ESTABLECIMIENTO DE MARCO JURÍDICO PARA UNIVERSIDADES DEL ESTADO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre universidades del Estado, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.329-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 75ª, en 20 de diciembre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda y Educación y Cultura (unidas): sesión 80ª, en 16 de enero de 2018.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es establecer un marco jurídico que permita a las universidades del Estado fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional; contribuir de forma permanente en el desarrollo integral de nuestro país, conforme a la especificidad de su misión, funciones y principios, y regular su naturaleza, organización y funcionamiento desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo.
Las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, discutieron el proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación y aprobaron la idea de legislar por ocho votos a favor y dos abstenciones. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señores Allamand, García, Lagos, Montes (como miembro de ambas Comisiones), Pizarro, Quintana e Ignacio Walker y se abstuvieron los Senadores señora Von Baer y señor Coloma.
En cuanto a la discusión en particular, las Comisiones unidas realizaron diversas enmiendas, las cuales fueron aprobadas con las distintas votaciones que se consignan en su informe.
Cabe hacer presente que los artículos 2; 3; 13; 16; 17; 20; 21, inciso segundo; 23; 25; 28, inciso final; 29; 41; 43; 53, y 56, inciso final, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 19 votos favorables para su aprobación.
Por su parte, el artículo 63 es de quorum calificado, motivo por el cual requiere 18 votos a favor para ser aprobado.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en que se consigna, en la tercera columna, las modificaciones propuestas por las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, y en la cuarta, el texto del proyecto de ley como quedaría de ser aprobado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión particular.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, deseo saludar a los señores Senadores y a las señoras Senadoras.
Hemos llegado a este momento con un proyecto de ley que ha sido debatido en forma conjunta por las Comisiones de Hacienda y de Educación del Senado.
En verdad, ha sido un debate franco, muy directo.
Estamos convencidos de que es un gran paso y un avance contar con una legislación que nuestro país no tenía en materia del vínculo con las universidades que han sido creadas por el Estado mediante ley.
Quisiera, muy rápidamente, entregar una imagen general del proyecto a los parlamentarios que no han integrado las Comisiones.
Este proyecto de ley reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las universidades del Estado.
A su vez, explicita el rol del Estado con sus universidades: el trato; la posibilidad de pedir aspectos específicos a las universidades; tener demanda; contar con un pilar especial de desarrollo en cada región de nuestro país.
De igual modo, establece las reglas básicas del gobierno universitario. Es decir, que estas instituciones tengan un modus operandi en que estén establecidos los ámbitos colegiados; que cuente con una contraloría interna que no dependa de la rectoría, sino de un consejo superior, que es el encargado de velar por el desarrollo en el mediano y en el largo plazo, y en el cual también participan -de forma no mayoritaria- los representantes del Presidente de la República. Esto permitirá fijar líneas dialogadamente y con mucho respeto a la autonomía de las universidades del Estado.
Los órganos superiores serán: el consejo superior, el rector y el consejo universitario, que es el consejo de participación amplia de las universidades.
Señor Presidente, también se otorga un plazo para que las universidades que deban hacerlo adecúen sus estatutos. Y se respetan aquellos que hayan entrado en vigencia después del 11 de marzo de 1990. Fueron modificados por ley aprobada por este mismo Parlamento y poseen estructuras más o menos similares. Se les respeta dicha estructura, debiendo señalar solamente cuál es la instancia en la que participarán los representantes del Presidente de la República, en la que se van a tomar las decisiones de carácter estratégico de la universidad.
Por otro lado, este proyecto vela por la calidad académica e institucional de las universidades. Se hace un esfuerzo especial no solo por la institucionalidad que apoyará a estas universidades, sino también por los recursos y su rendición para garantizar una mejora sostenida en el tiempo.
En la historia de nuestro país, estas universidades nacen de dos grandes planteles estatales: la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago) y la Universidad de Chile, con todas sus expresiones regionales. Cuando se establecen y se separan de la universidad madre quedan en situaciones muy diferentes, algunas muy desmejoradas.
La idea es apoyar el esfuerzo que han hecho los nuevos planteles, para así contar con universidades claves en el desarrollo regional.
A la vez, la ley en proyecto fija normas de modernización de la gestión administrativa y financiera de estas universidades.
De igual modo, se establece el régimen jurídico de los académicos y funcionarios no académicos de las universidades, que pasan a ser funcionarios públicos como tales.
También se promueve el principio de coordinación del quehacer de las universidades del Estado. Esto es clave para pensar cómo regiones colindantes enfrentan problemas que son similares y equivalentes; cómo se fomenta la investigación con apoyo de las universidades más fuertes a las más débiles, etcétera.
Se crea un mecanismo de tutoría en caso de que las universidades se debiliten en su desarrollo estratégico, para que puedan contar con el apoyo de universidades con más años de acreditación y más desarrollo de sus capacidades.
Por último, se regula el financiamiento y el plan de fortalecimiento de las universidades del Estado.
Este proyecto de ley tiene la siguiente estructura: Título I, con las disposiciones generales; Título II, con las normas comunes a las universidades del Estado; Título III, sobre la coordinación de las universidades del Estado; Título IV, relativo al financiamiento de las universidades; Título V, con las disposiciones finales, y las disposiciones transitorias.
Esa es la iniciativa que vamos a revisar hoy.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo deseo plantear un asunto de Reglamento.
Tenemos un acuerdo para hacer más rápida la votación, que consiste en pronunciarnos sobre cuatro paquetes de normas. El primero comprende todos los artículos con rango de ley orgánica constitucional; el segundo, un artículo de quorum calificado; el tercero, todas las disposiciones que requieren quorum simple, y, finalmente, habría que realizar unas votaciones separadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Mesa ha tomado nota de ese posible acuerdo de votación. En todo caso, primero habría que dar por aprobados los artículos que fueron acogidos por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas -disposiciones que serán dadas a conocer por el señor Secretario-, y luego se procedería a votar los cuatro paquetes de normas aludidos por la Senadora señora Von Baer.
¿Habría acuerdo en proceder de esa manera?
Acordado.
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, tengo un punto específico respecto del TÍTULO IV, y, por ende, me reservo el derecho de pedir votación específica de ciertas materias que dicen relación con el financiamiento.
Quiero señalar eso de antemano.
Algunos de nosotros se lo hemos representado al Ejecutivo.
Entonces, nos van a perdonar -no queremos molestar-, pero el hecho de que se diga en una disposición que hay fondos que "podrán" ir a las universidades nuevas es muy distinto a que se señalé que "habrá un fondo para garantizar la acreditación de las universidades nuevas". Concretamente, me refiero a las de Aysén y de O'Higgins.
Si me clarificaran el punto, no tendría ninguna dificultad en lo que se ha planteado. Pero observo que hay un problema en esa redacción. Quizás el Ministro de Hacienda o la Ministra de Educación pueden referirse a aquello.
La señora VON BAER.- Que lo aclare altiro la Ministra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, en el plan de fortalecimiento de las universidades está considerada la especificidad de esas dos universidades nuevas. Claramente, el mayor interés de las regiones y del Ejecutivo -espero que también de los parlamentarios- es fortalecerlas y garantizar que terminen su proceso de tutoría y puedan acreditarse.
En consecuencia, creo que eso está perfectamente establecido a partir de la separación de aspectos relacionados con dichos fondos, que además estamos aumentando para propender al fortalecimiento señalado.
La norma en cuestión es el artículo 62.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sus Señorías, debo señalar que, de acuerdo con el Reglamento, el paquete de normas acogido en forma unánime por las Comisiones unidas deberá darse por aprobado en su momento, y luego se procederá a discutir los temas que correspondan, a cuyo respecto se tomará en cuenta la observación formulada por el Senador señor Letelier.
Sin perjuicio de lo anterior, en primer término, corresponde que nos pronunciemos en general acerca del proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general la iniciativa.
--Se aprueba el proyecto en general, por unanimidad (19 votos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ahora pasamos al análisis en particular del proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Primero que nada, habría que dar por aprobado todo lo acogido unánimemente en las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, y respecto de lo cual no se ha pedido votación separada.
Las normas son las siguientes: artículos 1; 7; 8; 9; 18; 19; 21, incisos primero, tercero y cuarto; 24; 26; 28, incisos primero y segundo; 30; 31; 32; 36; 37; 38; 44, 45; 47; 48; 49; 50; 51, incisos primero y tercero; 56, inciso segundo; 64; 65; 66; 67; segundo transitorio; tercero transitorio; cuarto transitorio; sexto transitorio, y séptimo transitorio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las normas mencionadas.
--Se aprueban por unanimidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, habría que pronunciarse respecto de los artículos que tienen rango de ley orgánica constitucional. También se podría incluir la disposición que es de quorum calificado, que necesita un voto menos.
Las normas con rango de ley orgánica constitucional son las siguientes: artículos 2; 3; 13; 16; 17; 20; 21, inciso segundo; 23; 25; 28, inciso final; 29; 41; 43; 53, y 56, inciso final.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, las universidades del Estado han debido batallar muchas veces solo con el compromiso de sus académicos y funcionarios, que aún ven un valor en la entrega de sus vidas para estos espacios públicos, de diversidad, pluralismo y tolerancia, ya que las universidades estatales, pese a toda la adversidad que han vivido, siguen siendo la alternativa más escogida por los jóvenes que obtienen los mejores puntajes en la PSU.
Haciendo referencia a algunos de los puntos que involucra este proyecto, es necesario -aún estamos a tiempo- defender la debida autonomía que han de tener las universidades del Estado, particularmente en la forma de elegir a sus autoridades.
De igual modo, existe la necesidad de democratizar la vida universitaria, dando participación en las decisiones al cuerpo académico, a los estudiantes y a los funcionarios, estos últimos muchas veces relegados y olvidados, pero que silenciosamente son quienes sostienen la vida diaria de las universidades.
Oportuna es la ocasión para solicitar que el Gobierno asuma un compromiso en cuanto a fiscalizar que efectivamente en ninguna universidad del Estado exista personal que ejerza labores habituales con contratos a honorarios.
Por otro lado, estimo que este proyecto no garantiza un suficiente plano de autonomía de las universidades estatales. A la vez, tampoco entrega elementos para una mayor participación de los estudiantes y, sobre todo, de los funcionarios, ya que la elección de la máxima autoridad será efectuada solo por el cuerpo académico y el consejo universitario estará integrado en una proporción de dos tercios por académicos.
En relación con el financiamiento que se propone para las universidades estatales, a través del "Aporte Institucional Universidades Estatales", si bien es fortalecedor para la estructura económica de estas universidades, la historia de la herencia distributiva de los convenios marco, que serán repartidos ahora mediante decreto de los Ministerios de Educación y de Hacienda, nos hace tener justificadamente el temor de que ello continuará con la inequidad para aquellas universidades que, por su condición y localización geográfica, han estado alejadas del real financiamiento basal requerido.
Particularmente, señor Presidente, hago referencia a nuestra Universidad de Magallanes, que el año recién pasado -2017- participó en tan solo el 1,6 por ciento del aporte fiscal directo y en un mezquino 3,9 por ciento de los recursos de convenios marco. Dicha cifra, que en su conjunto está en el orden de los 4 mil 400 millones de pesos, es muy inferior al promedio de 11 mil 400 millones que requiere esa casa de estudios para su funcionamiento en la zona más austral de nuestro país.
Con dichos recursos, que se distribuyen entre todas las universidades estatales, la UMAG alcanza a cubrir esforzadamente los costos de administración de la universidad. Pero no existe ningún recurso extra para mantener los proyectos de investigación, sobre todo de ciencia antártica y patagónica que la universidad posee en la actualidad, por cuanto está situada en el laboratorio natural más importante del planeta.
Por lo anterior, durante la discusión de la Ley de Presupuestos presenté al Ministro de Hacienda una propuesta para establecer una diferenciación en el financiamiento basal que distinga entre las universidades que son de regiones y las que no. Así quedó consignado en la mencionada ley. Pero, además, planteamos que se creara una nueva diferenciación que se ocupe del financiamiento basal de las universidades australes extremas.
Pese al compromiso asumido por el Ministro de Hacienda en orden a recoger aquella propuesta, el proyecto que hoy estamos discutiendo no aborda ninguno de esos planteamientos, lo que, sin duda, es una mala noticia para quienes queremos efectivamente una educación pública de calidad también en cada región de nuestro país.
Todos conocemos las luchas entre las universidades del CRUCh por tales recursos y sabemos cuáles han ganado y cuáles han quedado rezagadas permanentemente, tendencia que no me cabe duda va a continuar, con lo cual nuestro país perderá una importante posibilidad de desarrollo cultural y científico en su extremo sur patagónico y la antártica, lo que -advierto- constituye un evidente error histórico.
Por favor, señor Presidente, le solicito, si es posible, dos minutos adicionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Prosiga, Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Muchas gracias.
Señor Presidente, el mismo mal diagnóstico tengo respecto al plan de fortalecimiento que establece el proyecto, ya que la participación de la Universidad de Magallanes en la asignación Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales dispuesta en la ley N° 20.981 fue de tan solo 8,5 por ciento.
En resumen, señor Presidente, la Universidad de Magallanes, bajo el esquema de financiamiento permanente y de fortalecimiento que se propone, con seguridad continuará teniendo una participación similar a la que ha tenido siempre en la distribución de los recursos, siendo uno de los establecimientos con menos porcentaje de las platas destinadas a las universidades estatales: 2,7 por ciento del total, lo que -reitero- me parece un error histórico geopolítico grave y que envuelve una gran injusticia para los habitantes de las regiones extremas de nuestro país.
Quisiera agregar, señor Presidente, que recién conversaba con la Ministra de Educación a propósito del compromiso que contrajo aquí, en esta Sala, el Ministro de Hacienda -está presente hoy día- con la Universidad de Magallanes en el sentido de otorgarle recursos adicionales atendidas su situación geográfica y su trascendencia en materia de ciencia e investigación a partir del laboratorio natural que es la Patagonia.
No sé si será posible que el Ministro acoja la reiterada solicitud que hemos hecho.
Entendemos que hubo un aumento al doble en los aportes a las universidades respectivas. Sin embargo, ello alcanza solo para la administración.
Por lo tanto, le pido una vez más al Ministro de Hacienda que acoja nuestra reiterada solicitud y nos permita votar favorablemente este significativo proyecto de ley, que sin duda constituye un enorme avance para cada una de las universidades en comento.
Finalmente, me valgo de esta intervención para saludar a quienes han realizado un trabajo importante a través de las directivas correspondientes: principalmente, Mónica Álvarez, de ANTUE, y María Cristina Castro, de FENAFUECH, quienes han dado una lucha incansable para reivindicar la labor de los funcionarios de las universidades estatales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Ministro de Hacienda escuchó la intervención de Su Señoría.
Sin embargo, antes de darle la palabra pediré autorización para abrir la votación, pues se trata de normas de quorum especial.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación las disposiciones orgánicas constitucionales individualizadas por el señor Secretario.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, primero quiero expresar, según el trabajo del Gobierno, cuál es la dimensión agregada de los recursos que se están otorgando a las universidades estatales, cómo se compatibilizan con las restricciones presupuestarias de los años venideros, y segundo, discutir un poco en torno a lo que muy bien planteaban los Senadores Bianchi, recién, y Letelier, antes, con relación a nuestra propuesta de un mecanismo lo más transparente y participativo posible a efectos del uso de los recursos y que considere la realidad de cada una de las especificidades y potencialidades de los referidos establecimientos.
En primer lugar, ello debe verse en el contexto de la ley en proyecto y de la relativa -lo explicó la señora Ministra- al fortalecimiento de la educación superior o Ley de Educación Superior.
Lo digo a raíz de que en la actualidad existe un aporte fiscal directo, llamado "AFD" -porque se eliminó el AFI-, que no tiene un monto fijo y que se distribuye a prorrata entre las universidades del CRUCh, o sea las estatales más las del G9.
Con la Ley de Educación Superior se mantiene el aporte fiscal directo para todas las universidades del CRUCh, pero se crea por ley, mediante este proyecto, el convenio marco -cambió de nombre; no recuerdo en este momento su nueva denominación- para las universidades estatales (aporte institucional). Y en la referida Ley se fija un espejo idéntico para las universidades del G9.
Lo que estamos haciendo -porque hay que mirar la situación en el contexto- es disponer en la ley que los recursos asignados tanto al convenio marco, que favorece a las universidades estatales, cuanto al convenio por desempeño, que favorece a las del G9, no podrán ser inferiores -solo podrán ser superiores- a los asignados mediante la Ley de Presupuestos.
Por tanto, conforme a las dos leyes que despacharán los parlamentarios, las universidades tendrán certeza jurídica para desarrollar su labor a futuro. La de las del CRUCh será mucho mayor. Y, por supuesto, dependerá de la decisión de los Senadores y de los Diputados el monto específico asignado cada año, el que no podrá ser inferior al de la última Ley de Presupuestos.
¿Qué señal quiere dar el Ejecutivo con aquello?
El Gobierno -y lo ha planteado la señora Ministra- cree que, si bien las universidades del Estado tienen una especificidad, un conjunto de ellas, las del G9, han mostrado históricamente una vocación pública indesmentible y hecho un innegable aporte de bienes públicos mediante su investigación, su docencia y su vinculación con la comunidad.
Lo que se plantea no impide que en el futuro cada vez más universidades, fuera de aquel ámbito, se asocien mayormente al dominio de lo público. Por eso, en la otra ley se prevé un fondo que irá recogiendo la posibilidad de apoyar la investigación en universidades no pertenecientes al CRUCh.
No obstante lo anterior, y como se ha destacado en esta sesión, las universidades del Estado han sido objeto de cierto olvido por parte de la política pública -ello, considerando lo que fueron y que todavía son abrumadoramente preferidas por los estudiantes, como podemos verlo en las postulaciones de cada año- en el sentido de que tienen una carga regulatoria -y no puede ser de otro modo-, generada por el hecho de ser en la práctica virtualmente servicios públicos, mayor que la de las universidades privadas. Así, están sometidas a compras públicas, a estatutos administrativos, a negociación colectiva con la mesa del sector público, etcétera.
Las referidas universidades, para hacer frente a lo que nuestro país requiere a futuro y a lo que es cada año la demanda clarísima de los estudiantes por ingresar a ellas, necesitan un plan de fortalecimiento.
Parece que terminó mi tiempo.
El señor BIANCHI.- ¡Dele algunos minutos adicionales, señor Presidente!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Me excuso, pero esta materia tiene cierto nivel de complejidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Prosiga, señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Por eso, apelando a la paciencia de Sus Señorías, quiero ser lo más claro posible en mis explicaciones.
Señor Presidente, el plan de fortalecimiento, que viene desde hace mucho tiempo y ha sido transparente para todos los señores Senadores, tenía originalmente 150 mil millones de pesos en 10 años: 15 mil millones por año.
El Gobierno, en función de las necesidades planteadas por Sus Señorías -entre otros, por el Senador Bianchi- en cuanto a la necesidad de fortalecer la acreditación en el caso de las Universidades de O'Higgins y de Aysén, tras múltiples conversaciones, decidió incrementar el Fondo pertinente a 300 mil millones durante los próximos 10 años.
A propósito de dicho aumento, debo puntualizar que el Ejecutivo ha sido extraordinariamente responsable con la situación financiera que enfrentará el nuevo Gobierno.
Por eso, Sus Señorías verán que no se registra incremento alguno, con relación a lo que se había discutido previamente, en los años 2019 y 2020. Gradualmente, habrá pequeños aumentos con respecto a lo que se había debatido antes: de 15 mil millones en 2020 y de 30 mil millones en los años 2021 y posteriores.
Señor Presidente, si usted compara el monto de esos recursos con lo que las universidades reciben actualmente verá que se trata de un incremento moderado, por no decir modesto.
Hoy día las universidades del Estado, sumando lo que reciben por aporte fiscal directo, lo que obtienen por el convenio marco y lo acordado previamente por el Banco Mundial, tienen un ingreso anual de 215 mil millones de pesos.
Lo que estamos diciendo es que esa cifra se elevará a 230 mil millones recién en el año 2020 y a 240 mil millones en el año 2021.
Si sacamos la tasa anual de incremento, estamos hablando de un aumento del orden de 3 por ciento.
Por lo tanto, se trata de un esfuerzo, si bien sistemático, modesto.
Quisiera decir también que en el compromiso que tomamos fuimos extremadamente prudentes con respecto a la necesaria y democrática flexibilidad presupuestaria que ha de tener el próximo Gobierno.
Por eso no permitimos incremento alguno sino hasta los años 2020-2021, cuando los gastos comprometidos por la nueva Administración con relación a sus ingresos futuros generen holguras.
El señor BIANCHI.- Dele más tiempo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Por intermedio de la Mesa, debo decirle al señor Ministro que es importante retomar la discusión a que se estaba refiriendo. Porque se trata de uno de los puntos que se deberán zanjar y hay varias observaciones que pueden ser contestadas por dicho Secretario de Estado.
Yo simplemente quería valorar esta iniciativa, señor Presidente.
El primer proyecto sobre esta materia se presentó en 1991. Pero provocó muchas marchas en contra y no se pudo sacar adelante.
Como se halla concebida, esta iniciativa tiene bases importantes, las que cuentan con el acuerdo de todos. Y también tenemos diferencias.
Hay consenso en cuanto a la relevancia de las universidades estatales.
Concordamos asimismo en que el Estado debe tener una relación específica distinta, pues se trata de sus universidades.
Existen singularidades -a lo mejor falta una profundización- en formación, en investigación, en políticas públicas.
Convenimos también en que ha de haber transparencia y en que, por tanto, la Contraloría debe tener posibilidades para contar con un mecanismo homogéneo que permita saber exactamente lo que ocurre.
Quedó a medio camino la forma como el Congreso Nacional participa en la definición de las prioridades y del camino por el cual ha de transitar la investigación.
Algunos dicen: "No. Basta con nombrar a representantes de los directorios". Otros señalamos: "¡Qué bueno que en algunas cosas el Parlamento se moje!".
Eso no está acá. Quedó enunciado en términos generales.
Bien: al menos es un paso.
El Senador Bianchi pone el ejemplo de la Antártica.
Algunos pensamos que es clave que dentro del plan de fortalecimiento haya una línea prioritaria para seis o siete temas, uno de los cuales es el de la zona antártica.
Sabemos que se va a transformar en un centro de investigación para todo el mundo, no solo para Chile.
Nos quedamos atrás diez a quince años en energía solar, y recién ahora nos estamos recuperando. Y en la Antártica podemos quedarnos rezagados si no hacemos algo distinto.
Tenemos un Instituto Antártico, y no sé por qué no quedó ni siquiera en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Necesitamos, pues, avanzar en la materia a través de las universidades de la zona.
Sin embargo, aquí hay un avance superimportante en otra dirección, en una perspectiva distinta: la recuperación de las universidades del Estado, que habían estado cayendo.
El plan tiene sentido. Es por un período determinado: diez años.
Siempre existió acuerdo de todos para que hubiera un plan especial: ¡saquémoslo adelante ahora!
Se podrían mejorar muchas cosas.
A mí, por ejemplo, no me gusta que un decreto supremo defina cómo se organiza el Consejo Coordinador de Universidades del Estado, determine las tareas respectivas, etcétera. Creo que dicho órgano debe tener autocapacidad. Lo discutimos. Y había un acuerdo distinto. Pero al final se redactó la norma de esa manera.
En fin, en el camino tendremos que mejorar eso.
Por último, quiero hacer una puntualización.
Entre los artículos que votaremos en el ámbito de la Ley Orgánica Constitucional hay a lo menos dos que la Cámara de Diputados no consideró con ese rango -hago la prevención del caso-: el referente al Consejo Superior y el relativo al Consejo Universitario, que dicha Corporación aprobó con votación simple, en circunstancias de que, claramente, son de quorum especial (sí votó con quorum especial el precepto atinente al Consejo Coordinador).
Nosotros los estamos votando con quorum especial. En las Comisiones unidas analizamos el punto y concluimos que son de rango orgánico constitucional.
Por consiguiente, para evitar cualquier cuestionamiento posterior, en los trámites posteriores el Senado y la Cámara de Diputados deberán reconocer que se trata de normas de aquel rango.
Señor Presidente, hay tanto acuerdo que hasta tenemos un procedimiento común para votar. Eso permitirá, por cierto, despachar este proyecto, que para nuestro país constituye un avance estructural significativo con respecto a lo que teníamos antes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo había solicitado antes la palabra para sugerir la apertura de la votación y pedir una aclaración de lo expuesto por la Senadora Von Baer.
En las votaciones separadas de quorum simple que se habían solicitado, yo tenía anotadas tres, pero la Mesa habló de dos.
El señor MONTES.- Son dos temas.
El señor PIZARRO.- Entonces, quería saber cuáles son. Porque estaba el artículo 51, inciso segundo...
El señor ALLAMAND.- El 51 y el 62.
El señor PIZARRO.- Esos los votamos juntos. Y el de los recursos -el de los 300 mil millones-, también por separado.
¿Así es?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se van a votar en conjunto.
El señor PIZARRO.- Okay.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿se hace un debate sobre los artículos 61 y 65 en todas sus letras?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Eso está en lo de quorum simple, Su Señoría. Todavía no llegamos a esa votación.
El señor LETELIER.- Está bien, pero...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En su momento voy a plantear la votación separada que solicitó Su Señoría respecto del artículo 62, número 7).
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las normas orgánicas constitucionales que el señor Secretario General individualizó precedentemente (26 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum exigido por la Carta Fundamental.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Lagos.
Pasamos al tercer paquete.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en el artículo 63, que es de quorum calificado y para cuya aprobación se requieren 18 votos favorables.
El texto pertinente figura en la página 73 del boletín comparado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 63.
El señor BIANCHI.- "Si le parece".
El señor QUINTEROS.- Con la misma votación anterior, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Conforme.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ya se está tomando la votación, Sus Señorías.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 63 (22 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, De Urresti, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Lagos.
Pasamos al conjunto de artículos de quorum simple, dejando para votación separada, a solicitud del Honorable señor Letelier, el artículo 62, número 7).
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que se quiera avanzar rápido en las votaciones, pero me parece que se dijo que el artículo 62 lo íbamos a discutir aparte en su conjunto: también en lo relativo al financiamiento y no remitido solo al punto que yo planteé.
Entonces, me gustaría que tuviéramos una discusión sobre el uso del financiamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La votación separada es factible, pero debe plantearse anticipadamente.
El señor LETELIER.- No hay ningún problema, señor Presidente. Pero sucede que el Ministro de Hacienda no pudo terminar su intervención sobre el punto. Y, a decir verdad, para poder emitir mi voto quiero escuchar una explicación en cuanto al financiamiento necesario para garantizarles a las nuevas universidades la existencia de un piso que les permita estar al menos en una condición básica.
Hay universidades nuevas que ni siquiera tienen edificio para funcionar.
Entiendo cuál es el sentido. Pero, como no hemos recibido la información respectiva, me gustaría que se abriera debate sobre el punto, a menos que el Ejecutivo pueda clarificarlo antes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estoy de acuerdo en darle la palabra al señor Ministro, pero debe observar que el artículo 65, al que se está refiriendo Su Señoría, ya se aprobó en el primer paquete.
El señor LETELIER.- Es el artículo 62, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La única solicitud de votación separada que tengo registrada aquí se refiere al artículo 62, número 7).
El señor LETELIER.- Yo me estoy refiriendo al conjunto del artículo 62, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Insisto en que el precepto que individualicé fue aprobado en el primer paquete. Y no puedo reabrir la votación de una norma que ya está aprobada.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Seré breve, señor Presidente.
Generalmente no hago uso de la palabra acá -menos abuso de ella-, pero estoy obligado a contestar lo que se ha preguntado.
Muy legítimamente, los Senadores Letelier y Bianchi, quienes representan realidades distintas, han consultado qué seguridad tenemos nosotros de que en los 300 mil millones de pesos previstos queden contemplados la investigación de la Universidad de Magallanes y el fortalecimiento institucional de la Universidad de O'Higgins.
La señora Ministra pensó aquello, lo discutió, lo conversó. Y, en definitiva, concluimos que el mecanismo más aceptable era que cinco rectores, elegidos de entre todos los de las universidades del Estado, más un representante del Ministerio de Educación y otro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, reciban las peticiones de las distintas instituciones y finalmente acuerden con el conjunto de esos planteles de enseñanza superior dónde se usarán las líneas de acción.
Se fue prudente en poner específicamente la prioridad -ello se encuentra en el número 7) del artículo 62- en la necesidad de fortalecer las universidades nuevas al objeto de que desarrollen su proyecto institucional, incluida su acreditación.
La realidad de ventajas comparativas de investigación en muchas de las instituciones regionales también se considera en las líneas de acción.
Por lo tanto, con los recursos, con el mandato de la ley y con la fuerza de cada uno de los establecimientos, estoy seguro de que se resolverá de la forma más democrática posible en función de las prelaciones que se determinen.
Costaría mucho que comenzáramos ahora a asignar unilateralmente los 300 mil millones de pesos: tanto para este, tanto para el otro, tanto para estotro, entre otras cosas porque, como decía el Senador señor Montes, hay proyectos que serán conjuntos para muchas universidades, pues necesitamos generar la asociatividad de los clusters y no solo el prorrateo para cada uno.
Creo que esta es la forma institucional más democrática, y las instituciones pueden ir definiendo las prioridades, pero las líneas de acción son claras. En consecuencia, los fondos y las prioridades se hallan bien establecidos en el articulado, para que tanto la Universidad de Magallanes como la de Aysén o la de O´Higgins cuenten, más que con una buena oportunidad, con un virtual aseguramiento de que dispondrán de esos recursos.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no deseo dificultar el debate. Al contrario. Queremos obtener una ley que permita, como aquí se está logrando, fortalecer los planteles estatales.
El mecanismo propuesto implica ciertos riesgos para aquellos que llegan. Pido que eso se entienda y que nadie se moleste porque se expone una inquietud. Disponer de un campus armado es distinto de no tener financiados ni los laboratorios.
Por eso, se había pedido originalmente considerar un fondo transitorio, de unos tres años, a fin de que las universidades nuevas pudieran ponerse de pie y se encontrasen en igualdad de condiciones para el resto de las situaciones que se plantean.
La señora Ministra y el señor Ministro nos invitan a confiar en que el Consejo o los rectores que se elegirán van a poder garantizar lo anterior.
Entiendo que es de la naturaleza humana que cada institución también se preocupe de lo propio. Algunos velarán por los intereses más colectivos, pero hay una dimensión, evidentemente, en que los cinco rectores van a estar pensando algo más en los de carácter local.
No voy a hacer más objeción. Quiero que, para estas últimas personas, para las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quede en el debate que se tiene que hacer un esfuerzo especial para dispensar un trato diferenciado, por lo menos en forma transitoria, a las nuevas universidades, que lo necesitan para lograr ser pares en un proyecto de un cluster.
Eso, lamentablemente, no quedó en el texto. Esperamos que en la discusión sobre el proyecto de Ley de Presupuestos se considere que las universidades nuevas -no las que no hayan obtenido su acreditación por otras razones- requieren un apoyo transitorio, de unos cuatro años, distinto del resto.
Retiro mi petición de votación separada, en el entendido de que el punto se comparte como un criterio general del Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, sin perjuicio de darles la palabra a los inscritos.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero agradecer, sinceramente, la disponibilidad tanto de la Ministra de Educación como del Ministro de Hacienda.
Comprendo absolutamente lo dicho por el Senador señor Letelier, y comparto el juicio de que es del todo necesario que las universidades nuevas puedan contar, al menos en su proceso de vida inicial, en sus cuatro primeros años, con un apoyo económico que permita su desarrollo. Me parece que sería razonable que el comité de rectores pudiera dar preferencia, en alguna medida, al avance de instituciones nacientes.
Pero brindo mi reconocimiento porque, junto al aporte que se ha doblado, hoy día se permite una instancia que antes no existía. Entonces, esta es una tremenda oportunidad, sin lugar a dudas, para que la Universidad de Magallanes, sobre todo ante el desarrollo experimentado por la investigación científica antártica y tantas otras, pueda comenzar a ser visible, a adquirir la trascendencia que requiere el hecho de hallarse, geográficamente, en el laboratorio más grande del mundo.
Así que creo que aquí se abre una extraordinaria ocasión para nuestras universidades australes, y me sumo a la petición del Honorable señor Letelier de que el comité adopte el criterio de dar prioridad a un financiamiento permanente, al menos en los cuatro primeros años, para los planteles que están recién naciendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en la misma línea, comparto, en general, las disposiciones, pero intervengo solo para el efecto de la historia de la ley, probablemente, porque esta es una discusión de todos los años al ocuparnos en el Presupuesto.
De acuerdo con la experiencia, por cada cien pesos que el Estado invierte en un estudiante de una universidad del CRUCh en Santiago, destina sesenta, aproximadamente, a otro de una universidad del CRUCh en regiones. O sea, como consecuencia del sistema de financiamiento, los mejores estudiantes de estas últimas terminan yéndose a la Capital, porque pueden seguir carreras más caras y hay más inversión por alumno.
Por lo tanto, este es un verdadero desangramiento institucional para las instituciones de regiones, pero también para los respectivos territorios, porque la experiencia demuestra que esos jóvenes no regresan. Se trata de una tendencia estructural que tiene que ver, entre otras razones, con la manera -repito- cómo se financia.
La siguiente consideración es que resulta mucho más complejo atraer profesores a universidades en zonas extremas, en particular, porque, de alguna manera, en regiones es preciso crearlo todo. Se requiere generar redes académicas, redes de colaboración.
El proyecto contempla el punto entre las universidades estatales, lo que entra a atacar el problema. Pero, por otro lado, es una idea, un criterio que se establece, mas no una realidad, aun cuando cada vez más instituciones de regiones están entrando en convenios con planteles como la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, etcétera.
Sin embargo, en los mecanismos de financiamiento no se establecen efectivamente instrumentos que aseguren un criterio de mayor equidad territorial en el aporte del Estado, tanto en el plano especial del fortalecimiento de los planteles estatales como en la discusión de los presupuestos.
En regiones, por lo demás, muchas de las universidades públicas, en general, y estatales, en particular, están realizando vastos proyectos de investigación científica, de desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, siempre hay una suerte de criterio en términos de que dos o tres instituciones estatales de Santiago cuentan generalmente con un acceso desproporcionado en función de la inversión total en educación superior.
Por esta razón, al no existir una consideración especial para ir acortando la brecha en el proyecto de ley, sobre todo en una perspectiva de largo plazo, me parece que se trata de un criterio que empobrece y que no aborda uno de los principales problemas de las universidades estatales de regiones.
En consecuencia, asumo, en el caso de las universidades de zonas extremas, que si bien se está aplicando recientemente una política en la materia, es una decisión de Gobierno. Pero también necesitamos definiciones de Estado que vayan reduciendo las brechas en los territorios, pues el ideal es llegar a un sistema donde la inversión en los estudiantes sea exactamente igual a lo largo de todo el país.
Pido que de eso quede en constancia en la historia de la ley.
Ojalá pudiera haber algún grado de compromiso y que la cuestión se abordase con seriedad, con una decisión política estratégica, en las aprobaciones de los presupuestos, y luego quedara en consideración al momento de redactar todos estos criterios en que se hace referencia al plan de fortalecimiento de las universidades estatales y a los fondos permanentes de financiamiento.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tratándose de una universidad que está naciendo, como la de O'Higgins, ninguna persona, inclusive de mi Región, hubiera imaginado el éxito que registra en un año, con un abandono de no más allá de un cinco por ciento de los alumnos y todos los profesores en condición de doctorados, en circunstancias de que la zona ha sido permanentemente una exportadora de cerebros, que muchas veces no vuelven.
La oportunidad que se nos presenta para reforzar la iniciativa es fundamental, y, por eso, es importante que quede en la historia de la ley lo dicho por la señora Ministra y el señor Ministro. Porque nuestras dudas dicen relación con que, como intervendrá un Consejo que va a resolver de qué manera se apoya a distintos planteles, resulta obvio que el poder de la Universidad de O'Higgins no es hoy el de la Universidad de Chile ni el de otras.
Tiene que existir un apoyo muy fuerte en la infraestructura, para terminar el proyecto en la Región, y también en la implementación misma.
Y no cabe olvidar el desarrollo. Este año se incorporaron casi 500 alumnos y el próximo serán mil 200. Ello dice relación con la capacidad de incentivar a que la gente siga viviendo en la Región y de no separar familias. El costo es muy alto para muchas de ellas, que han tenido que emigrar, históricamente.
Entonces, quiero hacer mías las palabras de los Senadores señores Letelier y Bianchi en cuanto a la preocupación por que las universidades que están naciendo cuenten con todo el respaldo financiero y estratégico, sobre la base de la decisión política que se está tomando.
Aquí hay un acuerdo importante. Y queremos que no vayan a existir interrogantes respecto del financiamiento futuro y del fortalecimiento que se requerirá, porque cualquier duda al respecto afectará inmediatamente a las admisiones y a la llegada de nuevos profesores doctorados a nuestra Región.
Valoro que ello quede claramente establecido. Obviamente, esperamos que el espíritu con que se está legislando corresponda realmente a la realidad futura de los recursos que necesitaremos para seguir avanzando en ese proyecto.
Así que voto a favor, en el entendido de que este es el criterio con que procede el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, seré muy breve.
Sería bueno que todas las intervenciones consideraran también el conjunto. ¿Qué estamos discutiendo? Que la situación actual es que un tercio de los recursos lo reciben las dieciocho universidades estatales; otro tercio, el G9, y el restante, las privadas.
Este último aumentará mucho más y va a llegar a cerca del cuarenta por ciento a partir del próximo año por otras medidas que se tomaron hace dos años en el Presupuesto.
Entonces, estamos tratando de crear un sistema, a través del proyecto, de recuperación de las estatales.
¿Qué pasa con una serie de especificidades que aquí se están planteando? Efectivamente, son debates -algunos- que no se resolvieron bien en el proceso, porque no hubo suficiente coincidencia básicamente con el Gobierno, no entre nosotros.
Lo peor que podría ocurrir es que todos los problemas que vayan surgiendo se cargaran al acuerdo marco o al plan especial.
Respecto de las universidades de Aysén y de O'Higgins, nosotros peleamos dos años para que les dieran recursos adicionales. En 2017 se les asignaron cinco mil millones de pesos por tal concepto y otro tanto en 2016. Eso solo para inversión, para infraestructura. Tales objetivos se suponían cubiertos para el año en curso. Ellos manifiestan que no. Tratamos que se incorporaran en el debate presupuestario.
Es importante dejar establecido el punto.
Pero asimismo quiero decir que no son las únicas universidades que lo requieren.
¿Qué hicimos antes con los centros de formación técnica y los institutos profesionales privados? Durante cinco años se les dio un fondo especial para que acreditaran, y, a pesar de eso, no lo hicieron. Todos los años se aprobaba uno. Ahora no lo hay, porque pasó el tiempo.
Dijimos: "Debe haber un fondo para que acrediten", que fue lo planteado sobre las universidades de O'Higgins y de Aysén, y para otras dos estatales que bajaron su nivel. Desgraciadamente, no hubo acuerdo, y se expresó: "Veamos en el acuerdo marco, en el plan".
Cuando venga el debate presupuestario para el próximo año, tendremos que volver a establecer la discusión.
Mas lo global es que estamos reponiendo un sistema de universidades públicas estatales cuyo objetivo es insustituible. Desde 1990 hasta ahora fueron decayendo hasta el 14,8 por ciento de la matrícula, mientras en Europa se registra el 70 y en Estados Unidos el 77. Entonces, estamos tratando de recuperar su peso específico en calidad y cantidad. De eso se trata.
Pido que aprobemos. Sabemos que es posible mejorar muchas cosas en el camino. Y no podemos resolver mucho problema específico.
Los rectores preguntan: "¿Cómo pueden aplicarnos una determinada ley y otra?". Bueno, del debate surgió lo que aquí se logró, que ojalá acogiéramos, porque hay bastante nivel de acuerdo.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la misma línea expuesta por el Honorable señor Montes, creo que el alegato de varios colegas de regiones es bastante justificado, pero lo cierto es que estos aspectos se hallan justamente recogidos en el articulado.
A mi juicio, es preciso tener presente siempre la argumentación en defensa de las universidades regionales. Ello se extiende a la discusión del Presupuesto, donde los planteles del Estado normalmente han ido perdiendo posiciones de competencia.
Lo vimos el año pasado a propósito de la expansión que el Gobierno generó con las becas Bicentenario, que también terminaron perjudicando a las universidades estatales y favoreciendo a las privadas post 1981.
Lo hemos visto en la última década en la matrícula. Donde las cifras no se han movido es precisamente en las instituciones estatales.
Entonces, el alegato que se está haciendo aquí -insisto- es bastante razonable; pero ¿cómo no se dice nada cuando la matrícula de estas últimas se ha movido de 163 mil 49 estudiantes, en 2005, a 167 mil 578, en 2016, en circunstancias de que las no estatales CRUCh pasaron de 95 mil 20, en la misma década, a 137 mil 47, y los planteles privados post 1981 subieron de 184 mil 467 a 340 mil 709?
Bueno, en esos momentos era preciso hacer el mismo planteamiento y levantar las banderas de la educación pública, de la defensa de las universidades estatales.
Juzgo que el proyecto presenta muchas virtudes, y, particularmente en el aspecto a que me refiero, se hace cargo de lo que decía el Ministro de Hacienda: hubo un olvido de las universidades estatales durante mucho tiempo.
Simplemente señalo uno de los principios, contemplado en el artículo 8: "Provisión de educación superior de excelencia. El Estado debe fomentar la excelencia de todas sus universidades, promoviendo su calidad, la equidad territorial y la pertinencia de las actividades docentes, académicas y de investigación, de acuerdo con las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional".
Ello se encuentra también recogido en el artículo 62 -es parte de la votación-, que expresa: "Fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas. Las universidades del Estado podrán crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el conocimiento o la innovación y aportar en la elaboración de políticas públicas de relevancia estratégica para el país o sus regiones".
Hoy día existen universidades estatales que ni siquiera aportan, en algunos territorios, en la elaboración de los instrumentos de planificación, de los planes reguladores. Están completamente alejadas del medio y eso se recoge justamente en la disposición.
Lo que pasa es que no se van a entregar recursos porque sí: tienen que ajustarse a estándares de calidad y exigencia. Y, conforme a la norma, las universidades del Estado se someten a los mayores requerimientos. Habrá una red de coordinación entre las instituciones -ya habrá momento para discutir el punto-, pero también se fijan objetivos con relación a qué necesita de ellas la sociedad en su conjunto.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 27 votos a favor, se aprueban las disposiciones de mayoría simple: artículos 4; 5; 6; 10; 11; 12; 14; 15; 22; 27; 33; 34; 35; 39; 40; 42; 46; 52; 54; 55; 56, inciso primero; 57; 58; 59; 60; 61; 62, números 1, 2, 4, 5, 6 y 7; 63, y primero y quinto transitorios.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay dos peticiones de votación separada.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ellas dicen relación con el artículo 51, inciso segundo, y el artículo 62, número 3.
Serían una discusión y una votación en conjunto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Que hable primero la Ministra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente, ella tiene preferencia.
El señor MONTES.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, estas dos normas, que tienen que ver con el aumento de matrícula, están establecidas dentro de la iniciativa de manera bien precisa.
En el primer caso, se trata de la posibilidad de aumentar la matrícula cuando el Estado solicita a una o más universidades hacerse cargo de una temática, de algún trabajo en particular, de formar profesionales de los cuales hay carencia en el país o en la región donde aquellas están ubicadas, etcétera. Es decir, es una demanda del Estado a las universidades.
En el segundo caso -estamos juntando ambas normas-, que aparece en el artículo 62, es la universidad la que de acuerdo a su plan de desarrollo plantea esta necesidad, que deberá ser aprobada por los Ministerios de Educación y de Hacienda, demostrando que sí tiene coherencia su plan de desarrollo.
Esta posibilidad la han tenido, incluso, algunas universidades que entraron en gratuidad. Y nos parece que no es un crecimiento desmedido, que no se trata de un tema de números, sino de requerimientos y de capacidades.
Lo señalo, señor Presidente, porque no estamos ante un crecimiento a tontas y a locas, sino producto de un requerimiento del país, el que está reflejado por la propia universidad y sus autoridades.
Por otro lado, en el artículo 60 se establece el Plan de Fortalecimiento y se destinan 150 mil millones de pesos, por 10 años, para 18 universidades. No tiene por qué ser un per cápita igual, ni mucho menos. Pero, claramente, el Ejecutivo realizó un esfuerzo adicional mayor para aumentar estos recursos y así poder dar efectivamente satisfacción a necesidades como las planteadas, que se hallan dentro de la línea de lo posible de ser financiado con esos recursos: las de las universidades regionales y de las que se encuentran en las zonas extremas.
Eso es, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Y las nuevas, las recién creadas.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, como planteaba la Ministra, estos dos artículos dicen relación con el aumento de matrícula.
¿Por qué estamos discutiendo si una universidad puede o no puede aumentar la matrícula? Esto tiene que ver con la regulación de la gratuidad. Porque, debido a esta última, el financiamiento de un aumento de matrícula tiene directa injerencia sobre el gasto del Estado. Por eso la regulación general establece una norma común para todas las universidades que optan por la gratuidad, en virtud de la cual solo pueden aumentar su matrícula para estudiantes de primer año en un 2,7 por ciento respecto del año anterior. Además, ese incremento debe ser aprobado por los Ministerios de Educación y de Hacienda.
Lo anterior se debe a que si una universidad aumenta su matrícula, eso tiene un efecto sobre el gasto del Estado. De ahí que se requiera la aprobación de las mencionadas Secretarías de Estado.
Sin embargo, para que pueda ser aprobado el aumento, de acuerdo con la norma común, deben cumplirse ciertos criterios.
¿Cuáles son esos criterios?
-Que se obedezca a decisiones institucionales adoptadas el año anterior.
-O que sean derivadas de requerimientos formulados con la Comisión Nacional de Acreditación como resultado del último proceso de acreditación institucional.
-O que sean producto de la participación de la institución en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE).
Por ejemplo, la Universidad Austral tiene una presión fuerte sobre el PACE debido a que en ella hay estudiantes de muy buen rendimiento. Por lo tanto, pide aumentar la matrícula dado ese buen resultado del PACE.
-O aquellas convenidas, de manera excepcional, entre el Ministerio de Educación y las instituciones que adscriban al financiamiento institucional para la gratuidad y cuyo objetivo sea apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones.
Entonces, señor Presidente, acá se procede a diferenciar entre las universidades estatales y las universidades privadas, sean tradicionales o no, que estén adscritas a gratuidad.
Las estatales pueden aumentar su matrícula pidiéndoselo al Estado. Y este puede incrementar la matrícula de una universidad privada cuando el Ministerio estima que corresponde hacerlo o cuando la institución se lo pida y se considere que ello se enmarca dentro de las necesidades, definidas de manera superamplia, "de desarrollo del país".
Y, ciertamente, las universidades privadas deben cumplir con criterios que no se les exigen a las estatales.
Por consiguiente, aquí se establece una discriminación evidente entre las universidades estatales y las universidades privadas, tradicionales o no. Porque a las que no son estatales se les restringe la posibilidad de aumentar la matrícula, mientras que a las estatales se les permite incrementarla de manera mucho más laxa.
Eso significa que aquí hay una discriminación arbitraria respecto de las universidades que decidieron estar en gratuidad, pero que no son estatales.
A nosotros nos parece, señor Presidente, que dado que aquí existe una presión sobre el gasto del Estado, las reglas han de ser comunes para todas las instituciones. No es posible que las estatales tengan una regla respecto de la gratuidad y el aumento de matrícula y las privadas, pertenecientes o no al CRUCh, que adscribieron a la gratuidad, otra.
O sea, algunas universidades podrán aumentar la matrícula con mucha mayor facilidad que otras. Nos parece que eso no está en la línea de lo que se quiere.
Por lo menos a mí, como Senadora de la Región de Los Ríos, el hecho de que el aumento de la matrícula en gratuidad no se pueda dar igual en la Universidad Austral que en la Universidad estatal de La Frontera o en la Universidad estatal de Los Lagos, me parece que es una discriminación arbitraria, no solamente en contra de la institución, sino también en contra de los estudiantes de la región. Porque en la universidad estatal es posible un aumento de matrícula mayor, lo cual no se va a poder concretar en la Universidad Austral, de modo que los jóvenes deberán irse a estudiar a otra región.
Señor Presidente, nosotros hemos votado en contra de estas dos normas porque nos parece que, como la gratuidad es un beneficio que también va a los estudiantes, las reglas deben ser iguales para todas las instituciones de educación superior. No se puede dar una regulación especial para las universidades estatales, porque este es un beneficio que se dirige a los estudiantes y, sobre todo, porque hay otras universidades que también acceden al sistema de gratuidad, por lo que la regulación tiene que ser la misma para todas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, probablemente en este debate es donde tenemos el mayor abismo desde el punto de vista de lo que ha pasado con la educación superior en nuestro país.
Algunos creen que siempre se debe tratar igual a las universidades estatales y a las universidades privadas. Pero durante largos años eso no ha existido.
Las universidades estatales tienen y han tenido restricciones tremendas para crecer. Ellas, a diferencia de las privadas, no han desarrollado un negocio inmobiliario escandaloso.
¡Es escandaloso cómo se ha generado un negocio inmobiliario por parte de las universidades privadas para crecer en forma ilimitada, sin condiciones de acceso a los alumnos, recibiendo a cualquier persona! ¡Ellas son, probablemente, las principales responsables del endeudamiento en el CAE de miles y miles de jóvenes de clase media que aspiraban a acceder a la educación superior!
Y, muchas veces, estas universidades que crecían sin condiciones, sin límites no siempre cumplían con la oferta que hacían.
Señor Presidente, hoy se quiere iniciar un camino que es propio de cualquier país que piensa en cómo formar a su elite, en cómo formar a los cuadros societales, en cómo generar las condiciones adecuadas en las universidades para que estas cumplan, además de su función académica, un rol de integración, de construcción de proyecto país, de visiones comunes.
Los planteles estatales -algunos, en particular- cumplen esa función, pero deben crecer.
En otros países, como dijo el Senador Montes, el equilibrio entre las universidades estatales y las privadas es muy distinto del que se observa acá.
Tengo la convicción de que la realidad de Chile en esta materia es herencia de un modelo neoliberal exacerbado, el cual restringió al Estado de una forma brutal para cumplir su función pública en beneficio de todos los chilenos.
Señor Presidente, considero que las normas en análisis son bien moderadas, para ser honesto. Me parecen bastante restrictivas para lo que se necesita, para dar un salto real en materia de crecimiento de las universidades estatales.
Con los fondos propuestos y las nuevas disposiciones, aquellas van a poder desarrollarse de mejor forma.
Pero el país necesita -¡por favor!- recuperar el rol de dichas instituciones de educación superior, que cumplen una función pública.
¡Por eso el Estado tiene universidades! Porque hay una función pública, un bien público adicional que se genera. Muchas personas, no solamente de Centroizquierda, sino también de Derecha, históricamente han entendido -y entienden- esto.
Se trata de un problema país.
A propósito de este debate, espero que se comprenda que no será casual que en esta semana, conocidos los resultados de la PSU, los jóvenes postulen a universidades como la de Chile u otras estatales, porque les brindan muchas más opciones.
Señor Presidente, en el último minuto que me queda, quiero dejar planteado que las normas propuestas no reducen la capacidad de las nuevas universidades ni inciden en ellas. Esa es una situación aparte.
Dichos planteles, que hoy cuentan con una matrícula muy pequeña, requieren un plazo para lograr un desarrollo más pleno. Asumo que el Ministerio de Educación va a dar todas las facilidades para ello.
Respecto de la discusión de fondo y luego de escuchar la intervención de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, ¡qué bueno que pensemos y votemos distinto en una materia tan tan sustantiva! Porque eso tiene que ver con las dos visiones de país que aquí existen con relación al rol de la educación superior y de las universidades estatales.
De hecho, esa es la razón de existir de estas últimas.
Años atrás alguien inventó un guarismo: las universidades estatales no podían crecer a más de 6 por ciento. La consecuencia de ello fue afectar el crecimiento del acceso a ese ámbito de educación superior para decenas de miles de jóvenes. Como no había espacio en lo público, tuvieron que ingresar a los planteles privados.
Con esta iniciativa, señor Presidente, se revierte esa tendencia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, creo que hay que situar este debate en su real contexto.
Estamos ya con una matrícula total de un millón 300 mil estudiantes. La verdad es que el potencial de crecimiento es bajísimo. Nos encontramos lejos del promedio de los países de la OCDE en cantidad de alumnos en educación superior.
Es decir, las posibilidades de crecer son bastante limitadas.
Eso como primer punto.
Lo que va a ocurrir hacia delante es un cambio en la composición de la matrícula. ¡Está claro! O sea, se van a desplazar estudiantes de unas universidades a otras.
¿Qué establecen las normas en estudio? Que todas las universidades pueden crecer al 2,7 por ciento; pero si quieren hacerlo por sobre este porcentaje, en el caso de las estatales deberán presentar un proyecto y pedir la aprobación del Ejecutivo. Si este lo autoriza, podrán crecer.
La idea es que no se trate de una solicitud indiscriminada, sino fundada.
Faltan ingenieros en energía solar en el norte. Necesitamos formar 200, 300, 500 profesionales en esa área. Si una universidad de la zona plantea ese caso específico, sería autorizada.
Otra posibilidad es que el Ministerio señale, por ejemplo: "Hay que crecer en Medicina en la zona sur austral (Magallanes), dado que ahí tenemos un déficit de dichos profesionales". Y seguro se generará un crecimiento al respecto.
Pero no distorsionemos las cosas.
Hay una norma general para todas las universidades, limitada por razones de plata. No es lo que nosotros quisiéramos, pues nos gustaría que los planteles estatales se recuperaran a otro ritmo. Estos apenas llegan al 16 por ciento de la matrícula. Estamos muy por debajo del promedio mundial y muy por debajo del promedio histórico de Chile.
Aquí tengo los datos: la matrícula en instituciones del Estado en la OCDE es de 69 por ciento; en Estados Unidos, de 73 por ciento. Y algo similar ocurre en otras naciones del mundo.
Quisiéramos una recuperación mayor.
Ahora se proponen las normas en análisis.
¿Quiénes han crecido en el pasado? ¡Por favor!
¿Y cómo lo hicieron?
Más del 50 por ciento del aumento de la matrícula provino del CAE -¡del CAE!-, porque tal instrumento fue un estímulo para crecer. Me refiero a instituciones que, en muchos casos, no ofrecían formación de buena calidad: por un lado, los CFT e IP y, por otro, la Universidad Santo Tomás, la de Las Américas y otras que no son de las mejores.
Eso explica gran parte del crecimiento de la matrícula.
Bueno, ¡eso ya está! Aquí no se busca echar eso abajo, sino que se entienda que el ritmo de crecimiento por sobre el límite establecido tiene su lógica.
La Universidad de Chile planteó un crecimiento mayor en Derecho: lo echaron abajo. A algunos nos parece que lo mejor es que en ese ámbito la Chile crezca, en lugar de achicarse o mantenerse congelada.
Bueno, eso quedó así.
Les pido a los colegas de las bancas de enfrente que entiendan que aquí hay un límite de crecimiento para todas las universidades y, también, normas de excepción, que operarán bajo ciertas condiciones. Esperamos que estas se apliquen con mucho rigor.
Ojalá las universidades estatales de calidad crezcan más.
Respecto de lo planteado por el Senador Letelier, hago presente que, cuando las universidades pidan al Ministerio crecer más en determinadas profesiones, se les autorizará a hacerlo si lo requerido es necesario.
Pero, si la propuesta no es seria, la autoridad dirá que no.
Entonces, creo que esta es una iniciativa consistente desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, pero también considera sistemas especiales.
La Senadora Von Baer señaló que hay discriminación en las normas en estudio. La verdadera discriminación estuvo en todo lo que ocurrió hacia atrás. Se crearon miles de mecanismos para que crecieran indiscriminadamente instituciones que no eran de calidad ni reunían las condiciones adecuadas.
¡Ahí sí hubo discriminación!
Y las universidades estatales debieron haber crecido en otro período de otra manera. Pero no lo hicieron.
Bueno, hoy día estamos aquí simplemente creando una norma de excepción respecto del 2,7 por ciento. Pienso que es algo básico y no tiene nada de discriminatorio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, seré muy breve.
A mi juicio, ha sido muy importante la conversación y el debate que hemos realizado, por cuanto existe un consenso -yo diría- bastante transversal en la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de las universidades estatales.
Eso lo valoro, en especial porque efectivamente ha habido un decaimiento en el desarrollo de tales instituciones durante un período prolongado de tiempo. Y muchas personas han abogado por la recuperación de esos planteles.
Dicho eso, quiero expresar una inquietud sobre el asunto que se está discutiendo.
Considerando que existen universidades estatales y las que hoy se denominan "públicas no estatales", habría que preguntar lo siguiente: ¿qué razón hay para eximir del límite de matrícula a la Universidad del Bío-Bío y no hacer exactamente lo mismo con la Universidad de Concepción? ¿Qué razón habría para hacer la misma alegación en relación con la Universidad de Valparaíso y la Técnica Federico Santa María?
Podría recorrer casi todo el espectro donde existe una universidad del G9 para darnos cuenta de que estamos hablando de universidades públicas no estatales que quedarán con estas normas, aunque la palabra duela, objetivamente discriminadas.
A todas las universidades se les fija un límite para el aumento de su matrícula, pero ahora va a haber un subgrupo (las universidades estatales) al que no se le va a aplicar esa restricción.
Quisiera escuchar una sola razón fundada con relación a las dualidades que he señalado.
Reitero: ¿por qué la Universidad del Bío-Bío no tiene que estar sometida a la limitación referida y sí tiene que estarlo la de Concepción?
¿Alguien podría sostener que la Universidad de Concepción no es un plantel que produce bienes públicos?
¿Quién podría establecer una diferencia que no fuera arbitraria entre la Universidad de Concepción y la del Bío-Bío?
En consecuencia, creo que, si bien el resto del proyecto se justifica, no ocurre lo mismo con las disposiciones en análisis. Y por eso las voy a rechazar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero corregir al Senador que acaba de intervenir: el 2,7 por ciento también se aplica a las universidades estatales. El punto es que, excepcionalmente, por razones fundadas, porque lo pida el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Educación, o las propias universidades, se podrá proceder a la expansión de matrícula, como lo hizo la Universidad de Chile con el proyecto de fortalecimiento Juan Gómez Millas, que significó un crecimiento importante y muy justificado. Nadie podría discutir hoy día los planes de magíster que se están dando en áreas como sociología y en muchas otras.
Pero aquí el tema es más de fondo y tiene que ver con las cifras.
Estamos a punto de conocer los resultados definitivos de las postulaciones de los jóvenes que rindieron la PSU, correspondiente al proceso 2017, y saber finalmente en qué universidades terminarán matriculados. Y va a ocurrir lo mismo que sucedió el año pasado, cuando el 48,4 por ciento de los estudiantes que pusieron como primera preferencia a universidades estatales no alcanzaron matrícula en dichas instituciones. ¿Acaso esos jóvenes estaban blufeando? ¿Acaso estaban especulando porque tenían demasiadas posibilidades para postular? ¡No!
Lo que se produce es una gran frustración entre jóvenes que, teniendo buenos puntajes y prefiriendo abrumadoramente a universidades del Estado, por su calidad, por la investigación que desarrollan, por las exigencias que ahí existen, por la vinculación con los territorios, no pueden matricularse en esas casas de estudios.
Por eso, la defensa de las universidades del Estado no tiene que ver solo con la posibilidad de una universidad regional tal o cual.
Lo anterior significa que hoy día tenemos como matrícula pública un bajísimo porcentaje. Del conjunto de la educación superior, solo el 16 por ciento corresponde a matrícula pública. Lo plantearon los rectores, hace dos semanas, cuando empezamos a discutir el tema. Y ello, en circunstancias de que los países de la OCDE exhiben 69 por ciento de matrícula estatal, en promedio. Estados Unidos, ¡73 por ciento! Chile, ¡16 por ciento!
Por lo tanto, no digan que aquí podría haber discriminación arbitraria, porque, aplicándose las normas del 2,7 por ciento, se permite, por vías excepcionales, crecer cuando las universidades presenten un plan muy bien fundamentado o cuando el propio Estado se haga cargo de una situación real.
Entiendo que en estos días el Presidente electo, Sebastián Piñera, que asume en marzo, estuvo presente en el Congreso del Futuro. ¿Y cuáles son las conclusiones que se han extraído de dicho evento, al que apoya este Senado? Entre otras cosas, que en menos de una década tendremos, en el norte, la mayor cantidad de observatorios astronómicos del mundo (el 70 por ciento de todos los telescopios van a estar en Chile) y sucede que no contamos con más de diez doctores en astronomía.
Somos el segundo país productor más grande de salmón en el mundo -lo recordaba el Senador Rabindranath Quinteros- y no tenemos doctores en acuicultura capaces de atender todos los cluster productivos. Somos el país más sísmico del planeta y no tenemos más de doce doctores en sismología.
Bueno, ¡eso va a requerir planes especiales!
Yo esperaría de nuestra Corporación que cada año le estuviéramos pidiendo al Ejecutivo -probablemente, algunos Senadores serán llamados a incorporarse al futuro Gobierno- a ser consecuentes con dicha realidad, con esta clara necesidad que tenemos de formar jóvenes especialistas en determinadas materias.
Por consiguiente, ¿discriminación arbitraria aquí? ¡Cero!
¿Qué pasó durante la última década, entre los años 2005 y 2016? Yo di algunos datos. La matrícula total del sistema creció 82 por ciento. ¿Cuánto creció la de las universidades estatales? ¡Tres por ciento!
Estamos muy lejos de que este proyecto pueda significar siquiera un trato preferente para las universidades del Estado; más bien, constituye una mínima puesta al día para que ellas puedan competir en igualdad de condiciones.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quisiera empezar mi intervención diciendo lo siguiente, sobre todo para la gente que puede estar escuchando este debate: a veces -nos pasó en las Comisiones unidas- se puede confundir o se puede deslavar el objetivo central del proyecto, el cual, en mi opinión, ha quedado meridianamente claro en las últimas intervenciones.
Si nosotros queremos cumplir con el objetivo de la normativa en estudio, que es fortalecer y mejorar las condiciones en que el Estado entrega educación superior a través de sus universidades, entonces debemos entender que esta es una iniciativa especial dirigida a las universidades estatales.
Porque en el debate se tiende a confundir todo: las privadas-privadas, las del G9, y las estatales.
Este es un proyecto dirigido a las estatales. ¿Por qué? Por lo que aquí ya han expresado con claridad otros Senadores, tanto de Oposición como de Gobierno: la situación actual de la educación superior a nivel estatal no está acorde con lo que la gente tiene derecho a exigir de instituciones que pertenecen al Estado.
Ese es el punto.
Y, si uno acepta esa premisa, no tiene para qué complicarse la vida con que aquí existan medidas que efectivamente busquen fortalecer, priorizar a dichas instituciones. No es discriminar: es priorizar. No hay una discriminación contra otras universidades.
Ahora, si queremos fortalecer a las estatales, es evidente que hay que posibilitarles su crecimiento, pero entregando calidad. Y para eso hay que concederle recursos, financiamiento. Ya discutiremos si la cantidad de dinero para el plan de fortalecimiento (300 mil millones de pesos) es suficiente o no. A nosotros nos parece que no, pero, de que es un avance, es un avance.
Entonces, a uno le da la impresión de que el debate se transforma, en definitiva, en que, si vamos a hacer algo para las estatales, hay que hacer lo mismo para el resto. Esta lógica es la que revela que tenemos una diferencia, que se expresa.
Yo soy absolutamente partidario de este proyecto, así como también lo soy de que los aportes basales que se les entregan a las universidades del G9 y del CRUCh se hallen establecidos en una ley permanente. No veo por qué no pueda ser así.
Aquí se ha planteado sistemáticamente que dichos aportes deben realizarse año a año, pero es evidente que sería mucho más positivo que estuvieran garantizados por una ley permanente. Ello, porque igualmente nos interesa fortalecer y mejorar, por supuesto, la educación superior que ofrecen universidades tradicionales que, siendo públicas, son privadas; cumplen una función pública, pero son de propiedad privada, de instituciones o de fundaciones, como la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y varias otras.
Pero aquí estamos hablando de las universidades estatales. Y sabemos que existe una diferencia enorme: de acuerdo a lo que conversábamos en las propias Comisiones, ellas tienen mucha influencia y juegan un papel muy importante, sobre todo en regiones.
Casi todas nuestras regiones cuentan con universidades estatales, en su mayoría exfiliales de la Universidad de Chile o de la antigua Universidad Técnica del Estado, que por distintas razones no han estado a la altura para entregar, en los distintos territorios, no solo enseñanza superior, sino también un aporte al desarrollo regional al inmiscuirse o formar parte de las propuestas de crecimiento, mejoramiento, calidad o innovación.
Entonces, si tal es la lógica y tales las premisas que compartimos todos, no entiendo por qué permanentemente se plantea que la iniciativa significa una discriminación o que es negativa para el resto de las instituciones del sistema de educación superior.
Lo lógico es que la enseñanza privada-privada tenga ciertos objetivos o proyectos, que no tienen por qué ser los mismos que los de las universidades estatales. Aquí el Estado, el Ministerio de Educación, por definición de una política, perfectamente puede exigirles a sus universidades que orienten su trabajo a determinadas áreas, y eso no tendría por qué molestar a nadie. Es parte del rol que debe jugar el Estado y la razón por la cual nosotros apoyamos entusiastamente esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, simplemente quiero recordar que estamos discutiendo un proyecto que responde a una decisión política, compartida aquí al final, en el sentido de que había que separar la discusión acerca de la Ley sobre Educación Superior de la relativa a la Ley sobre Universidades del Estado. Y ello, por el convencimiento de que los planteles estatales tienen una particularidad y una problemática, pero también una funcionalidad, misión y características de gestión distintas de las de otras casas de estudios superiores.
Por lo tanto, no hay razón para complicarse con la existencia de ciertos beneficios, incluidos en esta propuesta legislativa, para mejorar la gestión de universidades públicas. Estos responden al hecho de que las universidades del Estado -en todas partes del mundo, por lo demás- cumplen una función y tienen roles que son diferentes de los de otros planteles en general. De hecho, presentan mayores exigencias y, además, tienen la obligación, por su sentido, por su misión, de contribuir al progreso y al desarrollo integral del país, así como de cumplir con ciertos principios fundantes -laicidad por ejemplo, desarrollar el pluralismo, la participación- que no se observan necesariamente en otras casas de estudios.
Aquí mismo hemos hecho un conjunto de excepciones para mejorar la gestión de otros organismos o empresas del Estado, porque entendemos la naturaleza especial de las instituciones públicas: el régimen especial para compras públicas; la autorización para ejecutar y celebrar ciertos actos y contratos; la exención del trámite de toma de razón ante la Contraloría.
Un país perfectamente puede, por necesidades de Estado, exigirles a las universidades públicas cosas que no necesariamente les podría exigir a universidades privadas: trabajar en proyectos de integración con pueblos vecinos; contemplar un sistema de becas especiales para estudiantes de naciones de la región; desarrollar áreas que tal vez no son rentables, como la astronomía y otras especialidades.
Por lo tanto, más que preocuparse de si aquello discrimina o no, hay que entender que se trata de un régimen distinto, que responde a funciones diferentes, a principios estructurales diversos, relacionados con una visión y una razón de Estado, y que no necesariamente obedece a la misma perspectiva de otras organizaciones o fundaciones que también pueden elaborar o desarrollar proyectos universitarios.
Por tal motivo, no me parece que el proyecto constituya un abuso ni represente un perjuicio para un sistema que todos reconocemos que es mixto. De hecho, con las actuales disposiciones las universidades públicas han sido sistemáticamente perjudicadas con relación a las privadas, y eso nunca ha producido ningún recelo.
Lo que ahora estamos haciendo es perfeccionar nuestra institucionalidad a fin de mejorar la autonomía de las universidades, tanto en lo académico como en su gestión administrativa y financiera. Por lo mismo, debemos entender que se trata de exigencias distintas, normas diferentes y requerimientos que el Estado puede plantear a sus universidades, que son diferentes incluso a las públicas, con las cuales coinciden en muchos aspectos, pero no necesariamente en otros.
A mi juicio, hay que volver al origen de la discusión, porque de nuevo se plantea, indirectamente, que en el fondo no debería haber una legislación especial para las universidades del Estado, porque, cada vez que alguien sospecha que se puede afectar a las privadas, se señala que se está introduciendo un elemento discriminatorio.
Esta es una ley distinta. Partamos de esa base. Se tomó una decisión en la que todos participamos y, sin embargo, me parece que nuevamente están empezando a volar los fantasmas que hubo al inicio de la discusión.
No volvamos atrás. Todos estamos claros de que necesitamos un buen sistema de universidades públicas y de universidades del Estado.
Ahora estamos discutiendo, en particular, sobre universidades del Estado. Y en todos los países democráticos del mundo estas poseen un estatus diferente, así como reglamentos, normas y criterios de gestión distintos. Por ejemplo, la participación estudiantil, que es, desgraciadamente, acotada -pudo haber sido mejor- y que no puede imponerse a las universidades privadas.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad aquí no estamos hablando de fantasmas ni de discriminaciones que se hallen solo en el criterio de determinada persona o sector, sino de realidades que van a vivir universidades públicas como la Universidad de Concepción. A estas el Estado les va a fijar un sistema de financiamiento y de crecimiento de matrícula. Se trata de una decisión del Estado respecto de esos planteles.
Y quiero ejemplificarlo, porque los discursos dan a entender que estaríamos hablando de universidades privadas a partir del año 81. ¡No! Estamos hablando de universidades públicas de larga data y tradición en nuestro país.
La Universidad de Concepción es, en mi concepto, la más pública del país. Podrá haber otra igual, pero no creo que haya otra que sea más pública que ella, y cuenta con toda una tradición en ese aspecto. Sin embargo, esta normativa claramente la discrimina, pues el Estado le fija un sistema de financiamiento y de crecimiento. De este modo, no podrá competir con las universidades estatales, con las cuales convive a través de distintas organizaciones, ni tampoco aportar al desarrollo del país.
La de Concepción es una de las casas de estudios superiores preferidas por los estudiantes, no solo de la Región del Biobío, sino también del resto del país, por una cuestión de calidad. Pero hoy, a través de esta legislación, el Estado le establece un límite que no se lo impone ni a la Universidad de Chile ni a la Universidad del Biobío, con la cual comparte el mismo territorio, pese a que ha contribuido, de la misma forma y durante años, al desarrollo del país.
¿Cuál es la razón objetiva para aquello?
Si a mí me dicen "¿Sabe? Quiero comparar la Universidad de Chile con la Universidad del Desarrollo", es claro que ahí hay una diferencia fundamental. ¡Indudablemente! Por lo tanto, las normas deben ser vistas de una forma distinta. Yo me niego a que la mirada que se usa para comparar a la Universidad de Chile con la Universidad del Desarrollo, o con cualquier otra de ese tipo, se le aplique también a la Universidad de Concepción. Eso significa desconocer la historia, la tradición, la manera en que este plantel se estructura y los aportes que él ha realizado a la región.
Ahí, sin duda, la discriminación es evidente. Con este cuerpo legal, nunca más la Universidad de Concepción va a tener la posibilidad de pedirle al Gobierno: "Mire, yo quiero crecer más, porque mi ingeniería, mi facultad de medicina (de las mejores del país), quieren expandirse en tal o cual factor". Y el Gobierno tampoco le podrá decir: "Oiga, usted debe hacer un aporte más relevante a la Región del Biobío".
Esta normativa establece una diferencia tan clara en ese aspecto que impide que uno la apoye.
Aquí no se trata de un debate entre universidades estatales y universidades privadas, sino del reconocimiento hacia universidades públicas, que en Chile han existido, existen y seguirán existiendo. Y creo que es bueno que así sea.
Este proyecto, claramente, genera un cambio en las reglas del juego que necesariamente harán que la Universidad de Concepción sea tratada de manera discriminatoria y, por tal motivo, me resulta imposible no rechazarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a Sus Señorías que esta sesión está convocada hasta las 14.
Hay tres Senadores inscritos, así que les quiero pedir que prorroguemos la hora de término, primero para terminar la votación que estamos efectuando, y luego, para realizar la última que quedaría para despachar la iniciativa.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor MONTES.- Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- Por supuesto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado, entonces.
A continuación, tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, estamos frente a una iniciativa bastante compleja.
Entendemos la necesidad de priorizar y relevar a las universidades estatales, particularmente porque muchas de ellas no han logrado alcanzar estándares de calidad razonables en los últimos años, en lo cual, por cierto, no tienen ninguna responsabilidad las demás instituciones pertenecientes al sistema de educación superior, pues ello se ha debido pura y simplemente a la completa negligencia de varios planteles estatales que no han estado a la altura.
Es bueno, por lo tanto, que se adopten políticas públicas que permitan que dichas casas de estudios superiores recuperen los niveles de calidad que se le exige al resto. Sin embargo, en el tema específico referido al límite del crecimiento de la matrícula, me parece que esta normativa apunta en una dirección absolutamente equivocada.
Primero, las cifras que han dado algunos señores Senadores y otras contenidas en determinados documentos indican que la matrícula de los planteles estatales ha disminuido o representa una fracción menor del total de la matrícula de la educación superior chilena. Pero me pregunto si ello es responsabilidad del sistema o del resto de las universidades, privadas o públicas, que han estado experimentando un incremento de sus matrículas, o si se debe, de nuevo, a la falta de interés, a la negligencia o a la desidia de algunas instituciones, que no han entendido que hoy día existe una demanda muy fuerte por incorporarse a la educación superior, dados los incrementos de los niveles de enseñanza y las posibilidades que efectivamente ofrece nuestro sistema.
En tal escenario, restarse de aquello no hace que no crezca la matrícula, sino que crezca por otro lado. Dicho en otras palabras, que la educación superior de naturaleza estatal no haya crecido no es culpa de los planteles que sí lo han hecho, motivados por responder a una demanda por enseñanza que universidades estatales no supieron asumir, y que no pueden ser castigados ahora por haber enfrentado con éxito tal desafío. No se les puede pasar la cuenta porque hicieron un trabajo que las instituciones estatales dejaron de hacer.
En segundo lugar, me parece que definir el tamaño de las universidades y establecer si deben crecer o no en matrícula tiene mucho que ver con la autonomía universitaria. Y este concepto, definido en diversos artículos del proyecto, no apunta solo a las universidades estatales. En efecto, en el corazón de nuestra Constitución, en su artículo 1°, se consagra que los grupos intermedios están dotados de autonomía para lograr el cumplimiento de sus fines. Y, ciertamente, las instituciones de educación son órganos intermedios que tienen la competencia para definir por dónde van.
Ahora, en este caso, por razones completamente absurdas, lo anterior se restringe para las universidades no estatales. Así, para que puedan aumentar su matrícula se les fijan exigencias distintas, como aquí se ha hecho ver. De esta forma, van a requerir autorizaciones que no se les exigen a las universidades estatales. Eso es precisamente lo que estamos discutiendo.
El número 3) del artículo 62 dice: "Las universidades del Estado podrán establecer planes de crecimiento de su oferta académica o de su matrícula. Dichos planes deberán obedecer a necesidades estratégicas del país y sus regiones, basarse en indicadores objetivos, considerar mecanismos de equidad e inclusión", etcétera.
Si lo hacen bien, con un buen criterio, se les permitirá aumentar las matrículas. ¿Por qué no se les da esa posibilidad a las otras universidades? ¿Por qué solo a las estatales se les exige tener buen criterio y a las otras no se les da autorización, salvo que cumplan determinados requisitos?
Este es un trato distinto. Y en castellano se llama "discriminación". No existe una razón objetiva. Y el argumento del financiamiento tampoco lo es. Porque lo que importa es que las instituciones hagan bien su pega, que sean de calidad. ¡Pero para eso existe el sistema de acreditación! ¡Las instituciones universitarias deben estar acreditadas!
En consecuencia, estamos tratando de resolver el problema de la calidad por la vía del financiamiento. Eso no es justo. Las universidades estatales tienen el aporte basal y el que les llega por las matrículas. Las otras universidades, por ejemplo, las privadas, solo cuentan con lo que les llega por la matrícula. Y las universidades públicas, que no son estatales, no tienen por qué ser tratadas de manera distinta a las universidades estatales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, con normas de esta naturaleza uno esperaría que conceptos que son comunes para el interés universitario también fueran resueltos en forma común o igual.
La pregunta de fondo es la siguiente: ¿Es relevante o no la oferta académica de la matrícula que una institución pueda realizar?
Si alguien afirma que no lo es, uno podrá decir que da lo mismo porque son temas secundarios. Pero si, como yo pienso, la oferta académica de una institución de carácter universitario es muy importante para su futuro, su proyección, este tipo de normas resultan claramente inaceptables.
Deseo hacerme cargo -por su intermedio, señor Presidente- de las palabras planteadas por el Senador Montes cuando defendió esta discriminación. Él, de un modo muy claro, expresó: "Bueno. Es que antes había otro tipo de discriminación".
Si uno pretende resolver de alguna manera errores, que pueden haber ocurrido o no, siguiendo con la lógica de las discriminaciones, generando otras, perdónenme que les diga que es el peor de los sistemas para hacer algo que sea justo.
Entonces, desde un punto de vista filosófico, no me parece válida la argumentación de que esto es bueno o legítimo porque antes había algo que no era bueno ni legítimo. Considero que se trata de un error conceptual y, lamentablemente, sirve de matriz para el efecto que se está produciendo en la iniciativa.
Uno podrá entender que la lógica de la gratuidad puede tener límites en el ámbito de acción. Y se puede desprender que los aumentos de matrículas o de la oferta académica no son neutros respecto de una institución. Pero lo que no se puede entender es que se haga una distinción entre las universidades del Estado, que serían los "buenos" para estos efectos, y los G9 (las universidades privadas), que serían los "malos". Porque se les exigiría un grado de requisitos o de valoración distinto que a las primeras.
Claramente, eso es discriminatorio. Yo vengo llegando de la inauguración del Congreso del Futuro. Y en la región que represento hay universidades del G9, como la Universidad Católica del Maule, instituciones privadas, como la Universidad Autónoma de Chile, que con esta norma tendrían un modo de funcionamiento distinto de la otra institución participante en ese evento, la Universidad de Talca. Las tres trabajaron en conjunto en el Congreso del Futuro el día de hoy.
En consecuencia, de verdad aquí hay un tema ideológico muy severo. Se les están fijando determinados roles a algunos y cercenando posibilidades a otros, lo cual es la esencia de la discriminación. Por ende, no puedo obviar el entusiasmo de algunas bancadas del frente por consagrar legalmente este tipo de discriminación, esta forma distinta de proyección que no superará la eventual desigualdad que se ha planteado que existe ahora, sino que generará desigualdades de aquí en adelante.
Considero que sería lo peor que uno podría hacer desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva del sentido común.
Por eso, pienso que esta parte de la norma es profundamente equivocada, dañina e innecesaria con relación a otras que integran la iniciativa. Lo único que hace es alimentar esas famosas desigualdades que tanto se pretende inhibir desde otras iniciativas o puntos de vista. En mi opinión, es un grave error de la legislación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, hay un sector de Chile al que le ha costado subirse al fortalecimiento de las universidades estatales y apoyarlo con entusiasmo y con una expresión corporal de alegría.
He oído a algunos señores Senadores, y me parece que lo dicen de buena fe, que creen que hay que apoyar a las universidades estatales, pero les ha costado llegar a ese punto en la discusión.
Lo que estamos debatiendo acá -quiero ser bien directo y conciso en esto- no es lo que han dicho -lo menciono con mucho respeto- los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. No existe tal discriminación. Que quede claro en quienes ven este debate que lo que estamos aprobando es lo siguiente.
Actualmente, las universidades privadas en Chile -privadas privadas- no tienen ninguna restricción en su matrícula, salvo que adscriban a la gratuidad. Toda universidad en Chile que accede a ese beneficio requiere autorización del Ministerio de Educación y de Hacienda para incrementarla. Las universidades privadas privadas, creadas después de 1981, las pertenecientes al G9 o las estatales, todas requieren autorización. Lo que hace el presente proyecto es que el Estado pueda exigirle a una universidad estatal que aumente la matrícula cumpliendo ciertas condiciones. Esa es la diferencia. Y no lo puede hacer respecto de las universidades del G9 ni de otras privadas, salvo que queramos cambiar su gobernanza.
Voto a favor, señor Presidente, porque, finalmente, hacemos justicia a las universidades del Estado en Chile.
Me alegra que se haya votado en general y que, salvo algunos artículos pequeñitos, hayamos tenido unanimidad en el Congreso para aprobar esta reforma.
Considero que es muy importante. Hubo que masajear y explicar mucho cómo se iba a hacer, pero hemos logrado tener el apoyo de un sector que era un poco reticente a esta reforma, que considero muy valiosa para Chile.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 17 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones y un pareo, se aprueban el inciso segundo del artículo 51 y el número 3) del artículo 62.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Ossandón y Pérez Varela.
Se abstuvieron los señores Prokurica y Patricio Walker.
No votó, por estar pareado, el Senador señor Coloma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde realizar la votación separada del artículo 60, que figura en las páginas 66 y 67 del comparado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para abrir la votación?
Acordado.
En votación el artículo 60.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- ¿No iba a hablar el señor Ministro?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Ministro había pedido la palabra anteriormente, pero estábamos en votación. Sin embargo, si la solicita ahora, no hay problema.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, ¡seré breve para que no me apaguen el micrófono...!
En este momento, y también por lo que planteó el Senador Pizarro hace un instante, como esto viene en tándem con otra iniciativa, tanto las universidades del G9 como las del Estado están recibiendo fondos basales permanentes a través del AFD (ambos grupos), del convenio marco (estatales) y del convenio de desempeño (G9).
Los recursos que llegan a las universidades del G9 -que son nueve- alcanzan a alrededor de 140 mil millones de pesos, y los que van a las universidades estatales -que son 17-, a cerca de 215 mil millones.
Con este proyecto nosotros decimos que en diez años se gastarían 300 mil millones, pero cuidando de que en los dos primeros años de la próxima Administración -el 2018 y el 2019-, durante los cuales no habrá recursos de holgura, no crezcan: se quedan en 215 mil millones, pasando a 230 mil millones y a 245 mil millones en 2020 y 2021, respectivamente, cuando sí habrá holguras fiscales.
Al final, vamos a pasar de 215 mil millones a 245 mil millones en un lapso de diez años, como piso. Por tanto, se trata de un incremento moderado, que, claramente, no pone a las universidades estatales o a las del G9 en una posición desmejorada respecto de las privadas; pues -como decía- las instituciones de educación superior del G9 disponen de alrededor de 130 mil millones (9 universidades), y las otras de 215 mil millones o 230 mil millones (17 universidades).
Estos recursos son absolutamente requeridos, como ha quedado claro en la discusión por lo que plantearon los Senadores Bianchi y Letelier. Tenemos dos nuevas universidades que necesitan equipamiento; por ende, sin este plan de fortalecimiento todo lo anterior sería, de verdad, más declarativo que real.
Si bien es cierto se trata de un esfuerzo importante, creo que es plena y responsablemente financiable.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en primer lugar, debo señalar que en el proyecto sobre universidades del Estado, que estamos votando en este minuto, se incluía por ley el fondo que hoy día se halla considerado en la Ley de Presupuestos, el cual contiene los aportes basales para las universidades estatales.
En la otra iniciativa que estamos discutiendo, sobre el sistema de educación superior, no venía originalmente el fondo que hoy día se encuentra en la Ley de Presupuestos, relativo a los aportes basales para las universidades privadas tradicionales o públicas no estatales (o sea, las pertenecientes al G9).
Después de una petición formulada al Gobierno -yo diría que más bien se trató de una presión transversal-, hoy en la tarde se incluirá en las indicaciones que se presentarán al proyecto de ley sobre educación superior lo relativo al fondo espejo para las universidades privadas tradicionales.
Por lo tanto, vamos a tener en la ley sobre universidades del Estado el fondo para dichas casas de estudios superiores, y en la de educación superior, el fondo para las universidades del G9, establecido legalmente.
En consecuencia, ahí se genera un equilibrio entre las universidades estatales y las privadas tradicionales.
Sin embargo, en forma anexa, aquí se contempla un fondo que va solo a las entidades de educación superior del Estado, el cual estamos discutiendo a propósito del proyecto que nos ocupa, pero no existen platas adicionales para las privadas tradicionales.
Quiero explicar que ninguno de los dos fondos anteriores implica recursos adicionales, porque ellos se consideran todos los años para las universidades privadas tradicionales y para las estatales en las respectivas leyes de presupuestos.
Los fondos adicionales a los de la Ley de Presupuestos existen solo para las entidades del Estado, no para las privadas tradicionales.
Originalmente, eran 150 mil millones de pesos, pero el viernes, a último minuto, nos enteramos de que ese monto ahora llega a 300 mil millones de pesos.
No obstante, nunca se explicó realmente -de hecho, no estuvo presente el Ministro de Hacienda en ese momento- de dónde venía el financiamiento, y, como discutimos este asunto en las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación, no hubo espacio para analizar el origen de tales fondos.
Ese es un tema, señor Presidente.
Por otro lado, respecto de esas platas adicionales -como dije-, no existen fondos espejo para las universidades privadas tradicionales, como la Austral, la de Concepción, la Federico Santa María.
Ese fondo de fortalecimiento de 300 mil millones, que se entregarán en el lapso de diez años, no está considerado para las universidades privadas tradicionales. Se trata de un fondo nuevo, exclusivamente para las universidades estatales.
En consecuencia, las únicas entidades de educación superior que recibirán financiamiento adicional, recursos frescos, serán las estatales, porque las privadas tradicionales o las del G9 continuarán percibiendo el fondo que todos los años viene consignado en la Ley de Presupuestos. Lo único nuevo es que ahora dicho fondo se establecerá por ley. Finalmente, el Gobierno cedió y le dará rango legal para las universidades privadas tradicionales y para las universidades estatales, sin aumentar la cantidad de plata.
En eso están igualadas tales entidades de educación superior.
Pero existe un trato discriminatorio, desde nuestro punto de vista, hacia las universidades privadas tradicionales, porque a las estatales se les aumenta el financiamiento a 300 mil millones de pesos, sin haber explicado realmente su procedencia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Que intervenga primero el Senador Quinteros, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, siempre he sido partidario de un trato preferente del Estado hacia las universidades estatales. El Estado le debe dar un trato prioritario a sus universidades.
Esto, que parecería de Perogrullo en cualquier parte del mundo, no lo es así en Chile. Hasta algunas autoridades de universidades públicas se autocensuran y evitan utilizar dicha expresión.
Como en muchas cosas, en Chile se da la situación inversa: es el Estado el que discrimina negativamente y perjudica a sus universidades.
Un entramado de normas que parten desde la Constitución y que incluye a leyes, estatutos, fondos, reglamentos y dictámenes de la Contraloría General de la República conforma un marco jurídico que asfixia y termina limitando a estas instituciones.
Ello se contrasta con la libertad de que disponen las instituciones privadas y la marcada preferencia del sector privado, especialmente de las empresas y ejecutivos, por ciertas universidades también privadas, que se expresa en redes, donaciones y proyectos conjuntos.
Este proyecto se propone volver a poner las cosas en su lugar. Es decir, a retomar un camino que ya recorrió el país, en los comienzos de la república, cuando tomó la decisión de crear e impulsar la Universidad de Chile, institución llamada a constituirse en pilar fundamental del desarrollo nacional.
Era entonces un Estado mucho más pequeño que el actual, pero que, a pesar de ello y quizás por lo mismo, apostó por una institución del Estado para acompañar al país en su proceso de consolidación y desarrollo.
Esos objetivos los cumplió sobradamente la Universidad de Chile, que luego fue acompañada por la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago.
Lo que propone este proyecto no es nada revolucionario, entonces. Es casi conservador si nos comparamos con otros países.
Lo que dice es casi una obviedad: las universidades del Estado responden al interés público, a los más altos intereses de la sociedad, y requieren ser tratadas de acuerdo a su propia especificidad.
Lo mínimo entonces es que cuenten con un marco propio, aunque creo que nos quedamos cortos, o al menos estamos llegando atrasados, con las normas que estamos aprobando.
Por ejemplo, en materia de objetivos o de misión, creo que el país puede fijarle exigencias diferentes a la Universidad de Chile, que vayan de la mano de sus capacidades.
En el mundo globalizado de hoy, pienso que dicha casa de estudios superiores debe constituirse en un actor de clase mundial.
Hoy se ubica entre las diez primeras de América Latina y en el lugar 200 a nivel internacional.
Si queremos diversificar nuestra economía, como acá se ha dicho; si queremos liderar en la sociedad del conocimiento, nuestra principal universidad debe proponerse objetivos superiores y su dueño, el Estado de Chile, debe impulsarla y apoyarla en ese propósito.
En bastantes aspectos, la Casa de Bello debe ser la cara y el aporte de Chile al mundo, tal como nuestras Fuerzas Armadas contribuyen a la paz mundial en muchos territorios del planeta, o CODELCO, que debe transformarse en un actor mundial para seguir liderando la industria minera a nivel internacional.
La Universidad de Chile debe estar abierta al conocimiento de punta, a profesores, a estudiantes y a programas que respondan a esa escala global.
Por lo tanto, es posible que requiera condiciones diferentes para acometer estos desafíos. Con las normas actuales, no sé si Andrés Bello, un sabio de su tiempo, hubiera podido ser rector de la Universidad de Chile.
Esta necesidad de mayor diferenciación también rige respecto de las universidades regionales. Su vinculación con el medio, su relación con las comunidades y con los gobiernos regionales debe adquirir otra calidad.
Por cierto, debe haber complementariedad y colaboración con las entidades de carácter nacional.
Un buen ejemplo a citar es la Escuela de Temporada, que se desarrolló en estos días en Chiloé, organizada en conjunto por la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Chile. La última se había desarrollado hace cincuenta años.
Es clave, entonces, recuperar el tiempo perdido, conformando asociaciones o consorcios que cuenten con autonomía para acceder a recursos y asumir proyectos comunes.
Ahora bien, todo lo anterior no obsta a que el Estado reconozca las especificidades propias de ciertas universidades privadas con clara vocación pública, como aquellas que conforman el G9 y otras privadas que se destacan en sus funciones y se guían igualmente por el interés público. Algunas de ellas pueden constituirse también en instituciones de clase mundial, y el Estado debe apoyar esos proyectos.
Pero eso es materia de otras iniciativas. En esta, se trata de regular y fortalecer a las instituciones del sistema estatal, y con ellas nuestro compromiso debe ser fuerte y nítido.
¡La situación actual no puede seguir dilatándose!
¡No es posible que continúe achicándose el sector estatal, como ha ocurrido en los últimos años!
¡Hay que actuar ahora!
De otra manera, nuestro país desaprovechará una nueva oportunidad para desarrollar sus regiones, para acercarnos a las fronteras del conocimiento, para posicionar a Chile en el mundo del futuro.
Me alegro de que este proyecto se apruebe, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, seré muy telegráfico.
Yo creo que cuando el Senador Coloma señala que este es un problema ideológico severo tiene razón. Efectivamente, ¡es un problema ideológico severo! Pero viene desde 1980, 1981, cuando se le impuso al país un modelo sin haberlo discutido con nadie. Y ese modelo genera consecuencias y secuelas hasta ahora y terminó delimitando al sector público en todos los niveles.
Quiero coincidir con el Senador Coloma en eso: es muy ideológico el modelo que se nos impuso, y ahora queremos transformarlo.
Respecto al fondo espejo que acá se menciona, por cierto hay efecto espejo, pero en un sentido bien preciso: tanto el aporte marco como el fondo de desarrollo de las universidades del G9 van a estar en ley permanente. Ese es el acuerdo con el Gobierno. Y ese es el efecto espejo: estarán los dos en ley permanente. Pero son distintos, porque las realidades son diferentes.
En tercer lugar, no puedo evitar decir una cosa.
Aquí hay una gran sensibilidad para expresar: ¡Cómo puede haber un plan determinado de desarrollo de las estatales y cómo puede hacerse diferencias!
Los señores Senadores de enfrente, hace dos años, aprobaron, presionaron y negociaron con el señor Ministro de Hacienda un fondo para las universidades privadas privadas muy grande a través de las Becas Bicentenario. ¡Son 70 mil millones por año! Es lo más grande que ha habido nunca. ¡70 mil millones por año! Si fueran diez años, ascendería a 700 mil millones.
Y ahora hay un plan de recuperación de 300 mil millones, con el cual, en verdad, estaban todos los rectores de acuerdo. Y tenemos las actas. ¡El rector Ignacio Sánchez y otros decían que estaban muy de acuerdo, que debía haber un plan de recuperación! ¡Pero cuando se llega a concretar empiezan las reacciones!
Es un error nuestro, de la Centroizquierda, haber pasado tantos años sin una propuesta específica en que el Estado asumiera sus universidades, tuviera un plan de desarrollo para ellas y les permitiera responder a las necesidades de nuestro país en formación profesional, en investigación y también en políticas públicas.
Tenemos un déficit de universidades estatales, de universidades públicas. Y aquí se está tratando de implementar una dinámica de recuperación.
Yo creo que es muy importante aprobar este fondo, y no entendería por qué la Derecha lo tendría que votar en contra. No entendería por qué. El fondo busca fortalecer a las universidades estatales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estamos en la última votación, del último artículo de un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, pone en el centro de la discusión un debate importante: el fortalecimiento de las universidades estatales.
Yo me alegro de que con las bancadas de la Derecha, que generalmente han estado refractarias a este tipo de situaciones, podamos coincidir en una serie de avances, en reconocer el rol de las universidades del Estado. Y también me alegro de que el Ejecutivo, nuestro Gobierno, haya puesto el esfuerzo para una definición que no siempre era homogénea, en la que no había pleno consenso.
Creo que será un legado de la Presidenta Bachelet haber fortalecido las universidades estatales y alterar, modificar esa verdadera vergüenza que, desde el punto de vista de los porcentajes, teníamos a nivel internacional.
Para esta sociedad a la que tanto le gusta compararse con cifras de otros países, especialmente de la OCDE, tener un 16 por ciento de matrícula estatal claramente es una anomalía, claramente es una situación que se fue tolerando por acción u omisión, y ante la presión -digámoslo también- clara y precisa de universidades privadas constituidas después de 1981, que aumentaron en una cantidad exponencial su matrícula. Y hubo instrumentos efectivos que las fueron motivando, principalmente el CAE.
Yo me imagino que en esos planteles debe haber gente muy contenta y muy feliz, porque aumentaron exponencialmente sus matrículas y consiguieron enormes recursos. Sería importante transparentar en algún momento -y creo que el Ministerio debiera hacernos llegar esa información- cuántos miles de millones, producto de estos instrumentos, han ingresado a esas universidades. Se constituyó en un gran negocio; digámoslo claramente.
Por eso, el año 2011 marchó la juventud, hubo una crisis en materia educacional. Y creo que hoy día se está corrigiendo, se está enrielando una situación que claramente estaba fuera de control y fuera de una definición de un Estado que tiene que apostar hacia las nuevas tecnologías, apostar a lo que votábamos en los artículos anteriores.
¡Cómo no va a ser facultad de las universidades del Estado aumentar la matrícula precisamente en esas áreas donde tenemos que ser vanguardia, en materia de energía solar, de energía eólica, de astronomía, de acuicultura, de desarrollo sustentable, de economía forestal! Tendrán que ser las universidades del Estado las que asuman esa orientación.
Señor Presidente, creo que es importante no confundir las situaciones.
Hay un compromiso -y qué bueno que lo ratifiquen los ministros presentes- respecto del fondo basal para las universidades del G9. Ello nos interesa -ha sido mi discusión permanentemente-, especialmente para tres universidades que resultan fundamentales en la estructura de nuestro país: la Universidad de Concepción, la Universidad Federico Santa María y la Universidad Austral. Tenemos el compromiso de asegurar su financiamiento a través del fondo basal. Y creo que ello es justo.
Pero, ¡por favor!, no falseemos la situación, ni nos convirtamos -porque he escuchado algunas intervenciones en esa línea- en verdaderos voceros de las universidades privadas, que lo único que quieren es mantener ese privilegio, ese laissez faire que tuvimos durante varios años para ingresar millones de millones.
Y cuando ocurría esa situación no vi a nadie levantar la mano para decir: "generemos igualdad de condiciones, igualdad ante la ley". Hablo de cuando las universidades del Estado estaban absolutamente asfixiadas y veíamos el retroceso en materia de infraestructura, de perfeccionamiento, incluso en incentivos al retiro, en renovación de plantas, en formación de nuevos académicos, de doctorados en las universidades estatales. Ahí no hubo voluntad.
Hoy día, algunos rasgan vestiduras en tal sentido. Bueno, les quedará la formación ideológica que subyace en esos planteamientos.
Hay que aprobar la ley en proyecto; fortalecer a las universidades estatales como corresponde en nuestro país; entender la vocación pública; y también proteger en lo que es pertinente a esa especificidad, a ese aporte que han hecho las tres universidades que he nombrado. En cuanto a las Católicas, durante mucho tiempo han tenido la cobertura eclesiástica -además, la visita del Papa en estos días creo que algo las ayudará-, han recibido la protección de la Iglesia católica. Pero me centro en tres universidades regionales: en el Gran Valparaíso, la Universidad Santa María; en el Gran Concepción, la Universidad del mismo nombre, y en la hermosa Valdivia, la Universidad Austral.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo último que hubiera esperado en esta discusión es que se usara como argumento la discriminación que este proyecto pudiera contener en contra de las universidades privadas, de las "pos 81" especialmente. Estas últimas, por el contrario, tuvieron durante este tiempo todas las posibilidades para crecer de manera muy desregulada.
Muchos de estos temas vienen comprendidos en la iniciativa que seguramente se terminará de discutir en la Comisión de Educación esta tarde, que es el proyecto sobre educación superior.
El Contralor simplemente nos daba un dato el otro día, a propósito de la gratuidad: 32 mil millones de pesos anuales recibe la Universidad de Chile; 29 mil millones de pesos se lleva la Universidad Autónoma de Chile, una institución que ha logrado superar los estándares, que hoy día se halla acreditada, adscrita -por supuesto- a la gratuidad y que además ha asumido el sistema único de admisión.
En el último caso hablamos de 29 mil millones de pesos. No quiero decir que haya algún cargo sobre esa universidad. Pero el Contralor nos señala: "Tenemos que ver la manera de cómo fiscalizar recursos públicos que van a todas esas universidades". Es mucha plata. Y eso en este momento no ocurre.
Aquí les estamos poniendo reglas muy extremas -diría yo-, y bien que así sea, a las universidades estatales, porque también hay que mejorar a algunas que se encuentran un poquito rezagadas. Pero estamos lejos de hablar de discriminación.
A veces veo un doble estándar, porque se les imponen a las universidades del Estado exigencias especiales, a las cuales se han sometido.
En este mismo proyecto se señala que "Las universidades del Estado deberán determinar" -y solo para ellas existe la obligación- "un órgano o unidad responsable y mecanismos que permitan coordinar e implementar los procesos de gestión, evaluación y aseguramiento de la calidad". Muchas privadas cuentan con tales organismos, pero aquí las estatales están obligadas a establecer dichas instancias.
Por lo tanto, los dos fondos considerados son absolutamente necesarios. Nadie puede argumentar que es mucho más de lo que se requiere. El Senador Montes daba un ejemplo: siguiendo el esquema de los recursos que se entregaron a las Becas Bicentenario, aquí se requerirían 700 mil millones de pesos, o sea, más del doble de lo que se les está extendiendo y en un plazo más corto para realmente emparejar la cancha con lo que se ha hecho recién en el último año.
Por lo tanto, nos parece que se trata de un paso que hay que dar. No nos pongamos una venda en los ojos. Aquí ha habido problemas serios de desregulación, de lucro, de recursos que no se han reinvertido en los procesos educacionales y de operaciones bien raras.
En ese último aspecto, pienso que hay que mirar -se lo pido al Ministerio- lo que está ocurriendo con la Universidad Gabriela Mistral, que según entiendo está siendo comprada por una organización extranjera -no sé si es un fondo de inversión- que ha tenido, sí, serios problemas en el mundo. O sea, no queremos más universidades ARCIS, ni Iberoamericana, ni Del Mar, que finalmente terminan haciendo un tremendo daño a nuestros jóvenes, entre otras cosas, porque ha habido publicidad engañosa al momento de ofrecer sus productos y sus vacantes.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a mi juicio, el debate ha discurrido por caminos bastante equivocados.
Cuando escuchaba al Senador Montes replicar la acusación del Senador Coloma en el sentido de que aquí estábamos frente a un sesgo ideológico, se decía que no había tal y que el sesgo ideológico vino de la constitución de las universidades por ahí por la década del 80 en el ámbito del financiamiento.
Algo similar señaló después el Senador De Urresti.
Pero, en mi opinión, al emitir tales conceptos se desconoce la historia del financiamiento de la educación superior chilena.
Cuando en 1931 se dicta el estatuto universitario se establece que a las universidades privadas (en ese minuto eran seis privadas frente a las dos estatales: la Universidad de Chile y la Técnica del Estado) se les reconocía la calidad de instituciones cooperadoras de la educación superior. Y en virtud de ese reconocimiento empezaron a recibir aportes fiscales en los mismos términos que los obtenían las universidades estatales.
No iban exactamente al mismo destino, porque las universidades no poseían igual densidad. La Universidad de Chile ya estaba desarrollando niveles de investigación importantes, y probablemente el resto de los establecimientos privados todavía no alcanzaba tal nivel.
Pero lo cierto es que desde entonces se les reconoció a las universidades privadas, porque estaban cooperando en la tarea docente del Estado, el derecho a recibir aportes fiscales, en los mismos términos -insisto- que las universidades públicas.
Tanto es así, que por la década del 70 el promedio de financiamiento de las ocho universidades era sobre 90 por ciento de origen exclusivamente fiscal. Es decir, el Fisco las mantenía a todas ellas.
Esa es la verdad.
Por lo tanto, señalar ahora que el sistema de financiamiento en virtud del cual se aporta a las universidades privadas empieza el año 1980 es una ignorancia; un desconocimiento de nuestra historia.
En tal sentido, resulta importante decir las cosas como son.
Lo que aquí se está haciendo, en cambio, es distinto. Se trata de crear un Plan de Fortalecimiento específico para las universidades estatales. Uno podría pensar -y sería justo hacerlo-: "Las universidades públicas no están cumpliendo bien su cometido y vamos a abrir recursos y fondos, o para que mejoren su trabajo, su aporte al desarrollo regional, o porque no están haciendo investigación y queremos que la desarrollen".
Esos objetivos son atendibles. Pero ello no corresponde a lo que se está haciendo. Aquí se está abriendo un Plan de Fortalecimiento que no persigue ningún fin, que debe ser destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que suscriba el Ministerio de Educación con los respectivos planteles estatales.
Aquí no existe ninguna finalidad. Puede ser orientado para tapar los déficits que tengan producto de la gratuidad o porque simplemente quieren abrir nuevas sedes y contar con otra infraestructura física. Puede ser para cualquier cosa.
¿A eso llamamos un plan de desarrollo específico para las universidades estatales?
No es eso. Y por tal motivo considero que este plan, aunque no les guste, termina siendo discriminatorio.
Porque si queremos mejorar a las universidades hay que mejorarlas a todas. ¡Si todas cumplen una función de apoyo a la tarea del Estado en términos de educar, formar y desarrollar investigación!
No tiene nada que ver, por lo tanto, que algunas universidades puedan haber lucrado, porque aquello ha estado prohibido siempre. La legislación chilena siempre ha impedido el lucro en las universidades. Nunca ha habido alguna que legalmente pueda lucrar.
Y si alguna lo ha hecho, se ha salido de la ley. Castiguémosla, pero no confundamos el lucro con lo que nos ocupa.
Cuando recién oía a un Senador decir que aquí estamos tratando de evitar que el lucro se produzca, ¿qué relación tiene aquello con el Plan de Fortalecimiento?
Señor Presidente, estamos frente a un Plan de Fortalecimiento que no tiene justificación respecto de su fin.
Y lo más grave de todo es que no se sabe cómo se financia el mencionado plan. ¡Si de un día para otro se duplicó su monto por presión de las universidades estatales! ¡Eso es arbitrario, además de discriminatorio!
Por otra parte, sienta un pésimo precedente que un Gobierno, al finalizar su período, endeude hacia el futuro a los gobiernos sucesivos. Y dice: "Subamos el financiamiento no más". ¿Por qué 300 mil millones? ¿Por qué no mil millones, un billón de billones? Da lo mismo: si total paga Moya, paga el futuro del país.
Lo anterior me parece irresponsable, señor Presidente.
A mi juicio, aquí caemos en discriminación, con un proyecto que no posee una justificación objetiva, que solo es una manera de tapar hoyos fiscales y que termina siendo discriminatorio e irresponsable, porque no se saben las fuentes de financiamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 60 (22 votos a favor, 2 en contra y un pareo), queda sancionado en particular el proyecto y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y el señor Hernán Larraín.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
--(Aplausos en la Sala).