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REGULACIÓN DE DERECHOS A RESIDIR, PERMANECER Y TRASLADARSE HACIA Y DESDE EL TERRITORIO ESPECIAL DE ISLA DE PASCUA


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, Chile tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. Lo anterior exige del Estado una política integral de reconocimiento, reparación y desarrollo hacia ellos. Mas también existe un pasivo ambiental, representado por la sobreexplotación y degradación de territorios producto de la introducción o del avance de nuevas actividades o poblaciones.
Ambas situaciones confluyen en el caso de la Isla de Pascua. Antes y después de la presencia chilena se registraron abusos en contra de su pueblo y su medio ambiente. Eso ha cambiado en los últimos años, sobre todo después de la dictación de la Ley Pascua, pero el territorio y la población de Rapa Nui siguen demandando normas y medidas específicas, atendidas sus características singulares.
El proyecto en discusión se hace cargo de una de las demandas principales de ese pueblo, en orden a la regulación de la permanencia en la isla de personas no pertenecientes a la etnia originaria.
La disposición pertinente es posible en atención a lo contemplado en el artículo 126 bis de la Constitución, que autoriza a establecer regulaciones al ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento. Asimismo, define a la Isla de Pascua como territorio especial, para los efectos de su gobierno y administración, si bien la respectiva ley regulatoria aún se encuentra pendiente.
El texto en votación propone una normativa nueva en nuestro país y sin muchos antecedentes en el mundo, pero con una justificación más que suficiente.
En primer lugar, median razones ambientales relacionadas particularmente con la disponibilidad de agua y energía y los problemas en la disposición de residuos, todos generados a partir del importante aumento de población experimentado en los últimos años.
Para enfrentar este cuadro, un plan de carga territorial que considerará tales factores críticos definirá los habitantes que es posible sustentar.
Los primeros estudios proyectan que la Isla de Pascua enfrentará en 2023 problemas en el suministro de agua para consumo, y se prevé al 2024 una saturación por exceso de basura domiciliaria y proveniente de los servicios turísticos.
Además, el territorio ha sido declarado vulnerable ante los efectos del cambio climático.
Se justifican, entonces, las limitaciones a la permanencia en la isla, las que, por cierto, afectarán hacia el futuro y no a los actuales habitantes.
Deberán, asimismo, tomarse los resguardos para que tales medidas no afecten las relaciones familiares ni el ejercicio de otros derechos constitucionales.
Pero en el trasfondo de las normas propuestas, sin duda, debemos considerar también factores culturales, expresados en que parte importante del crecimiento demográfico está provocado por migraciones desde el continente y el extranjero.
Esta disminución proporcional de la población originaria afecta la supervivencia del rico patrimonio cultural de la isla. Y frente a ello no podemos permanecer pasivos.
He tenido la oportunidad de escuchar a representantes de su pueblo, quienes me han expresado su apoyo a este proyecto y su preocupación por el retroceso en el conocimiento y uso de su lengua. Otro tanto pasa con las costumbres, la música, el folclor y otras expresiones culturales.
Recordemos que Rapa Nui fue declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.
En consecuencia, con esta iniciativa estamos asumiendo no solo la responsabilidad histórica ante el pueblo rapa nui al acoger una de sus demandas principales, sino también nuestra responsabilidad ante la comunidad internacional para preservar el aporte tan significativo que un pequeño pueblo, aislado y sin riqueza, ha hecho desde Oceanía a la cultura universal.
Por esas razones, voto a favor del proyecto.