INCENTIVO A INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS Y ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL DE EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley Nº 20.422 para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.025-31 y 7.855-13, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
En trámite de Comisión Mixta: sesión 72ª, en 30 de noviembre de 2016.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 54ª, en 11 de octubre de 2016.
Comisión Mixta: sesión 3ª, en 21 de marzo de 2017.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 15 de abril de 2015 (se aprueba en general); 55ª, en 12 de octubre de 2016 (queda para segunda discusión en particular); 57ª, en 25 de octubre de 2017 (se aprueba en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado:
-El artículo 45 de la ley Nº 20.422, que se sustituye, referido a la selección preferente de personas con discapacidad en el sector público y que a lo menos un 1 por ciento de la dotación anual en instituciones que tengan 100 o más funcionarios deberán ser personas con discapacidad.
-Los artículos 157 bis y 157 ter del Código del Trabajo, propuestos en la letra c) del artículo 3º del proyecto, respecto de que empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener un 1 por ciento de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, posibilitándose un cumplimiento alternativo.
-Los artículos primero y tercero transitorios, sobre entrada en vigencia de los artículos permanentes que establecen la obligación de contratar personas con discapacidad e implementación de la norma sobre contratos de trabajo de personas con discapacidad mental.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que acordó sobre la base de una propuesta formulada por el Ejecutivo en el seno de dicha instancia, que comprende las normas en controversia e incorpora nuevas disposiciones transitorias a la iniciativa.
El referido órgano acordó la propuesta con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión del día 21 de marzo de 2107, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que el artículo 45 de la ley Nº 20.422, que se reemplaza por la letra b) del artículo 1º de la iniciativa, contenido en la proposición del referido órgano, tiene rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en las columnas cuarta y quinta, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra, solicito la autorización de la Sala para que ingrese el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.
El señor PROKURICA.- No, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor PROKURICA.- Él es una persona muy destacada. Pero, como los Ministros no me reciben, tengo que defenderme de alguna forma.
¡Aquí el Parlamento no existe!
El señor LAGOS.- Señor Senador, utilice el micrófono porque no se escucha bien lo que usted plantea.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lamento negar el ingreso del asesor, de quien tengo la mejor impresión.
Quiero pedirle a usted, como Presidente del Senado, que arbitre las medidas que sean necesarias al efecto.
¡No es posible que los Ministros se demoren meses en dar una audiencia!
Al titular de Obras Públicas le solicité una reunión hace cuatro meses (no sé si está por aquí). Algunos parlamentarios del oficialismo, en forma privada, me han comentado que a ellos les ocurre lo mismo.
Por lo menos yo voy a empezar a defenderme, pues no tengo otra fórmula para mostrar mi descontento.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, a quien llamé reiteradamente por teléfono durante dos días, ¡no ha sido capaz de devolverme la llamada!
¡Francamente, parece que el Senado no importa!
Entonces, señor Presidente, le pido que manifieste este problema a las autoridades de Gobierno, porque así no se puede trabajar. Si no, nosotros también tendremos que dejar de recibirlas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ante la oposición del señor Senador, no se permite el ingreso de don Francisco del Río.
Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social ha solicitado que recabe la autorización de la Sala para el ingreso de la señora Subsecretaria de Evaluación Social.
El señor PROKURICA.- No.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay acuerdo.
Les vamos a enviar un recado a los señores Ministros que no conceden audiencias a los parlamentarios, porque quienes sí lo hacen están pagando las consecuencias.
En discusión la proposición de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, resulta gratificante para un parlamentario ver cómo el país se modernizará través de este proyecto de ley, que pone a la persona humana como el centro único de interés, y ver cómo cristalizan en leyes principios de derechos humanos esenciales.
Entender que el género humano es uno solo y que los chilenos somos iguales parece cosa fácil de asumir intelectualmente; pero traducir las igualdades en expresiones prácticas que importen advertir esos islotes de desigualdad que nos separan a unos de otros no es una tarea menor.
Es difícil encontrar un hogar en nuestro país en que esta noticia no sea recibida con alegría y esperanza.
En Chile no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Con la dictación de esta futura ley se incorporarán al mundo laboral miles de compatriotas actualmente marginados socialmente, en razón de padecer alguna discapacidad física o intelectual.
Sobre el contenido de la iniciativa de ley es imposible estar en desacuerdo. Pensar lo contrario sería ir en contra de la tendencia mundial de la integración de los derechos humanos a los cuerpos de leyes específicos; en este caso, al Código del Trabajo y a los estatutos normativos de la Administración Pública.
¿Dónde está el verdadero desafío en dictar una nueva ley? No es en su discusión ni en su promulgación, sino en el cómo una sociedad jurídicamente organizada logra que la inclusión sea una realidad material y no solo la letra de una ley por todos aplaudida. Llegar a este propósito requiere el compromiso de todos -el Estado y la sociedad- para acoger el espíritu de la norma y tener la voluntad política de implementarla de modo eficaz, sin trampas o resquicios.
Es un deber, en primer lugar, de los diferentes órganos de la Administración del Estado, que hasta ahora exigen para incorporarse a sus plantas el requisito ambiguo y anacrónico de "salud compatible para el cargo".
Para la sociedad civil, para los privados y grandes empresas, es un tremendo desafío humanizar las relaciones de producción. Tal desafío importa cambiar un sistema de creencias y reforzar la cultura ética de la organización con valores de primer orden, que no harán otra cosa que acercarla a la sociedad, mejorar el clima laboral y, seguramente, aumentar su productividad.
El impacto que se espera es muy grande. Habrá un efecto en el mundo del trabajo, pero también en la vida comunitaria en general, en el modo de mirarnos los unos a los otros y valorarnos recíprocamente.
Por esas razones, votaré a favor, señor Presidente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Mixta, que resolvió las diferencias entre el Senado y la Cámara Baja suscitadas en la tramitación del proyecto de ley en estudio, que es de suma importancia y transcendencia, quiero informar a los colegas acerca del debate realizado, pese a que el señor Secretario señaló ya algunos aspectos.
Esta no fue una discusión fácil. Nos llevó más de tres sesiones analizar diversos elementos en los que no había acuerdo, fundamentalmente la inclusión del guarismo del 1 por ciento en el sector público y en el privado.
Por eso, quiero mencionar muy brevemente cuáles son las proposiciones que acordó la Comisión Mixta -integrada por las Comisiones de Trabajo de ambas ramas del Congreso-, las cuales creemos que se aproximan a lo que insistentemente planteamos en esta Corporación.
Lo primero que establece el proyecto es que en las instituciones del sector público, especificadas en el inciso primero del artículo 45 de la ley Nº 20.422 -si ustedes siguen el comparado, está en las páginas 14 y 15-, donde haya 100 o más funcionarios el 1 por ciento de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. En caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial por parte de las instituciones del sector público, estas tendrán que remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad.
A su vez, en el Código del Trabajo se incorporan los artículos 157 bis y 157 ter, que establecen la obligación, para las empresas de 100 o más trabajadores, de contratar o mantener contratados al menos un 1 por ciento de personas con discapacidad. En el evento de que aquellas, por razones fundadas, no puedan cumplir con tal obligación, deberán darle cumplimiento mediante la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones.
También es adecuado destacar que al derogarse el artículo 16 de la ley N° 18.600, que posibilitaba no aplicar el ingreso mínimo a los contratos de trabajo de personas deficientes mentales, la Comisión Mixta acordó eliminar el artículo tercero transitorio que había aprobado el Senado, disposición que fijaba una fórmula gradual de pactar remuneraciones, dado que la idea en la que se coincidió es que dichas personas accedan inmediatamente al monto del ingreso mínimo.
Finalmente, el órgano bicameral aprobó la incorporación de artículos transitorios nuevos, que en forma resumida disponen: uno, para el tercer año de vigencia de la ley, una evaluación de la implementación de la reserva legal de contratación por parte del Ejecutivo; dos, a partir del primer año, contado desde la entrada en vigencia de la normativa, las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores estarán sujetas a la obligación de contratar el 1 por ciento de personas con discapacidad, y tres, las empresas podrán optar por la contratación directa de discapacitados o por el cumplimiento alternativo, sin necesidad de aducir una razón fundada, durante los dos primeros años, contados desde la entrada en vigencia de la ley.
Como dato aclaratorio, conviene mencionar que el artículo primero transitorio establece que la ley entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos señalados en los artículos 1 y 3.
Por último, señor Presidente, cabe destacar -como lo hizo el Gobierno en los fundamentos del proyecto- que esta propuesta resume más de once mociones de señoras y señores Diputados y Senadores que se presentaron en el último tiempo sobre la materia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, yo también quiero resaltar la importancia de esta iniciativa, que no solo es una señal muy potente para fomentar y promover la inclusión -en este caso, la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes-, sino que además permite, de alguna manera, empezar a trabajar en otros temas que quizás son previos.
Me explico.
Uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile, lamentablemente, es que no hay una oferta suficiente de instituciones que puedan entregar herramientas laborales, capacitación a personas con discapacidad para enfrentar con mayor éxito el mundo del trabajo. De hecho, tanto la Ministra del ramo como el Ministro de Desarrollo Social plantearon en la Comisión Mixta que incluso había algunas experiencias del Programa "+Capaz" que indicaban que lisa y llanamente no existían instituciones que capacitasen a personas con discapacidad a fin de prepararlas para el mundo del trabajo.
Entonces, siento que este tipo de acciones de discriminación positiva pueden, de algún modo, no solo promover un cambio cultural y establecer ciertas garantías mínimas de inclusión, sino que también van a ir forzando cambios que, creo, deben extenderse al ámbito de la educación.
Y me explico de nuevo.
Durante la discusión del proyecto de Ley de Inclusión, que puso fin a la discriminación al ingreso y a la selección y que permitió avanzar en gratuidad y terminar con el lucro, se planteó que la inclusión no se circunscribía a variables como la socioeconómica o el capital sociocultural de las familias y los niños, sino que también era necesario incorporar en ella a los menores con necesidades educativas especiales. Lamentablemente, el tema quedó postergado para otra ley que aún no llega.
En consecuencia, iniciativas muy positivas pueden ser letra muerta si no somos capaces de acoger en nuestro sistema educativo, desde las etapas más precoces del desarrollo de los niños y las niñas, a personas con necesidades educativas especiales.
Hoy día se calcula que, de los 3 millones y medio de jóvenes que hay en la educación general, el 20 por ciento tiene algún tipo de necesidad educativa especial; es decir, 700 mil jóvenes. De esta cifra, se estima que la cuarta parte tiene necesidades educativas especiales permanentes. Y es ahí donde hay que poner el foco.
Muchas veces se manifiesta que las instituciones educacionales no tienen ni el personal calificado ni la infraestructura adecuada y que no están preparadas para acoger a estos jóvenes, pero la verdad es que con ese predicamento nunca vamos a lograr provocar el cambio deseado, es decir, escuelas que se adapten a las necesidades de los niños, y no al revés, niños que deban adaptarse a las necesidades de sus escuelas.
Por lo tanto, este es un proyecto muy valioso, una señal muy potente, porque estamos avanzando en derechos humanos de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Sin embargo, estimo conveniente avanzar además en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en las escuelas y también en mejorar y promover una oferta que permita entregar las herramientas que faciliten a las personas con discapacidad eliminar los obstáculos y las barreras para incorporarse con éxito al mercado del trabajo.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero partir recordando aquí a una joven estudiante chilena. En el momento en que yo la conocí, estaba haciendo un posgrado en una prestigiosa universidad de Inglaterra: un doctorado en diseño industrial.
Ella sufrió un glaucoma que la dejó prácticamente ciega cuando estaba en los primeros años de ingeniería. Sus profesores y todo su entorno le dijeron que no valía la pena que siguiera estudiando. Pero esta joven, con una tremenda tenacidad, lo que hizo fue sacar adelante su carrera con excelentes calificaciones y después especializarse en diseño industrial. Hoy día se dedica al diseño de espacios de trabajo y al diseño en general, adecuando herramientas, implementos y equipamientos para personas que viven en situación de discapacidad.
¿Por qué cuento esta historia? Porque parte de lo que hemos señalado y que está como sustento del proyecto apunta a cómo podemos ir cambiando una cultura para que sea efectivamente inclusiva y reconozca que en este mundo y en nuestro país el ser sordo, el ser ciego, el tener una discapacidad física o mental no significa que alguien no se pueda desarrollar en su potencial y en un espacio de trabajo con habilidades distintas.
Hemos ido avanzando hacia una sociedad que cada vez acepta más, pero que todavía impone muchas barreras, empezando por las barreras arquitectónicas que existen para desplazarse en espacios públicos.
Y lo que se pretendía a través de las distintas mociones existentes sobre la materia -algunas de las cuales, como bien indicó la Senadora Muñoz, fueron presentadas hace varios años en la Cámara de Diputados y que hoy, luego de una larga tramitación, estamos logrando sacar adelante- era justamente rescatar un espíritu propositivo y no la imposición de una cuota, ver cómo aprovechar las capacidades de personas que tienen la misma dignidad que cualquier otra, que cualquier trabajador o trabajadora de Chile, pero que en la actualidad no cuentan con las mismas oportunidades. Y este es un camino en el que todos tenemos que aportar.
Hoy día estamos dando una señal muy concreta.
Yo me alegro de haber generado en la Comisión Mixta un acuerdo entre Diputados y Senadores para establecer un guarismo que se pudiera cumplir y que finalmente nos permitió alcanzar la unanimidad: bajar el requisito de 200 a 100 trabajadores, de manera que más empresas tengan que incorporar a personas con discapacidad, pero manteniendo el 1 por ciento, lo cual puede ser revisado a medida que se vaya implementando la ley, y desde la lógica que he planteado: no de la imposición, sino de una incorporación inclusiva, que -ha quedado demostrado- ayuda a mejorar el ambiente laboral. Una persona en condición de discapacidad valora mucho más el espacio, pero además genera un ambiente muy positivo en su equipo de trabajo, en sus compañeros, en la propia empresa.
Aquí tratamos de ponernos en las distintas situaciones a las que se enfrentan las personas discapacitadas, desde la inexistencia, muchas veces, de espacios habilitados para ellas en las empresas, y de determinar cómo se pueden proveer de alguna manera los apoyos necesarios. Cuando planteamos la excepción, que se discutió bastante en la Comisión, se dijo que ella no buscaba evitar el cumplimiento de la norma, sino permitir el espacio para irse adecuando al cumplimiento de la norma.
Lo quiero reiterar. Y por eso las empresas solamente se podrán excluir por razones fundadas. Sin embargo, cuando no puedan incorporar a estas personas, deberán financiar iniciativas que tengan que ver con la inclusión laboral, con capacitación.
Creo que la propuesta de la Comisión Mixta que hoy debemos votar avanza sustantivamente en este ámbito y constituye un paso relevante, como país, en materia de inclusión, sin perjuicio de lo cual tendrá que ser revisada y perfeccionada. Pero me parece que el principal mensaje es cómo todos logramos efectivamente que ciudadanos que hoy cuentan con capacidad de aportar puedan hacerlo, puedan desarrollarse y así contribuir al crecimiento del país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización a la Sala para abrir la votación, ya que el proyecto es de quorum especial.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
Entonces, en votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar y agradecer a los autores del proyecto: los ex Diputados señora Zalaquett y señores Marinovic y Uriarte y los Diputados señoras Molina, Nogueira y Turres y señores Hasbún, Melero, Sabag y Ward.
Y los quiero felicitar, primero, por haber empujado y haber permitido que este proyecto de ley se tramitara y se aprobara. Yo no pude hacerlo. El 2006 presenté una iniciativa muy similar a esta, y luego, diez años después, el Senador Chahuán me invitó a firmar otra, también de la misma índole, que tampoco fuimos capaces de que se tramitara y aprobara. Entiendo que ello quedará contenido en la historia de la ley.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 15 por ciento de la población del planeta sufre de algún tipo y grado de discapacidad.
Los estudios a nivel nacional, elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social y el SENADIS y realizados a personas mayores de 18 años, indican que más de 2 millones 600 mil personas sufren algún tipo de discapacidad en Chile. Esto corresponde al 20 por ciento de la población. O sea, estamos hablando de un número no menor de compatriotas. Algunos tienen discapacidades más leves, como los que usan audífonos u otro tipo de adminículos para poder orientar sus sentidos, pero creo que todos sufren discriminación en la actualidad producto de la legislación vigente en nuestro país.
No son admitidos en el mundo laboral, especialmente en la Administración Pública.
En el sector privado hemos visto algunas iniciativas, por ejemplo en supermercados y algunos restoranes, que han permitido incorporar, sin que exista una exigencia legal al respecto, a personas discapacitadas.
Lo mismo ha ocurrido en las Fuerzas Armadas y Carabineros, en donde, también sin norma, solo por iniciativa de ellos, han incorporado a personas no videntes como telefonistas o para la atención de público.
Y así sucesivamente.
Creo que es un gran paso.
Me parece que aprobar este proyecto de ley nos pone a tono con los países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos, los cuales llevan décadas de anticipación en esta materia. Creo que la moción que presentaron los Diputados nos pone al día en este ámbito.
Lo explicó muy bien la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra: se trata de que al menos el 1 por ciento de la dotación de las empresas que tengan más de determinada cantidad de funcionarios o trabajadores esté constituido por personas con discapacidad.
Este es un proyecto positivo, y por eso la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor el informe de la Comisión Mixta.
Como dije anteriormente, presenté una moción sobre la materia con el Senador Francisco Chahuán: el boletín N° 10.737. Entiendo que fue considerada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado durante la discusión particular de la iniciativa. En ella proponíamos una modificación al artículo N° 44 de la ley N° 20.422, para consagrar que las empresas y demás entidades empleadoras que constituyeran fuentes laborales reservaran como mínimo un 5 por ciento de sus puestos de trabajo para personas discapacitadas.
Ciertamente, esta cifra se fue ajustando y la Comisión Mixta llegó a la que se propone en su informe, la que también me parece positiva.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto.
Conversaba hace unos momentos con algunos de los parlamentarios que dieron origen a una de las mociones (tal como mencionó el Senador Prokurica, las Diputadas Andrea Molina, Claudia Nogueira y Marisol Turres y los Diputados Gustavo Hasbún, Patricio Melero y Jorge Sabag, este último de la Región del Biobío), quienes me expresaron que la voluntad que tuvieron el 2010 para presentar su iniciativa fue la de dar un paso; un paso importante para que personas con discapacidades (leves, moderadas, severas) tuvieran la oportunidad de entrar a trabajar tanto en el sector privado como en el público.
No hay duda de que lo resuelto por la Comisión Mixta va en el sentido correcto de establecer una regulación, una obligación para determinadas empresas y determinados servicios públicos. Y eso, indudablemente, yo lo calificaría como "un paso", aunque es evidente que hay que dar otros.
Países mucho más avanzados que el nuestro en esta materia, como Canadá, Estados Unidos, México y España, han utilizado, además de la regulación obligatoria para determinadas empresas y servicios, distintos mecanismos. Uno de ellos es el establecimiento de incentivos. Y pienso que ese debe ser el segundo paso para superar el porcentaje del 1 por ciento que consagra la iniciativa que hoy día estamos aprobando: bonificaciones o subsidios a la contratación de mano de obra; exenciones tributarias; incentivos para que las empresas y los servicios públicos busquen también nuevas alternativas y desarrollen programas que permitan a personas con discapacidad, ya sea leve, moderada o grave, incorporarse a sus equipos de trabajo.
Si uno ve las cifras, comprobará que quienes padecen discapacidades leves o moderadas tienen en la actualidad un cierto campo de oportunidades. Para quienes sufren discapacidades más severas, en cambio, ese campo se reduce extraordinariamente. A lo mejor esta iniciativa legal sirve para aquello.
Sin embargo, a mí me gustaría que el Gobierno asumiera el compromiso de generar incentivos, subsidios o bonificaciones para que las empresas voluntariamente se acogieran a estas disposiciones.
Lo digo porque muchas de las grandes empresas tienen políticas al respecto, no así las pequeñas y medianas empresas, a las que les cuesta más otorgar esta posibilidad. Al pequeño y mediano comerciante, al pequeño y mediano industrial, a la persona que posee un taller le resulta más difícil tomar una decisión de esta naturaleza, pues sus costos siempre están bastante exigidos. Por eso que los subsidios, las exenciones, las rebajas tributarias son un mecanismo para que estas empresas también puedan cumplir adecuadamente. Y a lo mejor no sería necesario establecer este límite de cien o más trabajadores, ya que estoy seguro de que el conjunto de empleadores de nuestro país tienen la voluntad de incorporar en sus dotaciones a personas con discapacidad, las que, sin duda, pueden ser y son un real aporte para el país.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, pero nos gustaría que el Gobierno asumiera como tarea el establecer una política de incentivos que incorporara cada vez más a la pequeña y mediana empresa en este proceso que resulta absolutamente esencial y fundamental para el desarrollo más armónico de nuestra sociedad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, vamos a votar a favor de este proyecto, de esta gran iniciativa.
Es cierto que hubo diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado durante su tramitación.
Lo que se busca es garantizar que, aparte de las 700 mil personas con algún tipo de discapacidad que hoy día desarrollan alguna actividad laboral, se favorezca con el 1 por ciento de la dotación de personal, en los casos que señala, para quienes no tengan otra opción de trabajo.
Me explico: hay personas que padecen alguna discapacidad o limitante porcentual que podrían desarrollar diferentes oficios.
Cuando hace un tiempo propusimos en el Senado que pudieran postular a cargos de telefonistas quienes tuvieran limitación visual, se nos señaló que en caso de obtener igual puntaje que otros postulantes ellos quedarían. Sin embargo, eso es una discriminación muy negativa, porque se compite en desigualdad de condiciones. Es decir, solo en caso de que alguien con discapacidad visual obtuviera 90 puntos en el concurso, al igual que otro postulante que no sufriera esa limitante, podría acceder al cargo.
Espero que las demandas de las organizaciones de discapacidad de la Región del Biobío y de todo Chile generen las condiciones para que efectivamente ese 1 por ciento se llene con personas discapacitadas, a fin de brindarles una oportunidad laboral, porque no tienen otra posibilidad: no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes poseen sus facultades en forma plena y desarrollada.
Desde hace mucho tiempo hemos querido remplazar el concepto de "discapacidad" por "personas con capacidades distintas". Así debiéramos hacerlo.
En segundo lugar, es necesario hacer una apelación, y voy a aprovechar que estamos discutiendo este proyecto de ley para plantearla.
El edificio donde funciona la Superintendencia de Seguridad Social de la Región del Biobío tiene escaleras. Cuando el ascensor está malo las personas discapacitadas no tienen cómo acceder a los pisos superiores. O sea, no hemos cumplido la disposición legal de facilitar que los edificios de los servicios públicos cuenten con una infraestructura que permita el acceso de personas con discapacidad de movilidad, que se valen de sillas de ruedas.
En materia laboral, informo a la Sala que el año 2013 presentamos una iniciativa, cuyo boletín es el N° 9.220-03, a fin de establecer que cuando las personas con discapacidad visual, por ejemplo, acudan a obtener un crédito, tengan la posibilidad de que el contrato se halle escrito también en sistema braille para que no se les impongan cláusulas que no puedan conocer.
Tener personas con discapacidad incorporadas al mundo del trabajo es rescatar la dignidad. Yo siempre he dicho que el trabajo dignifica, por muy humilde que sea, por muy sencillo que sea. El trabajo siempre va a dignificar a la persona humana. Por cierto, no hay nada más terrible, no hay nada más frustrante que el desempleo: no poder ejercer la acción del trabajo para sobrevivir o alimentar a la familia. Y ese es el caso de miles de discapacitados que han estado viviendo gracias a los subsidios que les da el Estado. Pero ellos no quieren subsidio, sino trabajar. Se han capacitado y hoy día tenemos que brindarles una posibilidad real.
Se ha planteado que esta oportunidad laboral la den empresas con 100 o más trabajadores. Pero eso -así lo entiendo- es algo voluntario. O sea, también podrían ser empresas con menos de 100 trabajadores. Si el dueño de una empresa quiere contratar a cinco o seis personas con discapacidad, lo puede hacer, aun cuando no tenga 100 o más trabajadores. Es una cuestión voluntaria.
Hay numerosos pequeños empresarios que así proceden y les asignan tareas muy puntuales a estas personas, generando una oportunidad de empleo para este sector de la sociedad chilena que alcanza al 10 por ciento, según las encuestas, pero cuyo número más reducido no tiene ninguna posibilidad de acceder al mundo del trabajo si no es a través de una ley con estas características.
Yo espero que el Estado respete esta normativa en proyecto. Entiendo que habrá fiscalización. La pregunta es, ¿quién va a fiscalizar al Estado cuando no respete lo que dicte la ley?; ¿cómo se va a proceder en tal caso?
La ley -se efectuó una modificación- va a comenzar a regir muy pronto. Yo espero que los jefes de servicios y la Contraloría General de la República fiscalicen que efectivamente se cumpla. Y eso, así lo entiendo, regirá para todos los órganos del Estado, incluyendo al Congreso Nacional, a las Fuerzas Armadas respecto de sus funcionarios civiles. En este último caso debo precisar que quienes han sufrido un accidente y quedan con limitaciones son contratados como civiles, aun cuando son ex miembros de la institución, lo cual me parece que está muy bien, pues de otra manera no habría posibilidad de inserción.
Voto a favor, señor Presidente.
Pongámonos la meta de despachar esta ley en proyecto, de fiscalizarla y de hacer que se cumpla.
Lo más importante es que se cumpla y que quienes tengan posibilidad de optar a ser parte de este 1 por ciento, que será obligatorio por ley, sean de verdad personas con condiciones y capacidades distintas, que no tengan otra posibilidad laboral aparte de la que se les brindará gracias a esta iniciativa, a esta obligación de contar con el 1 por ciento de la dotación de personal con gente con discapacidad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la primera reflexión que me hago es cuán injusta es nuestra sociedad, la de nuestro país.
Lo digo porque acá estamos votando a favor un proyecto de ley que solo hace una justicia histórica. Y veo cómo nos felicitamos, cómo se felicitan unos con otros, en circunstancias de que aquí hay una deuda de toda una vida con aquellas personas que presentan capacidades distintas, la mal llamada "discapacidad".
¿Cuánto tenemos que avanzar?, antes de que se vaya la Ministra del Trabajo (también está el titular de la Cartera de Desarrollo Social): ¡Muchísimo! ¿Y por qué?
Me voy a valer de este proyecto, señor Presidente, para hacerle ver a ambos Secretarios de Estado que Chile, por ejemplo, en materia de teletrabajo no tiene absolutamente nada. Y en el resto del mundo esta modalidad laboral permite que numerosas personas que no pueden desplazarse, porque tienen un impedimento físico para ello, pero que cuentan con todo su potencial intelectual, con toda la capacidad para llevar adelante un trabajo, puedan hacerlo. Ahí tenemos que avanzar muchísimo.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente-, tal vez la Ministra del Trabajo o el Ministro de Desarrollo Social, más temprano que tarde, tendrán que hacernos llegar al Congreso algo que resulta fundamental. Durante bastante tiempo avanzamos un poco en esta materia, pero como es de iniciativa del Ejecutivo se requiere su patrocinio para ir hacia adelante y permitir que las personas que se ven impedidas de desplazarse también puedan trabajar. Asimismo, para aquellas que a causa de un accidente grave han quedado absolutamente imposibilitadas (en algunos casos pierden el trabajo) y relegadas a permanecer dentro de sus casas, sin la factibilidad de desarrollar una labor profesional o un trabajo.
En esta materia estamos absolutamente muy muy retrasados.
Ahora, no me parece adecuado que se fije el 1 por ciento de la dotación de personal para empresas con 100, 200 o más trabajadores. También podrían ser empresas de 10, 30 o 40 trabajadores: ¡quién va a impedir que alguien contrate a una persona que puede ser tremendamente eficiente! Claro, es probable que tenga alguna capacidad distinta, alguna discapacidad, pero eso no la inhabilita, no le prohíbe mostrar puntualidad, eficiencia, compromiso, responsabilidad, que son atributos esenciales para desarrollar una actividad.
Otra cosa: ¿hace cuántos años llevamos adelante la ley que exigía a todos los servicios públicos el acceso expedito para personas con discapacidad?
Vaya usted a cualquier servicio público y verá que en la gran mayoría de los casos ese es el primer impedimento para que una persona con discapacidad acceda a realizar un trámite (ni pensar que tuviera que ir a trabajar allí). Le resulta casi imposible. Y eso es producto de que nuestro Estado tampoco ha cumplido en esta materia.
En cuanto a la fiscalización -lo señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, ¿quién va a fiscalizar al sector público por el incumplimiento de estas disposiciones?
Lo que falta es lo que hemos dicho tantas veces: crear una institución distinta a la Dirección del Trabajo, que sea autónoma, que tenga un rango parecido al de una contraloría, que, así como fiscaliza a un ente privado, también fiscalice a uno público. Porque el servicio público exhibe enormes incumplimientos en materia laboral, pero no se lo somete a una fiscalización adecuada para que cumpla lo que le corresponde.
Voy a votar favorablemente este proyecto de ley. No sé si representa un avance, pero significa cumplir de manera importante una deuda histórica con las personas que tienen el deseo, la capacidad, las ganas y el compromiso para trabajar, pero a quienes no se les ha permitido el acceso a la función pública o privada.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, hoy día estamos frente a un proyecto emblemático.
Al igual como se hace en países que están a la vanguardia en la inclusión al mundo laboral de personas con discapacidad, por ejemplo, en el caso de la legislación japonesa y de otras naciones, en este proyecto se busca incorporar a personas que, si bien tienen capacidades diferentes, están en plenas condiciones para trabajar.
Quiero destacar algunos ejercicios que ha hecho el Congreso Nacional en la materia. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene una cuota de funcionarios con capacidades diferentes. Y se ha hecho un esfuerzo importante para incorporarlos no solo en labores de telefonía y de oficina, sino en el trabajo pleno que realiza el Parlamento.
Ojalá que el Senado pueda imitar lo realizado por la Cámara Baja, a fin de cumplir con una tarea pendiente: incorporar a personas con capacidades diferentes a las labores derivadas de nuestra función pública.
Como ya lo ha hecho la Cámara de Diputados, y espero que lo haga nuestra Corporación, ojalá el resto de las instituciones del Estado también se sumen.
Deseo contar algunas experiencias.
Tengo un compañero en la carrera de Derecho, no vidente, que fue el mejor alumno de su generación. Él intentó trabajar en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema; pero, finalmente, el no ser vidente fue un impedimento para su ingreso.
Trató de ingresar al FONADIS (actual SENADIS), y tuvo dificultades, básicamente por no ser vidente. En este caso no importó su capacidad, no importó que fuera el mejor alumno de su generación, no importó que fuera un abogado destacado. Fueron finalmente otras condiciones las que determinaron su no ingreso al mundo laboral. Y hasta hoy no ha podido desempeñarse en su profesión.
Como en ese caso hay decenas de personas que dicen que hoy no pueden asegurar un sustento a sus familias no por falta de capacidades intelectuales, sino más bien por factores distintos que dicen relación con dificultades de movilidad, de no ser videntes o con otras causas que les impiden ejercer determinada función.
Por eso, el presente proyecto busca generar mayores condiciones de equidad.
Deseo valorar que este Gobierno haya puesto urgencia a la tramitación de la iniciativa, que además surgió de una moción que, evidentemente, busca generar mayor equidad en el área del trabajo.
Dentro del mundo de las personas con capacidades diferentes, esta ha sido una lucha histórica.
Asimismo, tenemos el triste récord de contar con gran cantidad de personas con capacidades diferentes en nuestro país. Más de 1 millón 700 mil chilenos, una cifra baja desde el punto de vista de las estadísticas -algunos hablan de 2 millones 500 mil-, presentan algún grado de discapacidad. Y con el presente proyecto de ley estamos generándoles mayores condiciones de equidad para acceder al mundo laboral.
Señor Presidente, espero que lo que estamos exigiendo al sector privado también se cumpla en el público, y que la Mesa del Senado imite los buenos ejemplos de la Cámara de Diputados para incorporar a personas con capacidades diferentes a las labores de nuestra Corporación.
Es importante que no solo aprobemos este proyecto de ley, sino que también demos el ejemplo para que otros se sometan a una normativa que generará equidad en el acceso al trabajo.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba elinforme de la Comisión Mixta (29 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, le solicito agregar mi voto favorable.
El señor QUINTANA.- También el mío, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo de los Senadores señores Quintana y Quinteros.
Tiene la palabra el señor Ministro de Desarrollo Social.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, señoras y señores Senadores, amigos y amigas de la sociedad civil que nos acompañan en las tribunas:
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, a sus asesores y asesoras, por el tiempo y el trabajo dedicado a esta iniciativa. Muchos de los contenidos que finalmente se incorporaron al proyecto que se votó recién recogieron sus ideas y contribuyeron a mejorar la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en julio del año 2016.
Además, cabe recordar que esa indicación sustitutiva fue producto del mandato que recibiéramos de la Presidenta de la República respecto a estudiar once mociones, cuyo objetivo común era instaurar un sistema de cuotas laborales para las personas en situación de discapacidad tanto en el ámbito público como privado.
Por lo tanto, vaya también nuestro reconocimiento a todos los promotores y promotoras de estas iniciativas.
Senadoras y Senadores de la República, tenemos la convicción de que con este proyecto nuestro país da otro paso más en el camino correcto en materia de discapacidad, en la perspectiva de un Chile efectivamente inclusivo.
Este camino tuvo un hito especialmente significativo en el año 2006, cuando durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se presentó una indicación que sustituía en su integridad la ley N° 19.284, con el objeto de generar un nuevo cuerpo normativo basado en el reconocimiento a los derechos universales de las personas en situación de discapacidad. A esto se sumó una serie de iniciativas presentadas por los parlamentarios de la entonces Comisión especial sobre discapacidad de la Cámara de Diputados.
El resultado de todo este esfuerzo y de la amplia convergencia de voluntades en la Cámara de Diputados y en el Senado fue la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
Desde entonces, nuestro país ha cambiado el enfoque sobre la discapacidad, siguiendo las tendencias contemporáneas a nivel internacional. Así, hemos transitado hacia un modelo de derechos humanos de la discapacidad, poniendo al centro el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas en dicha situación. Además, y esto es fundamental, se asume que la condición de discapacidad que presenta un ser humano no está definida ni determinada unívocamente por una enfermedad, trauma o condición de salud, sino por las barreras del complejo entorno social, físico y cultural al que se enfrenta durante todo su ciclo de vida.
Por lo tanto, es dicho contexto el que debe adaptarse a esas personas para hacer posible su desarrollo y su plena integración social. En consecuencia, el desafío concierne a toda la sociedad. Es esta la que debe adaptar su estructura económica y política, respetando la dignidad y potenciando la inclusión de quienes son diferentes. Por ello, los poderes públicos y los actores privados han de asumir su responsabilidad en la modificación o eliminación de todas aquellas barreras artificiales que limitan a las personas en situación de discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
En términos más específicos, la ley N° 20.422 ha exigido al país la adopción de medidas de acción positiva orientadas a permitir que una persona en situación de discapacidad pueda participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica y cultural.
En esa línea, entre las medidas implementadas destaca el reconocimiento a la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda; la obligación del Estado de fomentar la formación en lengua de señas y su uso en espacios institucionales tanto públicos como privados, y la obligatoriedad para la televisión abierta y por cable de incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las personas con discapacidad auditiva.
También cabe mencionar la reserva en edificios y espacios de uso público de estacionamientos para las personas con discapacidad.
Más recientemente destaca la aprobación de la ley que permite que personas en situación de discapacidad sean nombradas en cargos de juez o de notario. Como señaló la Presidenta de la República el día de su promulgación, "no solo se trata de una modificación a una norma técnica, sino de un imperativo ético".
Este proyecto viene justamente a hacerse cargo de más necesidades, considerando además que, con la ratificación por Chile de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en septiembre de 2008, se reconoció la especificidad del derecho al trabajo para las personas que se hallan en dicha situación. Este abarca la libertad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado, en un ambiente y entornos laborales inclusivos y accesibles, indicándose como acción específica a implementar la de emplear a personas en situación de discapacidad en el sector público y privado, a través de la adopción de políticas y medidas pertinentes.
En consecuencia, esta iniciativa consagra una reserva legal obligatoria en el sector público y privado; refuerza la selección preferente en el sector público; incorpora la prohibición de discriminar por discapacidad en el sector público; deroga de forma inmediata la norma que permite pactar una remuneración inferior al mínimo para trabajadores con discapacidad mental; pone tope de edad a los contratos de aprendizajes de las personas con discapacidad, y establece tanto una evaluación permanente como una evaluación inicial durante el tercer año de vigencia, lo que permitirá aumentar la cuota o profundizar sus propósitos en caso de que así se requiera.
Será una obligación del Estado realizar tales evaluaciones, pues así lo estamos consagrando en la ley.
Senadoras y Senadores, para concluir, quisiera señalar que tenemos la profunda convicción de que, con el paso que damos a través de este proyecto, estamos haciéndonos cargo de una demanda que cruza transversalmente a la sociedad chilena, cual es la necesidad de hacer efectivos el derecho a la igualdad de oportunidades, la plena inclusión social y el aseguramiento del disfrute de los derechos de todas y de todos eliminando cualquier forma de discriminación. Y lo estamos efectuando en un ámbito clave para la vida de las personas en situación de discapacidad, porque todos sabemos que acceder a un empleo es la viga maestra para generar ingresos, desarrollar un proyecto de familia con autonomía y hacer un aporte a la economía del país a partir del despliegue de los talentos que nos son propios.
En ello se juegan, además, la identidad, la autoestima y la dignidad de todo ser humano.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora KRAUSS (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero agradecer el voto de cada Senador y las intervenciones que tuvieron lugar durante la discusión habida en la Sala.
En particular, además de los parlamentarios recordados por el Senador Prokurica, expreso mi gratitud especialmente a las ex Diputadas María Angélica Cristi, María Antonieta Saa y Mónica Zalaquett Said; a los Diputados Fuad Chahin, Fidel Espinoza, Carlos Abel Jarpa, Jorge Sabag y Víctor Torres, y al ex Diputado Enrique Accorsi.
También, sin duda, a las Senadoras Adriana Muñoz y Carolina Goic, como asimismo a los Senadores Chahuán y Prokurica.
Todos, a través de distintas mociones, hicieron presente la necesidad de colocarle urgencia a la materia que ocupa al Senado esta tarde.
"La integración debe ser un derecho y una realidad cotidiana y no un acto de generosidad o de la buena voluntad de unos pocos": estas fueron las palabras de la Presidenta Bachelet cuando, en julio del año 2016, firmó las indicaciones sustitutivas que modificaban la ley N° 20.422.
Como Ministra, estoy convencida de que, con la indicación sustitutiva aprobada por la Cámara de Diputados hace dos semanas y hoy por Sus Señorías, vamos finalmente por el camino de la integración laboral.
Es con este tipo de modificaciones como podemos trabajar juntos en los desafíos tanto de integración de personas con discapacidad cuanto de igualdad de condiciones en el mercado laboral.
Como mencionó la Primera Mandataria en ese evento de julio de 2016, el 20 por ciento de las personas de 18 años o más en nuestro país (alrededor de 2 millones 606 mil 914) se encuentra en situación de discapacidad, y casi el 58 por ciento de ellas se halla inactiva o desocupada. Solo el 39,3 por ciento tiene empleo remunerado.
Con esta iniciativa no solo creamos un sistema de inclusión laboral que apunta a que los organismos públicos civiles y militares y las empresas privadas con 100 o más trabajadores reserven al menos el 1 por ciento de la dotación de personal para personas con discapacidad o con pensión de invalidez, sino que, además, con esta modificación logramos acabar con la distinción salarial para personas con discapacidad al derogar el artículo 16 de la ley N° 18.600 y determinar el principio de equidad de sueldo. Con esto se elimina la posibilidad de que en un contrato de trabajo para una persona con discapacidad se estipule una remuneración que no respete las normas sobre ingreso mínimo.
Hoy en día el ingreso mensual promedio de una persona con discapacidad equivale al 32 por ciento del que percibe el resto de los trabajadores.
Como Gobierno, nuestro objetivo siempre ha sido desarrollar normas que otorguen incentivos tanto a los trabajadores como a los empleadores.
Nuestro esfuerzo como Ejecutivo y desde nuestra Cartera está dirigido a aunar múltiples mociones para consagrar el principio de no discriminación.
Debemos remover de nuestro país todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad.
Por lo mismo, el logro de esta nueva modificación es un avance pocas veces visto antes en materia de inclusión y de derechos humanos.
Me gustaría agradecer a todos aquellos que trabajaron en las indicaciones sustitutivas pertinentes, ya que esta normativa autoincentiva la contratación para llegar a las cuotas establecidas y, además, instaura un sistema de capacitación al interior de las empresas.
Es así como podemos cambiar la cultura y hacerla más inclusiva.
Quisiera destacar y agradecer a todos quienes nos acompañaron a nosotros, y especialmente a la Presidenta Bachelet, en este esfuerzo conducente a imponer a las empresas y organismos públicos de 100 y más trabajadores una obligación global de cobertura.
Como mencioné, esta normativa es el resultado de la colaboración de 11 mociones que se hallaban en tramitación.
Sería ideal que el diálogo y la colaboración que han existido en esta modificación siempre estuvieran presentes en la tramitación de los proyectos de ley que benefician a nuestros ciudadanos más vulnerables.
Por ello, quiero agradecer especialmente el esfuerzo de las Senadoras Muñoz y Goic y de los Senadores Larraín y Allamand, quienes, aspirando legítimamente a una reserva legal mayor, decidieron acompañar al Ejecutivo en este propósito y mantener la reserva en 1 por ciento del total de los trabajadores de la empresa o del organismo público respectivo. Y también al Senador Letelier, por ayudar a compatibilizar aumentos de cobertura sin afectar el normal desarrollo de las empresas y sus posibilidades efectivas de cumplimiento.
La inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío pendiente en Chile.
A través de esta iniciativa de ley estamos comenzando una trayectoria que nos llevará a ser un país más integrado, donde se valora y reconoce el aporte de las personas con capacidades distintas.
Como Gobierno y como Ministerio del Trabajo, hemos reforzado el enfoque de inclusión a los programas de capacitación regulares, fortaleciendo el sistema de intermediación laboral para promover la entrada de las personas con discapacidad al mundo del trabajo. Pero somos conscientes de que esto no basta: necesitamos además contar con una legislación moderna y realmente inclusiva, que empareje la cancha.
Por último, quiero mencionar que, como Cartera, seremos extremadamente diligentes para que los reglamentos dispuestos en el artículo 45 y en el Capítulo II estén listos antes de los seis meses establecidos por el artículo segundo transitorio.
El desafío del Gobierno, de la ciudadanía, de los actores sociales y políticos es la profundización de políticas inclusivas que apunten a la promoción del respeto a la diversidad e inclusión. Y con esta normativa la meta se acerca.
Reitero mis especiales agradecimientos a las Senadoras Muñoz y Goic.
Muchas gracias.