MODIFICACIONES DE NORMATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SITUACIÓN DE BECARIOS DE POSGRADO
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo en materia de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional Docente y situación de becarios de posgrado, con informes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.128-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 2ª, en 15 de marzo de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 4ª, en 22 de marzo de 2017.
Hacienda (certificado): sesión 4ª, en 22 de marzo de 2017.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es introducir modificaciones al actual sistema educacional en las siguientes materias:
1) Retención de la subvención escolar preferencial mensual para aquellos recintos de educación que no realicen la rendición anual de cuentas y reducción de los recursos entregados por este concepto para establecimientos educacionales que, cumpliendo con la exigencia de rendición de cuentas, no alcancen a demostrar que ejecutaron el 70 por ciento de los recursos que les fueron entregados.
2) Facilitar el cierre de las becas administradas por CONICYT y otorgar un nuevo plazo a los becarios, hasta el 29 de diciembre de 2017, para cumplir y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
3) Aclarar el concepto de "docente principiante", y precisar que la asignación de inducción se pagará a través del sostenedor; incorporar al régimen del Sistema de Desarrollo Docente el tramo "de acceso", que hasta ahora existía solo en transición; especificar, para los efectos de acceder a la asignación de reconocimiento por docencia, que en las escuelas o liceos cárceles existe un 60 por ciento de concentración de estudiantes prioritarios, precisándose el plazo durante el cual puede percibirla un docente inicial temprano.
4) Modificar el requisito referido a la naturaleza del título profesional exigido para acceder a las funciones de Jefe de División e Intendente de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación Parvularia.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por mayoría de votos en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados. Votaron a favor los Senadores señores Montes e Ignacio Walker y se abstuvo el Senador señor Allamand.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia: artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, permanentes, y primero y segundo transitorios, los que aprobó con las modificaciones y por las votaciones que se consignan en su informe.
El texto que se propone aprobar figura en las páginas 8 a 14 del Informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, voy a informar sobre esta iniciativa, que trató la Comisión de Hacienda, y a explicar los antecedentes que tuvimos a la vista.
Como ya se dijo, este proyecto modifica diversos cuerpos legales que rigen a la educación en las áreas de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional Docente y situación de becarios de posgrado.
Debo decir que llegamos al acuerdo de presentar en pantalla el PowerPoint que elaboramos, para efectos de tener una visión esquemática del contenido de la iniciativa.
¿Cuáles son sus contenidos?
Hay modificaciones a la subvención escolar preferencial, a las becas administradas por CONICYT, al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a los requisitos para ejercer cargos directivos de la Superintendencia de Educación Parvularia, y se presentó una indicación que introduce reformas a la ley que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
¿Cuáles son los cambios concretos?
En primer lugar, se enmienda la Ley de Subvención Escolar Preferencial.
a) Se propone fijar requisitos para la renovación de convenios para establecimientos sin cumplimiento del 70 por ciento de gasto (son 498).
-Se renueva el convenio para aquellos que lo soliciten, los que recibirán solo el porcentaje de los recursos que pudieron rendir como gasto en el período anterior.
-Los establecimientos con aumento progresivo del porcentaje de ejecución podrán renovar el convenio con tope de 70 por ciento.
-Los sostenedores que, durante el convenio anterior y el año de prórroga, acrediten que se sancionó con la inhabilitación al representante legal o administrador de la entidad sostenedora y que el nuevo representante legal o administrador inició la acción penal correspondiente podrán renovar el convenio sin régimen especial.
b) A los sostenedores de los 161 establecimientos que no rindieron uno o más períodos se les otorga la posibilidad de completar la rendición de períodos anteriores (del convenio expirado), para que puedan renovar e ingresar al régimen especial.
También se crean nuevas medidas de control.
El segundo conjunto de modificaciones se refiere a las becas administradas por CONICYT.
-Se permite a los becarios acreditar el cumplimiento de obligaciones hasta el 29 de diciembre de 2017. Una gran cantidad de ellos no ha podido entregar los antecedentes respectivos, por lo que se amplía el plazo para ese efecto.
-Se homologa el plazo para acreditar el cumplimento de obligaciones de becarios de CONICYT con el plazo de los beneficiarios de becas regidas por el decreto supremo Nº 335.
-Se simplifica la acreditación, la que se puede ejecutar solo con la presentación de copia simple de la documentación, cuestión que constituía uno de los problemas mayores. En este sentido, se faculta a CONICYT para solicitar dicha documentación.
La tercera enmienda es al Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
-Se permite la inducción al segundo año de ejercicio profesional para contratados el año escolar anterior.
-Se autoriza que los profesionales de la educación con experiencia laboral previa fuera de la carrera puedan acceder al tramo que les corresponda de acuerdo a su experiencia. Se incorpora al articulado permanente el tramo "de acceso", actualmente en una norma transitoria.
-Con la finalidad de que los docentes de escuelas cárceles puedan percibir la asignación por desempeño en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios, se dispone que, para determinar su derecho, el porcentaje de alumnos prioritarios sea de 60 por ciento.
Y, en cuarto lugar, se encuentran las modificaciones para los requisitos de cargos directivos de la Superintendencia de Educación.
-Se homologan los requisitos del decreto que fija la planta de la Superintendencia de Educación a los exigidos por el Consejo de Alta Dirección Pública. Se reduce la exigencia para acreditar la posesión de un título profesional a una carrera de un mínimo de 8 semestres de duración. Anteriormente se exigían 10, pero la carrera de las educadoras de párvulos dura 8 semestres, razón por la cual quedaban excluidas de la posibilidad de acceder a lo que propone esta iniciativa.
Por otra parte, el Ejecutivo presentó indicaciones, las que también fueron discutidas en la Comisión de Educación. Probablemente, alguno de sus miembros informará al respecto.
Ayer se analizó en la de Hacienda una indicación para enmendar el artículo 27 ter de la ley Nº 20.129. Se planteó que corresponderá a la Comisión Nacional de Acreditación la adecuación de los criterios de evaluación señalados en la mencionada norma acerca de los programas contemplados en el artículo 27 sexies, en el cual se intercala un inciso del siguiente tenor: "En caso de que una universidad acreditada cree un programa de prosecución de estudios nuevo, contará con el plazo de un año para obtener su acreditación, contado desde el inicio de las correspondientes actividades académicas.". Y se agrega una modalidad transitoria al respecto.
En este ámbito había un forado. La Comisión Nacional de Acreditación nos dijo que muchas universidades -no siempre las de mejor calidad- estaban creando programas de prosecución de estudios, a través de los cuales evitaban acreditarse.
Por lo tanto, se regula esa materia.
-Otra indicación del Gobierno modifica la ley Nº 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación.
Finalmente, daré cuenta del informe financiero.
1. El mayor gasto fiscal que representa este proyecto de ley se produce por la modificación al Estatuto Docente y a la ley Nº 20.903, con el fin de extender la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios a docentes de escuelas cárceles, lo que se estima en mil 580 millones de pesos anuales, en régimen.
2. Las modificaciones legales a la subvención escolar preferencial y a las becas de posgrado administradas por CONICYT no representan mayor gasto fiscal.
Ese es el contenido aprobado en la Comisión de Hacienda.
Hago presente que hubo una amplia discusión en general sobre el régimen de subvenciones a los colegios (particularmente, la subvención escolar preferencial) y la necesidad de revisarlo de forma más global, independiente de los aspectos específicos de esta iniciativa.
A su vez, se planteó la necesidad de poner atención en la gran cantidad de juicios que se han tramitado entre profesores y sostenedores, en especial del sector municipal. Por lo mismo, pedimos un informe al Gobierno -tal materia no es parte de este proyecto- para saber cuántos juicios se están llevando a cabo; de qué tratan; en qué estado se encuentran. Porque en muchas comunas, sobre todo en las más pequeñas, los profesores y los municipios enfrentan una difícil situación.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, como señaló el Senador Montes, esta iniciativa es muy miscelánea, pues aborda temas sumamente variados.
Yo me voy a concentrar solamente en lo relativo a la subvención escolar preferencial.
La SEP es un aporte que busca ayudar directamente a los niños más vulnerables de las escuelas de nuestro país. Es una subvención focalizada.
Tal política pública ha demostrado ser exitosa en educación. Distintos estudios muestran que la subvención escolar preferencial sí ha servido. Por lo mismo, esta política siempre ha sido apoyada transversalmente.
El punto radica en que siempre es un problema para los sostenedores rendir esta subvención. De hecho, no es la primera vez que terminamos elaborando una ley parche para solucionar tal dificultad.
Los sostenedores -especialmente, los de las escuelas más vulnerables y de las pertenecientes a los municipios más pobres- no logran realizar todo el papeleo que se les exige para dar cuenta del uso de la SEP.
En este punto, señor Presidente, uno advierte que la situación se arrastra desde antes, y cada cierto tiempo tenemos que volver a dictar una ley parche para remediar el hecho de que no se pudo efectuar la rendición pertinente de la subvención escolar preferencial.
Y como no se quiere quitar ese fondo a las escuelas -porque son las más vulnerables-, entonces se recurre a otra solución parche. Hacemos como si se estuviera cumpliendo la obligación, pero en realidad sabemos que estamos ofreciendo una salida provisional al problema de fondo.
¿Y cuál es este? Que los sostenedores de los colegios tienen que rendir nueve subvenciones distintas. ¡Nueve!
¡O sea, es un papeleo eterno!
Gran parte de la fuerza de un sostenedor radica en el trabajo del director, quien debiera estar preocupado de los aspectos realmente pedagógicos: qué sucede en la escuela; qué pasa dentro de la sala de clases. ¡Pero finalmente termina haciendo la rendición de una subvención de una manera; la de otra de forma distinta, y después la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta!
Y este problema lo plantean sostenedores de establecimientos particulares subvencionados y, también, municipales.
La dificultad es la sobrecarga burocrática -¡realmente burocrática!- en la que están hundidas nuestras escuelas.
Considerando que tal situación ha sido planteada por muchas personas transversalmente -no solo por gente de la Derecha-, el lunes pasado pregunté a la Subsecretaria de Educación -y sé que en el MINEDUC están de acuerdo; no todos, pero sí muchos- por qué no se libera la subvención escolar preferencial.
En la actualidad, se exige hacer un plan especial y presentarlo al Ministerio. Así, las compras que se realizan con dineros de la subvención se pagan en la medida que se sustenten en dicho plan.
Recordemos que la SEP camina de manera paralela a la subvención normal.
No estamos proponiendo desfocalizar la subvención escolar preferencial. ¡Para nada! La gracia de esta consiste en que se destina de modo preferente a los niños más vulnerables, porque ellos son quienes más ayuda necesitan. Y de esa forma emparejamos la cancha.
¡La SEP tiene que ser focalizada!
Lo que estamos planteando, señor Presidente, es que liberemos y alivianemos la burocracia en la que tenemos hundidas a nuestras escuelas.
Señor Presidente, si nuevamente estamos tramitando un proyecto de ley parche para solucionar el problema de la subvención escolar preferencial, ¿por qué no la liberamos de una vez por todas?
En la reforma educacional del Ejecutivo se planteó el concepto de fines educativos. Las subvenciones ya no se pueden gastar en ninguna otra cosa que no sean los fines educativos, que se establecen en once puntos. La Superintendencia tiene las rendiciones de todas las escuelas de nuestro país al respecto.
Entonces, no es que las escuelas ahora vayan a ocupar la subvención en cualquier cosa. ¡No! La tienen que gastar en los fines educativos.
Lo único que estamos planteando es que liberemos de una vez por todas a las escuelas de la tremenda sobrecarga burocrática que significa rendir de nueve maneras distintas y explicar de nueve maneras distintas la rendición de las cuentas a la Superintendencia.
¿Por qué proponemos esto, señor Presidente? Porque queremos que las escuelas se centren específicamente en la tarea para la cual están, que es educar, y no que deban estar rindiendo de una manera, de otra manera. Lo han dicho muchas veces alcaldes de distintos sectores políticos.
Aquí hay un acuerdo.
En consecuencia, no se entiende -podríamos haber hecho los cambios en esta iniciativa- por qué el Ejecutivo no estuvo dispuesto a lo que he señalado. Comprendo que estén apurados, que estemos contra el tiempo y todo eso, pero no hay ningún problema en liberar la SEP. De esa manera les hubiésemos dado un respiro a las escuelas -transversalmente lo están pidiendo-, dejando que se preocuparan realmente de educar a los niños y no de rendir las subvenciones de tantas formas diferentes.
Señor Presidente, esperé que el Ejecutivo recogiera este planteamiento. Desgraciadamente, no fue así. Por lo tanto, el proyecto se presentó tal cual.
En la Cámara de Diputados se hizo el mismo punto, y tampoco fue recogido, aunque la Subsecretaria dijo que estaban estudiando el tema. El problema es que podemos seguir estudiando y estudiando, pero los colegios tienen que seguir rindiendo y rindiendo estas nueve subvenciones de nueve maneras distintas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley bien importante.
Los funcionarios de la Comisión de Hacienda han hecho un extraordinario esfuerzo para entregar un certificado. Pero aquí no hay informe. Porque este documento llegó hoy.
La señora ALLENDE.- Certificado con cara de informe.
El señor COLOMA.- Ustedes me dicen que esta es la manera normal de legislar. ¡Pero no hay informe!
La señora ALLENDE.- ¡Hay un certificado de más de once páginas!
El señor COLOMA.- ¡Está bien! Está autorizado.
Hay un certificado -¡un certificado!- por parte de la Comisión de Hacienda respecto de un proyecto cuya naturaleza reflejó un debate bastante más intenso que un simple tic.
Digo esto para insistir en que aquí estamos legislando de muy mala manera.
Un asunto como este habría ameritado de ambas Comisiones haber tenido a lo menos una reflexión, y no un certificado, como aquí aparece.
Respecto del fondo, señor Presidente, en la Comisión hubo un debate bien interesante con la Subsecretaria.
¿Por qué se requiere la ley en proyecto? Básicamente, porque hay aproximadamente 600 establecimientos -según me dicen, representan más o menos el 10 por ciento del total- que no están renovando la subvención SEP, lo cual está generando en algunos municipios -en su calidad de sostenedores- y también en otras instituciones un problema extraordinariamente grave de falta de recursos para el funcionamiento de los establecimientos.
La pregunta que nos hicimos en la Comisión fue por qué no pudieron renovar.
Principalmente, hay dos líneas argumentales al respecto.
La primera dice relación con que algunos establecimientos no cumplieron el requisito de gastar al menos el 70 por ciento de recursos al año. Eso es lo que dice el texto, pero no es tan así. No es que no los hayan gastado, sino que en la mayoría de los casos ellos se ocuparon en cosas o inversiones que no fueron aceptadas por la Superintendencia -por buenas o malas razones- como un gasto propio de la ley SEP.
Entonces, no es que haya sobrado la plata. Porque uno podría decir: "Pero cómo un municipio no ha gastado el 70 por ciento de lo que ha recibido por la ley SEP". ¡No! ¡Si han gastado los recursos!
El señor PROKURICA.- ¡Pero mal!
El señor COLOMA.- Lo que pasa es que o los han gastado mal o la Superintendencia, en función de determinadas normas, entiende que el gasto no responde a los fines para los cuales se pueden destinar los recursos.
La segunda alternativa es que los sostenedores no rindieron cuenta en uno o dos períodos determinados.
Esta es una reflexión bien profunda.
Respecto de la primera razón, es decir, que han gastado los fondos en cosas distintas, quiero aclarar que esto se da particularmente en los municipios más vulnerables y pequeños.
Pedimos la lista, y hay coincidencia en el mundo rural, en un mundo más vulnerable, en donde claramente uno puede derivar que, ante un conjunto de gastos que supone la educación, probablemente al no tener el financiamiento adecuado, echan mano para fines educacionales a estos recursos, los cuales posteriormente les son negados.
Aquello ha generado en varias regiones -la del Maule entre ellas- un problema bien complicado para muchos alcaldes, quienes reclaman que hoy día están en situación de falencia total.
En relación con la segunda causa, hablé con la Superintendencia, y por lo menos se aclararon un par de casos, particularmente de lugares rurales, que dicen haber subido en la página sus rendiciones, pero que no constan como recibidas. Había un problema técnico que entiendo ya se está arreglando. Eso está resuelto; me parece que está bien.
Quiero llamar la atención en cuanto a que tenemos un debate pendiente acerca de los fines educacionales, si puede haber más flexibilidad o no, y hasta dónde esta es buena. Es una pregunta relacionada específicamente con aquellos municipios más vulnerables respecto del uso de esos recursos.
Esa es la discusión que tenemos que hacer en serio.
La Subsecretaria fue categórica -yo la respeto- al expresar que es partidaria del actual esquema de la ley SEP y que cree que por esa vía al final se termina mejorando la educación. La que mide eso es la Agencia de Calidad de la Educación, pero no contamos con los informes todavía. Espero que en su momento estén disponibles para comparar realmente cómo funciona, en distinta forma, la ley SEP.
Señor Presidente, estamos ante una emergencia que pudimos abordar antes. Pero falta un debate respecto de si esta será la fórmula que tendremos siempre para enfrentar estas materias o si lo haremos de manera diferente.
Hay un tema respecto de los fines educativos específicos en función de otras subvenciones y la ley SEP.
La Senadora Von Baer hizo una reflexión importante. Hoy día hay nueve subvenciones respecto de las cuales hay que rendir cuentas. Esto hay que simplificarlo, porque después son nueve tipos de trámite, nueve condiciones diferentes. Ahí hay que hacer un esfuerzo para hacerlo más simple. Así por lo menos coincidimos en la Comisión, y esperamos mejorar el sistema.
Sin perjuicio de eso, señor Presidente, voy a apoyar la iniciativa y no insistiré en el punto.
Eso sí, quiero dejar constancia de un aspecto -lo diré brevemente- respecto del cual los constitucionalistas podrían ayudar, porque no me queda clara la naturaleza de la petición correspondiente.
En el penúltimo inciso del artículo primero transitorio se dispone que pueden "solicitar la renovación de sus respectivos Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa" -esto se da especialmente cuando hay un cambio de gobierno municipal- en la medida que "el nuevo representante legal (...) haya iniciado la acción penal que corresponda en contra del representante legal o administrador inhabilitado, habiéndose admitido a tramitación la querella".
Puede que sean casos particulares que lo ameriten. No me quedó claro cuáles eran.
Eso sí, no entendí el hecho de tener que presentar una querella para obtener un beneficio. Se trata de una construcción jurídica que no comprendo mucho. Es decir, es una suerte de obligación el querellarse -son acciones penales-, no porque se piense que hubo una mala utilización -es factible que sea así-, sino porque es la forma de recibir la subvención.
Es una discusión que quiero dejar abierta. No voy a generar un debate sobre eso, porque es más bien constitucional. Solo planteo que no sé en qué medida aquello es lo razonable.
En resumen, señor Presidente, esta iniciativa pudo haber tenido una mejor tramitación. Creo que en este caso se abre una discusión respecto a la forma de rendir cuenta de las subvenciones y a que haya vasos comunicantes entre subvenciones que, al final, buscan el mejoramiento del fin educativo.
Me preocupa que, por coincidencia, la mayoría de los beneficiados -entre comillas- con esta legislación sean municipios más bien pobres, vulnerables y rurales -aunque no excluyentemente-, porque eso refleja que podríamos mejorar la forma de hacer las cosas para que estas situaciones excepcionales no se repitan. Porque el propio Gobierno lo planteó: no es cómodo tener que andar, en el fondo, postergando o dando nuevas oportunidades para el cumplimiento respecto de estas subvenciones. Lo lógico sería que esto funcionara en forma más automática.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi para un punto de Reglamento.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, solicito que se abra la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor COLOMA.- Sí.
La señora ALLENDE.- Por supuesto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
Les recuerdo que debemos despachar este proyecto en general y particular, ya que tiene urgencia de "discusión inmediata".
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ¿cómo se va a votar, artículo por artículo?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Primero nos vamos a pronunciar acerca de la idea de legislar y después veremos si hay alguna petición de votación separada o una norma cuya aprobación no haya sido unánime.
Antes de abrir la votación, tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Gracias, señor Presidente.
Me atrevo a solicitar la palabra antes de que se inicie la votación porque después no corresponde intervenir.
Creo que lo señalado es correcto. En efecto, no parece del todo apropiada la cantidad de controles que obran hoy día sobre los distintos regímenes de subvenciones, más aun atendido que la Ley de Inclusión generó una forma de rendición de cuentas bastante detallada.
No obstante, Senadora Von Baer -por su intermedio, señor Presidente-, le recuerdo que el problema que ahora enfrentamos -también se ha reconocido- obedece a la rendición de cuenta de la subvención escolar preferencial para un período que cubre dos años del Presidente Piñera y dos de la Presidenta Bachelet.
Del mismo modo, hay que recordar que en la Administración anterior esta situación se presentó exactamente igual. De hecho, fue muy cuestionada porque la solución que se dio en esa oportunidad, que fue -por así decirlo- mucho más blanda que la presentada en esta ocasión, no generó ninguna conducta de rectificación.
En ese Gobierno también se produjo esta discusión, paradojalmente, entre dos Ministerios: uno más partidario de seguir con los controles y otro menos propenso a ellos.
Sin duda, se trata de un debate legítimo. Pero la situación actual es de emergencia, ya que muchos municipios necesitan estos recursos para seguir entregando el bien educacional.
Por tanto, el planteamiento del Ejecutivo no constituye un perdonazo, sino una solución que tiene más posibilidades de ser autocorregida durante cuatro años. Y esto no obsta a que en una discusión más general veamos si los sistemas de rendición de cuenta de las distintas subvenciones están excesivamente sobrecargados, habida cuenta de que otras leyes han entrado en vigor.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, aprovecho que este proyecto es misceláneo para abordar algo sobre lo cual no he escuchado referirse ni al Ministerio ni a los miembros de la Comisión de Educación.
Lo señalo porque hemos hablado mucho acerca de mejorar la calidad de la educación y de la necesidad de garantizar a toda la comunidad un acceso equitativo a sus distintos niveles en tanto entendemos la educación como un derecho y no como un bien de consumo.
Pero quiero centrar mi atención esta tarde en un aspecto que hasta ahora no hemos abordado con la concentración y seriedad que amerita. Me refiero al abandono y a la deserción escolar.
De acuerdo con la encuesta CASEN, se entiende por "abandono escolar" la proporción de estudiantes que, habiendo comenzado el período escolar, se retiran del colegio durante el mismo año sin finalizar el grado correspondiente.
Por otro lado, se considera "deserción" la salida del sistema escolar como una situación que presenta cierta permanencia en el tiempo. Para estos efectos, se asume como deserción la ausencia por dos años del sistema escolar, mientras que las posibilidades de retorno son prácticamente nulas.
Según estimaciones de la UNESCO, en Chile existen más de 155 mil niños y niñas menores de 17 años con al menos 2 años de rezago escolar -en clara condición de riesgo de exclusión- y otros 370 mil niños con un año de rezago.
De acuerdo con estudios del Ministerio de Educación, las mayores tasas de deserción se sitúan en el ingreso a primero medio, y luego, en tercero medio. En cuanto a su incidencia, es mayor en hombres que en mujeres; se da más en sectores rurales o semirrurales que en urbanos, y es superior en colegios municipalizados que en subvencionados y particulares.
Se trata, sin duda, de una situación que se explica de manera multidimensional, pero que tiene sus cimientos en la pobreza, en la falta de oportunidades y en la desesperanza. En no pocos casos, la convicción arraigada de que las cosas no van a mejorar lleva a muchos jóvenes a desechar la opción de la educación para transitar, en el mejor de los casos, al mundo del trabajo, si es que no derechamente al de la delincuencia.
La deserción escolar constituye una expresión nítida de la exclusión, condición que precisamente la reforma educacional quiere revertir. Por eso hablamos de generar mayores oportunidades, de emparejar la cancha y de terminar con la inequidad y la discriminación. Y por eso precisamente debatimos y votamos en esta Sala una normativa sobre inclusión escolar.
Pero no podemos hablar de inclusión si, en la práctica, un porcentaje no menor de niños, niñas y jóvenes, por distintas razones, están dejando de asistir a los colegios y renunciando al derecho a educarse.
Hemos buscado garantizar el acceso universal a la educación sin distinciones, pero no hemos puesto la atención debida al problema de la deserción escolar. Existen en algunos municipios y en corporaciones o fundaciones particulares iniciativas que apuntan a prevenir la deserción, para lo cual consideran sistemas de alerta temprana que permiten a los establecimientos detectar alumnos en riesgo para intervenir a través de equipos profesionales interdisciplinarios y evitar de esa manera el abandono definitivo de la educación.
Considero necesario, señor Presidente, intensificar los esfuerzos en esa dirección, a fin de avanzar en la inclusión mediante el trabajo con las familias más vulnerables, que es donde se concentran los indicadores de deserción escolar.
He querido tocar este punto porque veo que avanzamos en la reforma educacional y no tomamos en consideración a los niños que desertan.
Existen escuelas de segunda oportunidad, que en realidad son "de primera oportunidad" para estos grupos. Y debemos cuidarnos del peligro de que se conviertan en guetos educativos o en cajas negras que faciliten la expulsión de las escuelas tradicionales.
Definir mecanismos de ingreso sería la solución.
Hago un llamado al Ministerio de Educación, a la Comisión de Educación...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTEROS.- Le pido 30 segundos, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Prosiga, señor Senador.
El señor QUINTEROS.- Como decía, hago un llamado al Ministerio de Educación y a los miembros de la Comisión de Educación del Senado, porque me parece que lo mencionado constituye un aspecto muy importante que estamos dejando de lado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, seré muy breve.
Quiero referirme a las palabras de la Senadora Von Baer, pues ella hizo una serie de reflexiones acerca de los problemas de la subvención escolar preferencial.
Yo deseo, aprovechando que está en la Sala el Ministro Secretario General de la Presidencia, dejar sentado que hay un problema no solo con la SEP sino con el sistema de financiamiento completo (ingresos, estructuración de los gastos según objetivos, en fin), lo que, a nivel local, impide integrar los fines perseguidos y ordenar todo en función de un plan anual de desarrollo de la educación en los establecimientos.
Cuando uno lee el proyecto sobre nueva educación resulta bien sorprendente observar que se sigue con las mismas estructuras para la transferencia y rendición de los recursos.
Esa es una de las cosas que tienen bloqueado el sistema, pues se obliga a destinar -es efectivo lo que dijo al respecto la Senadora Von Baer- mucho tiempo en cuestiones administrativas, en rendición de los dineros recibidos, etcétera.
Lo lógico sería que se dedicara harto tiempo a diseñar estrategias que permitieran lograr los objetivos educativos, estrategias para la parte formativa, en fin.
Entonces, yo intervengo para expresarle a mi Gobierno que esta materia debe modificarse en la ley de nueva educación pública, porque es uno de los elementos que más potencian la enseñanza.
En el viejo sistema educacional existía lo que se llamaba "habilitado". Es decir, los establecimientos más grandes tenían una persona especializada en administración que llevaba las cuentas, hacía las rendiciones de gastos, etcétera.
Hoy día debe asumir dichas tareas el director del plantel. ¡Es absurdo! O sea, los directores de los establecimientos tienen que preparar tales rendiciones y terminan destinando a ello buena parte de sus capacidades, de su potencialidad, en vez de ocuparse de asuntos relacionados con la educación propiamente tal.
¿Por qué se ha procedido de esa manera?
Antes no había Superintendencia de Educación, y se utilizaban diversos mecanismos para eludir los controles.
Sobre el particular, solo quiero recordar que en el Gobierno de Pinochet, durante la dictadura, se creó un sistema de financiamiento que originalmente nunca previó la asistencia, sino la matrícula; para el cálculo se partía de una ecuación. ¿Y qué ocurrió? Debieron modificar ese sistema y pasar a uno que consideraba la asistencia, pues el financiamiento tenía filtraciones por todos lados. En definitiva, empezaron a ejercer el control por esta vía.
Nosotros hemos aplicado un modelo cuya administración es cara e implica que personas muy importantes distraigan en ella horas que deberían destinarse a la parte educativa.
Por consiguiente, tenemos que hacer una modificación.
En tal sentido, yo pido que antes de que veamos aquí, en la Sala, el proyecto de nueva educación pública se haya pensado en la enmienda pertinente.
No puede haber diez o más programas -de mejoramiento, de integración educativa, de convivencia, etcétera- a nivel del establecimiento educacional. Tiene que existir un solo programa anual donde se integren los objetivos perseguidos. Y allí se debe ordenar el mecanismo de financiamiento y establecer la manera de rendir los dineros recibidos.
Quise intervenir, señor Presidente, porque considero que hemos de abocarnos a aquel problema, cuya solución es clave para mejorar la calidad de la educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en la mañana de hoy me correspondió analizar en la Comisión de Hacienda este proyecto, el que, como dije hace poco rato, se trató allí de manera muy presurosa y, desgraciadamente, con poca profundidad.
Todos coincidimos en que, respecto de la subvención escolar preferencial, la iniciativa en análisis constituye un parche. No hay dos opiniones distintas. Transversalmente, estamos de acuerdo en que es así.
Algunos creen que puede ser un parche inofensivo. Otros piensan que puede ser un parche bueno, pues dará facilidades para que quienes no cumplieron con las rendiciones las hagan; para que aquellos que no gastaron toda la plata de la SEP se acojan a un sistema que va a calcular cuánto podrán invertir en el futuro, en fin. Y también hay quienes sostienen que a lo mejor se trata de un parche que estará tapando heridas muy muy profundas.
Señor Presidente, en la Comisión de Educación intervino la Alcaldesa de Peñalolén.
El señor WALKER (don Ignacio).- Doña Carolina Leitao.
El señor GARCÍA.- Exactamente: la señora Carolina Leitao.
Creo que ella graficó muy bien lo que está ocurriendo con la subvención escolar preferencial, pero más ampliamente lo que sucede con el financiamiento de la educación.
Existen ocho subvenciones, todas con fines distintos y formas de rendición diferentes.
Cada una de ellas significa una responsabilidad administrativa enorme: ¡papeles, papeles y más papeles!
Naturalmente, tratándose de recursos públicos, deben ser rendidos y, por supuesto, bien invertidos.
Sin embargo, yo considero que, desde el punto de vista fiscal, lo importante debiera ser que los dineros se invirtieran en lo que llamamos "programas educativos", "gasto educativo".
Debido al sistema de subvenciones distintas y para fines diversos, hoy día sucede que, por ejemplo, puede sobrar plata para implementación, pero faltar para construir una sala de clases; si sobra dinero para la adquisición de computadores, no es factible reorientarlo a la edificación de una dependencia especial para la instalación de un laboratorio computacional donde los niños puedan trabajar; es posible contratar profesores, especialistas (psicólogos y psicopedagogos que rehabiliten y capaciten para el trabajo, en fin), pero no -insisto- construir salas de clases, cuando quizás esta sea una de las grandes necesidades del establecimiento educacional. Porque si se levanta un aula más y ello permite que un curso de 40 a 45 alumnos pase a tener 22 o 23 ¡eso ya constituye un gran paso para mejorar la calidad de la educación!
Y tenemos otro problema, señor Presidente: el financiamiento de los cursos especiales. Claro: reciben una subvención de casi el doble de la normal, pero no tienen acceso a la SEP.
Entonces, lo que queremos decir es que en esta materia se requiere un remedio de fondo, una modificación profunda.
Tal vez hay que juntar todas las subvenciones existentes y darles un trato común.
Señor Presidente, yo me abstuve en la Comisión de Hacienda. Empero, aquí, en la Sala, voy a votar a favor.
¡Los niños que reciben subvención escolar preferencial no tienen ninguna responsabilidad en el problema: no podemos dejarlos sin los recursos respectivos! ¡Y tampoco podemos privar a las comunidades educativas de los dineros pertinentes!
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito de este proyecto de ley misceláneo ha habido un debate interesante a raíz del objetivo que todos perseguimos: que los recursos destinados a educación sean bien aprovechados y apoyen realmente el mejoramiento de la calidad de la formación que reciben nuestros estudiantes.
Los dineros que se entregan a los sostenedores de establecimientos educacionales, sean particulares subvencionados o municipales, se estipulan en convenios suscritos con el MINEDUC, los que duran cuatro años y al cabo de ese período deben renovarse, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: primero, "Solicitar la renovación con al menos 60 días de anticipación a la expiración del convenio."; segundo, "Haber rendido anualmente la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos.", y tercero, "Haber gastado" -en el período de duración del convenio- "a lo menos un 70% de las subvenciones y aportes recibidos".
El problema radica en que no todos los sostenedores han tenido una buena gestión o hecho buen uso de las platas correspondientes. Algunos no han estado en condiciones de invertir los dineros percibidos o (esto es más delicado) no han podido rendir los montos gastados.
En la actualidad, la mayoría de los establecimientos educacionales que no pueden renovar su convenio no cumplen con la condición de haber gastado 70 por ciento de los recursos recibidos.
En el caso de los establecimientos educacionales con dependencia municipal, 116 no han hecho rendición en uno o más períodos y 423 no cumplen con el 70 por ciento. Y en el de los particulares subvencionados, 45 no han rendido y 75 no han cumplido con el referido porcentaje.
Eso, de acuerdo a la información que se nos ha entregado, equivale a más o menos 10 por ciento de los aproximadamente 7 mil establecimientos que acceden a la subvención escolar preferencial.
Señor Presidente, en la solicitud hecha por muchos municipios de las distintas regiones se da la coincidencia de que -lo decía hace un rato el Senador Coloma- la mayoría de ellos son rurales y tienen problemas serios de gestión y, asimismo, para efectuar la rendición de los dineros percibidos. Y lo analizamos en la Comisión de Hacienda.
También analizamos el rol de la Superintendencia de Educación y la necesidad de medidas permanentes que doten al Ministerio del ramo y a aquella de nuevas facultades para procurar el mejoramiento de los mecanismos de control del pago de la SEP.
En tal sentido, se apunta a contribuir a mejorar la forma como se rinden los recursos y, sobre todo, la manera de ejecutarlos (en qué área, en fin).
La Subsecretaria de Educación nos señalaba que la subvención escolar preferencial se halla entre los recursos que se han entregado para mejorar la calidad de la educación en los sectores más vulnerables.
Por lo tanto, como se ha dicho acá, la aprobación de este importante proyecto misceláneo, que además contempla otras materias -se facilita el cierre de las becas administradas por la CONICYT; se modifica el Estatuto Docente; se hace una enmienda en el caso de los requisitos exigidos para ejercer cargos directivos en la Superintendencia-, va en la línea de hacer correcciones normativas y llenar los vacíos existentes.
Señor Presidente, nosotros vamos a respaldar esta iniciativa, que votaremos favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, evidentemente, en este proyecto hay una serie de temas relacionados que han sido expuestos en forma legítima por diversos Senadores de distintas bancadas.
En principio, ojalá no existieran leyes misceláneas: "Hay que adecuar", "Algo falló", "En la implementación surgieron problemas". Pero ocurre que surgen dificultades en la implementación de distintas leyes.
Son muy interesantes todos los puntos que se han señalado en la Sala.
Yo celebro lo que señaló el Senador García Ruminot, quien, al mismo tiempo de plantear una serie de aprensiones, mostró su buena disposición para que las personas a las que va dirigida esta iniciativa reciban sus beneficios y no sean perjudicadas.
Ahora, la modificación a la Ley de Educación Escolar Preferencial, uno de los aspectos centrales de este proyecto, es muy sencilla.
Cuando en 2008 introdujimos la SEP -más plata para los alumnos más necesitados: los prioritarios o preferentes- complementamos la subvención general, que existe para 92 por ciento de la matrícula.
Los establecimientos que reciben subvención escolar preferencial deben hacer solo tres cosas: primero, suscribir un convenio de igualdad de oportunidades, que dura cuatro años; segundo, rendir cuenta oportunamente del uso de los recursos recibidos, y tercero, gastar al menos 70 por ciento.
¡Eso es todo!
Ahora bien, en el caso del convenio que rigió en 2012, 2013, 2014 y 2015, como la rendición se realiza por año vencido, 2016 es definido como año de prórroga y, a la vez, como el primer año del convenio 2016-2019.
¿Qué ocurre? Que, del universo total de los establecimientos a los que el convenio les vencía en 2015, aproximadamente 659, de 7 mil, no rindieron o no gastaron al menos 70 por ciento de los dineros percibidos. Y en esos 659 planteles hay 118 mil alumnos.
Ese es el proyecto en cuanto a la subvención escolar preferencial: se trata de dar facilidades mínimas -no voy a entrar en los contenidos-, con criterios de proporcionalidad, para que no exista un castigo, pero sí un reconocimiento a los establecimientos que lo hacen bien.
Segundo tema, señor Presidente.
Hay 15 mil becarios -Becas Chile; gente que está en las mejores universidades del mundo, que aprende inglés, en fin- que, por diversas razones burocráticas y administrativas, no han podido hacer rendición sobre el uso de las becas respectivas.
Esta iniciativa facilita el cierre de las becas administradas por la CONICYT al establecer la "entrega de una copia simple del grado académico o de la información que entreguen las universidades".
La modificación del Estatuto Docente es un tercer aspecto.
Se fija un plazo adicional para los profesores que no hayan podido realizar el proceso de inducción en su primer año.
¡Gran innovación de la carrera docente, que empieza a regir este mes para 90 mil maestros de la educación pública!
El primer año es de inducción: acompañar al profesor en el aula para que su proceso de formación sea completo.
Se realizan adecuaciones en tal sentido.
Además, se permite que los profesionales de la educación con experiencia laboral previa accedan al Sistema de Desarrollo Docente, consignándose con carácter permanente el tramo "de acceso".
¡Eso es todo!
El proyecto que nos ocupa implica un cambio significativo para miles de profesores.
En cuarto lugar, se establecen requisitos para el acceso a los cargos directivos de la Superintendencia. Me parece que nadie los ha objetado.
Quinto, se modifica la ley sobre acreditación universitaria.
Al respecto existía un abuso, pues, como se daban tres años para acreditarse, muchos sacaban carreras rápidas (Pedagogía, etcétera), de un año.
La enmienda introducida, que surgió durante el debate, es de absoluta lógica.
Finalmente, se fija una fecha cierta para que los asistentes de la educación reciban el beneficio a que tienen derecho.
Siempre hablamos de los asistentes de la educación. Bueno: ¡ayudémoslos!
Señor Presidente, esta iniciativa miscelánea es tan simple como lo que acabo de explicitar. Por ende, su aprobación reviste gran importancia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, concuerdo con lo que señaló hace un rato el colega José García en el sentido de que la manera como estamos debatiendo estas materias no es la más adecuada.
Lo dije a propósito del proyecto misceláneo anterior, cuya discusión particular en la Comisión tomó menos de diez minutos. El debate del que nos ocupa esta tarde no duró mucho más.
Por tanto, creo que el Gobierno debe tomar nota de que esa no es la forma más apropiada para discutir este tipo de asuntos, particularmente cuando de la reforma educacional se trata.
No podemos estar permanentemente haciendo adecuaciones, introduciendo correcciones, en fin.
Ahora, no solo el actual Gobierno -hay que decirlo- ha incurrido en aquello.
En efecto, la ley que creó la Superintendencia de Educación Escolar, durante la Administración anterior, dio lugar (y ello se evidencia en el proyecto que nos ocupa esta tarde) a varias correcciones, a muchos cambios. Entre otras razones, porque no quedó muy claro el rol de aquella institución, la cual debería haberse anticipado a los problemas que iban a surgir y decirle a la escuela respectiva: "Tiene gastado 67 por ciento de los recursos recibidos. Si no llega a 70 por ciento, habrá que aplicar la ley.".
La referida Superintendencia no hizo aquello. Y quedó absolutamente claro durante el debate, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Poco se ha dicho, pero hay un problema en la ley que creó la Superintendencia de Educación Escolar, la cual deberá modificarse.
Una pequeña precisión, señor Presidente.
Aquí se ha hablado de que la subvención escolar preferencial va a los alumnos vulnerables; podríamos decir que lo hace indirectamente. No: la SEP va a los establecimientos en función de los educandos prioritarios.
Un alumno prioritario, caso en el que no tiene que ver necesariamente la Ficha de Protección Social, es bien distinto de un alumno vulnerable, cuya situación está determinada en función de una medición hecha por la JUNAEB y que se relaciona con la pobreza.
Los recursos de la subvención escolar preferencial (repito) están destinados a un mejoramiento de todo el plantel, sin distinción.
Efectuada tal precisión, señor Presidente, quiero entrar a la discusión habida en torno al proyecto que nos ocupa.
Acá se ha hecho harta referencia al financiamiento.
Yo quisiera decir que, si vamos a hablar de financiamiento y de las ocho subvenciones distintas -la mitad es la general, pero las otras son bastante chicas; porque podemos agregar hasta la subvención de internado, pero eso es bastante marginal-, vayamos a lo de fondo. Y lo de fondo tiene que ver con qué entendemos por derecho a la educación. Porque si entendemos que la educación es un derecho, hay que garantizarla y no establecer el pago por matrícula ni el pago por alumno, con el sistema de váucher existente hoy día, sino pasar a un financiamiento estructural basal. Ello, porque -repito- la educación es un derecho.
Lo anterior, a contrario sensu del criterio del candidato Piñera -se lanzaba anoche-, quien básicamente nos ofrece una especie de contrarreforma, como la que llevó a cabo la dictadura en relación con la reforma de 1967. Este es el planteamiento que ese sector está formulando.
Piñera nos decía ayer, textualmente: "Que los padres aporten para la calidad". La frase es bonita. Alguien puede enganchar con ella. Pero nosotros, en el Senado, tenemos la responsabilidad con Chile de ser serios. La Ley de Inclusión, que algunos han criticado de paso, veladamente, en el debate -nos acompaña el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien llevó el asunto como Ministro de Educación-, no prohíbe los aportes, sino la obligatoriedad del pago. Porque eso es lo que genera finalmente la selección.
Entonces, claro, algunos expresan: "Queremos elegir". Pero cuando solo van a hacerlo quienes cuentan con capacidad de pago, no sé si ello es lo que Chile necesita en la actualidad, francamente. Y hay sobrada evidencia -quedó demostrado en el debate sobre la inclusión- al respecto.
A mí me parece que se da hoy día un paso importante.
Me preocupan los textos misceláneos. Y, por eso, me he referido solo a la subvención escolar preferencial. Me parece que es preciso buscar esta modalidad para aquellos establecimientos o sostenedores que no rindieron en un año o no gastaron el setenta por ciento.
Pero algo no se ha mencionado en la discusión: no se trata solo de darle plata a los establecimientos. La subvención va aparejada a un plan de mejoramiento educativo que elabora el director con el consejo escolar, órgano que será obligatorio a partir de junio próximo, si no me equivoco. Y se considerará una falta, con una sanción para el sostenedor, el que no exista un consejo que sancione y se pronuncie, entre otras cosas, respecto de dicho plan.
Para este último son los recursos, mas también para la gratuidad. Entonces, si no aprobáramos la propuesta...
Necesito un minuto más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Expresaba que si no acogiéramos hoy día la norma, más allá de las dudas de forma que manifesté, estaríamos perjudicando a más de 180 mil estudiantes y al diez por ciento de los establecimientos públicos que, por distintas razones, no han rendido o no han gastado más del setenta por ciento.
No es efectivo, sin embargo, lo que por ahí se planteaba en el sentido de que tenemos que ser aquí más flexibles, porque llegaron estos principios, estos fines educativos, y como que ahí se resolvió todo. ¡No! ¡Cuidado!
A la señora Ministra y la señora Subsecretaria les puse ejemplos de que en el verano pasado un Departamento de Administración de Educación Municipal financió la compra de setenta corderos para invitar a los profesores. ¿Qué tiene que ver eso con la educación?
Es algo que pasó en la Región que represento.
Otro sostenedor municipal invitó a cuatrocientos apoderados a un almuerzo en un lujoso hotel en Temuco.
Ello se sigue haciendo.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 30 votos a favor y una abstención, se aprueba en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo la señora Von Baer.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay ninguna petición de votación separada.
Si le parece a la Sala, la sanción en particular se efectuaría con la misma votación.
--Así se aprueba, quedando el proyecto despachado en este trámite.