DESPENALIZACIÓN DE TRES CAUSALES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la discusión de este proyecto nos obliga a ser muy cuidadosos y responsables tanto en el fondo de nuestra reflexión como en la forma de expresar nuestras ideas. No puede haber espacio en este debate para la simplificación, la caricatura o la desinformación, elementos que, lamentablemente, han inundado la discusión durante los últimos días.

Estamos hablando de despenalizar el aborto en tres causales específicas: peligro de vida de la mujer embarazada, inviabilidad del feto y embarazo producto de una violación.

Despenalizar no equivale a obligar, sino a garantizar un derecho, debidamente justificado, para las mujeres que, por cualquiera de los motivos recién expuestos, determinen no continuar con su proceso de embarazo.

En el día de ayer, señor Presidente, me hacía sentido su indicación. Pero, al escuchar las diversas intervenciones, y sobre todo las exposiciones de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me di cuenta de las dificultades que generaría su aprobación.

En todo caso, rescato del debate que se generó la disposición de las bancadas de Oposición, que han terminado por aceptar, algunos más convencidos que otros, la legitimidad de la causal de riesgo en la vida de la madre para interrumpir el embarazo.

Me llama la atención que solo ahora se abran a la idea de aprobar esa causal, después de varios intentos fallidos para reponer el aborto terapéutico, vigente en nuestro Código Sanitario hasta 1989.

Es evidente que existen diversas motivaciones detrás del voto favorable a esta indicación. Algunos, como su autor, reiteran una legítima posición que han sostenido desde siempre, mientras otros en su fuero interno hubieran preferido abstenerse o rechazarla. Pero han votado a favor con el objetivo -es mi modesta opinión- de provocar un daño al proyecto integral.

Cualquiera sea la motivación, hay que valorar que el debate se ubica en el plano del que nunca debe salir, esto es, una discusión política acerca de las normas que rigen nuestra convivencia, y no un debate sobre las convicciones morales de cada uno, respecto de las cuales siempre será muy difícil llegar a acuerdo.

En cuanto a la forma, lamento que no haya habido el espacio en las etapas previas del análisis de este proyecto para haber explorado las posibilidades de un acuerdo amplio al menos en esta causal.

Señor Presidente, a estas alturas de la tramitación, es muy complejo tratar de integrar de manera coherente vuestra indicación al conjunto del proyecto. Pero si se perdiera esta votación y, en definitiva, se aprobara su indicación, entonces habría que hacer la tarea de conciliar las diferentes partes de la iniciativa.

No sería una derrota del proyecto. ¡Cómo podría serlo si al menos en una causal la Oposición lo valida!

Constituiría, sí, un tropiezo. Pero estoy seguro de que el conjunto de esta iniciativa, con sus tres causales, logrará avanzar tal cual lo demanda la enorme mayoría de la población.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, yo quiero insistir en que acá no se está obligando a nadie: esto es voluntario.

Ahora bien, de acuerdo a datos de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, en Chile 17 personas son violadas cada día. Aproximadamente 74 por ciento de los casos afectan a menores de 18 años. Y, de esa cantidad, se estima que 10 por ciento de las víctimas quedan embarazadas.

Es decir, cada año más de 400 menores se ven enfrentadas a la posibilidad de abortar producto de una violación. En la mayoría de los casos el autor de la agresión es un familiar o una persona de su círculo cercano.

Algunos voceros han planteado que la causal de violación será usada como pretexto por las mujeres para acceder al aborto.

Yo me pregunto qué les decimos a esas niñas. ¿Que no creemos en ellas? ¿O que porque algunas mienten ellas no podrán decidir?

Ya demasiado daño han recibido y demasiado dolor han debido soportar. Ya el Estado les ha dado la espalda. Ya han sufrido la humillación de una vejación que seguramente marcará su vida.

¿Qué le ofrecemos actualmente a esa mujer o a esa menor de edad que no desea perseverar en su embarazo?

Primero, debe sacrificarse y, bajo amenaza de cárcel, se la fuerza a proseguir la gestación.

Si decide abortar clandestinamente, dependiendo de sus recursos, se expone a todos los riesgos de una prestación insegura.

Para el caso de que no quiera mantener el cuidado del futuro hijo, el Estado le ofrece ingresarlo al sistema de adopción del SENAME, que -bien sabemos- está bastante cuestionado.

En cuanto a la justicia, solo una parte de esas mujeres verá que se castiga al violador, quien en la mayoría de los casos no solo permanecerá impune, sino que además, muy probablemente, seguirá viviendo cerca de la víctima o en su entorno inmediato.

Lo que ocurra luego con el niño que nazca dependerá en gran medida de la situación socioeconómica de la madre.

Está de más decirlo, pero la mayoría de las mujeres que sufren violación pertenecen al sector de mayor vulnerabilidad.

Aquello es lo que como sociedad les ofrecemos a esas mujeres.

Este proyecto, en cambio, propone un camino distinto, no exento de dolor, por cierto, pero más humano.

Se establece que sea la mujer quien decida. Y si es menor de edad, lo hará en conjunto con sus padres o con la autorización de un juez.

Si resuelve abortar, lo hará en condiciones sanitarias seguras y sin coacción alguna.

Además, se consagra un sistema de acompañamiento, cualquiera que sea su decisión, para resguardar su salud y su integridad física y psíquica y activar las redes de apoyo existentes.

Esto es justicia; es lo mínimo que podemos ofrecerles a las víctimas: es un trato humano frente a una situación inhumana.

Mantener el estado de cosas actual significa perpetuar la injusticia.

¡Yo al menos no seré cómplice de semejante inequidad!