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PROPOSICIÓN PARA NOMBRAMIENTO DE SEÑORA ÁNGELA VIVANCO MARTÍNEZ COMO MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, el cambio del sistema electoral y la demanda de la ciudadanía exigen superar el esquema binominal para las designaciones que deben ser ratificadas por el Senado, como ha primado hasta hoy.
La candidata propuesta por el Primer Mandatario para integrar la Corte Suprema cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución, pero no con las condiciones de fondo subyacentes en el alto quorum exigido.
La idea de incorporar abogados externos se justificó, en su tiempo, en la necesidad de enriquecer al Máximo Tribunal con el conocimiento experto de quienes se han destacado en el ámbito profesional, en el litigio o en la vida académica.
La Corte Suprema debe representar las ideas que se abren paso ampliamente en la sociedad. No nos referimos a las de carácter político, sino a las imperantes en la cultura, a valores presentes en la diversidad de nuestra sociedad.
Asimismo, en el día de hoy, y en una forma acorde con los estándares de las autoridades públicas, es pertinente exigir un alto nivel de independencia con respecto a intereses de grupos particulares. El Ejecutivo ha comprometido para pocos días más un proyecto de ley sobre integridad, el que debiera hacerse cargo de mayores exigencias para evitar conflictos de interés y asegurar la mayor independencia de las instituciones republicanas.
El currículum de la candidata Ángela Vivanco va en el sentido opuesto: contempla el haber sido presidenta del Partido Unión de Centro Centro, cuando se desempeñaba como abogada de las empresas de Francisco Javier Errázuriz, y candidata a Diputada por el Partido Renovación Nacional.
Estamos en tiempos en que las mujeres han levantado la voz para pedir lo que en justicia merecen y luchan por más derechos y mayor igualdad. Ángela Vivanco se halla en la línea contraria. Así lo demuestran su postura en el momento de discutirse la inconstitucionalidad de la tabla de factores que fijaban los precios de los planes de salud de las isapres y que discriminaba principalmente a las mujeres; su oposición a la distribución de la píldora del día después, y su participación como requirente contra el proyecto de ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
La militancia política, por sí sola, no impide actuar con prescindencia en los asuntos que toca resolver, pero el conjunto de antecedentes de la candidata nos muestran que ha participado por un lapso de casi treinta años, desde diversas posiciones, en la defensa activa de los intereses de un ámbito determinado.
Es difícil pedirle al sector contrario, que precisamente ha presentado proyectos tendientes a la ampliación de las libertades y la profundización de la democracia, que apoye a quien ha jugado ese otro rol activo.
Dentro de la quina propuesta por la Corte Suprema, la candidata Vivanco no fue la primera mayoría, sino la abogada Leonor Etcheberry.
El Presidente de la República debió buscar una persona que, incluso sin compartir la sensibilidad opositora, diera garantías de imparcialidad en la administración de justicia. Nos pone, por lo tanto, en una situación difícil, casi imposible. Nos pide votar contra nuestras convicciones.
Podemos apoyar a alguien de una sensibilidad liberal o conservadora, de Izquierda o de Derecha, pero no a quien ha sido activa opositora a proyectos emblemáticos no solo para nuestro sector, sino también para la sociedad. Se correría el riesgo, dada su trayectoria, de politizar la justicia, como ha ocurrido en otros países de América Latina, y generar un daño irreparable en las instituciones. Y se cometerían los mismos errores que han causado un daño enorme al prestigio del Tribunal Constitucional.
Costó mucho recuperar el ascendiente de la Corte Suprema, tras la noche larga de la dictadura. Debemos velar entre todos por preservar su independencia.
El concepto de "netear" los nombramientos de los ministros del Máximo Tribunal, tal como lo expresó el titular de Justicia, señor Hernán Larraín, representa una señal extremadamente grave para el funcionamiento de nuestro sistema democrático y constituye una "amenaza" al carácter imparcial de los jueces, tal como lo manifestó el exministro Milton Juica, en su oportunidad.
La politización de la administración de justicia es nefasta para la sociedad democrática que debemos construir entre todos.
Por ello, la bancada del Partido Socialista votará en contra de la proposición.