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DESIGNACIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES


El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.245-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 82ª, en 17 de enero de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 22ª, en 6 de junio de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos en dicha función, organismo que actuará a través del Comité de Expertos que se crea. Ello da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país, en especial al Protocolo Facultativo, ratificado en 2008, y a la Convención contra la Tortura, en 1988.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Muñoz y señores Latorre y Navarro, aprobó la idea de legislar.
Cabe tener presente que los artículos 9 y 10 revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos para ser acogidos.
Por su parte, el artículo 12 es de quorum calificado, por lo que necesita 22 votos para ser sancionado.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe.
Nada más.
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El señor MONTES (Presidente).- Se ha solicitado autorización para que asista a la sesión el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
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El señor MONTES (Presidente).- En discusión general.
Puede intervenir la Honorable señora Muñoz, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, tengo el honor de presentar la iniciativa que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entidad que actuará a través del Comité al cual se ha hecho referencia, para dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, ratificado por Chile el 12 de diciembre de 2008.
Cabe consignar que en la sesión en que la Comisión se abocó al estudio del proyecto se escuchó a las señoras Subsecretaria de Derechos Humanos y Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que en la ocasión se expusieron los siguientes puntos:
1.- El Estado se comprometió en el año 2009 a designar al Instituto como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al satisfacer todos los requisitos por tratarse de una institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos y contar con independencia funcional y financiera, así como con personal.
2.- En atención a lo anterior, se crea, dentro de la esfera del Instituto, el Comité de Prevención contra la Tortura, cuya principal finalidad será prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3.- Para ello, el Comité examinará periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben, y podrá realizar visitas de distinta índole, de acuerdo con la metodología y el plan de trabajo que se haya diseñado. Asimismo, requerirá de las autoridades correspondientes toda la información necesaria asociada al objetivo perseguido.
4.- El Comité dirigirá recomendaciones a las autoridades relacionadas con el tratamiento de personas privadas de libertad. Además, elaborará un informe anual para dar cuenta de los principales aspectos que demandarán la adopción de medidas específicas para prevenir la tortura.
5.- El Comité estará compuesto de nueve expertos, además de contar con personal de apoyo para dar soporte al desarrollo de su mandato de prevención. Ellos gozarán de independencia funcional. La selección y el nombramiento de sus miembros recaerán en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Durarán cuatro años en su cargo y podrán ser reelegidos.
6.- El Ejecutivo manifestó su intención de avanzar en la tramitación del proyecto de ley, a pesar de mantener algunas discrepancias en cuanto al texto aprobado por la Cámara de Diputados, las que hará presentes durante la discusión particular.
Asimismo, informó que el Estado de Chile deberá rendir a fines del mes de julio, ante el Comité Contra la Tortura (CAT), el examen oral sobre la implementación del Protocolo contra la Tortura.
7.- La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos consideró satisfactoria la iniciativa, pues resulta concordante con las obligaciones contraídas en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
8.- El artículo 10, sobre el fuero que se concede a los integrantes del Comité, fue informado favorablemente por la Corte Suprema.
9.- El proyecto cuenta con un informe financiero, el cual detalla que el costo en el primer año será de 572 millones 517 mil pesos; en el segundo, de 781 millones 278 mil pesos, y en el tercero, de un millón 67 mil 784 pesos, en régimen.
10.- Los miembros de la Comisión coincidieron en la necesidad de aprobar la iniciativa, pues el país registra casi diez años de retraso en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que ha sido advertido por los organismos internacionales. Sin embargo, algunas observaciones al articulado se tratarán, por cierto, durante la discusión particular.
Por lo anterior, la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico aprobó la idea de legislar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, saludo a los integrantes de esta Corporación, a la que concurro con especial afecto.
Quiero sumarme a las informaciones que han dado la señora Presidenta de la Comisión, quien acaba de intervenir, y el señor Secretario.
El proyecto fue ingresado a trámite en el Congreso en mayo de 2017 y reviste especial valor ante una situación que afecta no solo a nuestro país, sino que también se observa internacionalmente.
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes constituye un imperativo internacional, contemplado ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, cuyo artículo 5 proclama que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.".
Lo mismo dispone el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que significa que media un compromiso internacional desde hace ya bastante tiempo.
En 1987, avanzando en la lucha contra esta práctica, entró en vigor la Convención contra la Tortura, que exhibe un amplio respaldo internacional: 162 Estados la han ratificado. Chile lo hizo en el año 1988.
Sin embargo, pese al alto grado de consenso en el rechazo a la tortura y a las penas crueles, inhumanas o degradantes, ellas persisten, en diversos contextos, en la mayoría de los países. Por ese motivo, los Estados signatarios han resuelto adoptar nuevas medidas que permitan hacer efectiva la Convención.
Así fue como en 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificado por Chile en 2008.
El nuevo enfoque del Protocolo obedece a una especial preocupación por el hecho de que las personas privadas de libertad, en un sentido amplio, corren el mayor riesgo de ser objeto de torturas y otros malos tratos. En los lugares de encierro, como cárceles, centros de larga estadía para adultos mayores, hogares de menores, hospitales psiquiátricos y diversos ámbitos de esta naturaleza, se generan abusos con más fuerza que en otros espacios.
En definitiva, si se aplica una política estatal de represión o hay negligencia, falta de recursos, formación deficiente del personal a cargo o sistemas inadecuados de supervisión, se pueden dar tales abusos.
Para evitar que ocurran situaciones de esa índole, surge la conveniencia de una vigilancia independiente y externa.
El objetivo del Protocolo, como lo señala su artículo 1º, es "establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Dicho instrumento internacional se perfecciona por dos vías: una, por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de carácter internacional, y dos, por Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura.
Hoy día discutimos, precisamente, sobre ese Mecanismo Nacional, cuya misión es estar encima de los lugares de privación de libertad, con visitas de distinta naturaleza (expertos y otros personeros), para verificar las situaciones que ahí se viven.
En el año 2009 Chile comunicó formalmente que designaría al Instituto Nacional de Derechos Humanos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En materia de lucha contra la tortura, cabe destacar que nuestro país ha jugado un rol de liderazgo importante a nivel internacional. En 2014, fue uno de los cinco Estados, junto con Dinamarca, Ghana, Indonesia y Marruecos, que lanzaron la Iniciativa Convención contra la Tortura, cuyo objetivo es asegurar la ratificación universal y una mejor implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Nuestro prestigio y liderazgo se han podido verificar hace poco, entre los días 4 y 6 de junio, en un seminario en el cual Chile fue invitado a promover entre los Estados del Caribe la ratificación de dicha Convención. Participamos a través de un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien dio testimonio de lo que hemos hecho en ese ámbito.
Hoy día nos convoca lograr la aprobación del Instituto Nacional de Derechos Humanos -ya de manera formal y por ley- como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cumpliendo así el compromiso adquirido en 2008 al ratificar el Protocolo Facultativo correspondiente.
El contenido del proyecto ya ha sido debidamente señalado.
Solo quiero completar la información manifestando que han surgido algunas inquietudes a propósito de la discusión de la iniciativa, las cuales han modificado en cierto sentido algunos artículos que, a nuestro juicio, es necesario revisar.
Por ejemplo, se enmendó el concepto de "lugar de privación de libertad". Pero, dada la forma en que fue cambiado, se aleja de algún modo de la propuesta original del Protocolo Facultativo, por lo que estimamos conveniente revisar ese planteamiento.
Del mismo modo, se sugirió aumentar la autonomía en la reglamentación de la organización interna y el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; incluir modificaciones relativas a las causales de cesación en el cargo de los expertos y las expertas en dicho Mecanismo, y consagrarles el reconocimiento de prerrogativas e inmunidades.
Todas esas materias las haremos presentes mediante la formulación de indicaciones en el plazo que este Senado tenga a bien acordar a ese efecto.
Finalmente, se procura garantizar la naturaleza preventiva del sistema de visitas periódicas a lugares de privación de libertad y asegurar la autonomía funcional y del personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, respecto de todo órgano del Estado, de acuerdo a las normas vigentes y a las directrices que se han dado para la operación de dicho Mecanismo.
Reitero mi agradecimiento por la posibilidad para referirme a esta materia, e instamos a esta Corporación a aprobar la iniciativa de ley en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Derechos Humanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
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El señor MONTES (Presidente).- Deseo informar a la Sala que el Senador señor Rafael Prohens está hoy día de cumpleaños.
Lo saludamos como corresponde.
--(Aplausos en la Sala).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Latorre.


El señor LATORRE.- Señor Presidente, me dirijo a esta Corporación para manifestar la importancia de este proyecto de ley, que pude revisar y aprobar en la Comisión de Derechos Humanos, recientemente.
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentra reconocida hoy en múltiples tratados, pactos y declaraciones de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal y regional.
El Protocolo Facultativo aprobado en 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que motiva la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, es uno de ellos, y su principal objetivo es dotar a los Estados de una herramienta práctica adicional que les ayude a cumplir con las obligaciones que ellos mismos se comprometieron a respetar y que se recogen a partir del desarrollo del derecho internacional para la erradicación de la tortura.
Sin perjuicio de que Chile ha adecuado su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales y ha suscrito la mayoría de estos instrumentos internacionales, lo cierto es que, a pesar de que hoy vivimos en democracia, en nuestro país todavía se tortura.
El Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile entre los años 2014 y 2015, presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en mayo pasado, da cuenta de las visitas realizadas a 43 unidades penales de las diversas regiones de Chile. El principal enfoque se centró en las condiciones materiales en las que viven las personas privadas de libertad. Entre otras cosas, se midieron los niveles de ocupación de los recintos, su infraestructura, su higiene y salubridad, las condiciones de preparación y distribución de la alimentación, la aplicación de regímenes disciplinarios, la segmentación de la población penal, las riñas y agresiones entre los privados de libertad, las muertes de personas bajo la custodia del Estado y la asistencia médica para quienes están en la cárcel.
Quiero detenerme, señor Presidente, en algunos de los alarmantes resultados.
1) En materia de higiene y de acceso a agua potable, se observa que no hay disponibilidad de agua las veinticuatro horas en 22 cárceles; es decir, en la mitad de los recintos visitados.
2) Se evidenciaron una inadecuada circulación de aire en las celdas, instalaciones eléctricas artesanales, colapso de infraestructuras sanitarias, limpieza insuficiente y plagas.
3) Se constató que las personas privadas de libertad muchas veces son obligadas a orinar en botellas plásticas y defecar en tarros, debiendo soportar los malos olores y las enfermedades que eso genera.
4) Asimismo, en 24 de las unidades penales visitadas (es decir, en el 61,5 por ciento de ellas) no existían camas para toda la población penal.
5) En materia de seguridad, el informe arrojó que aún subsisten al interior de las cárceles malos tratos y el uso de la violencia por parte de algunos funcionarios y funcionarias, quienes utilizan diversas prácticas de amedrentamiento y castigo, sumado a una falta de confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos.
6) El Instituto constató, además, que existe una carencia en la dotación general de médicos y especialistas, y que las dolencias de los internos no son tomadas en cuenta con la debida seriedad, siendo frecuente el que vuelvan a sus celdas sin ningún tipo de tratamiento -por ejemplo, para el dolor-, a lo que se agrega la casi nula atención de salud mental con que cuentan.
Tales conclusiones no solo son preocupantes, sino que hablan de condiciones de encierro inhumanas, las que se ven reforzadas por informes de la Excelentísima Corte Suprema que han dado cuenta de la misma realidad en el último tiempo.
Por otra parte, es necesario que nuestras policías se ajusten a estándares correctos en el ejercicio de la facultad que todos los chilenos y las chilenas delegamos en ellos, cual es, en el del uso de la fuerza institucionalizada.
Este año un suboficial de Carabineros fue formalizado por torturas luego de que cuatro detenidos fueran golpeados violentamente en una comisaría de Estación Central, el cual ya presentaba otras denuncias por golpear a otras personas, entre ellas, a una mujer embarazada. Además, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte investiga a 10 uniformados por tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia en contra de vendedores ambulantes e inmigrantes. Por otra parte, en marzo, dos carabineros fueron condenados por torturas en contra de un detenido en Arica.
¡Esas situaciones deben acabar y debemos aportar para que no ocurran nunca más en Chile!
Todas esas condiciones dan cuenta de un sistema carcelario que no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad ni mucho menos procesos efectivos de reinserción social.
Por lo mismo, es preocupante y absolutamente irresponsable el populismo penal que está impulsando el Gobierno de Derecha del Presidente Piñera en su agenda de seguridad pública. Hoy las personas que salen de la cárcel presentan un daño psicosocial mayor que cuando ingresaron.
Señor Presidente, sabemos que por el solo hecho de aprobar una institucionalidad no se solucionan los problemas, pero estimamos que es un gran paso para erradicar la tortura en nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde, para fundamentar su voto.


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, desafortunadamente la tortura, como práctica lamentable y condenable, no ha estado ajena a nuestra historia. Hubo víctimas durante la dictadura, cuando aquella se transformó en un mecanismo sistemático de control de poder. Sin ir más lejos, el propio Presidente de esta Corporación fue objeto de tales prácticas.
Pero, recuperada la democracia, se hace necesario establecer sistemas que permitan que en Chile se deje atrás no solo la época en que eso era algo propio del Estado -se aplicaba con apoyo institucional-, sino también cualquiera forma de tortura. Si ya no es una práctica sistemática ni una expresión de política estatal, debe ser erradicada de nuestro país.
El proyecto de ley que se somete a nuestra consideración establece el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, radicando esta tremenda responsabilidad en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Tenemos un desafío enorme: todas las sociedades democráticas, incluso las de larga data, deben suprimir toda forma de tortura.
Por eso, es muy importante que la iniciativa se refiera no solo a los actos de tortura propiamente tal, sino también a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, porque no es posible establecer un distingo entre unos y otros.
El hecho de tolerar alguna de esas acciones, sin duda, es una mala señal, pues permite que se realicen prácticas crueles e inaceptables en una sociedad democrática, en donde los derechos fundamentales y humanos son el eje central sobre el cual se basa la convivencia.
Por cierto, Chile ha dado pasos importantes, como la suscripción y ratificación de tratados internacionales en la materia.
Es el caso de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrito por Chile el 30 de septiembre de 1988. ¡Hace ya tres décadas! Lamentablemente, no se aplicó en forma inmediata. Todos sabemos por qué: el contexto político de aquel entonces.
Asimismo, está el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Tortura, del 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3 dispone: "Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
En el ámbito interno, según el artículo 19, número 1°, de la Constitución Política de la República, se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas y, expresamente, "Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo".
Además, el 22 de noviembre de 2016 se publicó la ley Nº 20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Con la entrada en vigencia del referido cuerpo legal se incorporaron al Código Penal los delitos de tortura, apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a objeto de que puedan ser perseguidos penalmente y sancionados sus responsables cuando así lo determine la justicia.
La presente iniciativa radica en el Instituto Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad de llevar adelante la prevención de este tipo de prácticas por medio de visitas y de un proceso de diálogo con el fin de erradicar toda forma de tortura en nuestro país.
Como lo dijo el Senador Latorre, este proyecto por sí solo no va a resolver los problemas que existen en esta materia, pero, sin duda, es un paso relevante para construir una sociedad en la que la tortura quede definitivamente eliminada.
El desafío es enorme, más aún cuando tenemos un pasado doloroso que no debemos olvidar, pero, por sobre todo, cuando queremos construir un futuro entre todos con el propósito de que en Chile se respeten siempre los derechos humanos y toda forma de tortura sea definitivamente erradicada.
Por eso, voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto que voy a respaldar este proyecto de ley.
Quiero decir con mucha fuerza que la creación de este Comité, en el marco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, busca que Chile cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección de derechos fundamentales.
En todo caso, yo habría estado mucho más a favor si hubiésemos instaurado una entidad independiente, como lo han hecho muchos países de la región al optar por la figura del "Defensor del Pueblo".
Avalo lo anterior en función a la necesidad de realizar un análisis previo del cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y una evaluación de las labores que ha cumplido, a efectos de determinar la conveniencia de la dependencia de la entidad que se crea; sobre todo, considerando que el mencionado Instituto tiene, a la fecha, nueve años de existencia. Es recomendable evaluar su eficacia en la protección de los derechos humanos antes de decidir que crezca su envergadura o, por el contrario, pensar a lo mejor en dar vida a un organismo independiente, con absoluta y total autonomía presupuestaria y de gestión.
Finalmente, creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en sus nueve años de gestión, se ha cargado a un solo sector político.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, aprovecho de tomar las palabras del colega que me antecedió, pues algunos de nosotros somos firmes partidarios de que en Chile haya un defensor del pueblo o defensor público, que se ocupe no solo de situaciones de esta naturaleza (tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes), sino también de maltratos en general.
La institucionalidad del referido Instituto para algunos es parcial en función de lo que nos gustaría: un ente autónomo, capaz de resguardar garantías y actuar en favor de los ciudadanos cuando ve que son violentados sus derechos fundamentales.
Pero, dado que no tenemos esa institucionalidad y que lo que existe es quizá de una generación menor (el Instituto Nacional de Derechos Humanos), entendemos que lo correcto es alojar en este organismo, a través de la creación del Comité de Expertos, la responsabilidad de cumplir las obligaciones internacionales de que se trata.
Quiero decir que la tortura, en la práctica, no partió ni terminó, por desgracia, con la dictadura. El abuso de poder, la tortura, los tratos degradantes son previos y también posteriores a dicho período. Podemos tener una discusión de naturaleza política en cuanto a si la tortura, durante la dictadura, era una política de Estado y si era sistemática.
Pero ese no es el debate de este proyecto, sino cómo erradicamos el abuso de poder de parte de agentes públicos.
Hago presente que ese problema ocurre en todas las sociedades. No es solo de Chile ni de Occidente; es de la humanidad.
Ello dice relación a determinar cómo damos un salto cualitativo en esta materia, que implica que los países -¡todos!- comprendan que deben controlar a los agentes del Estado, siendo unos pocos -el Senador Latorre destacó algunos casos de carabineros, pero también ha habido otros- los que han caído en esas prácticas.
Personalmente, creo que quienes hoy son carabineros desean que se separen las manzanas podridas, que usan esas prácticas, de aquellos que actúan de acuerdo a la ley en un Estado de Derecho, al cual se han comprometido.
Por ello, es tan importante esta institucionalidad.
Cuando un carabinero o un policía de investigaciones abusa del poder, ¿qué ocurre antes, durante y después? Se cuestiona a todo el Estado, al conjunto de nosotros, al pacto social que existe en una sociedad. Y lo que queremos es un Estado que vele por el bien común.
La institucionalidad que consagra el proyecto es tremendamente importante, aunque creo que amerita que se abra plazo para la presentación de indicaciones.
Aprovecho de saludar -por su intermedio, señor Presidente- al Ministro de Justicia, que nos acompaña en esta ocasión, cuya convicción en esta materia es sincera: cómo generar un pacto social en que el Estado vele por un equilibrio adecuado entre lo colectivo y los derechos individuales. A veces en nuestra sociedad faltan, a mi juicio, más intereses colectivos y mejor acentuados. Pero eso corresponde a otro debate.
Lo cierto es que la iniciativa ayuda y, a través del Comité de Expertos, nos permite abordar ciertas prácticas. Todos sabemos que nuestro sistema carcelario presenta déficits. Y es una realidad que no hace más que reflejarnos como sociedad.
Por ello, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, convencido de que contar con mecanismos nacionales de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es algo que nos hace bien como sociedad. Es un salto cualitativo que requerimos y que significa comprometernos con una institucionalidad eficaz para sancionar efectivamente a quienes ejecutan estas prácticas.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras rindiendo un sincero homenaje a un gran hombre y amigo.
Hace unos días partió Patricio Bustos, producto de un paro cardiorrespiratorio, después de una larga lucha contra un cáncer.
Rindo el presente homenaje con ocasión de la votación de este proyecto, porque creo que la lucha por los derechos humanos, por construir una cultura de la paz y por consolidar la democracia a partir del simple pero difícil gesto de ver a cada persona en su dignidad y como un legítimo otro, fueron las características que siempre distinguieron a Patricio Bustos.
Sufrió, como otros miles de chilenos, la persecución de la dictadura, la tortura y la detención ilegal. Luchó por recuperar la democracia y fue siempre un puente para la construcción de acuerdos, para avanzar y dejar atrás una de las épocas más tristes de la historia de nuestro país. Como servidor público, destacó siempre en cada uno de los espacios en que desarrolló sus funciones, instalando el diálogo y el bien común como instrumentos para avanzar y como metas a seguir.
Gracias, Patricio, por habernos acompañado y enseñado a tantos y tantas que la vida vale la pena vivirla, y que la huella del sufrimiento se puede superar sirviendo a los demás. Tu recuerdo seguirá vivo entre nosotros, y tu vida servirá de ejemplo para las futuras generaciones.
Como país, vivimos un dramático período de nuestra historia, donde la tortura y la persecución política se hicieron cotidianas. El miedo se instaló en la sociedad producto de un Estado que perseguía por pensar distinto. Entre 1973 y 1988 vivimos ese desvarío histórico donde en Chile se torturaba y se perseguía a mujeres y hombres de las grandes ciudades, pero también en los sectores rurales. El miedo instalado en la sociedad por parte del Estado y las instituciones armadas violentaban los derechos de una sociedad civil que solo quería vivir en libertad y en democracia.
En esa época, de modo valiente reaccionó la comunidad política. Y desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos se creó, el año 1981, la Comisión Nacional contra la Tortura.
Me alegro de que el Ministro de Justicia esté acá, para que ojalá nos escuche en esta conversación.
Aquel fue el grito de un Chile digno, de un Chile humanista que le decía a una dictadura militar que no correspondía violentar los derechos humanos ni menos torturar e intimidar a quienes se organizaban y pensaban distinto.
Ese Chile dictatorial fue rechazado mayoritariamente. La mayoría quiere vivir en una sociedad de libertades y de dignidades.
Esa es nuestra misión. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será siempre.
En el año 2003, recuperada la democracia, vino el acto reparatorio mediante la Comisión Valech, donde cerca de 30 mil chilenos y chilenas obtuvieron una mínima reparación material y simbólica ante lo dramático de lo vivido.
Es por eso que hoy lamentamos que el Gobierno haya retirado de tramitación en el Parlamento el proyecto de ley que otorga un bono, pagadero en tres años, a las víctimas acreditadas por la Comisión Valech. Si hay voluntad política, claramente podemos seguir adelante con esa iniciativa, porque se requiere seguir avanzando en tareas de reparación y de reconocimiento de lo vivido.
El presente proyecto constituye, a mi juicio, un pequeño reconocimiento en una coyuntura donde la gente torturada ha sido agraviada por el actual Gobierno al haber retirado, en la Cámara de Diputados, la iniciativa mediante la cual se le otorgaba al menos una reparación material.
Hoy, quienes fueron acreditados como torturados en la Comisión Valech reciben una pensión promedio de 180 mil pesos mensuales, mientras que algunos condenados por la Justicia por secuestro, desaparición o tortura tienen pensiones superiores a los 2 millones de pesos.
Nunca más en Chile pueden reinar el miedo, la persecución y menos la tortura contra las personas.
Por eso, apoyo con entusiasmo este proyecto de ley, que permite prevenir la tortura. Y llamo a todos los Senadores y Senadoras a respaldar transversalmente una iniciativa que nos hace bien como país y que nos permite recuperar el reconocimiento a la dignidad de la persona humana.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hoy estamos aprobando la idea de legislar para designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Obviamente, nadie en esta Sala puede restarse de aquello y, por ende, voy a concurrir con mi voto favorable. Hemos conversado con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Adriana Muñoz, quien ha informado el proyecto, y vamos a trabajar juntas las indicaciones que presentaremos.
Según el Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, la independencia y un presupuesto suficiente son elementos esenciales para el funcionamiento adecuado de un mecanismo de prevención de la tortura dentro de un Estado.
Por desgracia, este proyecto de ley no cumple con tales exigencias.
En cuanto a la independencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es un órgano con autonomía constitucional. Es un tema que debemos revisar en este Parlamento. También lo ha señalado el Ministro de Justicia. Se trata de una cuestión que me encantaría abordar y ver si hay espacio en el Ejecutivo para conversar. Su Consejo Directivo está compuesto por once miembros, seis de los cuales son designados por el Estado.
Se dice que el Comité de Prevención contra la Tortura deberá actuar con autonomía respecto del Instituto. Sin embargo, sus integrantes serán escogidos por la mayoría simple del Consejo Directivo, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública (artículo 5, inciso segundo).
El Instituto -no la ley ni el propio Comité- regulará su funcionamiento en sus estatutos: su estructura orgánica, las funciones de su jefatura, la división de tareas, y los procedimientos y procesos de toma de decisiones.
Adicionalmente, los estatutos del Instituto Nacional de Derechos Humanos deberán ser aprobados por el Presidente de la República (artículo 2° de la ley N° 20.405, orgánica del INDH).
Ello, en circunstancias de que el propio Instituto ha incumplido su deber de actualizar sus estatutos, ajustándolos a los deberes de probidad y conflicto de intereses de la ley N° 20.880 y a los estándares mínimos del derecho a un debido proceso.
En materia de derechos humanos, es imprescindible que Chile cuente con un sistema de nombramientos diferente del concebido para la Administración Pública que obedezca a la naturaleza de las funciones de estos órganos.
Con relación al presupuesto, el otro principio fundamental en esta materia, el Comité de Prevención contra la Tortura se financiará con los mismos recursos que le corresponden al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cada año se verá si es necesario aumentarlos (artículo cuarto transitorio), y no se incluye una representación regional, como sí ocurre con el INDH.
¿Qué grado de independencia asegura eso, señor Presidente?
Sin embargo, dado que se deben cumplir los compromisos internacionales, aprobaré la idea de legislar. No podemos votar en contra en esta materia.
Respecto de la cuestión de probidad dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los expertos del Comité quedarán sujetos a las normas de probidad y prevención de conflictos de intereses previstas en la ley N° 20.880.
La misma ley orgánica del Instituto sujeta a su personal a iguales normas que las de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Sin embargo, el Instituto no ha cumplido, hasta la fecha, con la actualización de sus estatutos desde el año 2013. De hecho, este proyecto de ley, a través de su artículo segundo transitorio, le exige actualizarlos para la regulación del Comité de Expertos, pero antes debe exigírsele que complete sus estatutos con normas mínimas de respeto interno a los derechos humanos, del debido proceso, de prevención de conflicto de intereses, entre otros temas.
Señor Presidente, estamos legislando en una materia muy sensible, algunos de cuyos aspectos deberemos abordar en la discusión particular. Para ciertas indicaciones se requerirá la anuencia del Ejecutivo, por lo que esperamos contar con el respaldo del señor Ministro para poder avanzar.
Concurro con mi voto a la aprobación general del proyecto, esperando recibir el apoyo del Gobierno en determinadas materias.
Gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, como todos los Senadores y Senadoras que me precedieron, anuncio mi voto a favor de la iniciativa, que en realidad tiene un sentido muy práctico.
Hay diversos tratados y compromisos internacionales, suscritos libre y soberanamente por Chile, que prohíben de manera expresa la tortura, las penas crueles y los tratos inhumanos o degradantes.
La verdad es que casi todos los países del mundo han firmado la Convención contra la Tortura. Es muy raro encontrar uno que no esté adscrito a ella. Chile la suscribió y la ratificó, curiosamente, a fines de la dictadura militar, al término del año 1987.
Es un imperativo internacional para los Estados, que no admite excepción ni pacto en contrario, y que nos vincula con toda la comunidad internacional. Por lo demás, es un sistema que exige a los países no solo abstenerse de la tortura -o sea, no solo un deber negativo-, sino también tomar acciones concretas y medidas positivas para evitarla.
Sin embargo, en el mundo se sigue torturando. Esa es la realidad. A pesar de ser una obligación internacional antigua, suscrita por muchos Estados, continúan existiendo la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se hacen equivalentes a la tortura.
Ahora, se han buscado diversas modalidades para supervisar que los países cumplan con la obligación que han contraído. Y a eso se debe la decisión, adoptada recién el año 2008, de firmar el Protocolo Facultativo de la Convención general, precisamente para ayudar a los Estados a crear e implementar mecanismos nacionales de prevención.
Dicho sea de paso, las Naciones Unidas tienen un Comité Contra la Tortura. Lo presidió durante varios años y hasta hace poco el distinguido jurista chileno Claudio Grossman.
Pero se necesitaba algo más, una entidad que se preocupara explícitamente, no de perseguir a los países, porque esta no es una comisión investigadora, sino un Comité que pretende ayudar, apoyar a los Estados y hacerles ver cuáles son los problemas que tienen, que muchas veces ni siquiera están calificados como tortura, como los tratos muy degradantes que sufren no solo las personas privadas de libertad, sino también aquellas privadas del uso de la razón (en los manicomios, en los asilos), las de la tercera edad, etcétera, todas las cuales son maltratadas, en distintos países, de manera degradante e inhumana.
Por eso se ideó un protocolo que Chile suscribió. Lo aceptó y lo ratificó este Congreso. Y, por lo tanto, ahora tenemos que cumplir con la obligación de crear un mecanismo nacional de prevención.
Reitero que este mecanismo no es un órgano de denuncia; busca establecer un diálogo con las autoridades. Y por esa razón creo que tal vez no correspondería que el asunto estuviera a cargo de un defensor.
El defensor se hace cargo de denuncias concretas; el Comité busca promover la vigencia y el respeto a la Convención, aconsejando a los países sobre cómo proceder en las cárceles, en los establecimientos donde hay gente recluida, cómo atender a los adultos mayores, cómo atender a los niños en instituciones como el SENAME, etcétera. A eso debe dedicarse este Comité de Prevención contra la Tortura, que debe tener una contraparte.
Ahora bien, aquí se ha decidido que la contraparte sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo discutiremos en particular en la Comisión especializada del Senado. Yo no estoy particularmente obsesionado con que sea una institución. Sí me preocupa que no creemos pronto el mecanismo que nos obligamos a establecer el año 2008. Ya han pasado diez años de aquello, y el mecanismo debe ser creado.
Así que ojalá, señor Presidente, en la discusión particular se analicen las cosas estrictamente necesarias, para así despachar pronto el proyecto, pues, a mi parecer, estamos en mora con la comunidad internacional y, como he dicho, estamos involucrados con este mecanismo desde hace mucho tiempo y deberíamos estar dando el ejemplo y no arrastrando los pies en esta materia.
Votaré a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero partir sumándome a las palabras de homenaje que la Senadora Provoste expresó por quien fuera un gran servidor público, amigo cercano nuestro, defensor de los derechos humanos, pero, por sobre todo, una víctima. Sus derechos humanos fueron violados; estuvo preso; fue torturado y sometido a todos los tratos degradantes que uno pudiera imaginar. Sin embargo, fue una persona que contribuyó muchísimo y puso lo mejor de sí en momentos tan tremendos como la identificación de restos de detenidos desaparecidos, de los cuales tenemos un historial que no nos deja bien como país ni nos hace felices. Al contrario, creo que deja bastante que desear.
Me refiero a Patricio Bustos, quien procuró crear una unidad más profesional, especializada, que permitiera llevar a cabo las tareas con mucho mayor rigor y certeza de lo que se había hecho hasta entonces y, sobre todo, no cometer errores tan dramáticos como los que ocurrieron.
Por último, quiero relatar una experiencia personal.
Nosotros tuvimos que realizar la exhumación del Presidente Allende para tener certeza jurídica acerca de su muerte. Y quiero reconocer el trato humano y afectuoso que nos brindó el doctor Patricio Bustos en momentos tan duros como ese. Por ello, contará por siempre con nuestra gratitud y recuerdo.
Señor Presidente, no puedo dejar de señalar que este proyecto llega en un momento bien especial. Nos acompaña en la Sala el Ministro Hernán Larraín, quien hace unos días fue interpelado en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, por la omisión que el Gobierno hizo del proyecto que otorgaba una reparación a las víctimas de torturas durante la dictadura.
Sin previo aviso y de forma intempestiva, cuando la iniciativa ya se iba a discutir en la Sala, se decide retirarlo, dando un portazo a las cientos de personas que sufrieron tormentos por parte de agentes estatales y que han tenido -no en todos los casos- exiguas reparaciones por parte del Estado, recursos básicos para su vejez, mientras muchos de los torturadores, como se explicitó, mantienen cuantiosas pensiones.
En Chile vivimos situaciones terribles de tortura por parte del Estado. Golpes, muerte, violencia sexual fueron parte del legado de los diecisiete años de dictadura.
Pese a esta violencia y antes de esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya cumple setenta años, establecía que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Chile suscribió la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que busca impedir el uso de la tortura, sin excusa alguna de los Estados, adquiriendo con ello la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas que impidan efectuar actos de tal naturaleza.
En el 2002 se aplica el Protocolo de dicha Convención, el cual -como se ha recordado- fue incorporado a nuestra legislación en 2008. En él se establece la obligación del Estado de designar un órgano que realice visitas periódicas a los centros de privación de libertad para analizar la situación de los reos o de las personas que estén privadas de libertad y observar si se aplican tratos vejatorios o inhumanos en contra de ellos.
Esto es muy importante, toda vez que el mecanismo de prevención, que se va a radicar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, permitirá realizar visitas periódicas a los centros de privación de libertad o visitas especiales en casos de denuncia, requerir información de los diversos órganos, efectuar recomendaciones y relacionarse con el Subcomité internacional.
Creo en la necesidad de llevar a cabo esta labor preventiva, para lo cual debemos enfocarnos en la educación de los derechos humanos y en internalizar dentro de las prácticas de los funcionarios de Gendarmería y de las policías la proporcionalidad y la responsabilidad en el uso de la fuerza, la cual nunca debiera pasar por arriba de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Tenemos que eliminar todo foco de riesgo de violencia al interior de los recintos penitenciarios y policiales. Esta violencia muchas veces es invisibilizada -como hemos dicho- al constituirse en prácticas no denunciadas por el miedo a represalias que tienen las personas privadas de libertad.
Con este mecanismo se aseguran la reserva y la confidencialidad de la información.
Me preocupa, sí -como se ha mencionado en esta Sala-, la situación de muchos adultos mayores; y también, sobre todo en casos de instituciones como el SENAME, lo que sucede con los niños infractores de ley.
Me pregunto si una institucionalidad como la que estamos creando tendrá realmente la capacidad de anticipar si el mecanismo de prevención que nos ocupa va a permitir realizar este tipo de visitas, trabajar de manera preventiva y evitar que ocurran situaciones bastante dramáticas y horrendas, como las que nos ha tocado conocer, de tratos graves, inhumanos y degradantes, incluso violaciones, al interior del SENAME o en el caso de niños infractores de ley que no gozan de libertad, aun cuando su tratamiento sea diferente.
Por eso, señor Presidente, creo que estamos dando un paso.
Sin embargo, también hemos afirmado con claridad que nos falta bastante más como sociedad para llegar a decir que el país está libre de prácticas lamentables como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Voto a favor del proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Honorable señor Kast.
En lo que respecta al plazo para la presentación de indicaciones, la Mesa sugiere el lunes 9 de julio.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, solo quiero testimoniar la enorme satisfacción con que el Gobierno recibe la votación unánime del Senado en relación con un proyecto tan importante.
Para nosotros, los compromisos con los derechos humanos son de primera prioridad.
La nueva agenda que proponemos en materia de derechos humanos busca hacerse cargo no solo de la justicia transicional, cuyos objetivos apuntan a la verdad, la justicia y la reparación por hechos ocurridos en el pasado, sino también de la realidad que hoy día existe.
Como señalaron aquí varios señores Senadores, hay informes de la Corte Suprema o del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que dan cuenta de situaciones graves que afectan a personas en distintos lugares, como pueden ser las cárceles o, en otros momentos, los centros que albergan a menores vulnerables.
Por eso, el compromiso que genera un mecanismo de prevención de la tortura es del todo importante para la realidad que, aunque sea muy circunscrita, lamentablemente vivimos en Chile.
También hemos oído inquietudes en torno a cuál será la conformación de este mecanismo y la necesidad de contar con la mayor autonomía posible.
Es por ello que -ya lo manifesté pero quiero reiterarlo- esperamos incorporar algunas indicaciones que permitan hacerse cargo de las interrogantes que los señores Senadores han planteado, de manera de garantizar que el mecanismo en cuestión podrá funcionar de la forma más libre, autónoma e independiente posible, para asegurar el cumplimiento de su cometido, que es, básicamente, contribuir a la prevención de cualquier acto de tortura que se pretenda llevar a cabo en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.