FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Informe de la Comisión Mixta formada para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.
Comisión Mixta: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2017.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2017.
Mixta: sesión 68ª, en 29 de noviembre de 2017.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013 (queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de 2014 (se aprueba en particular); 17ª, en 30 de mayo de 2017 (queda para segunda discusión); 18ª, en 31 de mayo de 2017 (queda clausurado el debate); 19ª, en 31 de mayo de 2017 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y pasa a Comisión Mixta); 69ª, en 5 de diciembre de 2017 (queda pendiente la discusión del informe).
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión Mixta expone que los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9° permanentes y los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales y requieren 19 votos para su aprobación.
La proposición que formula se encuentra en la quinta columna del boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Si no hay inconvenientes, se abrirá la votación, ya que se registra un problema de quorum.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley ligado al que discutimos ayer respecto de la elección de gobernadores. Ello fue aprobado, y hoy día tenemos que definir las competencias que les corresponderán.
El texto en discusión viene de la Comisión Mixta y originalmente fue enviado al Congreso por el Gobierno del Presidente Piñera. Eso resulta importante, porque la lógica del articulado no incluye dichos comicios. Es algo que siempre se mantuvo. Entonces, se hace una trasferencia de competencias a los gobiernos regionales, pero sobre la base de un intendente nombrado por el Primer Mandatario.
¿Por qué lo anterior es relevante? Porque un intendente cumple hoy día dos funciones: ser representante del Presidente de la República en la Región y ser el Ejecutivo del gobierno regional. En este último caso decide acerca de las platas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en tanto que en el primero dirige el gabinete regional, lo que dice relación con los secretarios regionales ministeriales...
Señor Presidente, ¿puedo pedir un poco de silencio?
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Ruego no interrumpir a la señora Senadora.
La señora VON BAER.- Gracias.
Como representante del Primer Mandatario, es jefe directo, adicionalmente a los Ministros, de secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. Eso significa que de alguna manera hay en la actualidad una descentralización en los hechos, porque es una autoridad que se relaciona con los consejeros regionales, que son electos, y, por su intermedio, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio se vinculan con el gobierno regional y los consejeros regionales.
Ante la elección del gobernador regional, las dos funciones del intendente se separan. En una línea se hallará el delegado presidencial, de quien dependerán -o sea, de Santiago, sin ninguna relación directa con la Región- los secretarios regionales ministeriales y los jefes de servicio.
¿Qué significa la situación expuesta? Que lo único que queda en el gobierno regional es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual implica alrededor de un doce por ciento del presupuesto de la Región.
Ello puede importar, en la práctica, que la reforma en votación se traduzca en una centralización y no en una descentralización, porque todos sabemos que el poder y los fondos reales se hallan en los ministerios -y, por lo tanto, en las secretarías regionales ministeriales-, de modo que dependerán del delegado presidencial y no del gobernador regional.
Sé que me opondrán que el proceso es gradual y que vamos a iniciarlo. Sin embargo, también quiero plantear que todas las competencias que el proyecto puede llegar a entregarle a un gobernador regional serán supervigiladas desde Santiago.
Los municipios pueden definir de manera autónoma dentro de su presupuesto y de sus tareas. Ello no les será posible a los gobernadores regionales.
Doy dos ejemplos.
Hoy día, el alcalde recibe su presupuesto, pero no tiene que negociar con Santiago respecto de las partidas y de cómo lo gasta. El gobernador regional tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque, electo con un 40 por ciento...
Señor Presidente, ¿me puede dar un minuto?
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Lo tiene, Su Señoría.
La señora VON BAER.- Gracias.
De acuerdo con el articulado, los gobernadores regionales tendrán que cumplir con la siguiente disposición, a diferencia de un alcalde:
"La administración de sus finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado y en las demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado.".
Será preciso que se rijan por lo que diga la Dirección de Presupuestos. ¿Dónde se encuentra este organismo? En Teatinos N° 120, en la Capital.
Por si ello no fuera suficiente, el artículo 20 bis del proyecto se traduce en que todas las funciones generales que se le entregan al gobernador regional se subordinarán a lo que defina Santiago, porque el Ministro del ramo es el encargado de supervigilar si la actuación de los gobiernos regionales se enmarca dentro de las políticas nacionales. O sea, el gobernador regional electo con el 40 por ciento de los votos dependerá finalmente de si el titular de la Cartera le dice si actúa o no dentro de dicho marco.
¿Ello es una descentralización real?
¿Asignamos de verdad a los gobiernos regionales tareas específicas y autonomía para poder cumplirlas?
No, señor Presidente.
Respecto de los gastos, tendrán que preguntarle al Ministro de Hacienda, en Teatinos N° 120, y, con relación a cualquier actuación en todas las transferencias de competencia que se efectúen, al Ministro del ramo.
¿Esa es una descentralización de verdad? No, señor Presidente.
Por eso es que insistimos mucho en que se otorgara quizás menos competencia, pero que por lo menos fuera autónoma, de modo que el gobernador regional pudiera decidir sin consultar a la Capital y con su consejo regional.
¡Ninguna de las atribuciones se contempla con autonomía! Por lo tanto, los gobernadores regionales tendrán que hacer lo que se dijo en algún minuto: "Negociar todo el tiempo con Santiago".
Y, finalmente, quien tiene la sartén por el mango en las políticas específicas es el Ministro del ramo, pero, sobre todo, en lo que se relaciona con presupuesto.
Por eso es que creemos que esta legislación generará muchísimos conflictos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el gobernador regional podría decidir en cierta forma respecto del ordenamiento territorial y parecerle al Ministro de Vivienda que ello no sigue la línea correcta, por lo que definiría que el primero se habría salido del marco de la política nacional.
En seguida, el gobernador regional podría querer gastar de una manera y el Ministro de Hacienda decirle que tiene que hacerlo de otra. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo con que el primero pueda gastar más allá de la plata con que cuenta? Obviamente, no. ¡Si los alcaldes tampoco pueden hacerlo! Pero estos disponen de mucho más libertad para definir que los gobernadores regionales.
Nosotros estimamos -en particular, es mi caso- que ello llevará a una gran frustración, porque las regiones creen que con la elección del gobernador llegó finalmente la descentralización.
Lamentablemente, tendremos gobernadores regionales que podrán definir sobre un 12 por ciento del presupuesto que se gasta en su Región y que en todas las materias deberán preguntarle al Ministro del ramo si se hallan dentro de la política nacional respectiva o fuera de ella.
Puede que sea un principio, pero consideramos que podría haber generado una institucionalidad clara, no una que generará conflictos permanentes entre el gobernador y los secretarios regionales ministeriales; entre el gobernador y el delegado presidencial; entre el gobernador y los ministros en Santiago; entre el gobernador y el Ministro de Hacienda, y, finalmente, entre los gobernadores y el Presidente de la República.
Insistimos muchas veces en que se podía proceder de una manera distinta; en que se podía elaborar el articulado con una lógica diferente. Por desgracia, no se nos escuchó.
Pedimos asignar ahora, y con plena autonomía del Gobierno central, competencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Obras Públicas, de la Corporación de Fomento de la Producción.
Sin embargo -y con esto termino-, no se asignó ninguna de esas atribuciones. Se dice que lo van a hacer, pero la decisión se amarró a la idea de que debe llevarse a cabo dentro de la política nacional.
¡Y al final quien decide es un Ministro en Santiago!
Por eso nosotros nos abstuvimos en las votaciones de gran parte del articulado de esta iniciativa. Y en esta oportunidad también me voy a abstener, pues tengo una gran duda respecto de los efectos que generará esta futura ley, más allá de los conflictos que -estoy segura- va a crear entre las autoridades regionales y las nacionales.
He dicho.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el nuevo marco de gobierno para las regiones en nuestro país está conformado por la existencia de dos figuras de autoridad dentro de una misma región: por un lado, estará el delegado presidencial regional y, por otro, el gobernador o la gobernadora regional.
Respecto a las atribuciones del primero, el proyecto de ley propone agregar, al final de la letra j) del artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la cual se señala que a esa autoridad le corresponderá "Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región", la siguiente frase: ", y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.".
Por otra parte, la misma iniciativa, al introducir modificaciones a los artículos 16 y siguientes de la citada ley, le entrega una serie de competencias al gobierno regional, que será presidido por el gobernador regional, en materias tan diversas como fomento productivo, ordenamiento territorial, definición de territorios como zonas rezagadas en el ámbito social, y diversos aspectos relacionados con el fomento productivo.
¿Cuál, en mi opinión, será el gran problema del diseño propuesto respecto de la distribución de poder al interior de una región? Será cómo elaborar un modelo para que ambas autoridades convivan en forma armónica dentro de una región, de manera de garantizar un gobierno más eficiente y expedito y evitar que tengamos un permanente foco de conflictos entre autoridades, como es muy probable que ocurra.
El mismo equipo de la SUBDERE me reconoció en las sesiones de Comisión que estuvo efectuando un catastro, primero, con todas las leyes, decretos y reglamentos que entregan atribuciones y facultades a los gobiernos regionales y, segundo, con las normativas que otorgan atribuciones o crean servicios que dependen de un Ministerio y que de esta forma se relacionan con el Presidente de la República. Se sinceraron y manifestaron que el segundo listado es interminable y que su interpretación no era de fácil resolución.
Chile es un país con más de 21 mil leyes, por lo que seguramente surgirán muchos "resquicios jurídicos" por parte de cada autoridad para considerar propia determinada atribución o competencia.
Desde que se presentó el primer proyecto de reforma constitucional sobre esta materia en 2008, los conflictos de competencia entre la autoridad regional y el gobierno central han sido objeto de mi mayor preocupación.
Pues bien, siempre he creído que, si no contamos con un organismo independiente que resuelva en forma expedita los conflictos que se produzcan, sin duda el proceso de regionalización sufrirá un grave traspié, ya que, en vez de contar con mejores administraciones y gobiernos, tendremos más burocracia, más lentitud y, al final, estaremos peor que hoy.
Respecto de interpretar si una materia es de competencia del delegado presidencial regional o del gobierno regional, me parece que deberíamos instaurar entre ambas autoridades un órgano arbitrador -podría ser la Contraloría General de la República- que, mediante un procedimiento sumarísimo, resuelva la contienda de competencia, situación que seguramente se va a producir en innumerables oportunidades.
El Derecho Administrativo es muy complejo y altamente interpretable. Y no contar con un órgano dirimente, en mi opinión, constituye -por así decirlo- casi la gran "pata coja" de esta reforma.
Por otro lado, el mecanismo de trasferencia de competencias fue diseñado de tal forma que, en definitiva, la decisión de entregar o no tal potestad a un gobierno regional depende exclusivamente del gobierno central, pues, como establece el nuevo artículo 21 septies, el procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud por parte del gobierno regional cuya aprobación se resuelve, luego de una extensa tramitación, "mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, Ministro Secretario General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia".
¿Y qué ocurre si en ese decreto supremo se rechaza la petición? ¡Absolutamente nada!
En esta materia he sostenido incansablemente que, ante la eventualidad de que un futuro gobernador o gobernadora regional pida el traspaso de una competencia y su solicitud sea denegada por el Ejecutivo de turno, debería existir un organismo que dirima la situación.
De acuerdo con el proyecto, basta con que el Presidente de la República o los Ministerios mencionados nieguen la petición para que a un gobierno regional jamás se le transfiera esa competencia.
Por eso he hecho presente la necesidad de contar con un órgano dirimente. En dicha eventualidad, propuse que el Senado fuera la institución que resuelva la solicitud de un gobierno regional para el traspaso de cierta competencia.
¿Qué sucederá si un gobernador tiene cierto color político y el Primer Mandatario uno diferente? ¿Se traspasarán competencias?
Son dudas legítimas.
Apoyaré el informe de la Comisión Mixta, al igual como he respaldado la iniciativa durante toda su tramitación.
Asimismo, dejo en claro la absoluta necesidad de traspasar -lo hablé con el Subsecretario y con los Ministros, teniendo presente que las competencias están circunscritas por áreas- a los gobiernos regionales, por ejemplo -y quiero que quede en el espíritu de la ley-, competencias en materia de transporte público o en el ámbito de la economía.
De manera muy especial, insisto en que se requiere un órgano dirimente para resolver conflictos entre el gobernador regional y el delegado presidencial, y otro de igual tenor para cuando la solicitud de traspaso de competencia de un gobernador es denegada por el Presidente de la República. En este último caso, la propuesta que siempre hemos formulado es que sea el Senado.
Votaré a favor.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, me pronunciaré a favor de este informe de Comisión Mixta.
Pero quiero hacer una reflexión en este Hemiciclo sobre aspectos que, a mi consideración -también lo plantearon varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, constituirán algunos de los problemas que enfrentará esta futura ley.
En primer término, la realidad que viven hoy las regiones en materia de infraestructura, de salud pública, de cultura, de calidad de vida, no es de las mejores.
Siento que ellas son el patio trasero de Santiago. Cada vez que viajo a esa ciudad por carretera veo cómo crece la cantidad de edificios, cómo se construyen nuevas poblaciones, cómo mejora la locomoción colectiva, cómo se les entregan beneficios a sus habitantes.
Cuando se presentó este proyecto de ley, tanto quienes lo impulsaron como muchas personas que nos preocupamos por la regionalización y por la mejor calidad de vida en las regiones hicimos un click en el sentido de que esa era la fórmula para resolver tales problemas.
Me parece que la idea de que las regiones solucionarán todas sus dificultades por el solo hecho de elegir a sus autoridades en forma democrática -más aún, con la fórmula que propone esta iniciativa- no necesariamente va a generar los efectos esperados.
Porque al menos hay dos elementos importantes para lograr el objetivo.
El primero es derrotar la cultura centralista que adoptamos todos, incluso los que vivimos en regiones. Nosotros vivimos los efectos negativos de lo que ello significa. Las inversiones y la preocupación del Estado centralista provocan que cada cinco años más de 400 mil chilenos se vayan a vivir a Santiago.
El segundo se relaciona con algo que planteó con mucha crudeza quien constituye nuestro faro en materia de regionalización, el Senador Quinteros: no existe una ley ni un proyecto que acompañe a la iniciativa en debate tendiente a buscar equidad en la inversión pública para las regiones.
Por lo mismo, señor Presidente, deberíamos propiciar medidas que posibiliten que la inversión del Estado tenga cierto equilibrio, como las que este Gobierno ha planteado en otras áreas del país. Por ejemplo, analicemos parte de una idea que he propuesto aquí junto con otros señores Senadores: establecer una especie de ley espejo respecto de las inversiones del Metro, que es una de las inversiones en infraestructura más altas que tiene este país.
Finalmente, quiero referirme al sistema de elección de los gobernadores regionales y al rol que van a jugar, lo que en gran parte describió muy bien la Senadora Von Baer.
Vamos a elegir a dichas autoridades democráticamente, pero se generará una situación que considero compleja, y es bueno que la analicemos: el gobernador regional será electo por voto popular y, por tanto, tendrá un gran respaldo ciudadano; pero, al lado, habrá un delegado presidencial que no contará con ese apoyo, aunque sí dispondrá de los contactos del Gobierno de turno, de los recursos que maneja el Gobierno de turno y de todo lo que significa estar junto al poder central.
En esta materia quiero citar una frase del ex Presidente y ex Senador Eduardo Frei, quien señaló que "en la naturaleza hay animales de dos patas, de cuatro patas y de cien patas, pero nunca de dos cabezas". ¡Y yo creo en eso!
Lo menciono porque en Chile, señor Presidente, cuando se genera esta dualidad de autoridades, se produce un conflicto permanente; más aún, cuando puede resultar elegido un Presidente de un color político -y designará a un delegado de su misma línea- y un gobernador regional de otro distinto. Creo que hay que reflexionar sobre este punto.
Y bien lo decía el Senador Bianchi hace un minuto: en este proyecto de ley ni siquiera se establece un procedimiento para dirimir esas diferencias. Planteamos ese tema quienes alguna vez hemos estado en el Gobierno -y seguramente, a partir del próximo año, quienes representan a mi sector lo estarán nuevamente-...
El señor MONTES.- ¡En Atacama no más...!
El señor PROKURICA- También en mi Región.
Y lo planteamos con seriedad, porque en nuestra administración pública tales diferencias ocurren mucho.
Voy a poner un ejemplo práctico: ¿acaso ustedes no han conocido conflictos entre los actuales intendentes y gobernadores? Les puedo contar muchos casos. ¡Y eso que hay un rango superior del intendente respecto de los gobernadores! Pero como el gobernador puede tener un vínculo y una amistad con el Senador o el Diputado que lo puso ahí, ¡qué sé yo!, la discusión es permanente.
Sin embargo, el daño no es para ellos, pues siguen recibiendo sus remuneraciones, mantienen sus responsabilidades y cuentan con un staff que los apoya. ¿Quiénes salen perjudicados, señor Presidente? La gente, porque el efecto es que los servicios públicos no funcionan.
Yo me pregunto: cuando tengamos esa dualidad de autoridades regionales con el mismo rango, ¿qué va a pasar con las políticas públicas?
El señor BIANCHI.- Debe haber alguien que dirima.
El señor PROKURICA.- ¡Pero en esta iniciativa de ley eso no está, señor Senador!
Considero que usted hace muy bien en reclamar al respecto. Es importante establecer ciertos criterios para resolver tales conflictos.
En segundo lugar -y vuelvo a un tema que se ha planteado reiteradamente, aprovechando la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia-, también debemos discutir una propuesta legislativa que haga justicia y dé paridad con las regiones en materia de gasto público. Si no existe tal disposición, señor Presidente, la iniciativa en estudio será una ilusión. Vamos a llevar a la comunidad a elegir democráticamente a sus autoridades -y me parece bien; votaré a favor del proyecto-, pero no se van a resolver por esa vía los problemas cuya solución tanto añora la gente de las regiones, pues tal planteamiento no está acompañado de los recursos necesarios para financiar a los gobiernos regionales.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- El Ministro solicitó la palabra hace mucho rato. Como estamos en votación, consulto a la Sala si autoriza su intervención.
El señor LAGOS.- ¡Sí!
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Acordado.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor DE LA FUENTE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero saludar a la Sala y hacer presente, en primer lugar, que con este informe de Comisión Mixta se cumple una de las condiciones para la entrada en vigencia de la reforma constitucional que estableció la elección de gobernadores regionales.
No nos olvidemos que en la disposición VIGÉSIMO OCTAVA transitoria de la Carta Fundamental se impone una doble condición para llevar a efecto la elección de gobernadores: primero -es obvio-, despachar la ley orgánica que regula dicho proceso eleccionario, cuestión que hicieron ustedes ayer, y segundo, aprobar, previa a esa elección, la ley orgánica sobre traspaso de competencias, lo que estamos haciendo en este minuto.
¿Qué contempla el informe de la Comisión Mixta, que es tan relevante para nuestras regiones?
Primero, establece nuevas competencias legales -lo informó ayer el Presidente de la Comisión Mixta, el Senador señor Quinteros- para los gobiernos regionales.
¿En qué materias?
-Diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos.
-Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), de carácter vinculante para la región y para el Estado central.
-Facultades para decidir la localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios, y
-Atribuciones para elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.
En segundo lugar, en este proyecto que da forma al traspaso de competencias, se contempla una nueva estructura y funciones que permitirán no solo el diseño, sino también la ejecución directa -y esto es muy relevante- por parte del gobierno regional de programas propios que actualmente debe ejecutar -y es una de las anomalías que estamos tratando de resolver- a través de las municipalidades o de servicios públicos nacionales, así como de competencias que le sean transferidas.
En tercer término, se establece la obligatoriedad de los convenios de programación y los convenios de programación territorial con municipalidades y servicios públicos (direcciones regionales), ambos exigibles vía Contraloría General de la República.
En cuarto lugar, se implementa el artículo 114 de la Constitución -recientemente lo reformamos a propósito de la elección de gobernadores- mediante la fijación de un procedimiento administrativo para la transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales, que tiene las siguientes características:
-Dispone como instancias del proceso el Presidente de la República, el Comité Interministerial con su secretaría ejecutiva y la comisión de transferencia, para procedimientos iniciados con solicitudes de los gobiernos regionales.
-Determina que la comisión de transferencia estará integrada por igual número de representantes de los niveles regional y nacional.
-Sin perjuicio de reconocer que la facultad de transferir competencias es discrecional del Presidente de la República, establece criterios objetivos sobre la pertinencia de las solicitudes.
-Consignan también condiciones para las peticiones de transferencia de los gobiernos regionales, que concilian la facultad de estos para solicitar con la necesaria organización del nivel central.
-Se aseguran los recursos y el personal necesarios para ejercer las competencias transferidas. Es decir, se agrega capital humano para que estas puedan ser ejercidas adecuadamente y, además, se asignarán los fondos pertinentes para su implementación.
-En cada caso se indicará si el ejercicio es exclusivo para el GORE o si es compartido, delimitándose claramente el ámbito de acción de cada uno.
Por otra parte, se establece la necesidad de coherencia entre la acción que realiza el gobierno regional y las políticas nacionales para mantener una adecuada sintonía entre ellas.
Además, se refuerza la estructura administrativa de los GORE, adecuándola a las nuevas exigencias y competencias que se transfieren.
Asimismo, se regula -y esta es una cuestión muy importante e innovadora del proyecto- la gobernanza de áreas metropolitanas -tal punto siempre ha sido solicitado en las distintas instancias parlamentarias-, con procedimientos para su creación vía decreto supremo, otorgándoles facultades en materia de residuos, movilidad y transporte público, y medio ambiente.
En definitiva, señor Presidente, estamos estableciendo una ruta de descentralización, con una primera etapa de transferencia de competencias vía oficio, prevista para generar capacidades y expertise en las regiones, y con una segunda etapa en que se evaluará la pertinencia, caso a caso, de la creación de servicios públicos por ley, según las necesidades y particularidades de cada territorio.
Por lo tanto, si se aprueba el informe de la Comisión Mixta, que ha trabajado larga y arduamente, se podrá transferir efectivamente el poder de ejecución y de decisión que las regiones están demandando desde hace bastante tiempo.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, este es un proyecto de gran importancia, que sin duda tendrá mucho impacto en la vida y la construcción nacional. A mi juicio, puede significar un avance muy significativo, o puede que nos bloqueemos en el camino, si no resolvemos bien ciertos problemas en esta iniciativa y, probablemente, en otras.
Se trata, ni más ni menos, de cómo se va a gobernar Chile en su interior, de cómo se van a generar capacidades de desarrollo nuevas desde las regiones, y de cómo se va a producir una nueva participación, una nueva forma de ser parte de la sociedad, del Estado.
Además, este proyecto claramente posee connotaciones muy importantes para la modernización del aparato estatal. Puede ser mejor o peor, pero tiene que ver con esa modernización.
Voy a votar a favor, aunque no me resulta fácil, debido a que tengo dudas de distinto tipo, pero lo voy a hacer principalmente porque creo que la Presidenta Bachelet ha tomado la decisión de iniciar también aquí un cambio estructural, de romper la inercia del país y abrir nuevas formas de enfrentar ciertos temas. Y la responsabilidad que le cabe al Parlamento es tratar de construir una propuesta que conjugue diferentes tipos de situaciones.
Me preocupa la consistencia conceptual de esta normativa, así como la capacidad de esta nueva estructura para enfrentar los desafíos que implican el desarrollo regional y la participación.
No hay que olvidar que Chile es un Estado unitario y que eso es parte de nuestras opciones como sociedad. Definitivamente, el país no es ni quiere ser un Estado federal. Lo digo porque, de repente, hay intervenciones en que parece que estuviéramos en uno de ellos. Y no es así. Somos un Estado unitario, descentralizado, a pesar de que -repito- pareciera que algunos oradores tuvieran en la cabeza la idea de un Estado federal.
Yo conocí y viví por dentro el Estado federal mexicano. Trabajé e investigué esta materia, y sé que un Estado federal no es, ni mucho menos, algo que puede generar grandes potencias. A veces también está muy bloqueado por otros factores. Así que tampoco esa forma de organización da más fuerza.
¿Cuáles son mis preocupaciones básicas?
Algunos parlamentarios ya se han referido a parte de ellas.
Aquí hay atribuciones exclusivas y hay atribuciones compartidas. Así ocurre a nivel municipal y tiene que ser así a nivel regional y a nivel nacional. Sin embargo, de pronto veo cierta confusión en cuanto a qué es propio de cada nivel, en lo exclusivo y en lo compartido. Esto se halla bastante preciso y mejor resuelto en la legislación municipal: qué es exclusivo y qué es compartido.
Mi mayor preocupación es cómo se articulan los niveles. Porque lo nacional, lo regional y lo local deben tener un rol en casi todas las áreas. El problema es cómo se resuelve la articulación. No hay ninguna materia exclusivamente local, exclusivamente regional, ni tampoco, probablemente, exclusivamente nacional. Hay roles de cada uno de los niveles en todos los desafíos.
Ojalá que las tensiones y conflictos que se generen, en la medida en que no haya suficiente claridad en los roles, los cuales deben irse decantando en el camino, se vayan resolviendo y superando en el tiempo.
Asimismo tengo problemas con las capacidades políticas necesarias para plantear una propuesta de desarrollo regional que potencie toda esta perspectiva.
También me surgen dudas en cuanto al rol del consejo regional. Me gustaría que fuera un equipo con real capacidad para definir propuestas, para aportar al proyecto de desarrollo, para controlar la gestión de los servicios, del gobernador regional y del delegado regional. O sea, quisiera una entidad con más potencia. Por la discusión que hubo ayer en la Sala, me parece que se está pensando en un consejo regional, no como el órgano para gobernar una región durante cuatro años, sino más bien como el de un acompañante del gobernador regional.
También tengo dudas sobre las capacidades orgánicas e instrumentales que permitan llevar adelante todas las acciones necesarias para lograr políticas públicas eficientes.
El sistema de seremis está haciendo agua. Es para otra estructura y habría que revisarlo. Fue concebido para otro sistema; es mucho más para retener, contener, controlar que para potenciar y desarrollar.
Ahora estamos frente a un proyecto con clara voluntad para crear nuevos gobiernos regionales tendientes a lograr mayor desarrollo y participación.
Termino -ya que el tiempo no me da para más- con dos o tres cosas adicionales.
Comparto lo que sostuvo el Senador Prokurica. El modelo de financiamiento no está bien resuelto aquí. En otros países existe una relación con el financiamiento. No se trata solo de lo que viene en el Presupuesto nacional; también hay una relación entre el aporte al país, la dinámica económica y los ingresos, que en varios lugares del mundo se resuelven por la vía del IVA. Una fracción queda en la región, como una manera de que parte de su aporte permanezca ahí. Aquí no hay una base financiera diferente. Y es un tema que tendremos que solucionar no muy lejanamente.
Tampoco podemos eludir algo que está en todos los modelos de descentralización y desconcentración, que son las empresas regionales. Y acá lo eludimos, por restricciones constitucionales. Los modelos con más dinamismo las incorporan. Son instancias con capacidad para generar ingresos, para implementar políticas, para gobernar la región. Y aquí no se consideran. Es cierto que generan otros problemas (hay que tener controles, etcétera), pero la verdad es que necesitamos formas distintas para ir enfrentando todo esto.
Termino, señor Presidente, manifestando que estoy a favor del proyecto, que abre un nuevo camino. Y hay que ser muy valientes y audaces para hacerlo. Sé que se van a crear conflictos y tensiones, pero por lo menos estamos empezando a reestructurar la forma de gobernar el país en su interior.
Estoy convencido de que los municipios, como están, requieren igualmente una reforma estructural. Creo que se deben articular con las definiciones que se están tomando a nivel regional, así como con la redefinición del rol del Estado central. No basta con elegir gobernadores regionales para hacer grandes cambios, porque estos pueden significar también grandes problemas.
Se trata de avanzar en muchas áreas, pero, sin duda, habrá que decantar y fortalecer el sistema a la luz de la experiencia y el debate que se vaya generando en el Parlamento.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con esta votación culmina una etapa más del largo proceso de descentralización del país y también de fortalecimiento de sus regiones, el cual se ha venido concretando, paso a paso, desde el retorno de la democracia.
Primero fue la creación, en 1992, de los gobiernos regionales y el reemplazo de los COREDE por los CORE. Luego vino un fuerte incremento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la creación de los ISAR y los convenios de programación.
Junto con el progresivo aumento de facultades, se avanzó en la elección directa de los consejeros regionales.
Ahora estamos aprobando el aumento de competencias de los gobiernos regionales, el aumento de competencias más importante desde su creación, hace ya 25 años, y que coincide con los últimos trámites del proyecto que regula la elección de los gobernadores regionales, el cual se materializará el 2020.
Todos estos cambios institucionales, señor Presidente, tienen como telón de fondo el profundo cambio económico, social y cultural experimentado por las regiones en este período.
Nuevas actividades, nuevas infraestructuras y nuevos actores han constituido regiones completamente distintas a las que conocimos, con comunidades cada vez más diversas, complejas y empoderadas, conscientes del rol que deben cumplir en la construcción de su propio desarrollo y decididas a conquistar mayores espacios para la autonomía y la participación.
Se viene un nuevo salto en el desarrollo de las regiones.
Con gobernadores regionales electos por la ciudadanía, los territorios tendrán otro peso en las decisiones.
Se debatirán los proyectos de desarrollo que para cada región propongan los candidatos a gobernadores regionales. Hoy día esta discusión no alcanza a traspasar los límites de la academia o de los servicios públicos.
Con este proyecto de ley, los gobiernos regionales deberán planificar sus territorios, definiendo condiciones de localización para actividades productivas e infraestructura, así como lugares de disposición y tratamiento de residuos.
También tendrán nuevas atribuciones en materia de ciencia, tecnología e innovación, y deberán hacerse cargo de la compleja tarea de administrar las áreas metropolitanas que se han ido formando en diferentes regiones del país, con problemas comunes de transporte y servicios.
Podrán definir proyectos de desarrollo focalizados en territorios rezagados socialmente.
Y podrán solicitar todas las nuevas competencias del nivel central que estimen necesarias y que se encuentren en condiciones de asumir en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.
Algunas de estas atribuciones comienzan a operar ahora, ya, y no el 2020.
No es pequeño el desafío, entonces, para los actuales intendentes y los futuros gobernadores regionales, así como para los consejeros regionales recientemente electos, a los que me hubiese gustado haber visto hoy en las tribunas, preocupados de sus nuevas atribuciones y no solo de la extensión de sus mandatos.
El señor LETELIER.- ¡Eso!
La señora ALLENDE.- ¡Bien!
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero hacer una breve reflexión sobre lo que han dicho la Senadora Von Baer y el Senador Prokurica.
La colega se refirió a la autonomía financiera de los gobiernos regionales y la comparó con aquella de que gozan los municipios. Tiene razón: no hay comparación alguna, toda vez que aún no se ha dictado una ley de rentas regionales. Por lo tanto, los ingresos de los gobiernos regionales están previstos en la Ley de Presupuestos y ellos no tienen mayor incidencia en su gestión. Pero este déficit, que es real, debe ser asumido en otro proyecto de ley, señora Senadora. De otra manera, si hubiese sido al revés, el cuestionamiento que se haría es que estamos aprobando recursos sin atribuciones.
La verdad es que para mí resulta difícil entender su abstención en este proyecto, en circunstancias de que Su Señoría -lo digo con mucha nobleza- ha sido una gran impulsora y promotora de esta normativa, y ayudó bastante a que saliera bien de la Comisión Mixta. Yo le quiero agradecer públicamente todo su aporte. Por eso, señora Senadora -se lo digo con mucho respeto-, me llama la atención su abstención.
Solo puedo entender que, en el fondo, aún hay temores por la elección de los gobernadores regionales que aprobamos ayer, la cual depende, entre otras cosas, de la aprobación de este proyecto de ley, que ahora se pone en duda.
Por su parte, el Senador Prokurica hizo un punto respecto de eventuales conflictos de competencias. En verdad, a lo que se teme es a eventuales conflictos políticos que puedan surgir entre autoridades de distinta orientación política.
Ese es un riesgo propio de cualquier democracia. Y no creo que la exacerbación de los conflictos políticos se deba a un mayor empoderamiento de los gobernadores regionales.
Los conflictos de competencias podrían recaer, en realidad, en la interpretación de normas, pero este tipo de contiendas es resuelto hoy día por la Contraloría General de la República y no se necesita definir otra instancia.
Otra clase de conflicto podría suscitarse a partir de expectativas demasiado altas de parte de las autoridades regionales en cuanto a la transferencia de competencias, en el caso de que, por ejemplo, las regiones pidan determinadas atribuciones y el Ejecutivo se las niegue. Cuando esto ocurra, podrá dictarse una nueva ley, pero es innegable que al Presidente de la República no se le pueden quitar las facultades sin su voluntad o sin una ley de por medio.
Termino, señor Presidente, diciendo que solo resta una potente ley de rentas regionales. Cuando la tengamos y estén en ejercicio las nuevas autoridades electas y en plena aplicación las reformas de competencias y financieras, estoy seguro de que nuestra democracia se revitalizará y las regiones tomarán un nuevo impulso hacia el desarrollo.
Mi visión no es idealista; es el resultado de mi experiencia desde distintos roles en la impresionante transformación que ha vivido la Región de Los Lagos en las últimas décadas. Responde a mi convicción más profunda en cuanto a que el futuro promisorio del país descansa en el desarrollo equitativo y sustentable de sus regiones, forjado desde sus propias comunidades.
Por eso, voto que sí.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el Senador Quinteros probablemente es de los pocos en esta Sala que en el último tiempo han ocupado responsabilidades muy distintas en el Estado. Por ende, tiene una experiencia que valoramos.
Sin duda, una de las grandes interrogantes es cuál es el Estado que queremos hoy para gobernar Chile, para impulsar el desarrollo, entendido este como desarrollo económico, social, político y cultural.
Hay una intuición, si no una convicción, de que se debe descentralizar. La modernización de los municipios, años atrás, cuando se estableció un mayor grado de autonomía, fue un paso.
Pero digamos las cosas como son.
Una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra hablaba de la autonomía municipal, pero creo que esta no es tal. Los municipios no son realmente autónomos. Por lo menos 330 o 340 de ellos no generan ingresos propios suficientes para tener esa autonomía. Y algunos son tremendamente dependientes del Fondo Común Municipal -¡tremendamente dependientes!-, al punto de que dependen, en el 60, 70 u 80 por ciento de su presupuesto, de la transferencia de recursos. Por tanto, lo que hay es delegación de facultades para administrar fondos que no generan.
En el modelo de gobiernos regionales, señor Presidente, donde objetivamente queremos avanzar, dentro de un Estado unitario, hacia la descentralización, hay muchas regiones, de las quince que tenemos en el país, que no generan ingresos suficientes para sustentar sus políticas de inversión. No disponen de los recursos necesarios. Y ese es un debate que es preciso comenzar.
Aquí lo que hemos hecho, sucesivamente, es delegar la administración de recursos que se redistribuyen. Algunas regiones son capaces de generar más ingresos que otras. Por ello es tan importante que este debate lo asociemos cuanto antes con una ley de rentas regionales, para que efectivamente exista una mayor autonomía. Pero no me parece bien desvalorizar este paso -es lo que yo intuyo de las palabras de quien ha anunciado que se va a abstener-, quitarle valor a la elección de la autoridad regional, a la entrega progresiva de competencias a las regiones, sin reconocer que hoy ellas tienen muchas atribuciones. Hay regiones que toman decisiones -uno podrá evaluar si son acertadas o no- sin un control del gobierno central, y en buena hora.
Señor Presidente, mi mayor duda respecto de este proyecto no es el ritmo de la descentralización. Yo creo que aquí se observa un ritmo moderado, pero razonable, para evitar situaciones imprevistas. Mi mayor inquietud tampoco es el problema de la articulación entre niveles, que hay que perfeccionar. Tenemos que repensar el rol de los municipios, que es donde deberíamos trasladar, a mi juicio, la mayor cantidad de competencias y atribuciones, más que a los gobiernos regionales. Mi mayor duda es si estos gobiernos regionales van a ser realmente factor de desarrollo económico, político y social, o no, si les estamos dando competencias con tal propósito.
Para ello necesitamos generar capital humano en cada región. Y esto también demanda alianzas público-privadas. Porque el sector privado -digamos las cosas como son- es tremendamente centralizado y tampoco facilita las alianzas, a nivel de regiones, con la fortaleza que a mi juicio se necesita.
Señor Presidente, creo que este es un proyecto que avanza en la dirección correcta. Requiere una ley de rentas regionales. Ahí veo un tremendo vacío, y quiero dar un ejemplo.
Probablemente, el mayor problema social que tenemos hoy en las regiones, en las ciudades, es la lucha contra la pasta base y el consumo de drogas. Los municipios y las policías no tienen capacidad suficiente; los tribunales de justicia no hacen necesariamente lo que la comunidad espera; los gobiernos regionales no poseen los instrumentos requeridos; el Ministerio de Salud, que debe cumplir un rol básico en materia de rehabilitación, no prioriza el área de la salud mental y su necesaria rehabilitación de forma adecuada.
¿Podremos dotar en forma progresiva a los gobiernos regionales de los instrumentos para desarrollar sus propias políticas sociales? Aquí existe una apuesta para avanzar en esa dirección.
Señor Presidente, hoy a los gobiernos regionales se les entregará atribuciones en esta materia. Esperemos que los podamos dotar del capital humano necesario para eso. Es mi mayor inquietud.
Sé que esta es una transición; sé que en unos quince años más estaremos haciendo una evaluación. Creo que este modelo -y con esto quiero terminar- quizás para algunos es conservador. Pero la experiencia del Perú fue muy mala, a mi juicio: una descentralización a partir de un estado unitario en que la decisión fue traspasar competencias y recursos a un ritmo que llevó a que más del 70 por ciento de los gobiernos regionales tuvieran grandes dificultades, ¡grandes dificultades!
Siento que aquí hay un modelo importante.
Considero -y en esto sí tengo una discrepancia con algunos- que ha sido la clase política y la elite las que más han promovido la descentralización, no los habitantes de las regiones. Ellos quieren el empoderamiento de su poder local, de donde viven. No sienten una identificación con la región; muchas de las regiones se han sobrepuesto a la identidad de las provincias.
Esta es la diferencia tal vez con algunas regiones.
Magallanes es una región con una tremenda identidad; probablemente, Atacama sea la otra que presenta una identidad muy clara. Sin embargo, las otras regiones que se formaron en nuestro país partieron con números, porque en ellas había ciertas unidades del Ejército. Por ejemplo, las provincias de Cardenal Caro, de Colchagua y de Cachapoal -o lo que era O'Higgins antes-, en la Región de O'Higgins, tienen identidades muy distintas. ¿Poseen algo en común? Sí, pero los habitantes mantienen la identidad con sus comunas.
De ahí que espero que este proyecto, que es muy importante, que vamos a aprobar, nos ayude a no perder de vista que lo fundamental es cómo modernizamos los gobiernos locales; cómo empoderamos ahí las capacidades del uso de recursos públicos, ya que es a nivel local donde se pueden generar las mayores condiciones para el desarrollo del Estado en medidas sociales, económicas, culturales y políticas referidas a la participación.
Señor Presidente, considero que este es un buen paso. Agradezco a la Presidenta Bachelet por haber tenido la valentía de darlo. Este es un debate que se alargó durante décadas. No obstante, se nota la diferencia cuando alguien realiza algo y no solamente habla de ello.
Es un gran día para el país que avancemos en la descentralización.
He dicho.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, lo que hoy estamos emprendiendo es claramente un camino institucional complejo, pero con la constancia y el convencimiento de que solo la descentralización política es capaz de desencadenar y dinamizar la descentralización administrativa y fiscal. Por lo tanto, es un comienzo.
En ese mismo sentido, este proyecto representa un cimiento importante para el nuevo Estado descentralizado que aspiramos a construir, que tiene la obligación de entregar herramientas y nuevas formas de organización para los próximos decenios.
Lo hemos dicho muchas veces: uno de los problemas que agobian a las regiones es la falta de capacidad para proyectar su futuro, su ciudad, sus espacios, por lo que uno de los avances más anhelados es establecer el plan regional de ordenamiento territorial como vinculante y obligatorio. El hecho de poder definir la vocación productiva de las regiones facilita los procesos de evaluación de impacto ambiental de los emprendimientos económicos, que hoy tienen demoras excesivas y que retrasan las inversiones por la falta de acuerdos y de consensos básicos sobre el uso de los territorios y su vocación.
Asimismo, el avance del ordenamiento territorial y el establecimiento de áreas metropolitanas; el fomento de actividades productivas; el desarrollo social y cultural van a permitir hacernos cargo de problemáticas que son más locales y que justifican oportunamente también una transferencia de competencias sobre funciones de otros organismos, como el Ministerio de Transportes, el MINVU, el MOP, la CORFO, el SERCOTEC, el FOSIS, en plazos contemplados además en este proyecto.
Es necesario también rediseñar nuestros gobiernos regionales. Estos responden a un diseño de los años 90; hoy se requiere una nueva estructura de frenos y contrapesos. Un gobierno regional fuerte es un gobierno regional transparente, fiscalizado y, al mismo tiempo, con reales competencias. Para ello es necesario que el capital humano de la región sea fortalecido.
No debemos olvidar que no es la única iniciativa en esta materia. Es fundamental avanzar en la ley orgánica constitucional sobre responsabilidad fiscal y, sobre todo, en la ley de rentas regionales, porque competencias sin financiamiento no son competencias.
Si el financiamiento depende solo de las oficinas del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuestos se fortalece la centralización del país, que es lo que queremos superar.
Como un agradecido hijo de las regiones, reconozco el compromiso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con la agenda descentralizadora, que ha sido objeto de un largo y arduo debate.
No debemos permitir que las familias se separen por falta de oportunidades de estudio o de trabajo, por ejemplo. Debemos acercar dichas oportunidades (la salud, la educación, la calidad de vida) a todos los territorios. Con nuestras políticas actuales seguimos cargándole a Santiago la llegada de la población y privando a las regiones de un equitativo desarrollo y bienestar para las nuevas generaciones.
Por esa razón, señor Presidente, tengo el convencimiento de que hoy estamos comenzando a redefinir nuestro futuro, estableciendo un nuevo trato con las regiones, que esperamos seguir profundizando en los gobiernos venideros para tener de verdad un Chile unitario, pero descentralizado, donde las regiones puedan construir sus proyectos y sus vocaciones productivas, culturales, sociales, educacionales, de acuerdo a las particularidades de los territorios y a los anhelos y sueños de las comunidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, he escuchado con gran atención los discursos de los distintos Senadores y todos coinciden en que un verdadero proceso de regionalización va acompañado de gobiernos regionales con atribuciones, facultades y financiamiento.
Y escuchaba también con mucha atención al Ministro Secretario General de la Presidencia haciendo un esfuerzo por demostrarnos cuáles son las atribuciones, las facultades y el financiamiento que posee este proyecto de ley. Yo no sé si el señor Ministro pasó la prueba de la blancura en esta materia, pero no hay duda de que según los discursos presentados, especialmente el que acabamos de oír en materia de competencias y de facultades, al parecer vamos a quedar al debe.
¿Cuál es el desafío que tenemos en esta materia? Respecto de lo poco que se ha conocido acerca del último censo, las cifras que más impactan es que la Región Metropolitana tiene siete millones de habitantes; a continuación está la del Biobío, con poco más de un millón. Pero esos datos no son lo más importante, sino el crecimiento de las regiones en los últimos diez años. La Capital ha crecido en más de un millón de personas; en cambio, la Octava Región no alcanzó las cien mil. ¡Ese es el desafío que tenemos!
Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto, pues creo que al menos es un paso inicial.
No obstante, sin duda esta es una iniciativa que va a requerir antes de su aplicación en concreto una serie de modificaciones y de perfeccionamientos en lo básico.
En primer término, se debe evitar conflictos entre autoridades como el delegado presidencial y el gobernador regional.
Lo digo, porque con la estructura normativa que tiene este proyecto, sin duda nos vamos a ver sometidos no a una discusión política de autoridades de distinta connotación o de diferentes banderas políticas, sino a dos autoridades que van a tener atribuciones y también exigencias en las regiones que serán difíciles de conciliar, dada la forma en que se halla estructurada la iniciativa.
En segundo lugar, hay que realizar modificaciones sustanciales en cuanto a las facultades, a las competencias y al financiamiento, a fin de avanzar de manera verdadera.
Aquí se ha hablado mucho de regionalización y de descentralización, con lo cual estoy de acuerdo, pero avanzamos poco. Y la mejor demostración de aquello es que ayer nuestro debate se centró en quitarles tiempo y plazo a las atribuciones de autoridades elegidas en regiones, como es el caso de los consejeros regionales.
En definitiva, eso era. ¡Qué importa -si total son autoridades elegidas en regiones- que en lugar de tener un mandato de cuatro años cumplan uno de tres...! Da lo mismo, porque quizás se trata de autoridades menores.
Sin embargo, en el transcurso del tiempo ellas han ido adquiriendo cierta potestad en las regiones. Yo no sé si esto se ve en la Región Metropolitana, pero en nuestras regiones estas autoridades resultan absolutamente necesarias y, por lo mismo, es totalmente pertinente que cuenten con más atribuciones, con más facultades para llevar adelante las políticas que verdaderamente interesan a las regiones.
Chile, sin duda, tiene un gran desafío.
Las cifras del censo son absolutamente elocuentes: hay siete millones de habitantes en la Región Metropolitana y un millón en la Región del Biobío. Esa diferencia es la que debemos superar.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es si con estas normas vamos a avanzar en esa dirección; si con esta estructura vamos a superar la dificultad presente en nuestro país en el sentido de que la gente de regiones y provincias ve cómo sus hijos emigran en forma permanente a Santiago; cómo sus hijos van en búsqueda de alternativas de empleo a Santiago; cómo sus hijos parten buscando opciones de educación en Santiago; cómo muchas veces las familias, por razones de salud, deben trasladarse a la Región Metropolitana, porque la atención en sus regiones no está acorde con sus necesidades.
La pregunta es si con estas normas vamos a avanzar en la solución de los problemas de la gente. Yo tengo dudas, pero creo que hay que empezar, hay que dar los primeros pasos.
Y como esta normativa, señor Presidente, no se va a aplicar de inmediato, porque empezará a regir cuando se elijan los gobernadores regionales, cuando se designen los delegados presidenciales, tenemos tiempo suficiente para perfeccionarla y realizar las modificaciones necesarias que nos permitan decir que estamos avanzando en el proceso de regionalización y descentralización, y así dar la prueba de la blancura que el Ministro nos pide en otras áreas.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, escuché con enorme atención la intervención de la Senadora Von Baer y me sumo al reconocimiento que le hizo el Senador Rabindranath Quinteros, pues estuve en la Comisión Mixta, donde participé en más de alguna sesión, y puedo dar fe de todo su aporte, de todo su trabajo, de toda su voluntad para favorecer el desarrollo de nuestras regiones.
Y dije que escuché su discurso porque ella señaló que tiene temores de que esto se traduzca en una multiplicidad de conflictos. Y, por supuesto, tiene razón.
Tiene razón al señalar que podría ocurrir que el delegado presidencial y el gobernador regional electo, por distintos motivos, pero fundamentalmente porque los seres humanos somos así, porque los seres humanos muchas veces buscamos más el conflicto que los acuerdos, aunque fueran militantes de un mismo conglomerado político, o de un mismo sector político, igual se llevaran mal.
Eso, naturalmente, significaría conflictos que podrían terminar perjudicando el desarrollo de las regiones. Repito que la Senadora Von Baer tiene toda la razón en eso.
Dicho lo anterior, señor Presidente, también hay que señalar que los gobernadores regionales electos van a tener una función indiscutible y única junto con su consejo regional: administrar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahí no se mete el delegado presidencial, solo el gobernador regional electo y su consejo regional también electo.
Si administran bien tales recursos estaremos dando un paso tremendamente grande y significativo en materia de regionalización. Porque un gobernador regional electo, empoderado, con conocimiento de las necesidades de su región, con voluntad para sacar adelante los proyectos que la región necesita para superar sus dificultades y construir progreso, ¿qué va a hacer? Va a negociar con los ministros, seguramente usará el instrumento de los convenios de programación para decirle al nivel central "la región se pone con la mitad; usted, Ministro, póngase con la otra mitad".
Yo tengo esa esperanza, tengo esa confianza, y por eso voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente, se habla aquí de una Ley de Rentas Regionales. Por supuesto que es necesaria, pero fíjese que hoy día -¡hoy día!- en el Tesoro Público hay entre 200 y 300 millones de dólares guardados y que provienen del Fondo de Apoyo Regional (FAR), de los recursos espejo del Transantiago. ¿Por qué? Porque el Ministro de Hacienda hace ahorro fiscal, intenta equilibrar las cuentas fiscales y los niveles macroeconómicos haciendo uso de platas que les pertenecen a las regiones.
Si tan solo lográramos en algún momento que esos recursos del FAR se liberaran y se pusieran a disposición de las regiones, estoy seguro de que estas podrían financiar bastantes más proyectos. Pero las regiones también tienen una responsabilidad, pues no se puede financiar cualquier iniciativa, sino proyectos buenos, de alta rentabilidad social, de alto impacto. A mi juicio, en ese aspecto las regiones tienen mucho mucho que trabajar.
Termino reiterando que voto a favor del informe en la esperanza de que va a significar, por sobre todo, desarrollo para nuestras regiones, particularmente para una tan atrasada como la nuestra: la Región de La Araucanía.
Ojalá que estas nuevas facultades, estas nuevas atribuciones, esta nueva forma de gobernar las regiones implique que dejamos atrás los niveles de pobreza, que dejamos atrás el subdesarrollo, y que salimos adelante con gran fe y esperanza en el afán de construir bastante más bienestar para las personas a las que representamos en el Senado.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos pronunciándonos sobre el informe de una Comisión Mixta que, supuestamente, debe resolver las diferencias que se habrían suscitado entre la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual es algo bastante sui géneris. No olvidemos que este proyecto tuvo su origen en el Gobierno anterior sobre una estructura de autonomía en las regiones que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy día. Estamos modificando un proyecto de ley que nació sobre la base de intendentes nominados y no elegidos.
En aquella ocasión se decidió, como técnica legislativa, que era más rápido, más ejecutivo, formar una Comisión Mixta, en la que trabajaron solo los parlamentarios que la integraban y quienes en ciertas ocasiones pudimos concurrir. Sin duda, hubiese sido deseable sostener un debate profundo, mucho más participativo, en distintas Comisiones. Quizás hubiese sido un camino un poco más largo, pero tendría que ver con una acción legislativa natural y no extraordinaria, tal como ocurre con el que elegimos seguir.
Algunos parlamentarios señalaron que estábamos creando una autoridad regional con dos cabezas. No obstante, en realidad, lo que hoy día tenemos es una cabeza con dos sombreros. Por un lado, se pone el sombrero de las regiones y, por otro, el del Ministro del Interior o el del Ministro de Hacienda.
En definitiva, cuando hay que tomar una decisión importante en favor de las regiones, siempre -¡siempre!- se toma en función de lo que decide el centralismo. Este se origina en un diseño portaliano, según el cual desde Santiago se establecen cuáles son las políticas públicas y cuál es el diseño de desarrollo que tendrán todos los territorios de la región, sin importar sus particularidades.
El proyecto que estamos votando, de transferencia de competencias, da un primer esbozo de lo que podría ser un grado de autonomía de las regiones para decidir por sí mismas qué hacer con las necesidades de desarrollo. Se trata de algo bastante limitado por lo demás, porque lo que se establece en la iniciativa es que recién ahora los gobiernos regionales, con autoridades elegidas -es un paso muy importante, ya que la legitimidad de una autoridad elegida no es la misma que la de una designada-, van a poder decidir, pero solo respecto de qué materias van a pedir competencias. Lo harán acerca de temas territoriales. Según el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes, en el debate y en la historia de la ley quedó consignado que se consideran todas las medidas que dicen relación con infraestructura -espero que así sea-, con desarrollo productivo y con asuntos culturales. Pero cualquier solicitud que esté fuera de estos grandes temas se declarará inadmisible, sin posibilidad administrativa alguna de interceder en otra instancia.
Varios señores parlamentarios han planteado que el proyecto no contiene los mecanismos de resolución de las contiendas de competencia. ¿Qué pasa si un Gobierno regional toma la decisión de solicitar una competencia y la autoridad central le dice que es inadmisible? No hay posibilidad de reclamo alguno; no hay ninguna instancia en que se pueda reclamar. En materia administrativa no existe algo que no cuente con una instancia de reclamación, que no tenga el derecho a pataleo.
En este caso, los gobiernos regionales no tendrán ese derecho. ¿Por qué? Porque esto se sigue dimensionando con una visión muy centralista. Es muy difícil lograr que las personas o instituciones que poseen competencias se deshagan de ellas. Y sobre todo porque el poder central todavía no confía en las regiones ni en sus autoridades.
Por eso considero que a la iniciativa le falta muchísimo.
Deberemos seguir avanzando en cómo desarrollamos una descentralización de verdad. El poder sigue siendo centralizado. Este es un paso importante, pero no significa que hemos llegado al final del camino. Se mantiene una asimetría permanente en cuanto a la capacidad de decisión que tiene el poder central. En materia de revocación, cuando a la autoridad central se le ocurra podrá dejar sin efecto las funciones que haya delegado en las regiones. Y ello nos parece una asimetría y una desigualdad.
Cuando las regiones quieren administrar sus parques, cuando las regiones quieren otorgar concesiones, cuando las regiones quieren autorizaciones de transportes deben ir a la Capital. Lo que ocurre es que ahora las autoridades elegidas tendrán que ir a Santiago permanentemente, pero no irán con un pasaje de avión a una audiencia, sino que lo harán masivamente, con el respaldo de los ciudadanos, a reclamar las competencias que de verdad hoy no les estamos otorgando.
En mi opinión, este es un paso indispensable.
Deseo hacer un reconocimiento al Gobierno de la Presidenta Bachelet, que ha sido una Administración descentralizadora, que ha tomado la decisión de proponer -porque de otra manera no estaríamos debatiendo esto- un proyecto de ley que permita elegir a sus autoridades, uno que haga posible desarrollar o transferir competencias. Pero reitero que son absolutamente insuficientes.
Voto a favor porque, sin duda, es un paso, pero no es decisivo para que las regiones resuelvan todos y cada uno de sus problemas.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero contar una experiencia para ilustrar mi punto de vista sobre la iniciativa que nos ocupa.
Hace años en la ciudad de Linares se produjo un problema en relación con el circuito de una línea de buses colectivos. El trazado de su recorrido debía ser autorizado por el Seremi de Transportes. Y esta autoridad estableció determinada forma que no fue la más adecuada para el municipio ni para los interesados. En vista de ello, tuve que pedirle audiencia al Ministro de Transportes para que interviniera y, finalmente, resolviera el problema del recorrido de buses en la ciudad de Linares.
¡Ese es Chile! ¡Esa es la centralización que existe actualmente!
Con la presente iniciativa no cambia la situación. Y si se vuelve a producir este tipo de problemas, salvo que haya una generosa entrega de atribuciones, seguiremos exactamente igual.
Por eso entiendo las inquietudes de muchos en esta materia. Por eso siento que estamos avanzando tan poco que no vamos a resolver las inquietudes de la vida cotidiana que existen en las regiones.
No estoy pensando en transformar el Estado unitario de Chile en uno federal, porque nos encontraríamos en otra situación. Pero estamos avanzando de una manera tan curiosa que yo siento que no vamos a resolver bien los temas.
Ello, por varias razones.
Primero, como lo he dicho desde el primer día, porque se establece una duplicidad de autoridades.
Como el Senador Prokurica lo recordaba, citando a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tendremos un monstruo de dos cabezas. Eso no funciona en ninguna parte. Habrá una tensión interna muy compleja, con la dificultad adicional de que el que tiene las atribuciones es designado y el que cuenta con el respaldo popular posee pocas atribuciones. Ello generará un doble conflicto que no sé cómo se solucionará.
Ya mencionaba que estas atribuciones eran limitadas. Ahora bien, se supone que se puede seguir un proceso de transferencia de competencias. Pero al final del día dicho procedimiento depende de la voluntad del Presidente de la República. Y considero que esas dependencias subjetivas, por mucho que uno valore al Primer Mandatario, hacen que la descentralización no sea un proceso que vaya a fluir, sino que dependerá solo de la voluntad descentralizadora de una persona. Y por más que sea la máxima autoridad nacional, sigue siendo una decisión subjetiva.
Desde el punto de vista de los recursos, la dependencia de las regiones respecto del Gobierno central sigue siendo muy alta. Ya se ha dicho: no existe una ley de finanzas regionales. Esto no se puede comparar con lo que ocurre, por ejemplo, con el uso de los fondos municipales, mencionado recientemente por un señor Senador. Porque si bien cuesta que les den los recursos correspondientes a los fondos municipales, una vez que llegan al municipio, este resuelve de forma completamente autónoma. Esto no ocurrirá con los fondos regionales, pues de nuevo, una vez que lleguen a la región, como lo hemos visto, se deberá pedir permiso a la DIPRES para girarlos. Por ende, no avanzaremos seriamente en autonomía.
Y por si lo anterior fuera poco, a propósito de las atribuciones que se entregan, el artículo 20 bis indica: "Las funciones generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, incluidas aquellas que se ejerzan en virtud de una transferencia de competencia," -o sea, las generales y las ya transferidas- "serán ejercidas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello.".
Con esta disposición la entrega de atribuciones o aquellas que genéricamente puede desempeñar un Gobierno regional quedan, de cierta manera, supeditadas al ministro respectivo. Vale decir, se mantiene de forma subyacente o tácita el centralismo, porque se le entrega al ministro la obligación de velar por que las políticas que regionalmente se tomen, incluso las de atribuciones transferidas, deban tener ese visto bueno.
Señor Presidente, no estoy contento ni mucho menos con esta iniciativa, pero me pasa algo complejo. Si la rechazo, no avanzaremos ni siquiera un metro en lo que estamos haciendo. Uno quisiera avanzar kilómetros, uno quisiera avanzar muchísimo más en la materia.
Llevo muchos años como Senador regional y he sentido la frustración de las regiones. Desde Linares, he vivido este problema. Siendo nacido y criado en Santiago, siento que estamos limitando el futuro de las regiones, porque no las estamos dejando crecer; no las estamos dejando tener sus propias estrategias de desarrollo local. Y mientras eso no cambie, se va a restringir su progreso y seguirán siendo dependientes de lo que se establezca a nivel nacional.
Con todo, señor Presidente, habiendo ya acordado elegir a los gobernadores regionales, rechazar esto, no avanzar y dejarlos sin un mínimo de atribuciones, me parece que sería peor.
Y tengo la confianza, por no decir la esperanza, de que en el próximo gobierno -quiero, y trabajo para ello, que sea de don Sebastián Piñera- vamos a cambiar este proyecto, para llevar adelante una descentralización de verdad, de manera que cuando entre a regir no pase lo que aquí está ocurriendo: que todavía estamos viviendo de quimeras.
Por eso, voto que sí.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer un justo reconocimiento al ex Presidente Piñera, porque este proyecto se inició en su mandato.
Debo hacer presente que las políticas de esta naturaleza se traspasan de gobierno a gobierno.
Por lo tanto, si esta iniciativa se termina de tramitar durante esta Administración, bienvenido sea, porque no hay nada peor que no entender que las políticas de Estado son continuas y que se pueden mejorar, no utilizando la teoría de la retroexcavadora, sino todo lo contrario, mediante el perfeccionamiento de los proyectos.
Pero no hay duda de que el inicio de esta iniciativa durante el Gobierno del Presidente Piñera, considerando además la elección de los cores, representa un avance significativo, y me alegra mucho que se haya podido perfeccionar en este tiempo.
De otro lado, quiero señalar que fue muy complejo tomar la decisión respecto de cómo pronunciarse en la Comisión Mixta, porque -y lo dijo el Senador Larraín- si uno votaba en contra del proyecto, la lectura que se haría, sobre todo en un período electoral, era que uno estaba en contra de la regionalización.
Por lo tanto, yo voy a votar a favor.
Pero, en todo caso, adhiero absolutamente a todas las palabras expresadas por la Senadora Von Baer, quien desarrolló una labor brillante en la Comisión, y lo quiero destacar, porque ella se abstuvo. Creo que si hubo avances en este proyecto fue gracias al trabajo que hicimos los cinco miembros del órgano técnico. Y hubo muchos avances, pues esta iniciativa, considerando cómo partió y cómo está terminando, es distinta a la original.
Quiero hacer presente, además, para la historia fidedigna de la ley, que en este proyecto hay materias que resultan extraordinariamente confusas, y espero que en el próximo gobierno las podamos resolver, porque de lo contrario esto se va a judicializar.
Y como no deseo que ello ocurra, quiero que quede expresa constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Los políticos tenemos lo que en inglés se llama "accountability", que significa rendir cuentas de nuestras acciones. Por eso deseo dejar consignado que esta iniciativa presenta algunas debilidades realmente problemáticas que podrían derivar en conflictos mayores e impedir avanzar en la regionalización que se pretende.
Señor Presidente, el mayor problema de este proyecto es que le entrega -atención a los señores Senadores regionalistas, como el colega Navarro, a quien siempre lo veo preocupado de las temas regionales- el monopolio ¡absoluto! de todo avance en el traspaso de competencias al Gobierno central -y lo quiero demostrar-, porque él resuelve cuándo y cómo se transfieren las competencias.
La primera situación se refiere a la admisibilidad de la petición de traspaso de competencias.
El procedimiento de transferencia de competencias se puede iniciar a solicitud del Gobierno regional (presentada por el consejo regional, previa propuesta del gobernador regional) o de oficio por el Presidente de la República.
Pongámonos en el caso de que el Gobierno regional decide pedir el traspaso de competencias.
La primera hipótesis es que, lisa y llanamente, el Gobierno central le diga "no". Es posible que el Ministro del Interior señale: "Mire, es inadmisible porque no cabe en el ámbito del ordenamiento territorial, del fomento productivo, del desarrollo social y cultural". Y como todo eso no está definido, basta con que dicho Secretario de Estado exprese: "Lo siento; no es posible". Y se acabó: no hay traspaso y hasta ahí llegamos.
Una segunda hipótesis es que pase la admisibilidad y el Gobierno regional quiera llevar adelante el proyecto pertinente. Pero si el Comité Interministerial -es un órgano integrado por Ministros de Estado, elegidos por el Presidente de la República- resuelve que no va a continuar con el proyecto, este muere. Hasta ahí llegó; punto. Basta que los Ministros digan: "No estamos de acuerdo; este proyecto no avanza; así que el traspaso de competencias que se está pidiendo no continúa". Y no hay derecho a réplica, a reposición, a nada. O sea, una regionalización de papel y centralista.
Vamos a la tercera hipótesis.
Se presenta el proyecto; pasa la admisibilidad; lo aprueba el Consejo Interministerial; llega al Presidente de la República y este dice: "¿Sabe qué más? No quiero que haya traspaso de competencias". Hasta ahí llegó el proyecto.
Entonces, por favor, no le digamos a la gente que estamos frente a un proceso de regionalización. Aquí es donde nosotros no debemos engañar a la opinión pública, por cuanto esto sigue manejándolo íntegra y completamente el Gobierno central. No se considera que una región pueda determinar que quiere que se le traspase tal o cual competencia. Y tampoco se contempla que haya un árbitro entre medio. ¡Esta es la verdad!
A continuación, supongamos que se transfieren las competencias, que el Primer Mandatario lo aceptó. Pero ustedes saben que ese traspaso es temporal. Porque el Ministro del ramo -depende del Presidente de la República- puede perfectamente en cualquier instante decir que se suspende y termina el traspaso de competencias, por una deficiente prestación del servicio; porque el ejercicio es incompatible con las políticas públicas nacionales, es decir, porque se considera que no existe coherencia entre el programa nacional y los programas específicos.
En definitiva, quiero señalar lo siguiente.
Nosotros nos encontramos en una disyuntiva -es bueno explicitarlo, porque estas sesiones se transmiten a la opinión pública-: si nos pronunciamos en contra del proyecto, no tengo duda de que saldrán a decir que estuvimos en contra, como se dijo respecto de la elección de los gobernadores regionales, lo cual es una falsedad, porque la aprobamos; como se dijo que no queríamos la regionalización, lo que también es una falsedad, porque finalmente avanzamos.
No obstante, quiero decirles que esto es absolutamente insuficiente.
Yo me voy del Senado, pero ustedes seguirán en sus cargos. Entonces, cuando en los próximos tres, cuatro o cinco años se inicie este proceso con conflictos, voy a venir especialmente a las tribunas a recordarles que avanzamos mucho menos de lo que podríamos haberlo hecho.
En atención a lo expuesto, no tengo más opción que votar a favor, porque de lo contrario la interpretación va a ser profundamente confusa. Y espero que en el próximo gobierno -deseo legítimamente, es nuestra posición, que recaiga en Sebastián Piñera- esto se mejore y se profundice mucho más.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ayer aprobamos la elección directa de los gobernadores regionales, lo que significa un tremendo paso, que hacía mucha falta en nuestro país, porque prácticamente es el único de toda América Latina que no elige a sus autoridades regionales, pues siguen hasta ahora siendo designadas por el Presidente o la Presidenta de la República.
Esa es una demostración más de un país que obviamente es unitario, pero que es tremendamente centralizado y centralista.
Por lo tanto, hoy día daremos otro paso más.
Ayer quedó pendiente algo que todavía no se termina de resolver, y espero que la Comisión Mixta lo despeje bien.
En tal sentido, desde ya quiero adelantar mi opinión en cuanto a que debemos tener coherencia, pues nosotros dijimos siempre que si la elección no se hacía el 2017, como era nuestro deseo y voluntad -no fue posible avanzar tanto en ello-, a lo menos debía realizarse el 2020 y en forma territorial, es decir, junto con la elección de nuestras máximas autoridades locales: concejales, alcaldes y, por cierto, consejeros regionales. Sin embargo, ayer hubo contradicciones y argumentos que, más allá de tratar de motivar cierta simpatía electoral, en los hechos no se condicen con la coherencia que debiera existir en la materia. Nosotros siempre dijimos que, si la elección no se efectuaba el 2017, tenía que materializarse el 2020, y con carácter territorial.
Con todo, hoy día damos un paso más, tremendamente importante.
Hubo muchos Senadores que incluso no estaban de acuerdo con avanzar en la elección de gobernadores regionales si en paralelo no se definían las transferencias de competencias.
Finalmente, ha llegado la hora de demostrar que sí somos capaces de dar un paso adelante.
Yo he escuchado a muchos colegas de Chile Vamos, de la Derecha, que, más allá del aporte que hicieron en la Comisión Mixta, el cual se reconoce -a mi entender, dicho órgano realizó un muy buen trabajo; por tanto, hay que hacerles un reconocimiento a todos aquellos que participaron en él-, dicen con remilgos: "Voto, pero no voto"; "Voy a votar, pues si no lo hago dirán que me opongo. Pero la verdad es que no me convence".
Lo lamento, porque yo sí creo que estamos dando un paso sumamente significativo.
¡Así son los procesos profundos de reforma!
Por cierto, se trata de caminos que pueden provocar complejidades. Pero hay que empezar a andar.
Nosotros dijimos que era voluntad de la Presidenta de la República avanzar en la descentralización. Y lo ha cumplido fielmente: primero, con la elección de gobernadores regionales, y ahora, con el traspaso de competencias.
Queda pendiente lo de las finanzas regionales, cuestión muy relevante. Porque no basta con transferir o dar competencias: ello debe ir acompañado de mayores recursos.
No es menor el paso que estamos dando hoy día.
Algunos dicen "Es muy tibio", "Es y no es". Pero, al final, hemos dado herramientas para el diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos: para nada menos que un Plan de Ordenamiento Territorial vinculante.
En el Gobierno de Piñera, que presentó el proyecto -esta es una indicación sustitutiva-, dicho Plan no era vinculante. Hoy día lo es. Y ello reviste una tremenda importancia. Porque, según el nombre lo indica, se trata precisamente de un ordenamiento de los distintos actores que intervienen en la región. ¡Y qué mejor que se actúe desde allí, por cierto con consulta ciudadana, como debe ser y como se halla establecido!
La decisión sobre la localización y disposición de los residuos de sólidos domiciliarios también es una nueva facultad.
Igual ocurre en cuanto a la elaboración y aprobación de la política regional en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.
Lo que más queremos y buscamos es un gobierno regional que promueva, potencie, procure el desarrollo de la región.
¡Qué mejor que desde la región los actores puedan motivar, priorizar y decidir las políticas relacionadas con el desarrollo económico, el desarrollo sustentable, la innovación, la investigación y todo lo que ayude!
Entonces, señor Presidente, considero que estamos dando un paso muy significativo.
Es cierto que Chile es un país unitario. También lo es que una solicitud de competencias formulada por el gobernador regional o por determinado número de consejeros podría ser rechazada. Pero ello tiene un procedimiento. No es al arbitrio. Hay una metodología. Y es importante tener en cuenta todo eso. Porque en la Comisión Mixta se aclaró que el Presidente de la República estará asesorado por un Comité interministerial compuesto por Interior, Hacienda y SEGPRES, con la secretaría ejecutiva de la SUBDERE. Y también habrá una comisión de estudio de transferencias, donde miembros nacionales y regionales van a evaluar la procedencia de la competencia pedida. Es decir, no se trata de una simple arbitrariedad. Y esto es relevante.
Están asimismo las nuevas competencias de los cores.
Se aclara la relación entre el core y el gobernador regional. O sea, este va a asignar recursos sobre la base de los ítems presupuestarios aprobados por los consejeros regionales. A su vez, el core va a asignar recursos a proyectos que superen las 7 mil UTM.
Quiero referirme también a las áreas metropolitanas y -no me va a alcanzar el tiempo para extenderme- a la comisión vinculada con Vivienda y Transportes, que es tremendamente importante, pues tiene traducción regional.
Señor Presidente, sé que estamos haciendo un camino nuevo. Sé que genera muchas dudas. Sé que algunos no terminan de aceptar que este es el inicio de un camino hacia una descentralización profunda y una regionalización mayor: ¡lo están pidiendo a gritos nuestras regiones!
Ya no se resiste más el hecho de que sigamos siendo uno de los países más centralistas, donde apenas, en promedio, 15 por ciento del presupuesto va a ser determinado por las regiones.
Debemos seguir avanzando.
Por ejemplo, ayer hubo una reunión de los alcaldes de las ciudades puerto. ¿Qué solicitan? Ser parte del directorio de los puertos. ¿Por qué? Porque sucede que los directores son designados por la CORFO.
Además -y me parece muy bien-, piensan aplicar un canon de arrendamiento. Y también les gustaría un tributo que contribuya al financiamiento de las ciudades que acogen a los puertos.
Me parece sobremanera legítimo avanzar en una tributación de tal índole, que implicaría mayores recursos...
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora ALLENDE.- Cito aquello como ejemplo porque demuestra hasta dónde es de centralista nuestro actual sistema, al punto que incluso los miembros de los directorios de los puertos son elegidos por la CORFO, que no contempla la participación directa de las ciudades que acogen a los puertos.
En resumen, señor Presidente, considero que sí estamos dando un paso. No digo que está exento de complejidades. Pero es la hora de avanzar, de seguir caminando hacia el proceso de regionalización.
No temamos que las regiones cuenten con mayores atribuciones, dispongan de más competencias, sean escuchadas, tengan mayor visibilidad.
No repliquemos lo que nos ocurre: nuestro país es tan centralista que al interior de sus regiones repetimos muchas veces lo mismo: la capital regional se lleva la mayor parte de los recursos humanos, académicos, económicos, etcétera, lo que motiva el reclamo de numerosas provincias.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, nosotros hemos apoyado desde el comienzo el esfuerzo descentralizador hecho por esta Administración, que comenzó durante el Gobierno del Presidente Piñera con el aumento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en una cantidad muy importante. Y, con la voluntad de la Presidenta Bachelet, se ha avanzado en la elección de gobernadores regionales, lo que hemos respaldado desde el comienzo desde esta bancada.
Por cierto, la elección de los gobernadores regionales es un paso decisivo hacia la descentralización política. Pero también había que avanzar en dos facetas de dicho proceso: tanto en la descentralización administrativa, cuestión que estamos haciendo en el día de hoy, como en la descentralización fiscal.
Si bien puede haber reparos respecto de las facultades transferidas a los gobiernos regionales por las cuatro cuadras del poder que circundan La Moneda, insistimos en que el proceso descentralizador se debe ir consolidando. Tenemos tres años para corregir los problemas que surjan desde el inicio de él con la elección de los gobernadores regionales. Pero, sin duda, no podemos negarnos a aprobar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que busca fortalecer a los gobiernos regionales.
Hemos señalado claramente que las regiones han de encontrar su propio norte. Asimismo, que el intendente no puede tener el doble carácter de ser, por una parte, el representante de los ciudadanos de una región, y, por otra, el representante del presidente de turno.
En ese contexto, elegir a un gobernador regional nos parece consistente con lo que hemos venido sosteniendo.
Pero tan consistente con aquello es pedirle al Ejecutivo que cumpla la palabra empeñada respecto a la descentralización fiscal.
Nosotros hemos señalado que es necesario avanzar en procesos que vayan consolidando con claridad una ley de rentas regionales. Por ejemplo, que en el caso de los puertos -hemos estado luchando por eso junto con Ricardo Lagos Weber, e históricamente, con los parlamentarios de la Región de Valparaíso- parte importante de los tributos quede en la provincia que cobija a aquellos.
En tal sentido, las ciudades puerto se han ido empobreciendo, se han ido envejeciendo. Y por eso es tan trascendente un estatuto sobre ciudades puerto que vaya en la mencionada dirección.
Por tanto, queremos hacer un llamado al Ejecutivo para que las actividades productivas con claro sello regional dejen parte importante de los tributos que generan en la zona donde se emplazan y provocan externalidades negativas. Y eso es parte no solo de la actividad portuaria, sino también de la minera, de la forestal.
Entonces, el llamado que le hacemos al Gobierno es a cumplir la palabra empeñada con relación a esa materia.
Nosotros hemos sido consistentes: hemos votado a favor de la elección de los gobernadores regionales y del traspaso de competencias, más allá de nuestros legítimos reparos en términos de que sería factible generar una judicialización precisamente por la duplicidad de competencias que se podría provocar.
A no dudarlo, es necesario que el Ejecutivo, que ha avanzado en el proceso descentralizador, cumpla también la palabra empeñada en el ámbito de la descentralización fiscal.
Se trata de un clamor generalizado.
Según la OCDE, para que Chile dé un paso cualitativo y cuantitativo hacia el desarrollo es necesario posibilitar el despliegue del potencial de las regiones.
Los países altamente centralistas tienen capacidad para crecer, pero con un techo. Las naciones que generan descentralización y equidad territorial permiten un salto cualitativo importante al desarrollo.
Sin embargo, eso implica la generosidad del Estado para entender que cada región es parte significativa del proceso. Y, en este sentido, debe existir una distribución más equitativa de los recursos.
Con el Senador Prokurica, quien ha encabezado durante largo tiempo el planteamiento, hemos pedido una ley espejo del Metro. Ya lo hicimos en su oportunidad con parlamentarios de la Cámara de Diputados respecto del Transantiago.
Es relevante que haya equidad en la asignación de los recursos.
Hemos avanzado en las descentralizaciones política y administrativa. Queda aún -yo diría- la "pata más gruesa": la descentralización fiscal.
Sin recursos, poco se puede seguir haciendo para construir regiones más equiparadas con el desarrollo de la metrópoli, donde está concentrado el poder político, económico y social.
Por eso, insisto en mi emplazamiento, que es cordial, y expreso un saludo cariñoso al señor Ministro y al Subsecretario señor Cifuentes, quien ha sido un pilar en el ámbito de la descentralización y ha estado trabajando de forma consistente en dirección a ella.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Quiero hacer una aclaración, señor Presidente.
El proyecto de ley primitivo ingresó el 5 de octubre de 2011, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, estamos discutiendo un texto totalmente distinto, ingresado el 28 de enero de 2015, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que establece la estructura de los gobiernos regionales y la elección directa de los intendentes; la iniciativa original, la de 2011, consideraba la existencia de intendentes elegidos a dedo y no tenía estructura regional. Es decir, ha habido una complementación.
Escuchando a los Senadores de Derecha, quienes han votado a favor, uno puede concluir que se requiere mucha unidad. Y ello ha sido positivo para el avance del proyecto
Yo voy a votar a favor.
En Chile la libertad de vientre -los hijos nacidos de madres esclavas eran libres- se instauró el 15 de octubre de 1811, durante el mandato de José Miguel Carrera, a instancias de Manuel de Salas. Años después José Miguel Infante formuló una proposición que abrió camino a la abolición total de la esclavitud en nuestro país. Cada uno dio un paso.
¡Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto: dando un primer paso!
En esta materia -ya se expresó- han tenido un rol muy importante el Subsecretario de Desarrollo Regional y su equipo, en un trabajo tortuoso, largo, difícil, pero exitoso. Porque poner de acuerdo a todos, con opiniones en extremo diferentes, ha requerido una labor de articulación muy extensa y compleja.
Tengo la más plena convicción de que sin la insistencia de dicho Subsecretario, sin su flexibilidad, sin su capacidad de diálogo con todos, Senadores y Diputados, este proyecto no habría salido en este Gobierno.
Aquello demuestra capacidad, pues todos decimos estar de acuerdo con el proceso, pero a la hora del debate y de las votaciones todos asumimos posiciones diferentes.
Para esta iniciativa se prevé el pronunciamiento de 38 Senadores, 34 de los cuales son de regiones distintas de la Metropolitana.
Cuando este año se postergó la aprobación de las elecciones de gobernadores regionales se argumentó que este proyecto de ley debía ser discutido de manera paralela. No hubo comicios, pero se avanzó muy poco.
Las facultades son exactamente las mismas que se preveían cuando discutimos en torno a la elección de los gobernadores regionales. No obstante, como señalé, se avanzó bastante poco. Lo único de fondo que había -lo dije en esta Sala- era que no querían elecciones en 2017. Y, lamentablemente, tuvieron éxito quienes no querían ese año y determinaron un retraso hasta el 2020.
Quizás la única fortaleza dura de este proyecto de ley, que tiene pocas atribuciones para los gobiernos regionales y para el gobernador regional, es su legitimidad ciudadana activa: ¡esa es su gran fortaleza!
Aquello va a cambiar el orden de las cosas, el orden de la historia, el orden de la relación de las regiones con la monarquía presidencial, que se expresa en el artículo 21 ter -¡es increíble!; ¡no lo había visto en una ley!-: "Se declara inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias que no se refiera a los ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, a través de decreto exento,...".
Es decir, ¡antes de que un gobierno regional pida competencias en ámbitos distintos de las tres indicadas se declara inadmisible su solicitud...!
¡Yo no he visto otra ley redactada así!
Eso ha sido parte del debate y de la negociación.
¡Pero vamos a superarlo!
Esperamos que gane Alejandro Guillier, Senador de regiones (se sienta aquí, a mi lado), quien ha encabezado este proceso.
Tengo la convicción de que podremos seguir avanzando en el próximo gobierno.
El señor LAGOS.- En la medida de lo posible.
El señor NAVARRO.- Avanzamos lo que se pudo, con lo que había.
Yo soy un convencido de que cuando juntemos a los 15 gobernadores regionales -o tal vez a los 16, incluido el de la Región Metropolitana- se marchará hacia La Moneda. El poder que van a tener los gobernadores regionales para ir a exigirle al Presidente de la República más facultades forma parte de una experiencia política inexistente en Chile.
Este proyecto de ley no tiene impuesto regional: discutamos una ley de rentas.
No les otorga a las regiones capacidad de emprendimiento productivo para poder invertir donde los privados no lo hacen.
En la mina Santa Ana...
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto más para redondear su idea.
El señor NAVARRO.- Gracias.
Señor Presidente, en la mina Santa Ana nos gastamos casi 2 mil 800 millones. Se requerían 300 millones. Los gobiernos regionales estaban dispuestos a colocar 3 mil millones, pero no podían poner 300 millones, que era lo que necesitaban los mineros.
Esa situación, lamentablemente, se va a mantener, espero que por poco tiempo.
Las relaciones internacionales de las regiones están supeditadas a la Cancillería.
Las regiones no pueden disponer del territorio fiscal.
Bueno: hay un avance.
Chile es un Estado unitario, pero cada vez más descentralizado.
La figura del Estado autoritario para el siglo XXI debe ser revisada. En nuestro país hay que revisar el modelo presidencial, el modelo de integración centralizada.
Por eso digo que este es un primer paso histórico para derrotar al modelo centralista, a la monarquía presidencial. Se está dando en este Senado, en este Gobierno. Y eso es positivo.
Hay hartas dudas y falta mucho. Pero vamos a lograrlo. Como expresaban los Senadores Espina, Montes, Prokurica, los que queremos seguiremos avanzando.
Señor Presidente, cuando asumí el cargo de Senador y prometí, yo dije "Para cambiar la Constitución y para descentralizar".
Voto a favor.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Solicito autorización de la Sala para que presida la sesión el Honorable señor Tuma.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Tuma.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
El señor LAGOS.- ¡Parece que quedé al último...!
La señora GOIC.- Señor Presidente, este debate, como se manifestó acá, lleva años (quien me antecedió en la palabra recordaba que el proyecto original ingresó en 2011). Ello da cuenta de cuánto nos ha costado como país avanzar en descentralización.
Es más: creo que en algunos aspectos hemos involucionado.
Hace ya varios años, antes de asumir como Diputada, me correspondió ser Seremi de Planificación. Recuerdo que en ese tiempo los convenios de programación permitían apalancar recursos del centro en torno a una agenda regional. Pero después ello se fue transformando más bien en sustitución de platas del nivel central con recursos regionales. O sea, se perdió el foco.
Lo que hacemos hoy día es cambiar el eje.
Es cierto que la ley en proyecto es perfectible. Pero, sin duda, constituye un tremendo avance.
Justamente, se cambia el eje del centro hacia las regiones para que el molde con el cual nos medimos en un país de tanta riqueza, de tanta diversidad, no sea el mismo, sino que miremos desde ellas, con otros ojos. La idea es cambiar el eje.
Siempre cuento como anécdota que me correspondió recomendar la compra de un escáner para el hospital regional de Magallanes, equipo que se instaló en el que reviste el carácter de principal centro asistencial: los indicadores no daban, porque ya había uno que, por cobertura, resultaba suficiente, el cual se hallaba en un centro de salud privado.
Pero la reflexión es que el criterio no puede ser igual para todos los territorios. Y hemos avanzamos en eso.
Espero que el proyecto, junto a la elección directa de gobernadores regionales, permita mejorar datos dramáticos. La duración de los intendentes, desde 1990 a la fecha, es de 1,2 años, según me comenta el Subsecretario de Desarrollo Regional, aquí presente. Entonces, cabe preguntarse cómo puede haber un gobierno regional efectivamente empoderado con esa tasa de rotación.
O bien, la decisión a nivel regional respecto de los recursos dice relación con el 12 por ciento del total.
Evidentemente, ello es un pie forzado para el desarrollo del país; para expresar la potencialidad enorme de los territorios. ¡Es tan distinto vivir en Pica, en Pozo Almonte, en la zona central, en Magallanes o en Puerto Williams, con la experiencia, además, sin mediar una ley, de haber podido tomar medidas, muchas de ellas administrativas, que hoy día han favorecido el crecimiento!
A mi juicio, más allá de lo que hacemos en el proyecto, a los futuros gobernadores les corresponde la responsabilidad, por supuesto -y a los intendentes, en el entretanto-, de ver cómo aprovechan la oportunidad.
Puedo mencionar el interés existente en Magallanes en cuanto a la administración del territorio, a la creación de parques regionales con recursos que gestione la Región y al establecimiento de una corporación para ello. Ojalá avancemos desde ya en eso, sin que sea necesario tener al gobernador electo.
Destaco la conveniencia de que en la próxima discusión presupuestaria se encuentren aquí los intendentes. Anticipo que los gobernadores electos formularán exigencias. Y vamos a invitarlos. Concurrirán con la mirada de la zona.
El titular de Obras Públicas ha sido un buen Ministro y se ha preocupado de las regiones, pero no cuenta con la mirada integral acerca de la relación en el territorio con Bienes Nacionales, Vivienda o Educación en el caso de un proyecto de importancia e impacto locales. De alguna manera, la pelota queda ahí en la cancha de las regiones.
El proyecto significa abrir una puerta, pero exigirá también, desde luego, avanzar tanto en medidas administrativas como en futuras modificaciones legales. Es lo planteado en relación con la Ley de Rentas, cuestión que me parece fundamental para avanzar en la decisión en materia de ingresos propios.
Lo que hoy día hacemos es marcar un hito, que tengo claro que las regiones pueden aprovechar. No se trata solo de la experiencia de Magallanes. Tuve la oportunidad de ver lo de Concepción, donde también es muy importante lo hecho por iniciativa regional en cuanto a diversificación productiva, a inserción de la Región a nivel internacional.
Lo deseable es que este sea un camino que se abre, que ya no tiene vuelta atrás en la descentralización de un país que la necesita a gritos para dar el salto al desarrollo.
Por eso, con gusto me pronuncio a favor.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, trataré de maximizar los cinco minutos, y seguramente le pediré uno adicional.
Parto por consignar que ciertamente vamos a votar por la aprobación. No abrigo ninguna duda. Y las razones son todas las expuestas. Para que quede en el registro: daremos poder a las regiones, las democratizaremos, elegiremos directamente a nuestros futuros gobernadores, les otorgaremos atribuciones y competencias, y efectuaremos un cambio en Chile.
Siento que no se ha aquilatado, sí, lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de su impacto. Este lo comparto, pero me hubiera gustado que estuviera más estudiado, más acotado. Y voy a explicar por qué.
Hace meses había un entusiasmo desmedido en el Gobierno por aprobar a todo evento la elección de gobernadores regionales en 2017. A estas alturas hubiéramos tenido electos a Diputados, Senadores, consejeros regionales y, además, al gobernador regional, y hubiese sido claro quiénes pasaban a la segunda vuelta en la elección presidencial.
Mas se hubiera elegido con cero claridad en cuanto a atribuciones y competencias. Un grupo de Senadores de la bancada del Partido por la Democracia pudo imponer la tesis -logró el apoyo de la Oposición, en su oportunidad- de que para elegir un gobernador regional era preciso tener aprobado el proyecto que nos ocupa.
Mi Gobierno estaba dispuesto a realizar en 2017 solo la elección de gobernadores regionales, sin una ley de atribuciones y competencias. Eso me parecía irresponsable, porque los cuerpos legales que estamos aprobando hoy día son insuficientes, para empezar. Ello ha sido expresado por muchos Honorables colegas.
Sin ir más lejos, creo que una señora Senadora hacía referencia a la ley de puertos. Ayer se reunió la Asociación Nacional de Ciudades Puerto. Pues bien, con lo que estamos despachando ahora no se puede elaborar una normativa sobre el particular.
O sea, todo lo que hemos mencionado acerca de un tema tan medular para Quintero, Valparaíso, San Antonio, no se resolverá con el articulado en examen.
El señor Ministro puede corregirme. Le doy una interrupción, si quiere, aunque estemos en votación.
Se solucionan otras cosas, más pequeñas, pero no aquello.
¿Por qué digo que lo que estamos haciendo constituye una dimensión desconocida? Porque, si transferimos mucho poder, ¿qué hubiera ocurrido si el 19 de noviembre se hubiese elegido aquí a un gobernador regional con el 70 por ciento de los votos, en circunstancias de que la señora Sánchez obtuvo un 20; el señor Guillier, un 22, y el señor Piñera, un 36, sin perjuicio del resto de los porcentajes?
La segunda vuelta será entre el señor Piñera y el señor Guillier -mi candidato-, uno de los cuales ganará si supera el 50 por ciento de los votos, y, en el caso expuesto, en la Región se hubiera elegido un gobernador con el 70. Díganme Sus Señorías qué pesa más aquí. ¡El 70 por ciento! Ese es el poder que ello representa.
¿Con qué atribuciones hubiera contado este señor? Si el proyecto no estuviese despachado, con ninguna.
Así y todo, el texto resulta insuficiente, porque, una vez elegidos los gobernadores regionales, la presión por un mayor poder en las regiones será muy fuerte, como bien dijeron la Honorable señora Goic y otros colegas. Y voy a apoyar esa tendencia. ¡Si el Senador que habla hubiera querido un marco más claro y definido respecto del tipo de atribuciones que se iban a transferir, no un traspaso de competencias sacadas a la fuerza! ¡Eso es lo que ocurrirá!
Cuando discutamos el Presupuesto, se encontrarán en las tribunas no solo los funcionarios públicos que se interesen en el reajuste, sino también todos los gobernadores regionales que hayan sido elegidos. Y eso me parece fantástico. Pero me hubiera gustado un sistema más ordenado, más claro, para evitar tal vez la confrontación. Ello no se logra con el proyecto.
Avanzamos en algo: se contará con algunas atribuciones y competencias. Pero ¿saben Sus Señorías qué es lo más grave? ¡El resultado es cero en cuanto a rentas regionales!
La Primera Mandataria -mi Presidenta, quien encabeza mi Gobierno- lo anticipó hace ocho meses en una entrevista a El Mercurio de Valparaíso. El titular -y se repitió en todos los diarios de la cadena- fue: "No habrá ley de rentas regionales en mi Gobierno". Punto. O sea, el financiamiento quedó para ser visto en el próximo.
Por mi parte, digo: "Sí, quiero descentralización". Pero, cuando no se hacen cosas perfectas, se dan falsas esperanzas. Y mi problema no tiene que ver con más cargos públicos o no, con cargos políticos, sino con las expectativas que se generan en la ciudadanía, en los que escuchan los programas, en las personas que concluyen: "¡Ah! La descentralización va a solucionarnos todos los problemas!".
¡No, señores! ¡Tal vez no resolverá ninguno! ¡O muy pocos!
¡Con lo que estamos aprobando ni siquiera se podrá regular la tarifa para los adultos mayores en el transporte público!
¡O sea, el proyecto no define las dos cosas más sentidas que uno ha perseguido!
Tampoco lo relativo a los hospitales.
Entonces, cuando me expresan: "Hablémosle a la gente...
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor LAGOS.- Me parece que estamos haciendo algo tremendamente importante y he sentido que la conversación no termina en el mejor de los tonos.
Hubo enemistad por mucho rato. Soy un Senador de Gobierno y tuve que enfrentar discusiones muy complejas en ese ámbito. Fue preciso tragar mucha cosa negativa, mucha cosa tras bambalinas. Están aquellos que no quieren la descentralización, los que no la persiguen.
¿Se conocieron cuántas columnas de opinión de connotados regionalistas, descentralizadores, dispuestos a que se eligiera un cargo político, pero con cero atribuciones y cero peso? Una parte de mi Gobierno y algunos funcionarios participaban de ello. Lo sé.
Entonces, este es el segundo tren para ponerse contento con lo que se está haciendo, pero es preciso decir las cosas como son, porque se enfrentarán dificultades.
Algunos vamos a estar acá ocho años más...
Necesito otro minuto, señor Presidente.
¡Ya está terminando la sesión!
El señor TUMA.- (Presidente accidental).- Puede concluir, Su Señoría.
El señor LAGOS.- Decía que algunos de nosotros estaremos otros ocho años en el Senado -agradezco la responsabilidad que se me asigna-, en circunstancias de que será preciso enfrentar un asunto superdelicado.
Lamento lo ocurrido ayer, y volveré a traerlo a colación. No me parece sano para la democracia que a una persona que postuló a un cargo por cuatro años, respaldado por compatriotas, quieran cambiarle el mandato por secretaría a la hora nona.
¡Eso no se lo hacen ni a un Presidente de la República ni a un parlamentario, pero sí a un consejero regional!
El señor NAVARRO.- ¿Así es?
El señor LAGOS.- En efecto. Ello se buscará en la Comisión Mixta.
El señor NAVARRO.- Lo discutiremos.
El señor LAGOS.- ¿Qué va a ocurrir? Se dirá: "¿Usted quiere retrasar un año la elección de gobernadores?". Con eso va a venir el black mail, el chantaje.
En consecuencia, me pregunto cuál es el motivo. La razón es que las cosas se hacen lentas, que no se pueden hacer mejor. En tal caso, es preciso tener un poco más de modestia. Eso es lo que siento a ratos con motivo de la discusión.
¡Lo que estamos llevando a cabo es muy grande! Esta es la reforma más importante que hemos realizado en años. ¡Es más fuerte que la laboral o la tributaria, que el matrimonio igualitario o que cualquier otra! Entonces, ¡cómo me hubiera gustado algo más!
El señor El señor TUMA.- (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente quiero reiterar, una vez más, junto a votar a favor, que en nuestra bancada hemos tratado de ser muy coherentes con el proyecto. Y no me refiero solo al traspaso de competencias, pues también lo fuimos desde el primer minuto con la reforma constitucional para el efecto de elegir gobernadores regionales, lo que ocurrirá en el año 2020, y con el sistema electoral. Ahora nos jugamos por lograr algo un poquito más robusto que lo aprobado por esta Corporación en una primera instancia.
Aquí se formularon muchas críticas y se dijeron muchas cosas. Sin embargo, no nos movimos de una premisa fundamental para quienes creemos genuinamente en los intereses de la gente de regiones, en la descentralización, en más poder de decisión en ellas, en el sentido de que lo básico era entrar al proceso electoral. Pero, para elegir gobernadores, se requería conocer cuáles iban a ser las atribuciones. Sin ellas, el proceso no era el más adecuado, francamente -para decirlo de una manera suave-, y la frustración iba a caracterizar las evaluaciones futuras.
Incluso usted mismo, señor Presidente, expresaba hace un rato, con mucha razón, que las áreas en las cuales será posible descentralizar son bien acotadas. Estamos haciendo referencia al ordenamiento territorial, al fomento de actividades productivas, al desarrollo social y cultural. Ello también se contemplaba antes, pero en forma bastante reducida, porque prácticamente no existían espacios donde las regiones pudieran opinar respecto de cómo iban a ser los traspasos de competencias.
Finalmente, el Presidente de la República -quienquiera que sea elegido- determinará de oficio en el futuro, a solicitud del gobierno regional, cuáles serán las atribuciones pertinentes, conforme al marco que hemos señalado, y aceptará o no el planteamiento que se le haga. O sea, la última palabra se la sigue reservando el Primer Mandatario, quien incluso puede revocar esas pocas atribuciones.
Claramente, tiene lugar un avance, como lo decía ayer mi Honorable colega Quinteros, quien desempeñó un rol muy activo en todo el proceso de descentralización y conoce muy bien las regiones, en especial la de Los Lagos.
Es evidente que no hay punto de comparación entre lo que hoy día estamos votando y lo que se pretendía hace tan solo cinco meses que fueran las competencias. O sea, la Comisión Mixta estuvo casi todo el segundo semestre tratando de robustecer lo más posible las atribuciones.
Deseo destacar, junto a la Presidenta Bachelet, el rol del Subsecretario de Desarrollo Regional, pues ambos mantuvieron siempre firme el timón y la convicción en la necesidad de avanzar en mayores atribuciones para las regiones. Fueron otros los actores en el Gobierno que a veces enredaron un poquito la discusión. Quisiera subrayar el papel desempeñado en el proceso por el señor Cifuentes y su equipo.
Un nuevo trato con las regiones era puesto de relieve hace un rato por el Senador señor Guillier, reconociendo la especificidad de los territorios. De eso se trata, pues las vocaciones productivas de cada uno de ellos son distintas, por lo que la mirada centralista, santiaguina, no puede ser la misma para todos.
Por eso, así como la bancada del Partido por la Democracia se la jugó por ser coherente en la reforma constitucional, en el sistema electoral, en el traspaso de competencias, también tenemos que plantear, como lo manifestó el Honorable señor Lagos, la necesidad de avanzar en las rentas regionales. Las escuálidas facultades que será posible transferir o, por otro lado, el instrumento Fondo Nacional de Desarrollo Regional son completamente insuficientes.
El caso de actividades productivas, muchas de ellas extractivas -y generadoras de tremendas externalidades negativas en los territorios de las regiones-, en que las empresas terminan pagando sus patentes en la sede corporativa o en Vitacura carece de sustento en el tiempo, francamente. Por eso, es preciso avanzar en la lógica de impuestos regionales, en el marco de atribuciones en relación con financiamiento y rentas regionales.
Por todas estas razones, voto a favor del informe.
El señor TUMA.- (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional exigido, de que se registran 26 votos a favor y 3 abstenciones.
Votaron las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y el señor Coloma.
El señor TUMA.- (Presidente accidental).- Puede intervenir el señor Ministro.
El señor DE LA FUENTE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, parto por agradecer genuinamente el apoyo que hemos recibido hoy en la empresa de progresar en la descentralización y el empoderamiento real de nuestras regiones. Sin el concurso de Sus Señorías -lo digo muy de verdad- ello no sería posible. Es justo que brindemos este reconocimiento.
El paso que damos hoy día es fundamental, pues nos acercamos al término de la tramitación de dos leyes vitales, como se ha expresado, para que Chile alcance un mayor y mejor desarrollo que alcance a todos. Estamos en el proceso de cierre de una discusión legislativa, pero, a la vez, iniciando una nueva etapa en el proceso de empoderar a las regiones de manera gradual y responsable, lo que quiero decir bien claramente.
Sabemos que nuestro país es enormemente centralizado. Por eso, avanzar en la descentralización es un acto de justicia con los chilenos, que no pueden seguir postergados. Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones: la única posibilidad de generar un desarrollo integral y sostenible en Chile es hacerlo con sus regiones y no de espaldas a ellas.
La descentralización es un paso indispensable tanto para perfeccionar nuestra democracia como para potenciar el desarrollo económico, político y social de todo nuestro territorio, sin excepción. La agenda de descentralización de nuestro Gobierno apunta precisamente a derrumbar las desigualdades con relación a las regiones.
Profundizar la democracia y lograr su pertinencia territorial es parte de nuestra convicción, porque solo si la voluntad y la participación ciudadanas se transforman en una realidad podremos hacer del progreso algo tangible.
Por último, como lo que ha dicho la Presidenta de la República, quien ha empujado fuertemente el proceso de descentralización: "Las regiones se pusieron en marcha y lo único que cabe es caminar con ellas, no detrás, sino al lado".
Reitero nuestro agradecimiento a las señoras Senadoras y los señores Senadores que han concurrido con su voto a favor.
El señor TUMA.- (Presidente accidental).- Gracias a usted, señor Ministro.
Brindamos un reconocimiento a la participación clave en el proyecto y el proceso que le ha correspondido al Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Ricardo Cifuentes.