MODIFICACIONES LEGALES PARA ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ESCOLAR

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las diversas intervenciones. Y, palabras más o palabras menos, que lo dijimos o no lo dijimos, la verdad es que compruebo que a casi dos años de aprobada la Ley de Inclusión Escolar, y pese a su aplicación gradual en el tiempo, el país ya puede comprobar algunos de sus beneficios: más de 860 establecimientos han eliminado el copago y son ahora cien por ciento gratuitos; alrededor de 10 mil escuelas subvencionadas hoy destinan la totalidad de sus ingresos a fines educativos; 768 recintos han iniciado el trámite para ser instituciones sin fines de lucro; en Osorno, en Puerto Montt y en Castro más de 15 mil familias ya no se deben preocupar del copago del colegio de sus niños.

Por otra parte, pese a los anuncios catastrofistas que presagiaban un cierre masivo de colegios particulares este no se produjo y -como se ha dicho acá- los casos que se conocen son excepcionales.

Sin duda, la realidad ha demostrado la validez de los objetivos de la reforma educacional que ha impulsado este Gobierno: avanzar en la gratuidad y el término del copago; asegurar la inclusión y el fin de los mecanismos discriminatorios en la selección de los estudiantes, y acabar con el lucro en la educación, de manera que todos los recursos que el Estado asigna a la formación de niños y jóvenes vayan efectivamente a mejorarla.

En consecuencia, es perfectamente justificable -así lo ha dicho el Senador Zaldívar- que luego de una primera etapa de aplicación surja la necesidad de realizar algunos ajustes a esta nueva normativa, lo cual no cuestiona los principios de la reforma.

Por lo anterior, no puedo sino votar a favor de este proyecto.

Con todo, no quiero dejar de expresar mi preocupación porque, a poco de entrar al último año de gestión de este Gobierno, aún no aprobamos uno de los proyectos fundamentales de esta reforma: el que crea un nuevo sistema de educación pública. Es decir, mientras estamos aprobando correcciones a la reforma de la Ley de Inclusión -que en lo principal, cambió a la educación particular subvencionada- sigue pendiente la reforma inicial de la pública.

Mientras tanto, a nadie escapa que este último sector enfrenta una crisis que requiere una intervención urgente.

A propósito de los paros, del SIMCE, de la PSU y de los despidos de profesores, recurrentemente esta problemática escala a la opinión pública y queda la impresión de que no hay urgencia por cambiar las cosas. Pareciera que algunos intentan dejar morir a la educación pública.

Como señalé, aprobaré este proyecto que resuelve diversos problemas que enfrentan los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. Sin embargo, llamo la atención acerca de que no nos olvidemos de la enseñanza municipal; pues, mientras diseñamos un cambio estructural creando los nuevos servicios locales de educación, nadie se hace cargo de las urgentes demandas de los actuales sostenedores públicos, que son los municipios, y la formación de los estudiantes más vulnerables del país sigue estancada.