FORTALECIMIENTO DE COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una dotación adicional de 110 jueces, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.611-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 83ª, en 24 de enero de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
Hacienda: sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es favorecer la cobertura jurisdiccional del territorio nacional y mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, aumentando la dotación de jueces y de otros funcionarios. Concretamente, se crean 110 cargos de jueces, cuyos titulares se desempeñarán en distintos puntos del país en 82 tribunales, entre los que se cuentan juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Además, la iniciativa refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, incrementando los cargos de consejero técnico, jefe de unidad y otros.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular a la vez, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 24 de enero de 2017, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Moreira.
Por su parte, La Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos de su competencia, los que aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Montes, Lagos y Pizarro, en los mismos términos en que fueron despachados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe hacer presente que los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5° número 1 -en la parte que alude a los cargos de cuatro jueces- y número 2; el artículo 7° -en la parte referida a los cargos de tres jueces-, y el artículo primero transitorio del proyecto tienen rango orgánico constitucional y requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 19 a 28 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero informar en qué consiste esta iniciativa analizada en la Comisión de Hacienda.
Sus Señorías pueden seguir en pantalla mi exposición en PowerPoint.
El objetivo de la iniciativa es aumentar la dotación de jueces y funcionarios de tribunales en que se advierten cargas de trabajo que ponen en riesgo el buen y continuo servicio judicial.
Además, dispone la provisión de 110 jueces en un total de 82 tribunales a lo largo del país, según criterios técnicos definidos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial: tribunales de juicio oral en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común.
¿Cuáles son los contenidos del proyecto?
Primero, el aumento de jueces en aquellos tribunales que hayan superado la carga considerada apropiada para el buen desempeño jurisdiccional.
Segundo, con el fin de asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas, se propone incorporar un juez adicional, de modo de garantizar el reemplazo inmediato del juez que por cualquier motivo no pueda desempeñar su función, superando la aplicación de subrogaciones y suplencias, y aumentando las posibilidades de integración.
Tercero, se promueve reformar el texto del Código Orgánico de Tribunales, la Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y el Código del Trabajo. Asimismo, se aumenta un cargo en el Tribunal de Alto Hospicio creado por la ley N° 20.876.
Cuarto, en lo que se refiere a las normas de entrada en vigencia, la iniciativa de ley establece un cronograma de implementación en tres años, considerando las necesidades de construcción y/o remodelación de los espacios existentes y los tiempos asociados a estos trabajos para recibir la nueva carga de dotación asociada.
¿Cuál es el efecto fiscal del proyecto?
De acuerdo al informe financiero, el proyecto irroga gastos por la creación de 110 cargos para jueces, a fin de fortalecer 82 tribunales; el aumento de la dotación de apoyo: 7 consejeros técnicos, 61 jefes de unidad y 237 empleados. En total, son 305 cargos de apoyo.
Asimismo, además del incremento del gasto operacional, hay gastos transitorios en mobiliario y equipos informáticos, y en infraestructura en la construcción de salas, en los casos en que sea necesario para el nuevo personal.
Siguiendo con los efectos fiscales, el primer año son 15 mil millones; el segundo año, 19 mil millones; y el tercer año, 27 mil millones; pasando posteriormente a régimen.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Son 13 mil millones?
El señor MONTES.- Así es, 13 mil millones en régimen. Este es básicamente el costo permanente. Los demás tienen períodos de inversión.
Respecto de la gradualidad, a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial se consideran los siguientes tribunales: juzgados de garantía de San Felipe, Santa Cruz, Talca y Angol; tribunales de juicio oral en lo penal de Iquique, La Serena, San Antonio, Curicó, Talca, Chillán, Concepción y el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, y Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
Cumplido un año de su publicación en el Diario Oficial -lo anterior era desde el momento en que se publicara-, se consideran los juzgados de garantía de Antofagasta, de Ovalle, y de Valparaíso; Juzgado de Letras de Familia, de Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio; juzgados de letras de competencia común de Caldera, de Mulchén, de Nacimiento, de Laja, de Collipulli y de Carahue; y juzgados de letras del trabajo de Valparaíso, de Rancagua y de Santiago.
Los aumentos en dotación para los restantes tribunales previstos entrarán en vigencia una vez transcurridos dos años desde la publicación en el Diario Oficial.
Este texto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión de Hacienda, y solicito a los señores Senadores que se pronuncien a favor.
Es todo lo que puedo informar.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, abra la votación.
La señora VON BAER.- Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay acuerdo para ello?
El señor HARBOE.- Me parece muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
En votación general y particular el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, voy a hacer la relación como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Esta iniciativa tuvo origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República dirigido a la Cámara de Diputados, y busca favorecer la cobertura jurisdiccional que se presta a lo largo del territorio nacional, aumentando la dotación de jueces y de otros funcionarios de distintos tribunales.
El señalado mensaje hace presente que un primer avance para cubrir las necesidades más urgentes y apremiantes de nuestros tribunales se logró en noviembre de 2015, con la dictación de la ley N° 20.876, que suprimió un total de 77 cargos de jueces penales de la Región Metropolitana y, en su lugar, dispuso que se utilizaran 71 de esas plazas para cubrir la demanda creciente de otros tribunales de diversas regiones y competencias que tenían dotaciones deficitarias, y que se asignaran las 6 plazas restantes a la creación de tres nuevos tribunales con asiento en las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos.
Esa ley, como dijo la Primera Mandataria, fue fruto del esfuerzo conjunto de los tres Poderes del Estado en pos de aprovechar eficientemente los recursos públicos disponibles y mejorar el acceso a la justicia.
Sin embargo, si bien dicho cuerpo legal representó un significativo avance, no fue suficiente para cubrir las necesidades generales de dotación de jueces evidenciadas por el propio Poder Judicial, sobre la base de la carga de trabajo y la configuración orgánica de los distintos tribunales del país.
Por tal motivo, esta iniciativa viene a plantear un reforzamiento complementario para aquellos tribunales en que se advierten cargas de trabajo excesivas para los magistrados y sus funcionarios, y fórmulas orgánicas que ponen en riesgo el adecuado y continuo servicio judicial.
En lo medular, la iniciativa en estudio dispone, entonces, la creación de 110 cargos de jueces en un total de 82 tribunales a lo largo del territorio nacional, comprendiendo tribunales de juicio oral en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Todo ello sobre la base de criterios técnicos adecuados en materia de estándares de cantidad de causas por cada magistrado o sala de tribunal.
Asimismo, con el fin de asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas, se propone incorporarles un juez adicional, de modo de garantizar el reemplazo inmediato del magistrado que por cualquier motivo no pueda desempeñar su función.
A la vez, se refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, incrementándose el correspondiente número de consejeros técnicos, de jefes de unidad y de otros cargos complementarios fundamentales para el recto funcionamiento de los tribunales.
Para estos efectos, a través de siete artículos permanentes, el proyecto modifica diversos cuerpos normativos, como el Código Orgánico de Tribunales; la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y el Código del Trabajo. Complementariamente, se contemplan dos disposiciones transitorias que se ocupan de los aspectos financieros de la iniciativa y de su entrada en vigencia, fijándose un cronograma de implementación basado en las necesidades de construcción o remodelación de los espacios existentes para recibir las nuevas dotaciones.
La Comisión realizó la discusión y votación del proyecto tanto en general como en particular en el trámite de primer informe, en virtud de la autorización que la Sala le otorgara con fecha 24 de enero del presente año.
En este estudio, se escuchó atentamente la excelente exposición del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Campos; al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema; a representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, y al señor Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Con ellos, la Comisión tuvo la oportunidad de evaluar detenidamente los criterios que se emplearon para determinar estos aumentos de jueces y demás funcionarios; la forma en que se calcularon las correspondientes cargas de trabajo, y los cambios que experimentarán las distintas regiones de nuestro país como consecuencia de esta iniciativa.
También se tuvo presente el informe evacuado por la Excelentísima Corte Suprema, en el cual se entrega en forma expresa un parecer favorable respecto a este proyecto, el que, según allí se señala, fue concordado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y recoge todos los planteamientos que se formularon ante el Parlamento durante la tramitación de la ya mencionada ley N° 20.876, de 2015.
Conocidos y analizados los antecedentes recibidos -forman parte del informe de la Comisión- y habida consideración del impacto práctico que va a significar para los ciudadanos la cercanía de la justicia y el acceso a ella, hubo consenso en cuanto a la pertinencia de aprobar esta iniciativa, al estimarse que contribuirá sustantivamente a mejorar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, en especial de los habitantes que residen en las zonas geográficamente más apartadas.
Por tal razón, y por la contundente argumentación planteada por el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia, en forma unánime la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó este proyecto tanto en general como en particular y recomienda a la Sala proceder de igual manera.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la justicia no encabeza las prioridades para los chilenos, como sí ocurre con el combate a la delincuencia, con la necesidad de mejorar la salud pública, la educación y los sueldos.
Sin embargo, según la Encuesta CEP de diciembre del año pasado, los tribunales de justicia tienen una aprobación de 7 por ciento; el Congreso, de 4 por ciento, y los partidos políticos, de 4 por ciento. Son las tres instituciones que cuentan con los menores niveles de confianza por parte de los chilenos.
Además, el 73 por ciento de los entrevistados en ese estudio señala sentirse insatisfecho con el funcionamiento de la administración de justicia en nuestro país. Se trata de niveles de insatisfacción que están por sobre la percepción del funcionamiento de la seguridad ciudadana (65 por ciento se declara insatisfecho) o del transporte público (53 por ciento de insatisfacción), especialmente por el Transantiago.
Este proyecto va en la línea correcta, porque su objetivo es favorecer la cobertura jurisdiccional del territorio nacional y mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, tal como lo plantearon los señores Senadores que lo informaron. Ello se materializa especialmente con la creación de 110 cargos de juez, los que se desempeñarán en distintos puntos de nuestro país, en 82 tribunales, entre los que se cuentan juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Además, la iniciativa refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, aumentando los cargos de consejero técnico, de jefe de unidad y de otros que son necesarios para impartir la justicia.
Creo que este proyecto va en la dirección correcta, al aumentar la dotación de tribunales en 110 nuevos magistrados, a lo que se suma la incorporación de 305 nuevos funcionarios. Esto apunta a robustecer la labor de diversos tribunales de justicia a lo largo de nuestro país (de juicio oral en lo penal, de garantía, laboral, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común), con el objetivo de alcanzar estándares mínimos que cada juez debe tener para el cabal cumplimiento de su función. Cuando la carga de algunos tribunales sobrepasa la capacidad humana tanto de los jueces como de los funcionarios, ese tribunal no camina, se empiezan a demorar los procesos, y todos sabemos que la justicia, cuando tarda, muchas veces no es justicia.
El aumento en el caso específico de las ciudades de Copiapó y Caldera responde a solicitudes que los parlamentarios de la Región hemos formulado reiteradamente, en especial respecto de Caldera, donde la demanda por justicia ha crecido bastante en los últimos años, producto del aumento de los habitantes y porque en la época estival se triplica la población y, por lo tanto, la carga del tribunal sube considerablemente.
Pero mi preocupación -se lo planteé al Ministro Jaime Campos, y le agradezco su respuesta- radica en el tiempo en que se implementarán los nuevos cargos. Así, en el caso de Caldera ello demorará un año desde la publicación de la ley en proyecto; y en el de Copiapó, dos años.
Francamente, me inquieta esa situación.
En tal sentido, pido al señor Ministro -él me ha dicho que se trata de una responsabilidad a cargo de la Corte Suprema- que esto se pueda adelantar. En el caso de Caldera, no significa mayores recursos, pues ya existen los dos jueces -se está cambiando solo la competencia-, por lo que allí no se daría el problema que siempre se menciona cuando uno pide estas cosas: "No, pero es que no alcanzan los recursos", y lo que hacemos es demorarlo para el próximo año. Yo creo que dos años es demasiado, señor Presidente.
En consecuencia, solicito, si es posible, que se oficie a la Corte Suprema con la finalidad de que estos cargos se puedan llenar ahora, en conjunto con la publicación de la ley en proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, les hago presente que la votación es en general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si bien no soy un experto en materia jurídica, me correspondió participar junto con mis asesores en la discusión y votación de este proyecto de ley. Y no solo por sentido común, sino también por la asesoría adecuada, por haber escuchado al Ministro y a otras autoridades sobre esta iniciativa, que es de sentido común, me corresponde hacer uso de la palabra en nombre de los Senadores de la UDI para anunciar nuestro voto favorable en general y particular.
Como lo manifestó con tanto detalle el Presidente de la Comisión, Senador Harboe, el proyecto busca aumentar la dotación de jueces y funcionarios de un número importante de tribunales de nuestro país. Es indiscutible que, a mayor demanda por justicia, se incrementan las cargas de trabajo, lo que obliga a idear fórmulas de organización que aseguren el buen y continuo servicio de la función judicial.
No fue hace mucho tiempo que el Congreso aprobó la ley Nº 20.896, hoy vigente, que creó juzgados en diversos territorios de nuestro país y modificó distintos cuerpos legales para alterar la composición de varios tribunales de justicia.
Mientras se tramitaba esa iniciativa surgieron estudios que permitieron detectar sectores de nuestro país donde la demanda de justicia no se encuentra hoy satisfecha. Los ingresos de causas y la imposibilidad de resolverlas de manera "pronta y cumplida", como manda la Constitución, pueden llevar a algunos a plantearse preguntas tal vez equivocadas: ¿de verdad necesitamos más tribunales?
El proyecto que estamos votando busca resolver ese problema sin incrementar el número de juzgados, sino sumando más magistrados para que se integren a los tribunales que ya existen, lo que nos parece una solución razonable.
También resulta importantísimo connotar que esta iniciativa haya pasado por la Comisión de Hacienda. Describió muy bien su texto el Senador Montes, quien mañana cumple un año más de vida. De modo que aprovecho la oportunidad para saludarlo desde este rincón del Hemiciclo.
Señor Presidente, el Senado revisó este proyecto en sus Comisiones de Constitución y de Hacienda, y no le introdujo modificaciones.
La iniciativa que nos ocupa resuelve con buen criterio -¡en mayúscula!- una situación vinculada con las planificaciones hechas según las reformas procesales y que la ley N° 20.896 no había solucionado debidamente.
Esta vez se agregan más jueces a nivel nacional.
En las condiciones señaladas, este proyecto es razonable y merece ser aprobado.
Con todo, cabe observar que de seguro las consecuencias del aumento en la dotación de jueces serán asumidas por el próximo Gobierno. Ello será así, pues los incrementos previstos para los restantes tribunales entrarán en vigencia una vez transcurridos dos años desde la publicación de la ley en proyecto en el Diario Oficial. Y a contar de esa fecha, se consideran los gastos en personal, operacionales y de arriendos de computadores, por año completo, acorde al número de cargos que se crean anualmente.
Independientemente de quién deba pagar la cuenta respectiva, que es una inversión para que haya más justicia, lo relevante acá es que estamos aprobando la iniciativa.
Para terminar, quisiera referirme a lo siguiente.
En materia de justicia, la Región que represento también merece una mirada del Gobierno.
Entiendo perfectamente que, desde el punto de vista presupuestario, no es fácil aumentar determinada cantidad de jueces. Ello debe hacerse con responsabilidad, la misma que se ve reflejada en el proyecto que estamos votando.
Aunque esta iniciativa sin duda constituye un avance, me quedo con la sensación de que pudo haberse hecho un poquito más para atender las demandas de la Región de Los Lagos en materia de justicia.
Que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt cuente solo con una sala y cuatro ministros le permite funcionar de manera extraordinaria en dos salas. Pero ello no alcanza para que los habitantes de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé vean resueltos sus conflictos en breve tiempo.
Es esencial que ese tribunal de alzada cuente con una sala más.
Esperamos que esa necesidad, respecto de la cual no se requiere contar con elevadas inversiones o completar plantas que pueden resultar onerosas, sea satisfecha lo más pronto posible.
Si somos gobierno, haremos los esfuerzos pertinentes para que las demandas de la Región de Los Lagos sobre la materia se atiendan cabalmente.
La UDI aprueba este proyecto.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Me congratulo por esta iniciativa, señor Presidente.
Quiero felicitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos; al Gobierno; a la Presidenta Bachelet, porque si existe un tema recurrente en la población es el acceso a la justicia.
Hay problemas de la vida cotidiana que se resuelven en los juzgados de familia, o en los laborales, o en tribunales que concentran lo penal, lo laboral, lo civil, lo familiar. Y existe una cantidad muy grande de personas que dependen de si en los tribunales competentes de nuestro país hay o no personal y jueces para la resolución de las cuestiones que se llevan a esas instancias.
Este proyecto, por tanto, viene a complementar la iniciativa sobre relocalización de 77 jueces que ya aprobó el Congreso Nacional.
Ahora se plantea una dotación adicional de 110 jueces. De manera que es sustantiva la forma como vamos a fortalecer a los tribunales para que la justicia llegue de mejor manera a los ciudadanos.
Señor Presidente, quiero singularizar una situación compleja que estamos viviendo desde hace bastante tiempo en la comuna de Teodoro Schmidt, a la que represento en el Senado.
Le mencioné el problema al Ministro de Justicia, quien lo comprendió fácilmente: necesitamos que se modifique la manera como se hallan definidas las competencias.
El Juzgado de Garantía de Nueva Imperial tiene una sobrecarga de trabajo por juez/sala de 3,5 por ciento.
Debemos ver cómo equilibramos esa recarga con la competencia que el referido tribunal tiene respecto de las comunas de Nueva Imperial y de Teodoro Schmidt, donde hay tres localidades: las de Barros Arana y Teodoro Schmidt, ubicadas a 30 y 50 kilómetros de Nueva Imperial, respectivamente, y la de Hualpín, que está a 70 kilómetros de Nueva Imperial y tiene a 5 kilómetros el Juzgado de Letras y Garantía de Toltén, el cual presenta una capacidad ociosa de aproximadamente 77 por ciento.
Le expliqué la situación al Ministro de Justicia -repito-, quien comprendió perfectamente el problema, señalándome que debe haber equilibrio en la materia y que es factible conseguirlo.
Yo me alegro mucho de eso, especialmente por los habitantes de las zonas que mencioné, quienes se verían muy favorecidos con la división de la competencia; es decir, si los habitantes de Hualpín pudieran acceder al Juzgado de Letras y Garantía de Toltén y los de Barros Arana y Teodoro Schmidt siguieran acudiendo al Juzgado de Garantía de Nueva Imperial.
En todo caso, se trata de un asunto que debe resolverse con la gente de las comunas pertinentes: el alcalde, los concejales y los dirigentes sociales. Y en su oportunidad iremos a conversar con el Ministro para ver de qué manera distribuimos mejor la carga de trabajo, considerando la capacidad ociosa a que me referí.
De otro lado, señor Presidente, debo relevar que este proyecto resuelve muy bien la sobrecarga del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, que llega a casi 60 por ciento. Y lo mismo ocurre con el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue, que tiene cerca de 50 por ciento de recarga.
Esta iniciativa soluciona el problema asignando un juez más a cada uno de los respectivos tribunales.
También zanja la situación del Juzgado de Garantía de Temuco, que presenta una sobrecarga de 20 por ciento (este índice se halla relacionado con el número de causas que se llevan por cantidad de habitantes), pues aumenta en dos el número de jueces en dicho tribunal.
Me parece, entonces, que este proyecto va en la dirección correcta de atender una de las demandas más sentidas de la población: el acceso a la justicia.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa, pues me parece que la creación de 110 nuevos empleos de juez va en la dirección correcta.
Me alegra mucho que nuestra Región haya sido considerada en el incremento dotacional con 16 cargos: Osorno, cuatro jueces; Río Negro, uno; Puerto Varas, dos; Puerto Montt, seis; Ancud, uno; Castro, dos. Vale decir, tres de las cuatro provincias de la Región de Los Lagos fueron contempladas en el incremento de magistrados que se propone.
Sí, me llama la atención que una provincia tan aislada como la de Palena no haya sido considerada en el aumento de jueces, pues la comuna de Futaleufú cuenta con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un tribunal y para recibir a sus funcionarios, toda vez que, producto de la catástrofe provocada por la erupción del volcán Chaitén en 2008, el Poder Judicial realizó una inversión para que el tribunal de Chaitén -valga la redundancia- funcionara provisoriamente en aquella comuna.
Futaleufú cuenta con todas las instituciones necesarias para el funcionamiento de un juzgado: Gendarmería, Defensoría, Fiscalía, Notaría, Corporación de Asistencia Judicial.
En la actualidad, la referida comuna está bajo la jurisdicción del tribunal de Chaitén. Sin embargo, a sus pobladores les resulta dificultoso concurrir a él, pues se encuentra a tres horas y media de viaje en bus; y, como solo se hacen dos recorridos diarios, ir a Chaitén ocupa prácticamente una jornada completa.
Sobre el particular, por intermedio de la Mesa, le solicito al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que oficie a la Corte Suprema para hacerle presente tanto la situación que afecta a la provincia de Palena como la realidad que se vive en la comuna de Futaleufú.
Asimismo, adhiero a lo que señaló el Senador Moreira en cuanto a la necesidad de una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Se trata de una petición que venimos formulando desde hace muchos años, pero que desgraciadamente no se ha concretado.
Porque ocurre un hecho paradójico, señor Presidente.
Los tribunales de la provincia de Osorno, que pertenece a la Región de Los Lagos, están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que corresponde a la Región de Los Ríos.
Entonces, si se creara una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, los tribunales de Osorno quedarían bajo la jurisdicción de esta última.
Por intermedio de la Mesa, le insisto al señor Ministro de Justicia en la necesidad de que oficie a la Corte Suprema para que, además de ver el caso específico de Futaleufú, estudie la factibilidad de crear una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es muy importante. Y todas las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora así lo revelan.
Todos somos conscientes de que nuestro país dio un gran salto cuando hicimos la reforma procesal penal. Pero también tenemos claro que muchos de nuestros tribunales están sobrecargados de trabajo, lo que impide una justicia eficiente, oportuna, equitativa.
No podemos dejar de considerar que no es del todo positiva la evaluación de la población a la forma como se imparte la justicia en Chile y que existe una percepción creciente en cuanto a que la gente de escasos recursos y con mayor vulnerabilidad es la que tiene menor acceso a una buena justicia.
Por eso es importante esta noticia.
La creación de 110 cargos de juez para un total de 82 tribunales en todo nuestro territorio sigue los criterios técnicos establecidos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Esos magistrados se desempeñarán en juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral, de familia y de competencia común.
Aquello va en la línea de mejorar la administración de justicia y, también, asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas; es decir, que ante la ausencia de un juez se garantice su remplazo de inmediato, de tal manera que no se interfiera en el desempeño de la función respectiva.
Dicho eso -por cierto, la ley en proyecto contará con nuestro voto afirmativo-, es del caso señalar que esta iniciativa establece un cronograma de implementación a lo largo de tres años. Ello tiene sentido si se consideran aspectos tales como necesidades de construcción y de remodelación de los espacios existentes, asuntos presupuestarios, en fin.
Señor Presidente, aquí quiero hacerme cargo de lo siguiente.
El problema para la implementación de los nuevos cargos -y comparto lo que planteó el Senador Prokurica; conversé el punto con el Ministro de Justicia- tiene que ver no solo con la Corte Suprema, sino también con la Ley de Presupuestos.
En el caso de Caldera, que cuenta con un juzgado de competencia común, habrá que esperar un año; y en el de Copiapó, dos.
Sin embargo, la necesidad de que entren en vigencia luego los aumentos de dotación propuestos -así me lo expresó el Presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó- es urgente.
Como dije, conversé acerca del problema con el Ministro de Justicia. Además, pedí que se le enviara un oficio sobre la materia. Pero ahora me acaba de reiterar que aquello depende, no de la Corte Suprema, sino de la Ley de Presupuestos. O sea, el adelanto en la implementación -esa es la solicitud- de los nuevos cargos propuestos se encuentra supeditado a los recursos que se entreguen mediante la partida presupuestaria respectiva.
Me gustaría que se considerara el punto. Sé que el Ministro se ha comprometido a por lo menos tenerlo presente. Y ojalá que a la hora de discutir el proyecto de Ley de Presupuestos exista disposición para acoger el planteamiento hecho, ya que claramente se trata de una cuestión urgente.
Lo más importante es que entre todos hagamos posible que haya mayor acceso a la justicia y que esta sea equitativa.
¡Eso es muy relevante para nuestro país!
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, ciertamente, nosotros valoramos la incorporación de nuevos jueces a los distintos tribunales de nuestro país.
No obstante, me gustaría hacer notar que la estadística que hemos seguido nos revela, por ejemplo, que en San Antonio, donde existe la mayor concentración de causas, solo se está agregando un juez de juicio oral en lo penal y uno de garantía.
Considero necesario que se revise en algún minuto esa situación.
Si el elemento determinante para la incorporación de nuevos jueces fue el estadístico, tenemos un error significativo, porque se está incorporando a más jueces en otras comunas, y en San Antonio, que concentra la mayor cantidad de causas por magistrado, no ocurre lo mismo.
Por lo tanto, yo le pido al Ministro de Justicia que se revise la estadística de las causas por juez, al objeto de ver la evolución de los últimos años. Ello le permitirá visualizar que en el caso de San Antonio existe una mayor concentración de causas en manos de los magistrados y que, según expresé, solo se resolvió la incorporación de un juez tanto en el tribunal de juicio oral en lo penal cuanto en el juzgado de garantía.
Nosotros solicitamos que se enviaran los oficios pertinentes a la Corte Suprema. Lamentablemente, ese problema no se solucionó. Pero esperamos que quede pendiente, para que en un nuevo proyecto de ley se corrija la situación expuesta, que provoca acumulación de causas y atenta contra la administración de justicia en la comuna de San Antonio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, por intermedio de la Mesa, saludo al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Valoro que estemos votando en la Sala este proyecto, que crea 110 cargos de juez a lo largo de Chile.
Hemos escuchado las opiniones de un conjunto de Senadores, quienes, obviamente, conocen su territorio e identifican lugares donde hay mayor concentración de causas, donde existen juzgados que han quedado sobrepasados o que tienen una capacidad ociosa más elevada.
Sin lugar a dudas -lo explicó muy bien el señor Ministro en la Comisión de Constitución, porque pudimos desglosar por regiones o por cortes de apelaciones-, ha habido una labor de años para alcanzar el equilibrio territorial, para lograr una distribución equitativa que en definitiva permita el acceso a la justicia en cualquier parte de Chile.
Debemos entender que en el Poder Judicial se busca homogeneizar y repartir equilibradamente las causas en juzgados de garantía, orales, en fin.
Por cierto, en algunas partes se han generado situaciones anómalas.
Entonces, señor Ministro, quiero valorar al menos lo que en la Región de Los Ríos se está haciendo a nivel de los juzgados de competencia mixta de Paillaco y de Los Lagos al incorporar un magistrado en cada uno de ellos.
Asimismo, se consideran un magistrado en el juzgado de garantía y otro en el tribunal de juicio oral en lo penal en Valdivia, donde se concentra la mayor cantidad de población.
Ya habíamos obtenido, a través de otras leyes, refuerzos en Panguipulli y en La Unión. Entonces, vamos alcanzando el equilibrio territorial.
Señor Presidente, en momentos en que estamos aprobando esta iniciativa, no quiero dejar pasar que, al discutir el proyecto que dio origen a la ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público, de 2015, hicimos ingentes esfuerzos para que ese órgano fundamental de nuestro ordenamiento institucional estuviera dotado de atribuciones y personal adecuados: más fiscales, más ayudantes de fiscales, en fin.
Con esta iniciativa, que incrementa el número de jueces a lo largo de Chile, estamos nivelando la labor del Poder Judicial.
Habíamos hecho algo parecido en 2015 en el caso del Ministerio Público.
Queda pendiente la Defensoría Penal Pública. Ahí también tenemos que avanzar, tal vez en autonomía y en recursos. "Sin defensa no hay justicia", se expresa en el eslogan alusivo a la misión de ese servicio.
Para cerrar lo concerniente a los 110 nuevos magistrados, debo señalar que, en mi concepto, debemos aprobar esta iniciativa, que, en el caso de la Región de Los Ríos, sin lugar a dudas, avanza en lo que respecta a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Sobre el particular, quiero referirme a la argumentación hecha por los Senadores de la Región de Los Lagos.
Recordemos que el tribunal de alzada de Valdivia es más que centenario. Su jurisdicción era extensa. Pero se crearon las Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y de Coihaique. Y también impactó sobre ella el establecimiento de una nueva Región. En definitiva, la Región de los Ríos quedó sometida a una Corte de Apelaciones que tiene jurisdicción sobre los juzgados de Osorno. Esta provincia está bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero, administrativamente, su territorio pertenece a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Ahí todavía existe una situación de encaje territorial que importa resolver.
Conozco la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que, con una sala integrada por cuatro ministros, no tiene capacidad para atender la enorme cantidad de causas de Chiloé, de Palena y de la propia provincia de Llanquihue.
En mi concepto, es preciso avanzar en una fórmula que resuelva el problema, por cierto sin hacer abstracción de la capacidad instalada (conocimiento, trayectoria) de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que con sus dos salas ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo. Sin embargo, hay que entender que tal vez, desde el punto de vista administrativo, una segunda sala en Puerto Montt ayudaría significativamente. Y la idea es tener en funcionamiento permanente ambas salas.
Esa es al menos la opinión que puedo expresar como Senador de la Región de Los Ríos, pero también por haber conocido en la jurisdicción ambas Cortes.
La cantidad de causas existentes en Llanquihue, Chiloé y Palena justifica perfectamente contar con una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt; de esa manera se descomprimiría el trabajo judicial y se lograría mayor equilibrio en la distribución de aquellas.
Felicito el aumento de jueces propuesto. Lo relevante es que la medida se implemente lo antes posible. Así, el mixto Paillaco-Los Lagos verá la llegada de un nuevo magistrado y los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal de Valdivia serán reforzados con el arribo de nuevos jueces.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, tras haber dado cuenta del informe de la Comisión de Constitución, quiero destacar, en mi condición de Senador por la Región del Biobío, la importancia práctica de este proyecto.
¿Qué hacen los jueces en una sociedad?
En una comunidad, los jueces se encargan de dirimir conflictos. Son terceros imparciales, personas preparadas por la sociedad para zanjar conflictos cuando los ciudadanos son incapaces de resolverlos por sí mismos.
Así, están los jueces de familia, los jueces laborales, los jueces penales.
Los magistrados realizan una labor tremendamente compleja, que requiere no solo conocimiento del Derecho, que es lo que deben aplicar para la resolución de los problemas, sino también capacidad para entender cómo funciona la sociedad, la que cada día tiende más a cuestionar las decisiones de la autoridad, lo cual pone en situación muy difícil a los jueces, quienes muchas veces tienen que debatirse entre la aplicación estricta del Derecho, la conexión entre este, el sentido común y la realidad, y también, soportar la presión pública, elementos todos que de una forma u otra van generando cuestionamientos a determinadas resoluciones judiciales.
La administración de justicia es una labor tremendamente noble: implica ser capaz de disponer de voluntad, tiempo, dedicación para estudiar un problema específico y proponer una alternativa de resolución.
Son numerosos los niños y las niñas que han visto en los jueces y las juezas la posibilidad de ser protegidos ante agresiones sexuales, e incluso, frente a agresiones de sus padres (violencia intrafamiliar).
Gracias a la intervención de jueces y juezas, muchas mujeres han recibido medidas de protección ante acciones de violencia intrafamiliar o de otro orden.
Es del caso, señor Presidente, reconocer la abnegada tarea de administrar justicia, ya no solo en las grandes ciudades, sino también en pequeñas localidades.
Algunos Senadores y Senadoras hacían referencia en esta Sala a la importancia de los magistrados en zonas pequeñas, en zonas aisladas.
En una localidad rural, el juez no es solo quien imparte justicia: muchas veces es el ejemplo; el formador; el que logra poner orden sin necesidad de un juicio; la persona que de algún modo inspira o debiera inspirar los valores del barrio, de la comuna.
Entonces, su labor es bastante mayor que la simple -en realidad, no tan simple- administración de justicia.
Por eso, el proyecto que envió la Presidenta Michelle Bachelet para aumentar en 110 la cantidad de jueces no implica solo un mayor número de magistrados: significa asimismo que vamos a tener 110 personas más cercanas a la ciudadanía para administrar justicia y dar resguardo al que no puede protegerse por sí mismo.
¿A quién le sirve la justicia? Al más desvalido.
El poderoso puede defenderse solo: basta que tome el teléfono y soluciona el problema.
La persona que no tiene redes de contactos ni conocimientos es justamente la que ha de ser amparada por el magistrado.
En consecuencia, la ampliación del número de jueces, dadas la sobrecarga laboral existente y la implementación de nuevos tribunales en localidades aisladas, es a mi entender un elemento muy significativo para el fortalecimiento de la democracia. Porque acercar la justicia a los ciudadanos es otorgarles mayor protección, mayor tranquilidad y mayor paz social.
Señor Presidente, en lo que concierne a la Región del Biobío, este proyecto es muy importante, pues en la práctica vamos a tener siete nuevos jueces en la provincia de Concepción, la que, atendidos su crecimiento poblacional y sus mayores relaciones de consumo, registra más demanda jurisdiccional.
La provincia de Arauco, la más pobre de nuestro país, va a contar con dos nuevos jueces, quienes estarán más cerca de la gente para defender sus derechos.
Son muchos los trabajadores forestales que sienten que sus derechos son perjudicados, pero no tienen cómo lograr que alguien los ampare. En la provincia de Ñuble habrá tres nuevos jueces. Es decir, en la futura Región de Ñuble habrá tres nuevos magistrados. Ello reviste gran importancia para comunas pequeñas, como las de Portezuelo, Quirihue, Cobquecura. Porque muchas veces las temporeras y los temporeros que necesitan protección judicial deben ir a Chillán. Entonces, esas personas tendrán mayor cercanía en materia jurisdiccional.
En la provincia de Biobío habrá cuatro nuevos jueces.
Alguien preguntará por Los Ángeles. Esta es la capital provincial. Pero tenemos comunas cordilleranas, como las de Alto Biobío, Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara, Mulchén, Negrete, Nacimiento, todas alejadas desde el punto de vista territorial, geográfico, lo que implica necesariamente el desplazamiento de los ciudadanos ni más ni menos que para poder acceder a la justicia. Y ese desplazamiento significa costos. Pero en diversas ocasiones la gente no dispone de los dos mil a dos mil quinientos pesos que cobra el bus desde Alto Biobío a Los Ángeles, lo que constituye un impedimento para la defensa de sus derechos.
El proyecto que nos ocupa va a beneficiar, entre otros, a esos ciudadanos. Por ende, celebro su aprobación.
Yo felicito a la Presidenta Bachelet por haber enviado esta iniciativa -el Senado la aprobará esta tarde por amplia mayoría-, que va a permitir contar con jueces más cercanos a la gente.
No obstante, en la provincia de Biobío tenemos una cuestión pendiente.
Con el Senador Víctor Pérez hemos estado trabajando en torno a la necesidad de dotar de una corte de apelaciones a Biobío. No es justo que los habitantes de esa provincia, los rurales de Alto Biobío y los urbanos de Los Ángeles, deban viajar a la ciudad de Concepción, distante más de cien kilómetros, para defender en segunda instancia sus derechos.
Si estamos descentralizando, por supuesto que también debemos hacerlo en materia de tribunales de alzada, para que exista mayor acceso a la justicia, por ejemplo en la provincia de Biobío.
Señor Presidente, reitero mis agradecimientos a Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, como asimismo a los Senadores y Senadoras que han apoyado este proyecto.
Como dije, aprobar el mayor número de jueces propuesto va a significar acercar la justicia a los ciudadanos. Y eso es más y mejor democracia, más igualdad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto es relevante, pues va a incidir en la vida de los ciudadanos.
El acceso a la justicia es un elemento central.
Ya lo decía el Senador Harboe: el problema de la provincia de Biobío estriba en que, si bien las personas tienen atención de tribunales -y ahora ella aumentará-, en el momento de la apelación deben recurrir a la Corte de Concepción.
Los abogados que ejercen en Biobío no van a ese tribunal de alzada. Por lo tanto, sus clientes se ven forzados a contratar a otros profesionales en Concepción, lo que les genera mayor gasto.
De hecho, las estadísticas dan cuenta de que en la provincia de Biobío el recurso de apelación se utiliza con frecuencia mucho menor que en provincias similares que sí tienen acceso más directo a la corte de apelaciones respectiva.
Aquello es una muestra de que la iniciativa que nos ocupa, tratándose de la justicia de primera instancia, representa un avance importante.
Yo quiero valorar el accionar del señor Ministro de Justicia.
Recuerdo que en una oportunidad en que debí remplazar al Senador Hernán Larraín en una Comisión -en la de Seguridad Ciudadana, me parece, o en la de Constitución-, el señor Ministro, quien recién había asumido, anunció allí que uno de sus propósitos políticos era sacar adelante este proyecto, que suma 110 jueces a lo largo del territorio nacional.
Creo que eso es digno de ser destacado, porque no se trata de una tarea fácil: hay que conjugar los temas presupuestarios, los legislativos, los jurisdiccionales, en fin.
A mi parecer, el proyecto que se halla sobre nuestros escritorios muestra un avance específico y concreto, que va a tener un impacto muy significativo en nuestra ciudadanía.
Señor Presidente, al revisar el texto que se nos propone me surge solo una duda.
La comuna de Lebu, capital de la provincia de Arauco -una de las provincias más pobres de la Región del Biobío-, enfrentaba una dificultad: había un juez con competencia común. El problema tuvo solución parcial tras la discusión realizada hace algunos años sobre esta misma materia, pues se logró incorporar a un segundo juez.
Debemos tener presente, Honorables colegas, que cuando la competencia es común el tribunal ve no solo lo civil, sino también lo laboral, lo familiar, lo penal.
Por lo tanto, la extraordinaria carga de trabajo existente en Lebu era excesiva para un solo juez. Y, a menudo, ese mero hecho nos convencía de que en la referida comuna había incluso una suerte de denegación de justicia, porque los fallos no salían, la tramitación de las causas era de lato conocimiento, en fin.
Pues bien: como expresé, tras la discusión anterior sobre esta misma materia se consiguió un segundo juez para la comuna de Lebu.
Nosotros esperábamos que en esta oportunidad hubiera un tercer juez, por tratarse de la capital provincial, lo que debiera ser una señal muy relevante.
En consecuencia, le pido al señor Ministro revisar lo concerniente a los jueces de competencia común, porque en la práctica ella genera dificultades que la ciudadanía percibe rápidamente. En efecto, la gente capta lo que son los juzgados de garantía, los tribunales orales, los tribunales de familia, que tienen procedimientos importantes; pero en el caso de los tribunales de competencia común observa parsimonia, demora, y por lo tanto, un efecto indeseado en lo que uno quisiera de la administración de justicia: que fuera lo más oportuna y expedita posible, en particular para los habitantes de los sectores más modestos, quienes recurren de manera permanente a los tribunales por sus conflictos, porque ven transgredidos sus derechos.
No obstante, al margen de esa situación muy específica, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, pues creemos que constituye un avance sustantivo.
Más allá de que uno considere que algunas de las comunas a las que representa quedan mejor ubicadas que otras o que determinada provincia o región obtiene más tribunales, el incremento del número de jueces implica para la administración de justicia un paso adelante muy significativo, que nosotros valoramos.
Esperamos que la instalación de los nuevos tribunales, en los plazos que el propio articulado establece, le permita a la ciudadanía visualizar adecuadamente que aquí ha habido un esfuerzo relevante para mejorar el acceso a la justicia.
Esas son, señor Presidente, las razones que nos llevan a votar favorablemente este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--El proyecto se aprueba en general y en particular (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, quiero agradecerle al Honorable Senado el que haya aprobado este proyecto de ley por unanimidad. A mi modo de ver, ello pone en evidencia, según se ha dicho en las distintas intervenciones, que se trata de una iniciativa bien inspirada, que está bien construida y que apunta a uno de los aspectos que como Ministerio de Justicia nos corresponde abordar, cual es el de facilitar que la ciudadanía tenga acceso real a la justicia.
Al concluir la discusión, quiero insistir, señores Senadores, en lo siguiente.
Primero, este es un proyecto que, si bien fue presentado por el Gobierno, construimos en conjunto con el Poder Judicial y, en gran parte, con el Congreso Nacional.
Segundo, los criterios que se utilizaron para aumentar la dotación de jueces son absolutamente objetivos: se basan esencialmente en la carga de trabajo de los tribunales. Aquí no ha habido capricho, privilegio, preferencia, simpatía o corazoncito ni del Ministro ni de nadie. Repito: se siguieron criterios absolutamente objetivos, en razón de la carga laboral de los juzgados.
Pero, como algo conozco nuestro país, y particularmente algunas regiones, grafico esta iniciativa en el impacto que va a causar al menos en tres lugares que me son muy conocidos.
Se prevén siete nuevos jueces para la Región del Maule.
A los Senadores de la circunscripción les digo, como alguien que ha ejercido la profesión en esa Región y ante esa Corte de Apelaciones, que esto será otra cosa, desde el punto de vista de la atención judicial.
Habrá dieciséis nuevos jueces en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, en una Región también muy querida para mí. Eso nos pone, desde el punto de vista del acceso a la justicia, en una posición muy diferente.
Por último, cabe destacar veinte nuevos jueces en la Región Metropolitana, para no seguir enumerando por cortes de Apelaciones.
Daré un antecedente adicional. Como se ha dicho, la iniciativa aprobada solo se centra en la primera instancia. Aquí no hemos tocado nada vinculado con la segunda. Pues bien, debo informarles a los señores Senadores que estoy en conversaciones con la Corte Suprema y que ya estamos trabajando ahora en relación con esa otra parte.
Espero que antes de concluir el Gobierno de la Presidenta Bachelet pueda ingresar al Congreso un proyecto de ley sobre el particular. Y las alternativas son varias, según cual sea la realidad a la que quiera referirme. En algunos casos se trata de aumentar un ministro en las cortes de Apelaciones. En otros es la creación de una nueva sala. Y, como se ha dicho, estamos viendo si por lo menos en tres lugares es posible crear nuevas cortes. Por cierto, dentro de las posibilidades están las que se han señalado.
Concluyo reiterando mis agradecimientos al Senado y manifestando, en lo personal, que, para el Ministerio de Justicia, este es el más importante proyecto aprobado por el Congreso en los seis meses que llevo en el cargo. Es cierto que todos son relevantes, pero este es, lejos, el más trascendente. Y no me cabe la menor duda de que la ciudadanía lo recibirá en los términos en que se encuentra concebido. Por eso es que insisto en mi gratitud al Congreso Nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si la Sala me permite hacerle al señor Ministro una reflexión sobre la justicia en Chile, quisiera manifestarle que la iniciativa aprobada es muy significativa.
Valoro mucho los siete jueces para la Región del Maule, como también los dispuestos para otras; pero creo que, tanto en la competencia civil como en la común, la cantidad no será una solución mientras no reformemos nuestro sistema de procedimiento civil y la exigencia de una mayor agilidad y oportunidad en este ámbito. Sé que se está trabajando en el proyecto. Espero que el Congreso empiece a conocerlo. Se ha tratado de modernizar la justicia, digitalizada en muchos de sus trámites, pero creo que la modificación del procedimiento civil -repito- es esencial para su buen funcionamiento.