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PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL


El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación figura en la tabla el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.563-11 y 10.755-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
La Comisión de Salud discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Girardi y Quinteros.
Cabe hacer presente que el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 32 a 42 del primer informe de la Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto hace un par de minutos, voy a abrir la votación. Se trata de una iniciativa de quorum especial que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para comenzar a ilustrarnos sobre el proyecto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero dejar muy en claro que la propuesta legal persigue reconocer y garantizar los derechos de las personas con enfermedad mental o que experimenten una discapacidad intelectual o psíquica. No apunta a resolver las graves deficiencias de nuestro sistema de salud mental, que ha sido profusamente diagnosticado.
Una de las eminencias de la psiquiatría nacional, el profesor Otto Dörr, llamaba la atención, en un reciente artículo, al hecho de que, mientras en nuestro país la primera causa de "carga de enfermedad" es la patología mental, solo se dedica a su cuidado el 2,1 por ciento del presupuesto de salud, cuando el promedio de los demás países es el 8 por ciento.
Destaca que en Chile solo tenemos nueve camas psiquiátricas por cada cien mil habitantes, en tanto que en los países europeos la relación es de cien por cada cien mil habitantes.
Los efectos de esta carencia se traducen en sufrimiento y dolor para las personas, y en un deterioro grave de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque esta débil capacidad de atención de nuestro sistema de salud se expresa también en el sector privado, con coberturas muy limitadas para estas patologías en los planes de las isapres.
Pero sus consecuencias se dejan sentir no solo en el plano de la salud propiamente tal, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, se expresa en la educación, con baja capacidad de concentración y mal rendimiento de los estudiantes, o en el empleo, con gran cantidad de licencias médicas por razones psiquiátricas y la consecuente baja en la productividad.
Se expresa igualmente en las políticas de infancia. Qué duda cabe que detrás de cada vulneración de derechos de los niños, especialmente en las situaciones de abusos, se encuentran patologías mentales insuficientemente tratadas de sus agresores.
Y qué decir de la seguridad pública. El mismo profesor recuerda la llamada "Ley de Penrose", según la cual existe una correlación inversa entre el tamaño de la población penal y el de los hospitales psiquiátricos. Es decir, si en un país se reducen las camas psiquiátricas, aumenta el número de reclusos, que es justamente el caso de Chile.
Este cuadro, claramente deficitario, ha sido abordado parcialmente con algunas iniciativas. Hay que consignar, por ejemplo, la inclusión de la depresión en el GES, o los proyectos de integración escolar en las escuelas públicas. Sin embargo, la situación general de las políticas de salud mental sigue siendo claramente insuficiente. Ello resulta especialmente evidente en el plano de las adicciones.
Como decía, este proyecto solo regula los derechos de los pacientes, no toca el sistema general, pero es un paso en la dirección correcta, y su aprobación y posterior aplicación permitirá poner en evidencia las serias carencias de infraestructura y recursos humanos para asumir las demandas insatisfechas en materia de salud mental en nuestro país.
En todo caso, no se trata solo de más recursos.
Nuestro sistema de salud completo requiere una reforma integral, una reforma que asegure su carácter universal; que beneficie a todos los habitantes de nuestro territorio por igual; que sea solidaria, es decir, que se financie con las contribuciones de todos; que no discrimine por edad, sexo, región, preexistencias médicas o cualquier otra condición; que se construya sobre la base de la atención primaria, y que privilegie la prevención y la promoción de la vida saludable.
Una reforma así requerirá ingentes recursos y tomará varios años.
Pero estoy convencido de que es un desafío ineludible que debe abordar la sociedad chilena.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Voy a aprobar en general este proyecto, que pretende, por primera vez en los últimos veinticinco años, traer al Congreso Nacional un debate sobre salud mental.
Si hay algún pariente pobre en la salud, es la atención mental. Y tal como se enferma el cuerpo, también podemos padecer trastornos mentales.
Hay muchos profesionales dedicados a este rubro, pero hasta ahora el sector público está al debe.
Esta iniciativa tiene su origen en mociones de varios Diputados (algunos de ellos se encuentran en ejercicio; otros, no).
Yo quiero poner de relieve, puntualmente, un tema que hasta ahora, en la legislación vigente sobre salud mental y en el proyecto original, no está contemplado -sí lo incorpora una indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Salud- y que dice relación con qué pasa con las personas drogodependientes, específicamente con aquellas que consumen pasta base.
Hoy día nuestro país está sufriendo una pandemia causada por el consumo de dicha droga, que ha generado estragos tremendos.
La gran dificultad radica en que para rehabilitarse se requiere voluntad. Sin embargo, los efectos del consumo de pasta base son tales que anulan esa voluntad y, por ende, necesitamos crear en la ley en proyecto a lo menos dos mecanismos.
Uno de ellos debe permitir la internación no voluntaria para desintoxicar a las personas dependientes de la pasta base. Si no se desintoxica a un adicto a este tipo de droga, es imposible rehabilitarlo.
Sabemos que este desafío abarca a todo el territorio, pues el consumo de pasta base es distinto al de cualquier otra droga. El daño que está causando en cada una de nuestras regiones, incluso en muchas comunas de las zonas rurales más lejanas, es dramático.
Uno de los problemas -y no quiero entrar en la discusión de fondo- radica en que muchos consideran que la adicción en sí no es una patología mental, sino una condición. Por ende, si bien algunas interpretaciones de las normas vigentes permiten que un psiquiatra ordene la internación no voluntaria de un adicto a la pasta base, lo real es que eso no ocurre.
De esa forma, hoy tenemos a cientos de miles de familias angustiadas por el hecho de que sus hijos, hijas o parientes, que son drogodependientes, no logran desintoxicarse a través del financiamiento público otorgado por una ley y no conseguimos atacar uno de los mayores flagelos que estamos viviendo y que provoca externalidades societales a lo largo de todo el país.
Sé que el tema que acabo de mencionar es uno de entre varios que aborda la ley en proyecto.
Sin embargo, solo quiero subrayarlo para indicar que en el área de la salud mental tenemos muchos problemas que abordar.
Uno de ellos, que tiene un aterrizaje muy concreto, apunta a zanjar los efectos derivados de las adicciones. Y creo que hay muchas otras patologías mentales que deben ser enfrentadas, respecto de las cuales el Estado debiera dar garantías.
Asimismo, existen otras situaciones en que los servicios de salud o las prestaciones de las isapres dan derecho solo a dos o tres atenciones, en circunstancias de que un paciente puede necesitar una psicoterapia que dure seis meses o un año.
¡Para qué hablar de FONASA!
Señor Presidente, necesitamos una nueva ley de salud mental, que aborde los problemas derivados de las adicciones y que también cubra las enfermedades mentales como una patología más, sin discriminarlas en razón de si el paciente pertenece al sector público -o sea, a FONASA- o a determinada isapre, con el objeto de brindar el tipo de atención que corresponde y no dejarlas acotadas, como ocurre ahora con las depresiones, a los programas GES, los cuales ofrecen muy pocas prestaciones.
Necesitamos un nuevo marco, una mejor defensa para los derechos de los enfermos mentales o de aquellos que sufren este tipo de patologías, y una política que no discrimine a aquellos que caen en situaciones como las descritas, pues como sociedad debemos ayudarlos a que las resuelvan.
Votaremos a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, en primer lugar, respaldaré en su votación general este proyecto.
Quiero recordar, además, que la iniciativa se originó en una moción presentada por varios Diputados, entre ellos el ex Diputado Sergio Espejo, con quien me tocó trabajar un poco más el texto, y la Diputada Marcela Hernando. Ellos son algunos de los mocionantes.
También destaco que detrás de este proyecto hay un equipo de profesionales de la Escuela de Salud Pública, de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Católica, de la Fundación Aninat, de la Universidad de Valparaíso, cuyos reclamos apuntan a un aspecto que ya se mencionó en la Sala: cómo nosotros avanzamos en un ámbito que es evidente en la vida cotidiana de las personas.
Ya se dio cuenta en esta Sala de parte de la realidad que afecta a nuestro país en cuanto a la salud mental. Por ejemplo, el porcentaje asignado a la "carga de enfermedad", tal como indicó el Senador Rabindranath Quinteros.
Cuando uno ve los datos que evidenciamos en comparación a otros países de la OCDE, no son precisamente datos que nos enorgullezcan.
Ocupamos el segundo lugar entre los países donde más ha aumentado la tasa de suicidios -esto es grave- y, además, hablamos de la segunda causa de muerte en adolescentes.
Detrás de un suicidio subyace un problema de salud mental. Cinco personas se quitan la vida diariamente en Chile. Sin embargo, tal como se ha explicado, la salud mental pareciera muchas veces no existir.
Por ello, quiero destacar públicamente el esfuerzo que hacen muchos equipos de profesionales, con pocos recursos y muy baja prioridad en lo presupuestario y en lo programático, en este ámbito de la atención primaria, sobre todo -los conozco- en Magallanes.
Necesitamos una política pública que ponga en el lugar que corresponde a la salud mental.
Cuando vemos los índices de consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y cocaína, observamos que también son graves.
Los datos de 2015 de la OMS nos sitúan como el país con mayor consumo de alcohol. Y ocupamos el tercer lugar en cuanto a consumo de cocaína y marihuana dentro del continente, según las cifras de la ONU de 2017.
Podría seguir con muchos otros.
Sin embargo, uno ve gente que sufre una adicción y que quiere tratarse. Pero solo un tercio de ellas, del orden de 90 mil personas -una de cada tres-, puede acceder a un programa.
Ya se señaló lo que ocurre en la población infanto-adolescente, en que el Programa GES solo cubre a la población mayor de 15 años que sufre problemas de depresión, en circunstancias de que esta patología se gatilla cada vez antes y carece de alternativas de tratamiento.
¡Qué decir de la realidad de los niños y las niñas del SENAME, cuyos datos ya conocemos y nos duelen profundamente: cerca del 80 por ciento de ellos padece enfermedades relacionadas con la salud mental y no tienen posibilidades de tratamiento!
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una tremenda oportunidad. Y quiero plantearlo así.
El proyecto contiene definiciones que corresponden a un marco inicial y que requieren el patrocinio del Ejecutivo, porque se trata de temas en los cuales, si no ponemos recursos, la sola prioridad y la sola definición de lo que se trata y de las garantías no son suficientes.
Veo en el texto propuesto, por poner solo un ejemplo, que una persona que sufre un problema de salud mental no podrá mantenerse internada indefinidamente en virtud de sus condiciones sociales o su discapacidad.
Pienso en muchos casos, por ejemplo, de adultos mayores que no tienen alternativas. O sea, esta ley en proyecto se nos queda coja, no se sostiene en la mesa, si carecemos de un plan nacional de salud mental, con recursos asignados e identificados en el Presupuesto, que nos permitan efectivamente ofrecer vías de solución.
No obstante, lo que nosotros sí podemos hacer es establecer un principio de paridad, no en materia de género -como ocurre en otros casos-, sino en cómo abordamos la salud mental, para que esta tenga el mismo trato que aquella que llamamos en denominación común "la salud física" y ambas áreas no sean dispares.
Hoy día a nadie se le ocurriría que una isapre pudiera restringir las atenciones de un gastroenterólogo. Yo podría ir todas las semanas a consulta, sin tener restricciones. Sin embargo, si necesito una psicoterapia, esta atención se encuentra limitada, y las sesiones de psicólogo se bonifican en un pequeño porcentaje y con un tope.
¡Por qué ocurre esto si es tan importante la salud mental, si es tan necesario abordarla, tanto y más que la salud física!
Es eso lo que debemos dejar establecido, y contamos con una tremenda oportunidad para hacerlo.
Quiero repetirlo en la discusión en particular, sobre un marco que me parece bien pensado, pero que es preciso complementar.
Y termino reiterando el llamado a aprobar esta iniciativa (no tengo duda de que lo vamos a lograr), e insistiendo -por su intermedio- en la solicitud a los Ministros de Salud, de Hacienda y de la SEGPRES, para que este tema sea considerado una prioridad y contemos con el respaldo del Ejecutivo a fin de sacar adelante una buena ley, que efectivamente permita avanzar en la solución de los problemas que hoy día existen en materia de salud mental.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay varios inscritos todavía.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este proyecto de ley es un punto de partida y de ninguna manera un puerto de llegada, porque en Chile, lamentablemente, se mantienen muchas deudas desde el punto de vista de la salud. Hay 2 millones de personas en listas de espera: 400 mil para cirugía durante un tiempo excesivamente largo, e incluso pacientes con cáncer esperando para toma de exámenes. Pero por lo menos toda esa constelación de problemáticas es evidente, está puesta sobre la mesa.
Sin embargo, en materia de salud mental la dificultad es mucho más grave, porque ni siquiera existe conciencia ni visibilización de estas enfermedades, a pesar de ser las que más prevalencia tienen en este país.
Es desde esa invisibilidad que se enfrentan tales enfermedades. Cuesta mucho tratarlas, pues hay que manifestar una situación de salud mental dramática para que se considere un problema.
Cuando miramos el índice de consumo de benzodiacepina en Chile, nos damos cuenta de que es el más alto del planeta.
Cerca del 45 por ciento de las mujeres refieren padecer angustia; cerca del 20 por ciento de los hombres manifiestan disfunciones sexuales, como eyaculación precoz; cerca del 40 por cierto de las mujeres presentan disfunciones orgásmicas; una parte importante de la población sufre de depresión.
Tal vez la salud mental es el síntoma de la modernidad, el síntoma de esta era llamada "sociedad del rendimiento", donde cada ser humano está compelido de cierta manera a trabajar permanentemente por su reputación, que se transa como valor de mercado. Esta reputación nos obliga a estar preocupados 24/7 de actualizar nuestros datos en las redes. Somos empresarios de nosotros mismos; y cuando uno lo es, a la vez se es amo y esclavo de uno mismo, lo que provoca que este sistema vaya generando como síntoma la depresión de sus usuarios.
A mi juicio, la depresión y la enfermedad mental son los elementos más simbólicos del período en que estamos entrando: la era digital, donde el homo digitalis no tiene un "nosotros"; no se involucra en la lucha de clases; se distancia de la política porque está inmerso en su individualidad. Pero, justamente, también está sometido al estrés del rendimiento.
Y, por lo tanto, cuando se elabora una política de salud mental es importante darse cuenta de que debemos afrontar situaciones muy complejas: el 20 por ciento de los niños que asisten a colegios están medicados con Ritalín y con otras formas de aplacadores; existe una prevalencia altísima en los jóvenes de consumo de drogas y de tabaco (Chile llegó al 38 por ciento de tabaquismo infantil), y nos ubicamos entre los países con mayor consumo de marihuana.
Pero, más allá del síntoma, yo diría que lo preocupante es lo que subyace: los niveles de ansiedad, de angustia, de depresión que sufre nuestra sociedad.
Para qué hablar -lo decía el Senador Juan Pablo Letelier- de la falta de alternativas, por ejemplo, para rehabilitar y tratar a los pacientes.
Entonces, ¿qué es lo importante? Que por primera vez en un Parlamento se plantea establecer una política de salud mental.
La salud mental, como todas las cosas, necesita un eje fundamental, que debiera ser la prevención, a fin de evitar que las personas lleguen a estos padecimientos. Y eso se relaciona con la felicidad, con la autonomía, con el estado de bienestar integral de la persona y de su familia.
Al observar a las familias y sus modelos de convivencia, donde los padres se insultan, nos damos cuenta de que los niños aprenden a relacionarse desde el insulto, desde la descalificación, desde la agresión, y se va reproduciendo un modelo de convivencia totalmente insano.
Entonces, las políticas de salud mental tienen que ver con educación; con los niños y las niñas; con la lucha que están dando las mujeres por su emancipación, por no ser tratadas como personas sin derechos sociales a tomar decisiones, por no sufrir interdicción ellas ni los niños.
Por lo tanto, me parece muy importante que el Senado comience este debate.
Le pido un minuto adicional, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Como no, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- Gracias.
Considero que la principal estrategia de una política de salud mental que no cuenta con recursos -ustedes saben que en el Presupuesto de salud lo que se destina a atención de salud mental tanto para prevención como para atención es mínimo- debería enfocarse en implementar en todos los consultorios del país una unidad terapéutica, un equipo de salud de familia orientado a la salud mental, que contara con psicólogos, con asistentes sociales, con psiquiatras y con terapeutas que ayudaran a resolver muchos de los conflictos de vida, que son los que finalmente hacen que las personas accedan o no a la felicidad y accedan o no a una situación de autoestima suficiente para poder desarrollarse y vivir de manera integral y con calidad.
En tal sentido, me parece muy importante que se avance en esa dirección.
Cuando se habla de "reforma a la salud", tal vez si uno pudiera relevar la prevención y al menos contar con estos equipos multidisciplinarios en todos los consultorios del país, podríamos lograr un gran avance y además mantener una estrategia no solamente de prevención, sino de rehabilitación en materia de drogas.
Creo que este es un buen comienzo, pero queda todavía un inmenso océano por avanzar.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, deseo intervenir muy brevemente.
Todos los proyectos de ley iniciados en mensajes o en mociones se fundan en cierta filosofía que los inspira. Y me parece que la intención de esta iniciativa es algo que no podemos dejar de compartir, y por supuesto, yo la comparto.
Sin embargo, solo quisiera plantear un pequeño "Téngase presente" para la Comisión respectiva en el tratamiento de este proyecto, porque la pregunta que yo me formulo es si, en este caso, estamos legislando en blanco o existen disposiciones que vamos a modificar y, de ser así, en qué sentido.
Fíjese, señor Presidente, que busqué en el informe de la Comisión de Salud (en definitiva, es un texto comparado) y respecto a algunas materias muy importantes de este proyecto, referidas a la naturaleza y al requisito de la hospitalización psiquiátrica, o sea, de la internación no voluntaria, no aparecen textos legales vigentes. Es decir, partimos de la base de que hoy día esto no se halla regulado.
Después, me fui al primer trámite constitucional y reglamentario de la Cámara de Diputados, al informe de la Comisión de Salud, y en la página 5 encontré un párrafo que se titula: "Normas legales que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal". En él se habla del artículo 19 de la Constitución Política de la República; de la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, que no tiene nada que ver con esto; de la ley N° 20.422, que establece disposiciones sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Después consulté el segundo informe de la Comisión, en la parte que dice "Disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue"; pero solo se refiere a la ley N° 20.584.
Entonces, señor Presidente, dada la excelente intención que tiene la iniciativa que estamos votando, que se encuentra inspirada en una buena filosofía, y para que hagamos bien las cosas, quiero decirles a la Sala y a los miembros de la Comisión de Salud que nosotros ya disponemos de una legislación que regula esta materia. Me refiero, básicamente, a lo relacionado con los enfermos mentales que deben ser internados en un psiquiátrico de forma no voluntaria.
Porque este proyecto establece una serie de procedimientos a realizar ante la Corte de Apelaciones respectiva -cuestión engorrosa, difícil y cara, sobre todo para la gente más modesta- que lo tornarán inoperante.
Por eso, a los miembros del referido órgano técnico y a los Senadores que concurrirán a él para analizar esta iniciativa les sugiero, respetuosamente, que se fijen en las disposiciones del Código Sanitario vigente, específicamente en el Libro VII, artículos 130 a 134, pues lo que se quiere establecer con respecto a la internación no voluntaria se halla regulado.
Además, el Código Sanitario hace referencia a un decreto del año 1998 que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
Por lo tanto, existe un larguísimo reglamento que regula exactamente la materia que aquí se quiere normar.
En consecuencia, señor Presidente, al objeto de que legislemos bien sugiero tener presentes las disposiciones legales que mencioné y, también, que ellas sean incorporadas al comparado respectivo. Esto, a fin de saber qué estamos haciendo. De esa manera, este proyecto, que a mi juicio posee excelentes intenciones, se va a traducir en un buen texto que irá en ayuda de las personas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos votando tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, resguardando en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
Debo destacar que su artículo 6 adquiere trascendental importancia al consagrar la prohibición de realizar un diagnóstico de salud mental basándose en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, o con su identidad u orientación sexual.
En tal contexto, estamos ante una normativa que busca proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas.
Ahí radica su fundamental relevancia, sobre todo considerando las nuevas patologías que surgen dadas las características y condiciones de vida que se enfrentan en nuestros días.
No obstante lo anterior, debo manifestar mi preocupación por la a mi juicio excesiva intervención judicial en las decisiones que se adopten con respecto a las personas que sean internadas involuntariamente por problemas de salud mental.
Tan así es que el proyecto determina que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada.
Se establece, incluso, una instancia de apelación. Y se llega a determinar, en su artículo 13, que el afectado hospitalizado involuntariamente (es decir, el paciente), o su abogado, pueden solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva el alta hospitalaria en cualquier momento.
Asimismo, se justifica que, al estimarse la hospitalización psiquiátrica involuntaria como una "afectación al derecho a la libertad", debe ser siempre autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones pertinente, amparándose para ello en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Y, por ese mérito, se determinan una serie de facultades que pueden ser ejercidas por la Corte de Apelaciones correspondiente.
Creo que esta materia no debe abandonar el ámbito de la salud ni ser judicializada, más aún si pensamos que las instancias de supervisión dependen de las secretarías regionales ministeriales de salud y de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la propia ley N° 20.584.
En definitiva, si una persona con este tipo de patologías es violentada en sus derechos, sobre todo en el marco de una hospitalización involuntaria, podrá por sí, o a través de cualquiera en su nombre, interponer el correspondiente recurso de protección.
En esa instancia, las autoridades de la salud y los profesionales tratantes tendrán que informar acerca de la situación, y sobre esa base se dictará la resolución judicial respectiva. Pero no debe otorgarse facultades a las Cortes de Apelaciones para intervenir en áreas que no son de su competencia, menos cuando se trata de dar el alta a los pacientes, tal como se propone en el artículo 13 del proyecto que estamos votando.
Señor Presidente, me abstengo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente!
Necesitamos un Plan Nacional de Salud Mental, pues el que se halla vigente en Chile es del año 2001: ¡dieciséis años sin tener un plan de esta índole!
Esto lo reconoció la Ministra de Salud durante el Gobierno pasado. Ahora hace lo propio el actual Secretario de esa Cartera, don Emilio Santelices. Y se nos señala que dicho plan está en proceso de elaboración.
¿Cuál es la realidad?
Los médicos del Hospital Psiquiátrico Leonor Mascayano de Concepción han planteado una renuncia global. ¿Por qué? Porque les llevan para ser tratadas personas que vienen de las cárceles, las cuales, por su condición, deben mantenerse engrilladas. Y tienen que atenderlas junto a otros pacientes del referido establecimiento hospitalario.
Esa situación ocurre de manera permanente con respecto a quienes presentan problemas mentales agudos.
¡En Chile no hay dónde tenerlos...!
Señor Presidente, en las cárceles hay muchos presos condenados, rematados que padecen enfermedades mentales. Ellos deben permanecer recluidos; pero cuando tienen un problema de esa naturaleza van a parar a un hospital psiquiátrico, lo que genera una situación de riesgo para el resto de los pacientes que se atienden ahí.
Lo señaló el Senador Letelier: ¡los angustiados!
En seguida, se halla el flagelo de la droga. Miles y miles de jóvenes quieren huir de ella. Tienen un problema de salud mental: no les es factible dejar la marihuana o la pasta base.
¿Dónde pueden rehabilitarse? No existe una política nacional de rehabilitación para jóvenes. No hay un centro especializado de carácter público. Solo tenemos iniciativas privadas, muchas de ellas voluntarias y que, además, implican un alto costo, independiente de que sean sin fines de lucro.
No existe hoy día una institucionalidad para asistir a quienes padecen algún grado de enfermedad mental o de dependencia de drogas.
De otro lado, señor Presidente, el 40 por ciento de las licencias médicas que hoy se otorgan en el mundo laboral son por estrés: ¡son cinco millones al año!
Lo que todavía hay es la creencia de que cuando un trabajador pide una licencia por estrés lo van a calificar de loco; o de que por solicitar una licencia de este tipo quiere burlar el sistema.
Esas licencias son rechazadas por el COMPIN y por las isapres.
Ha ido aumentando el rechazo de licencias médicas.
En el Senado legislamos para sancionar a los médicos que otorgan licencias falsas.
Reitero lo que dije en aquella oportunidad: "Hay que sancionar a quien da una licencia falsa; pero también hay que castigar al doctor que da un alta falsa", es decir, que le dice a una persona que está sana cuando aún se halla convaleciente y la obliga a ir a trabajar.
También habría que sancionar al médico que por instrucción de su empleador o de la mutual le dice a un paciente que tiene una enfermedad común, o que no se trata de un accidente del trabajo.
¡Tenemos un grave problema!
Las licencias por estrés debieran acotarse a un ámbito en que se reconozca que se trata de una situación creciente en el mundo laboral de hoy.
Hay muchos médicos cuestionados por entregar este tipo de licencias. Y también hay numerosas personas, en todos las áreas -no creo que el Senado escape a esto-, que no reconocen, ni son capaces de hacerlo, que pueden tener estrés laboral, porque se asume que en toda asociación a esa condición física hay un grado de demencia, de locura.
Por tanto, yo quiero subrayar que existe estrés laboral en las instituciones.
Recuerdo que, siendo yo su Presidente, en la Comisión de Derechos Humanos realizamos nueve sesiones a propósito de la situación del SENAME. Asistieron representantes de los funcionarios de dicho Servicio. En total, se trata de 4.000 trabajadores: ¡1.000 de ellos están con licencia médica!
¡El 25 por ciento de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores se hallan con licencia médica!
Ello revela que hay instituciones con una condición especial, extraordinaria que motiva que sus trabajadores puedan padecer ese tipo de situaciones.
Señor Presidente, el artículo 1 del proyecto señala que "Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental...".
En su artículo 10 dice: "Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales.".
¡No hay adonde llevar a quiénes se encuentran en tales situaciones...!
Estamos haciendo una definición general sobre derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Pero está claro que no hay una política nacional, no existe infraestructura.
¡No tenemos suficientes psiquiatras, señor Presidente!
Es algo parecido a lo que sucede con los geriatras: 2,3 millones de adultos mayores y 83 médicos de esta especialidad.
El valor de la consulta con un psiquiatra o un psicólogo no está al alcance del bolsillo de los trabajadores.
En consecuencia, está bien que garanticemos los derechos fundamentales y que reconozcamos que las enfermedades mentales forman parte de la salud en su conjunto, incluido el mundo del trabajo, y que se diseñen mecanismos para reconocer que el estrés laboral existe, es real y debe ser atendido.
Sin embargo, es claro que no tenemos ni infraestructura ni especialistas para hacer una política de Estado real en torno a nuestra preocupación central por la salud mental de los chilenos en general.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor.
No obstante, hay un tema abierto al debate. Y espero que podamos abordarlo, como se ha señalado aquí, cuando toquemos las cuestiones de fondo: qué hacer como país para enfrentar hoy día la salud mental en Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.


El señor PUGH.- Señor Presidente, tal como se ha mencionado, los problemas de salud mental van creciendo.
El estudio hecho por el Ministerio de Salud básicamente en cuanto a la realidad al año 2016 a nivel de Atención Primaria indica que 22 por ciento de la población beneficiaria está propensa a un problema de salud mental.
Sin embargo, lo más grave es que 83 por ciento está fuera de algún tipo de tratamiento. Vale decir, no somos capaces de hacernos cargo de algo que nos está golpeando, y muy fuerte, no solo -como se indicó- sobre la base del problema de la droga, que se ha introducido de manera muy fuerte en la juventud, o del problema de la convivencia, sino también en función del estilo de vida, de la frustración que tiene muchísima gente por no alcanzar una felicidad mal definida.
Por eso, como legisladores, debemos hacernos cargo de aquello, utilizando para ese efecto la experiencia y, además, la legislación comparada.
En tal sentido, puedo decir que, por haber sido director de un establecimiento con hospitalización psiquiátrica, conozco muy bien los problemas que afectan no solo clínicamente a los pacientes, sino también a las familias que necesitan internar a sus enfermos.
Por lo tanto, quizás se deben utilizar procedimientos mucho más rápidos; y en lo general, tomando como base la legislación británica, recurrir a la segunda opinión, probablemente otro especialista que coincida. De esa manera puede haber mayor agilidad.
En cuanto a los consentimientos, muy especialmente en los casos en que se van a aplicar tratamientos con electroconvulsión, debemos garantizar que, teniendo el paciente un problema de salud mental, se tomarán las mejores prevenciones para tratar de sacarlos de la condición en que se encuentran.
Hoy los fármacos psiquiátricos permiten estabilizar a los enfermos y darles una calidad de vida mejor.
Sin embargo, se requieren hospitales de día; establecimientos hospitalarios con capacidad para recibir a los pacientes y aplicarles tratamiento que les posibilite superar su situación.
Asimismo, hay que entrenar a las familias. Los problemas de salud mental no son individuales, de una sola persona: son del contexto de la sociedad. Por eso, todos deben contribuir a su solución.
En esa línea, considero importante avanzar.
En virtud de lo que expuse, apoyo esta iniciativa, que votaré afirmativamente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Durana.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Galilea.
La fecha para formular indicaciones sería el lunes 30 de julio.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.