CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la riqueza forestal de nuestro país, especialmente la de las regiones del centro y el sur, impone el desafío de contar con una institucionalidad moderna, que se haga cargo de ella en todas sus dimensiones: ambiental, social y económica.

Por años, como lo manifestó el Presidente de la Comisión, la institucionalidad ha estado congelada, producto del carácter de corporación de derecho privado que tiene la CONAF, lo cual impide radicar en ella nuevas potestades públicas.

Ha habido diferentes intentos para salvar esta situación, pero se han frustrado por la falta de acuerdos suficientes que los sustenten. Hoy día, sin embargo, existen todas las condiciones para emprender con éxito dicha tarea.

Un amplio consejo de política forestal, en que participan todos los actores relevantes de este sector (académicos; sociedades científicas; gremios de la pequeña, mediana y gran empresa; propietarios de bosques y silvicultores; contratistas; organizaciones campesinas, profesionales y sindicales, así como ONG), ha reiterado en estos días que "contar con un servicio forestal de carácter público, sucesor de CONAF, constituye un objetivo central y prioritario del país en su conjunto, prioridad que se tornó urgente después de los devastadores incendios forestales que azotaron a la zona central del país en el verano de 2017, justamente hace un año atrás".

Por su parte, las organizaciones sindicales suscribieron, en agosto del último año, un protocolo de acuerdo junto a autoridades de la CONAF y de la Dirección de Presupuestos para poder destrabar la tramitación legislativa de este proyecto, protocolo que garantiza los derechos y beneficios de todos los trabajadores que sean traspasados al nuevo Servicio, muy especialmente la continuidad laboral de todos ellos.

Por otro lado, cabe señalar que durante la tramitación de la iniciativa por primera vez el Gobierno ha asignado recursos -sobre 2 mil 500 millones de pesos- para el fortalecimiento de la carrera funcionaria.

Asimismo, el proyecto ha incorporado diversas normas para reforzar el sistema de prevención y combate de los incendios forestales, sin perjuicio de la necesidad de dictar más adelante una ley integral sobre la materia.

Del mismo modo, esta iniciativa se hace cargo de llenar el vacío que existe actualmente por la falta de regulación de las zonas de contacto entre las áreas urbanas y de cultivo forestal, y que tan dramáticamente pudimos comprobar el verano recién pasado.

Por último, hay que destacar que todos los sectores políticos, de Gobierno y Oposición, han expresado su voluntad de apoyar el proyecto. En definitiva, este cuenta con todos los respaldos políticos, sectoriales, sindicales y financieros para ser aprobado por el Congreso Nacional.

Como nunca antes, existe también un sentido de urgencia en la sociedad, que ha desarrollado una conciencia especial para enfrentar los efectos del cambio climático, en particular los riesgos de los incendios forestales.

No podemos desaprovechar, entonces, esta oportunidad única, en que se ha logrado reunir todas las condiciones para avanzar en la materia.

Confío en que el nuevo Gobierno dará continuidad a este esfuerzo, que ha costado tantos años, y recogerá los lineamientos de la política forestal que el consejo amplio ha creado para este efecto, formulada para un horizonte de veinte años. Así podrá demostrar con hechos su intención de llegar a acuerdos, con un criterio de unidad nacional, única manera de avanzar en las cuestiones más relevantes, dentro de las cuales se inscribe, sin duda, la protección, conservación, manejo, desarrollo y uso sustentable de nuestros bosques y formaciones vegetacionales.