CREACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO DENOMINADA "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA"
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.554-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 20ª, en 30 de mayo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la política de financiamiento por medio de la creación de una nueva empresa del Estado, Intermediación Financiera S.A. (INFISA), continuadora legal de la Sociedad Agrícola (SACOR) de CORFO, para, por una parte, proveer, financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio a través de una sociedad anónima estatal regida por las mismas normas financieras, contables y tributarias que las sociedades anónimas abiertas y, por otra, establecer una solución administrativa permanente de los programas de garantía ofrecidos por CORFO, mejorando los estándares de gestión de riesgo, de regulación y supervisión, y de gobierno corporativo.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Elizalde, García, Lagos, Pérez Varela y Pizarro.
Cabe tener presente que los números 1 y 2 del artículo 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 24 señores Senadores.
Por otra parte, la iniciativa es materia de ley de quorum calificado, al tenor de lo que dispone el párrafo segundo del ordinal 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que su aprobación requiere el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, esto es, de 22 votos.
El texto que se propone aprobar solo en general se transcribe en las páginas 6 a 19 del certificado emitido por la Comisión de Hacienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, quien va a informar en nombre de la Comisión.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en dicha labor trataré de reemplazar al Senador Letelier, lo cual es imposible. ¡Como usted sabe, él es irremplazable...!
Como señaló el señor Secretario, la iniciativa en comento busca fortalecer la política de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la creación de una nueva empresa del Estado, llamada "Intermediación Financiera S.A." (INFISA), que es la continuadora legal de la Sociedad Agrícola (SACOR) de CORFO.
La iniciativa aspira a proveer, financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio mediante una sociedad anónima estatal regida por las mismas normas financieras, contables y tributarias que las sociedades anónimas abiertas, mejorando los estándares de gestión de riesgo, de regulación y supervisión, y de gobierno corporativo.
Con esta iniciativa se pretende solucionar los principales obstáculos que enfrentan las empresas, en especial las de menor tamaño y los emprendedores. El acceso a crédito, así como sus condiciones, pueden ser factores claves para determinar tanto la supervivencia de las empresas como su desarrollo y crecimiento.
Para ello, se deberán otorgar a esta nueva institucionalidad dos funciones que en la actualidad ejecuta CORFO: refinanciamientos y cobertura.
La nueva institucionalidad de intermediación financiera conlleva, además, otros desafíos: mejorar el gobierno corporativo y la gestión de riesgos.
Actualmente, CORFO entrega cobertura parcial a créditos otorgados por instituciones financieras a mipymes beneficiarias. El objetivo es mitigar las fallas de mercado, inyectando liquidez e incrementando la disponibilidad de garantías con el fin de reducir el riesgo que enfrentan los intermediarios financieros al realizar operaciones con empresas, en especial con las de menor tamaño.
Por otra parte, el proyecto pretende perfeccionar el funcionamiento del decreto supremo Nº 793 y regular la excesiva flexibilidad que ha tenido respecto de las garantías del Estado con relación a determinados compromisos crediticios. Ejemplos de ello son los préstamos garantizados, vía este mecanismo, al Transantiago y a instituciones de educación superior.
Por lo anterior, se propuso una glosa -es parte de la historia de por qué estamos discutiendo esta iniciativa- en el Programa Corporación de Fomento de la Producción del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado, que buscaba transferir capital a SACOR con el objeto de que esta sociedad administrara los programas de cobertura y respaldara las coberturas comprometidas por CORFO.
Durante dicha discusión presupuestaria, como recordarán los señores Senadores que participaron en ella, se firmó un protocolo de acuerdo en el que el Ejecutivo se comprometía a presentar una iniciativa de ley donde se estableciera una solución permanente a la administración de los programas de garantía de CORFO.
Por lo tanto, el proyecto en debate deroga el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y traspasa sus fondos a INFISA.
Ahora bien, la nueva sociedad se va a regir por las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas.
Sus balances y estados de situación financiera, así como los fondos que administra, deberán ser sometidos a firmas auditoras externas, de acuerdo al procedimiento que establezcan las normas relativas a las sociedades anónimas abiertas.
Estará administrada por un directorio compuesto por cinco miembros. De estos, dos directores serán elegidos por el Presidente de la República, a proposición del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y tres por el Comité del Sistema de Empresas Públicas (SEP), en conformidad a las normas y procedimientos para los altos directivos públicos del primer nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública.
En resumen, lo que hace este proyecto de ley -si tuviera que explicarlo en términos más pedagógicos- es tomar las atribuciones que hoy día corresponden a CORFO y radicarlas en un ente separado que permitirá garantizar los créditos que pequeños emprendedores o pequeñas empresas solicitan al sistema financiero, tanto a bancos como a otras instituciones. Hoy día, la Corporación de Fomento hace parte de este trabajo.
Lo que se hace ahora es dar una institucionalidad única al organismo que se crea como sociedad anónima abierta, cuyos dueños serán el Fisco (en un 1 por ciento) y CORFO (en un 99 por ciento), los que le pondrán recursos para que tenga la capacidad de respaldar los créditos que las pequeñas empresas soliciten a la banca.
Además, señor Presidente, deseo señalar, como descripción -sin todavía dar una opinión personal al respecto, la cual emitiré seguramente más adelante- que el Gobierno planteó la voluntad de incorporar en este proyecto de ley algunas normas para que la sociedad de intermediación financiera que se crea desarrolle también actividades de financiamiento crediticio para los estudiantes de educación superior, de acuerdo a lo señalado en el Título V del proyecto que instaura un nuevo sistema de financiamiento solidario para dichos estudiantes, comprometiéndose a presentar las indicaciones pertinentes y otorgar el debido plazo para que esta Corporación pueda analizarlas.
Para comentar este tema me voy a tomar algunos minutos.
El proyecto en discusión descansa en una iniciativa enviada al Parlamento por el Gobierno anterior. Lo que está haciendo ahora la actual Administración es tomar ese proyecto e incorporarle una facultad para que la nueva institución, además de garantizar los créditos a los pequeños empresarios con la banca establecida, tenga la posibilidad -es lo que se hará a través de indicaciones- de regular el nuevo CAE y velar por el otorgamiento de los créditos universitarios.
¿Qué es lo complejo de esta situación? Que el proyecto que conocemos hoy y que aprobaríamos en general apunta a instituciones financieras, esto es, personas jurídicas, y no a personas naturales. Por lo tanto, si la institución se hace cargo de los créditos de educación superior, estaremos hablando de créditos a personas naturales. Se puede discutir si esto se halla o no dentro de las ideas matrices del proyecto.
Yo, más allá de que tengo dudas, entiendo el espíritu de lo que se pretende hacer, pero, a mi juicio, ello generará un debate relativamente interesante e intenso con relación a si la nueva institucionalidad que estamos creando es la más adecuada para dar cuenta de, si ustedes quieren, una política social, como es la política de gratuidad y de crédito en la educación superior.
No quiero complejizar más, señor Presidente.
Este tema se planteó en la Comisión de Hacienda, donde, en todo caso, hubo voluntad para aprobar en general el proyecto, entendiendo que vamos a disponer de un plazo más que prudente para discutirlo en particular. Sin embargo, cabe recordar que la Comisión de Educación está tratando hoy la iniciativa que crea un nuevo financiamiento solidario para la educación superior.
Entonces, muy probablemente vamos a aprobar en general hoy el proyecto en discusión, pero creo que los ritmos de su tramitación en la Comisión de Hacienda para su debate en particular van a quedar supeditados a que termine de dibujarse la institucionalidad completa sobre financiamiento de la educación superior: el nuevo CAE.
Entiendo que hay cierto compromiso de parte de la autoridad en cuanto a que no vamos a apurar este proyecto innecesariamente hasta ver bien cómo se define el nuevo sistema de crédito solidario.
Sin perjuicio de lo anterior, igual algunos señores Senadores manifestaron reparos, pero nos pareció conveniente dar una señal, dado que el proyecto que nos ocupa no está enfocado al crédito solidario sino a los emprendimientos, donde sí resulta importante permitir el financiamiento de proyectos de inversión.
En resumen, señor Presidente, luego de aprobar la idea de legislar, debería fijarse un plazo más que prudente para discutir con tiempo el texto en particular, porque, como se van a presentar indicaciones relacionadas con la facultad para administrar el crédito solidario, vamos a quedar a la espera de que el otro proyecto esté terminado o muy avanzado para saber qué tenemos que aprobar nosotros acá.
He tratado de ser lo más generoso y objetivo posible, guardándome mis opiniones personales para más adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Senador.
Entiendo, entonces, que habría un acuerdo con el Ejecutivo para aprobar en general el proyecto en discusión y tener tiempo para discutirlo en particular, de modo de poder asumir todas las complejidades que Su Señoría ha indicado.
¿Es así, señor Senador?
El señor LAGOS.- Sí, señor Presidente, pero, para eso, la Comisión de Educación tiene que avanzar -y está trabajando en ello- en el proyecto sobre crédito solidario. En tanto esa institucionalidad no esté armada cien por ciento, difícilmente podremos darle atribuciones a la entidad que estamos generando para que se haga cargo de aquello.
El señor MONTES (Presidente).- Hay muchas interrogantes. De hecho, gran parte de los recursos están hoy día en la Tesorería. Habría que ver la relación...
El señor LAGOS.- Yo he informado, señor Presidente, pero, si usted quiere, puedo aprovechar de dar mi opinión.
El señor MONTES (Presidente).- Muy bien.
El señor LAGOS.- Quiero decirle que este es un tema cuasifiscal, porque, al introducir recursos del crédito solidario, que entiendo son muchos -varios miles de millones de dólares-, y al hacerlo vía aportes a una sociedad anónima distinta, tal vez no queden contabilizados como parte del presupuesto propiamente tal.
Entonces, hay implicancias de otra naturaleza.
Sin embargo, no quisimos ser un obstáculo. Aprobamos en general el proyecto, pero aquello va a depender de cómo se tramita el primer proyecto y de si nos convencen de que este es el mecanismo adecuado para darle, a la institución que se desea crear, el otorgamiento y administración de los créditos solidarios, para decirlo en castellano.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Senador.
A continuación, le ofrezco la palabra al Honorable señor Pizarro.
Sería bueno que el Subsecretario explicara posteriormente los compromisos, si fuera posible.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente, esta iniciativa, tal como lo informó el colega Lagos, obedece al compromiso adoptado en el protocolo de acuerdo a propósito del debate del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado respecto a la posibilidad de que SACOR -empresa CORFO de larga existencia pero con otros objetivos- sirva, para decirlo de alguna manera, como una suerte de carrocería o de esqueleto legal para los efectos de contar con una instancia que pueda otorgar, de modo más eficiente, una cobertura importante al sector de la pequeña empresa, el emprendimiento, la innovación, con acceso a recursos financieros que le permitan desarrollar sus proyectos.
Eso es lo central.
Es importante, señor Presidente, no confundir aquí ese debate con el que se ha planteado al final de la intervención del Senador Lagos en cuanto a la posibilidad que tendría INFISA para administrar lo que hoy día es el crédito con aval del Estado (CAE), sobre el cual hay una propuesta que se está analizando en la Comisión de Educación. Yo los separaría para los efectos de la aprobación de la normativa en discusión, pues el objetivo principal, urgente y necesario es el apoyo, fomento y desarrollo de la pequeña empresa, la mipyme, la innovación y el emprendimiento.
Lo que se busca aquí, señor Presidente, es contar con una buena administración de los programas de cobertura, en términos crediticios, para el sector recién indicado, que tenga mucho más eficacia en la acción y mejores estándares de gestión de riesgo. Para ello se plantea un gobierno corporativo regulado, supervisado y sometido, lógicamente, a la misma fiscalización de las sociedades anónimas.
Me parece a mí que dentro de los objetivos más importantes se encuentra el hecho de que la nueva institución tenga independencia y autonomía respecto de sus propietarios, que en este caso serían la CORFO y el Estado, en un cien por ciento.
Junto con ello, se busca que ella esté facultada para administrar y otorgar cobertura y financiamiento a intermediarios financieros.
Asimismo, la idea es modernizar y mejorar la gestión de los programas de cobertura y financiamiento crediticio que hoy administra CORFO.
Se persigue también que la empresa siga las recomendaciones internacionales para un buen funcionamiento de su gobierno corporativo, con el fin de asegurar su independencia y optimizar su desempeño.
Por último, se busca que INFISA se rija por una normativa conocida, como es la que regula a las sociedades anónimas abiertas, quedando sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.
Uno de los temas que conversamos largamente en la Comisión de Hacienda tiene que ver con lo que sucede hoy día, en la práctica, cada vez que una pequeña empresa, una mipyme o un emprendedor quiere acceder a un instrumento de financiamiento estatal que le facilite la vida desde el punto de vista crediticio.
En la actualidad, tal como ha estado funcionando el sistema, los fondos de garantía, por ejemplo el FOGAPE, que es administrado por BancoEstado, entregan una cobertura hasta cierto porcentaje de lo que realmente se requiere en materia de financiamiento y la diferencia normalmente la debe colocar el emprendedor o pequeño empresario.
Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque, en realidad, muchas veces algunas de las instituciones intermediarias del ámbito financiero piden, junto con el aval del Estado, otras garantías, las cuales significan, a la larga, que no se cumpla el objetivo que busca el Estado al entregar este tipo de apoyo o aporte crediticio: que haya un financiamiento adecuado, eficiente, más barato, más oportuno tal vez, para el desarrollo de cada uno de los proyectos.
La cantidad de gente que se ha visto beneficiada por este tipo de cobertura es bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 120 mil personas. Los fondos que se destinan son del orden de los 4 mil millones de dólares, que forman parte del conjunto del patrimonio que posee CORFO para destinar a esta clase de políticas.
Ahí, la preocupación que nosotros planteamos (todos, en realidad) se vincula con el rol que juegan las instituciones de intermediación financiera.
Nosotros preferimos que la nueva institución establezca una relación directa con quienes pueden ser los usuarios, ya sea personas naturales, ya sea -considerando la promoción de asociatividad que existe en el sector de la pequeña empresa- asociaciones, cooperativas u otras organizaciones de comercialización o de producción de orden más colectivo.
Nos parece relevante la señal que se está entregando en tal sentido. Y por esa razón nos pareció potente aprobar el presente proyecto, entendiendo que habrá que formular indicaciones que permitan afinar un poco la forma como Intermediación Financiera S.A., entidad autónoma del Estado, se va a relacionar con los potenciales usuarios.
¿Qué pasa con el CAE? Efectivamente, consultamos al Gobierno si INFISA era el instrumento escogido para administrar el crédito con aval del Estado. Y el Ejecutivo nos confirmó que esa era la intención, haciéndose referencia, en el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Educación, a que sería esa institución o una del mismo tipo la que administraría los recursos para la entrega de créditos directos a los estudiantes que los requieran.
Para no confundir las cosas, señor Presidente, hay que hacer presente que aquí se está hablando de un crédito, por lo que, siendo un crédito y no un subsidio directo, perfectamente cabría dentro de los objetivos de la nueva institución.
Sin embargo, la colega Provoste, Presidenta de la Comisión de Educación, me explicaba que la discusión que tenían allá era otra, relacionada más que nada con quién administra y asegura un buen y oportuno apoyo a los jóvenes que requieren algún crédito para poder llevar adelante sus estudios superiores, y que, en estricto rigor, aquello era perfectamente posible de llevar a cabo a través de otras entidades, del propio Ministerio o de la respectiva Subsecretaría, y no necesariamente vinculado a un esquema netamente crediticio o relacionado con el sector productivo de la pequeña empresa.
Por eso, no nos confundamos en esta materia.
A mi juicio, lo que corresponde hoy día es aprobar la idea de legislar respecto del proyecto en debate. Para mí, el instrumento que estamos generando es importante. La definición más conceptual acerca de quién tendrá, de aquí en adelante, la responsabilidad de gestionar o administrar los fondos para el financiamiento de los estudios superiores de los jóvenes a través de un crédito con aval del Estado puede quedar para más adelante. Si no hay un acuerdo claro y preciso respecto de que lo haga INFISA, dicha responsabilidad perfectamente puede recaer en otra institución.
Considero que el compromiso que asumieron el año pasado el Senado, el Congreso y el Gobierno anterior en el sentido de fortalecer los instrumentos de apoyo y de fomento al sector del emprendimiento, la innovación y la pequeña empresa resulta fundamental. Hablamos mucho de apoyar la reactivación de la economía y, llegado el momento de los quiubos y de ofrecer instrumentos para que todos nuestros emprendedores, a lo largo y ancho de Chile, tengan acceso adecuado a los créditos, me parece que debemos dar una buena señal.
Lo otro que también se halla establecido con precisión -y es muy importante que todos lo tengan claro, sobre todo la gente de regiones- es que los criterios de apoyo y distribución de los fondos se determinarán de manera equilibrada y equitativa para todo el país y no solo pensando en lo que se pueda hacer en los grandes centros urbanos.
Por todas las razones expuestas, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Existe una solicitud para abrir la votación.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor GARCÍA.- Sí
El señor QUINTANA.- No.
El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo.
¿Ni siquiera manteniendo el tiempo de los discursos?
Tampoco.
Entonces, tiene la palabra a continuación el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como ya se ha explicado, este es un proyecto con historia.
En algún momento, y fruto de la evaluación de los instrumentos de garantía de créditos para nuestras pymes, se llegó a la conclusión de que tanto el FOGAPE (Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios) como el FOGAIN (Fondo de Garantía para las Inversiones) no estaban funcionando todo lo bien que se quería.
Es más, en la sesión de la Comisión de Hacienda que tuvimos en la mañana nos informaron que lamentablemente estos instrumentos de garantía habían sido usados, por ejemplo, por la Universidad del Mar, para garantizar un crédito que nunca se pagó, y también por el Transantiago, para garantizar un crédito del BID en su oportunidad. Ambas operaciones estuvieron muy ajenas al espíritu de que tales instrumentos respaldaran créditos de pequeños empresarios, de emprendedores, de personas que dan trabajo, de gente que está haciendo un esfuerzo por generar su propia actividad productiva o de servicios.
A raíz de lo anterior, se pensó que el Estado debía tener una única institución que entregara estas garantías y que administrara el beneficio con la mayor profesionalización posible y con las exigencias de los más altos estándares internacionales.
Fue así como alguien sostuvo que era posible revivir y cambiarle el giro a SACOR, empresa pública creada en 1964 y destinada a la administración de predios rústicos en la agricultura, para que fuera la entidad encargada de la intermediación financiera y de otorgar las garantías correspondientes.
Finalmente, el asunto llegó a la discusión de la Ley de Presupuestos para el presente año; se alcanzó un acuerdo; se suscribió un protocolo y el Gobierno (me refiero al último de la Presidenta Bachelet) quedó de enviar en algún minuto un proyecto de ley para crear una institucionalidad nueva y así poder contar con una empresa del Estado orientada a contribuir a la actividad económica, particularmente de las pymes en materia de garantía de créditos.
Y es así como llegamos a la presente iniciativa, que instituye la empresa estatal Intermediación Financiera S.A. (INFISA).
Lo que hace este proyecto, en lo grueso, es crear una sociedad anónima del Estado para realizar operaciones de intermediación financiera y administrar la cartera de CORFO en materia de garantías.
Asimismo, pone término al FOGAPE, al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y traslada su patrimonio a esta nueva empresa: INFISA.
Eso hace este proyecto.
Todos los sectores políticos hemos determinado en su minuto que es una necesidad del Estado apoyar a los pequeños empresarios, avalando sus créditos, y de esa manera permitir que puedan avanzar, progresar, salir adelante con sus emprendimientos.
Es un objetivo deseado transversalmente que ayuda y apoya mucho a nuestra economía, particularmente -como digo- a los pequeños y medianos empresarios.
Por lo tanto, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
En lo referente al otro proyecto de ley, que establece un nuevo sistema de crédito para el financiamiento de la educación superior y que se encuentra radicado en la Comisión de Educación, se afirmó que tiene relación con este, pues en algún minuto se dijo que INFISA debiera ser la institución que se hiciera cargo de otorgar los nuevos créditos de financiamiento de la educación superior.
Sin embargo, mi opinión es que tal como está hoy día -y solo vamos a votar la idea de legislar-, ello no sería posible.
Porque ¿qué le estamos permitiendo a INFISA?: "Contraer obligaciones indirectas", y los nuevos créditos de financiamiento de la educación superior serían directos. Repito: estamos facultando a esa sociedad para contraer obligaciones indirectas: "otorgar coberturas y comprometer subsidios contingentes con cargo a los fondos que constituya y administre, destinados a operaciones de financiamiento de entidades financieras".
Señor Presidente, nosotros sugerimos a la Sala que aprobemos la idea de legislar.
Ambos proyectos caminan en paralelo. Respecto del que está en debate, una vez aprobado en general tendremos que abrir un tiempo para presentar indicaciones. Y también se avanza en la iniciativa de ley sobre el nuevo crédito de financiamiento de la educación superior.
Y si se llega a la conclusión de que este es el instrumento, de que esta es la institucionalidad, de que esta es la empresa del Estado que tiene que otorgar los nuevos créditos universitarios, tendrán que concordar ambas legislaciones.
Por eso, es bueno que las dos estén en el Senado, marchando al mismo tiempo.
Señor Presidente, nosotros creemos que esta es una buena institucionalidad. Creemos que responde a una necesidad de nuestro país. Creemos que se trata de una gran oportunidad para entregarles garantías reales a nuestras pymes a fin de que puedan desarrollarse mejor.
Reitero: los Senadores de Renovación Nacional anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, es necesario precisar que estamos votando en general un proyecto que crea la sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A."(INFISA).
Es lo que se somete a consideración de esta Corporación.
Es una propuesta legislativa imprescindible, porque le da racionalidad a los instrumentos a través de los cuales se otorga crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hoy contamos con distintos instrumentos que compiten entre sí y que generan a veces condiciones favorables para las empresas que otorgan créditos, pero no para el usuario final, para los sujetos de crédito.
Por tanto, a través de esta iniciativa se crea una nueva empresa y una nueva institucionalidad, que da mayor coherencia a esta política pública para efectos de promover el emprendimiento y la innovación.
Eso está en consideración. Y se hace a través de -como se ha señalado anteriormente- la creación de una nueva entidad, que es la continuadora legal de SACOR (de CORFO). Se remplaza el FOGAPE, cuyos fondos, que son administrados por el BancoEstado, pasan a ser dirigidos ahora por esta empresa pública.
Sin lugar a dudas, es una iniciativa razonable y necesaria. Por eso, todos los integrantes de la Comisión de Hacienda votamos esta mañana en favor de esta iniciativa.
La intervención del Senador García ha sido muy clarificadora porque efectivamente el Gobierno ha planteado, dentro de su proyecto para sustituir el Crédito con Aval del Estado, que eventualmente se haga a través de esta nueva empresa. Pero, claramente, no es lo que se está votando hoy. La iniciativa para sustituir el CAE se discutirá en su mérito, y el Senado de la República tendrá que pronunciarse cuando se conozca su contenido específico.
Hoy no nos tenemos que pronunciar al respecto, sino acerca de la creación de INFISA, la cual cumple con todos los requisitos para contar con una institucionalidad, en este caso una empresa, que desarrolle bien su trabajo, y de que los instrumentos de otorgamiento y de garantía de crédito para el emprendimiento se ejecuten de mejor forma.
En su oportunidad deberemos ver, obviamente, cuál es la propuesta específica respecto del remplazo del CAE.
De hecho, de aprobarse esta iniciativa tal cual está planteada, ello no sería posible a través de INFISA, porque el artículo 1 de la iniciativa señala: "Autorízase al Estado para desarrollar las actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras.". Es decir, no se habilita a INFISA para que otorgue créditos de manera directa.
Se plantea que el remplazo del CAE implicaría sacar a la banca, a las principales instituciones financieras, del otorgamiento de crédito. Por tanto, resultaría ilógico que bajo el marco de este proyecto se pudiera entender que ello de por sí es suficiente para buscar un nuevo mecanismo.
Es necesario clarificarlo.
Por eso, las intervenciones de los Senadores Pizarro y Lagos van en esta lógica: hoy solo debemos pronunciarnos respecto del proyecto que crea INFISA.
En ese contexto, voto a favor de esta iniciativa, porque es razonable, necesaria, oportuna.
En su oportunidad tendremos que pronunciarnos respecto de cómo se remplaza el CAE. Ese será un debate que se tendrá que desarrollar en su mérito, una vez que conozcamos los detalles específicos de la propuesta gubernamental. Y en lo absoluto puede generar ruido, ni menos contaminar aquello respecto de lo cual nos tenemos que pronunciar esta tarde en el Senado.
Señor Presidente, reitero que, en ese contexto, mi voto es a favor de esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quería retomar un aspecto surgido de este proyecto.
En su idea matriz no hay reparos mayores respecto al rol que jugaría esta nueva institución -una sociedad anónima abierta estatal- para garantizar los préstamos a pequeños emprendedores; esto es, a que instituciones financieras presten dinero a los micro o pequeños emprendedores para un proyecto de inversión, con una garantía del Estado a ese crédito.
Y ello está bien; no hay problema.
El ruido surge a partir de lo que ha señalado el Ejecutivo: mediante esta institución que estamos creando -se presentarán indicaciones en su momento- se permitirá que una política social, como el financiamiento de la educación superior, radique en una sociedad anónima abierta.
Entonces, la pregunta es si es pertinente este vehículo para hacerlo.
¡Y siento que hay reparos!
Si alguno revisa la literatura, ya han surgido reparos reales.
Primero, quiero señalarles que las sociedades anónimas del Estado no son contabilizadas dentro del sector público, lo que implica que ciertos pasivos no se contabilizan en el año.
¿Los fondos que se van a aprobar anualmente para financiar este crédito solidario de la educación superior van a quedar dentro de una empresa que está fuera del presupuesto central?
Segundo, ¿cuál es el giro principal de este nuevo organismo? Dar garantías a los préstamos que estén pidiendo los emprendedores. Es decir, que si la banca señala "Mire, usted, amigo, no me da mucha confianza, porque tal vez su negocio no es muy bueno; pero como el Estado va a poner a través de CORFO hasta el 80 por ciento de garantía, yo le presto". Ese sería su giro principal.
Ello genera utilidades, eventualmente, pero también pérdidas.
¿Cómo se concilia eso? Con una política social de financiamiento.
Pregunta: ¿Si eventualmente los créditos que se hacen para la educación superior no son pagados, se van a imputar a pérdida de la empresa? ¿Cómo se distinguen las utilidades y las pérdidas de un negocio o de un giro con respecto a otro?
Entonces, yo siento que el punto en comento está poco claro.
No me preocupa ahora. Y por eso aprobé la iniciativa en general en la Comisión y haré lo mismo en la Sala.
¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque la indicación del Ejecutivo sobre la materia no existe; no es parte del proyecto.
Si hoy día aprobáramos en general esta iniciativa, y después la despacháramos en particular, no existiría lo relativo a la educación superior. Porque eso no forma parte del proyecto: no fue concebido así.
Señalamos aquello en la Comisión, y ahora hizo lo propio el Senador Elizalde.
Esto se encuentra establecido en el artículo 1, que dice que la autorización es para "proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras".
Ergo, si lo dejamos así, no hay por dónde financiar a un alumno de educación superior. Por eso se requiere una indicación, la cual va a cambiar por completo el giro de la empresa.
En consecuencia, si aprobamos esta iniciativa tal cual está y después no me satisface la indicación que formule el Ejecutivo en materia de educación superior, en nada se va a afectar su contenido.
Sin embargo, quiero decirle al Gobierno que encuentro a lo menos abigarrada esta forma de legislar. Porque si se quiere establecer un sistema de crédito para el financiamiento de la educación superior que remplace al CAE original y que sustituya la propuesta de la Presidenta Bachelet, el mecanismo en que están pensando no me parece el más adecuado.
No quiero hablar de improvisación, en fin.
Yo siento que aquel camino no es el más conveniente.
Convénzanme a mí o al resto de los Senadores de que una entidad que debe generar utilidades, que tiene que darles facilidades a las micro y pequeñas empresas para pedir créditos en la banca ha de ser, al mismo tiempo, la misma (con los mismos gerentes, los mismos recursos humanos, etcétera) que debe dedicarse a prestarles dinero a los estudiantes.
Son dos giros distintos, señor Presidente.
Entonces, la pregunta es por qué se hace así.
Aquí vuelvo al primer argumento: tal vez, porque no quieren que los recursos queden contemplados en el presupuesto anual propiamente tal, y los saquen de la primera línea.
Ahora, no es que sean platas que no se van a usar o que se van a malgastar. Pero quedan contabilizadas de manera distinta.
Y a ojo de buen cubero, ¿de cuántos miles de millones de dólares en créditos para la educación superior estamos hablando?
Ustedes, Senador Quintana u otros Senadores, están viendo aquello: ¿cuántos miles de millones serán?
El señor QUINTANA.- Ocho mil quinientos millones.
El señor LAGOS.- O sea, no estaba tan perdido: ¡8 mil millones de dólares!
¡Son hartos recursos, como para saber en qué parte del Presupuesto van a quedar consignados...!
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto. Se aprueba como está para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
Si después el Gobierno quiere presentar una indicación relativa a la educación superior, habrá una discusión distinta, y yo anticipo que será compleja.
Mejor le pido al Ejecutivo, por intermedio de la Mesa, que piense una institucionalidad como corresponde para financiar la educación superior a través de un sistema de crédito. Y que ello se radique en un servicio público.
Eso me parece más razonable a que sea una sociedad anónima la que les preste recursos a los estudiantes de educación superior.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, sinceramente, creo que estamos frente a un enredo mayúsculo.
He escuchado con mucha atención a todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Y debo decir que para nada son los responsables de este lío: ¡en lo absoluto!
Si yo fuera miembro de dicho órgano técnico lo más probable es que traería a la Sala la misma argumentación y anticiparía mi voto favorable en general, tal como lo hicieron los Senadores Pizarro, García, Lagos, en fin.
Sin embargo, en la Comisión de Educación estamos en una discusión completamente distinta.
Aquí hay dos órganos técnicos que en algún momento van a colisionar.
Lo señaló el Senador Elizalde recién: es imposible que esta iniciativa logre combinar -por así decirlo- los dos giros.
O aquí se toma el camino de una garantía de créditos para los pequeños agricultores, como era la idea original del proyecto, o bien se sigue el de un crédito para los estudiantes de la educación superior que compita con la gratuidad, que será otro debate.
Pero eso es lo que en la Comisión de Educación hemos ido observando.
Entonces, para intentar desenmarañar este enredo, creo que necesariamente debemos remontarnos a lo que pasó en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado.
Ahí se produjo un fuerte debate. No olvidemos que las bancas del frente y la Cámara de Diputados en el trámite respectivo no estaban por respaldar la iniciativa correspondiente.
Hubo un acuerdo -lo dijo el Senador García-, luego de escuchar el planteamiento del Banco Mundial, en que se señaló que esta sociedad agrícola, cuyo giro principal era la explotación y la administración de predios rústicos, no era el órgano más adecuado para -así lo indicó el Senador Lagos- otorgar garantías al sistema financiero, y, por lo tanto, lo que se requería era crear una entidad especializada, con un giro único.
Eso fue lo que finalmente se propuso, y es lo que aprobó el órgano técnico respectivo.
Si yo integrara la Comisión de Hacienda -reitero-, hubiera realizado exactamente lo mismo: habría aprobado en general la creación de la sociedad anónima del Estado llamada "Intermediación Financiera S.A.".
El problema es que se trata de dos Comisiones distintas: la de Hacienda y la de Educación.
Si cualquiera de los Senadores aquí presentes tuviera la ocasión de mirar el proyecto sobre el nuevo CAE -está recién ingresado-, se daría cuenta de que no hay una, ni diez, ni veinte, sino cientos -y no exagero- de referencias a lo que hoy día podríamos aprobar: la creación de la sociedad anónima "Intermediación Financiera S.A,", en adelante -según señala el proyecto- "la administradora".
O sea, mediante esta iniciativa estamos estableciendo una sociedad anónima estatal, en esta lógica de traspasar recursos de CORFO a esta entidad especializada, para otorgarle garantías al sistema financiero; y en la Comisión de Educación se nos dice que esta misma entidad será la que va a prestarles plata a los estudiantes.
Pero como bien manifestó el Senador García recién, una cosa son las obligaciones directas, y otra las obligaciones indirectas.
Evidentemente, el proyecto que ahora nos ocupa, tal como se nos ha presentado hoy día, no sirve para entregarles dinero a los alumnos de la educación superior de nuestro país. No puede ser la vía que remplace al CAE. Porque su artículo 1 habla de persona jurídica, y no de persona natural.
Señor Presidente, valoro la presencia de los representantes de Hacienda. Pero acá está la Presidenta de la Comisión de Educación, señora Yasna Provoste, quien sabe que ellos también han asistido a esta instancia -dicha Cartera no es muy grande-, pero hablando en otra dirección.
De modo que, dentro de todos los problemas que nos aquejan, afortunadamente tenemos acá al Ministro Secretario General de la Presidencia y al Subsecretario de dicha Cartera.
Me parecería importante que ellos nos clarificaran si efectivamente el instrumento que hoy día podríamos aprobar va a ser el órgano que les prestará plata a cientos de miles de jóvenes estudiantes chilenos, con todo lo que ello significa.
Hace algunos días el Presidente del Senado, en el marco de la discusión en la Comisión de Educación, preguntó cuál era el costo del proyecto sobre el nuevo CAE.
No hubo claridad al respecto. El informe financiero es bastante ambiguo.
Se habla de 3 billones de pesos, que es la cantidad de recursos de la recompra. Según entiendo, el Estado ya ha adquirido la mitad de eso.
Le acaban de comprar a la Universidad Iberoamericana, que está quebrada, el 63 por ciento de su cartera.
Esa es la discusión que viene.
Entonces, yo siento que, por un sentido de responsabilidad, el Senado debe pensar bien si finalmente nos vamos a enfocar en prestarles plata a las pymes, que ciertamente la necesitan para establecer sus garantías ante los bancos, o nos concentraremos en otorgarles dineros a los estudiantes.
Si el Gobierno nos despejara esa duda a través de la SEGPRES aquí presente, creo que podríamos seguir adelante con esta iniciativa. De lo contrario, me inclinaría a pensar que este asunto está bastante verde, pues hay poca claridad, y, además, se juntan dos iniciativas completamente contrapuestas.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay cuatro Senadores que han pedido usar de la palabra. Pero hasta ahora en todas las intervenciones se ha expresado la misma inquietud.
Entonces, no sé si el Ejecutivo podría aclarar algunas de las consultas que han formulado Sus Señorías, o si seguimos con la discusión.
Los representantes del Gobierno me señalan que hablarán después.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo tenía un propósito: apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que claramente se hallan en una situación de desventaja con respecto a las grandes compañías en cuanto a la posibilidad de acceder a la banca y, además, a mejores condiciones en materia de tasas de interés.
Esa era la finalidad original de esta iniciativa.
Pero, tal como lo señaló nuestro colega de bancada el Senador Pizarro, quien integra la Comisión de Hacienda, cuando se le pregunta al Ejecutivo si esta sociedad anónima es la misma institución que dará cuenta de la nueva administración para los créditos universitarios, la respuesta es "sí".
Señor Presidente, en este punto creo que estamos en un problema, porque es una mala idea del Gobierno colocar en este proyecto el mecanismo de financiamiento de los créditos universitarios.
Un buen sistema de financiamiento de créditos requiere también que este sea transparente y fiscalmente responsable. Lo decía el Senador Lagos: si nos preocupa claramente la responsabilidad fiscal, necesitamos saber cuánto se está gastando, cuánto se está invirtiendo en créditos universitarios.
Hoy día, en la información oficial que se ha logrado entregar, tanto en la Comisión investigadora del CAE en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Educación del Senado a propósito del nuevo sistema de financiamiento, nos encontramos con cifras realmente alarmantes respecto de lo que le han significado al Estado la compra y recompra de la cartera de deudores de ese sistema.
Por lo tanto, es una mala idea del Gobierno colocar en esta iniciativa el financiamiento de los créditos universitarios.
Quiero decirles a quienes me han antecedido en el uso de la palabra que no es posible leer los proyectos de ley de manera individual; tenemos que hacer una lectura integral con otras iniciativas que están en discusión.
Entonces, cuando el artículo 1 de este proyecto de ley plantea que este busca financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio a entidades financieras, y luego, en la tramitación de otra iniciativa -el nuevo CAE presentado por el Gobierno-, también en su artículo 1o, se dispone que este crédito será otorgado a los estudiantes por una sociedad anónima del Estado, en verdad se está cambiando absolutamente la naturaleza del proyecto de ley que nos ocupa.
Respecto de la iniciativa que estamos discutiendo, cuyo propósito era apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas, se nos decía que la entidad que se crea entregaría financiamiento crediticio a entidades financieras. Pero en el debate del otro proyecto que mencioné se nos señala que esta misma sociedad anónima será la que se utilizará en el sistema de créditos para la educación superior.
Reitero, señor Presidente, que el Ejecutivo fue consultado sobre el particular durante la tramitación de la otra iniciativa, y la respuesta fue afirmativa.
Insisto en que ello me parece una mala idea, porque, efectivamente, lo que se plantea en el proyecto del nuevo CAE presentado por el Gobierno es que esta sociedad anónima va a prestar recursos a personas naturales, no a entidades crediticias, como lo dispone la iniciativa en discusión.
Por eso, señor Presidente, considero importante que el Ejecutivo aclare el punto en esta sesión. De lo contrario, formalmente pido segunda discusión de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, ¿usted ha pedido segunda discusión en la medida en que el Ejecutivo no responda las inquietudes que han expresado los distintos señores Senadores? ¿Es eso correcto?
La señora PROVOSTE.- Escuchemos al Gobierno.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Consulto al Ejecutivo si quiere hacer uso de la palabra ahora o más tarde, una vez que escuchemos a otro señor Senador.
Prefiere esperar. Bien.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, creo que cuando se discute un proyecto de ley es importante abocarse a las materias que esa iniciativa establece.
Nadie en esta Sala conoce qué planteará una eventual indicación, cómo se va a desarrollar determinado futuro. Por lo tanto, quiero centrar mi intervención en la necesidad de que el Senado dé una señal clara frente al propósito y al objetivo de este proyecto.
Si el día de mañana llega una indicación, ella será discutida en su mérito, teniendo presentes sus características o requisitos. Pero referirse a algo que nadie conoce, basado solo en una opinión entregada en sentido futuro por parte del Gobierno, me parece que es eludir claramente el objetivo central de esta iniciativa.
¿Y cuál es el objetivo central de este proyecto?
Ayudar a las micro y a las pequeñas empresas.
Muchas veces hemos escuchado en esta Sala opiniones acerca de la necesidad de avanzar en esa materia. Y cuando llega una iniciativa con ese fin, esgrimimos otros argumentos, otras razones para postergarla o, a lo mejor, para votar en contra de ella.
Pero digámoslo con claridad: este instrumento, esta sociedad anónima se crea para ayudar al financiamiento de las pequeñas empresas.
En discusiones presupuestarias pasadas, la temática giraba en torno a cómo funcionaban otros instrumentos de financiamiento que no pertenecían a CORFO.
Es el caso del FOGAPE, manejado por el Banco del Estado. Para las pequeñas y las medianas empresas era prácticamente inalcanzable ese instrumento. Muchas veces en reuniones en regiones -a más de alguno de los colegas le habrá pasado- pequeños emprendedores, agricultores o pequeños comerciantes nos han señalado que cuando han querido utilizar algún instrumento como el FOGAPE ello es imposible, inviable o lejano.
Lo que debemos hacer ahora es que esta sociedad anónima, en la que el uno por ciento será del Fisco y el 99 por ciento será de CORFO, actúe eficazmente para ayudar a aquel emprendedor que requiere recursos para su negocio.
¡Eso es lo que estamos votando hoy día!
¡Nada más que eso!
Eventualmente, en otro trámite o en la discusión en particular de este mismo proyecto, puede llegar una indicación. La veremos en su oportunidad y diremos si es eficaz o no. Pero eludir o argumentar con una situación hipotética para atrasar esta iniciativa me parece que no es un camino correcto para el Senado. Más aún cuando este proyecto forma parte de un acuerdo adoptado en la discusión de la Ley de Presupuestos de este año, en que una vez más se determina que las pequeñas empresas tienen profundas dificultades de financiamiento y obstáculos para obtener recursos, llevar adelante sus programas y poder invertir.
¡A esa gente es a la que verdaderamente tenemos que dar respuesta hoy día!
Me sorprende, además, señor Presidente, que todos manifiesten que las normas de este proyecto van en el sentido correcto de darle eficacia a la acción de un organismo como CORFO para ayudar, de Arica a Magallanes, a los pequeños emprendedores que requieren un grado de financiamiento para sus proyectos.
¡Cuántas veces ustedes han recibido quejas de distintos pequeños empresarios en el sentido de que van al Banco del Estado y este no les da ninguna posibilidad de financiar sus iniciativas y los obliga a ir a la banca privada sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de ayuda!
Ese es el proyecto que hoy nos presenta el Gobierno para su aprobación, a fin de dar respuesta a esa familia, a ese emprendedor, a esa mujer de trabajo que quiere, a través de su talento, de su esfuerzo, desarrollar una actividad que, además de satisfacer las necesidades de su familia, logre también generar otros empleos.
No existe ninguna norma en esta iniciativa que diga que ese fin pueda ser objeto de transgresión o ser obstaculizado. Por eso hay que actuar con la más absoluta responsabilidad.
A mí me llama profundamente la atención que en este Hemiciclo se diga que existe irresponsabilidad en el tratamiento de este proyecto de ley.
Fíjese, señor Presidente, que el Senado hace algunos meses discutía el financiamiento de Televisión Nacional y el hecho de que era absolutamente imprescindible que todos los chilenos le pasaran determinada cantidad de millones de dólares para que dicho canal pudiera seguir funcionando.
Sin embargo, ahora nos enteramos de que parte de su directorio, al margen de toda normativa, establecía contratos y disposiciones adicionales a ellos que verdaderamente violaban la discusión que el Senado había sostenido en ese momento.
Por lo tanto, cuando hablemos de responsabilidad tengamos cuidado, porque debemos hacerlo siempre con un sentido de Estado.
Entonces, yo hoy día llamo la atención de esta Sala, porque nadie puede sostener aquí que alguna norma de la iniciativa no va en la dirección de ayudar al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que requiere una forma de financiamiento.
En la mañana me tocó reemplazar al Senador Coloma en la Comisión de Hacienda, y la discusión giraba en torno a si este instrumento -y me sumo a la duda- está en condiciones de ayudar al pequeño agricultor de nuestra zona centro-sur. Porque la agricultura familiar campesina dispone en INDAP de un instrumento adecuado, pero hay otro segmento que enfrenta numerosas dificultades para obtener financiamiento. Yo espero que esta iniciativa pueda ir en ayuda de esas personas.
Eso es lo que estamos votando hoy día, no otra cosa.
En otra Comisión del Senado se está debatiendo cómo podemos suplementar la gratuidad, cómo podemos complementarla para ciertas familias, a través de un sistema solidario de financiamiento. En esa oportunidad se verá si este es un buen instrumento o no.
Pero demorar el debate por lo que eventualmente pueda pasar -nadie discute que a partir del análisis técnico que se realice al interior del Gobierno el mecanismo propuesto puede ser distinto- significará retrasar una solución y que cientos y miles de pequeños emprendedores a lo largo de nuestro país, que quieren generar con su propio esfuerzo el bienestar de sus familias, no dispondrán de un instrumento adecuado como el que nos hallamos debatiendo.
El FOGAPE tiene una muy buena sigla, señor Presidente. ¡Pero cuánto costaba que beneficiara a las personas para sus emprendimientos! ¡Cuánto costaba! ¡Porque siempre había una disculpa para que dicho Fondo no operara! ¡Siempre!
Por lo tanto, creo que debemos refrendar esta iniciativa -nace de una decisión del Senado y de todo el Congreso durante la tramitación de la Ley de Presupuestos-, toda vez que las normas sobre las cuales se quiere avanzar se reflejan de manera correcta en el proyecto que se somete a nuestra consideración.
¡Tenemos que votar sobre esta iniciativa y no sobre cosas hipotéticas!
¡Tenemos que votar sobre esta iniciativa y no sobre eventualidades!
¡Tenemos que votar sobre lo que el Gobierno nos propone y no sobre lo que eventualmente nos podría sugerir!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra.
En primer lugar, intervendrá el Ministro Gonzalo Blumel, y luego, el Subsecretario de Hacienda.
¿Es así, señor Ministro?
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Sí, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Muy bien.
Puede hacer uso de la palabra, señor Ministro.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en primer término, quiero destacar algunos puntos. Naturalmente, los explicará con mayor detalle el Subsecretario de Hacienda, quien ha estado a cargo de la tramitación del proyecto y de sus aspectos más puntuales y específicos.
Debo precisar que esta iniciativa surge como un compromiso relevante -esto quedó consignado en el protocolo de la Ley de Presupuestos- que dice relación con la administración de los mecanismos de crédito que gestiona la CORFO, con la necesidad de crear una empresa pública que se haga cargo y mejore los estándares y las formas de administración y que modernice el sistema de distribución de los créditos, de acuerdo con los parámetros más avanzados y las recomendaciones del Banco Mundial.
Eso es lo que busca este proyecto en particular.
Entonces, a nosotros como Ejecutivo nos interesa que podamos separar la discusión.
Si efectivamente -como se explicó en una intervención anterior- se registra una discusión de otra naturaleza a raíz de una iniciativa diferente, que tiene que ver con el sistema de financiamiento solidario, creo que esa es una materia que debe analizarse en su mérito.
El mérito del proyecto que nos ocupa es uno solo. Sus Señorías lo conocen. Esta es una iniciativa que viene de la Administración anterior y que el actual Ejecutivo ha decidido empujar e impulsar.
Lo que nosotros queremos es que se evalúe en su mérito un proyecto que posee un conjunto de elementos que a nuestro juicio hacen necesarias su discusión y su materialización.
Ese es un primer punto, bien relevante, que a nosotros nos gustaría enfatizar: discutir este proyecto en su mérito, en cuanto a lo que busca. Y la iniciativa vinculada con la creación de un sistema de financiamiento solidario se está estudiando en otra Comisión y corresponde a otro proyecto.
Por lo tanto, las indicaciones a la iniciativa en análisis tienen que ver con su idea original. Y lo otro podremos discutirlo en el texto que se está estudiando en la Comisión de Educación.
En consecuencia, se trata de materias distintas. Cada una tiene sus tiempos, sus ritmos y sus momentos legislativos.
Eso es lo fundamental.
Me gustaría que el Subsecretario de Hacienda explicara con mayores detalles la motivación de este proyecto, cuáles son sus objetivos y por qué a nosotros nos parece importante la aprobación de la idea de legislar para, luego, pasar a la discusión particular de la iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todas las Senadoras y a todos los Senadores presentes.
Como Subsecretario de Hacienda, me toca hacer algunos comentarios después de las intervenciones de los Senadores y las Senadoras que hoy día han participado en el debate.
También creo que sería conveniente efectuar un recuento de la tramitación de este proyecto.
Estamos hablando de una iniciativa presentada el 2 de enero de 2018 por la ex Presidenta Michelle Bachelet, que viene a cumplir un compromiso surgido a propósito de un protocolo firmado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos como resultado de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018.
Al respecto, señor Presidente, quiero consignar lo siguiente.
Cuando se abre la discusión de la Partida Ministerio de Economía, específicamente en lo relativo a CORFO, el ex Vicepresidente Ejecutivo de dicho organismo señala que la intención del Gobierno anterior era capitalizar SACOR -empresa del Estado creada en 1964, que, al 2017, hacía trece años que no registraba ningún tipo de movimiento- para los efectos prácticos de alojar en ella el Programa del Fondo de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas.
Cuando hablamos del FOGAIN -y también del FOGAPE, instrumento administrado por el BancoEstado y del cual me ocuparé a continuación-, nos estamos refiriendo básicamente a un instrumento de especial importancia para las micro, las pequeñas y las medianas empresas.
Para que tengamos clara la dimensión de los recursos que están hoy día alojados en una división de CORFO -no se trata de una persona jurídica propiamente tal, sino de una división-, la Gerencia de Inversión y Financiamiento de dicho organismo hoy día maneja un presupuesto cercano a los 4 mil 300 millones de dólares.
Durante esa discusión legislativa, para no capitalizar SACOR -sociedad que, reitero, no registraba movimientos hacía trece años-, se consideró del todo necesario constituir una sociedad anónima del Estado, denominada "Intermediación Financiera", a los efectos prácticos de tener un vehículo con normas que faciliten la transparencia y permitan continuar con las distintas recomendaciones que entidades como el Banco Mundial realizaron en su oportunidad respecto de la administración de los fondos de garantía para las pequeñas empresas, disponiendo finalmente de otro lugar a partir del cual poder otorgar esos recursos.
Lo que acabo de señalar está en la Glosa 31 de la Partida 07 de la ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018.
Por eso el actual Gobierno, con la idea de proseguir con el proyecto ya presentado y concretar el compromiso adquirido por ambas ramas legislativas, viene a continuar la tramitación de esta iniciativa.
Este proyecto se presentó en la Cámara de Diputados, donde se registró una altísima aprobación en la Sala: solo tres abstenciones y el resto todos votos favorables.
Hay sobre el particular (diría yo) una sensibilización especial, porque el instrumento de que se trata es demasiado importante para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En 2017, a través de estos fondos de garantía, 168 mil 245 empresas fueron beneficiarias de programas tanto de cobertura cuanto de refinanciamiento (esta última es la otra figura).
Sin la existencia del FOGAIN y del FOGAPE, hoy día entre 15 y 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas no tendrían acceso al crédito.
¡Así de claro!
Por lo tanto, la comunidad de las referidas empresas mira con atención no solo el proyecto de ley de prontopago, sino también la forma en que nosotros, como entes colegisladores, finalmente vamos a ser capaces de resolver en qué estructura jurídica continúan los recursos en comento.
Dicho lo anterior, señor Presidente, cabe señalar que esos fondos, básicamente, les otorgan cobertura a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué instituciones? En 91 intermediarios financieros, en distintos programas de refinanciamiento y cobertura.
La cantidad de intermediarios financieros que se han acercado para participar en los programas ha ido creciendo exponencialmente.
En consecuencia, era necesario transparentar que el Ejecutivo -lo conversábamos acá con algunos miembros de la Comisión de Hacienda del Senado-, entre sus propuestas, considera en el proyecto de ley sobre financiamiento solidario que este sea el vehículo que en último término administre los créditos.
Sin perjuicio de ello, es del caso decir que se trata de una discusión accesoria a lo principal.
Hoy día, esencialmente, esta Corporación debe votar la idea de legislar acerca de este proyecto, que -lo señalo de nuevo- se inició en mensaje del Ejecutivo anterior y fue tomado por el actual Gobierno debido a que lo considera necesario, sobre todo para la consolidación del sistema de otorgamiento de cobertura crediticia y refinanciamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. De modo que no podríamos sino tratar de que se apruebe en general esta iniciativa y no se le dé la espalda al mundo de aquellas empresas.
Ese fue nuestro predicamento en la Comisión de Hacienda, y ahora venimos a corroborarlo en esta Sala.
Ahora bien, la Cámara de Diputados introdujo al texto que presentó la Presidenta Michelle Bachelet modificaciones que estimo necesario puntualizar.
En primer lugar, hay que tener una consideración especial desde el punto de vista de la cobertura regional, no del FOGAPE, sino del FOGAIN. Porque el FOGAPE está en BancoEstado, pero también ingresa a esta sociedad, para constituir un solo ente y no generar una burocracia estatal excesiva.
Fue un punto que pusieron sobre la mesa los Diputados.
Como Ejecutivo, nos hicimos cargo de él. Así, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se van a establecer los requisitos para los efectos prácticos de que el FOGAIN y el FOGAPE el día de mañana, en Intermediación Financiera S.A., tengan cobertura regional suficiente para apoyar a la mayor cantidad posible de micro, pequeños y medianos empresarios.
La segunda modificación se relaciona con la necesaria cuenta pública y, por cierto, con el envío de estados financieros a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una vez al año.
Creemos que una sociedad anónima del Estado requiere un control. Y él será ejercido no solo por la ciudadanía, a través de los instrumentos existentes en la actualidad, sino además por la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS).
Hemos querido, señor Presidente, que el Congreso Nacional tenga una voz con respecto a la administración del fondo pertinente, que es de suma importancia y que involucra una cantidad no despreciable de recursos, los que deben ser bien ejecutados e invertidos en los proyectos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Para finalizar, señor Presidente, y haciéndome cargo del punto expuesto sobre el particular, creo que la votación en general dice relación con la idea matriz, que no ha cambiado un ápice desde que el proyecto fue presentado por la Presidenta Bachelet, el 2 de enero del 2018.
Sin perjuicio de ello -y así lo comentamos en la Comisión de Hacienda del Senado-, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en la Comisión de Educación, donde habrá una discusión accesoria, aparte.
Obviamente, al respecto se tomará una decisión, la que en algún momento consideraremos, a los efectos de ampliar o no los alcances de esta iniciativa, lo que correspondería hacer en la votación particular.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, yo recuerdo muy bien el momento en que se elaboró la glosa del Presupuesto a que se hizo referencia. Y ello fue porque hubo oposición a la fórmula de financiamiento que proponía el Gobierno. Se dijo, entonces: "Vamos a crear una institución especial para esto". Y esa fue toda la discusión. Porque la propuesta original no contaba con los votos requeridos y, por ende, se buscó tal solución.
¿Qué estamos discutiendo ahora? La idea de establecer una financiera especializada en créditos para pymes, con un sistema de garantías y otras cosas.
Eso es lo principal: crear una sociedad anónima del Estado.
A mí me surgen varias dudas, y considero importante explicitarlas.
Yo no tengo problema en aprobar la idea de legislar. Pero creo que cuando desarrollemos el proyecto deberemos realizar una discusión mucho más profunda que el solo hecho de decir "Avancemos en esta dirección".
Primera duda: ¿por qué no se le asignan al Banco del Estado (opino que tenemos que hacerlo) las funciones respectivas?
A esa institución la estamos dejando como un resto, como un remanente.
Cuando se creó el Banco del Estado, aquellas eran sus funciones principales. Y, además de dar créditos, tenía la perspectiva de banco de desarrollo.
Hoy día, si uno escucha la discusión sobre esta materia, que se relaciona con las pymes, concluye que se trataba no solo de una dimensión financiera, de la cobertura de las necesidades de dicho sector, sino también de jerarquizar en ciertas áreas, en algunas regiones, en determinados temas: era asimismo un banco de desarrollo.
Entonces, me gustaría saber qué reflexión ha hecho el Ejecutivo a ese respecto, porque estamos ante una materia que debe discutirse.
La pequeña industria metalmecánica se halla congelada.
¿Qué han hecho los italianos en este tiempo? Crean la Ley Sabatini y establecen para dicha industria un sistema específico que se pueda vincular a la robótica en el tiempo actual.
¡Y nosotros qué!
O sea, vamos a ver lo que surge, pues no tenemos un sistema de desarrollo y el financiamiento no es parte de cierta estrategia para impulsarlo.
Esa es mi primera duda, y quiero dejarla explicitada.
Segunda duda, señor Presidente.
Supongamos que la entidad propuesta sea la que remplace al FOGAPE.
Aquí se hacen críticas a dicho Fondo. Sin embargo, debemos determinar cómo se va a alterar la lógica de su funcionamiento.
La verdad es que el FOGAPE tenía un aporte y respondía a varias necesidades. Pero todos visualizan sus limitaciones.
Como muy bien dijo el Senador Pérez Varela, adolecía de un conjunto de limitaciones en cuanto a la cobertura y a la función que cumplía. No tomaba en cuenta las características del proyecto presentado, ni la región donde este se insertaba, ni lo que podía o no aportar. Era otra su lógica para tomar las decisiones.
Ahora, si se desea crear un ente con tales características, uno puede hacer varias preguntas.
¿Qué va a pasar con ella y con las pérdidas? Porque claramente, por definición, las tendrá.
¿Qué ocurrirá con los créditos castigados?
¿Qué va a suceder con los costos de las garantías?
O sea, va a aparecer como una entidad ineficiente, pues por definición su margen de riesgo es alto. Entonces, de todas maneras registrará pérdidas de distinta naturaleza.
Me gustaría saber cómo lo considera el Ejecutivo, teniendo en cuenta la existencia de empresas estatales ineficientes.
Entonces, es muy importante saberlo.
Los bancos tienen su forma de procesar aquello.
El señor LAGOS.- Y sume la morosidad de los créditos universitarios.
El señor MONTES.- La tercera duda, señor Presidente, se relaciona con el crédito para la educación superior.
Aquí ya se ha dicho: es tremendamente complejo el instrumento que se va a crear.
Hoy día existe Ingresa, institución que tiene su historia: conoce la materia; también, el sector.
De consiguiente, creo que hay que fortalecerla y darle características de entidad pública o vincularla a otra institución que conozca realmente la singularidad de la educación superior. Porque no se trata de revisar a clientes estandarizados y decir "A este le doy; a este, no; a este le cobro", en fin.
El dar créditos, sobre todo para educación superior, requiere cierta especificidad, determinadas características.
Yo no confundiría pyme con educación superior, porque eso, en vez de ayudar a una u otra, va a generar una confusión entre ambas.
Por consiguiente, hay que analizar aquello con mucha calma.
Además, yo les diría a los Ministros que es indispensable tener claro que actualmente los créditos para educación superior en gran parte (60 por ciento) son propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque este los compró forzadamente, conforme a la ley del CAE. Y se hallan en la Tesorería General de la República, la que a raíz de ello está corriendo un conjunto de riesgos.
¿Qué vamos a hacer con tales recursos? ¿Se van a transferir a una nueva entidad?
Es parte de la discusión habida en la Comisión de Educación.
Porque aquí estamos no solo ante un asunto financiero, sino además frente a créditos para apoyar la educación superior. No se trata simplemente de una financiera más: es una entidad que debe tener sus propias especificidades.
La cuarta y última duda, señor Presidente, tiene que ver con el tratamiento de todo este movimiento en torno al equilibrio estructural.
¿Vamos a ponerlo arriba o abajo de la línea?
Eso ya ocurría en el caso del Crédito con Aval del Estado. En algún momento llegamos a tener 8 mil millones de dólares en el CAE a manera de provisión, o como se quiera decir; porque tampoco era pasivo.
O sea, por definición, aquí va a haber pérdida o existirá una dilatación muy larga en el tiempo.
Entonces, ¿cómo se piensa tratarlo con respecto al equilibrio estructural, cuestión que se discutió siempre con distintos ministros, en diferentes momentos? Porque al final se sacaba por fuera: ni por arriba ni por abajo, sino por el lado.
Para terminar, en cuanto a la pyme quiero decir que sería bastante bueno clasificar a los clientes para saber qué está pasando con ellos.
Asumamos que el sistema de financiamiento existente hoy día para la pyme no está funcionando bien.
No es cuestión de trasladar el FOGAPE de un lado a otro; tampoco, de decir "Entremos con un sistema de evaluación de proyectos para dar determinados créditos a otros similares".
Aquí hay que repensar.
En mi concepto, la dimensión de desarrollo es fundamental.
Además, me parece muy bien la dimensión territorial.
Yo pregunto qué habría sucedido si Büchi, cuando fue Ministro de Hacienda, hubiera operado con esa actitud y dicho "Aquí tienen un fondo de crédito. A ver si la forestal sale o no sale". Hubo una línea bien focalizada para impulsar el desarrollo de un sector. Y por eso funcionaron los instrumentos.
Con esto de crear condiciones en forma indiscriminada tenemos pequeñas empresas que no logran mejorar la productividad ni avanzar, y dentro de ellas, ciertos sectores que se modernizan a otro ritmo pero no consiguen diferenciarse.
En consecuencia, creo que estamos ante un proyecto que por un aspecto resulta interesante para aprobar la idea de legislar. Pero a lo mejor habrá que elaborar un poquito más las soluciones y buscar alternativas.
La institución financiera en cuestión se crea ante la dificultad que hubo en la discusión del Presupuesto para 2018 a los efectos de llegar a acuerdo sobre la entidad propuesta originalmente. De modo que esto no fue ni muy reflexionado ni muy elaborado: se trató de un parche para resolver un problema.
Señor Presidente, quizás llegó el momento de hacer un debate mayor sobre la pyme.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos votando hoy día tuvo su origen, como ya se expresó, en la discusión del Presupuesto para este año, a fines de 2017, cuando el Ejecutivo, a través del Director Ejecutivo de la CORFO, planteó mediante una glosa referida a dicha Corporación la capitalización de la empresa estatal Sociedad Agrícola SACOR con 260 millones de dólares. El objetivo era que esa Sociedad "... ejecute programas de coberturas de riesgos y respalde las coberturas que se encuentran comprometidas por CORFO con los Fondos de Cobertura de Riesgo.".
¿Por qué recuerdo aquello? Porque hoy día, en cuanto a este proyecto de ley, planteamos distintos asuntos que habría que tratar, en fin. Pero en ese minuto se hablaba de hacerlo simplemente a través de una glosa presupuestaria. O sea, acá no había mayor discusión en torno a si el mecanismo funcionaba bien o no: solo ¡capitalización y glosa presupuestaria!
De hecho, durante la discusión parlamentaria ni siquiera notamos que la norma pertinente se contenía en la glosa a que se ha hecho referencia.
Tal capitalización, señor Presidente, no se podía hacer mediante una glosa presupuestaria porque ello era inconstitucional.
La fórmula de utilizar una empresa que no tenía nada que ver con la tarea que se estaba encomendando era inadecuada. En efecto, su giro era el fomento de actividades agrícolas. O sea, se trataba de una empresa enfocada a apoyar, no a las pymes, sino al sector agropecuario. Además, en la práctica había estado sin actividad desde el año 2004; entonces, en 2012 el Consejo de la CORFO aprobó su disolución, medida que se revirtió el año 2016.
Pero el punto estriba en que toda esta discusión que estamos teniendo acerca de las pymes no fue planteada en su minuto por el Gobierno anterior, que solo dijo: "Pongamos los fondos en una empresa que se encuentra inactiva, que tiene un giro totalmente distinto, para que ahora se preocupe de apoyar a las pymes".
En consecuencia, señor Presidente, dado que la medida era inconstitucional y que a nuestro parecer la glosa presupuestaria no era el camino correcto, le pedimos al Ejecutivo -fue un planteamiento de varios Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos- que actuara de manera completamente distinta y enviara al Parlamento un proyecto que se hiciera cargo de la cuestión específica.
Fue por eso que en enero de este año el Ejecutivo de la época presentó la iniciativa de ley que estamos votando esta tarde.
Este proyecto se hace cargo, como ya se ha dicho, del tema de las pymes. Por tanto, se podrá discutir más a fondo lo del apoyo a ese sector y lo que planteó el Senador Montes.
Una discusión distinta, señor Presidente, es la relativa al crédito solidario. Y yo invito a que la consideremos de esa forma.
Me explico.
Si a la Comisión de Educación no le parece que la nueva entidad se haga cargo del referido crédito, puede votar en contra. Entonces, nos será factible debatir para los efectos de determinar si debe asumir dicha tarea una agencia distinta, con un financiamiento y una lógica diferentes.
No es la primera vez que votamos en paralelo dos proyectos interrelacionados. En este minuto varias iniciativas vinculadas con la niñez tienen relación entre sí; de modo que tendremos que ver cómo avanzan unas para determinar de qué manera se adecuan las otras.
Esa -repito- es una tarea que hacemos constantemente.
Entonces, yo no haría de aquello algo muy complejo, pues no tiene grandes complicaciones.
A mi entender, señor Presidente, los puntos más importantes de la discusión en torno al crédito solidario son otros: el problema de las universidades; la forma de auxiliar a los estudiantes marginados de beneficios significativos; cómo se ayuda a los deudores del CAE, algunos de los cuales figuran en DICOM y a veces ven en peligro su casa; la manera en que las personas sin acceso a gratuidad -quizás ello suceda dentro de mucho tiempo o tal vez no ocurra nunca- pueden, para financiar su educación, acceder a un crédito mucho más blando que el otorgado con aval del Estado.
Pero la determinación de la entidad que se hará cargo del crédito solidario corresponde a una discusión posterior.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que no sean los bancos, sino una entidad estatal. Porque las personas van a pagar solo si están empleadas y si su ingreso es superior al sueldo mínimo. El pago corresponderá a una parte del sueldo: 10 por ciento. Y si se pierde el empleo se deja de pagar.
Me parece que ese es el centro de la cuestión.
Ahora, de no haber acuerdo en cuanto a la entidad que se hará cargo del crédito solidario, bueno, se votará en contra de la parte pertinente del articulado.
En mi concepto, señor Presidente, no podemos entrampar este proyecto, que fue presentado por el Gobierno anterior y que responde a una discusión específica habida en el Congreso Nacional durante el análisis parlamentario del Presupuesto para el año 2018.
Señor Presidente, debo recordar que el entonces Director Ejecutivo de la CORFO expresó que si no solucionábamos pronto la situación de los créditos y no determinábamos qué entidad se iba a hacer cargo de ellos tendríamos un problema grave, incluso a nivel internacional. Y puntualizó que por eso él había planteado el camino rápido de la capitalización a través, simplemente, de una glosa presupuestaria.
Nosotros consideramos que ese no era el camino correcto. Y por ello se presenta este proyecto de ley.
No lo entrampemos más. Dejemos que avance. Votémoslo en general. No lo mezclemos con la cuestión educacional. Y después se verá cuál es el camino adecuado: si no es el señalado como han sostenido los parlamentarios de Oposición, deberemos buscar otro.
¡No podemos dilatar más la solución de la problemática existente!
Creo que ya estamos un poquito contra el tiempo. Se nos viene encima la discusión presupuestaria. Por tanto, debemos actuar con rapidez.
La discusión acerca del crédito solidario yo la llevaría totalmente por cuerdas separadas. De hecho, es altamente probable que el proyecto salga antes -espero que así sea- de lo que vamos a demorar en la discusión acerca del crédito solidario.
Por eso, invito a aprobar la iniciativa, que viene de la Administración anterior.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se ha pedido abrir la votación.
Ahora usará de la palabra el Honorable señor Huenchumilla, y los Senadores señor Pizarro y señora Provoste me solicitaron poder hacerlo después de la intervención del Ejecutivo, pues se dejaron tres minutos cada uno.
Y ya hay más inscritos.
¿Habría acuerdo para abrir la votación y conservar los tiempos?
No se registra unanimidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, no he participado en la discusión de este importante proyecto en la Comisión de Hacienda; pero, a la luz del debate que ha tenido lugar aquí, me han surgido un par de dudas que quisiera plantear para la historia del establecimiento de la ley.
Me queda meridianamente claro que el objetivo, como aquí se ha señalado, es ir en ayuda del desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas, mas también que la finalidad es autorizar al Estado para realizar "las actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras".
Por lo tanto, las destinatarias de la tarea son estas últimas, con lo cual ello no podría extenderse, por ejemplo, a las de educación superior. Descartamos inmediatamente que el propósito perseguido se pudiera atribuir a refinanciar programas para créditos que les hubieran otorgado a sus estudiantes.
Imagino que tampoco podría considerarse el refinanciamiento de la propia cartera comprada por el Fisco y que, como decía el Senador señor Montes, alcanza a un sesenta por ciento, papeles que se hallan hoy día en la Tesorería General de la República.
Si pensamos en el cuarenta por ciento restante, la pregunta es dónde están los papeles producto del crédito. Si se encontraran en entidades financieras, diría que tampoco sería posible el refinanciamiento, porque la finalidad de la iniciativa es -repito- financiar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, una indicación del Ejecutivo tendiente a que esta empresa del Estado pudiera contemplar planes de refinanciamiento respecto del CAE tendría que ser necesariamente declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda, pues no condice con las ideas matrices del proyecto, las cuales dicen relación con que la sociedad anónima que se está creando tiene por objeto el refinanciamiento de entidades financieras cuya finalidad es el desarrollo productivo.
Desde ese punto de vista, el Senador que habla, por lo menos, piensa que así tendría que ser el tipo de argumentación con que debiéramos contar para enfrentar la posibilidad de que el Ejecutivo quisiese contemplar, mediante una indicación, una nueva cobertura, digamos, en el mismo texto que nos ocupa. A mi juicio, no podría hacerlo, por la especial naturaleza de las ideas matrices y que se expresan, fundamentalmente, en el artículo 1°.
Mi segunda prevención o duda es que si vamos a establecer una empresa del Estado con el objetivo de contribuir al desarrollo productivo de las pymes, resulta que en el número 3 del artículo 4, donde se señalan sus atribuciones y obligaciones -a lo mejor, el Ejecutivo o los miembros de la Comisión de Hacienda podrían ilustrarnos, no digo ahora, sino cuando el punto se discuta más adelante-, también le otorga la facultad, ya saliéndose de dicho apoyo, de "Otorgar coberturas para la emisión de títulos de deuda de securitización".
Esta es una finalidad, exclusivamente financiera, que puede contemplar una institución bancaria de todo tipo. Porque el inciso segundo del número 5 señala qué se entiende por entidades financieras: puede serlo una cooperativa de ahorro, pero también un gran banco.
En consecuencia, estando de acuerdo en que sería posible servir como banca de "segundo piso", podríamos decir, para los efectos del desarrollo productivo de las pymes, no me parece que podamos contar con una empresa del Estado que se preste para procesos de securitización. Porque todos sabemos que cuando se inicia uno de ellos y se consolidan títulos de deuda o de crédito, como queramos llamarles, estos se transan indefinidamente en la bolsa. Entonces, el Estado estará otorgando una cierta garantía a entidades bancarias que podrían securitizar los títulos y llevar la responsabilidad del primero mucho más allá de la intención del legislador, cual es disponer un apoyo a las entidades financieras, en la medida en que el crédito va directamente en beneficio de pequeños y medianos empresarios.
Finalmente, alguien se preguntaba aquí qué pasaría con eventuales pérdidas. Bueno, quiero que tengamos claro que en la creación de una empresa del Estado rige el artículo 19, número 21°, de la Constitución y que, aparte de la exigencia de aprobarla con quorum calificado, como bien decía el señor Secretario, ella se va a regir por las normas del sector privado, salvo las de derecho público que consignemos en el texto. Por lo tanto, las pérdidas se regirán por las primeras, al igual que la capitalización.
Y si el Fisco quiere introducir una nueva capitalización, ello tendrá que ser motivo de una ley o se tendrá que pelear anualmente en el Presupuesto la inyección de recursos para que la empresa pueda funcionar.
Entonces, a mí me parece que estos aspectos podrían ser dignos de discutirse en la tramitación que el proyecto siga en la Comisión de Hacienda, pero que, en lo central, cabe apoyarlo, sin perjuicio de que el peligro del CAE no podría encontrarse en el articulado, porque se sale absolutamente de sus ideas matrices.
Por eso, voy a votar a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré muy breve.
La idea matriz de la iniciativa es fortalecer la política de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la creación de una sociedad anónima del Estado: Intermediación Financiera, continuadora de la Sociedad Agrícola de Corfo, para proveer, financiar y gestionar proyectos, etcétera. No voy a repetir lo que ya hemos dicho varias veces.
Por lo tanto, no podría estar en contra del establecimiento de una institución de este tipo si soy partidario de que el Estado proteja y promueva a las pequeñas y medianas empresas.
He leído, además, el informe de la Cámara de Diputados y los demás documentos que han llegado.
Mas estimo que el debate ha adquirido un cierto grado de confusión. He escuchado plantear una cantidad de aspectos. El Senador señor Huenchumilla acaba de aclarar algunos. Empezamos discutiendo que el sistema se podía meter con el CAE. Es decir, se ha desplegado una lista de argumentos realmente muy confusos.
Pregunté si la Comisión de Hacienda había informado la iniciativa. Hay un informe financiero, sí, entregado por el Gobierno anterior. Pero no hay uno del órgano técnico.
Ahora, sé que se votará en general. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es: "No importa, porque revisaremos todos los artículos". Pero no es cuestión de "siga participando". Se trata de la aprobación de la idea de legislar acerca de un proyecto con conceptos bastante claros.
Hubiera preferido que la Comisión emitiera un informe -repito- y que hubiese tenido lugar, entre los Senadores que trabajan en estos asuntos, una discusión muy a fondo sobre muchas de las cosas dichas aquí. Eso no ha ocurrido.
Si se vota ahora, me pronunciaré a favor. Pero mi opinión es que el órgano técnico debería haber informado un poco más acuciosamente antes que enviar a la Sala el texto, sin hacerlo, un par de horas antes de empezar la sesión.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solo para aclarar, deseo consignar que en esa instancia se votó a eso de las 13:30 o 14. El Honorable señor Lagos, en su calidad de Presidente de la Comisión, ha hecho un resumen de lo que estamos sancionando y votando.
Puede intervenir por tres minutos la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, reitero que compartimos plenamente el sentido original de la iniciativa, que es el apoyo a pequeñas y medianas empresas. No cabe ninguna duda de la necesidad de equiparar y mejorar las condiciones en las cuales la pequeña empresa puede acceder a la banca y optar por condiciones más convenientes en las tasas de interés.
Pero el propio Ejecutivo ha enredado el debate. Cuando en la Comisión de Hacienda se le preguntó si esta es la misma institución que administrará el nuevo CAE, la respuesta fue afirmativa.
A mi juicio, no se puede decir que en educación se da otra discusión y, en una forma un poquito despectiva, que esta es accesoria, frente al drama que viven más de 800 mil estudiantes endeudados por el crédito con aval del Estado. La solución en un nuevo sistema de financiamiento es vital, por lo tanto.
No podemos volver a cometer los mismos errores que en la implementación del CAE. En consecuencia, nos preocupa que el Ejecutivo distorsione hoy el proyecto original, tendiente a ayudar a entidades productivas, a apoyar a pequeñas y medianas empresas.
Insisto en que estimamos una mala idea del Gobierno la de colocar en la iniciativa que respalda a estas entidades, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, un mecanismo de financiamiento de créditos universitarios. Para este último efecto se requieren un buen sistema y mecanismos transparentes. Entonces, juzgamos que una sociedad anónima no es el camino adecuado.
Claramente, nos parece necesario que el Ejecutivo aclare cuál es su posición. Nosotros compartimos la postura del proyecto original, que apunta a apoyar -reitero- a pequeñas y medianas empresas. Mas el propio Gobierno mezcló la iniciativa con la administración del nuevo CAE.
En nuestra opinión, la administración de créditos para la educación superior se debiera realizar a través de un servicio público ad hoc o una institución distinta, mas no mezclarse con esta sociedad anónima. Considero, tras la intervención del Ejecutivo, que eso no fue despejado.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senador señor Pizarro tiene la palabra por espacio de tres minutos, que dejó pendientes en su primera intervención.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo primero que quiero destacar es la importancia de aprobar la iniciativa.
No vengamos después con el cuento de la señal a las pequeñas empresas, la reactivación de la economía, la generación de empleo o la idea de dirigirse a los jóvenes, quienes podrían aprovechar más potencialmente un sistema de fomento y de acceso a crédito para desarrollar sus ideas. O ello se manifiesta claramente o lo único que se hace, al final, es confundir.
Existe la necesidad de contar con instrumentos e instancias del Estado orientados al desarrollo de la pequeña empresa. Ese es el objetivo.
Si a lo anterior se suma el que se procederá con un criterio claramente equilibrado en la distribución de recursos para las regiones, tanto mejor, porque los problemas se presentan allá, fundamentalmente.
En cuanto al desempleo, un 17 por ciento de los jóvenes carecen hoy día de la posibilidad de desarrollar una actividad económica. Seguramente, muchos podrían acceder a ella si somos eficientes con este tipo de instrumentos.
¿Cuál es la ventaja de una aprobación ahora, para decirlo en buen castellano? Significa sancionar en general y decidir el Senado cuándo empieza el debate en particular en una fecha próxima, además de cerrarse la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo.
Lo que estamos discutiendo no incluye al CAE. Este no se encuentra en el proyecto. Es una propuesta que el Gobierno seguramente tendrá que resolver si hace o no. Mientras antes nos pronunciemos a favor, más rápida será su decisión en orden a efectuar o no la inclusión y a ver si cuenta o no con un piso político.
En ese sentido, no nos perdamos tampoco. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Verificada la aprobación, entraremos en el estudio en particular y se fijará un plazo para indicaciones, que podrá ser de quince o veinte días, y el próximo mes podemos perfectamente estar entrando al detalle y contenido de varios de los artículos a los cuales se ha hecho referencia.
Pareciera haber temor a la creación de empresas del Estado participantes en el sistema de financiamiento del sector productivo, sobre todo dirigido a la pequeña empresa. Nos gusta decirlo, pero no ejecutarlo. El instrumento que nos ocupa apunta claramente en esa línea, a mi juicio. Existía un amplio consenso en la materia, y juzgo que es el momento de concretarlo.
¿Qué dudas tenemos en la Comisión de Hacienda? Muchas. Entre otras, la de por qué no establecer que, más allá de quiénes sean operadores de la intermediación, puedan recibir también el crédito directamente las propias pymes o personas. Es perfectamente posible que se dé esa situación -lo planteamos en la Comisión-, y ojalá podamos contar con el patrocinio del Ejecutivo para tal efecto.
Insisto en que corresponde aprobar, fijar una fecha de no más de quince días para la presentación de indicaciones y proceder al debate en particular, como se ha planteado.
Si no lo hacemos ahora, perderemos un mes, porque la semana próxima es de trabajo regional y solo se podría votar en la subsiguiente, cuando se determinaría recién un plazo de quince o veinte días. Lamentablemente, ello no les parecería muy bien a muchos chilenos por la urgencia de disponer de una institucionalidad como la que nos ocupa.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de la intervención del Honorable señor Latorre...
El señor PIZARRO.- Que se abra la votación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Precisamente deseo pedir un acuerdo en tal sentido.
El señor LAGOS.- Que se mantengan los minutos adeudados.
El señor PIZARRO.- Pido formalmente el cierre del debate.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está bien, Su Señoría. Pero todavía quedan dos intervenciones.
El señor PIZARRO.- Corresponde acceder a la solicitud, señor Presidente, y someter a la consideración de la Sala si se vota o no. Ha transcurrido el tiempo reglamentario y han mediado intervenciones a favor o en contra, de distinto tipo. Es perfectamente posible hacerlo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo sé. Pero vuelvo a requerir el asentimiento de los señores Senadores, para no llegar a eso.
La señora PROVOSTE.- Hay peticiones pendientes para usar de la palabra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Son dos. Pero ¿hay acuerdo para abrir la votación?
No lo hay.
El señor PIZARRO.- He pedido, como Comité Demócrata Cristiano, el cierre del debate.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría, usted ocupó denantes su tiempo completo. Le hemos dado algunos minutos adicionales. Existe la voluntad de que puedan intervenir también otros señores Senadores.
El Honorable señor Latorre ha esperado durante los tiempos utilizados por quienes hablaron antes; por lo tanto, le daremos la palabra y después pediré el pronunciamiento respecto del cierre del debate que se ha solicitado.
Puede intervenir el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, seré breve, para que la Sala pueda resolver la petición hecha por el Senador Pizarro.
En primer lugar, debo señalar que estoy a favor de la creación de una empresa estatal, moderna, para hacer intermediación financiera, con el objeto de dar acceso a créditos a las pequeñas empresas.
Nosotros, el Frente Amplio, estamos en esa línea.
Nos parece muy bien que este proyecto, presentado en la Administración de la Presidenta Bachelet, ahora sea impulsado por un Gobierno de Derecha, como el de Sebastián Piñera, sobre todo considerando que su objetivo es posibilitar el otorgamiento de crédito a las pymes.
Como dijo el Senador Montes, hace falta una estrategia de desarrollo. Muchas veces se escuchan eslóganes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos, etcétera, pero no se plantea una estrategia de desarrollo efectiva para impulsar a ese sector tan importante para la economía chilena y el trabajo.
Por otro lado, en la Comisión de Educación estamos tramitando el proyecto que busca reemplazar el CAE. En dicha instancia se mencionó la creación de una sociedad anónima del Estado para hacer intermediación financiera con el objeto de dar acceso al crédito a alumnos de educación superior. Eso está propuesto en dicha iniciativa.
Ya se han hecho varias referencias sobre el punto, como señaló el Senador Quintana.
Por lo que entiendo -y así lo han manifestado varios colegas-, en la Comisión de Hacienda hoy día el representante del Ejecutivo afirmó que aquel iba a ser el instrumento para el otorgamiento de crédito en educación superior, para lo cual el proyecto que ahora nos ocupa no fue creado.
Por lo tanto, efectivamente existe demasiada confusión al respecto y, además, como dijo recién el Senador Insulza, falta un informe financiero.
En definitiva, por varias razones, le pido al Gobierno que se dé un tiempo para reflexionar sobre el particular y sea más claro sobre si el instrumento que ahora analizamos es o no el que desea impulsar para el reemplazo del CAE. Para eso no fue creado y lo veo muy incompatible.
Me gustaría que se precisara con mayor claridad ese punto.
Por consiguiente, pido segunda discusión para este proyecto. Así dispondremos de más tiempo para pronunciarnos al respecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hasta aquí llegaría la primera discusión, entonces.
Quiero aclarar que lo solicitado denante por el Senador señor Pizarro -tenía todo el derecho a requerirlo- es posible luego de que se cumplen dos horas de debate, plazo que aún no se completa.
Sin embargo, pedida la segunda discusión, no hay nada más que agregar.
El Senador señor Moreira había pedido hacer uso de la palabra.
El señor MOREIRA.- Ya no es necesario, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se agradece, Su Señoría.
El Honorable señor Lagos está inscrito, quien intervino al principio como informante, en su calidad de Presidente de la Comisión.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que con la solicitud de segunda discusión ya no cabe continuar.
Solo quiero reiterar conceptualmente un aspecto.
Hoy el Gobierno en la Comisión de Hacienda señaló en forma textual que presentaría indicaciones para permitir que la institución que estamos creando sea la que administre los créditos de la educación superior, pero que las formularía en la iniciativa que está analizando la Comisión de Educación.
Como dijimos varios -entre otros, el Senador Huenchumilla-, las ideas matrices del presente proyecto son claras, y eso es lo que se aprobará en general en su oportunidad.
Segundo, con respecto al tema que genera inquietud -a mí también me preocupa-, creo que se debe establecer una institucionalidad propia para los créditos solidarios de la educación superior y no otorgarlos a través de una sociedad anónima estatal.
Ahora, imagino que, una vez presentada la indicación respectiva en la Comisión de Educación a propósito de la otra iniciativa de ley, seguramente se va a rechazar. En verdad, me tiene sin cuidado que se quiera -perdónenme la expresión- contaminar el proyecto en estudio con esta discusión.
Dicho eso, señor Presidente, dejo constancia de que yo habría votado favorablemente la idea de legislar. Esperaremos hasta la próxima vez que nos reunamos para pronunciarnos sobre esta iniciativa.
Estimo que su texto en nada echaba a perder el objetivo buscado, pues en lo grueso corresponde a la propuesta presentada por la Administración anterior.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Entonces, dejamos pendiente este debate para otra ocasión.
--El proyecto queda para segunda discusión.