residenciales bajo control directo o indirecto del SENAME.
El referido informe describe pormenorizadamente todos los sufrimientos padecidos por los niños, niñas y adolescentes víctimas de las violaciones a sus derechos fundamentales (sería muy extenso enumerarlas; pero ya hablaron de ellas los Senadores que me antecedieron). Y, en definitiva, es necesario iniciar las acciones conducentes a la reparación ante las vulneraciones cometidas.
En ese aspecto, debo señalar que, producto de las investigaciones penales que se llevan a cabo en la Fiscalía de Valparaíso (entre ellas, dos iniciadas a raíz de sendas querellas presentadas por el parlamentario que habla y por la Senadora Yasna Provoste), ayer se anunció la formalización de ocho funcionarios del CREAD de Valparaíso para los efectos de indagar en torno a maltrato reiterado y, eventualmente, delitos de tortura.
El informe en comento concluye con una serie de recomendaciones para que el Estado de Chile -ya lo señaló la Senadora Rincón- materialice diversas medidas.
Por ejemplo, la pronta aprobación del proyecto de ley sobre protección a la infancia por la vía de garantizar constitucionalmente el resguardo pertinente. Esa iniciativa fue objeto de una cantidad importante de urgencias puestas por el Ejecutivo, pero no se trató en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, incluso vulnerándose plazos establecidos por nuestra Carta Fundamental.
Además, la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo los programas necesarios para detectar prontamente los riesgos de las vulneraciones.
Igualmente, es del todo indispensable generar en la Ley de Adopciones una modificación sustantiva que nos permita reducir los plazos para las declaraciones de susceptibilidad y, finalmente, hacernos cargo de quienes están en tal condición y, al mismo tiempo, prestarles asistencia apropiada a las familias para el cumplimiento de las obligaciones parentales, con el objeto de reducir la necesidad de cuidados alternativos y proteger con medidas que prioricen su acogimiento familiar a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
Asimismo, el mencionado Comité dispone que el Estado debe asumir plenamente su responsabilidad adoptando todas las medidas legales y reglamentarias requeridas para que exista un sistema de protección bueno y supervisado adecuadamente.
También recomienda fortalecer el rol del Defensor de la Niñez para que supervise en el sistema el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Empero, señor Presidente, nada va a ser posible si no tenemos horas psiquiátricas infantiles.
En tal sentido, quiero comentarles a Sus Señorías lo que sucede en el CREAD de Valparaíso.
Allí no hay horas psiquiátricas infantiles, y los niños están siendo atropellados, pues tanto en los hogares colaboradores del SENAME cuanto en los CREAD se aplica la señal SOS, lo que implica una clara vulneración de sus derechos.
En consecuencia, señor Presidente, por su intermedio les pedimos a la Directora del SENAME y a las autoridades de Salud adoptar las medidas conducentes a que en nuestra Región podamos convertir el inmueble del actual CREAD, institución que va a desaparecer como tal, en el primer hospital psiquiátrico infantil, para que se haga cargo justamente de las horas psiquiátricas que requieren los niños, niñas y adolescentes
¡El 80 por ciento de los menores insertos en el sistema están siendo vulnerados y requieren horas psiquiátricas infantiles!
Señor Presidente, las situaciones constatadas por el Comité de los Derechos del Niño, que han sido muy bien descritas en su informe, son impresionantes. Por ende, nos deben motivar a que, como legisladores, nos comprometamos a adoptar en nuestro ámbito de acción todas las medidas propuestas, para que nunca más se registren violaciones a los derechos humanos de los menores, las que incluso han costado la vida de muchos de ellos, lo que en parte no se informa oportunamente a las instancias respectivas, como ocurrió en el caso de los 278 decesos de que informó el Fiscal Especial para estos casos, Marcos Emilfork.
Nosotros compartimos el juicio del Fiscal Emilfork en cuanto a que el Estado ha fallado en su deber de cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado.
¡Estamos, pues, frente a un Estado fallido!
Claramente, se requiere un informe no solo pormenorizado, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, sino que además contenga -así lo espero- un detalle sobre los 6 mil niños hoy día institucionalizados, de modo que podamos conocer la situación en que se halla cada uno de ellos.
La situación existente debe subsanarse, ¡para que nunca más se repita!
Instamos a nuestro Gobierno a que implemente cuanto antes las medidas que propuso el referido Comité en su lapidario informe y a que todos aquellos que ejercemos la función legislativa nos comprometamos decididamente en este empeño.
Señor Presidente, estamos ante un asunto central: la fijación de prioridades con políticas claras, con recursos, pero también con voluntad política para avanzar.
En definitiva, esperamos que se respeten los derechos fundamentales de los niños, que se han vulnerado, y que se determinen las responsabilidades penales respectivas, para que lo ocurrido no se repita.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.


El señor KAST.- Señor Presidente, tras saludar al Ministro de Justicia, a la Subsecretaria de Derechos Humanos y a la Defensora de la Niñez, debo manifestar que este informe de un organismo internacional sobre nuestro Estado, que es quizás uno de los más dolorosos que nos haya tocado leer desde el retorno a la democracia, lamentablemente no constituye -y lo decía bien el Ministro Larraín- nada nuevo.
Por desgracia, estuvimos décadas en silencio, a sabiendas de que aquellos que no marchaban, los invisibles, quienes muchas veces habían sufrido abusos en su propio entorno familiar y en sus barrios, también estaban siendo maltratados por el Estado.
Más allá de quedarnos en el informe, yo quisiera celebrar el hecho de que el domingo último, junto a la Directora del SENAME, el Presidente de la República haya dado un paso imprescindible.
Espero que, desde el Senado, todos nosotros seamos igualmente solidarios y acompañemos al Gobierno en el proceso de modernización que debe haber ahora, cuando termina el SENAME y se abre un nuevo Servicio, para que de una vez por todas dejemos de simplemente lavarnos las manos, pues buena parte de lo ocurrido en el SENAME es responsabilidad de la política; de que los partidos políticos, a los cuales pertenecen muchos de quienes se hallan acá, ocuparon el SENAME como un botín de campaña. Y todos lo saben.
Es refácil y sencillo ir a la justicia para pedir que se enjuicie a los culpables.
¡Por supuesto, los culpables tienen que pagar frente a la justicia!
Sin embargo, aquí también hay una responsabilidad política, porque se instrumentalizó políticamente a una institución que se suponía estaba al servicio de los más vulnerables de Chile.
Sabemos que varios se ponían a cargo del SENAME porque habían perdido la última elección de Diputados. ¡Y el premio de consuelo era dicho Servicio...!
Vamos a ver a muchos protestando cuando se tenga que despedir a numerosos funcionarios. Espero que en la Sala todos apoyemos a la Directora del SENAME y al Presidente Sebastián Piñera cuando sea preciso llevar a cabo la reorganización.
Los funcionarios que hacen bien su trabajo pueden quedar tranquilos, porque se les va a proteger. Pero ojalá se vayan, y rápido, cuantos entraron simplemente por un pituto político, sin las capacidades necesarias, sin ser terapeutas, sin poder cumplir realmente con el acompañamiento de esos niños.
Lo deseable es que digamos las cosas por su nombre, porque media una responsabilidad política. Veo a muchos apuntando a la justicia, pero el pecado es político. Nosotros estábamos a cargo del organismo. Varios gobiernos lo estaban.
Me alegra que el Presidente Sebastián Piñera haya tomado el desafío, difícil, de poner primero en la fila a los niños; de que su primera actividad de campaña, cuando asumió, haya sido ir a un centro del SENAME.
Así que felicito al señor Ministro, a la señora Subsecretaria de Derechos Humanos, a la señora Defensora de la Niñez. Cuenten con nosotros, en la Sala, para que ojalá esta transformación estructural, de carácter institucional, sea el mayor legado social de nuestro Gobierno.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Directora del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda.


La señora TONDA (Directora del Servicio Nacional de Menores).- Señor Presidente, saludo a todos los señores Senadores y todas las señoras Senadoras presentes.
Tal como ha quedado el marco planteado por el señor Ministro, quisiera referirme a algunos avances que hemos ido registrando de acuerdo con las recomendaciones del tremendo y trágico informe -no constituye nada nuevo, pero no por eso resulta menos doloroso- que hemos recibido como Estado de Chile.
En términos de las recomendaciones generales, la primera y más urgente es el cierre del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) de Playa Ancha.
Desde que nos encargamos de la administración -y, en mi caso particular, de la Dirección Nacional del SENAME-, nos abocamos a mejorar la infraestructura y la gestión durante el proceso de transición.
Tal como lo mencionó la Honorable señora Rincón, no se trata de trasladar del recinto solo con techo y comida. La idea es acoger de verdad gran parte de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Por ello, tuvimos que rediseñar los modelos de intervención y realizar una cantidad importante de actividades, incluida la de conseguir las residencias.
Como lo dijo el señor Senador, acaba de ser mostrada la primera, en Cerro Alegre, por lo que nos sentimos muy contentos.
El recinto de Playa Ancha se encuentra en proceso de cierre, en efecto, lo que concluirá en el año en curso. En 2018 vamos a contar, en la Región de Valparaíso, con cuatro nuevas residencias familiares: en Viña del Mar, en Valparaíso, en Villa Alemana y en Quillota. Son parte del rediseño del sistema de protección general en cuidados alternativos que tiene que implementar el Servicio. El plan de reconversión de los CREAD en residencias familiares ya se inició con el cierre referido, que está en camino.
Si se considera el nuevo sistema de protección en cuidados alternativos, estamos trabajando en cómo fortalecer la familia de origen con programas de apoyo, lo que plantea claramente el Comité. Para ello, con el respaldo de UNICEF y de la Universidad Católica, se evaluarán y rediseñarán, durante 2019, todos los programas ambulatorios que permitirán hacerlo. De otra forma, eso no sucederá.
En forma paralela, en 2018 nos encontramos en la evaluación, con un mejoramiento en 2019 y 2020, de todos los programas de familias de acogida, desde el diagnóstico hasta el reclutamiento, tanto extensas como externas.
Tal como lo expresó el señor Ministro, cabe considerar la nueva Ley de Adopción y mejoras administrativas en los procesos respectivos, para que ello sea de verdad una instancia válida y complementaria de otra que resulta prioritaria, como la familia de acogida, en forma transitoria, sin perjuicio del fortalecimiento de la familia de origen, fundamentalmente.
No obstante, siempre va a existir -ojalá incida lo menos posible y sea en último término, como nos insta el Comité de Derechos del Niño- la cuestión residencial. Estamos en pleno proceso de reconversión de todos los centros en residencias familiares y de implementación de recintos de alta especialidad transitoria que permitan que eso funcione.
Voy a referirme a ello en la próxima transparencia.
En paralelo, durante 2019 y 2020 estaremos mejorando cobertura y calidad en la red de residencias familiares de organismos colaboradores, para lo cual se tramita en el Congreso el proyecto de ley de subvenciones, a fin de poder aumentar tanto a estas como a la supervisión.
Brevemente, el modelo residencial incluye antecedentes técnicos de intervención, tanto nacionales como internacionales.
Por supuesto, se consideran residencias que propician un ambiente familiar, ámbitos seguros y protectores, infraestructura con nuevos estándares, no masividad -no serán cárceles infantiles-, fortalecimiento del trabajo con familias, acompañamiento terapéutico y, como lo han expresado los señores Senadores, labor con salud, educación, cultura, deporte, etcétera.
El avance es importante, y hacia 2020 estaremos reconvirtiendo los once centros en el territorio nacional.
Otro adelanto que nos hemos planteado es, por ejemplo, el fortalecimiento del trabajo con familias a través de programas adosados a residencias y familias de acogida, que ustedes verán presentados para la aprobación del Presupuesto de 2019.
A ello se agrega la evaluación de estas últimas para un rediseño y perfeccionamiento de la cobertura y la calidad de los programas.
También cabe consignar mejoramientos del modelo residencial a través de residencias familiares, lo que se irá implementando gradualmente, como dije, hasta el año 2020.
Por otra parte, en cuanto a recomendaciones respecto del paradigma de protección integral, la Subsecretaría de la Niñez es la responsable y lleva adelante la presentación del proyecto de ley sobre el Servicio de Protección de la Niñez, en vía de ingreso; el de garantías, con relación al cual se presentarán indicaciones en septiembre; el Sistema de Alerta Temprana en desarrollo, junto a la Subsecretaría de Evaluación Social, y el piloto de aplicación territorial.
Con relación a recomendaciones sobre regulación, control y financiamiento, hemos realizado una auditoría social a los CREAD, que se hallan en pleno proceso de implementación de mejoras en un plan de 90 días, y estamos terminando, en agosto y septiembre, las distintas fases de la correspondiente a los organismos colaboradores acreditados (OCAS), lo que busca claramente un perfeccionamiento de los planes de intervención respecto de cada uno de los niños.
A ello se agregan la revisión y el progreso en el sistema de supervisión técnica.
El proyecto de ley de protección de la niñez incorpora en su costo el financiamiento de la oferta ambulatoria completa. Una parte importante de ella no ha contado con recursos.
La ley corta de Subvenciones contribuye al financiamiento.
En términos de recursos especializados, como plantea el informe que requerimos, un fuerte aumento de fondos para el sistema completo se incorpora en las iniciativas y los presupuestos anuales que se presentarán al Congreso.
Estamos mejorando los perfiles y capacidades en el personal del Servicio. Ya avanzan todos los concursos de Alta Dirección Pública para los directores regionales, lo que vamos a ir implementando a partir de ahora.
Un equipo de trabajo multisectorial está rediseñando los sistemas de reclutamiento, selección y gestión de personas.
Se progresa en los perfiles y la capacitación permanente según el nuevo modelo en residencias familiares.
El proyecto de ley aumenta en un 50 por ciento la inversión en capacitación.
En seguida, estamos impulsando claramente la gestión técnica y administrativa del Servicio.
Contemplamos un plan de agilización de los más de novecientos sumarios abiertos.
Quisiera solo concluir expresando que, como SENAME, trabajamos fuertemente para lograr el cambio de aspectos estructurales y de los que, desde el punto de vista de la gestión administrativa y técnica, podamos ir mejorando hacia delante. Para ello, vamos a requerir el apoyo del Congreso en la tramitación de las iniciativas y las aprobaciones de los presupuestos necesarios.
Muchísimas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, el documento del Comité de las Naciones Unidas registra varios precedentes. Hay un informe Jeldres, del año 2013, y comisiones investigadoras -al menos dos- de la Cámara de Diputados. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos había hecho presente observaciones. Investigaciones de los propios tribunales de justicia sobre la labor llevada a cabo, desde un punto de vista ya más fiscalizador, también habían detectado irregularidades.
Lo que marca la diferencia es que las Naciones Unidas nos está manifestando esta vez que en Chile se violan los derechos humanos de niños y niñas bajo protección del Estado y que, por consiguiente, ello tiene que cambiar. Y es preciso establecer responsabilidades.
De hecho, dice más: son violaciones graves. No solo hay abusos sexuales y falta de acceso a la salud, la educación, la vivienda, la protección y una familia, sino que tampoco se garantiza el derecho a la vida.
Pero, adicionalmente, ellas son continuadas en el tiempo. Vienen desde hace mucho. Por más que algunos afirmen acá que dicen relación solo con un sector, el cargo es compartido, porque todos los presentes hemos sido gobierno, aunque algunos menos que otros.
Y son sistemáticas. El Estado no actúa, no reacciona, y, además, se ha corrompido en las instituciones que tienen que proteger a niños y niñas.
No existe una protección que respete los derechos de los menores y se base en ellos, sino que es asistencialista, burocrática o paternalista, en el mejor de los casos, y, cuando reclama la reacción de las instituciones estatales, no hay respuesta.
No se trata de que el informe contenga una opinión: responsabiliza directamente a actores relevantes, como todo nuestro sistema judicial, al igual que el SENAME y el Ministerio de Justicia, por cierto.
Aparte lo anterior, da un plazo para responder con medidas, reparaciones y reformas.
Ahora, no basta con hacer el diagnóstico. Tenemos que trazar líneas de decisión: primero, el compromiso de establecer la verdad de lo ocurrido en el SENAME a través de investigaciones de los organismos pertinentes -incluida la Cámara de Diputados, desde luego, a la que le compete la fiscalización, como atributo propio-, y segundo, el establecimiento, obviamente, de responsabilidades penales, administrativas y políticas que les corresponden a quienes han ejercido funciones.
Quiero recordar que no solo el SENAME se transformó en un espacio para el clientelismo -es decir, una fuente de trabajo para gente sin capacitación ni méritos y que no hizo la pega-, sino que también surgieron observaciones respecto del propio Poder Judicial. El fiscal señor Meléndez cerró su investigación diciendo que estaba todo normal, mientras morían cientos de niñas y niños, en tanto que otro -creo que su apellido es Emilfork- no ha rendido cuenta de su investigación.
Por lo tanto, se tienen que establecer la verdad -repito- y las responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes debían haber protegido a los niños y no lo hicieron.
Pero estos últimos tienen que recibir también una reparación: acciones en materia de salud, tratamiento psicológico, acceso a vivienda y a una justicia de verdad -incluso, a una indemnización por el daño causado-, educación y familia.
Se requieren reformas estructurales, que cambien el sistema clientelista-paternalista, porque si se repite la misma respuesta del Estado, simplemente vamos a cosechar los mismos resultados.
Necesitamos una profunda modificación de la manera como se ha trabajado en los derechos de los niños, particularmente de aquellos que quedaron bajo la protección estatal y no recibieron de los funcionarios del Ministerio de Justicia el cuidado al que tenían derecho.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz.


La señora MUÑOZ (Defensora de la Niñez).- Señor Presidente, saludo a los miembros del Senado, así como al señor Ministro de Justicia, a la señora Subsecretaria de Derechos Humanos y a la señora Directora Nacional del SENAME.
Agradezco la oportunidad de poder consignar, muy brevemente, lo que en la Defensoría nos parece importante respecto del informe del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Parece innecesario reproducir todas las conclusiones a las cuales Sus Señorías han tenido acceso, reveladoras del dramatismo más profundo de la incapacidad estatal durante al menos cuarenta años en que niños, niñas y adolescentes han sido invisibilizados, lisa y llanamente, y no atendidos en razón de sus necesidades más básicas en el desarrollo de su integridad.
Dos conceptos permiten reflejar ello muy claramente, a mi juicio: desidia e indolencia.
Podríamos añadir, incluso, la falta de humanidad.
Si nuestra sociedad, frente a un documento de tal contundencia, carece de la capacidad de avanzar y resolver eficientemente los requerimientos de los más vulnerables, no merece -créame, señor Presidente- ninguna calificación positiva.
A mi juicio, ha llegado el momento de que la voluntad política, manifestada transversalmente por los integrantes de esta Honorable Corporación, por el Poder Ejecutivo y por todos quienes de alguna manera nos vinculamos a este trabajo, se traduzca en resultados efectivos.
Me inquieta profundamente la declaración en el texto de que la pobreza se institucionaliza en el país.
Me permito agregar que se criminaliza.
Porque ello tiene que ver con la forma como entendemos la construcción de nuestra sociedad, con la forma como abordamos los valores con los cuales nos formamos y formamos a los pequeños.
Lo anterior se relaciona con algo tan fundamental como la educación, la que, en cuanto a calidad, no debiera preocuparse solo de los resultados efectivos de las pruebas del SIMCE y de la PSU, en términos de conocimiento, sino de que también redunden en concepciones profundas de un compromiso irrestricto con los derechos humanos y del desarrollo potencial de cualquier persona que nazca en Chile, así como de aquellos que vienen desde otros países a integrarse en nuestra sociedad.
Desde ese punto de vista, y en razón de los conceptos de "desidia" e "indolencia" que he utilizado, me permito pedir -rogar, si es necesario-, desde el rol que me enorgullece enormemente poder ejercer, que se entienda que el tiempo de los niños es hoy.
No quiero esperar el término del Gobierno y la llegada de otro para que tengamos que seguir analizando y discutiendo acerca de diagnósticos tan claros y contundentes respecto de nuestra incapacidad de abordar las necesidades de este grupo vulnerable.
Estimo imprescindible avanzar en los aspectos referidos tanto por el señor Ministro como por la señora Directora Nacional del SENAME, pero en una forma suficientemente integrada y coherente, para poder lograr una legislación robusta, moderna y que efectivamente satisfaga todos los ámbitos de acción y desarrollo de los niños.
Quisiera sostener, con mucha responsabilidad, que si seguimos legislando separadamente, con mociones y proyectos aislados, con iniciativas de un sector u otro, como si cualquiera de nosotros estuviera en condiciones de inventar la pólvora o la rueda, no tendremos ninguna posibilidad de impactar en los destinarios de nuestro servicio público. Porque todos los sentados acá somos servidores públicos.
Mi llamado tiene que ver con la conveniencia de una revisión acuciosa de toda la legislación tanto en trámite como en instancia de ingresar al Congreso, para que podamos integrar y satisfacer aspectos básicos.
Los resumiré en dos, que juzgo claves.
La ley sobre garantías de los derechos de la niñez debió encontrarse aprobada antes que cualquier otro debate legislativo, porque es el marco sobre la base del cual se construye una sociedad en relación con sus menores.
No ha sido así. Pero ello nos da la oportunidad de integrar todos los elementos que necesitamos para hacernos cargo, como lo exponía el señor Ministro, de lo relacionado con la prevención de la vulneración de derechos y, en los casos en que debamos enfrentar, desafortunadamente, casos de menores vulnerados, de actuar de manera eficiente en términos de protección y cuidado.
Por lo tanto, ese cuerpo legal no puede dejar de contener garantías explícitas a los niños de una respuesta del Estado coherente con sus necesidades.
El asunto lo asocio también a dos iniciativas que me parecen tremendamente valorables -y por las cuales he extendido felicitaciones- del Presidente Piñera: el Acuerdo Nacional por la Infancia y el compromiso de nueve Ministerios suscrito hace pocas semanas en la plaza de la Ciudadanía.
Pero, con la misma potencia con que las felicito, juzgo importante y necesario determinar, a la máxima brevedad, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué recursos se ejecutarán todas y cada una de las medidas que se han analizado como imprescindibles para resolver la crisis, no sostenible ya para ningún país y menos para el nuestro.
Si no podemos definir con claridad la respuesta a estas preguntas, juzgo que vamos a ser incapaces de contestar de manera eficiente y de impactar en forma real a quienes hoy día no están presentes y no pueden participar en la Sala, pero son los destinatarios de nuestra función y de nuestra responsabilidad social.
Por lo tanto, valorando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo -así lo manifesté, tanto en este acto como privadamente, a quienes me acompañan-, me parece que debemos avanzar con mucha más celeridad en las definiciones: ¿Qué estamos en condiciones de cumplir en el corto plazo? ¿Qué podremos ejecutar en el mediano plazo? ¿Cuáles son las acciones que van a requerir un plazo mayor?
Si no abordamos tales interrogantes y carecemos de una hoja de ruta clara, finalmente vamos a seguir tratando -permítanme la expresión- de "parchar" la realidad y reaccionar ante situaciones tan nefastas como las que hemos conocido, desafortunadamente, en esta etapa de la vida.
Espero que no solo el Congreso Nacional, sino también las instituciones de Gobierno, como se lo señalé directamente a sus autoridades, consideren brindar su máxima disposición y colaboración técnica a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, en tanto órgano autónomo y especializado en esta materia, para contribuir a las mejoras que la infancia de Chile necesita.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señora Defensora de la Niñez.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Latorre.


El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero dirigirme a la Corporación para manifestar la relevancia y necesaria urgencia con la que se deben enfrentar las observaciones contenidas en el informe que hoy se discute, haciendo presente la verdadera envergadura del problema.
Es importante entender que el informe en cuestión refleja solamente la alarmante realidad de vulneración a la que se ve enfrentado determinado número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado y privados de su entorno familiar en las Regiones de Santiago y Valparaíso, lo que representa un porcentaje bajísimo de la realidad nacional.
Lo cierto es que la gran mayoría de nuestros niños y niñas sufre sistemáticamente vulneraciones a sus derechos, incluso en el seno de sus propias familias. Este no es un problema de niños y niñas pobres, sino un problema país, por cuanto los menores, en tanto sujetos de derecho, han sido completamente invisibilizados.
El Estado de Chile es el principal garante del ejercicio de sus derechos y, como tal, debe velar por resolver cabalmente esta falla estructural.
Existe una imperiosa necesidad de discutir y dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley sobre garantías y protección de la infancia, que vendría a ser un avance efectivo en la defensa integral de los niños, niñas y adolescentes.
El mismo informe del Comité de los Derechos del Niño, en su párrafo Nº 123, observa que nuestro país se sigue rigiendo por el sistema tutelar contenido en la Ley de Menores de 1967, que considera a nuestros niños y niñas como "objetos de protección" y no como "sujetos de derecho". Este enfoque tutelar es del todo incompatible con el marco jurídico que obliga a Chile en esta materia, lo que ha terminado provocando la inexistencia de políticas preventivas que combatan la vulneración, así como una nula visión integral del problema.
La tramitación de la mencionada iniciativa solo avanzó en lo dogmático, quedando pendiente la implementación de mecanismos efectivos de resguardo, lo que significa regular la preeminencia de los órganos administrativos en la labor de protección integral.
Asimismo, su trámite ha sido dilatado por la presentación de un número importante de indicaciones que intentan detener el reconocimiento, por ejemplo, de la identidad de género, de la autonomía progresiva de nuestros niños, niñas y adolescentes y del rol que les corresponde a los padres y madres respecto de ellos.
Tal comportamiento ha evidenciado una clara resistencia de parte de los sectores más conservadores de nuestro Parlamento para avanzar en dicho reconocimiento.
No es posible que sigamos viendo a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos a los que únicamente les cabe tomar decisiones triviales, en una suerte de amparo absoluto en propiedad de sus padres, en circunstancias de que estos tienen un derecho y también un deber de cuidado a efectos del ejercicio de los derechos de los menores.
Debemos dar el paso definitivo, señor Presidente, hacia la configuración de una regulación que le permita a Chile enfrentar de forma integral el tema, posibilitando que el sistema general dialogue con un sistema especial.
Somos de los pocos países que, una vez ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, no hemos en forma alguna actualizado nuestra legislación en materia de infancia. Dado el contexto en el que nos encontramos y teniendo conocimiento del vergonzoso informe por cuya causa hemos asistido a esta sesión especial, es el momento de avanzar y elaborar un cuerpo legal que sirva de ejemplo para otras legislaciones.
Algunos parlamentarios insisten en legislar sobre la base de modelos comparados, pero olvidan que todos los países que podamos observar ya han avanzado en este ámbito al incorporar en sus normativas internas un sistema integral de derechos y garantías. ¿Qué sentido tiene preguntarse por lo que han dicho o hecho si ninguno de ellos se rige por leyes de la década del 60 y todos procuraron adecuar sus legislaciones a la referida Convención desde el momento mismo de su ratificación?
Finalmente, sería pertinente la formación de una comisión que, trabajando mancomunadamente con la nueva institucionalidad de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, observe, escrute y fiscalice las medidas urgentes que se recomiendan en este informe.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que el informe de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hemos conocido en las últimas semanas, reviste extrema gravedad.
A mi juicio, solo es comparable con los que se elaboraron en distintos momentos luego de la vuelta a la democracia referentes a crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, o con aquellos de la ONU en que hubo participación de relatores especiales -tal cual ha acontecido en este caso- con relación a temas propios de La Araucanía, particularmente en lo que respecta a niños mapuche, situación que no se contempla en el informe que nos ocupa. A este último respecto, la UNICEF y Naciones Unidas han hecho una serie de recomendaciones para combatir las violaciones de los derechos de la infancia.
Con todo, me parece que este es uno de los informes más graves que, por lo menos, yo he leído.
Como recordó el Ministro de Justicia, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Yo quiero subrayar ese punto, porque la verdad es que el Congreso en los últimos 29 años, desde que volvió la democracia, ha evacuado una legislación que no es muy robusta ni muy sustantiva en relación con esta materia.
Tenemos la Declaración y posteriormente, en 2015, la ratificación del Protocolo Facultativo, que finalmente nos llevó a realizar la denuncia pertinente, lo que derivó en el informe que ahora nos convoca.
Ha habido algunas discusiones y resoluciones sobre el proyecto que tipifica el maltrato infantil y logramos, por supuesto, crear los tribunales de familia, cuyo aporte en los últimos años vale la pena destacar en esta sesión.
¡Y pare de contar!
Nos sobran dedos de la mano para enumerar las iniciativas de impacto que el Congreso Nacional, en estos 29 años, ha evacuado en favor de los niños y las niñas de Chile, especialmente en favor de aquellos que son vulnerables.
A raíz de todo ello surge esta recomendación o este tirón de orejas institucional -como uno lo quiera ver; es algo bastante fuerte, como señaló el Ministro- al Congreso, a los tribunales de justicia (por la manera como vienen resolviendo las destinaciones a los distintos sistemas residenciales) y a la política en general.
Yo no trataría de sacar un provecho político en esta materia -si la culpa es de este partido o de aquel otro-, porque si lo vemos desde ese punto de vista, no se salva nadie. Aquí hay parlamentarios que han tenido responsabilidades ministeriales en otro momento. En mi opinión, lo peor que podemos hacer es entrar en la lógica de lanzarnos las culpas.
Alguien podría decir que el informe se refiere, por su gravedad ante violaciones graves y sistemáticas, a una contravención de derechos. Al respecto, uno podría replicar: "Bueno, hubo un gobierno que hace más de dos años presentó un proyecto de ley que justamente buscaba establecer un catálogo de derechos para los menores". Para qué vamos a hacer la historia de cómo se abortó esa iniciativa, de cómo se le cerró la puerta. ¡Ahí quedó! Y hoy día estamos pidiéndole nuevamente al Ejecutivo, como sostuvo la Senadora Rincón, que ingrese al Senado las indicaciones para el proyecto sobre garantías de la niñez. Y "garantías de la niñez" es sinónimo de "catálogo de derechos".
Por lo mismo, al igual como lo hizo el Ministro Larraín, quiero permitirme mencionar cuáles son esos derechos.
Ocurre algo bastante grave respecto de los quince derechos que menciona el informe: se trata de obligaciones del Estado que han sido violadas.
1) No discriminación: Aquí incide un componente socioeconómico. El informe de Naciones Unidas indica que los niños con mayores dificultades, con mayores carencias económicas, son más susceptibles de ser internados y, por tanto, abandonados. En efecto, ha habido un abandono en la protección de estos menores.
2) Interés superior del menor: Se critican fuertemente en este punto las resoluciones judiciales. Conversé sobre el particular con el Senador Letelier, quien es autor de una moción que, a mi juicio, apunta en la dirección de lo que este informe señala.
Los niños -así lo dice el documento de la ONU y también el Informe Jeldres- muchas veces no saben que serán objeto de una internación o que van a ser llevados a una residencia hasta cuando el tribunal se los comunica. O sea, no tienen ninguna participación en todo el proceso.
3) Obligación de asegurar el respeto de las normas por las instituciones encargadas de protección: Esta obligación se vulnera por una mala infraestructura y por las deficientes condiciones de higiene, salubridad, limpieza y seguridad en las que se encuentran los niños.
4) Medidas de general aplicación: Nos están diciendo -reitero- que aquí ha faltado una ley sobre derechos de la infancia.
5) Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: El Estado no protege el derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes ingresados en los programas residenciales.
El informe señala que tales menores están permanentemente en riesgo. Por eso, destaco la decisión que tomó el Presidente hace algunos días de cerrar el CREAD de Playa Ancha. Probablemente hay otros centros en una situación parecida.
6) No separación de la familia, salvo en interés superior del niño: Se reitera lo señalado en el punto 2 y se hace principal hincapié en que esta medida debe ser requerida tras haber considerado todas las otras alternativas. En definitiva, separar al niño de la familia, sea esta extensa o ajena, debe constituir el último recurso.
7) Derecho a expresar su opinión y a ser escuchado: En este punto, como ya dije, es muy importante el proyecto que está en discusión en la Comisión sobre infancia, presentado por el Senador señor Letelier -nos ha invitado a suscribirlo-, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de las medidas de internación de residencia.
No puede ser que se destine a un niño a una residencia y pasen años sin que se evalúe si sus condiciones o las de su familia extendida han cambiado o siguen siendo las mismas.
8)Asistencia apropiada a los padres y representantes legales en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes: La familia no recibe apoyo en materia de salud, de educación.
Valoro las palabras de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, en el ámbito de la educación y la interpelación que nos hace. Creo que en muchos aspectos este Senado podría ir más rápido.
Por de pronto, un conjunto de Senadores estamos trabajando en un proyecto de ley que busca terminar con el estrés que significa para el niño que normalmente va al colegio -no estoy hablando de la infancia vulnerada- competir en una loca carrera por las notas, en circunstancia de que no se da cuenta de su avance, de su desarrollo, de sus informes de desempeño.
El tema educacional también hay que abordarlo.
9) Protección contra la violencia: El informe señala que existen prácticas que, por omisión o acción directa, permiten o naturalizan las relaciones violentas y los maltratos entre niños, niñas y adolescentes, y entre estos y los adultos.
10) Derecho de los niños con discapacidad a la atención adecuada para una vida plena y decente: Los menores con discapacidad son segregados. No logran avances psicomotores de ninguna especie y pueden estar años en esos centros, muchas veces sin ser evaluados.
11) Derecho al más alto nivel de salud posible.
12) Derecho a la educación: Ya lo mencionamos.
13) Derecho al descanso, esparcimiento y cultura.
14) Protección contra explotación y abusos sexuales: Muchas veces se generan redes de prostitución y círculos viciosos.
No quiero alargar mi intervención; solo reitero algunas de las prácticas que se han planteado en el informe.
15) Protección contra tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: Es el caso del CREAD de Playa Ancha, en Valparaíso; el del centro Alihuén, en Santiago; la situación que sufrió Lissette Villa. Los menores han sido objeto de quemaduras con cigarros, con agua caliente; han recibido amenazas con cuchillo, con armas, con golpes de puño, con correa, en fin. Esa es la realidad que viven nuestros niños que están bajo la responsabilidad del Estado.
Otra cosa que no se ha dicho es que hay un juicio muy categórico respecto del rol de los privados. Eso pasa desapercibido porque, en el fondo, la responsabilidad recae en el Estado, según lo establecido en el punto número 2 del citado informe. Pero buena parte de esas vulneraciones -por no decir la inmensa mayoría- ha ocurrido en recintos particulares.
¿Y qué encontramos acá? Primera medida del Ejecutivo en esta materia: aumentar la subvención a los centros colaboradores privados, sin pensar antes en el diseño que vamos a construir.
Por esas razones, con un grupo de colegas, encabezado por la Senadora Rincón, el Senador Letelier, la Senadora Allende, que integra la Comisión sobre infancia, estamos redactando un proyecto de acuerdo -y esperamos que se apruebe con el apoyo de todos- orientado en la misma línea que planteó la Honorable señora Rincón: pedir perdón oficial a todos los niños y las niñas que el Estado chileno ha vulnerado en sus derechos por décadas, en circunstancias de que le asistía el especial deber de cuidarlos.
En segundo lugar, llamamos a este Senado a liderar la formación inmediata de una Comisión de reconocimiento y reparación a todas las niñas, los niños y las víctimas del sistema tutelar chileno, para que en el más corto plazo pueda llegar a sus vidas algún socorro, aunque sea tardío.
Lo dijo también la Defensora de la Niñez en la interpelación que nos hizo: ¿Cuánto va a costar este conjunto de medidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué plazos?
Tercero, instamos al Ejecutivo y al Poder Judicial a desinternar inmediatamente a los bebés de cero a tres años de edad.
Cuarto, pedimos al Gobierno y al Poder Judicial que liberen del régimen de residencia a los niños declarados susceptibles de ser adoptados y que lleven años encerrados.
Con relación al punto 2 del informe, las tareas de la Comisión de reparación propuesta perfectamente podrían ser asumidas por la Comisión sobre infancia del Senado, si le parece a esta Honorable Sala.
Quinto, requerimos al Ejecutivo que ingrese, sin más demora, la indicación sustitutiva al proyecto sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que llevamos cinco meses esperando. Dicha iniciativa fue, como sabemos, ingresada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet y su tramitación fue abruptamente interrumpida.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, en esta ocasión, cuando todos hacemos mención al lapidario informe de Naciones Unidas, también hay que hacer un reconocimiento a quien presentara la denuncia frente al Comité de los Derechos del Niño.
A raíz de la dramática situación del fallecimiento de Lissette Villa en un centro del SENAME, la entonces Diputada Claudia Nogueira denunció el hecho al organismo de Naciones Unidas. Esa es la razón por la cual hoy día estamos acá.
Considero que corresponde hacer ese reconocimiento. Si no, pareciera que la problemática surgió de la nada, y no fue así. Gracias a aquella acción hoy día contamos con este informe.
Ya se ha dicho bastante sobre su contenido y las violaciones graves y sistemáticas que establece respecto de los derechos de la infancia. Ello, en los últimos cuarenta años; o sea, desde la creación del SENAME.
Dicho documento nos debe llevar a hacernos cargo, como señaló la Defensora de la Niñez, de una situación que conocíamos, porque el texto que se da a conocer ahora se elaboró en enero de este año. Entonces estuvieron en Chile quienes lo redactaron.
Pero ya había informes en ese sentido desde 2013, elaborados por el Poder Judicial, por UNICEF, por la Cámara de Diputados y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
No digamos que vino la ONU a decirnos algo que desconocíamos.
¡Nosotros lo sabíamos!
Con todo, el dramático informe de Naciones Unidas puede ayudarnos a llegar a un punto de inflexión, a partir del cual todos, transversalmente, nos hacemos cargo de la situación descrita, no mirando hacia atrás, sino hacia delante.
En ese sentido, hay que recoger el consenso que se produjo en el Acuerdo Nacional por la Infancia impulsado por el Presidente Piñera, el cual fue acogido por distintos sectores.
Ante ello, se requiere, como dijo la Defensora de la Niñez, una respuesta coherente. Creo que es importante la coherencia y no -disculpe la expresión, señor Presidente- un "picoteo" de distintas iniciativas. Generemos una respuesta coherente entre todos, en la que los niños estén en el centro de nuestra preocupación.
Pero también enfoquémonos en un elemento que me parece fundamental y respecto del cual pienso que existe acuerdo transversal: en la familia. Pongamos a la familia en el centro de nuestra preocupación para que los niños no terminen internados y, ojalá, tampoco adoptados. Pero si lo son, nuevamente centrémonos en la familia.
¿Cómo ayudamos a la familia?
Creo que ahí está la respuesta coherente.
Aquí se ha hablado del proyecto sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Señor Presidente, dejamos de tramitar esa iniciativa por una razón. No fue porque no estuviéramos de acuerdo con su contenido, sino porque queríamos una respuesta coherente.
Dicha propuesta legislativa establecía efectivamente una lista de derechos y garantías para los niños. Pero no definía ninguna forma de concretarlos.
Por ese motivo, pedimos al Ejecutivo de turno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que presentara un mecanismo que permitiera territorialmente -¡territorialmente!- llegar con ayuda a los niños, ¡a todos los niños! y no solamente a los que han sido vulnerados. Buscábamos prevenir la vulneración de derechos.
Esperamos que ese dispositivo territorial y local sea formulado por el Gobierno en septiembre de este año, mediante una indicación sustitutiva que está preparando la Subsecretaría de la Niñez.
¿Por qué, señor Presidente? Porque, de lo contrario, nos quedaremos con una ley que enumera muchísimos derechos. Pero, si no los hacemos realidad de manera coherente, no nos servirá, y estaremos de nuevo con el mismo problema.
Se hacía alusión en la Sala a que tenemos que saber quién, cómo y cuándo. Estoy de acuerdo. ¿De manera coherente? Estoy de acuerdo. ¿Entre todos? Estoy de acuerdo.
En el corto plazo ya se han dado pasos.
El Presidente Piñera y el Gobierno han dado pasos y me parece importante ponerlos acá sobre la mesa.
Corto plazo: informe de Auditoría Social del SENAME. ¿Por qué es relevante? Porque nos permite saber qué está pasando en cada uno de los lugares.
Corto plazo: ley que aumenta la subvención periódica entregada a organismos colaboradores acreditados por el Servicio Nacional de Menores.
Corto plazo: creación de una mesa de trabajo para establecer un protocolo que contemple acciones y procedimientos coordinados, con estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Frente a qué? Frente a situaciones muy dolorosas: el fallecimiento de personas que se encuentren bajo el control, custodia o cuidado del Estado de Chile.
Corto plazo: instalación de la Subsecretaría de la Niñez. Esto ya sucedió durante el año en curso.
Corto plazo: ingreso al Parlamento de una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el sistema de adopciones. ¡Muy importante!
Corto plazo: cierre definitivo del CREAD de Playa Ancha, que se producirá en enero de 2019. Así, el SENAME se está transformando en lo que nosotros queremos: un servicio centrado en las familias y en lugares de acogida pequeños que funcionen como familias.
¿Qué tenemos luego?
Mediano plazo: ingreso al Congreso Nacional de las indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, iniciativa que ya estamos discutiendo.
Mediano plazo: preparación, por parte de la Subsecretaría de la Niñez, de indicaciones que permitan una bajada territorial, con el objeto de darles a los derechos y garantías de los niños una concreción, para que estos no queden solo en el papel, sino que también tengan un correlato en la práctica.
Mediano plazo: bajada territorial en un dispositivo de promoción, participación, prevención y protección instalado a nivel comunal. Esto se halla ligado al proyecto de ley relativo al Sistema de Garantías de la Niñez.
No se trata solo de procurar hacernos cargo de los niños cuyos derechos ya fueron vulnerados, sino también, y con fuerza, de las familias que hoy día necesitan ayuda del Estado. ¿Para qué? Para que ellas mismas puedan hacerse cargo de los menores.
De mediano plazo también es la elaboración de una indicación sustitutiva para el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez, la cual ya fue firmada por el Presidente Piñera.
Como se me acaba el tiempo, no detallaré las otras medidas establecidas para el mediano plazo.
Por último, señor Presidente, quiero recalcar que desde el Acuerdo Nacional por la Infancia nosotros le hemos pedido al Ejecutivo formar una mesa, que no se está juntando cada tres meses, sino de manera más periódica. ¿Para qué? Para revisar que el mismo Ejecutivo cumpla las medidas a las que se comprometió en dicho Acuerdo. Y eso lo estamos haciendo con acuciosidad.
La próxima semana nos vamos a juntar para analizar cómo será la llegada territorial...
El señor MONTES (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Le voy a dar un minuto adicional, para que pueda terminar.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
Decía que revisaremos cómo será la llegada territorial del Estado a cada una de las comunas del país para apoyar a las familias en la crianza de los niños, de modo que ellos no terminen internados, y para prevenir la vulneración de sus derechos.
Pero también debemos analizar la llegada territorial, coordinada, de los distintos servicios del Estado. ¿Para qué? Para ayudar a los niños cuyos derechos fueron vulnerados.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, le ofrezco la palabra a la Coordinadora de la Asociación Nacional de Magistrados, la jueza de familia señora Mónica Jeldres.


La señora JELDRES (Coordinadora de la Asociación Nacional de Magistrados).- Señor Presidente, agradezco la invitación que se me ha cursado, no en mi calidad de jueza de familia, sino como Coordinadora de la Comisión de Infancia.
La verdad es que el informe de la Organización de las Naciones Unidas nos golpea muy fuerte.
Mientras decidía qué decir, pensaba que me resultaría bastante difícil expresarles hoy algo que no les hubiera manifestado ya decenas de veces en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Evidencia tenemos.
Estuve revisando lo que en Chile hemos logrado visualizar: el informe que me tocó coordinar en el año 2013; la Comisión SENAME I; el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados del 17 de julio de 2017, mediante el cual se da cuenta de la situación y se pide la adopción de diversas medidas; las sugerencias y propuestas formuladas por la Senadora Rincón en un seminario realizado en el ex Congreso Nacional en mayo del presente año, relativas a la situación de la infancia en nuestro país.
Efectivamente, el informe de las Naciones Unidas nos golpea, tal como aquí se ha señalado. Y desde esa perspectiva pensaba cómo abordar el motivo de la presente convocatoria, la que, en definitiva, no puede ser igual a la de ocasiones anteriores. No voy a venir a decirles que el personal es insuficiente, que tenemos que poner las fichas en la prevención, que debiéramos cerrar algunas residencias, que tenemos que hacerlas más pequeñas, porque todo eso lo sabemos y lo sabemos desde hace mucho tiempo.
A mi juicio, nos hemos acostumbrado a vivir en crisis, desde la distancia, sin actuar.
La verdad es que, a pesar de todo lo que han dicho el actual Ministro y distintos Gobiernos, no hemos logrado superar la crisis, ni siquiera en el CREAD de Playa Ancha, a propósito del cual organismos internacionales nos aplicaron una medida cautelar el año pasado para hacernos ver que situaciones como las que allí se han dado deben terminar.
En mi opinión, uno de los aspectos más relevantes del informe es que, hasta ahora, todos los otros habían sido realizados por personas: por jueces que integraron una Comisión el año 2013; por Branislav Marelic, Director de la época del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien luchó por la misión de observación, y por miembros de otras Comisiones. Y el de la ONU nos viene a hablar de una violencia grave, sistemática y estructural en nuestro país, por lo que la respuesta debe ser igualmente estructural. Sin embargo, como dijo la Defensora de la Niñez, vemos que siguen existiendo indicaciones y más trámites en las dos Cámaras con respecto a distintos proyectos de ley.
El Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez aún no sale, de modo que nos hemos juntado en el Ministerio de Desarrollo Social para afinar lo que debería ser la bajada territorial, tal como manifestó la Senadora Ena von Baer. El problema que se suscitó ahí es que se trató de trasladar la lógica de la protección administrativa, desde lo judicial hacia no sabemos dónde ni a cargo de quién. Hoy se está trabajando en serio en cómo deben ser las oficinas locales de protección, en la existencia de un gestor de casos, etcétera.
Nos vamos a demorar mucho en eso y tiene que ser así, porque lo que el informe nos plantea es que tanto las leyes que dictemos como las respuestas que demos deben cumplir los estándares que nos mandatan los tratados internacionales.
Recientemente ingresó un proyecto de ley que establece que los niños que entren a una residencia deben contar al menos con un abogado. Sin embargo, lo que hoy se pretende, según entiendo, es robustecer los programas de representación jurídica del Ministerio de Justicia. ¿Qué significa esto? En definitiva, una curaduría ad litem, pues se vuelve a dejar el nombramiento de los abogados a cargo de los jueces y eso no puede ser. Si queremos ser coherentes con el sistema, un niño debe tener abogado, no durante el proceso, esperando que lo defina el juez, sino desde mucho antes: desde el momento en que el gestor de casos, en cumplimiento de la protección administrativa, decide que la comuna o territorio no son capaces de hacerse cargo del menor y debe dictarse a su respecto una medida de protección. Desde ahí el niño debería contar con un abogado. ¿Qué abogado? Uno autónomo, gratuito y a nivel país.
Entonces, ni con este informe estamos convencidos de que tenemos que poner los recursos para cumplir los estándares internacionales.
Yo traje, como ejemplo y para la discusión, el 2 por ciento constitucional. ¿Aplica para este caso? Yo creo que sí. Si sirvió para el Transantiago, también podría tener aplicación en esta situación. Así que dejo sobre la mesa el artículo 32, número 20º, de la Constitución.
Ahora, ¿nos golpea fuerte a nosotros, como Poder Judicial, el informe? Sí.
Sin embargo, quiero recordar que en la Comisión de Infancia y en la Asociación Nacional de Magistrados llevamos más de un año trabajando en estas materias.
Me voy a permitir leer algunos de los acuerdos a que llegamos en la Convención de Coihaique, celebrada el año pasado, mediante los cuales pedíamos lo siguiente:
"1.-Salvaguardar la independencia judicial:
"a - Exigir de la Corte Suprema y demás tribunales superiores, la abstención de interferir en la competencia jurisdiccional de los tribunales y jueces. En este sentido, dicha abstención implica no crear por vía formal y/o de hecho unidades administrativas con competencia jurisdiccional que se superponen o limitan la competencia natural de los jueces".
"2.-Subordinar siempre la gestión administrativa a la función jurisdiccional. Se propone:
"a - Eliminar de las metas de gestión las materias de protección, como el establecimiento de metas de gestión cuantitativas". Y esto vale para cualquier servicio, incluido el SENAME.
También pedimos: "3.- Fortalecer el ejercicio de la facultad de imperio del juez". Es lo que nos ha faltado. Nosotros somos los últimos garantes, en el Estado, de los derechos de las personas y, por tanto, deberíamos exigir con celo, de manera forzada si fuera necesario, el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y eso tampoco lo hemos hecho.
Deberíamos: "4.- Dar garantías de un debido proceso". Es lo que más nos refiere el informe. Y en este punto pensamos que la representación jurídica debiera ser la que ya les he señalado: gratuita, a nivel país y de libre elección del niño.
Bien ya decía la Senadora Von Baer que no es lo mismo un curador ad litem, que representa el interés superior de los niños, que un abogado, que representa los intereses de los niños.
Por lo tanto, esa definición la debemos tener preliminarmente muy clara.
En definitiva, nosotros estamos revisando nuestro actuar e intentando ser agentes de cambio en el proceso. Pero la solución claramente requerirá la coordinación de todos para poder salir adelante.
Yo quiero que pensemos aquí por qué se llega a los tribunales de familia. Y es para no cometer los mismos errores. Dicha judicatura se instaló hace 13 años sin ningún recurso a la red. No vayamos a cometer los mismos errores ahora. No podemos partir del "desde". Varias veces en la Cámara de Diputados me han dicho: "Magistrada, ¡usted que es dura! Partamos por aquí". Pero hoy eso no es posible.
Nuestra credibilidad está comprometida internacionalmente. Se nos acusa de haber violado los derechos humanos de los más pequeños, de aquellos que no tienen voz, tanto en democracia como en dictadura.
Entonces, a mi juicio y a juicio de la Comisión que represento, parece que no hemos aprendido mucho.
Por consiguiente, dejo el artículo de la Constitución para su revisión, puesto que en este momento, por la situación en que se encuentra nuestro país, deben asignarse todos los recursos que sean necesarios para garantizar a nuestros niños el máximo nivel de vida, que es a lo que nos comprometimos.
Nos sacamos la foto el año 1990, así que ahora ¡a responder por ello!
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, uno no puede dejar de sentir una profunda impotencia cuando se tratan estos hechos.
Escuché la intervención de la Directora del SENAME. No dudo de su vocación ni de su voluntad, pero siento que lo que señaló es lo mismo que hemos venido oyendo durante los últimos años, de la fuerza que ponemos para enfrentar esta crisis.
¡Qué más grave para un país que lo acusen de violar los derechos humanos de sus niños! ¿Hay algo peor?
Y la verdad es que la respuesta es una respuesta más bien administrativa.
Lo grave no es el informe de las Naciones Unidas, sino haber permitido que se violaran esos derechos de manera sistemática, paternalista, asistencialista, con incapacidad para crear leyes. Es lo que dice el informe en el párrafo 115. Y además indica que durante los últimos 40 años hemos actuado por omisión, hemos sido cómplices, hemos perdido la capacidad de asombro.
Claro, la responsabilidad es de todos. Y cuando es de todos, la responsabilidad es de nadie.
Señor Presidente, el día del funeral de Lissette Villa concurrí, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y junto con el Senador Ossandón, al Hogar Galvarino. La noche anterior Marcela Labraña había señalado que la niña había muerto por la pena que sentía porque su madre no había ido a visitarla. ¡Esa fue la explicación de la Directora del SENAME de ese entonces!
Nosotros conocíamos todos estos hechos. Los denunció la jueza Mónica Jeldres en un informe que entregó al Ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, el que fue ocultado por el Máximo Tribunal.
Y, a mi parecer, hay responsabilidad del Poder Legislativo. Hemos hecho poco y nada. Más nada que poco.
Hay responsabilidad de la Corte Suprema. ¡Ocultó el informe! La Cámara de Diputados intentó acusar constitucionalmente al Ministro Carreño por dicho ocultamiento, que no permitió tomar medidas el año 2013, pero el resultado de la votación fue: 30 votos a favor de la acusación, 71 en contra y 10 abstenciones.
O sea, hubo mecanismos para enfrentar el problema y quitar el velo de la impunidad. ¡Y no los aprovechamos!
Señor Presidente, nos acompaña Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex Senador, por el cual tengo una sentida y profunda consideración.
El 5 de octubre del 2016 él planteó en esta Sala la creación de una comisión especial similar a las Comisiones Rettig y Valech, a fin de investigar la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile.
Durante la última campaña presidencial, el ahora Presidente Piñera y su comando plantearon, a través de un video que está disponible en YouTube, que había que crear una comisión para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado.
En julio del 2017, la Cámara de Diputados solicitó la creación de una "Comisión Nacional de Verdad de la Infancia Vulnerada".
El Senado también presentó un proyecto de acuerdo, encabezado por los ex Senadores Patricio Walker y Larraín, solicitando la creación de una comisión especial para investigar los hechos y buscar reparación.
En Canadá no reconocieron la violación de 40 años; allí reconocieron la violación de 100 años. De 1883 a 1998, 150 mil niños indígenas fueron violentados por el Estado, violados, muchas veces asesinados o dejados morir. Y la respuesta ha sido una respuesta integral de reparación.
El año 2012, en esta misma Sala, estando como Presidente Sebastián Piñera, hice una denuncia mediante una carta abierta, señalando, entre muchas otras cosas horribles, que había zoofilia en los centros del SENAME, y que había que intervenir el Servicio ya. ¡El 2012!
Y siento que con todo lo que hoy día estamos discutiendo, por la falta de tiempo, no va a pasar nada.
Pedí un fiscal especial para investigar la muerte de los niños. Se designó al fiscal Emilfork. ¡No va a pasar nada!
Si el Gobierno no actúa con fuerza, ¡ahora!, con todo el rigor de la ley, no pasará nada.
El señor MONTES (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto adicional, para que concluya.
El señor NAVARRO.- Gracias.
Señor Presidente, ¿qué le falta al Presidente Piñera para actuar?
¡Cuenta con el apoyo de toda esta Corporación!
Aquí no hay ni un solo Senador que no vaya a aprobar todas las medidas económicas y de fuerza para salir al paso de esta denuncia, que ahora es de las Naciones Unidas pero que Mónica Jeldres hizo el 2012-2013 y nadie escuchó.
Por lo tanto, mi opinión es que si la Directora del SENAME no actúa con fuerza nadie la va a escuchar, y vamos a seguir tomando medidas burocráticas, administrativas.
Asimismo, creo que se debe modificar la Ley de Adopción. Hay personas que llevan 4 o 5 años esperando adoptar a un niño del SENAME. ¡No es posible! Este servicio debe desaparecer. Yo pido, señor Presidente, que sea reemplazado.
¡Más del 50 por ciento de los presos y condenados en las cárceles chilenas son niños que vivieron en centros de esta institución!
Lamentablemente, el Servicio Nacional de Menores se transformó -lo digo con dolor- en una fábrica de delincuentes, porque esos niños no tenían otra alternativa que el delito.
Cambiar eso depende de nosotros. Pero, con lo que estamos escuchando hoy día, no se va a lograr. Y lo siento profundamente.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a las señoras Edy Olivares y Rosa Mancilla, así como a Carolina Valderrama, hermana de la mamá de siete niños que actualmente está sufriendo una situación judicial tratada por la Comisión de Infancia, producto de un requerimiento ante los tribunales por parte del SENAME.
¡Gracias por estar con nosotros!
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, es muy difícil discutir los temas de infancia sin hablar de la sociedad chilena.
Este es el debate pendiente: cómo tratamos a los niños, qué pasa con la familia chilena, qué ocurre con nuestra sociedad, cuáles son las causas estructurales de las patologías que tenemos, que son muy graves, gravísimas. No es normal que el 70 por ciento de los abusados sexualmente sean niños abusados por familiares y conocidos. Es reflejo de una patología. Estamos ante una sociedad enferma. Y una de sus mayores enfermedades es la tremenda desigualdad que exhibe.
El informe elaborado por un organismo de Naciones Unidas apunta a ese fenómeno estructural, que deberemos abordar después. No es este el momento para hacerlo, pero quiero plantear que nada de lo que digamos tendrá sentido si no hablamos de la sociedad en que vivimos, de los problemas estructurales de desigualdad que ella padece.
El citado informe, más allá del lenguaje que emplea, bastante más duro -habla de violaciones estructurales y sistemáticas de derechos humanos-, lo cierto es que no dice nada nuevo. ¡Nada nuevo! Debemos asumir que, desde que aprobamos la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990, la sociedad chilena está en deuda.
Pero no nos engañemos: sin una ley de derechos explícitos de los niños, niñas y adolescentes, todo lo demás será poesía. Y si no son derechos explícitos, con representación tanto administrativa, para resolver los conflictos en una primera etapa, como legal, en una segunda instancia, nada de lo que señalemos acá tendrá sentido. Necesitamos una ley marco para las políticas públicas en materia de infancia.
Se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos. Sin embargo, quiero subrayar lo siguiente.
Es supermalo tratar de politizar la política de infancia de un gobierno versus la de otro.
El Presidente Piñera gobernó antes durante cuatro años, período en el que pasó muy poco en este ámbito. Y no es que no se hubiera conocido ya la situación del SENAME.
Me molestó la intervención del Senador Kast, ex Ministro de Desarrollo Social, como lavándose las manos, como si no hubiera corresponsabilidad de todos -¡de todos!- en lo que aquí ocurre.
Lo planteo, porque creo que es lo que nos debemos decir si queremos políticas públicas sustentables hacia el futuro.
Hemos avanzado en el último tiempo, a partir de las crisis, con nuevas políticas institucionales: la creación de la Subsecretaría y de la Defensoría; las leyes sobre abuso, pornografía o pedofilia; la imprescriptibilidad que se ha planteado; la ley "No me preguntes más", para evitar la revictimización, y se ha cambiado la Ley sobre Adopción.
Necesitamos seguir avanzando, sin duda. Pero es preciso indicar, señor Presidente, que cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes tenemos que asegurar un sistema para todos ellos, y no quedarnos solo en aquellos cuyos derechos han sido vulnerados o en los que tienen compromiso con la justicia.
Quiero hacer una referencia sobre los menores vulnerados. La cultura chilena ha sido institucionalizar a los niños. Eso es lo que debemos cambiar. Los instrumentos que tienen disponibles los jueces -se lo digo con todo respeto a la jueza presente- muchas veces los llevan a tomar decisiones que alejan a los niños de su familia. Y no es porque quieran; es porque hay pocos instrumentos. Pero somos corresponsables también de eso.
Aquí se habla bastante de los CREAD, pero no hay ni siquiera un organismo del Estado por región. Lo que hemos hecho es privatizar la responsabilidad del cuidado de los niños vulnerables y abusados.
¡Por favor! ¡Digamos las cosas como son!
Ahora, la solución no es aumentar la subvención. Los principales problemas de vulneración de derechos no están en los CREAD. Y lo que pasó con las OCAS es que se rompió el pacto social que se generó hace muchos años, y hasta que no lo asumamos no vamos a avanzar. El pacto de los organismos privados al cuidado de niños consistía en que ellos financiaban el 70 por ciento de los costos y el Estado era subsidiario en su subvención. Y eso fracasó porque los organismos no han tenido recursos propios.
Ese es un tema. ¡Sincerémoslo!
Yo no creo que la solución sea aumentar subvenciones para mantener un modelo que sigue alejando a los niños y niñas de la inserción en la familia, sea esta propia, extendida o de acogida.
Necesitamos avanzar, sincerarnos, pero mi gran interrogante se la planteé al Gobierno de la Presidenta Bachelet y, antes, al primer Gobierno del Presidente Piñera, al que le llevé un proyecto elaborado sobre el marco de derechos de la infancia. Se les entregó al Ministro Lavín; al Ministro de Justicia en ese tiempo, el señor Bulnes; y al propio Presidente Piñera, en el ánimo de avanzar en esta materia.
¿Dónde está el cuello de botella siempre? En los recursos.
La Senadora Von Baer ha explicitado muy bien parte del debate que tuvimos en la Comisión Especial de Infancia. No se avanzó porque quedaron tres temas pendientes, sin los cuales cualquier ley que tengamos sobre garantías será inútil.
Primero, los derechos tienen que ser explícitos. No basta con una declaración de principios; se necesita un catálogo explícito de derechos.
Segundo, se deben considerar procedimientos tanto administrativos como legales para defender a los niños.
La Cámara de Diputados rechazó esto en su momento, porque no se allegaron los recursos necesarios para la protección por parte de los abogados. El Estado no estaba dispuesto a financiar la representación legal de los niños y las niñas de nuestro país. Sin eso, una ley de garantías no sirve de nada.
Y, en tercer lugar -la Senadora Von Baer ha sido muy explícita en esto-, está la importancia de la expresión territorial de la institucionalidad que queremos.
No quiero que se entienda mal. SENAME más, SENAME menos, si no tenemos una ley marco de los derechos de la infancia vamos a volver al mismo problema.
Está bien, podremos cambiar nuestras orientaciones, pero si no somos capaces de modificar los paradigmas de fondo -esa es mi inquietud-, como ha dicho la Defensora de la Niñez, va a ser muy difícil, porque seguiremos cayendo en una situación de desidia e indolencia.
Y en esto -agradezco que haya vuelto el señor Ministro de Justicia, por quien tengo el máximo respeto-, si no hay recursos, todo lo que estamos haciendo dará igual. Si el Presidente Piñera cree que la infancia está primero, hace falta una indicación que garantice derechos explícitos, representación legal y expresión territorial.
Esperemos que el SENAME tenga un pronto término de existencia, que se genere un sistema de protección, pero uno donde se destinen los recursos a la familia propia o de acogida. Lo que se gasta por niño en los centros OCAS es increíblemente excesivo, en circunstancias de que esos mismos recursos se podrían invertir en familias de acogida, apoyándolas, acompañándolas. Ese es el modelo que se usa en la gran mayoría de los países; el que tenemos hoy, a mi juicio, ha sido un fracaso.
Hemos presentado proyectos. Esperamos que el Ejecutivo nos acompañe y les ponga urgencia, para obligar a las instituciones que están al cuidado de los niños a entregar informes y para que el encargado de esos niños vaya a los tribunales y coopere de manera que estos últimos no tengan que procesar información con papeles solamente, sin un espacio con las comisiones técnicas.
Los jueces de familia necesitan un apoyo eficaz, efectivo, robusto. Si no, esto tampoco tiene destino. Porque, con la carga que pesa sobre los tribunales de familia, es muy difícil tomar una decisión si no hay una institucionalidad que sea más colaborativa. Es imposible. Esos niños van a seguir en situaciones de tremenda desprotección. No se puede resolver sobre un niño y su inserción familiar si no se halla presente el profesional que está acompañando, que debe dar cuenta de su obligación.
La entrega de los niños a entes distintos de las familias siempre tiene que ser excepcional y transitoria. Pero, como somos los chilenos y las chilenas, lo transitorio se transforma por desgracia en permanente. Y causamos un tremendo daño.
Señor Presidente, yo entiendo que este informe nos obliga. No es la primera vez que Chile ha sido cuestionado. Recuerdo la participación en la Comisión Especial de Infancia de Marta Maurás, una de las personas que han hecho el seguimiento del trabajo del Comité de Derechos del Niño por mucho tiempo. Y desde entonces se vienen repitiendo los mismos temas. Estoy hablando de los últimos quince años. Hay varios informes en esta materia.
Espero que entre todos podamos hacernos cargo de que los niños y niñas son sujetos de derechos, no objeto de protección. Parece que eso todavía es discurso. No hemos transformado el Estado en un efectivo garante de derechos.
Hay varias otras iniciativas, señor Presidente, pero creo que lo relevante es que se refleje en el Presupuesto de la Nación un salto cualitativo tremendo, porque el porcentaje de recursos que destinamos a una causa es lo que refleja cuánto de esto es puro discurso y cuánto es compromiso efectivo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.


El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, a algunos nos tocó, en la Cámara de Diputados, seguir la tramitación de diversos cuerpos legales orientados hacia la atención de este tema tan relevante como son los niños, niñas y adolescentes: la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 2015; el inicio de la discusión del proyecto sobre garantías y derechos de la niñez, también en ese año, que todavía no ve la luz; la creación de la Subsecretaría de la Niñez; o, por último, la creación de la Defensoría de la Niñez.
Recuerdo que este tema fue ampliamente debatido, porque estamos hablando de la protección de los derechos del niño y la Defensoría de la Niñez tiene una instalación institucional en Santiago, con un equipo de profesionales básico, porque no cuenta con un despliegue en el territorio. ¿Cómo, con eficiencia, vamos a llegar al resto de las regiones?
Y me acuerdo de la discusión que se planteó aquella vez: ¿creamos una nueva institucionalidad, la Defensoría de la Niñez, o asignamos dicha tarea al INDH, que tiene expresión en todo el territorio? Más allá de la solución que se dio al problema, se advierte la limitación de que, a pesar de estar en juego la vulneración de los derechos del niño, la Defensoría de la Niñez de nuestro país tiene su domicilio en Santiago.
Este informe, que sin duda nos golpea fuertemente en el corazón, en el alma a los chilenos, constituye una vergüenza que debemos resolver de la mejor forma posible. ¿Y eso qué significa? Dejar de reaccionar.
¿Por qué estamos acá? ¿Para qué se pidió esta sesión? ¿Cuál es el objeto de que nos hayamos convocado durante estas horas para hablar de un tema tan significativo?
¿Qué perseguimos con esto? ¿Qué vamos a conseguir al final del día?
Aquí se ha hecho mención de que no hay que utilizar políticamente este asunto, pero recién se señalaba: "En cuatro años el Gobierno puede hacer mucho en políticas de infancia".
¡Bueno, tuvimos veinticuatro años también!
En definitiva, ¿a qué nos interpela hoy día nuestra comunidad, nuestra población?
Quiero dar un ejemplo de que este tema tiene expresión en todo el territorio.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Coihaique presentó una denuncia formal por la precarísima condición en la que se encontraban los niños, niñas y adolescentes en la Región de Aisén, quienes eran atendidos en cabañas. Y precisamente se aludía a los mismos asuntos que han motivado la observación de las Naciones Unidas en materia de vulneración de derechos.
Creo, señor Presidente, que ahora es el momento. Si queremos darle sentido a estas sesiones, no sacamos nada con llorar. Simplemente, es el minuto de actuar.
Por eso, el mandato, la exigencia que tenemos de la sociedad es que llegó el momento de terminar de construir la arquitectura, la institucionalidad, las políticas, los programas, el financiamiento que sean necesarios para que, en definitiva, como Parlamento, como sociedad toda realmente demos respuesta a lo que significa tener en nuestro país esta carga emocional, social; esta herida profunda en nuestra alma por no ser capaces de construir la institucionalidad, de generar los espacios adecuados para dar atención ¿a quiénes? ¡A los más vulnerables!
Aquí se señalaba: "¿Por qué no se han entendido estos derechos con anterioridad?".
¡Bueno, nos olvidamos de los más vulnerables!
Hemos construido institucionalidad y programas para todos, pero nos olvidamos de los más vulnerables, los que no salen a la calle: los niños.
Y eso es lo que nos reclama nuestra sociedad, señor Presidente.
Para que estas sesiones tengan un sentido práctico, debemos acoger el llamado que hizo el Presidente con este Acuerdo Nacional por la Infancia. Creo que ahí está el diseño de un camino, de un derrotero, que nos puede llevar, en definitiva, a la solución de todos los problemas que reclamamos con políticas profundas, sinceras y concretas.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Prohens.


El señor PROHENS.- Señor Presidente, siempre he dicho que cuando un niño llega al SENAME es porque el Estado y la sociedad han fallado. Por eso, el informe de la ONU no es algo que a uno le deba sorprender.
El sistema vigente de protección a la infancia ha demostrado grandes deficiencias y no ha sido capaz de adaptarse a la realidad que hemos vivido durante todos estos años.
Los recursos económicos han sido insuficientes; la subvención resulta bastante baja para las grandes necesidades de los centros de residencia donde se acoge a estos niños.
Asimismo, se produce el problema de que nuestros niños, niñas y adolescentes no reciben de manera ambulatoria un tratamiento psicológico reparatorio que cumpla en forma y tiempo; así como tampoco existe una intervención efectiva con la familia de origen, o bien, la búsqueda y preparación de una familia extensa, para efectos de que realmente su estadía en residencias sea transitoria, mientras se desarrolla el proceso de reparación y reeducación.
La falta de lo descrito anteriormente redunda en una permanencia durante años de los niños, niñas y adolescentes en las residencias; una conducta emocional disruptiva al interior de ellas, y situaciones de vulneración de derechos entre los mismos residentes.
A nivel de residencias, la realidad de la Región de Atacama, que represento en el Senado, no dista mucho de las carencias y flagelos que hemos conocido a nivel nacional. En esta se han cerrado tres centros residenciales, dos de ellos especializados (a raíz de esto hubo que ubicar en una misma residencia a preadolescentes y a adolescentes de alta complejidad con niños y niñas con menor grado de vulneración).
Existe una escasez de oferta residencial, que pasa por la falta de organismos colaboradores que quieran asumir la responsabilidad de administrar una residencia, dado que la externalización del sistema de protección no es eficiente en su forma y fondo. El Estado no entrega la asesoría técnica y los recursos económicos necesarios que permitan asegurar la calidad de la intervención.
Otra situación que no posibilita la mantención del sistema con estándares adecuados en nuestra Región es el déficit histórico del personal del SENAME, que debe apoyar técnicamente y fiscalizar a los organismos colaboradores que ejecutan y administran los proyectos de la red tanto residenciales como ambulatorios. Por eso el rol del SENAME se reduce a un control escaso y distanciado en el tiempo, y no a lo que debiese ser su rol de experto en los derechos de niños, niñas y adolescentes: un real acompañamiento, capacitación del recurso humano, apoyo técnico respecto de los procesos interventivos de cada niño, niña y adolescente, soporte en gestión, etcétera.
El diagnóstico de la realidad de un sistema tan desgastado como el del SENAME es algo que está claro. Hoy se requieren recursos y voluntades políticas para llevar a cabo la tan esperada reforma al sistema de protección, donde primen nuevos modelos de intervención, mayores recursos económicos y una necesaria coordinación intersectorial.
El SENAME completo está colapsado y, en general, los profesionales que se encuentran en la atención directa no disponen de la expertise necesaria. Las bajas remuneraciones producen una alta rotación, lo que implica cientos de intervenciones interrumpidas y confianzas quebrantadas entre niño o niña y terapeuta.
Siendo una realidad conocida todo lo que he señalado, considero relevante destacar la importancia del rol y función de los Programas de Representación Jurídica (PRJ), que actualmente forman parte de la oferta ambulatoria del área de protección del SENAME, en que profesionales abogados se encargan de representar jurídicamente ante tribunales de familia, fiscalías y tribunales con competencia penal a niños, niñas y adolescentes, donde se ha adoptado una medida de protección que eventualmente implica la separación de su grupo familiar y/o que sean víctimas de delitos.
Es importante destacar que lo anterior significa velar por la idónea intervención psicológica y social tanto con el niño, niña y adolescente como con la familia, lo que rescata el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado en todo el procedimiento judicial y/o administrativo.
Finalmente, señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a la Directora Nacional del SENAME, con el objeto de precisar cómo se visualizan dentro de su orgánica institucional la ejecución, la línea programática y financiera, y la permanencia de los Programas de Representación Jurídica en la red de dicho Servicio.
Los niños vulnerables son una prioridad del Estado, y es responsabilidad de nuestra sociedad atenderlos. Ellos deben estar primero.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le voy a ofrecer la palabra al Senador señor Lagos.
Pero antes existe una solicitud de la Senadora señora Provoste para intervenir por un par de minutos. Y, dado que se acabó el tiempo de la bancada democratacristiana, ¿habría acuerdo para acceder a lo anterior, prorrogando la sesión por el tiempo que corresponda?
El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.
La señora RINCÓN.- De todas maneras.
El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
Quiero aclararle al Honorable señor Lagos que aquí se ha seguido el orden de inscripción de las respectivas bancadas, las que fueron intercalando distintos nombres.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, es innecesaria su aclaración. Usted puede presidir esta Corporación como le parezca. Así que no existe ninguna dificultad para eso.
En el tema de la niñez, lo que ocurre en Chile se da como consecuencia de la forma en que está estructurada nuestra sociedad: la falta de oportunidades; los valores de la sociedad; la institucionalidad que tenemos; las desigualdades, dirán otros.
Entonces, considero que hay que partir de ahí. Creo que el Senador Letelier hizo ese punto: no podemos quedarnos solamente en las medidas institucionales, en el proyecto de ley.
Los abusos y la violencia contra los niños dicen relación con el tipo de país que conformamos.
Nosotros, los chilenos, las chilenas, los papás, las mamás, los tíos, las familias somos de carne y hueso.
Los menores son de carne y hueso.
La violencia contra los niños es de carne y hueso, y es ejercida por funcionarios, por parientes, por la sociedad chilena.
¿Y qué pasa por nuestras cabezas? Que eso ocurre.
¡Sí! A modo de consuelo, algunos dirán: "Lagos, esto ocurre en muchos países del mundo".
¡Sí! Es así.
Si usted ingresa a Google y busca "abuso de niños" o "child abuse", va a aparecer Inglaterra, Australia, Canadá, y las soluciones que esos países encontraron. Pero eso no sirve de consuelo.
Esto quiere decir que la sociedad chilena tiene problemas.
Dicho lo anterior, el informe de Naciones Unidas habla de que el Estado de Chile ha tenido violaciones graves, sistemáticas y estructurales.
Y en los dos minutos que me quedan, cuando el mismo texto habla de Estado se refiere a un concepto bien amplio.
"El Estado es la nación jurídicamente organizada", me van a decir. Pero el Estado son los Gobiernos, con sus Presidentes y Ministros; también es el Poder Legislativo -y aquí estamos nosotros-, y, asimismo, son parte de él los jueces.
Sin embargo, hay varios actores más. Y cuando el Estado les ha fallado a los niños no solo incluye a los -comillas- servicios públicos como tales. Está a la vista que estos últimos han fallado, y está de más mencionar los casos de esta Región. Pero también hay que considerar a las entidades, que igualmente son parte de la sociedad chilena, a las que se les han delegado facultades para que se hagan cargo del tema de la niñez. Esta materia la abordamos en la Comisión de la Infancia a propósito de los organismos colaboradores.
Entonces, se trata de una falla generalizada.
Otra manera de ver el Estado dice relación con los gobiernos. Porque Naciones Unidas se cuida muy bien de no hablar de gobiernos. Habla del Estado de Chile. Le es indiferente, en relación con estas cifras horrendas de niños fallecidos -comillas- bajo la tutela del Estado, que el problema haya comenzado con el Gobierno de Lagos y el Ministro de Justicia de la época -ahí aparecen las primeras denuncias o las estadísticas-; que haya seguido con la primera Administración de la Presidenta Bachelet; que haya continuado con el anterior Gobierno del Presidente Piñera; que haya continuado con la segunda Administración de la Presidenta Bachelet, y que siga ahora, con el actual Mandatario.
Por tanto, existe una falla continua del Estado de Chile en esta materia.
Menciono lo anterior porque podemos estar endilgándonos la responsabilidad eternamente.
Yo lo único que digo es que como Senador -y fui reelecto- tal vez también fallé, y no es un mea culpa para la tele. Sí, quizás fallé en no ponerle más fuerza al tema del Presupuesto; en parar más la oreja respecto de la fiscalización, que no me corresponde como Senador, pero sí como político.
Entonces, me hago cargo. No le imputo la culpa a nadie más y asumo mi responsabilidad, sobre todo cuando uno ve el tamaño del drama.
Sin embargo, quiero también pedirles a mis colegas que seamos un poco más pudorosos en esto.
Yo participé entusiastamente en la Comisión de la Infancia que convocó el Presidente Piñera. Algunos se restaron por diversas consideraciones, pero otros decidimos colaborar. ¡Si el debate igual se va a dar en el Parlamento! ¡Si aquí hay que aprobar las leyes, los recursos y fijar la institucionalidad! Pero en verdad lo hice porque era inexplicable justificar a los chilenos por qué uno no participaba en dicha instancia, desde el punto de vista del sentido común.
Tenía claro que algunos dirían: "No, es que lo van a aprovechar; tal vez sacarán una ventaja". Y lo veo en los discursos de hoy, respecto de todo lo que se ha realizado en el corto plazo. Pero todo eso que se hace en un corto plazo se debe a que uno está apoyando también, porque uno cree en esto, porque ya es suficiente. De lo contrario, los que fallamos somos todos nosotros. Es como las sentencias de la Corte Suprema: falla la sociedad chilena cuando no respetamos el Derecho Internacional o los tratados. Y en el caso de los niños no hemos respetado los tratados internacionales, a los cuales estamos obligados.
Señor Presidente, se vienen discusiones muy sencillas. Y rápidamente puedo citar la del Presupuesto. Con todo cariño, ahí se verá qué lo que se hará. Pero no seamos populistas, porque no puedo exigir al Gobierno que se haga cargo de todo lo que deba realizar en materia presupuestaria y, al mismo tiempo, demandarle todo lo que necesita la Región de Valparaíso, y lo mismo hará seguramente el Senador Navarro con su región.
Entonces, tendremos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas que no se podrán efectuar o que se deberán postergar. Y es probable que en diez años más nos digan: ¡por qué postergaron eso! Y tendremos que explicar -porque a nadie le va a importar- que en ese momento estábamos privilegiando a los niños. Esto es parte de las razones por las cuales no se financia todo al mismo tiempo.
Es cierto: el tema que nos ocupa no fue prioridad cuando aparecieron los primeros casos en el SENAME. Me queda claro que no fue prioritario en nuestro país. Había otras necesidades. Mirado el asunto con los ojos de hoy resulta difícil defender esa postura, y no lo voy a hacer.
Pero no me digan más cosas al respecto. La Comisión de la Infancia aprobó varias propuestas. Tenemos el cuadro global; la bajada territorial; la OPD como tiene que ser; además, se pide el Defensor de la Infancia. ¡Bien! Ahora hay que financiarlas. Y eso le cabe a un gobierno, no a mí, yo solo puedo aceptar o rechazar.
Entonces, tendremos que subir los estándares de los organismos colaboradores de verdad, porque hay de todo. Y en dicha Comisión -tengo que decirlo- había una discusión larvada sobre el sector público directamente, los servicios y los organismos colaboradores.
Sin embargo, de no mejorar no solo los subsidios -es importante la subvención-, las condiciones, las exigencias a los que trabajan ahí, no solucionaremos nada.
El momento comunicacional -y termino con esto, señor Presidente- va a pasar. La pregunta es si va a pasar el momento de asumir el compromiso real.
Sí pido a todos que cuando ello suceda traten de ser bien generosos a la hora de los apoyos, que es probable que los haya si tenemos la capacidad de hacer las cosas como corresponde. Porque yo voy a reconocer el liderazgo de un Jefe de Estado que logra poner el tema en la agenda. Ahora bien, consigue hacerlo porque se habían resuelto muchos otros problemas en Chile en otras materias por otros Presidentes y otra Presidenta.
No obstante, en este tema estamos al debe desde hace una década. Ahora, entonces, corresponde poner los recursos. Sí trataré de tener la madurez de no exigir lo que no se pueda financiar en otra área. Pero, por lo menos, debe haber una señal clara sobre el particular.
Ahora, no sé si el 2 por ciento constitucional sea la solución -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo a la jueza señora Jeldres-, pero habrá un mecanismo.
Esta es mi modesta contribución al debate del día de hoy.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste, por dos minutos.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, muchas gracias a usted y, también, a quienes me han permitido intervenir en este debate.
COMO SOCIEDAD Y COMO ESTADO HEMOS FALLADO.
Lo dijo de manera muy clara la Defensora de la Niñez: en este debate está presente el tipo de sociedad que queremos construir o que hemos construido: una sociedad indolente, que le falta humanidad -como ella señaló, lo cual, por cierto, yo comparto- frente a las situaciones que hoy viven tantos niños, niñas, adolescentes y sus familias.
El Senador Sandoval ya lo manifestó en su intervención. Compartí con él en la Cámara de Diputados en nuestra anterior tarea. Y allí nos tocó conocer los informes de las últimas Comisiones Investigadoras, bajo gobiernos de distinta orientación política, que nos permitieron enterarnos de la situación de los niños y las niñas carentes de cuidado parental que se encuentran bajo la protección del Estado en instituciones administradas directamente por el SENAME o en organismos privados que reciben subvención estatal. Existen aspectos fundamentales respecto de las condiciones en que viven y que les afectan seriamente que sería largo y lacerante reiterar en esta sesión.
Sin embargo, hay una necesidad urgente de focalizar el trabajo de todos los organismos del Estado para superar la crisis institucional del SENAME y también de los organismos colaboradores, de modo de garantizar los derechos de los niños que hoy día enfrentan mayores dificultades.
Por otro lado, comparto plenamente lo que aquí se ha señalado en el sentido de que precisamos medidas urgentes que el Estado debe implementar. La Defensora de la Niñez hacía alusión a medidas de corto, mediano y largo plazo. Yo agregaría una inmediata antes, que como sociedad y como Estado debemos ser capaces de poner en funcionamiento.
Tenemos que entregar hoy día un claro mandato para que se adecúe el sistema de protección a los compromisos internacionales adquiridos por Chile, de manera de disminuir la institucionalización y de procurar el respeto a los derechos de los niños.
Por lo tanto, es urgente trabajar en la desinternación de los niños de cero a tres años, adoptando en conjunto con la Corte Suprema de Justicia las medidas necesarias para prestar toda la ayuda y el acompañamiento requerido para los niños.
También es imperioso, señor Presidente, revisar las causas judiciales de niños que han sido declarados susceptibles de ser adoptados y que hasta la fecha aún permanecen inmovilizados en las residencias privadas y públicas de nuestro país.
Asimismo, resulta esencial -y en esto estaremos también muy vigilantes- que se exprese esta prioridad de los niños en el primer lugar de la fila en la Ley de Presupuestos, en la que efectivamente podamos constatar que hay más recursos disponibles para la defensa de los niños, para mejorar sus condiciones de vida y para abordar de manera integral lo que hoy se requiere en materia de educación y de salud mental para todos ellos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Hay tres solicitudes para intervenir: del señor Ministro, de la Senadora señora Rincón y del Senador señor Castro, quien fue el primero en pedirlo.
Por lo tanto, le daremos un minuto a cada uno a efectos de cerrar la sesión, labor que le corresponderá al señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Castro, por un minuto.


El señor CASTRO.- Señor Presidente, en verdad, siento una tremenda vergüenza, porque este Senado sigue hablando cuando sabe que es responsable -lo son todos quienes han estado sentados en estos escaños-, al igual que los gobiernos que han pasado en los últimos años, de la situación descrita.
Sin embargo, los chicos siguen todavía en estos centros del SENAME, y, seguramente, los trabajadores que abusaron de ellos aún continúan recibiendo sus sueldos y no han sido desvinculados.
¿Y qué hacemos nosotros, que tenemos esta responsabilidad?
Creo que lo que hoy día corresponde -no sé si tenemos esa facultad- es autorizar al Ejecutivo, al Ministro respectivo, a las autoridades presentes para que intervengan dichos centros. Ello, porque no puede ser que ahora estemos hablando sobre la materia, luego nos vayamos, ¡y aquí no ha pasado nada...!
¡Eso no corresponde!
¡Creo que debemos actuar de inmediato! Necesitamos tomar decisiones ahora, ¡no mañana!
¡Nos encontramos ante una emergencia, y tenemos que enfrentarla hoy! ¡Debemos hacerlo!
Señor Presidente, hace años se creó una fundación llamada "Niño y Patria". Tengo los mejores recuerdos de ella.
Pienso que perfectamente podríamos pedirle a la institución de Carabineros de Chile, que la estableció, que nos ayude en esta emergencia.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón, quien -según entiendo- hará una propuesta que incluso podríamos resolver durante la sesión ordinara de la tarde.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a propósito de la preocupación del Senador Castro, la idea es que al inicio de la sesión ordinaria de hoy podamos presentar un proyecto de acuerdo que construyamos transversalmente todas las bancadas y que vaya en la línea de asumir los desafíos que nos ha puesto el informe de las Naciones Unidas; que ponga a los niños en primer lugar, y que recoja los retos, las preocupaciones y las demandas que tenemos como Estado -lo señaló muy bien el Senador Lagos-, respecto de lo cual todos nos hallamos conminados a dar soluciones de manera urgente.
Llevamos cuarenta años en deuda, señor Presidente; y, obviamente, debemos hacernos cargo de ella.
Así que -reitero- vamos a presentar el referido proyecto de acuerdo, con los compromisos pertinentes y considerando primero las recomendaciones de la ONU, para que, si le parece al Senado, lo votemos al inicio de la sesión ordinaria de hoy.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, Su Señoría se preocuparía de que llegue a la Sala, para ser votado, el mencionado proyecto de acuerdo, que particularmente apoyará las recomendaciones de las Naciones Unidas, que son bien concretas.
La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, solo quiero reiterar que para nuestro Gobierno "Los niños están primero" no es una frase, sino un compromiso que asumió desde el primer día.
En tal sentido, deseo insistir en que nos haremos cargo del informe en análisis, para que no solo el Gobierno, sino el Estado de Chile cumpla con sus compromisos, asuma las responsabilidades que tiene frente a la situación descrita. Y ello lo llevaremos a cabo con perspectiva de Estado, promoviendo acuerdos para que en todas las instituciones se avance en la materia.
Señor Presidente, este no es el primer informe que el Comité de los Derechos del Niño elabora sobre nuestro país. Ya emitió uno en 2007 y otro en el año 2015.
Es efectivo que en ninguno de los informes anteriores usa el lenguaje ni lleva adelante los planteamientos que se contienen en el que ahora analiza el Senado, que fueron inspirados por una denuncia en particular y por antecedentes ocurridos en los últimos años.
Lo importante es que asumamos todas nuestras responsabilidades.
Quiero recordar que, así como existen cuestionamientos al Poder Judicial, al Gobierno, al SENAME y a muchas otras instituciones, también los hay respecto del Poder Legislativo, al que se le dice: "Ustedes no están procediendo con la celeridad necesaria para resolver la legislación que pueda garantizarles sus derechos a los niños, niñas y adolescentes".
Aquí todos tenemos responsabilidades.
Solo deseo enfatizar que para nosotros esta constituye la primera prioridad. Y realizaremos el máximo esfuerzo para que nunca más tengamos acerca de Chile un informe de esta naturaleza.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Le agradezco al señor Ministro su concurrencia a esta sesión especial.
También quiero agradecer la presencia y el aporte de la Directora Nacional del SENAME, señora Susana Tonda; de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, y de la Coordinadora de la Asociación Nacional de Magistrados, señora Mónica Jeldres.