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DESPENALIZACIÓN DE TRES CAUSALES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, para la gran mayoría de la gente, el aborto no es un asunto de fe o de derechos, sino que es un hecho triste, que genera dolor y riesgos.
La amenaza penal es importante (hasta tres años de presidio), pero pesa más, en el ánimo de las mujeres y de sus familias, el riesgo de su salud, pues siempre se practicará sin garantías o al margen del sistema de salud formal, con consecuencias en la salud mental casi inevitables.
Esta es la realidad de más de 150 mil mujeres cada año en Chile.
Pero no estamos legislando para esa cantidad de mujeres. Lo hacemos para un número mucho menor, pero que tienen que sufrir un calvario aún mucho mayor.
Se trata de mujeres embarazadas cuya vida corre riesgo, o que conocen la inviabilidad del principio de vida que cobijan, o que han sufrido una agresión tan violenta como una violación.
Se trata de 3 mil o 4 mil mujeres al año.
Mujeres que no quieren poner en riesgo su vida porque, por ejemplo, tienen hijos a quienes cuidar, que dependen de ellas; mujeres que no desean extender innecesariamente el dolor de portar un feto que saben que no podrá sobrevivir; mujeres que optan por superar el trauma de una violación y no se creen capaces de vivir con sus consecuencias.
Ese es el segmento de mujeres cuya realidad estamos tocando con esta ley en proyecto.
Mujeres sufridas, como todas las que se ven empujadas a abortar; pero, en este caso, golpeadas además por una enfermedad o una agresión.
¿Cómo reacciona la gran mayoría de la gente respecto de ellas? Las compadece, las considera víctimas, las acompaña, las apoya. ¿Y qué hace el Estado chileno? A la gran mayoría las abandona a su suerte, y al resto, con quienes la desgracia se ensaña, las denuncia, las juzga y las condena.
Yo no puedo ser cómplice de que este silencio y esta injusticia continúen en mi país.
En Chile, si hoy día se escribe en un buscador de Internet "quiero abortar" se es direccionado a páginas que publicitan el medicamento Misotrol, que indican 80 o 90 por ciento de éxito. Se ofrecen 12 comprimidos por 180 mil pesos, que son enviados a regiones por correo Chilexpress, y su venta está asociada a una cuenta de WhatsApp.
Se describen en esas páginas los efectos no deseados o colaterales del aborto, tales como calambres y hemorragias. Y, en caso de complicaciones con tales pastillas, sugieren concurrir a las redes públicas de salud refiriendo ingesta excesiva de medicamentos por dolores de cabeza, y proponen que, al asistir a los centros médicos, se justifique la sintomatología por diferente causa.
Otras mujeres deben recurrir a clínicas clandestinas caras e inseguras, o viajar al extranjero si disponen de más recursos.
El Estado no existe, salvo si hay complicaciones y tienen que llegar a la urgencia de un recinto hospitalario, caso en el cual se exponen a la denuncia y al proceso judicial.
Eso no es justo para nadie.
Imaginémonos este cuadro: una mujer violada es condenada por aborto, mientras el violador queda en la impunidad. La injustica sería atroz y yo no podría ser cómplice de una situación como esa.
Para la ley es lo mismo una mujer que aborta sin expresión de causa y la que sufre una violación.
¿Es eso justo? Nadie o muy poca gente estaría dispuesta a sancionar a esa mujer.
Señor Presidente, Chile tiene una de las más altas tasas de aborto a nivel mundial.
Los países donde hay menores tasas de aborto no son los que tienen las penas más severas, sino los que disponen de las mejores políticas de salud pública para prevenir, acompañar y ofrecer alternativas a las mujeres.
La Constitución establece que "La ley protege la vida del que está por nacer", pero evidentemente este mandato no lo cumple la actual legislación. Si se cumpliera a cabalidad, las Isapres no podrían discriminar en sus planes de salud a las mujeres en edad fértil.
Yo soy profesional de la salud y no puedo dejar de ver la interrupción del embarazo como un problema de salud pública, física o psíquica.
Pero lo extraordinario es que no se puede definir ninguna política de salud sin despenalizar, al mismo tiempo, la interrupción del embarazo.
La política que prima hoy es la del avestruz: esconder la cabeza, negar la realidad.
No sé cuántas mujeres han muerto porque el profesional médico no se atrevió a privilegiar la salud de la madre.
Sabemos que anualmente cerca de mil menores de edad son violadas en el país, y de ellas más de la mitad son menores de 14 años.
Sabemos también que, aproximadamente, en el 10 por ciento de esos casos las víctimas quedan embarazadas.
Es decir, cada año hay 100 niñas que viven ese doble castigo.
Con las expectativas de vida actuales, debe haber unas 8 mil mujeres en Chile que han vivido esta dura realidad.
Este proyecto de ley deja en sus manos la decisión. Sin embargo, hasta el momento deben decidir en las sombras, en la clandestinidad.
Lo que propone esta iniciativa es preguntarles a ellas, a las mujeres embarazadas que enfrentan una situación extrema, si quieren continuar su embarazo o prefieren interrumpirlo, con las debidas garantías de una atención profesional.
La normativa en estudio no impone nada, solo les pregunta.
Yo prefiero preguntarles y no condenarlas.
Yo prefiero acompañarlas y no abandonarlas.
Yo voto porque estas mujeres, que son víctimas, puedan decidir.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).