ELIMINACIÓN DE APORTE FISCAL INDIRECTO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, siempre escuchamos de los representantes de Chile Vamos la regla económica de que hay que focalizar el gasto. Y esto se repite especialmente a propósito de la gratuidad de la educación superior, cuando se insiste en la idea de que quienes pueden pagar la educación de sus hijos deben hacerlo. Incluso, su candidato presidencial ha llegado a decir que existe mayor compromiso de las familias cuando se paga por la educación.

Pues bien, este proyecto trata justamente de corregir la asignación de los siempre escasos recursos públicos eliminando el aporte fiscal indirecto, que beneficia precisamente a las instituciones que acogen a los alumnos de mayores ingresos, pertenecientes a los dos últimos quintiles, que son los que concentran a quienes obtienen los mejores puntajes de la PSU.

Según cifras del Ministerio de Educación, los egresados de colegios particulares pagados generan el 45 por ciento de estos recursos.

El aporte fiscal indirecto fue creado en 1981 y beneficia a las instituciones que admitan a los 27 mil 500 mejores puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios.

¿Acaso alguien todavía cree que estos son recursos asignados en función de la calidad?

Hace tiempo que está demostrado que la PSU no es indicativa de calidad y tampoco es el mejor instrumento para seleccionar estudiantes.

Hay experiencias prácticas en varias universidades respecto del buen rendimiento de alumnos con mejores desempeños en la enseñanza media que no necesariamente obtuvieron un buen puntaje en la Prueba de Selección Universitaria.

Cada vez la PSU pesa menos en la selección de estudiantes, y es lógico que esta fuente de financiamiento pese menos en el presupuesto de las universidades.

En definitiva, la mantención del aporte fiscal indirecto aparece como un instrumento anacrónico y regresivo, que apunta justamente en sentido contrario a la inclusión y a la igualdad de derechos.

Esto no quiere decir que las universidades de mayor complejidad, que son aquellas que atraen a los mayores puntajes, no merezcan financiamientos adicionales acordes a su nivel marcadamente superior en todos los ámbitos, especialmente en investigación, sino que estos financiamientos deben ser de acuerdo a las características de estas entidades y no en función de la base formativa con la que llegan sus estudiantes, que obviamente está condicionada por el nivel económico, social y educacional de sus padres.

Señor Presidente, ni la cuna, ni el colegio ni el preuniversitario son elegidos libremente por los jóvenes chilenos. Con esta lógica, también podríamos asignar el financiamiento de la educación escolar de acuerdo a los resultados del SIMCE.

Esta situación anómala debe ser corregida. Dicho propósito ha sido incluido en el proyecto de educación superior del Gobierno y en las anteriores leyes de presupuestos.

Espero que esta vez ese criterio quede asentado de manera definitiva y no siga siendo objeto de jugarretas judiciales, como las que ha promovido la Universidad Católica o las que se intentan cada cierto tiempo en el Tribunal Constitucional.