REGULACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CREACIÓN DE AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, las nuevas tecnologías han abierto horizontes hasta hace poco insospechados, posibilitando la existencia de enormes flujos de información y, consecuentemente, generando vastos depósitos de información personal.

Hoy, en la llamada "era digital", la información es un bien demasiado valioso. Ya no solo se trata de conocer el nombre o el RUT, e incluso, el domicilio de una persona. Desde los flujos comerciales a las aficiones personales son susceptibles de ser pesquisadas, organizadas y convertidas en bases de datos predictivas.

¿Por qué los supermercados y las grandes tiendas premian con puntos y beneficios a los consumidores a cambio de que entreguen su RUT? Ciertamente no lo hacen para fidelizar a sus clientes, sino porque el cruce de datos permite establecer hábitos de consumo, preferencias, frecuencias y presupuestos. Con esa información, sumamente personalizada y segmentada, diseñan y modifican estrategias de venta y publicidad.

Lo mismo ocurre con las redes sociales y los servicios en línea. La enorme cantidad de antecedentes que las personas depositan, a veces sin siquiera notarlo, en las distintas plataformas ofrecidas por Internet hace posible definir tendencias y costumbres, hábitos y creencias, redes de amistades, temores, sueños y anhelos.

Tal es la importancia que ello cobra que el propio Presidente de la República delegó la dirección de su Secretaría de Comunicaciones, no en un sociólogo o un comunicador, como solía ocurrir, sino en un reconocido experto en el manejo del llamado "big data", que no es otra cosa que la gestión y el análisis de enormes volúmenes de información que no pueden ser procesados de manera convencional.

Nadie pone en duda que los beneficios de un uso adecuado de datos personales pueden ser fabulosos. Sin embargo, el rápido avance de las tecnologías y el desarrollo del conocimiento asociado al tratamiento de antecedentes pueden, eventualmente, perjudicar los derechos de que son titulares.

Todas las bases de datos generan grandes oportunidades y, simultáneamente, grandes amenazas.

Un caso reciente es el que conocimos hace algunas semanas, cuando quedó al descubierto la utilización de registros de más de cincuenta millones de personas obtenidos desde Facebook, los que fueron empleados de manera más que cuestionable para fines electorales y comerciales. Facebook sufrió pérdidas económicas importantes, pero más han perdido quienes quedaron expuestos a una violación masiva de su privacidad.

La regulación del tratamiento de datos personales es necesaria y urgente para garantizar el respeto y resguardo de los titulares.

Cuando en 1999 se dictó la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, solo se perseguía regular la comunicación de antecedentes, pero se dejó fuera el tratamiento, la cesión, la transferencia y las responsabilidades de los tratantes. La tecnología de la época no permitía siquiera avizorar que el escenario sería completamente distinto apenas dos décadas después.

Hoy, nuestra legislación, en este como en muchos otros casos, se encuentra obsoleta y desactualizada. A la fecha, el tratamiento y la circulación de datos personales han adquirido un gran valor, lo que obliga a resguardar su uso legítimo. Al mismo tiempo, se debe prevenir y sancionar su uso ilegítimo.

Chile requiere un marco regulatorio flexible, que se adapte al rápido desarrollo tecnológico y, a la vez, sea lo suficientemente fuerte y eficaz para prevenir vulneraciones a los derechos de las personas y situaciones que pueden afectar gravemente el orden social e incluso la seguridad del país. Esta es la importancia y complejidad del proyecto en debate.

Un aspecto destacable de la iniciativa es la incorporación de los denominados "derechos ARCO", lo que asegura a quienes vean vulnerados sus datos personales los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento que puedan hacer de ellos determinadas empresas.

Pero el articulado no solo se encarga de reconocer derechos. También establece sanciones para quienes infrinjan la normativa y crea, para ello, una nueva institucionalidad: la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de velar por el cumplimiento de la ley.

Quienes critican el texto -porque los hay- apelan a que las nuevas reglas propuestas implicarán altos costos económicos para las empresas que se dedican a manejar bases de datos. Además, exponen que la fiscalización -por cierto, hoy inexistente- podría resultar demasiado invasiva.

Lo concreto, señor Presidente, es que los antecedentes personales son el recurso más valioso de la era digital. La masificación de Internet, el uso de grandes volúmenes de información y la expansión del comercio electrónico son precisamente parte de la nueva economía digital. Chile no puede quedarse atrás. La utilización de datos personales debe ser estrictamente regulada, y quienes los empleen en forma maliciosa o abusiva deben recibir sanciones de acuerdo con la gravedad de sus faltas.

Si queremos ser un país desarrollado y empinarnos a la altura de los estándares de la OCDE, debemos contar con leyes y regulaciones más modernas, que comprendan la defensa de los derechos y de la privacidad de las personas y que se hagan cargo de ello, y no solo de las necesidades de quienes aspiran a seguir ganando dinero -o elecciones- con la información sobre el prójimo.