MODIFICACIÓN A LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA REGULACIÓN DE TENDIDO DE CABLES AÉREOS
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde iniciar la segunda discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.511-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 36ª, en 2 de agosto de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 25ª, en 19 de junio de 2018.
Discusión:
Sesión 27ª, en 20 de junio de 2018 (queda para segunda discusión en general).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solo en general y acordó proponerle a la Sala discutirlo de esa forma no obstante ser de artículo único.
Se hace presente que los nuevos incisos tercero y sexto propuestos por la iniciativa son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
Nada más, señor Presidente.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido la palabra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, como para aprobar este proyecto se requiere quorum especial y algunos Senadores están en distintas Comisiones, le solicito abrir la votación, pues de ese modo podremos reunir los votos necesarios. Ello, independiente de las explicaciones que daremos sobre la materia.
No sé si está de acuerdo, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Sin duda!
¿Le parece a la Sala abrir la votación, por supuesto conservando los tiempos?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en cuanto a este proyecto, sobre retiro de cables aéreos, los cuales inundan las diferentes ciudades de nuestro país, quiero destacar el papel que tuvo el Diputado Osvaldo Urrutia, quien durante el primer trámite constitucional me invitó a participar en la moción correspondiente.
Esta iniciativa se sitúa en un contexto que da cuenta de las enormes dificultades provocadas por la suerte de contaminación visual que afecta a nuestras ciudades.
Muchas empresas han desarrollado diversos sistemas sin asumir ninguna corresponsabilidad en la situación que se registra cuando los cables quedan en desuso. Así, nos hemos encontrado en las diferentes urbes con una contaminación a veces grotesca.
Fundamentalmente, ha habido una gran irresponsabilidad tanto en las empresas cuanto en los administradores primarios de las postaciones.
El proyecto que nos ocupa apunta a entregarles a los municipios facultades que les permitan efectuar el retiro de los cables sin involucrarse en el financiamiento del costo del proceso.
Al respecto ha habido una discusión, y tras ella prácticamente todos los actores han estado en completo acuerdo con la iniciativa.
Bien sabemos lo que significan, además de la contaminación visual, los peligros a que exponen los cables que cuelgan por todas partes sin que las empresas se hagan responsables de su retiro y asuman los costos correspondientes.
Como se expresó durante el debate habido en la Comisión, las empresas simplemente reciben los beneficios que reporta la instalación de las redes. Porque estas se usan; después, por alguna razón, los clientes se retiran, y los cables quedan eternamente sin ningún manejo, sin control alguno.
No es lógico que las ciudades, las poblaciones y en definitiva los barrios se vean afectados por un enorme grado de contaminación visual y, adicionalmente, deban afrontar los riesgos que los cables en desuso y no retirados implican para la seguridad de las personas.
Creo que la iniciativa que estamos votando va en la dirección correcta, pues necesitamos corregir la situación anómala que existe.
Señor Presidente, se ha hablado durante mucho tiempo del soterramiento de los cables. Y las empresas se han involucrado (sabemos que es así) en lo que les significan los costos.
Alrededor de 200 millones de pesos cuesta soterrar una cuadra de este tipo de instalaciones. Y en último término, de acuerdo a la propia ley, los costos tienen que ser traspasados a los respectivos usuarios.
Administrativamente, quienes autorizan la instalación de los cableados son las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, hay una especie de tierra de nadie, pues ningún ente se hace responsable del retiro de los cables una vez que han cumplido su función.
A mi entender, este proyecto va en línea con lo que hay que hacer.
A las municipalidades la situación actual les provoca un gran dolor de cabeza. Todos los alcaldes quieren mejorar las condiciones de vida en sus comunas. Entonces, debemos darles facultades para afrontar una situación que sin duda debe corregirse cuanto antes, porque el problema existente habla muy mal de las empresas prestadoras de servicios de cable.
Esta iniciativa es adecuada y va en la dirección correcta, ya que les da a las municipalidades un buen instrumento para resolver la problemática a que me he referido.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que este proyecto debe aprobarse con quorum especial: al menos 25 votos favorables.
Varios Senadores y Senadoras aún no se han pronunciado.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio, le consulto al Titular de la Comisión de Transportes, Senador señor Navarro, si él va a dar cuenta del informe. De lo contrario, lo haré yo.
Sin duda, esta materia es bien importante, puesto que afecta a todo lo relacionado con los cables en desuso existentes fundamentalmente en las zonas urbanas.
El señor NAVARRO.- Que dé cuenta del informe el colega García-Huidobro, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Para ello debía pedir autorización, Su Señoría.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra para el efecto señalado, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, este proyecto modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.
La enmienda que se propone tiene como finalidad, por un lado, disponer de un procedimiento para el retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad, y por otro, fija sanciones para el caso de incumplimiento.
Esta iniciativa se halla estructurada sobre la base de un artículo único que modifica el artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones por la vía de intercalar, a continuación del inciso segundo, cuatro incisos, que quedan como tercero, cuarto, quinto y sexto, pasando el actual inciso tercero a ser séptimo.
Lo anterior queda consignado de la forma que señalaré a continuación.
1.- En el nuevo inciso tercero se les impone a las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones la obligación de retirar de la vía pública las instalaciones de redes, tales como líneas y cables, que no estén en uso en un plazo -esto es importante- de tres meses desde que hayan dejado de prestar utilidad.
2.- El nuevo inciso cuarto dispone que, en el evento de incumplimiento de la obligación anterior, las municipalidades podrán hacer el retiro a costa del concesionario y que el cobro se regirá por el artículo 47 del Decreto Ley de Rentas Municipales, donde se fija un procedimiento ejecutivo para tal finalidad.
3.- El nuevo inciso quinto les impone a las empresas distribuidoras de energía eléctrica el deber de informar a los municipios correspondientes acerca de los apoyos de los servicios de telecomunicaciones -bien saben Sus Señorías que en los postes de energía eléctrica están asimismo los otros servicios de telecomunicaciones-, todo ello desagregado por empresa, para dar aplicación a lo indicado en el nuevo inciso tercero, que ya explicité.
4.- Finalmente, como nuevo inciso sexto, se establece que la infracción contemplada en el nuevo inciso tercero será sancionada por el juez de policía local respectivo con multa de 100 a 1000 UTM a beneficio municipal.
Señor Presidente, debo resaltar que durante el debate general habido en la Comisión participó también uno de los gestores de este proyecto: el Diputado señor Osvaldo Urrutia. También, el Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila; el Alcalde de Concepción, señor Álvaro Ortiz, así como diversos representantes de distintas municipalidades y funcionarios de los departamentos de obras de diversas entidades edilicias.
Cabe subrayar que, además de las materias abordadas por la iniciativa en examen, la Comisión debatió acerca de la necesidad de soterrar el cableado aéreo y de la falta de claridad en cuanto a la propiedad de los postes que sirven de apoyo a las redes de telecomunicaciones, estimándose que todo ello debe superarse tras una definición clara en resguardo de los espacios públicos de la ciudad.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores Navarro (Presidente), Chahuán, Letelier y quien habla.
Finalmente, es del caso puntualizar que la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó unánimemente la iniciativa que estoy informando.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senado agradece la cuenta que dio Su Señoría sobre el informe de la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que estamos votando tiene plena pertinencia, pues dotará a los municipios de un instrumento del que hasta el día de hoy carecen y que les permitirá disponer el retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad.
Como alcalde, tuve ocasión de constatar el abuso que cometen las empresas de telecomunicaciones, que no se ocupan de retirar sus redes aéreas en desuso.
Lo común hasta ahora es que las empresas no asuman dicha tarea, con lo cual afectan el paisaje urbano y, muchas veces, la seguridad de los peatones, quienes deben cuidarse para no sufrir un accidente cuando los cables caen a la vía pública, especialmente en regiones donde es usual el fuerte viento.
Tal negligencia responde a una actitud más general de buena parte de los concesionarios de servicios públicos, que no se hacen cargo de externalidades negativas causadas por las redes o la operación de sus servicios.
Por regla general, tratándose de la distribución de energía eléctrica, de agua potable, de gas y de telecomunicaciones, se goza de servidumbres gratuitas para tender o construir redes en bienes nacionales de uso público. La libertad y gratuidad, que adquirían pleno sentido años atrás, cuando el objetivo era lograr una mayor cobertura, han perdido justificación en algunos casos producto del desarrollo tecnológico o de los abusos cometidos.
Así como se acepta el cobro de peaje a los vehículos por circular en vías saturadas, de la misma manera habría que establecer un pago por líneas que se extienden en calles saturadas visualmente. De este modo, existiría un incentivo para el tendido de redes subterráneas, lo que hoy día depende del desarrollador inmobiliario, de la mera voluntad de la empresa de servicios o de aportes públicos.
Además, es preciso tener en cuenta que las entidades de telecomunicaciones pagan a las distribuidoras eléctricas por utilizar sus postes como puntos de apoyo, pero no aportan ni un peso a las municipalidades por el uso del espacio aéreo. Por su parte, las empresas eléctricas se excusan en que solo los arriendan, y es muy difícil pesquisar a las de telecomunicaciones dueñas de los tendidos, siendo más complicado aún conseguir que los retiren.
Hasta ahora se dependía de la buena voluntad de las empresas para lograr esto último. En adelante se contará con un procedimiento para obligarlas a actuar.
Con todo, creo que se deben incorporar perfeccionamientos al procedimiento establecido para la eliminación de los cables en desuso, así como al régimen de sanciones.
Pero, en líneas generales, apoyo la idea de legislar.
El articulado puede llegar a ser muy útil para la gestión municipal, para la limpieza visual de nuestras ciudades y caminos, y espero que ponga en alerta a los concesionarios con relación a otros efectos negativos o abusos que sufren las comunidades hasta el día de hoy y que reciben como única respuesta la indolencia de las empresas, las cuales se refugian en marcos legales elaborados hace décadas y que ameritan una revisión.
He dicho.
)---------------(
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Nos visita una delegación del séptimo año básico de la escuela San Daniel, de Pudahuel.
Vienen con la persona responsable, que es su profesora Camila Loyola.
Bienvenidos al Congreso.
--(Aplausos en tribunas).
)------------------(
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, el proyecto es bueno y necesario, pero siempre y cuando sea claro en cuanto a la responsabilidad de aquellos en quienes recae la obligación de retirar los cables en desuso.
Conforme a mi experiencia de cuando fui alcalde, eso debe quedar muy definido. Las municipalidades no disponen de funcionarios con experticia.
Los postes, después de la urbanización, son de propiedad de las empresas eléctricas. Además, el uso se arrienda para las corrientes débiles y la telefonía y el cable. Por lo tanto, el trabajo del retiro deben asumirlo las dueñas o administradoras, que rentan con ellos, y no el municipio. Así se limpiará la brutal contaminación visual.
Si se sigue avanzando y se contempla esta responsabilidad, vamos a contar con ciudades más hermosas a lo largo de nuestro país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero partir felicitando a los autores de la moción, porque nuestra ley no establece nada hoy respecto de las instalaciones de los servicios de telecomunicaciones en los postes del alumbrado público. Ello causa un efecto de contaminación visual muy fuerte en nuestras ciudades. De hecho, se ven desordenadas, feas. Muchas veces se arreglan los edificios, pero ni siquiera se pueden apreciar detrás de tantos tendidos en desuso.
En este sentido, creo que hacerse cargo del asunto es por lo menos un paso adelante hacia algo que deseamos todos, pero que sabemos que es muy caro, cual es el soterramiento. Eso sería muy bonito en los centros históricos.
No solo se trata de un progreso desde el punto de vista estético y de la contaminación visual, sino también de que el peso de todos los cables implica una amenaza por la eventual caída de postes y, en consecuencia, los accidentes de peatones y de vehículos.
Creo que impulsar el retiro de todas las redes en desuso ya es un avance, al igual que la fórmula de asignar la responsabilidad a las propias empresas y de que los municipios, si ellas no cumplen en tres meses, puedan retirar los elementos a costa del respectivo concesionario. Por lo tanto, podrán cobrar por tal concepto.
Solo manifestaré algo que siempre nos preocupa cuando entregamos otra responsabilidad a las municipalidades. Lo planteó el Senador señor Castro. Una cosa es que realmente enfrentemos un problema, y otra, que la solución sea a nivel comunal. Pero creo que tiene que existir también la conversación con ellas en cuanto a si efectivamente pueden y quieren hacerse cargo de la situación.
Aquí se establece, al menos, que el costo será del respectivo concesionario. Esperamos que no sea asignado nuevamente a los municipios sin entregarse los recursos necesarios para hacerse cargo del retiro.
Otro problema es el de que no se sabe de quién son muchos cables en desuso. O sea, hay un desorden en los propios postes, ya que se ignora a quién pertenecen los tendidos, cuáles no se utilizan y cuáles sí, pues las empresas simplemente los instalan y nunca los retiran después. Se precisará un trabajo bastante relevante hasta saber de quién son. Cabe resolver bien quién será el responsable de tener claridad en cuanto a quién pertenecen y a quién dejó de usarlos. Se enfrentará un desafío importante.
Mas estimo que dilucidar en forma adecuada el sistema a través del cual lograremos que esta política se cumpla constituirá un avance significativo para contar más adelante con un mecanismo que realmente funcione, en el que solo existan cables en uso, se sepa de quién son los que se encuentren en el tendido de los postes, se retiren los no usados y, finalmente, paguen el retiro los propios concesionarios, como es bastante obvio, porque son los que los instalan.
Sobre esa base, juzgo que el proyecto de ley avanza en la dirección correcta y que todos abrigamos una preocupación especial por la contaminación visual en nuestros centros poblados.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hacía falta entrar a discutir sobre un aspecto que en numerosas ciudades, a lo largo de todo Chile, realmente dice relación con un imposible para los alcaldes, para las juntas de vecinos, para agrupaciones de comerciantes, para todos los lugares.
Quisiera consignar que la cuestión no solo es un tremendo inconveniente desde el punto de vista estético, ya que la maraña de cables es horrible, sino que también constituye un obstáculo enorme para los bomberos. Cuando concurren a determinados llamados, la fijación de las escaleras y la operación que se requiere se dificultan, muchas veces, por el sinnúmero de tendidos.
Asimismo, el problema es enorme -cabe decirlo con toda claridad- para el desarrollo de los árboles. A menudo, el paso de cables adquiere preeminencia ante la vegetación urbana, lo que termina generando podas absolutamente brutales para su crecimiento.
Me parece que la iniciativa es bienintencionada, pero formulo algunos reparos.
Cuando integré la otra rama del Congreso, presentamos con Roberto Delmastro, entonces Diputado por la zona de Valdivia, una iniciativa tendiente a buscar una fórmula para armonizar la situación.
Mas considero que no se trata de algo solo declarativo -lo señalo para los autores del proyecto-, porque si no contamos con instrumentos, con sanciones drásticas, el asunto terminará simplemente alojado en los juzgados de policía local.
El inciso final del artículo único dispone, precisamente, que "La infracción de lo dispuesto en el inciso tercero será sancionada por el juez de policía local competente con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.".
Me pregunto cómo identificar al propietario de los cables cuando hoy día se apoyan en un poste los correspondientes a decenas de empresas.
Muchos de los tendidos son obsoletos. Sale más barato dejarlos instalados que retirarlos.
Entonces, ¿dónde se halla la capacidad coercitiva de la autoridad? Desgraciadamente, no se puede ejercer.
Me permito sugerir que en la discusión particular en la Comisión se estudien algunos artículos a fin de fomentar los teleductos. Mientras no dispongamos de una política para tender en forma subterránea los cables -muchas veces, el punto dice relación con concesiones o el propio Ministerio contempla una obligación cuando se pavimentan avenidas importantes o se edifican conjuntos habitacionales-, no lograremos una solución. Porque aquí estaríamos recargando al municipio, en definitiva, con una función para la cual no cuenta con personal y en la que no sería posible identificar al dueño. ¿A quién va a cursarle la infracción el juzgado de policía local?
Formulo la reflexión porque debiera tratarse de una prioridad no solo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde la materia al parecer se encuentra situada, sino también del Ministerio de Vivienda.
Una población o un conjunto habitacional con cables subterráneos, con teleductos, abarata una enorme cantidad de costos. Si bien hay uno inicial, se registrarán menos interrupciones de energía. Especialmente los representantes de zonas australes, sureñas, sabemos del viento, de la cantidad de cortes a propósito de los temporales.
Igualmente, se presenta la coexistencia con los árboles urbanos, los cuales terminan nuevamente por generar el problema de que es preciso podarlos. Es un círculo vicioso. Se plantea una hegemonía, una verdadera dictadura de los cables. En definitiva, los postes y sus tendidos tienen preferencia respecto de otro mobiliario urbano o equipamiento, como pueden serlo los árboles en nuestras ciudades.
Por lo tanto, cabe llamar a pensar en la situación.
Repito que se requiere una vinculación con el Ministerio de Vivienda. Me parece necesario buscar incentivos para que los teleductos sean fundamentales. Especialmente en las licitaciones de grandes troncales, de grandes avenidas -al menos lo estimo indiciario-, esos elementos debiera incluirse en las bases, así como hoy día...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Dispone de un minuto para terminar, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.- Gracias, señor Presidente.
Así como en gran parte de las licitaciones de nuestros Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas se incluye, en buena hora, un porcentaje para ciclovías, que se entiende un equipamiento básico, también en las grandes avenidas, en las calles estructurantes en las ciudades, en particular, se debiera agregar la necesidad de un teleducto.
En la medida en que ello se contemple, los cables se bajarán y el alcalde no andará buscando enterarse de quién diablos es el tendido y desgastando su aparato administrativo para una hipotética sanción de cien a mil unidades tributarias mensuales.
La iniciativa cuenta con todo mi apoyo, pero vinculado especialmente con el Ministerio de Vivienda, para estos efectos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, felicito al Diputado Osvaldo Urrutia y al Senador David Sandoval por la moción, como también a los alcaldes que hablaron a través de ellos. Creo que el proyecto es muy anhelado por una gran cantidad de municipios que ven cómo los cables en desuso inundan sus comunas. Ello, no solo por una cuestión estética, sino también de seguridad.
Aprovecho de manifestar que, en estos pocos meses de Gobierno, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá, en conjunto con las empresas de telefonía celular y de distribución eléctrica, ha retirado a la fecha ya una tonelada de tendido en desuso, lo que representa más de 35 kilómetros de cables, aproximadamente.
Comparto algunas de las aprensiones en el sentido de que en la discusión particular debemos apuntar a que el proyecto solucione problemas prácticos que pueden llegar a presentarse. Básicamente, creo que la principal dificultad es la identificación del material en desuso, más allá de la empresa a la que pertenece. Porque entiendo que cada cable tiene una marca que acredita al titular.
Juzgo que un mejoramiento podría ser la introducción de mayores responsabilidades de las distribuidoras eléctricas, que arriendan tendido a otras entidades e, incluso, postes que no son de su propiedad, sino de algunas municipalidades.
A mi juicio, es preciso imponerles una multa por el hecho de no informar a solicitud de los municipios respecto de los cables en desuso. Hoy en día, muchos de ellos ya formulan consultas en tal sentido y la respuesta es nula.
Y, finalmente, revestiría importancia un perfeccionamiento en orden a establecerles una obligación de pago subsidiario por material de ese tipo que no sea retirado por el titular, lo que tendría que hacer el municipio a costa de dichas entidades. Sería una manera de que también se preocuparan, desde ya y a futuro, de los arriendos de líneas o de postes y de que ello incentivase para obligar a los titulares de cables en desuso a retirarlos.
Sin duda, votaré a favor en la discusión general.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, en este proyecto de ley la discusión se ha centrado en lo estético, en el eventual problema de la caída de los cables o en cómo estos pueden afectar la labor de los bomberos, como se ha mencionado.
Sin embargo, quiero hacer una advertencia importante que dice relación con nuestra dependencia digital. Y este sí pasa a ser un riesgo de país.
¿En qué sentido?
La convergencia digital ha llevado a que los tendidos que antiguamente se ocupaban para transmisión de voz (los teléfonos de red fija) y televisión de señal análoga hoy sean reemplazados por cables de fibra óptica de alta velocidad de transmisión de datos, entendiendo que el espectro que provee la modalidad inalámbrica no será capaz de manejar el ancho de banda que requiere el país.
Chile se está digitalizando a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, debemos depender, como parte de la infraestructura crítica de la información, de dichos cables.
Y aquí viene la advertencia: ¡no puede ser que tal infraestructura deba usar cables volantes!
En tal sentido, el artículo 18 de la ley Nº 18.168 les otorga a los titulares de la concesión "derecho a tender o cruzar líneas aéreas". Quizás este sea el punto más significativo a discutir, en especial, considerando lo que requiere la mencionada infraestructura crítica.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa no debiera ser solo resolver los aspectos de estética o los problemas que podría acarrear el cableado, sino también sacar a Chile del subdesarrollo digital en que se encuentra.
No puede ser que los cables de fibra óptica que sostienen el gran aparato del Estado (la parte pública) y los servicios de los privados en estos momentos se encuentren en tales condiciones de vulnerabilidad: sujetos a cortes de suministro ocasionados por un accidente de vehículo, por la caída de árboles o por otras condiciones.
Nuestra infraestructura crítica de la información debe quedar mucho más protegida.
Con ese fin los poliductos, que brindan la capacidad de instalar cables de forma segura bajo tierra, quizás sean la solución más adecuada.
Dado que el Estado precisamente se está modernizando y avanza hacia su transformación digital, contar con una red robusta debiera considerarse parte de la política nacional de ciberseguridad para que los cables de data estén protegidos.
Además, ello posibilitará dar a las ciudades lo que necesitan: espacio, aire, todo lo cual implica mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proveerlos de ciudades más vivibles, más hermosas, pero también más seguras.
En tal sentido, quiero colocar en el debate el punto de vista de la seguridad de la información que transportan esos cables.
Por otro lado, se establece en el inciso tercero propuesto que las concesionarias tendrán tres meses de plazo para retirar los cables, contado desde el momento en que dejen de prestar utilidad. Si es así, de seguro siempre van a estar ocupados. Las empresas nunca van a reportar que dejaron de ser usados. Bastaría que un solo bit de datos los cruzara para no hacerse cargo del problema. En tal caso, la ley en proyecto podría perfectamente no ser aplicable y no permitir lo que queremos: que se eliminen los cables en desuso.
Señor Presidente, quizás hay que reflexionar de forma profunda.
¿Qué Estado digital queremos construir?
¿Cómo se van a articular el mundo público y el privado en este nuevo escenario? Porque la nube no existe en el espacio, sino que viaja por cables físicos que atraviesan ciudades o cables de fibra óptica que cruzan los océanos.
Por lo tanto, si bien votaré en forma positiva la idea de legislar, quiero dejar planteadas las serias dudas que he expuesto acerca de la seguridad de la infraestructura crítica de la información.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, ya hicimos la primera discusión en general del proyecto, pero aún existen temas asociados por abordar, que dicen relación con el abuso tremendo de quienes provocan externalidades negativas para las ciudades, afeándolas con cableados horrendos.
Hablo de que algunas empresas, como las de distribución eléctrica, ganan plata ocupando postes, ubicados en un bien nacional de uso público -¡de todos nosotros!-, y no pagan ni un peso por su utilización. Es decir, estamos frente a industrias que se aprovechan de bienes nacionales de uso público y de un espacio aéreo que es de todos con una finalidad lucrativa, causando externalidades brutalmente negativas para la ciudad y las personas.
Aquí se da un primer paso. Se pide lo mínimo: que las concesionarias no dejen su basura tendida en el aire.
A cualquiera que deposita basura en la vía pública se le aplican normas para sancionarlo. A los niños les enseñamos que no contaminen. Pero las grandes empresas del país tienen contaminadas todas nuestras ciudades ¡y no se hacen cargo!
Ese es el problema de fondo.
A mí me parece dramático que en pleno siglo XXI debamos llegar al punto de decirles a las empresas que saquen su basura del aire. Y es más vergonzoso aún que las compañías de distribución eléctrica usen el espacio público y cobren por colgar basura en los postes.
Por ende, señor Presidente, el proyecto en estudio solo debe ser entendido por esta Corporación como el primer paso para obligar a que se haga lo que corresponde en el siglo XXI: soterrar todos los cableados aéreos.
Las empresas nos van a decir: "¡Ah, pero eso es muy caro!".
¡Mentira! ¡Mentira!
Gracias a Dios, la Corte Suprema se pegó un "supremazo" la semana antepasada. Las compañías de telecomunicaciones están muy desesperadas contratando a todo tipo de abogados. Como en el espectro radioeléctrico los celulares quedaron con poquito espacio, solamente 60 megahertz, Telefónica, Entel, Claro -¡todas!- tienen que devolver a todos los chilenos espacios de frecuencia que tenían asignados.
Por lo tanto, se abre un debate distinto vinculado a parte de una industria que afecta la calidad de vida en la ciudad.
Como se ha hecho en muchos países, perfectamente se podrían construir poliductos, y quien los administra cobra por su uso. Ahí se pueden instalar no solamente las empresas de telecomunicaciones o las de cable, sino también las que proveen otros servicios más contemporáneos.
Hoy en día, por desgracia, incluso el Estado es corresponsable de la situación descrita. En efecto, el Ministerio de Vivienda, cuando edifica nuevos conjuntos habitacionales, concede a las empresas eléctricas el derecho de poner postes en la vía pública, que corresponde a un bien nacional de uso público, e instalar en ellos el tendido eléctrico, en circunstancias de que todo podría ir soterrado.
Señor Presidente, esta iniciativa constituye un buen primer paso. Espero que después, más que establecer solo la obligación de las empresas de comunicar los antecedentes respectivos, la facultad de los municipios de retirar los cables en desuso y la fijación de las multas correspondientes -ojalá no estemos recargando a los juzgados de policía local excesivamente-, tengamos la capacidad efectiva de pedir responsabilidad social a esas grandes empresas, que poseen porciones del mercado muy considerables, a efectos de que presten un buen servicio, aunque no a costa de dejar su basura aérea en la vía pública, contaminando y dañando la calidad de vida en nuestras ciudades.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar en esta materia, porque es cierto que los cables muertos y otros elementos que están en los postes de la vía pública constituyen un peligro para la comunidad, para los transeúntes, para los vehículos y sus conductores.
También producen un problema de estética. En verdad, afean mucho las ciudades, particularmente las de carácter turístico, que cuentan con hermosos paisajes. Este conjunto de cables sueltos que no prestan ninguna utilidad termina afectando enormemente la visión del paisaje, del espacio aéreo, etcétera.
Por eso voto a favor.
Sin embargo, quiero que tengamos presente lo siguiente: la iniciativa en discusión introduce una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. Es lo único que hace. Por tanto, se refiere solo a los cables y a otros elementos que pertenecen a las empresas del sector.
Como aquí se ha dicho, es un buen primer paso, pero no es suficiente.
También hay que abordar el problema de los cables de las distribuidoras eléctricas. Existe harto cable muerto en ese ámbito. En la discusión en particular, me gustaría mucho que el proyecto se hiciera cargo de ello.
En el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se lee la respuesta que entregó la Corte Suprema ante la consulta que, en virtud de nuestras disposiciones legales, se le formuló con relación a la competencia que se entrega en esta materia a los juzgados de policía local. Hay un par de sugerencias del Máximo Tribunal que creo que deberíamos acoger y analizar, particularmente en lo relativo a la autoridad que determinará cuándo se trata de un cable muerto, de artefactos en desuso, y a cómo se informa de ello al respectivo juzgado de policía local.
Finalmente, señor Presidente, en la idea de incorporar los cables de las distribuidoras eléctricas, me ha llamado la atención la muy interesante intervención del Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Ávila, en la Comisión. Según señala el informe, "un mecanismo que vendría a solucionar esta situación es el soterramiento del cableado, lo que reviste un alto costo, posiblemente de alrededor de trescientos millones de pesos por cuadra. Por ejemplo, indicó que en la comuna de Viña del Mar, entre el reloj de flores y la estación de Viña, se construyó hace 13 años atrás un poliducto, con cargo al Fisco. Esto, añadió, fue parte de la obra de soterramiento del tren, para posteriormente entregárselo a la empresa de distribución eléctrica y a las de telecomunicaciones.
"Luego, resaltó que las empresas decidieron, hasta el día de hoy, no bajar sus cables, ya que ello implicaba un costo de trescientos millones de pesos por cuadra. Dicho valor, precisó, incluía cables, transformadores y otros elementos. Por lo tanto, expresó que esa importante obra estatal se encuentra actualmente abandonada.".
Es decir, se construyó una obra con recursos públicos con el fin de facilitar a las empresas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, el soterramiento de cables, pero quedó sin uso. Terminó transformándose -lo diré de esta manera- en un elefante blanco, simplemente porque las compañías no quisieron asumir los costos de retirar los cables aéreos y soterrarlos.
Considero que debemos hacernos cargo de esa situación. Nuestras ciudades necesitan proyectos de tal naturaleza.
Voto a favor de la idea de legislar.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, el propósito de este proyecto de ley en sí mismo es un poquito obvio para las circunstancias actuales, pues hay un problema de obsolescencia del cableado aéreo. Es lo que estamos viviendo en la mayor parte de las ciudades del país en medio de un proceso de cambio cualitativo en las industrias de las telecomunicaciones y de las energías.
Por consiguiente, lo lógico es abordar esta materia en un contexto mucho más amplio, lo que permitiría resolver algunos problemas prácticos en cuanto a la aplicación de esta futura ley, si solo se refiere a las redes de cables que ya no se utilizan.
Tales instalaciones tienen que ver no solo con telecomunicaciones, sino también con energía eléctrica. Por tanto, hay que generar políticas públicas que promuevan una alianza entre todos los actores que proveen innumerables servicios, por los cuales cobran, ¡y cantidades muy grandes!
Desde luego, todos los proveedores de sistemas de comunicación digital que utilizan poliductos soterrados están proporcionando una similitud de servicios, a veces incluso compitiendo entre sí. Son ellos los que deben invertir en esta infraestructura, lo que supone retirar las viejas instalaciones, que ya no tienen uso razonable en ninguna ciudad, incluso en las más pequeñas, que también están avanzando rápidamente hacia la provisión de nuevos servicios de telecomunicaciones y de energía.
Es cierto que un aspecto del proyecto guarda relación con el retiro de los elementos antiguos. Eso está perfectamente claro. Pero las empresas eléctricas comenzaron a arrendar sus postes a otras compañías, y en los casos de instalaciones públicas, sucede lo mismo.
Hablamos de un conjunto de empresas e industrias que debiera trabajar coordinadamente con la autoridad política para ver cómo se produce la modernización de nuestro sistema de provisión de comunicaciones y de energía. Si no lo hiciéramos, quedaríamos como un país con prácticas obsoletas, y eso no tendría ningún sentido.
Por esa misma razón, hay que establecer quiénes serán los responsables de retirar toda esa infraestructura en desuso, tarea que, obviamente, corresponde a las empresas eléctricas, que eran en su origen los mayores propietarios, y al Fisco. En todo caso, los arrendatarios -ellos saben perfectamente quiénes son- tendrán que concurrir al financiamiento de la nueva inversión en infraestructura para el desarrollo tecnológico de nuestro país, uno más seguro y con mejores garantías.
Considero que este proyecto efectivamente queda un poco "colgado", porque toca un aspecto muy puntual. Pero, aunque parezca extraño, se le necesita, por cuanto ese aspecto puntual no solo está impactando demasiado en la seguridad de las comunas -por los accidentes durante las lluvias, las caídas de árboles, etcétera- y en el plano estético -esos cables restan prestancia a nuestras ciudades-, sino que, además, constituye instalaciones que revisten peligros inesperados, de los cuales nadie se hace cargo.
Me parece válido aprobar la iniciativa, pero observo una debilidad: solo resulta interesante que las empresas avancen en el retiro de los cables que no se utilizan, si la tarea está vinculada a toda una política de inversiones en infraestructura para nuestro país.
¿Qué debe hacerse? Dialogar con las industrias que operan en el campo de la energía y, por supuesto, de las telecomunicaciones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que las intervenciones han sido bastante claras respecto de cómo debiéramos abordar las indicaciones cuando se realice la discusión en particular.
La Comisión recibió la visita de distintos alcaldes -especialmente del de Concepción- y directores de obras municipales, quienes nos informaron que, cuando se habla de un costo de trecientos millones de pesos por cuadra para soterrar cableado, se debe entender que ello depende de la situación de cada comuna.
Obviamente hay que aprovechar de hacer ese esfuerzo cuando, por ejemplo, el SERVIU cambia el pavimento en algún lugar.
Quien representó a la Municipalidad de Santiago nos explicó que ellos pudieron avanzar tres cuadras con doscientos millones de pesos.
Cuando se habla de esas cifras, que son un poco siderales, cualquiera se asusta. Pero hay que aprovechar las oportunidades.
En otro aspecto, creo que hay que abordar un tema de equidad -lo hablamos en la Comisión- respecto de las viviendas sociales. En el Presupuesto del próximo año debiéramos trabajar fuertemente para que los proyectos habitacionales de las personas más vulnerables se construyan con poliductos soterrados para transportar el cableado.
Tenemos que avanzar en esa línea, señor Presidente. Si no, vamos a seguir discriminando: mientras las comunas con más recursos podrán soterrar, ello no será posible en los sectores populares, que requieren apoyo para su vivienda. Sin duda, es algo que implica más recursos, pero es parte de la modernidad, de la equidad que queremos para los chilenos.
Por otro lado, el Alcalde de Concepción habló de cifras distintas, dependiendo del lugar.
Pero lo importante serán las indicaciones que se formulen. Ojalá nuestros asesores nos colaboren con el fin de contar con una buena legislación. Esta va a ser la primera normativa sobre la materia. Hoy día no hay nada: no existe ninguna obligación de sacar los cables. Lo que se ha hecho ha sido en forma voluntaria, por acuerdo entre algunos municipios y ciertas empresas, pero en el fondo, como legislación, no tenemos nada. Es cosa de ver el comparado, señor Presidente.
Creo que este es un avance muy significativo. Si bien no vamos a solucionar todos los problemas, iremos por el camino correcto.
Sin duda, lo señalado acerca del plazo es cierto. Yo comparto lo que plantea el Senador Pugh en el sentido de que tres meses puede significar un tema complejo, porque sería cosa de utilizar un cable una vez en ese lapso para que no hubiera obligación de retirarlo. Por lo tanto, a lo mejor tendremos que estudiar el plazo para la obligación de retiro.
Sin embargo, me parece que nos encontramos ante un muy buen proyecto, que va en el camino correcto. Apunta a la contaminación visual y a temas de seguridad. Hay muchos cables que caen, que nadie sabe si son eléctricos o de telecomunicaciones. En algunos lugares existen incluso marañas de cables y nadie sabe si están operativos o no.
Por eso, señor Presidente, creo que la iniciativa va en la dirección correcta, y pienso que debiéramos tomarnos un plazo prudente para las indicaciones, con el fin de sacar un muy buen texto y despacharlo rápido a la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente!
Está claro que las multas contempladas en el proyecto resultan francamente irrisorias respecto de las utilidades que las empresas distribuidoras obtienen. Ellas no representan ningún desincentivo con miras a cumplir el objetivo de la iniciativa, es decir, el retiro de los cables. Multas de cien a mil UTM no son un incentivo fuerte para sacarlos.
Enel Distribución, filial de una empresa italiana y encargada de distribuir energía eléctrica en 33 comunas de la Región Metropolitana -enfrentó duras críticas por las nevazones y los cortes de luz-, anotó ganancias por 33.795 millones de pesos entre abril y junio de 2017. La publicación de Emol indica que en lo que iba de ese año sumó 57.937 millones de pesos, si bien este monto implica una reducción en relación con el período anterior.
Entonces, ¿cuál es el incentivo para que las empresas retiren los cables? Claro, a las eléctricas otras empresas les pagan por instalar allí los suyos. Por lo tanto, en la prestación del servicio debiera estar contemplado que si utilizan esa infraestructura la responsabilidad es de la empresa eléctrica, de televisión por cable, de telefonía. Pero el que brinda el servicio, el -comillas- dueño de los postes, debiera tener una responsabilidad.
Señor Presidente, todos los postes en Chile, particularmente en las construcciones habitacionales, han sido pagados por el Estado. Y se les pasan a las empresas eléctricas para que los administren. Estas compañías cobran por el uso de esos postes, financiados por el Estado, produciendo una externalidad: la acumulación de cables. Y no los retiran ni la empresa a la que le pagan por el servicio ni los portadores de televisión por cable, de telefonía, que son los que compran ese servicio a las eléctricas.
En consecuencia, creo que el tema de fondo no es solo la obligación a las distribuidoras para que retiren los cables, sino también apuntar a que en el futuro no exista cableado aéreo. De manera responsable ello se está haciendo en muchas poblaciones de casas de 4 mil, 5 mil UF, pero los cables se mantienen en los sectores de viviendas básicas.
Esto abre un debate de fondo: ¿cuándo, en los próximos cincuenta años, vamos a terminar con el cableado aéreo si no fijamos una obligación gradual para que las compañías vayan soterrando?
En otras partes del mundo se ha legislado para establecer de manera progresiva el soterramiento y retiro de un 5, 10, 15 o 20 por ciento, quinquenal. Si ello no ocurre aquí, lo que vamos a tener es un despeje, como el que ha hecho el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a través de un programa piloto extraordinario. En esa ciudad existe un alcalde eficiente que ha procedido a retirar más de 14 mil kilos de cable.
Pero, claramente, los cables van a permanecer y serán una herencia o una carga producto de una legislación que lo permitió. Si el Estado fue el que instaló los postes y se los pasó a las compañías eléctricas, debiera haber garantizado un uso adecuado de ellos, evitando lo que hoy día tenemos.
Yo solo quiero recordar que cuando el Presidente Lagos iba a implementar el acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez llegó a plantear que le salía más barato construir una pista aérea que obligar a las empresas de electricidad a retirar los postes, porque le cobraban el retiro y, además, un adicional, en circunstancias de que ocupaban una franja fiscal -donde estaba el poste- y el posteado había sido financiado por el Estado. Al final, se negoció y se obligó a las empresas a retirar los postes, a su cargo.
En tal sentido, este es un proyecto de ley que da un paso importante en la materia. Yo lo voy a votar a favor, pero pienso que el soterramiento progresivo del cableado aéreo es la solución. Y eso debiera contemplarlo una legislación de mayor profundidad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, creo que todos aspiramos a que ojalá no haya ningún cable en nuestras ciudades. Pero, en verdad, esa es una situación virtualmente imposible.
De hecho, en la ciudad de Bruselas -varios Senadores estuvimos allí la semana pasada, en la sede de la Unión Europea- uno ve que, por ejemplo, todos los tranvías, que son eléctricos, tienen que usar los cables, los cuales, naturalmente, deben estar instalados de manera aérea. Hay otros sectores de la ciudad en que se soterra mucho. Otras urbes optan por colocar grandes cables que llevan datos, los que instalan más bien pegados a las murallas cuando hay fachadas continuas. En fin, existen muchas soluciones.
Obviamente, lo que nadie está dispuesto a tolerar es que haya cables que no se usan y que estén colgando y afeando sin ningún sentido las ciudades. Ese es todo el punto.
Ahora bien, yo quería poner en discusión otro tema.
Hoy día los postes son privados, de acuerdo con lo que ha dicho incluso el Poder Judicial. Pero me parece que hay algo perfectamente modificable en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que podríamos analizar a propósito del proyecto en debate.
Muchos de los postes son elaborados por las empresas constructoras de los loteos y se los deben entregar en forma gratuita a la concesionaria eléctrica, la que, naturalmente, tiene que usarlos y mantenerlos. Sin embargo, esta recibe un ingreso, pues les cobra a las empresas de datos, a las de telefonía, que van colgando sus respectivos cables.
Voy a tratar de hacer un símil entre las concesiones sanitarias y las concesiones eléctricas.
Si el poste está dentro de un bien nacional de uso público, como las veredas y las calles, a mí me suena perfectamente razonable que ese poste también sea considerado, por adherencia, un bien nacional de uso público, lo que no obsta en absoluto a que la concesionaria eléctrica lo mantenga, lo cuide y haga uso de él, e incluso le saque algún tipo de renta. Pero ese bien es, naturalmente, del Fisco, por adherencia.
Por lo tanto, sería muy bueno que la Ley General de Urbanismo y Construcciones considerara aquello. De esa manera, a mi juicio, podríamos llegar a una solución más fácil.
La verdad de las cosas es que este proyecto de ley va a ponerles a las municipalidades una carga que probablemente no sabrán cómo resolver, que será ir viendo de quién es cada cable que eventualmente se encuentra en desuso. Es un trabajo que casi ninguna estará en condiciones de llevar a cabo.
Entonces, si el peso de la prueba se le pone a la concesionaria eléctrica, que es la que está rentando por autorizar que se pongan cables en los postes, podríamos llegar a una solución mucho más sencilla y más fiscalizable: las municipalidades, aleatoriamente, podrían revisar los cableados, y si hay alguno en desuso, la empresa eléctrica que no se ha preocupado de retirarlo será la responsable, ya que tiene a su cargo la concesión del uso y mantención de ese poste.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que hay espacio para mejorar sensiblemente el cuerpo legal que estamos discutiendo. Se puede partir, como digo, con una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que haga que los postes, cuando se hallen ubicados en bienes nacionales de uso público, pasen también a serlo por adherencia, para que de ahí nazca la responsabilidad de la empresa eléctrica de no colgar ningún cable que no sea estrictamente necesario.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
El Senador señor Navarro, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, sugiere que sea hasta el miércoles 25 de julio, a las 12.
¿Habría acuerdo?
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta la fecha y la hora indicadas.