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CREACIÓN DE MINISTERIO DE PUEBLOS INDÍGENAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.687-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 50ª, en 4 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 80ª, en 16 de enero de 2018.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales de esta iniciativa son crear el Ministerio de Pueblos Indígenas como el órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su desarrollo económico, social y cultural, y además, transformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pizarro y Quinteros.
Cabe hacer presente que los artículos 1 a 11; 14; 15, números 3, 6 y 21; 17, y 19 permanentes, y el artículo tercero transitorio tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 21 a 37 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- ¿Podría abrirse la votación, señor Presidente, ya que se autorizó el funcionamiento simultáneo de una Comisión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es mejor esperar un poco, Su Señoría, para ver si tenemos el quorum correspondiente.
El señor QUINTEROS.- Conforme.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto sobre creación del Ministerio de Pueblos Indígenas está íntimamente ligado al que crea los Consejos y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que esta Sala aprobó en general la semana recién pasada.
Ambas iniciativas se justifican por la deuda histórica que tiene nuestro país con sus pueblos originarios.
Ambas fueron objeto de un amplio proceso de consulta indígena.
Ambas apuntan a que Chile pueda disponer de políticas públicas más pertinentes y con mayor adhesión.
El proyecto sobre creación del referido Ministerio permitirá contar con un liderazgo claro en la formulación de dichas políticas. El relativo a los Consejos de pueblos indígenas les dará mayor legitimidad a las políticas públicas establecidas.
Las dos iniciativas son necesarias, y no se entiende la una sin la otra. Por lo tanto, si aprobamos en general la atinente a los Consejos, lo propio debiéramos hacer con la que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Desde la recuperación de la democracia nuestra institucionalidad ha tenido un progresivo desenvolvimiento, comenzando por la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que ha cumplido un importante papel.
Sin embargo, con el tiempo, han quedado en evidencia las limitaciones de la CONADI.
Por una parte, su carácter de organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social no le ha dado la preeminencia suficiente para coordinar diferentes políticas con marcado sello intersectorial.
Ese vacío ha sido llenado de distintas maneras por los sucesivos gobiernos. Se ha designado a subsecretarios, coordinadores y delegados, pero ninguno de ellos ha tenido continuidad ni ha logrado resolver el problema.
Se requiere un ministro que pueda liderar efectivamente las políticas públicas concernientes a los pueblos originarios, con capacidad real para influir sobre las múltiples políticas sectoriales que les afectan, como las de educación, salud, vivienda, cultura y medio ambiente, entre otras.
Por otro lado, el actual Consejo Nacional de la CONADI no reúne las características requeridas para cumplir un rol representativo de nuestras etnias, tanto porque no cuenta con representantes de todos los pueblos como porque contempla también la participación de funcionarios públicos en su seno.
En definitiva, es necesario avanzar hacia un nivel superior de organización, con rango de ministerio, encargado de diseñar las políticas, y hacia un Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, el que remplazará a la actual Corporación, el cual estará a cargo de ejecutar las políticas establecidas.
Asimismo, existirá un Comité Interministerial, cuya función principal será coordinar las diferentes políticas públicas que afectan a los pueblos indígenas.
Señor Presidente, son muy pocas las personas que niegan la deuda histórica que tienen la sociedad y el Estado chileno con sus pueblos originarios. El mismo Papa ha hecho referencia esta mañana a las injusticias de que ellos han sido objeto a lo largo de la historia.
Si queremos de verdad saldar esa deuda, debemos comenzar por entregar las herramientas necesarias: el Estado, con un Ministerio y un Servicio Nacional que aseguren el liderazgo y la pertinencia de las políticas públicas; y los propios pueblos indígenas, con un Consejo Nacional y nueve Consejos que doten de legitimidad y adhesión a dichas políticas.
Por supuesto, estas iniciativas son instrumentales y no resuelven por sí solas conflictos que se arrastran desde hace tantos años. Sin embargo, constituyen pasos necesarios para recuperar o establecer la confianza, aquella que ha sido quebrada en tantas oportunidades, pero sin la cual no podremos construir la paz y el desarrollo que se merecen los habitantes de esta tierra: ¡todos sus habitantes, de una, cinco, diez o cien generaciones!
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Verdad y nuevo trato: eso nos fue delimitando, señor Presidente, las políticas públicas indispensables para atender de modo efectivo las demandas de los pueblos originarios.
Atrás quedó la CEPI. Y también va quedando atrás la CONADI, que ha cumplido un rol esencial en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Pero tal estructura resulta muy limitada para atender las demandas de aquellos pueblos.
El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas y el que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas son las iniciativas institucionales más relevantes sobre los derechos de los pueblos indígenas impulsadas en los últimos años.
Una institucionalidad que ofrece un camino pacífico y democrático para la resolución de un conflicto que mantiene quebrantada la paz social al menos en la Región de La Araucanía, y también en otras zonas de nuestro país, hace necesario avanzar en estas materias.
Dichas iniciativas son complementarias, y debemos evaluar la mantención de una arquitectura adecuada, simétrica y con facultades robustas, tanto en el ámbito público cuanto en la relación con los Consejos y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, para resolver los asuntos que hoy confrontan a los pueblos originarios en la sociedad.
A través del nuevo Ministerio se avanza en un órgano del Estado especializado que permite reconocer la diversidad étnica, cultural y plurinacional que nos constituye como nación.
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no han otorgado reconocimiento constitucional a sus pueblos indígenas.
Nuestro sistema electoral no consagra un mecanismo de representación política especial para los pueblos originarios.
No disponemos de una legislación adecuada que resguarde el patrimonio material e inmaterial y proteja los recursos naturales y la biodiversidad.
El Ministerio de Pueblos Indígenas será el órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social y cultural, y a transformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en el Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas.
El referido Ministerio promoverá que los demás órganos del Estado desarrollen una acción coordinada y sistemática, con miras a implementar de un modo transversal los derechos de los pueblos indígenas en la actuación estatal y a garantizar su respeto e integridad.
El proyecto de ley faculta al Ministerio para establecer áreas de desarrollo en beneficio del progreso económico, social y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades. También se otorga la responsabilidad y la atribución de elaborar la política nacional indígena en términos de estudio, diseño, elaboración, monitoreo y evaluación.
Las materias cruciales del articulado dicen relación con la forma como se establece simetría entre las facultades del nuevo organismo estatal y las atribuciones aprobadas para el Consejo de Pueblo Indígena y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Mantener funciones solo consultivas o informativas de las instancias de representación en aspectos como política indígena, tierra y agua indígenas, consulta indígena y, en especial, susceptibilidad de afectación debilita la legitimidad de la nueva institucionalidad como espacio para la deliberación de los asuntos que preocupan a esas comunidades y afectan al país en diversos ámbitos, como la ejecución de proyectos públicos o privados y la conservación del patrimonio de las etnias originarias.
El texto determina que el Ministerio tendrá la facultad de recibir y analizar las solicitudes de procedencia de una consulta previa indígena efectuadas por los organismos de la Administración del Estado, y el Consejo de Pueblos emitirá una opinión.
El sistema requiere una instancia de resolución de conflictos y un procedimiento en detalle que se abordará en el reglamento, pero, sobre todo, la certidumbre de que las diferencias serán resueltas a través de la nueva institucionalidad. De otro modo, al mantenerse el vacío, las controversias seguirán radicadas en sede jurisdiccional, lo que generará incertidumbre a los órganos estatales y también en las inversiones del sector privado.
Entiendo la urgencia de legislar. Pero seamos claros: contemplar una estructura adecuada para el proceso de consulta, la declaración de susceptibilidad de afectación y la resolución de conflictos entre el Consejo de Pueblos, el Consejo Nacional y el Ministerio es un imperativo político. Ello constituye un desafío para la institucionalidad, más allá del gobierno de turno, porque la incertidumbre y la polarización de los conflictos en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas afectan nuestra convivencia social y democrática.
Claramente, la existencia del Comité Interministerial no es suficiente, en mi opinión, para legitimar el proceso de declaración de la susceptibilidad de afectación en el marco del Convenio N° 169. Se requiere una trama más compleja, que logre equilibrios entre la nueva institucionalidad del Estado y las instancias de representación.
Del mismo modo, el Consejo de Pueblos debe pronunciarse sobre la política nacional indígena. Si bien eso no será necesariamente vinculante, debe tener fuerza para que el Ejecutivo acuerde los contenidos.
Lo que estamos estableciendo, entonces, es la necesidad de que se recojan estas observaciones al tratar la Comisión las facultades del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblo Indígena, con motivo de la discusión particular del proyecto. Ello, para lograr que se apruebe una legislación que dé la certidumbre de que va a resolver un problema y no a generarlo.
Me parece que este es el paso más importante que el Congreso Nacional y el Ejecutivo han dado en los últimos años para considerar una estructura capaz de hacerse cargo de los temas indígenas y de conducir una solución a un conflicto que ya perdura largo tiempo.
Con entusiasmo, voto a favor de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me tocó participar un poco, al reemplazarlo a usted, en el debate de la iniciativa.
La primera reflexión que uno hace es que en nuestro país hemos experimentado un cambio importante, diría, desde el punto de vista cultural, al reconocerse compatriotas nuestros como integrantes de alguno de los pueblos indígenas que señala la ley.
Se calcula que constituyen un diez por ciento de la población. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un millón setecientas mil personas.
Creo que el proceso mencionado, bastante sustancial en los últimos años, es producto de que el asunto ha estado en el debate a nivel nacional, por distintas razones, pero también porque se va generando conciencia en la sociedad, en su conjunto, de que se requiere un trato especial y la aceptación de la realidad de nuestros pueblos indígenas, de lo que significan nuestra historia y la conformación de nuestra población.
Ha sido una etapa bastante prolongada, en verdad. Distintas administraciones han hecho esfuerzos por generar una institucionalidad que encare la cuestión de manera amplia e integral, desde el Gobierno del Presidente Aylwin, con la creación de la CONADI, hasta el del Presidente Lagos, con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.
En la primera Administración de la Presidenta Bachelet y en el programa de Sebastián Piñera se plantearon medidas similares en el sentido de establecer una suerte de Consejo de Pueblos Indígenas.
Recién ahora, en el Gobierno actual, se adopta la decisión de establecer una nueva institucionalidad, mucho más robusta, que permita disponer de atribuciones para que la creación tanto del Ministerio como del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblo Indígena recoja la experiencia histórica de las entidades anteriores.
Los dos proyectos en la materia fueron sometidos, por supuesto, a la consulta previa de los propios pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Ello me parece muy importante, porque esta es una de las obligaciones que asumimos a propósito del Convenio N° 169 de la OIT.
En un principio, ese instrumento internacional fue muy discutido, porque sabíamos que para algunos iba a implicar una traba, ya que se tendría que consultar en relación con cada proyecto de desarrollo, con cada realidad específica, lo que podría significar la no ejecución de uno de ellos o la imposibilidad de implementarlo como corresponde de acuerdo con las normas del mismo convenio.
Pero, en la práctica, luego de que se fuera diseñando una forma de participación, que era uno de los primeros problemas, se ha logrado llevar adelante un proceso que a la larga fortalece las propuestas -en este caso, la creación del Ministerio-, las legitima en términos de la realidad de los pueblos indígenas y de la futura institucionalidad, y permite transformarlas, por supuesto, en un instrumento al servicio del desarrollo de ellos mismos.
La consulta duró seis meses. Por la información que se nos entregó, participaron alrededor de seis mil ochocientas personas.
Como han dicho mis Honorables colegas, la Secretaría de Estado en examen será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, la coordinación, la evaluación de políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social, político y cultural, y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria -algo que ha estado muy acendrado en la sociedad chilena- en contra de ese sector.
¿Usted quiere interrumpirme, señor Presidente, para el efecto de la apertura de la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es.
El señor COLOMA.- Se corre el riesgo de que falte el quorum.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede proseguir el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Como decía, entre las principales características, atribuciones o funciones del Ministerio estarán las de estudiar, diseñar, elaborar, monitorear y evaluar la política nacional indígena, con la participación de los pueblos originarios.
También mencioné el Convenio N° 169. Una de las tareas de la Secretaría de Estado será la coordinación y colaborar con los demás órganos de la Administración para el efecto de implementarlo.
La consulta previa indígena puede transformarse en un problema si no se realiza bien. Es preciso convertirla, al revés, en una oportunidad y algo positivo. Será responsabilidad del Ministerio cooperar con otros organismos estatales y prestarles asesoría técnica en la ejecución de ese proceso.
Lo mismo dice relación con las solicitudes de procedencia de la consulta previa. La Cartera deberá recibirlas y analizarlas para los efectos de su resolución, con carácter vinculante, por parte del Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas.
Mi Honorable colega Tuma se explayó largamente acerca de las áreas de desarrollo para este sector de la población. Me parece que es ahí donde es preciso colocar los énfasis en cualquier política integral que vaya en beneficio de cada una de las comunidades, en el entendido de que se fortalecerán, cuidarán y mantendrán sus tradiciones más íntimas en el ámbito cultural, su lenguaje y su arte.
A mi juicio, este es un paso muy grande en una institucionalidad necesaria. Cabe reconocer que las experiencias en los últimos años no han sido suficientes para ir despejando o solucionando problemas que después se transforman en conflictos de otro tipo -de convivencia, en algunas áreas- por las distintas formas de ver lo que debe ser el tratamiento del Estado a los pueblos originarios.
Vamos a votar a favor de la idea de legislar, y en la discusión particular podremos llegar a un detalle más acabado de cómo trabajará la futura Cartera.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mí me gustaría hacer tres comentarios, de distinta naturaleza, con relación al proyecto.
Parto por una consideración de mérito acerca de la votación general.
Recordemos que nos estamos pronunciando sobre la idea de crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y que se hace referencia a dos instituciones nuevas. Una de ellas es la Secretaría de Estado misma, órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo económico, social y cultural. La otra es el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, continuador de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
En cuanto a la idea de legislar, a mí me parece que se apunta en un sentido correcto. Pienso que es preciso buscar una nueva institucionalidad -esa fue la palabra usada cuando se instaló el debate- en términos de contar con respuestas diferentes para los problemas actuales de los pueblos indígenas, que reclaman mayores espacios de inclusión y políticas de Estado integrales y sistemáticas.
Lo anterior, más allá del mérito del articulado mismo, que tendrá que estudiar el Senado.
Quiero representar a mi Honorable colega Von Baer, quien en este momento se encuentra en la Comisión de Educación, por petición expresa de la Sala, para la resolución del asunto de las universidades. Me pidió que lo señalara.
Antes expuse un concepto general, que me parece importante.
El primer comentario dice relación con algunos artículos del proyecto que son susceptibles de especial mejoramiento o de profundización.
Es necesario hacerse cargo de lo que ocurre en la actualidad con los programas indígenas. Tuve la ocasión de revisar un informe de una persona que concurrió a la Comisión de Gobierno.
Cuando se plantea una institucionalidad que remplaza a la CONADI, a mí me parece especialmente importante reflexionar acerca de qué tipo de programas se aplican. De los once en materia indígena que han estado sujetos a la evaluación de la Dirección de Presupuestos, ninguno -es algo bien singular- logró la calificación de desempeño suficiente. Dos de ellos demuestran falta de resultados, en tanto que tres requirieron modificaciones mayores; dos, un rediseño sustantivo, y otro, el reemplazo íntegro.
Esta es la conclusión que ese organismo del Estado ha hecho de cómo la CONADI ha funcionado hasta ahora.
Entonces, cuando se hace referencia a una sustitución en este ámbito, a mí me parece fundamental la consideración del concepto de qué estamos haciendo y cómo podemos cambiar drásticamente de sentido con miras a una real eficiencia y utilidad en relación con el objetivo diseñado. No basta reemplazar una institución: es preciso hacerlo con una visión distinta.
Este es el primer llamado.
El segundo comentario es que normas como las del inciso tercero del artículo 4º se encuentran mal diseñadas, a mi juicio.
Ello tiene que ver, básicamente, con el concepto de territorio. Al expresar la disposición que "la Política Nacional Indígena promoverá el adecuado acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus territorios," -lo subrayo- "la protección de los territorios indígenas y sus derechos de aguas, y el acceso y la adecuada explotación de los territorios indígenas", creo que se equivoca en la palabra.
El punto fue objeto de una larga discusión.
El territorio tiene que ver con la soberanía nacional y Chile posee uno solo. Cuestión distinta es lo que venía en el proyecto original, que se refería a "tierras". El cambio se verificó, no por una indicación del Ejecutivo, que ni siquiera lo respaldó, sino parlamentaria, según entiendo, en la Cámara de Diputados.
Estimo que el punto señalado es relevante. De lo contrario, habría un problema serio de concepción, que a mí me parece importante precisar a esta altura.
El tercer comentario dice relación con la suerte de vértigo en la creación de instituciones: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio de Biodiversidad, los gobernadores regionales.
Obviamente, el aumento es significativo, lo que no siempre implica la mejor forma de resolver.
¿Me da un minuto más, señor Presidente, pues creí que eran diez?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Gracias.
Se requiere una reflexión, por lo tanto, que tiene que ver con el rol del Estado.
Como es evidente, hay casos en que se precisa una estructura distinta, pero uno se va dando cuenta de que, además de dos proyectos promulgados en la materia, otros seis se encuentran en trámite.
En resumen, estimo relevante la creación de una entidad diferente en el ámbito de que se trata, o una "nueva mirada", como la definiría en términos personales.
Es preciso corregir aspectos específicos en la discusión particular para que el proyecto responda a la lógica y la disciplina constitucional que se requieren. Somos parte de un país unitario, de un mismo Chile.
Por último, insisto en la reflexión acerca de la tendencia a crear y crear organismos cada vez que se presenta un problema.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de continuar con la votación, propongo fijar el jueves 1° de marzo como plazo para formular indicaciones.
La señora VON BAER.- No vamos a alcanzar, señor Presidente. Conviene que sea una semana después.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, el jueves 8 de marzo.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, pido a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que se amplíe hasta el lunes 5 de marzo el término para presentar indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, escuchaba recién a un colega que se refería al tema de los territorios y señalaba que sería incorrecto, al hablar de áreas de desarrollo, darles a estas el carácter territorial.
Lo cierto es que hoy día en Chile existen nueve pueblos indígenas establecidos en la ley.
En la Región del Maule tenemos al pueblo picunche, huilliche, lafquenche, nagche. Estos son territorios con identidad muy específica, que incluso dan cuenta de una cultura muy propia. Nada tiene que ver la identidad del pueblo lafquenche, establecido hacia la costa de La Araucanía -que conoce muy bien el Senador Tuma-, en Carahue, en Puerto Saavedra, con la del pueblo pehuenche, por ejemplo, ubicado en la parte cordillerana, cerca de Argentina.
Por lo tanto, es correcto usar el concepto de "territorio" para referirse especialmente a áreas de desarrollo que están vigentes en la ley (se han creado algunas; faltan otras). Ahí tenemos el esfuerzo realizado por el Ministro Barraza en relación con Nahuelbuta, y espero que el próximo Gobierno lo potencie aún más.
Creo que es importante contar con un Ministerio -varios colegas se han referido a ello-, con un órgano rector que pueda agrupar y definir la política indígena desde una perspectiva más estratégica, más de largo plazo.
Hoy día tenemos distintos Ministerios que interactúan y algunos servicios, por supuesto, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero a esta última le es imposible tener injerencia, tomar decisiones y actuar como un órgano rector con todas las atribuciones que debería tener un Ministerio. Por lo tanto, existe una permanente disputa en temas de salud, de cultura. En materia educacional, muchas veces no hay cómo abordar bien la interculturalidad; en materia de salud, se construyen establecimientos que claramente deberían tener una mirada basada en la medicina tradicional mapuche, pero que terminan siendo administrados por los municipios, como si se tratara de una atención primaria cualquiera.
Entonces, el hecho de contar con un Ministerio de Pueblos Indígenas que entienda, que se especialice en esta lógica nos va a ayudar.
En un futuro no muy lejano, nuestro país deberá tomar decisiones importantes en materia indígena, como, por ejemplo, qué va a pasar con el Convenio N° 169. ¿Se va a consultar? ¿No se va a consultar? Es bien discutible. ¿O el Gobierno tendrá que hacerse cargo, según el artículo 54, de la denuncia? (En rigor, debiera ser una renuncia, pero se llama "denuncia") ¿O se deberá prorrogar dicho Convenio?
Este es un debate que la sociedad chilena va a estar viendo. Más aún, luego de escuchar las palabras de Su Santidad, el Papa Francisco, en Temuco, quien llama a cumplir con los acuerdos y apela, explícitamente, al Estado. Porque el incumplimiento de los acuerdos es una forma de generar violencia, violencia que, por cierto, rechazamos todos, en todos los ámbitos.
En consecuencia, señor Presidente, a mi juicio este es un paso relevante que está dando el Gobierno de la Presidenta Bachelet en su fase final del mandato. Son compromisos que se hallaban establecidos y que se van materializando en virtud de una consulta efectuada entre agosto, septiembre del 2014 y enero del 2015.
La misma consulta se hizo, entiendo -usted me corrige, señor Ministro-, para el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Eso es lo que ampara el paso que estamos dando aquí. O sea, no hay una mirada antojadiza de un Gobierno que solo quiere escuchar a un grupo pequeño de interlocutores. Como decía el Senador Pizarro, más de 6 mil 800 personas fueron convocadas y participaron.
Ahora bien, siempre hay situaciones que uno puede considerar insuficientes en materia de participación. También lo decíamos en la sesión anterior en que se debatió el tema, cuando aprobamos el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas, pues se constituye en un espacio importante de participación, donde el pueblo mapuche tiene un rol relevante por lo que representa.
Decíamos también que los datos recientes del CENSO del Instituto Nacional de Estadísticas arrojan que más del diez, del doce por ciento de la población chilena se declara perteneciente a alguno de estos pueblos originarios, que son naciones. Porque, esencialmente, un pueblo es eso: una cultura, una religiosidad, una cosmovisión propia.
Por lo tanto, este paso es fundamental.
Pero reitero -y valoro que algunos Senadores de las bancas del frente lo hayan señalado a propósito de la creación de los Consejos a que me he referido-: la modalidad de participación que estamos consagrando en estas nuevas disposiciones es insuficiente. Se requiere establecer escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso.
En consecuencia, este es un paso importante. Pero espero que la reciente elección parlamentaria haya sido la última en que solo miremos una cara en materia de identidad, en lugar de mirar la diversidad más absoluta, de la cual debiéramos enriquecernos y enorgullecernos como país. Es preciso que ella se exprese en el Parlamento con la presencia de actores indígenas incorporados mediantes escaños reservados, como en Nueva Zelandia.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo sumarme a la conveniencia de aprobar la creación de esta institucionalidad que puede, sin lugar a dudas, colaborar en el desarrollo, en el progreso, en una mejor integración de los pueblos indígenas, que existen desde hace mucho tiempo en nuestro país.
Esta iniciativa es una manera de cumplir un compromiso antiguo. El propio Patricio Aylwin, cuando era candidato presidencial, firmó el Acuerdo de Nueva Imperial, que buscaba precisamente crear este Ministerio.
Ciertamente, crear ministerios no es algo fácil y sencillo. Aquí ha transcurrido un proceso largo en que el Gobierno, luego de las consultas realizadas, que se materializaron en el Acuerdo de San Esteban, finalmente da origen a esta nueva institucionalidad, que incluye el Consejo de Pueblos Indígenas -está en trámite en la Comisión de Gobierno- y este proyecto, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Me da la impresión de que en nuestro país existe una fuerte motivación por los temas indígenas, la cual se gatilla, en buena medida, después de la firma del Convenio N° 169 de la OIT. Este ha significado una mayor presencia y una incorporación mucho más fuerte de la voz de los pueblos indígenas en las decisiones que adoptamos. A pesar de todas las dificultades de institucionalidad del sector, ha sido un ejercicio interesante, que ha generado una integración y una participación distinta de los pueblos indígenas en las decisiones nacionales o regionales que los afectan.
El reconocimiento constitucional sigue siendo un tema pendiente. Me llama la atención que un acuerdo que se adoptó en la Comisión de Constitución hace varios años y que establecía una fórmula bastante razonable para incorporar este reconocimiento no haya sido adoptado.
Tal vez el próximo Gobierno pueda asumir esa tarea y lograr una formulación adecuada que permita concretar ese reconocimiento.
Respecto del contenido de la iniciativa en examen, solo un par de comentarios.
Primero, en cuanto a la nueva institucionalidad que se propone, es justo reconocer que no se incluye una burocracia excesiva, como sí se ha visto en la creación de otros ministerios. Por ejemplo, menciono el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es de una frondosidad y de una complejidad legislativa que seguramente tendremos que revisar, porque lo probable es que carezca de la expedición suficiente para desarrollar bien sus tareas.
En este caso no ocurre eso. Por lo tanto, pareciera ser que estamos en buenas manos.
En seguida, quiero sumarme a las palabras del Senador Coloma, quien señalaba que, en algún minuto, deberemos repasar y revisar la creación de las nuevas reparticiones públicas de estos últimos tiempos, pues, en verdad, ha sido un exceso. Menciono algunos ejemplos: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, proceso que aún no culmina; el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; la Subsecretaría de la Niñez (en trámite, como vimos hoy); la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Defensoría de la Niñez; el Servicio Nacional Forestal (en trámite); el Servicio de la Biodiversidad, y los Gobernadores Regionales.
Es decir, la estructura administrativa crece y crece, lo que genera instituciones que no siempre son las más adecuadas, más todavía si están hechas de forma aparatosa, con organizaciones exageradas y con burocracias de magnitudes desorbitadas, como ha ocurrido -ya mencionaba- en algunos casos.
Finalmente, respecto del contenido del proyecto, solo quiero sumarme a la inquietud que presenta el artículo 4, donde se señala que el acceso y adecuada explotación de los territorios indígenas forma parte de la Política Nacional Indígena.
No es pertinente hablar de "territorio indígena", toda vez que la expresión "territorio" se refiere a la integridad del territorio nacional y, por lo tanto, al ejercicio de las potestades soberanas que solamente le corresponden al Estado de Chile.
Si el concepto es "tierra", como venía originalmente en el proyecto, entendemos la idea y, por lo tanto, ahí debería circunscribirse.
Pero si la norma señala que la Política Nacional Indígena se elaborará en conjunto con los pueblos indígenas, y en particular con el Consejo de Pueblos Indígenas, la referencia a la expresión "territorio" obviamente excede sus funciones y queda del todo fuera del contexto constitucional.
En nuestro lenguaje constitucional, resulta una expresión indebida, que espero podamos revisar durante la discusión en particular del proyecto.
Por tales consideraciones, salvo ese alcance específico, voto a favor de esta iniciativa que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, más todavía considerando que hoy el Papa Francisco ha visitado La Araucanía, ha conversado con el pueblo indígena y ha formulado expresiones de reconocimiento y de fuerte necesidad de que las causas de los pueblos originarios se incorporen debidamente a nuestra legislación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Guillier.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, gracias por la posibilidad de intervenir al término de la votación.
En primer lugar, agradezco el pronunciamiento positivo de las Senadoras y los Senadores presentes.
Tal cual señaló el Honorable señor Pizarro, la identidad de los nueve pueblos indígenas que existen en nuestro país se ha ido vitalizando en forma progresiva: si en el pasado la población que se reconocía y se definía a sí misma como indígena era de 6 por ciento, el promedio actual es de 9 por ciento; es decir, cerca de un millón 595 mil personas, de las cuales el 80 por ciento corresponde al pueblo mapuche.
La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas es un anhelo histórico que quedó expresado en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y formó parte de los programas del ex Presidente Piñera y de la Presidenta Bachelet en su primer Gobierno.
Pero es en esta segunda administración de la Primera Mandataria cuando se materializa un proyecto de ley, en el entendido de cumplir los estándares que Chile ha ratificado, a propósito del Convenio N° 169 de la OIT, para la formulación de una iniciativa de este tipo. Me refiero específicamente a la consulta indígena, con las características antes mencionadas y esencialmente fundada en los principios de buena fe, pertenencia cultural, debido respeto a los métodos tradicionales de consulta a las autoridades indígenas, flexibilidad de los procesos y, por cierto, cumplimiento de las cinco etapas del decreto supremo N° 66, que materializa el instrumento internacional mencionado.
Por lo mismo, los acuerdos que emanan de la consulta indígena resultan centrales para legitimar esta iniciativa en la medida en que expresan la deliberación de los nueve pueblos indígenas.
Esta normativa no resuelve toda la problemática asociada a los pueblos originarios, entendiéndola como el incremento progresivo de los derechos culturales, económicos, sociales y especialmente políticos. Pero, como se conjuga con la creación del Consejo Nacional, los nueve Consejos de Pueblos Indígenas y la consulta indígena relativa al proyecto sobre una nueva Constitución, en parte, existe un mejoramiento y se construye, en materia de pueblos indígenas, una institucionalidad que posibilita algo central: una nueva relación entre el Estado y esos pueblos.
A propósito de las intervenciones, solo destaco que el proyecto es perfectible, mejorable. Pero quisiera connotar que permite materializar una correcta intersectorialidad, de manera tal que la política indígena no esté relegada exclusivamente a un servicio en particular y tenga expresión en los diferentes sectores de la gobernanza.
En segundo lugar, posibilita la creación de áreas de desarrollo indígena, que en estricto rigor son territorios, no tierras, donde existe una gobernanza administrativa distinta, con pertinencia cultural indígena.
También permite el diseño, ejecución y evaluación de una política indígena, con consulta al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a los nueve Consejos de Pueblos Indígenas.
Además, perfecciona el procedimiento de consulta indígena en términos de posibilidad de afectación y crea una unidad especial en el Ministerio de Pueblos Indígenas y un procedimiento adecuado para la susceptibilidad de calificación de consulta.
Por último, confirma la importancia del Convenio N° 169 como una herramienta e instrumento que ha permitido ir mejorando el diálogo con los pueblos originarios.
Durante nuestro Gobierno se han realizado alrededor de 48 de estas consultas, entre las que se encuentran las relacionadas con proyectos como este o la instauración de una nueva Carta Fundamental. Además, destaco la que se refiere a la iniciativa para regular la residencia, permanencia y circulación de personas en Isla de Pascua, que fue discutida hace unos días en esta misma Corporación.
Este es el camino político, a nuestro entender; la alternativa que posibilita una relación con los pueblos sobre la base de un reconocimiento a su cosmovisión.
Lo anterior resulta especialmente importante cuando se quieren construir planes y programas con pertinencia cultural.
Muchas gracias por todo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A usted, señor Ministro.