CREACIÓN DE SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, a través de los años, he dado testimonio de mi apoyo incondicional a la descentralización en todas las esferas de la acción del Estado en la que es posible.

Pero la verdad es que la municipalización que se llevó adelante en los años 80 no fue un efectivo proceso descentralizador. Lo que realmente se buscaba era disminuir el tamaño y la influencia del Estado para abrirle más espacio al sector privado.

Esta era la esencia del principio de subsidiariedad, que lo inundaba todo en aquella época.

El Estado solo debía intervenir allí donde los privados no podían hacerlo. Por lo tanto, había que potenciar a este último sector para que, gradualmente, fuera reemplazando al sector público en la tarea educacional.

Los resultados están a la vista: la participación de la educación pública se redujo a cerca de una tercera parte del total de la matrícula. En las comunas con mayor crecimiento poblacional esa proporción es incluso inferior, alcanzando a menos del 20 por ciento.

La educación fue una prioridad central de cada gobierno durante el siglo XX. En cada ciudad había al menos un establecimiento principal, abierto a toda la población, que gozaba de gran autoridad y que contaba con docentes de excelencia, aunque su cobertura era limitada.

El impulso principal lo dio Aguirre Cerda, para quien gobernar era sinónimo de educar. Y la cobertura tuvo su momento de mayor expansión con Frei Montalva y con Allende, cuando se multiplicaron las escuelas públicas a través de las poblaciones y los campos de nuestro país.

En esos años los docentes tenían prestigio y se sentían parte de una misión mayor de todo el país, conducida por el propio Estado.

Esa educación y esa tradición, tal como la conocimos, fueron desapareciendo progresivamente después de la municipalización.

En la mayoría de los casos, la gente nunca alcanzó a percibir que la educación fuera una prioridad para los municipios, con recursos siempre escasos y con múltiples tareas que abordar.

Con el retorno de la democracia se hicieron uno y mil esfuerzos por rescatar a la educación pública. Pero no se logró revertir la tendencia fatal. Se dictó un estatuto docente, se aumentaron las subvenciones, se creó la jornada escolar completa, se renovó la infraestructura y, sin embargo, nada de eso fue suficiente.

Ahora la educación pública merece una nueva oportunidad. Ya no podemos seguir eludiendo el problema estructural que representa la fragmentación, la inequidad, la ineficiencia y el desfinanciamiento crónico del sistema a partir de su municipalización.

Se precisa una nueva organización educativa, con el foco en la escuela y en el protagonismo de profesores y directivos, con una gestión profesional que asegure mayor calidad y con condiciones materiales que garanticen efectiva equidad.

Es necesario un nuevo sistema escolar, que permita la participación de los actores relevantes de la comunidad, que promueva la rendición de cuentas y que facilite el trabajo en red.

Se requieren una nueva escuela y un nuevo liceo, que promuevan el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, que incluya sus dimensiones cognitiva, espiritual, ética, moral, física y artística.

Se necesita una nueva educación pública, que dé a los estudiantes las herramientas para enfrentar los profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que afectan a nuestro país, y que les permitan contribuir efectivamente, cada cual desde sus capacidades, a la nueva sociedad que se abre paso.

Por estas mismas razones, antes apoyé los proyectos de inclusión escolar, de educación parvularia y de nueva carrera docente, que forman parte de la reforma educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.