CREACIÓN DE SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.368-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 84ª, en 24 de enero de 2017.
Educación y Cultura (segundo): sesión 42ª, en 5 de septiembre de 2017.
Hacienda: sesión 42ª, en 5 de septiembre de 2017.
Discusión:
Sesión 85ª, en 25 de enero de 2017 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités decidieron por unanimidad una fórmula de votación que será distribuida a Sus Señorías.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión particular.
Puede intervenir la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, saludo, por su intermedio, a las señoras Senadoras y los señores Senadores y a todos los invitados que se encuentran en las tribunas.
El asunto que nos reúne dice relación con una de las reformas tal vez más emblemáticas que podemos realizar en el ámbito que nos ocupa.
Chile ha buscado -es la tercera vez que se plantea- un proceso de cambio en la educación pública a la luz de los datos y antecedentes de que disponemos.
Todos los países de América Latina, de Europa, de América del Norte, de gran parte de Asia, etcétera, cuentan con una formación de ese tipo que marca un estándar y es parte del quehacer de la nación. Es un "cemento", de alguna manera, que unifica visiones.
Existe, por cierto, todo el margen posible, dado por las regiones, la geografía y las opciones de cada uno, así como, muchas veces, un sistema mixto, con alternativas específicas. Pero la educación pública de ninguna manera ha perdido su carácter mayoritario.
En Chile, lamentablemente, no ha sido así. En los últimos treinta años hemos asistido a un proceso de pérdida de valor, en cierta forma, en ese ámbito.
Y no es simple analizar la cuestión, porque las causales son múltiples, como casi todo en la vida.
Quisiera detenerme solo en algunos aspectos.
El que 345 municipios sean responsables de llevar a cabo una de las principales funciones que la propia Constitución le entrega al Estado, en términos de garantizar la educación pública de los niños en Putre, en Visviri, en Puerto Aguirre o en cualquier lugar, con buena calidad y buenas oportunidades, es algo que no estamos cumpliendo -la verdad sea dicha- por distintas razones.
En parte, ello tiene que ver con nuestra geografía y la estructura de las municipalidades, las cuales, por su tamaño, por la cantidad de habitantes, no configuran una escala adecuada para poder llevar a cabo una administración en términos virtuosos.
No hay recursos suficientes, muchas veces, pero además se maneja una cantidad de niños inferior a la necesaria. Todos los estudios demuestran que el mínimo de ellos para hacer referencia a un sistema educativo va de ocho mil a doce mil, y nuestras comunas y divisiones geográficas no dan cuenta de ello.
Es algo que se suma a los problemas de gestión, que con frecuencia van más o menos aparejados, sin reconocerse el esfuerzo que muchos municipios hacen y han hecho por cumplir su trabajo lo mejor posible.
Hemos llegado a disponer el doble del financiamiento para la educación pública en los últimos cinco años, y, sin embargo, tenemos casi cien municipios en situaciones absolutamente desmejoradas, desde el punto de vista económico y de mantener de manera adecuada al personal con que trabajan.
Lo anterior no es un misterio para nadie. Las señoras Senadoras y los señores Senadores son testigos a diario de las dificultades que distintas comunas enfrentan para sacar adelante su labor.
Por lo demás, se trata de una función que nunca ha dejado el carácter de tarea delegada, transferida, traspasada. Es como si no fuera propia del municipio. Así, la Asociación Chilena de Municipalidades hizo hace algunos años una consulta entre todos sus miembros, que mayoritariamente, no unánimemente, estuvieron de acuerdo con el proceso de desmunicipalización. Porque, por un lado, es una actividad que les demanda recursos, y por otro, no les resulta significativa para lo que entienden como gestión propia.
Por tal razón, la nueva educación pública no dice relación con una modificación administrativa, con sacarla de la administración de los municipios para pasarla a servicios locales solo de educación, sino que hay un cambio de mirada, de poner lo mejor de nosotros, como país, a fin de que sea una alternativa real para cualquier familia.
Los que tenemos más años sabemos que ella marcó un estándar en el pasado. Era la que validaba los estudios en los colegios particulares pagados. Y los particulares subvencionados no eran tantos y eran pequeños. Entonces la educación pública la llevaba.
Creemos que aún estamos a tiempo para fortalecerla.
Un 36 por ciento de la matrícula del país está en la educación pública, aunque no se reparte por igual a lo largo de todo el territorio. Hay regiones con 40 por ciento y otras llegan al 50, pero la Región Metropolitana no pasa del 25. Es decir, en este ámbito se observa una desproporción tanto numérica como porcentual.
El proyecto en análisis, señor Presidente, busca hacer un esfuerzo país, ojalá con una visión de Estado compartida, para sacar adelante la tarea.
Sabemos que muchas personas -entre ellas, una buena cantidad de parlamentarios- piensan que los municipios sí pueden llevar a cabo esa función, pero hemos llegado a la conclusión de que son pocos los que han podido cumplir bien durante este tiempo, y no creemos que ese número vaya a aumentar en el futuro.
Por esa razón, el proyecto propone que se hagan cargo de la educación pública los Servicios Locales de Educación, entidades que contarán con funcionarios públicos -eso es muy importante- y patrimonio propio.
Se constituirá un sistema educativo conformado por 70 de dichos servicios, de carácter centralizado, dependiente del Ministerio de Educación para velar por el buen funcionamiento de tales organismos a lo largo y ancho de nuestro país.
Los criterios para establecer los Servicios Locales se basan en estudios muy complejos que hemos pedido -en esto ha habido mucho apoyo externo-, para que realmente se combinen situaciones de posible acceso a tales organismos y aspectos de comunicación interna.
Un hecho muy importante, señor Presidente, es que los establecimientos educacionales que integrarán los Servicios Locales, sean colegios básicos, liceos, escuelas carcelarias u hospitalarias, incluso los jardines infantiles...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Ministra.
El señor LAGOS.- ¡Que concluya, señor Presidente!
El señor ALLAMAND.- Sí, quedó a medias.
La señora ALLENDE.- ¡Permítale terminar!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra la señora Ministra. Le solicito que se ciña al tiempo asignado.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Muchas gracias, señor Presidente.
No tenía claro que disponía de los mismos minutitos. Pido las disculpas del caso.
La presente iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y después analizada en las Comisiones de Educación y de Hacienda del Senado, instancias en las que participamos. Se ha ido mejorando su texto en la medida en que hemos tenido la posibilidad de debatirlo fuertemente.
Quiero destacar la disposición de todos los Senadores a hacer un aporte a este proyecto. El resultado de las votaciones podría haber sido permanentemente, por decirlo de alguna manera, "3 a 2". ¡Pero no fue así! Fuimos capaces de escucharnos, de buscar puntos de acuerdo.
Por eso hoy se discute una propuesta legislativa que recoge la voluntad de combinar lo existente con un elemento nuevo, que tiene novedad, que nunca antes se había empleado para administrar la educación pública.
Vamos a partir con cuatro Servicios Locales de Educación el próximo año. Dos de ellos ya fueron completamente instalados, con los colegios ya traspasados, y otros dos quedarán operativos para echarlos a andar en los meses siguientes. Tal medida beneficiará a cerca de 600 colegios (246 para partir) en tres años. Después vendrá un período de evaluación, luego de lo cual veremos cómo imprimirle la velocidad necesaria al sistema para que funcione bien a lo largo y ancho del país.
Los cuatro primeros servicios que se instalarán -definidos en la propia ley, producto del debate- son: el de Barrancas (le hemos dado ese nombre por una antigua comuna de ese sector), que comprende las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia; el de Puerto Cordillera, que está conformado por las comunas de Coquimbo y Andacollo; el del Valle del Huasco -quedaría instalado pero no partiría en marzo de 2018-, que contempla las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, y el que corresponde a una zona de rezago en La Araucanía, integrado por Nueva Imperial, Carahue, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra y Toltén.
Esos serían los cuatro Servicios Locales con que parte el sistema. Estamos seguros de que haremos los mejores esfuerzos en las regiones y en el nivel central para que ellos alcancen el éxito que se requiere.
Insisto: no se trata de un cambio administrativo, sino de inyectar recursos y apoyo al sistema para que la educación que los niños empiecen a recibir sea más integral que la que se entrega hoy.
Esperamos que la formación y el trabajo en red de los colegios permitan potenciar las capacidades de los establecimientos y disminuir sus déficits. Así tendremos recursos para hacer funcionar dicha red en función del deporte, del arte, de la ciencia, de la cultura, etcétera. Eso es formación integral, como lo define la Ley General de Educación (LGE). Y nos ha costado muchísimo llegar a esa imagen más comprensiva de la formación de un niño en el siglo XXI en nuestro país.
Yo dejaría hasta aquí mi intervención, señor Presidente. Por cierto, en la medida que vaya avanzando el debate, responderemos todas las preguntas que sean necesarias.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, después de un largo y fructífero debate de aproximadamente un año en la Comisión de Educación, que tengo el honor de presidir, y también en la de Hacienda, tras haber aprobado en su momento la idea de legislar, corresponde a esta Sala discutir en particular el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública.
Ahora hablamos de "una nueva educación pública"; al principio se le llamaba "desmunicipalización". Este término fue quedando en el camino, afortunadamente, porque es muy negativo. No se trata de quitar algo al municipio, sino de dotar al Estado de Chile de una nueva institucionalidad, de un sistema de educación pública que permita verdaderamente revertir una tendencia notoria en Chile: en 27 años la matrícula ha bajado de un 60 a un 36 por ciento.
Esa es una de las medidas, ciertamente la de alcance más estructural. Pero hay otras: carrera docente, bonos de incentivos al retiro anticipado, establecimiento del FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), etcétera. Con ello hemos tratado de cumplir con el objetivo de fortalecer el pilar fundamental de la educación pública en Chile.
Quiero partir por algo muy central, que es más que un aspecto formal. Se trata de un acuerdo de la Comisión de Educación del Senado, de todos sus integrantes, con el Gobierno: no despachar esta iniciativa, mientras no ingrese el proyecto sobre estatuto de los asistentes de la educación,...
--(Aplausos en tribunas).
... que es un anhelo largamente acariciado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego guardar silencio en las tribunas. Están prohibidas las manifestaciones.
El señor WALKER (don Ignacio).- Quiero reconocer la buena disposición del Ejecutivo y felicitar, por supuesto, a la organización de funcionarios del sector, a don Arturo Escarez y a toda la directiva a nivel regional. Todos hemos conversado con ellos.
El Gobierno hoy día ha ratificado ese compromiso: no se va a despachar la presente iniciativa del Parlamento, mientras no se envíe el proyecto referido al estatuto de los asistentes de la educación. Entendemos que ninguna propuesta legislativa sale como entra, pues es objeto de una discusión. Ahí escucharemos, por cierto, a todos los dirigentes de los asistentes de la educación, quienes defienden legítimas aspiraciones.
Finalmente, ha llegado la hora de los 130 mil asistentes de la educación que hay en Chile.
Eso es lo primero.
El acuerdo existe: la Ministra lo ha ratificado; el Gobierno lo hace suyo.
En segundo lugar, la bancada de Senadores y Diputados de la Democracia Cristiana hemos votado a favor, en general y en particular, esta iniciativa de ley que crea la nueva educación pública, porque nos hemos formado la convicción de que es un buen sistema, después de meses y meses de audiencias, de escuchar a expertos, a directores, a personas involucradas en el proyecto educativo y de ser testigos en nuestras comunas y regiones de las falencias y los problemas que presenta la administración municipal de la educación pública.
Esto último obedece, entre otros motivos, a que el municipio debe cumplir muchas funciones.
Por eso queremos un ente con giro único, exclusivo, público, estatal, dedicado a fortalecer la educación pública.
En el Senado hemos aprobado el cuerpo de artículos permanentes y el conjunto de disposiciones transitorias, normas que, por supuesto, hemos modificado e innovado de muchas maneras, conforme a nuestro papel como Cámara revisora.
La base de la presente iniciativa es el establecimiento educacional -este fue un acuerdo muy importante en la Comisión-: se les libera de cargas administrativas y se empodera a los directores.
Artículo 7: "Los establecimientos educacionales son la unidad básica y fundamental del Sistema". ¡Son los directores, la comunidad educativa!
Ahí parte el proyecto.
Después viene la gobernanza. ¿Qué se plantea en esta materia?
Primero, un Consejo Local de Educación, que representa a la comunidad educativa.
Segundo, un Comité Directivo Local, que fue una creación introducida en el Senado. La idea es que, al entregar la educación pública al Estado -entre comillas-, no se entienda que se entrega a Santiago. Se fomenta una participación, un involucramiento directo de la comunidad local.
Tercero, el trabajo en red. En este ámbito propusimos, por ejemplo, las conferencias de directores. ¿Cómo no va a ser lógico que dos veces al año los directores de todos los establecimientos educacionales se reúnan a deliberar, a pensar, a reflexionar, a compartir buenas experiencias, para evitar las malas prácticas?
Cuarto, una coordinación regional. En la base está el establecimiento educacional y más arriba, el Consejo, el Comité Directivo y la coordinación regional. Porque la educación pública debe estar vinculada a los planes de desarrollo de la Región.
Quinto, la Dirección de Educación Pública, organismo del nivel central que propondrá al Ministerio de Educación, que es el órgano rector en esta materia, una Estrategia Nacional de Educación Pública.
En resumen: la base es el establecimiento educacional ("unidad básica y fundamental del Sistema") y luego se establece la gobernanza.
Esta se estructura, desde abajo, con el Consejo Local, que representa a la comunidad educativa; el Comité Directivo Local, que tiene atribuciones muy reales; el trabajo en red; la coordinación regional, y la Dirección de Educación Pública, que fijará, junto con el Ministerio de Educación, la Estrategia Nacional de Educación Pública.
No lo he mencionado, pero todo ello se articula en torno a los Servicios Locales de Educación Pública -y subrayo la palabra "locales"-, entidades que estarán a cargo de la administración y gestión de la educación pública.
En los pocos minutos que me quedan, deseo referirme a dos temas muy importantes.
Uno de ellos es la transición. Al respecto, optamos por la gradualidad. Un cambio estructural de esta magnitud, después de treinta y tantos años de un proceso de municipalización y considerando que estamos transitando hacia otro esquema, requiere seriedad, responsabilidad. La gradualidad es un aspecto de la buena política pública.
Por lo mismo, cuatro Servicios Locales entrarán en funcionamiento el 2018; tres, el 2019; cuatro, el 2020. Ahí tenemos los primeros once, de sesenta y ocho.
En el futuro pueden ser más o pueden ser menos. Tengamos presente que se crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano que, después de tres o cuatro años, va a determinar cómo se ajusta de mejor forma el proceso gradual de transición y va a ir introduciendo correcciones. No creamos una camisa de fuerza, sino un sistema flexible -otro aspecto de la buena política pública-, con gradualidad, que incorpora también a los jardines VTF en los Servicios Locales de Educación Pública.
Finalmente, pero no menos importante, está lo relativo al traspaso, a la continuidad jurídica.
Cada Servicio Local de Educación Pública -ya no se habla de "sostenedor", lo que es un aporte significativo de la Comisión de Hacienda- va a tener la continuidad jurídica de la función que hasta ahora correspondía al municipio. Será el sucesor legal de este último. Y se incluyen los bienes inmuebles, porque estamos hablando de un traspaso al interior del Estado. ¡Las municipalidades son parte de la estructura del Estado!
En efecto, el traspaso gradual hacia el Servicio Local cuenta con un carácter de continuidad jurídica.
Por último,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor ALLAMAND.- ¡Un minuto más! ¡Es el Presidente de la Comisión!
El señor WALKER (don Ignacio).- Concluyo de inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias, señor Presidente.
Con relación al traspaso, cabe señalar, primero, que toda persona que se encuentre hoy día en un establecimiento educacional público, por el solo ministerio de la ley, accede al nuevo sistema. Por tanto, existe perfecta garantía a ese respecto.
Segundo, en los concursos se establece una preferencia para los actuales funcionarios del nivel municipal y del provincial. ¡Preferencia!
Tercero, a quienes no sean traspasados el municipio puede ofrecerles otras oportunidades. Eso está en el proyecto.
Cuarto, se contempla un sistema de indemnización para las personas que no sean traspasadas. Este es, evidentemente, un punto muy sensible para los funcionarios. Lo hemos conversado durante mucho tiempo.
Para terminar, quiero decir que estamos innovando con un proyecto de reforma estructural, cuya gradualidad y transición permiten asegurar una política pública responsable.
Por eso los Senadores de la Democracia Cristiana lo hemos votado a favor en todas sus etapas.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aprovecho de saludar al Alcalde de Carahue, don Alejandro Sáez, y a los Concejales Carlos Pino y Guido Tralma, quienes nos acompañan esta tarde. Vienen invitados por el Senador señor Quintana.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Saludamos también la presencia del Presidente del Colegio de Profesores, así como a una delegación de Cerro Navia.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, estimados colegas, cuando votamos en general este proyecto, la Oposición lo rechazó. Y lo hicimos por un aspecto de convicción. Nosotros pensamos que esta iniciativa presenta un defecto central, que no ha sido subsanado: asumir desde la partida, casi como un dogma ideológico, que los municipios, que son entes del Estado, no son capaces de gestionar la educación pública.
Nosotros no estamos de acuerdo con ese punto de vista.
Más aún, tal como dijimos en su oportunidad, nos parece que una simple mirada al panorama internacional refleja exactamente lo inverso: que la educación pública en el mundo es crecientemente gestionada desde las municipalidades.
También sostuvimos -y lo seguimos pensando- que ese enfoque inicial era equivocado, pero no por creer que el sistema municipal actual es perfecto, ni mucho menos -tiene muchas falencias-, sino porque una cosa es aceptar que un sistema debe ser corregido y otra distinta es definir a priori que los municipios endémicamente son incapaces de gestionar la educación pública.
En tercer lugar, estimamos que el proyecto en análisis asume una apuesta de gran riesgo: suponer que el Estado podrá gestionar la educación pública de mejor forma que las municipalidades. Y eso está por verse.
En ese plano se han cometido muchos errores, señor Presidente.
A principios del Gobierno actual se cancelaron las concesiones hospitalarias, porque se estimó que el Estado iba a construir mejor los hospitales que la colaboración entre los sectores público y privado. Y quedó demostrado que esa idea era muy equivocada.
Y qué decir, por ejemplo, de cómo ha sido la instalación de los centros de formación técnica y las universidades estatales, que han evidenciado innumerables problemas.
En fin, no vamos a reiterar hoy esa discusión.
Sin embargo, señor Presidente, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno en esta materia. Y lo hemos hecho por una convicción igualmente profunda. En este punto, quiero decir que coincidimos, ni más ni menos, con las palabras del candidato presidencial del oficialismo, el Senador Guillier.
Él dijo a principios de este año: "Hay materias como la reforma previsional, ordenar la reforma educacional, que son acuerdos nacionales que deben ser muy profundos".
Y agregaba: "La reforma a la educación, por ejemplo, no consiste en sacar un conjunto de leyes, porque después viene otro gobierno y te las echa para atrás".
Eso es absolutamente cierto.
En consecuencia, fuimos convocados por el Gobierno -y quiero explicar esto a la Sala; ya lo saben los miembros de las Comisiones de Educación y de Hacienda- precisamente para alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y la Oposición a fin de viabilizar esta reforma.
Pues bien, hemos aceptado y convenido un completo acuerdo en esta materia con el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sin perjuicio de que, como se verá más adelante, hay materias que no forman parte de dicho acuerdo, pero sí del proyecto.
Señor Presidente, para información de la Sala, este acuerdo tiene fundamentalmente seis principios.
El primero es el principio de gradualismo.
Cada vez que hemos hecho reformas importantes en Chile (estoy pensando en la reforma procesal penal) y la hemos implementado de modo gradual, estas han funcionado bien; por el contrario, cuando hemos querido ir más rápido de lo que corresponde, el resultado ha estado a la vista.
En segundo lugar, el Gobierno -y quiero insistir en esto- propuso la instalación de un nuevo sistema dentro de un plazo de ocho años, pensando, concretamente, en dos subetapas: en la primera (le corresponderá al próximo Gobierno) se deben instalar once de los setenta Servicios Locales, y en la segunda (a cargo del Gobierno subsiguiente) se deben instalar los restantes.
En tercer lugar, propusimos que existiese -y así quedó consagrado en el proyecto- una comisión de evaluación de alto nivel, que acompañara desde el día uno el proceso de instalación.
Esa propuesta nuestra fue aceptada por el Gobierno.
En cuarto lugar, establecimos que al final del próximo Gobierno y mediante informe favorable de esa comisión de alto nivel, la autoridad va a estar en condiciones de extender, fundadamente, el proceso, por un período delimitado si el avance en su puesta en marcha muestra que existen dificultades.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LAGOS.- ¡Dele un poco más, señor Presidente!
La señora VON BAER.- Yo le concedo el mío. No tengo problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Me informan que Su Señoría cuenta con el tiempo completo de Renovación Nacional.
El señor ALLAMAND.- Muchas gracias. Estoy por terminar.
Como decía, en virtud del cuarto principio, al final del próximo Gobierno y previo informe favorable de la referida instancia, el proceso de transición se podría extender por un período limitado.
En quinto lugar, quiero hacer presente que esto es plenamente razonable. Voy a dar solamente una cifra para que los señores Senadores la tengan en la cabeza: la instalación plena del sistema, de acuerdo con el informe financiero, significará 500 millones de dólares en régimen.
Además, señor Presidente, va a ser muy importante cómo se inicie la instalación de los Servicios Locales a partir de enero del próximo año.
Se presentarán tres problemas extraordinariamente relevantes.
Primero, el tema de las deudas.
El proyecto establece la obligación del Gobierno de sanear las deudas que existen en los municipios que sean traspasados. Esto -lo hemos dicho- será extremadamente complejo.
Segundo, habrá problemas con el traspaso del personal. Se observarán muchas dificultades en este ámbito.
Y tercero, surgirán inconvenientes enormes en todo lo que tiene que ver con el traspaso patrimonial que está envuelto en esta reforma.
Por lo tanto, revisar cómo se instalará el sistema es de la mayor racionalidad.
Finalmente, el sexto principio es el siguiente.
Piensen Sus Señorías que en el menor de los plazos estamos hablando de ocho años, lapso que fue definido por el Gobierno, no por la Oposición. En consecuencia, durante ocho años van a coexistir colegios públicos, estatales, unos gestionados por los municipios y otros por los nuevos Servicios Locales.
¿Qué hace el proyecto de ley? Establece incentivos y resguardos para que los municipios que continúen gestionando lo puedan hacer en forma adecuada, de la misma manera que los Servicios Locales.
Tales son las bases del acuerdo a que hemos llegado, señor Presidente, acuerdo que vamos a honrar en la votación de esta iniciativa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en primer término quiero destacar que en toda la discusión generada por el proyecto hemos instalado un tema que consideramos de la mayor importancia: no dejar de lado, jamás -desafortunadamente, pocas veces se tomaban en cuenta- a los miles y miles de mujeres y hombres funcionarios y asistentes de la educación, porque son parte de la futura educación pública de la que estamos debatiendo en esta oportunidad. Y permítanme hacer un merecido reconocimiento a don Osvaldo Sánchez y a don Javier Quintul, ambos presidentes de entidades de funcionarios, uno de Puerto Natales y el otro de Punta Arenas.
Señor Presidente, este proyecto, denominado "Sistema de Educación Pública", responde a una necesidad que hacemos nuestra. Efectivamente, dudo que alguien no quiera un enorme fortalecimiento en algo que cualquier Estado debe entregar: una educación pública sólida y de extraordinaria calidad.
En primer término, la iniciativa crea y traspasa los establecimientos educacionales municipales a un nuevo organismo: los Servicios Locales de Educación Pública, definidos como "órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio". Esto no es tener una postura de Estado en relación con querer alcanzar una verdadera educación pública.
Si realmente hubiera voluntad política de traer de nuevo la educación al sector público, fortalecida y de calidad, se hubiesen utilizado los órganos ya existentes.
En segundo lugar, existe un proceso de transferencia en el cual no se establece una garantía específica a los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación a través de distintos mecanismos, como las negociaciones colectivas ya pasadas.
Tenemos la convicción de que esta garantía, que se contempla en el proyecto como artículo cuadragésimo segundo transitorio, debe considerar expresamente todos los derechos adquiridos, sean individuales o colectivos, remuneracionales y no remuneracionales, que son propios del ejercicio de la función, tales como permisos y vacaciones. O sea, debe ser una garantía de protección general de todos estos derechos, cualquiera que sea su fuente u origen, evitando juicios o litigios posteriores.
Señor Presidente, me encantaría que la señora Ministra pudiera explicitar, dentro de lo posible, la real voluntad del Ejecutivo en este proyecto en cuanto a lo que acabo de señalar. Que quede clara constancia, en la historia fidedigna de la ley, de que la iniciativa se hará cargo de la protección de todos los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación, cualquiera que sea su clase o naturaleza.
Recordemos, por ejemplo, que el estatuto que regula el régimen laboral de los asistentes de la educación no existe. Entendemos que se hará llegar la próxima semana. Tenemos total desconocimiento sobre esa materia, y sentimos la necesidad de que se vuelva a señalar, con la mayor claridad, que, de ser traspasados, los trabajadores, los asistentes de la educación, los propios maestros, serán considerados funcionarios públicos.
En el caso de los asistentes de la educación -y es lo que hará su estatuto, que es público-, su condición debiera ser precisamente la de funcionarios públicos. Y con respecto a esta situación también pido que la señora Ministra haga una aclaración, a fin de allanarnos con toda nuestra voluntad en la búsqueda de aprobar lo que debiera ser a futuro la educación pública que anhelamos todos.
Quiero solicitar, señor Presidente, votación separada. Sé que hay un acuerdo con relación a muchos artículos, que cada uno de mis colegas tiene en su pupitre, pero deseo pedir que se voten separadamente los artículos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero transitorios.
Y, en caso de no haber una declaración de la señora Ministra con respecto a lo que he solicitado, voy a hacer, además, reserva de constitucionalidad de las disposiciones que mencionaré más adelante.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, a fines del siglo XIX la educación chilena era municipalizada.
Fracasó.
Ahora Chile lleva 37 años con un sistema que impuso la dictadura; un mal sistema que ha frustrado los talentos y potencialidades de muchos niños.
Reduce la calidad de la educación a pruebas psicométricas.
Cree que el mercado y la competencia desarrollarán la educación.
Incentiva la expansión de la educación particular subvencionada, creando 2 mil colegios nuevos.
Transforma la educación pública en una educación residual para pobres y sectores rurales: una educación de la cual muchos quieren salir.
Limita el rol de los profesores a lograr puntajes en pruebas SIMCE, más que a educar en un sentido integral y transformador.
Desde 1990 se intentaron diversas acciones para desarrollar la educación pública dentro del actual sistema: estabilidad de la profesión docente, P900, Jornada Escolar Completa, Subvención Escolar Preferencial, insumos educativos, cambios curriculares y un fuerte incremento de recursos.
En dicho año la educación chilena disponía de 1.000 millones de dólares; hoy dispone de 17 mil millones de dólares. Pero no logró la equidad y la calidad que se esperaban con todo lo que se hizo.
El Gobierno de Michelle Bachelet se propuso cambios estructurales en educación escolar. Lo primero era recuperar el carácter y sentido de la educación particular subvencionada, terminando con el lucro, la selección, etcétera, y, simultáneamente, generar una nueva educación pública escolar, eje de un sistema escolar mixto.
En el fondo de esta opción hay una visión, una idea de la sociedad, del Estado, de la formación de las generaciones dirigentes.
Muchos llevamos años tratando de crear las bases de una nueva educación pública. Y nos hemos jugado en diversos momentos: rechazando el financiamiento compartido; no apoyando la modificación de la LGE por no incluir una responsabilidad preferente del Estado en materia de educación pública; requiriendo más recursos para la educación pública, y reclamando que la reforma en curso debió haber comenzado por la educación pública.
Para nosotros, los niños han sido la principal preocupación y motivación para el cambio. Nos parece cruel una sociedad que haya limitado de esta manera el desarrollo de muchos niños.
Hemos obtenido algunos logros, como el Fondo de Revitalización de la Educación Pública.
Numerosos actores al interior de la propia centroizquierda le temían a esta opción.
Durante años no se pudo hablar de educación pública ni de la opción preferente del Estado por sus establecimientos. En el "Informe Brunner", de 1994, se prohibía hablar de educación pública; no existía el concepto.
Algunos asumieron como normal el reparto de recursos "uno a uno" que impuso la dictadura entre la educación pública y la particular subvencionada. Incluso, hubo quienes impidieron que se creara una división de educación pública en el Ministerio cuando se discutió la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
El principal problema ha estado en no construir una gran fuerza social y política por los cambios y la nueva educación pública.
Ello es responsabilidad del Gobierno, de los partidos de la Nueva Mayoría, de los parlamentarios y de todos los que plantean el cambio, es decir, de todos nosotros.
El papel de la Derecha fue defender el sistema educacional de mercado. Durante años bloqueó los esfuerzos de cambio. No puedo olvidar que nos demoramos diez años en poder cambiar los directores de los colegios públicos. Se impidió incluso el concurso.
Tampoco puedo dejar de recordar aquellos momentos en que se celebraba que los colegios públicos tuvieran un SIMCE más bajo, o que bajara la matrícula. Se llegó a implementar un semáforo, que no tenía otro objetivo que estigmatizar a la educación pública y sus comunidades.
Michelle Bachelet presentó en su Gobierno anterior un proyecto de nueva educación pública. Y después el Gobierno de Sebastián Piñera presentó otro proyecto de desmunicipalización, el cual asumía, por primera vez desde ese sector de la sociedad, la necesidad de enfrentar los problemas de la gestión municipal y buscaba fortalecer la educación pública. Valoramos el papel de Harald Beyer en ello.
Frente al proyecto de la Presidenta Bachelet, la Derecha ha planteado objeciones radicales, al menos en el Senado. La principal fue defender el modelo municipal.
Sostuvieron que en Chile los municipios podían ser buenos responsables de la educación pública si contaban con recursos.
Cuestionaron la facultad legislativa para transferir por ley los bienes municipales.
Argumentaron que esto quedaría bloqueado en el Tribunal Constitucional.
Señalaron también que las deudas debían pasar a ser responsabilidad del Gobierno.
Esta posición fue cambiando, hasta que se llegó a un acuerdo entre la Derecha y el Gobierno.
Sus principales puntos fueron:
-Una evaluación, en el cuarto año, por una comisión de personalidades ad hoc. Esto igual se podía hacer, pero fue parte del acuerdo que se estableció con el Gobierno.
-La posibilidad de que algunos municipios posterguen su entrada al nuevo sistema, aunque no indefinidamente: solo por el período de transición.
-En relación con las deudas, se establece que hay que resolverlas en el momento del traspaso.
-En el marco de lo anterior, se relativizó la capacidad de bloquear el proyecto en el Tribunal Constitucional.
La principal razón de la apertura de la Derecha fue reconocer que la propuesta del Gobierno podía ser una alternativa y que "había que aprobarla", como incluso se llegó a decir en la Comisión en algún momento, pero también a que el sistema actual está en crisis. Se habló de cien municipios ya en situación crítica.
Ahora bien, si tuviera que ponerle una nota a este proyecto, yo diría que hay que separar dos partes.
Por un lado, está la definición de un nuevo sistema de educación pública, que merece algo así como nota 5 o 6. El modelo de educación actual se reemplaza por otro. Fueron diecinueve años de discusión al interior de la centroizquierda en que no nos poníamos de acuerdo y ahora lo estamos.
Se contiene un concepto de educación distinta, que supera el concepto "SIMCE". Supone una dirección nacional que le dé uniformidad básica a la orientación; supone 70 Servicios Locales; supone un financiamiento que combine lo basal con el financiamiento por alumno.
Por otro lado, hay una transición a ese nuevo modelo desde la situación actual, lo que, desde mi punto de vista, puede calificarse con nota 4.
Tiene muchas complejidades, numerosos vacíos y cuestiones que es necesario resolver en el camino, pero creo que hay que avanzar.
Es necesario aprobar este proyecto porque permite iniciar un proceso de transformación significativo y avanzar hacia una nueva educación pública.
Creemos que en los colegios hay directivos, asistentes de la educación, alumnos y profesores valiosos, con potencial y talento, que requieren un apoyo y recursos para desplegar toda su capacidad en pos del desarrollo de las aptitudes y singularidades de los niños chilenos.
Creemos en una sociedad más inclusiva y no segregadora, donde los segmentos medios vuelvan a confiar en la educación pública y regresen a las escuelas públicas.
Creemos en una formación republicana y democrática que promueva los derechos humanos y las libertades públicas.
Creemos en una educación pública integral y moderna que promueva el desarrollo de nuestros niños y jóvenes en todos sus ámbitos y no solamente en los aspectos que hoy día cubre el SIMCE.
Este proyecto es un primer paso. Quizás no es todo lo potente que hubiéramos querido, pero asumimos el compromiso de ir fortaleciéndolo.
¡Chile necesita una nueva educación, y este es un paso significativo en esa dirección!
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, una de las preguntas que uno se puede hacer es por qué estamos llegando a este punto, por qué se ha presentado este proyecto. Y la verdad es que aquí no hay ningún capricho, porque la Presidenta Bachelet lo que hizo en su última campaña presidencial fue plantear con mucha fuerza la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema de educación, con todo lo que ello significa, asumiendo que el que hoy día tenemos no es un sistema. Son 345 subsistemas -si se quiere- distintos, sin colaboración, sin que se mire cuáles son las buenas experiencias, sin desarrollar una visión estratégica, sin pensar en el mediano ni en el largo plazo.
Con el mayor respeto a los alcaldes y concejales, me parece que la decisión se encuentra ahí; se toma en los cuerpos colegiados respecto de los aspectos pedagógicos que deben llevarse adelante en el plazo de un año. ¡En el plazo de un año! Pero las miradas de mediano y largo plazo no están.
Por lo tanto, lo que aquí se requiere -así lo entendió la Presidenta Bachelet hace ya bastante rato, y lo expresó con mucha claridad al inicio de su mandato- son servicios especializados.
No es que los alcaldes se vayan a desentender de esta materia. Y aprovecho de saludar al Alcalde y los concejales de Carahue, invitados a las tribunas del Senado. Ellos, pese a los pocos recursos que tienen, exhiben resultados que no son malos. Sin embargo, han entendido que la educación municipal en zonas dispersas, con alta ruralidad, con baja matrícula muchas veces, en lugares apartados, necesita estar en manos de entes especializados, sin que eso signifique -y está reflejado en la gobernanza- que los municipios se vayan a desentender de aquello.
Entonces, no es un capricho lo que se planteó la Presidenta Bachelet. Porque este es el tercer intento. Tal vez se podría decir que "la tercera es la vencida". Ella, en su primer gobierno, ya hizo el 2006 un intento por desmunicipalizar. ¡Para qué vamos a comentar dónde quedó el proyecto, qué pasó con él, dónde se archivó! ¡Para qué vamos a comentar el segundo intento, que efectuó el ex Presidente Piñera, en términos muy similares a los que hoy día estamos debatiendo! También terminó archivado en un cajón por ahí.
Por lo tanto, aquí se requería voluntad política y bastante convicción, así como mirar varios otros cuerpos normativos que de alguna manera están siendo corregidos.
Me quiero referir a uno de ellos.
A veces se defiende con mucha fuerza la Constitución, especialmente desde las bancas de enfrente. Por supuesto, una cosa es el rol que le compete a la Carta Fundamental, y otra es su legitimidad. Pero se olvida que la Constitución, en su artículo 19, número 10°, mandata al Estado, a todos nosotros, para instaurar un sistema de educación gratuito. ¡Gratuito!
El fin del copago y la selección fue aprobado a regañadientes por algunos y rechazado por otros. Sin embargo, la propia Constitución establece que el Estado se halla obligado a crear un sistema gratuito. ¿Para qué? Para hacer posible algo que es obligatorio. ¿Dónde? En toda la enseñanza básica, en toda la enseñanza media, y ahora se agrega el segundo nivel de transición.
Por consiguiente, lo que estamos haciendo, si uno quiere remitirse no a elementos ideológicos, sino a aspectos normativos mínimos establecidos en la Carta Fundamental, es ponernos al día en aquello.
Pero la verdad es que la evidencia va mucho más allá porque, por ejemplo, si nos comparamos con los países de la OCDE, ¿qué pasa allí con la educación pública?
En esos países el promedio en educación pública primaria, no en la municipal, es de 89 por ciento. Y en la secundaria, el promedio es de 82 por ciento.
¿De cuánto es hoy día en Chile, señor Presidente? De 36 por ciento, ¡de 36 por ciento! ¿Cuánto era en el año 81, cuando empezó este desastre, o este invento que, entre otras cosas, derivó en la deuda histórica? (recordemos que esta no llega de Marte; se origina justamente a partir de la municipalización de la enseñanza).
En ese momento, en 1981, la educación pública en Chile, de la cual todos nos sentíamos orgullosos porque ejercía un principio rector, porque era un referente que establecía estándares que el resto seguía, alcanzaba a 78 por ciento. ¡La educación pública era de 78 por ciento antes del experimento del 81!
El año 90 llegaba al 60 por ciento. Y actualmente, como se ha dicho, al 36 por ciento.
Y en eso todos tenemos responsabilidad. El Congreso Nacional está hoy día, de alguna manera, resarciendo un daño que se le hizo al sistema público.
En definitiva, lo que se buscaba -y para lo que mandata la Constitución- era generar este sistema gratuito en todo el territorio no solo en algunas comunas.
Y cuando se determinaron instrumentos para una competencia desleal en contra de los municipales -lo explicaba muy bien el Senador Carlos Montes- se derivó en los niveles que hoy día tenemos.
Entonces, señor Presidente, considero que este es un tremendo avance, es un gran paso que estamos dando. Se han generado algunos acuerdos, pero en cosas muy puntales.
Quiero simplemente señalar que la base de todo este nuevo servicio es que va a ser especializado. Ya decíamos, el Alcalde tiene mil otras preocupaciones distintas: caminos, aseo y ornato, temas sanitarios, en fin, y la educación requiere estar en manos de órganos especializados que se preocupen del proceso continuo.
Como se planteó también en la Comisión, la propuesta no va a significar que los profesores vayan a experimentar algún tipo de menoscabo. Hay que señalar que fue una larga aspiración del magisterio, de décadas, el que estas instituciones volvieran a la educación pública.
Eso sí, tengo una preocupación, y la voy a expresar más adelante cuando se vean algunos aspectos específicos en el articulado, que tiene que ver con que considero que la Dirección de Educación Pública experimentó en el paso por el Senado, fundamentalmente por la Comisión de Educación, algún nivel de debilitamiento en relación con lo desarrollado por la Cámara de Diputados.
He puesto el punto sobre los consejos directivos, pues creo que perdieron fuerza los consejos locales, que es la instancia donde los profesores tenían un rol relevante en materia de participación. Y eso no está presente.
Respecto de los asistentes de la educación, hay un consejo de primera y uno de segunda. Un consejo de primera que va a fijar ciertos estándares, criterios para contratación y para revocación del mandato que otorga el director ejecutivo del servicio local. Y habrá un consejo local para algunas consultas. Yo creo que lo podríamos haber uniformado en un solo organismo. En fin.
Algunos colegas me han planteado sus preocupaciones -los Senadores Lagos, Harboe-, respecto de lo que pasa con los DAEM.
Yo entiendo que se les va a ir dando respuesta conforme se vaya avanzando en esta discusión.
El Senador Tuma me ha consultado qué pasa con los convenios de prestación de servicios, con las cooperativas, por ejemplo, que hoy día tienen profesores y los asistentes de la educación. Se ha dicho que no va a haber menoscabo alguno. Es un traspaso sin solución de continuidad, por lo tanto, mantienen las mismas condiciones actuales.
En el caso de los DAEM habrá concursos cerrados, se va a tener especial consideración con quienes hoy día tienen contrato de trabajo, que tendrán un estatuto, especialmente los asistentes de la educación, dado que antes de quedar íntegramente despachado este proyecto, ingresará, como lo ha señalado la Ministra, un proyecto de ley que crea un estatuto especial para los asistentes de la educación.
La base de este proyecto -reitero- son los 5.200 establecimientos de Arica a Punta Arenas, los 1.500 jardines VTF que vamos a tener en todo el país...
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente, como a todo el mundo, para redondear la idea?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Por último, quiero referirme al endeudamiento. Porque, finalmente, el rol de lo público es completamente marginal hoy día. Y lo que necesitamos es que en estos 70 servicios locales, que van a cumplir un rol fundamental en los territorios, que seguramente llegarán a algunos lugares que hoy no logramos cubrir -pese al mandato de la Constitución, como he dicho majaderamente-: a comunas como La Florida, Puente Alto, Alto Hospicio, se potencie la presencia de lo público.
Y este proyecto tiene que ver la manera de hacerlo en comunas tan importantes y grandes como esas, y también en las apartadas del norte y sur del país, dados sus objetivos de mejoramiento continuo, de fortalecimiento, de capacitación permanente.
Por eso -insisto-, hay que relevar el rol de la Dirección de Educación Pública no solo en la planificación estratégica, sino también en el acompañamiento, en generar los estudios necesarios para que se mejoren los procesos de aprendizaje de calidad de la educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier, por tres minutos.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, quiero aprovechar de saludar a los vecinos de Cerro Navia que se encuentran con su alcalde, don Mauro Tamayo, entre el público. ¡A todos un saludo!
Vamos a lo nuestro. La educación municipal, sin desmerecer el esfuerzo que han hecho distintos alcaldes por hacerse cargo de la educación, siempre se nos presentó como un sistema demasiado desintegrado y que, además, por la naturaleza de los ingresos y del nivel de vida de cada comuna, terminaba estableciendo una desigualdad y no dando oportunidades a los estudiantes.
Y eso fue minando el servicio, más allá de la buena vocación o compromiso de los gobiernos locales.
Lo anterior, nos lleva una vez más al tema de las desigualdades territoriales, a la diferencia en la distribución de recursos y de calidad y equipamiento que hay en los territorios. Por lo tanto, es una materia en que la regionalización sigue pendiente.
No obstante, creo que esta nueva institucionalidad sí aporta cimientos para un nuevo trato del Estado con la educación pública. Y en particular, también, porque de alguna forma estos servicios locales de educación, junto con la Dirección de Educación Pública, van a lograr formar una columna vertebral -eso esperamos todos- con el fin de desarrollar una visión de país, pero también de generar apoyos y herramientas pertinentes a las necesidades propias de las escuelas y de sus entornos, particularmente de sus territorios. Es decir, mantiene elementos regionales o territoriales importantes, que creo que hay que valorar y preservar durante la discusión del proyecto.
Sin ninguna duda, la pertinencia local, señor Presidente, la misma diversidad de los proyectos educativos tan necesaria en un mundo como el que vivimos, donde existen distintas alternativas y proyectos de vida, y también la participación ciudadana se hacen más factibles cuando existen estos servicios locales, e incluso, cuando hay alcaldes que por no creer en la democracia real ciudadana bloquean la propia participación de los consejos de la sociedad civil, que está, por lo demás, consagrada en la ley N° 20.500, pero que no siempre se respeta.
Por esa razón, creo que aquí existe un puente entre tener una cierta columna vertebral nacional, con una particularidad en la bajada hacia los territorios.
Tengo, sin embargo, algunas objeciones, o por lo menos inquietudes respecto a los artículos transitorios.
Por ejemplo, en cuanto al plazo de la transición, y a que no quede excesivamente abierta la posible y eventual desnaturalización del proyecto.
Sin embargo, también hay aspectos humanos que considero que se deben tener presentes.
Los cambios siempre deben traer progreso y equidad para la gente.
Y entre las complejidades se encuentra no solo la operatividad de los futuros servicios locales, sino también la actual institucionalidad. Cómo combinan ambos, particularmente en la cantidad de trabajadores administrativos, porque, por ejemplo, el promedio de funcionarios para que se desempeñen en un servicio local educacional es de 120. Y en el servicio local de Andalién sur tenemos: Concepción, 111 funcionarios; Chiguayante, 47; Hualqui, 33; y Florida, 45. Es decir, 236 funcionarios perderían su trabajo.
Por lo tanto, aquí hay un desafío para tratar de reubicar en lo posible en otras labores a un personal especializado en educación. Y, por otro, para generar garantías necesarias con el fin de que un eventual universo de funcionarios que no accedan a estos nuevos servicios reciban la compensación justa por sus labores desempeñadas durante años en la educación pública del país, muchas veces en condiciones de alta vulnerabilidad y precariedad.
Esa es la inquietud que planteo, y espero que la abordemos en la discusión en particular del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, esta es la segunda gran reforma a la educación escolar que discutimos durante el actual Gobierno.
La primera fue la que puso fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, y respecto de la cual discutimos básicamente -como en su minuto lo dijimos- acerca de los fierros y los ladrillos. Hoy día dicha reforma presenta problemas de implementación. De hecho, en enero del presente año tuvimos que tramitar una "Ley corta" para solucionar algunas problemáticas.
Ahora se dice que con esta nueva institucionalidad va a mejorar la calidad de la educación. El proyecto en debate está armando una tremenda nueva estructura, una gran construcción institucional -podríamos decir-, que vuelve a situar la educación no a nivel local sino que central: centraliza la administración de la educación.
Aquí se dijo que se había hecho un experimento con la municipalización. ¡Bueno! Con esta iniciativa también se está haciendo un experimento en que la calidad de la educación no está garantizada.
Por lo tanto, no parece aceptable señalar a priori que los municipios lo hacen mal y que el Estado central lo va a hacer bien.
De hecho, nosotros creemos que la problemática de la calidad de la educación radica mucho más en las escuelas y en las propias salas de clases. Sin embargo, esa situación no se discute en este proyecto y solo se aborda de manera tangencial.
Con esta iniciativa no estamos entrando en las salas de clases, no estamos yendo a los colegios, sino que estamos armando una estructura por encima de ellos y radicándola a nivel central (hacia Santiago).
De hecho, este proyecto aleja la administración de los colegios de los padres y apoderados.
Y eso nos parece muy complejo.
En esta Sala se habla bastante de descentralización.
Sin embargo, este proyecto va en contra de la descentralización y centraliza la educación: la centraliza a nivel de las regiones y también hacia Santiago. Los padres y apoderados van a estar mucho más lejos de la administración de la educación de sus hijos.
Y nosotros creemos que esa no es una buena idea.
Los servicios locales se llaman "locales", pero eso solamente es una denominación porque locales no son. Los servicios son provinciales o regionales y dependen de Santiago. O sea, de local, ¡nada! Esto no es descentralización, sino centralización.
Por lo tanto, nosotros, quienes creemos en los municipios, en la descentralización, votamos en contra de la idea de legislar y también en lo que dice relación con ciertos aspectos vinculados a la institucionalidad.
¿Qué fue lo que apoyamos? La creación de los consejos locales, pues esos sí son locales.
También apoyamos la mayor capacidad de decisión que se entrega a los colegios; porque creemos que ahí está la clave: otorgar mayor capacidad de decisión a los colegios y no alejar a los padres y apoderados de la educación de los niños.
Pensamos, señor Presidente, que se presentarán numerosos problemas con los traspasos.
También se registrarán dificultades con las deudas, pues no está claro a cuánto ascienden ni cuánto le va a costar al país pagarlas. Por lo tanto, no nos queda claro -y no se dilucidó en ninguno de los trámites del proyecto- cuánto va a costar finalmente el proceso completo.
Tampoco sabemos cómo se hará el traspaso de los bienes, pues los municipios son autónomos y, por tanto, hay bienes que les pertenecen y que no fueron traspasados en su minuto. Entonces, la pregunta es cómo se va a solucionar ese problema.
Por otra parte, aquí se dijo que había que tener cuidado con los derechos de los trabajadores. ¡Bueno! Uno de los grandes problemas del proyecto -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al Senador Guillier- es que los despidos son claros. Lo expresó la Ministra de Educacion en la Comisión de Hacienda: cuatro mil personas quedarán sin trabajo.
Eso es así. No hay otra lectura. ¡Cuatro mil personas van a quedar sin trabajo! Esa es la cifra que entregó la Ministra de Educación. Y se lo aclaro -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Guillier, quien fue el que lo preguntaba.
De otro lado, otro tema que a mí no me queda claro en la tramitación del proyecto dice relación con el estatuto de los asistentes de la educación.
Y quiero hacerle una pregunta a la Ministra de Educación -por su intermedio, señor Presidente-, porque entiendo que el Gobierno se comprometió a ingresar dicho estatuto cuando se termine la tramitación de este proyecto en el Congreso. Puedo estar equivocada, pero entendí que se iba a enviar el mensaje respectivo antes de que la iniciativa que nos ocupa saliera del Senado, no del Congreso.
A mí me preocupa eso. Porque cuando nosotros despachemos este proyecto a la Cámara de Diputados tal vez no tengamos un tercer trámite constitucional. Y si eso ocurre, no vamos a tener manera alguna de asegurarles a los asistentes de la educación que ese compromiso se va a cumplir.
También me inquieta -lo he escuchado- que no se ha llegado a un acuerdo con los asistentes de la educación. Entiendo que se celebraron reuniones, pero no se llegó a un acuerdo.
Por lo tanto, me gustaría una respuesta en esa materia.
Luego, con relación al acuerdo que nosotros alcanzamos con el Gobierno, el proyecto establece que todos los servicios locales se tendrán que instalar en determinado tiempo, sin mediar algo muy sano en una política pública: una evaluación destinada a saber cómo se está avanzando y con qué problemas nos vamos encontrando en su aplicación.
Pienso que hemos tenido experiencias bastante dolorosas a raíz de grandes reformas que se elaboran desde un escritorio y que luego, cuando se aplican, generan inconvenientes para la ciudadanía.
Aquí no estamos hablando de una persona adulta que se demora demasiado tiempo en llegar a su trabajo pues el sistema de transporte público fue mal pensado. ¡No! Estamos hablando de niños y de su futuro.
Por lo tanto, nosotros consideramos que es muy complejo hacer un experimento sin mediar una evaluación.
Es por eso que nos alegramos de que el Gobierno haya acogido la idea de implementar una comisión que pueda evaluar el sistema, cómo se está avanzando y cuáles son las consecuencias que la aplicación de esta nueva política pública tiene.
Por otra parte, señor Presidente, somos partidarios de que esta reforma sea gradual. Se implementarán once servicios locales, luego de lo cual se va a hacer una evaluación, tal como debiera ocurrir siempre con las políticas públicas.
¿Por qué? Porque se trata de la construcción de una gran nueva estructura. Y hay que ver cómo funciona para luego seguir aplicándola.
Creo que hemos tenido malas experiencias cuando aplicamos políticas públicas a como dé lugar, con el escaso tiempo que tenemos para diagnosticar desde nuestros escritorios.
Eso debemos verlo en la práctica y, en tal sentido, saludo que hayamos podido alcanzar un acuerdo para evaluar y darle mayor gradualidad a la aplicación de esta política pública.
Asimismo, hay problemas que no están resueltos y cuya solución, dentro de la implementación del nuevo sistema, tendremos que abordar: cómo se pagan las deudas, cómo se hará el traspaso de los bienes y qué pasará con los trabajadores que van a quedar sin su empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín Nº 10.368-04).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en cuanto al tratamiento en particular del proyecto, de conformidad con los acuerdos que adoptaron los Comités, daré a conocer las disposiciones -las nombraré una a una- que hay que poner en votación.
En primer lugar, corresponde dar por aprobados, dado que no se encuentran en ninguna de las situaciones que señalaré más adelante, los siguientes artículos que no fueron objeto ni de indicaciones ni de modificaciones: 28, 53 y 81, permanentes, y cuarto y quincuagésimo segundo transitorios.
De ellos, el artículo 53 tiene rango orgánico constitucional, por lo que se requiere 21 votos favorables para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.
--Se aprueban los artículos permanentes y transitorios indicados por el señor Secretario, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional requerido, de que se registran 22 votos a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, por su intermedio, y antes de que se proceda al resto de la votación, deseo aclarar algo que planteó el Senador Bianchi, sobre lo cual ya habíamos conversado.
Efectivamente, el señor Senador tenía una preocupación respecto al artículo relativo a los derechos adquiridos por los asistentes de la educación, en el sentido de que especificáramos con claridad que se trata de los derechos adquiridos individuales y colectivos, salvo el mantener la negociación colectiva. Hemos conversado sobre el tema porque, claramente, la negociación colectiva sería una doble oportunidad para negociar que tendrían los funcionarios, porque lo hace el sector público por su cuenta y además ellos.
Lo aclaro porque se me había formulado esa petición.
Por otra parte, la Senadora Von Baer se refirió a una situación que, efectivamente, hemos conversado. Se trata del proyecto sobre los asistentes de la educación, que enviaríamos al Parlamento, como plazo tope, a comienzos de la próxima semana. Lamentablemente, el cambio del Ministro Secretario General de la Presidencia y del Subsecretario ha sido un elemento que ha incidido en su revisión. Pero esperamos que la iniciativa ingrese a más tardar el próximo lunes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Vamos a tomar nota de lo que nos informa, señora Ministra.
Comenzaremos las votaciones, y cuando lleguemos a las disposiciones mencionadas dejaremos constancia de esos acuerdos, a fin de que se cumplan.
Respecto al proyecto sobre los asistentes de la educación, queda claro el compromiso por parte del Gobierno en orden a enviarlo a trámite legislativo.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Así es, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente, para un asunto de Reglamento?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palaba, Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, había solicitado votación separada de los artículos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero transitorios, sujeto a que escucháramos primero de la propia señora Ministra el compromiso que acaba de explicitar, en el sentido de que serán respetados todos los derechos adquiridos individuales y colectivos de los funcionarios.
Por lo tanto, ante esa respuesta, retiro mi petición de votación separada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se toma nota de su decisión, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer término, corresponde votar las siguientes normas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda: artículos 2, 3, 6, 8, 11, 12, 26, 28, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 70, 71, 73 y 83 y artículos transitorios tercero, quinto, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo noveno, trigésimo séptimo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo, quincuagésimo segundo y quincuagésimo cuarto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en aprobarlos?
--Se dan por aprobados los artículos mencionados por el señor Secretario, acordados por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde pronunciarse acerca de las siguientes disposiciones de quorum orgánico constitucional: artículos 29, 30, 31, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53 y artículos transitorios séptimo, octavo (incisos segundo y tercero) y vigésimo primero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.
--Se aprueban los artículos individualizados por el señor Secretario (25 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde someter a votación los siguientes artículos permanentes de quorum simple: 1, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 40, 44, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82 y 84.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, queremos dar nuestra opinión sobre el articulado permanente, a propósito de este conjunto de disposiciones.
El articulado permanente busca delinear otro concepto y otras características de la educación pública, clarificando sus fines. Por otro lado, pretende crear un nuevo sistema para la gestión, que supere la municipalización.
Respecto al diagnóstico, como ya señalé, el modelo actual tiene serias dificultades, en muy pocos municipios ha funcionado y posee un enfoque que no es comparable al de las naciones de la OCDE, debido a las características de nuestro país y de nuestros municipios.
Hoy día el sistema no cuenta con una dirección nacional que establezca orientaciones y lineamientos propios de un sistema.
La inmensa mayoría de los municipios chilenos son pequeños, por lo que no se alcanza una escala suficiente que reduzca costos y genere sinergias.
La dispersión dificulta el trabajo en red y la colaboración, indispensables para mejorar la calidad de la educación.
La lógica municipal y de la Administración pública es de control, más que de articular esfuerzos y estímulos.
Los ciclos políticos propios de la administración municipal impiden objetivos y planes de largo plazo, necesarios para la educación.
La alcaldización de nuestros municipios dificulta la adopción de decisiones técnicas sólidas.
¿Cuáles son los avances principales del nuevo modelo?
El primero -como sostuve- es la modificación del concepto de educación pública.
En tal sentido, se plantean un conjunto de definiciones.
Se supera el concepto de calidad asociado a los puntajes en pruebas psicométricas y se opta por una educación integral y moderna.
Se pone en el centro al niño y al joven, a sus características, necesidades y contextos específicos como base de los procesos educativos y los programas de estudio. Y la sala de clases y el establecimiento se colocan en el centro, incluso con un capítulo adicional en el proyecto.
En términos concretos, se establece que el número máximo de alumnos por curso será de 35 y que las horas de la jornada extendida deben ser para deporte, artes, robótica y otros aspectos que desarrollen y motiven a los educandos.
Reconocemos que en este pilar fundamental de la Nueva Educación Pública hay un avance sustantivo, aunque no está plenamente logrado. Se debe terminar con la norma de los dos tercios de pruebas estandarizadas y un tercio de otros indicadores en la evaluación que realiza la Agencia de Calidad de la Educación.
El segundo gran avance se refiere a una organización nacional para la educación pública.
Para ello, se crea la Dirección de Educación Pública, que tiene facultades esenciales en: darle unidad básica e integración al sistema con una estrategia nacional; plantear normas y asignar recursos, y en ser una instancia de procesamiento de la experiencia y evaluación de los resultados.
Algunos ven esto como centralismo. ¡No es así! Se busca combinar la descentralización territorial con una estrategia nacional que fije pautas y orientaciones generales.
En tercer lugar, se crean 70 servicios locales.
Esto constituye un punto clave. No se trata de cambiar la escala del mismo sistema de gestión. Se busca crear un servicio con un rol de director de orquesta, de articulador, que estimule las capacidades, que integre el esfuerzo de colegios dentro de un territorio determinado.
El principal objetivo es poner a los establecimientos, a las salas de clases y a los alumnos en el centro del sistema. La idea es que no haya competencia entre colegios, sino colaboración al interior de los establecimientos y entre ellos.
El servicio local no es para controlar a los colegios, sino para orientarlos.
En cuarto término, se considera un financiamiento mixto: basal más asignación por alumno.
Se establece un sistema que combina ambos elementos.
Reconozco que el financiamiento basal todavía tiene un presupuesto permanente bajo. Por ello, pensamos que es necesario incrementarlo durante el debate correspondiente. Hoy día estamos hablando de 435 millones de dólares para el aporte basal, que es un monto bajo del total de los recursos involucrados. Pero, claramente, hay un nuevo sistema de financiamiento.
En fin, me parece que ha quedado delineado un nuevo concepto de educación pública: un sistema de educación pública.
Ahora el desafío es traducirlo en realidades, es concretarlo. Es preciso que haya colaboración y no competencia, que se cuente con financiamiento combinado suficiente.
Para que funcione se requiere que los Gobiernos asuman este sistema y le otorguen recursos suficientes.
En definitiva, estamos aprobando, en términos globales, un nuevo sistema de organización de la educación pública chilena, con un nuevo concepto de educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, lo que se aprueba en el articulado permanente es la nueva estructura, una gran nueva institucionalidad que les quita los colegios a los municipios, entregándoselos a los servicios que se llaman "locales" pero que no son locales, pues son provinciales o regionales y hacen depender la educación de Santiago.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra plantea que con esto se instaura un nuevo enfoque en la educación. En verdad, este proyecto entra poco en el tema de la educación en sí. La iniciativa genera una gran reforma institucional, pero no ahonda en el concepto de la educación. Presenta algunas pinceladas al entregarles mayor capacidad de decisión a las escuelas y a los directores, pero no es un proyecto que ponga en el centro a los alumnos y a la sala de clases. Eso no es así.
Esta es una gran nueva estructura. Eso es lo que hace esta reforma.
Por lo tanto, este es un experimento. Y, en ese sentido, nosotros encontramos muy relevante la evaluación, porque de experimentos hemos tenido mucho y los resultados no siempre han sido buenos.
Consideramos que esta nueva gran institucionalidad que se está generando va a tener problemas y no solo en la transición. Por eso habrá que realizar ajustes.
Esta nueva estructura va a alejar la educación de los padres y apoderados. Porque cuando un papá o una mamá tenga problemas en una escuela, en un lugar alejado de la región, deberá viajar. En el caso de la Región de Los Ríos, tendrá que hacerlo desde Panguipulli, Liquiñe hasta Valdivia, o hasta La Unión, según el lugar en que se encuentre el Servicio Local.
En consecuencia, señor Presidente, esto no es acercar a las personas; es alejar, es centralizar. Los Servicios Locales van a generar esta problemática a las familias y especialmente a las de más bajos recursos.
Se dice que esto va a producir un trabajo en conjunto de las escuelas. No sé por qué sería así con el nuevo sistema; la verdad es que no me queda claro. Creo que más bien va a generar una educación mucho más definida desde Santiago y mucho menos definida desde el ámbito local.
Por eso, considero que no estamos avanzando en la dirección correcta.
Esto de regionalismo tampoco tiene nada, porque las estructuras regionales quedan completamente afuera. Nosotros vamos a elegir a los gobernadores regionales, pero esta estructura funcionará de manera paralela a la región. La Dirección de Educación Pública tendrá su oficina en Santiago y los Servicios Locales -¡que no son locales!- no van a depender de alguna autoridad regional. ¡No! Dependerán del Ministerio de Educación, que se encuentra en la Capital. Entonces, ahí terminarán todas las preguntas que se generen y es ahí donde se van a solucionar los problemas.
Por lo tanto, señor Presidente, nos vamos a alejar del territorio local y nos vamos a ir hacia Santiago.
Por lo expuesto, nosotros votaremos en contra del articulado permanente y de esta nueva estructura.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, a través de los años, he dado testimonio de mi apoyo incondicional a la descentralización en todas las esferas de la acción del Estado en la que es posible.
Pero la verdad es que la municipalización que se llevó adelante en los años 80 no fue un efectivo proceso descentralizador. Lo que realmente se buscaba era disminuir el tamaño y la influencia del Estado para abrirle más espacio al sector privado.
Esta era la esencia del principio de subsidiariedad, que lo inundaba todo en aquella época.
El Estado solo debía intervenir allí donde los privados no podían hacerlo. Por lo tanto, había que potenciar a este último sector para que, gradualmente, fuera reemplazando al sector público en la tarea educacional.
Los resultados están a la vista: la participación de la educación pública se redujo a cerca de una tercera parte del total de la matrícula. En las comunas con mayor crecimiento poblacional esa proporción es incluso inferior, alcanzando a menos del 20 por ciento.
La educación fue una prioridad central de cada gobierno durante el siglo XX. En cada ciudad había al menos un establecimiento principal, abierto a toda la población, que gozaba de gran autoridad y que contaba con docentes de excelencia, aunque su cobertura era limitada.
El impulso principal lo dio Aguirre Cerda, para quien gobernar era sinónimo de educar. Y la cobertura tuvo su momento de mayor expansión con Frei Montalva y con Allende, cuando se multiplicaron las escuelas públicas a través de las poblaciones y los campos de nuestro país.
En esos años los docentes tenían prestigio y se sentían parte de una misión mayor de todo el país, conducida por el propio Estado.
Esa educación y esa tradición, tal como la conocimos, fueron desapareciendo progresivamente después de la municipalización.
En la mayoría de los casos, la gente nunca alcanzó a percibir que la educación fuera una prioridad para los municipios, con recursos siempre escasos y con múltiples tareas que abordar.
Con el retorno de la democracia se hicieron uno y mil esfuerzos por rescatar a la educación pública. Pero no se logró revertir la tendencia fatal. Se dictó un estatuto docente, se aumentaron las subvenciones, se creó la jornada escolar completa, se renovó la infraestructura y, sin embargo, nada de eso fue suficiente.
Ahora la educación pública merece una nueva oportunidad. Ya no podemos seguir eludiendo el problema estructural que representa la fragmentación, la inequidad, la ineficiencia y el desfinanciamiento crónico del sistema a partir de su municipalización.
Se precisa una nueva organización educativa, con el foco en la escuela y en el protagonismo de profesores y directivos, con una gestión profesional que asegure mayor calidad y con condiciones materiales que garanticen efectiva equidad.
Es necesario un nuevo sistema escolar, que permita la participación de los actores relevantes de la comunidad, que promueva la rendición de cuentas y que facilite el trabajo en red.
Se requieren una nueva escuela y un nuevo liceo, que promuevan el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, que incluya sus dimensiones cognitiva, espiritual, ética, moral, física y artística.
Se necesita una nueva educación pública, que dé a los estudiantes las herramientas para enfrentar los profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que afectan a nuestro país, y que les permitan contribuir efectivamente, cada cual desde sus capacidades, a la nueva sociedad que se abre paso.
Por estas mismas razones, antes apoyé los proyectos de inclusión escolar, de educación parvularia y de nueva carrera docente, que forman parte de la reforma educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Ahora daré mi apoyo a este proyecto, porque estoy convencido de que nuestro país necesita esta reforma, que, en su conjunto, asegurará mayores niveles de calidad y de equidad a la educación de nuestros niños y jóvenes.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, desmunicipalizar la educación, separar el proceso educativo de los ciclos políticos es parte de los objetivos que se van a cumplir.
Pero hay algo más importante, y aquí tengo una discrepancia con la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, pues habla desde una mirada que no comparto.
Primero, siento que con esa visión les falta el respeto, quizás sin intención, a los profesores, a los educadores, a los equipos directivos de los establecimientos. Da a entender que los centros del eje del proceso educativo van a estar con los ojos puestos en una región distante para ver cómo educan a los niños y niñas de nuestro país.
La mirada centralizada de esa colega me sorprende. Y ella misma lo plantea como concepto. En efecto, dice: "Van a estar mirando a Santiago y no a lo local".
Yo siento que eso es lo más ofensivo para quienes se involucran en los procesos educativos y participan en ellos.
Pero hay más, señor Presidente.
Esa Senadora y otros quizás no entienden que, cuando uno confronta con el concepto del SIMCE, que envuelve la idea de competición, ve que él es superado aquí con creces. Y tal vez tampoco entienden que se supera también el experimento del semáforo, que fue propuesto por amigos de ella.
Aquí existe una visión distinta. Por algo se reduce la cantidad de alumnos en el aula. Por algo se cambia la lógica de la jornada escolar completa. Por algo se potencia de forma diferente el rol de los niños y las niñas en su proceso educativo, procurando no tratarlos a todos por igual y entendiendo que los seres humanos, en cada territorio, viven procesos de desarrollo con sus propios ritmos.
Por cierto, tenemos miradas, apuestas y confianzas distintas en cuanto a lo que es una descentralización -regulada, pero descentralización- de la educación.
Yo comprendo que esa colega tenga otra visión. No la comparto; la respeto. Pero me llama la atención incluso cuando habla de los servicios locales (quizás el nombre es poco adecuado). Pero la descentralización de la administración de los procesos educativos es similar a lo que pasa en el ámbito de la salud, es similar a lo que ocurre con las políticas de vivienda, donde hay servicios territoriales que definen sus políticas y que, si bien siguen lineamientos centrales, tienen autonomía para promover sus propios procesos.
En el caso particular de la educación, aquello viene en otra iniciativa de ley, en la cual se define el derecho de cada establecimiento a proponer su propio proyecto educativo.
Bueno: ¡creo que estamos leyendo proyectos absolutamente diferentes!
Señor Presidente, yo creo que aquí hay una visión que permite iniciar un proceso.
La municipalización de la educación es un modelo, a mi juicio, completamente fracasado. Es un modelo que no logra entender que los procesos educativos deben estar desvinculados de los ciclos de la política y del poder local, y tienen que llevar ritmos distintos, los que son necesarios para generar condiciones que les permitan a los educadores hacer una transformación profunda en el aula.
A mi entender, este proyecto, junto a otras reformas que se han impulsado, permitirá iniciar un nuevo proceso.
Espero que todos entendamos que es factible alcanzar el rol de lo público en la educación, para poder conseguir la integración, el intercambio de experiencias, la existencia de alumnos con otra sensibilidad y cuya particularidad sea respetada.
Por ello, vamos a votar a favor.
Entendemos que se vivirá una transición -a algunos nos gustaría que fuera más rápida- y que se va a poder evaluar.
Creemos que se está llegando a una buena conclusión, a una buena síntesis. Y posteriormente deberemos ver cómo potenciamos y fortalecemos lo que ocurra en el aula. En este sentido, los profesores y los equipos directivos tendrán que estar empoderados para hacer las transformaciones que ellos, como profesionales, saben encabezar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, ante todo, quiero valorar que estemos votando en Sala este proyecto.
Confieso que me habría gustado que ello hubiera ocurrido el primer año de gobierno, o a más tardar el segundo, y que esta discusión hubiese sido, no respecto de cuatro servicios locales de educación, sino de un despliegue en Chile, por cierto con la gradualidad correspondiente a una reforma de esta naturaleza, que transforma nuestro sistema de educación pública.
Yo comprendo que los herederos y nostálgicos de un proyecto educacional llevado adelante en la década de los ochenta sin ninguna participación; con una visión dictatorial; sin la existencia de debates como este; con ausencia de gradualidad, e impuesto en forma autoritaria hoy día observen y se preocupen de una transformación que procura reencaminar la educación en nuestro país como un bien público, como un principio básico de la república que asegure a cualquier niño o niña a lo largo de Chile la posibilidad de tener una educación pública gratuita, de calidad.
Esta es una transformación que Michelle Bachelet va a dejar como legado de su Gobierno, tras el cual habrá un reconocimiento y se va a valorar la decisión tomada por la Presidenta de la República.
Me habría gustado -repito- que el debate de esta tarde lo hubiéramos realizado el primer año de gobierno, o a más tardar, el segundo. Pero estamos aquí, y lo vamos a llevar a cabo.
Valoro, pues, la convicción de la Presidenta Bachelet.
Ahora bien, considero fundamental despejar algunas falacias que hemos escuchado en esta Sala.
A mi juicio, sostener que aquí están en juego los conceptos "centralización" y "descentralización" significa no entender que la descentralización llevada al ámbito local es atomizar la educación pública; es, objetivamente, llevarla a su mínima expresión, cuando, sin duda, los más de trescientos municipios existentes en Chile son muy diversos.
¡Vaya que es diferente tener la educación radicada en grandes municipios con dinero, como los de la Región Metropolitana principalmente, que tenerla en pequeñas municipalidades de regiones, donde ella depende del ciclo político -lo señaló muy bien el Senador Letelier- y, en definitiva, se halla sujeta a la voluntad del alcalde electo!
Efectivamente, en los municipios pequeños la educación depende del esfuerzo que, en un sentido u otro, ponga el alcalde de turno, quien normalmente busca su reelección a los cuatro años.
Lo vemos en la Región de Los Ríos, por ejemplo, donde se ha despedido a asistentes de la educación por no ser del criterio del alcalde de turno. Y también hay efectos en el caso de los profesores. ¡Y para qué hablar de las manipuladoras de alimentos!
Todos ellos son un conjunto de actores que participan en el proceso educativo.
Entonces, no me vengan con que la educación debe descentralizarse, ser llevada al ámbito municipal: a ese pequeño municipio de cinco mil, ocho mil, diez mil habitantes que tiene enormes carencias; a su alcalde, para que añada a sus múltiples tareas la de enfocarse de manera prioritaria en la educación.
Dejémosla a los servicios locales de educación: que ahí confluyan los distintos actores, como a mi entender bien se ha resuelto.
¡Por favor! ¡No expongamos a los niños y a las niñas de nuestro país a que la calidad de su educación esté determinada por el ciclo político de quien resulte electo en su territorio!
Claramente, ¡eso no corresponde!
Aquí viene una transformación.
Entiendo que a los nostálgicos de la dictadura, a los precursores del neoliberalismo no les guste la existencia de un Estado, de un concepto público que dirija, que oriente la educación.
No les gusta: lo entiendo.
Pero digámoslo con todas sus letras. No tratemos de relativizar.
Señor Presidente, yo valoro enormemente que estemos dando este paso. Valoro la convicción de la Presidenta Bachelet de llevar adelante la ley en proyecto. Y lo vamos a conseguir. Será una gran transformación, con los resguardos necesarios.
Mi voto es favorable, señor Presidente, para iniciar una transformación en la educación pública de nuestro país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en esta materia yo tengo algunos reparos. Y parte de esto fue lo que se acordó con algunos Senadores de la Oposición.
Ahora, concuerdo con lo que señaló recién el colega De Urresti.
En efecto, hoy día tenemos 36 por ciento de matrícula en el sistema municipal, pero parece que a algunos eso no les preocupa; es como si les acomodara.
A ratos, en la discusión el tema es cómo quedan los otros; cómo finalmente no se potencia, tras este proyecto, la educación pública.
Eso es preocupante.
El rol de quienes estamos en esta Sala, más allá de la legítima posición ideológica de cada cual, es explicar -lo dije en mi primera intervención- por qué en treinta o cuarenta años caímos de 78 por ciento de matrícula en lo público al 36 por ciento de hoy día.
¡Claro! ¡Porque pusimos en otro lado los incentivos para el crecimiento! ¡Porque colocamos al sistema público actual en una situación tremendamente desventajosa!
Por eso los resultados registrados en mucha áreas.
Por eso lo del semáforo -se mencionó recién-, intento que se hizo en el Gobierno anterior y que, por supuesto, no prosperó simplemente porque buscaba estigmatizar más lo público. ¿Para qué? Para que los apoderados no matricularan a sus pupilos en los establecimientos fiscales.
A mi entender, en lo que estamos aprobando hay cosas muy positivas. Por ejemplo, la existencia de diversos órganos permanentes, como la Dirección de Educación Pública; especialmente, los servicios locales, y, por cierto, los establecimientos educacionales: los 5.200, los 1.500 VTF que se suman a la robusta base sobre la cual se va a cimentar el nuevo sistema.
Porque lo que estamos creando aquí es un sistema, con todo lo que ello significa: red, convergencia, colaboración, apoyo, observación de las buenas experiencias.
No obstante, señor Presidente, debo hacer una advertencia -lo planteé en la Comisión, donde fui minoría al respecto-: a diferencia del proyecto original, aquí, en alguna medida, especialmente en el paso por la Comisión de Educación, estamos debilitando a la Dirección de Educación Pública en el siguiente sentido.
Creamos el Comité Directivo.
Entre paréntesis, yo no voté el articulado anterior precisamente porque creo (es una modesta opinión) que esto nos complicará. A mi juicio, va a desvirtuar y generará una distorsión. Se lo advertí en todos los tonos a la Ministra, al Gobierno.
Retomo la idea, señor Presidente.
¿Qué cosas va a ver el Comité Directivo? La terna; el director del Servicio Local de Educación (cosa no menor); las prioridades (deberá fijar las prioridades que tendrá que decidir el director ejecutivo); los criterios de remoción.
Los criterios de remoción serán definidos por el Comité Directivo, no por el Consejo Local.
El Consejo Local es algo parecido al Consejo Escolar.
Los profesores que siguen esta discusión saben lo que es el Consejo Local.
Sí: se participa, se escucha, se opina, se recibe información; pero nada incidente, nada vinculante. La participación vinculante va a estar en el Comité Directivo.
Por eso, yo creo -lo he señalado también a los Diputados- que hay que mirar tal aspecto, porque va a generar una cuestión bien compleja: terminar relativizando el accionar de la Dirección de Educación Pública, que tiene un rol rector como el de cualquier organismo público central y que no va a concentrar muchas cosas.
Con la creación del Consejo Directivo la Dirección de Educación Pública pierde poder: se desperfila su rol de ente coordinador y -esto es lo más preocupante- se relativiza el rol técnico -señalado en la ley- de alta exigencia académica, formación y experiencia que debe tener el servicio local de educación. ¿Por qué? Porque el Comité Directivo le quita poder a la Dirección de Educación Pública y le quita poder y atribuciones al Director del Servicio Local de Educación. Y, a la larga, eso se puede transformar en un problema para aquello que queremos potenciar y mejorar en la nueva ley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, escuché con atención varias de las cosas que se han dicho en la Sala.
A mí me tocó administrar 27 colegios al mismo tiempo. Entonces, quiero hacer una pequeña defensa del mundo municipal.
Es muy fácil sostener que se ha actuado mal. Pero sucede que muchas veces la subvención no alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos de los profesores.
¿Por qué?
Voy a explicarlo.
Primero, en Chile los municipios nunca terminaron el proceso de municipalización. Ni la Concertación ni la Derecha quisieron entregarles a las municipalidades las herramientas y el dinero requeridos para administrar.
La protagonista de la educación siempre fue la Dirección Provincial, que dependía del Ministerio.
Les daré un ejemplo.
Cada vez que en nuestro país existía un paro de los profesores, igual los municipios debían pagar el sueldo a fin de mes.
La remuneración era negociada por el Estado y financiada sobre la base de una subvención, la que estaba calculada por 45 niños con 100 por ciento de asistencia.
Por otro lado, se habla de la destrucción de la educación. Sin embargo, nadie dice que el gran problema que tuvo la educación en Chile fue el cambio de cobertura.
En efecto, en los sectores medios y bajos había un pequeño porcentaje que accedía a la educación. Y cuando la cobertura empezó a aumentar se incrementó la cantidad de colegios y se registró una tremenda baja en la calidad de la educación.
Aquello ocurrió porque el proceso de municipalización, que nunca se terminó, tenía una característica muy importante: los municipios debían solventar gastos fijos pero percibían ingresos variables.
A mí me gustaría saber si alguien en el mundo es capaz de administrar un sistema, cualquiera que sea, cuando los gastos son fijos y los ingresos son variables.
Por ejemplo, cuando había inviernos duros y los niños no podían ir al colegio a causa de enfermedades, llegaba al establecimiento un inspector del Ministerio de Educación para verificar la asistencia. Y la subvención bajaba notablemente.
Entonces, a mí no me preocupa que los sistemas sean municipales, estatales o regionales. Lo que me inquieta es que, como planteó aquí un colega, vamos a tener cursos de 35 niños -me parece bien- y no se sabe cómo se financiará eso.
Ojalá exista financiamiento, para que el sistema no caiga en la misma lógica que se siguió en el caso de los municipios.
Supongo que el Gobierno tiene previsto el aporte de los millones de dólares que se requieren para el financiamiento de la educación.
Pienso que este sistema no va a funcionar mientras sigan existiendo profesores y equipos educacionales mal pagados, con jornadas reventadoras. En efecto, para lograr un sueldo decente, la mayoría de los profesores del sistema público, debido a que la subvención no alcanza (ello, no por culpa de la municipalización ni de los municipios), tienen que trabajar por la mañana en un colegio municipal y por la tarde en un establecimiento particular subvencionado.
Espero que el Ministerio sepa que el profesor debe realizar su tarea en un solo colegio y recibir por ella una remuneración digna. Porque no solo hace clases en el aula, sino que además corrige pruebas, estudia, se capacita, atiende a sus alumnos y a los apoderados.
Desgraciadamente, veo que aquí se echan la culpa unos a otros, que hay poca defensa hacia el sistema municipal. ¡Y el municipio es estatal...!
Insisto: a mí, como exalcalde, me despreocupa que exista o no municipalización; lo importante es que haya financiamiento y herramientas para desarrollar un proceso educativo adecuado. Porque lo que explicité mató el sistema.
Por otro lado, en su proceso, el Gobierno terminó cargando los dados y matando al sistema particular subvencionado: ¡en el futuro se van a dar cuenta de que se cometió un tremendo error!
Personalmente, espero que prevalezca la cordura y que se entreguen las herramientas a los verdaderos protagonistas de la educación, que no son ni los alcaldes ni la gente del Ministerio, sino los directores de los colegios y sus equipos, incluidos los auxiliares y los demás trabajadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a veces la reacción que provocan ciertas palabras es bien gráfica respecto del tema de fondo.
Digo aquello por la forma como algunos le han contestado a la Senadora Von Baer por sus dichos, que hicieron doler.
No obstante, me parece que ella tiene mucha razón.
Pretender que este proyecto es descentralizador es lo más audaz que he visto, sobre todo a la luz de su articulado.
Lo que expresó la Senadora Von Baer es completamente correcto: esta iniciativa es ultracentralizadora. Esta será una mala palabra, no será bonita, no estará con los tiempos, pero es la verdad.
Entonces, me parece que esta es la primera reflexión que hay que efectuar: pese a todo lo que permanentemente se dice hacia fuera y a cuanto se plantea sobre la relevancia del mundo regional, aquí se está haciendo exactamente lo inverso.
Por los dichos del Senador Letelier cada vez que se refería a la Senadora Von Baer, me doy cuenta de que, al final, les molesta mucho la forma como se va a instalar la discusión en el mundo real.
Si hay alguna duda, vayamos al artículo 59 del proyecto, que expresa: "Definición. Créase la Dirección de Educación Pública como servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación. Su domicilio será la ciudad de Santiago".
Ante esa prueba, señor Presidente, ¡qué más podemos decir!
Por lo tanto, les guste o no la expresión, este es un proyecto ultracentralizador, que a mi juicio va contra todas las necesidades de desarrollo educacional de nuestro país.
¿Hay temas vinculados a las necesidades del mundo de la educación municipalizada? ¡Muchos!
¿Existen problemas que ya podríamos haber resuelto? ¡Muchos!
Primero, la gestión administrativa se encuentra muy limitada por los presupuestos, que son bajos, y por la imposibilidad de estructurar una planta docente acorde con las necesidades locales. Es cierto.
Segundo, la gestión pedagógica, al encontrarse en manos del Ministerio, limita la capacidad del municipio para adecuar la malla curricular según las necesidades locales.
Afortunadamente, algunos de mis hijos están dedicados al mundo de la educación, y una visión completamente compartida por ellos, que se hallan en distintas situaciones, es la de que este es un problema central y del cual no ha habido forma de salir, lo que resulta indispensable si realmente se quiere avanzar.
Y tercero, se carece de una definición formal del Estado en términos de qué se espera por parte de los municipios y qué se les ofrece para llegar al cumplimiento.
¡Estos son los problemas!
¿Qué nos dice al respecto el Gobierno? "Estaticemos la educación", lo que no tiene nada que ver con la cuestión de fondo.
Lo único que hace la propuesta es acrecentar la dilución de responsabilidades que actualmente presenta la educación pública, porque además genera una serie de duplicidades en su interior, como ha sido la tónica del Gobierno, en general, en los proyectos sobre la materia.
Lo que ha buscado la iniciativa es aumentar la intromisión del Estado en el sector, dejando de lado una visión que era un gran avance, a mi juicio, en cuanto a tratar de efectuar una entrega a poderes más locales, lo que es realmente relevante en la educación.
Hay hartos alcaldes. Parece que cada uno los elige a su gusto. He conversado con muchos de ellos que están angustiados ante la situación, porque sienten que parte fundamental del desarrollo de un municipio, de una autoridad electa, es preocuparse del futuro de la gente que vive en la comuna, y no hay nada más importante para tal efecto que el área que nos ocupa.
Entonces, me plantean: "Si me están señalando hoy día que la palanca de desarrollo con la que cuento para poder mejorar las condiciones globales de vida de mis ciudadanos ya no va a estar a cargo de quienes son electos por las personas que están más cerca, sino que será preciso ir a una oficina a cientos de kilómetros de distancia, no me digan que eso es un avance".
Si se le manifiesta a la gente de Constitución que tendrá que ir a Cauquenes ante cualquier problema -es el ejemplo local-, nadie puede sostener que ese es un beneficio, un adelanto. Constituye un retroceso.
Por eso, realmente lamento esta parte del articulado. Creo que va completamente en contra de lo que son el mundo, la educación, las experiencias internacionales. Tuve a la vista distintos informes presentados en la Comisión, la mayoría de los cuales advierte el contrasentido.
Aquí hay una cuestión ideológica. Como en todas las propuestas del Gobierno, ¡más Estado! ¡Puro Estado! ¡Todo Estado!
Eso no tiene nada que ver con los tiempos modernos: es una regresión. Parece que están tratando de construir el país de los años sesenta. Quiero decirles que estamos bastante más adelantados.
Se trata de un mal proyecto.
Voto en contra de esta parte.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Prokurica no se encuentra presente.
Puede intervenir el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, esta Corporación ha visto reformas en el área de la educación durante muchos años, y la que analizamos sintoniza con varias de ellas. En algunos aspectos no puede ser vista en blanco y negro, y como que se está volviendo atrás, a la estatización.
La educación claramente no está bien, y los resultados los vemos en los más variados ámbitos. La verdad es que el comportamiento de las personas, el sentido de la responsabilidad, la formación, se han dejado muy de lado.
Ahora, la municipalización -todos conocemos el proceso- llegó en un momento en el cual la decisión de cambiar los vidrios de una escuela en un rincón muy apartado de Chile dependía del Ministerio de Educación, muy centralizado en ese entonces. Por lo tanto, no es un fenómeno negativo en sí. Lo que sucede es que algunos municipios lo hacen bien y otros no, por distintas razones.
Basta revisar en distintos países del mundo. Tuve la experiencia de mis propios hijos en los Estados Unidos, mientras estudiaban con una beca. La educación municipal funcionaba en forma adecuada, pero estaba bien respaldada económicamente y un buen nivel educacional medio permitía un buen resultado en todos los sentidos.
Los municipios que proceden apropiadamente a la fecha, por datos evaluados no solo dentro de Chile, sino también internacionalmente, como las pruebas PISA, son más o menos el diez por ciento de los 345. Los informes de evaluaciones internacionales que dirigía Andreas Schleicher no dejan bien a la educación de todos los sectores de nuestro país.
En consecuencia, es obvio que no podemos seguir igual, ni siquiera si se sube la unidad de subvención educacional, con todas las diversidades que eso implica.
Por otro lado, el texto verifica una suerte de gradualidad. Permite evaluaciones para que el proceso se lleve a los nuevos servicios locales, que no van a ser dependientes del nivel central. En las reformas tenemos que buscar no solo la elección del gobernador regional, sino también que la parte de que se trata en la reforma se regionalice efectivamente en el traspaso de funciones y atribuciones a las regiones. Me parece que Congreso y Ejecutivo no hemos sintonizado bien con todos esos cambios.
Ahora, se ha aclarado -la señora Ministra me lo expresó recién- lo que entrará al Senado la próxima semana y que dice relación con la Ley General de Educación, proyecto que rechacé particularmente en lo que se refiere al cambio del ciclo de ocho años a seis, que afectaba a más de mil 44 escuelas rurales. Los padres estarán obligados a salir de las pequeñas localidades y a reubicarse en centros poblados mayores, lo que nuevamente incide en forma negativa en la buena y armónica ocupación del territorio. Se apunta a una postergación de la medida mientras se logra armonizarla.
En ese momento no solo voté en contra, cuando todo el mundo alzaba las manos como ante una gran reforma, sino que incluso recurrimos al Tribunal Constitucional.
Finalmente, el proyecto se hace cargo de la estabilidad y las necesidades de los funcionarios y los asistentes de la educación, lo que me parece positivo.
Hay una combinación bastante sana, entonces, conforme a la cual el Congreso y otras instancias van a seguir participando para que la reforma efectivamente se lleve con gradualidad y con evaluación, como corresponde.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me resisto a internalizar algunos de los dichos anteriores a la intervención del colega Horvath, en el sentido de que aquí hay un debate ideológico entre estatistas y descentralizadores, ya que la Senadora que habla no tiene nada de estatista, por sus ideas liberales.
¿El diagnóstico actual de la educación municipal es bueno? Esta es la pregunta que me hago.
¿No está quebrada la mayoría de las corporaciones municipales?
Mencionaré un ejemplo. La Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL) registra una deuda espectacularmente grande, no solo correspondiente al período actual, sino también a varios anteriores. Y ha habido alcaldes de distintos signos políticos: de Oposición o de Gobierno.
En lo personal, me encantaría la voluntariedad y que los municipios con recursos, con gestión, pudieran salir adelante.
Pero me pregunto varias cosas.
¿Acaso a los profesores se les ha pagado la deuda histórica? No, pues.
Es prehistórica, como dice el Honorable señor Bianchi.
¿Acaso no se tuvo que sacar de la propia ley de inclusión, que votamos hace poco en el Senado, un artículo en virtud del cual arriesgaba una pena privativa de libertad quien hiciera mal uso de los recursos del Estado en materia de educación?
¿Por qué fue excluido? Porque muchos alcaldes a lo mejor iban a ir presos, en la práctica. Ello, no porque fueran malos jefes comunales. Lo que pasa es que en muchos casos tienen que sacar plata, para otros fines, del ítem de educación. La razón es que no está funcionando el sistema.
El buen uso de los recursos públicos es esencial. Lo vimos incluso cuando discutimos acerca del lucro, con fondos del Estado, en la educación superior.
El Honorable señor Ossandón fue un superalcalde en Puente Alto.
El Senador señor Allamand dice que no. Estimo lo contrario.
Pero ¿esa es realmente la tónica de todas las gestiones municipales? Tal vez numerosos jefes comunales lo hacen bien en el ámbito de la educación, pero otros no lo logran, no por culpa de ellos, sino porque no disponen de recursos y las corporaciones están quebradas.
Muchas de estas entidades ni siquiera pagan las imposiciones de sus profesionales y de los asistentes a la educación, cuyas platas se empiezan a bicicletear.
Entonces, algo tenemos que hacer frente al diagnóstico. Es mi opinión. Por mi parte, al menos, me resisto a que todo siga como está. Prefiero un cambio gradual, obviamente, y que se cuente con la evaluación de una comisión de expertos respecto de cómo será aplicado en las cuatro zonas donde se va a implementar primero.
Porque realmente juzgo que la educación pública no está bien tal como se encuentra. Y tenemos que preocuparnos de ello no solo por la gestión de los municipios, sino también por lo más importante, que son los alumnos.
Así que, compartiendo incluso el diagnóstico de quienes pueden estar votando en contra, me pronunciaré precisamente a favor. Porque es preciso dar una vuelta de tuerca enorme a lo realizado durante los últimos años. Tal vez la fórmula fue exitosa en algún minuto, pero ya no lo es.
Cuando veo que la mayoría de las corporaciones educacionales están quebradas; que alcaldes gastan la plata en lo que no corresponde; que no se paga la deuda histórica; que los profesionales y los asistentes de la educación están mal, y, más encima, que la calidad de la educación pública no ha cambiado para mejor, entonces digo: "Algo tenemos que hacer".
Por eso, voy a aprobar con la esperanza de que ese "algo" se traduzca en que los cuatro nuevos centros que partirán sean evaluados. Y si no funcionan, que se descarten. Pero es preciso actuar en alguna forma, porque no podemos seguir igual en la educación municipal.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, calidad, calidad y más calidad en la educación pública. Me parece que nadie está ajeno a este razonamiento.
Como lo ha expresado quien me antecedió en el uso de la palabra, estamos votando a favor en el entendido de que el texto debe perfeccionarse absolutamente en el futuro.
Tal cual se presenta, la creación de la Dirección de Educación Pública, los servicios locales y los consejos locales puede parecerles a algunos una descentralización, a diferencia de otros, que pueden considerar que el proyecto presenta un carácter más centralista. Pero nadie puede desconocer que existe un progreso y que necesitamos avanzar hacia una reforma que perfeccione y optimice la educación pública.
Lo que no cabe, señor Presidente -por su intermedio, se lo hago presente a la propia Ministra-, es presenciar año tras año, al momento de las matrículas, cómo se genera una crisis, un caos, entre los apoderados, quienes intentan que sus hijos ingresen a un determinado establecimiento.
Eso no debería ocurrir, sin duda alguna, si la educación pública, como en tantos países del mundo, estuviera en un nivel que, al revés, lleve a envidiarla, sin encontrarse ella en la situación de envidiar lo privado o lo privado subvencionado.
Si estamos dando el presente paso es porque queremos contribuir a que nuestro país profundice en un área social sensible como la educación, y como queremos entenderla: con calidad, con integración, con cobertura nacional, con igualdad de oportunidades y con todo lo que inspira la normativa en debate.
Pero quiero reiterar y dejar en claro, para la historia de la ley, lo que conversamos denantes con el señor Ministro de la SEGPRES y la propia señora Ministra de Educación: el resguardo a todo evento de lo que históricamente lograron los asistentes de la educación, para que ello sea respetado, en definitiva, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Y otra reflexión. Tras la discusión en las Comisiones, no sé si a Sus Señorías les ha quedado claro que los profesores y todos los que sean traspasados serán funcionarios públicos. La labor será de esta última índole.
¿Cuál será el carácter que van a adquirir? Imaginamos que quedarán -y así se nos ha hecho ver- bajo esa figura.
Por lo tanto, resulta del todo necesario que el Ministerio reitere que así será, si es posible, como ha sido señalado en las Comisiones y en toda la discusión.
Ahora, las corporaciones están en su mayoría colapsadas. La de Punta Arenas debe más de once mil millones de pesos. Esta última entidad no entera el descuento de los créditos sociales y de las cuotas de la Fundación Arturo López Pérez, verificado por planilla. Ello dice relación con funcionarios que padecen una enfermedad grave.
Otro tanto ocurre con lo destinado a las cajas de compensación.
¡Y qué decir de lo demás en materia previsional! Se efectúan deducciones que no siguen su curso.
Existe una situación permanente de vicio, de abuso, en la que ha tenido lugar un verdadero colapso.
Asumo y voto favorablemente el avance que estamos realizando -para algunos, gigante, y para otros, un paso-, porque se van a respetar, como ya lo han expuesto tanto la propia señora Ministra como el Senador que habla, la historia de los asistentes de la educación, de los sindicatos, y todo lo que han logrado, así como el paso a ser funcionarios públicos. Quisiera que esta situación pudiera ser aún más aclarada.
En definitiva, debiéramos apostar a una futura educación pública de calidad, que es el anhelo de todos los chilenos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto en debate es solo una parte de la reforma de la educación, pero quizás una de las más importantes y demandadas por los chilenos.
Queremos volver al espíritu del papel que le correspondía al Estado con Pedro Aguirre Cerda; a la educación pública de Gabriela Mistral.
Lo que señalamos es que la reforma va a permitir que las familias de escasos recursos retomen la oportunidad de que sus hijos se eduquen, pero ahora con calidad, en un sector público que ha carecido de esta última característica y en el que se ha maltratado a profesores, alumnos y comunidad escolar, incluidos padres y apoderados.
Es una educación pública que ha quedado entregada a la suerte del alcalde que tocó en la comuna o de la distancia del domicilio de la familia, que vive en un mundo determinado.
El texto se hace cargo también de lo que significa la ruralidad. De cada realidad se debe dar cuenta con pertinencia.
La Araucanía va a advertir de verdad una transformación y una gran oportunidad para los hijos de las familias más vulnerables, especialmente en las zonas rezagadas.
Y quiero brindarle un reconocimiento al Gobierno, a la señora Ministra, por la posibilidad que se le dará a esa Región. Se contempla una agenda para el efecto de ir incorporando los establecimientos que hoy día se encuentran en el ámbito de las municipalidades gracias a la reforma de Pinochet, que improvisadamente los entregó sin proporcionar capacidad, recursos ni orientación; sin hacer participar a la comunidad escolar.
Ahora vamos a desmunicipalizar, pero mediante una gradualidad que me preocupa. La medida no tendrá lugar, en muchos territorios del país, sino hasta después de 2021, y no sabemos qué va a ocurrir en política, desde el punto de vista de la administración.
Espero que tenga lugar una continuidad, con un Gobierno que avance en las transformaciones.
Confío en que Alejandro Guillier terminará triunfando...
El señor ALLAMAND.- ¡Estamos listos...!
El señor TUMA.-... y va a garantizar que podamos cumplir con el calendario de transición, así como hacer posible que en la primera etapa, en 2018, tengamos en Carahue el primer centro de administración de educación desmunicipalizada.
No señalo lo anterior desde el punto de vista de una concentración en el Estado, sino en una estructura que hemos definido para ponerse a prueba a partir de lo que ocurra en Nueva Imperial, en Carahue, en Puerto Saavedra.
Durante el 2018 podremos sacar ejemplos y veremos cómo lo estamos haciendo con las nuevas oportunidades que damos a las familias de esas comunas.
Quienes conocemos La Araucanía sabemos de la falta de oportunidades que han tenido los niños de las escuelas unidocentes, que no han contado con un apoyo del Estado.
Ahora, con los servicios educacionales que se van a instalar a partir del próximo año, vamos a lograr acortar las brechas sociales y económicas.
Con este proyecto recuperamos en la educación pública la inspiración y el espíritu de Pedro Aguirre Cerda y de Gabriela Mistral.
Por lo tanto, voy a aprobar esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, a mi juicio, esta propuesta legislativa es profundamente centralizadora y va en la dirección opuesta a lo que hemos discutido y votado en la Sala: por ejemplo, elección de los gobernadores regionales, con mayores facultades y atribuciones.
¡Esta iniciativa va en una dirección absolutamente distinta!
Además, lo que considero más grave es que esta también es una completa improvisación.
¿Por qué lo digo?
Señor Presidente, me gustaría que nos tomáramos algunos minutos para ver desde el artículo trigésimo transitorio en adelante.
Dicha norma señala que, al momento del traspaso, los municipios deberán tener auditado un balance, una suerte de lista de deudas (remuneracionales, previsionales, por distintos bonos a profesores y personal no docente de los establecimientos educacionales, en fin) vigentes al 31 de diciembre del 2014.
Después, en el artículo trigésimo cuarto transitorio, se dispone lo siguiente: "Los recursos fiscales que se utilicen para el pago de las deudas referidas en el inciso precedente" -¡todas las deudas!- "podrán ser descontados de los montos que a la municipalidad respectiva le corresponda percibir por su participación en el Fondo Común Municipal, establecido en el decreto supremo Nº 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, en el año inmediatamente siguiente a aquel en que se realicen los mencionados pagos. La Dirección de Presupuestos deberá determinar los recursos que se descontarán por este concepto y lo informará a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al Servicio de Tesorerías para que éste proceda al descuento, durante el plazo de un año y en el número de cuotas que dicho Servicio determine.".
La Senadora Lily Pérez decía hace un rato que, como muchos municipios y corporaciones municipales están tremendamente endeudados, muchos servicios básicos -digámoslo con todas sus letras- ¡no van a poder pagarse!, porque les van a descontar todo el monto de las deudas desde el Fondo Común Municipal.
Por lo tanto, estamos frente a otra improvisación más.
¡Es otra reforma que no está bien pensada!
¡Es otra reforma que va a generar más daño que beneficio!
Señor Presidente, durante la discusión en la Comisión de Hacienda, solicité -porque nos dijeron que esa información estaba- el listado de deudas por municipio al 31 de diciembre de 2014. Llevamos más de dos años y aún no se nos entregan esos antecedentes.
No podemos votar ni despachar este proyecto sin esa información. ¡Necesitamos saber qué va a pasar con los municipios! ¡Qué va a ocurrir si les descuentan todos los recursos de deuda del Fondo Común Municipal!
Por la información de prensa que uno recoge, sé que para muchos municipios será imposible operar si les descuentan todo en un año. Ante ello, habrá que dictar una nueva ley que haga las cosas de manera distinta.
Insisto: creo que, desgraciadamente, esta es otra reforma improvisada. No resuelve los problemas de fondo; no se hace cargo de las deficiencias en calidad al interior de los establecimientos educacionales.
¡Es un nuevo paso en falso!
Lamentablemente, vamos a dejar a los municipios, que son órganos del Estado, la primera línea para atender las necesidades de los ciudadanos, en una situación de precariedad francamente inconcebible.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, la discusión ha tomado distintas direcciones: desde asuntos bien específicos -habrá que escuchar a la autoridad respecto de lo planteado por el Senador García; al parecer, entiende el asunto de modo diferente- hasta intervenciones más globales y generales.
Algunos señalan que este es un proyecto un poco abusivo; otros, que se impone una lógica centralizadora.
Quiero abordar este asunto desde otra óptica, y no es primera vez que lo hago.
Con un esfuerzo más denso se efectúan reformas profundas a la educación chilena: se termina con el lucro y el copago; se fomenta la inclusión; se mejora la educación preescolar, que ha tenido una inversión gigantesca en este Gobierno y también en el anterior (pero, sobre todo, en los de la Presidenta Bachelet); se legisla sobre la carrera docente, que significa más de 2 mil 500 millones de dólares en régimen, lo que establece un carácter distinto. Es mejor que lo que había antes; no me cabe ni una duda.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido guardar silencio.
El señor LAGOS.- Lo repetiré nuevamente: ¡2 mil 500 millones de dólares en régimen! Ello ha permitido una carrera funcionaria que no se articula solo en función del paso del tiempo, pues también da la posibilidad de perfeccionarse.
Podría ser mejor el proyecto, ¡no me cabe duda! Pero no cabe decir que uno no ha puesto el énfasis en la educación en un régimen democrático.
Acá estamos haciéndonos cargo de la educación pública en lo grueso. Es complejo.
Siento que tenemos el derecho, después de muchos años, de mejorar algo que no está funcionando. ¡Y no lo digo yo solamente! Ustedes mismos, los de la vereda de enfrente -lo señalo con respeto, señor Presidente-, saben que el sistema no ha operado bien, aunque haya casos aislados de ciertos municipios.
Entonces, no se trata de que el sistema sea más o menos centralizador. La educación pública actual está atomizada y segregada en función de los ingresos. ¡Eso es una realidad!
Hay alcaldes que han realizado una muy buena gestión, pero la matrícula de su educación pública también se redujo, al igual que en las comunas más grandes de Santiago.
Siento que todo se intenta mirar con el prisma de la politización excesiva.
En mi opinión, el sistema actual no está rindiendo los frutos que debería. Ante ello, ¿qué hace una sociedad democrática? ¡Debate!
Un Gobierno hace una propuesta y el Parlamento, que es elegido por los ciudadanos, debe pronunciarse.
Me van a decir que había binominal, ¡pero ahora tenemos un sistema distinto!
¡Así funciona la democracia!
Como dijo una señora Senadora, el nuevo sistema tendrá gradualidad. No vamos a hacer un big bang que nos lleve a encontrarnos de sopetón con dificultades que surgirán de este proceso, porque es un cambio estructural profundo.
Yo estoy preparado para enfrentar dificultades.
Tal vez haya un tema con el endeudamiento y, al legislar sobre la educación preescolar, la carrera docente, la nueva educación pública, la educación superior gratuita, las universidades y los centros de formación técnica estatales, seguramente aparecerán cosas que deberemos perfeccionar.
Estudié los proyectos de ley que hemos debatido, y puedo entender las críticas a algunos de los que se han aprobado.
En lo grueso, deberíamos estar contentos. Si fuera Oposición, también, pues nos planteamos una cosa distinta a partir de algo que no funciona.
Y espero que no quede -porque caricaturizar no cuesta nada- la idea de que ustedes defienden intereses económicos, el lucro encubierto; que creen en una sociedad individualista, y que en el fondo se ponen contentos cuando las cifras de la educación pública bajan.
¡Yo no me alegro con eso!
¡Escucho una carcajada por allá cuando digo esto! Al parecer, en el fondo hay algo de eso.
En vez de llevar la discusión a ese plano, me pregunto qué hago para mejorar la situación de Valparaíso, considerando la realidad que existe. ¡Como estaba no la mejoraba!
Peor aún, un Gobierno de este signo es el que empujó esta idea. Me habría gustado tal vez que la Administración anterior hubiera dicho: "¿Saben? La educación pública está mal. Vamos a hacer algo".
No se hizo nada, porque al final se defiende lo que hay; se defiende el statu quo.
Y eso lo lamento, porque siento que hay un sector de Chile que en estos temas siempre anda tres pasos detrás de la sociedad. Estuvieron tres pasos detrás a principios del siglo XX -no me canso de decirlo-, cuando se discutió la instrucción primaria obligatoria, en donde los sectores conservadores, por más de once años, arrastraron los pies para que no fuera obligatorio estudiar hasta el 4º básico.
Entonces, uno esperaría que se dijera ahora: "Esto no funciona. ¿Cómo hacemos para mejorarlo?".
Le pido treinta segundos, señor Presidente, porque se me acaba el tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se los doy, señor Senador.
El señor LAGOS.- Gracias.
Voy a terminar con una nota más positiva.
Por alguna razón, las bancas de enfrente se allanaron a esos seis puntos que detalló el Senador Andrés Allamand y que escuché atentamente, aunque ya los conocíamos. Se llegó a un acuerdo, pero no es total, como se puede apreciar en esta votación.
Tal vez algo se ha sembrado, ya que al parecer asoma la duda en algunos. Lo señalo, porque escuché plantear a Senadores de la Comisión de Educación que no son precisamente de Gobierno -no quiero mencionarlos-: "Demos la oportunidad de cambiar el sistema".
En consecuencia, quizá no estamos tan perdidos. Porque lo que está malo es lo que hay. Y cuando alguien no tiene la fuerza en un gobierno para llevar adelante los cambios, al menos debiera decir: "¿Saben qué más? Para avanzar, me voy a colgar del gobierno que sí tuvo la fortaleza y la convicción de impulsar las reformas", en lugar de hacer un discurso que se traduce en un "Lo apruebo, pero no me gusta".
¡Embarquémonos con ganas, con motivación, y digamos que queremos una educación pública de calidad!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 1, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 40, 44, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82 y 84 (20 votos a favor, 11 en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareada, la señora Goic.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pasamos al siguiente grupo de artículos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata también de normas permanentes de quorum simple. Son los artículos 9, 10, 15, 32, 45 y 56.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlos?
El señor LAGOS.- Sí.
El señor MONTES.- Claro.
--Por unanimidad, se aprueban.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, cabe pronunciarse sobre un grupo de artículos transitorios, también de quorum simple. Son los siguientes: primero, sexto, décimo, décimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y quincuagésimo tercero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
El señor ALLAMAND.- Está bien.
El señor PÉREZ VARELA.- Pero hasta ahí no más, señor Presidente.
--Por unanimidad, se aprueban.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La votación del resto del proyecto se efectuará el próximo martes, conforme a la minuta que se ha distribuido.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.